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4 marzo 2016 5 04 /03 /marzo /2016 00:00

Toda actividad económica, pública o privada, gestionará desde el interés de la comunidad, el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima y toda forma de vida, haciendo un uso y planificación de dichos recursos en beneficio de nuestra generación y de las futuras, eliminando el despilfarro, la sobreexplotación de los recursos y el desarrollismo en beneficio del consumo responsable, la reutilización, el reciclaje y las energías renovables sustitutivas

Carta de Derechos Sociales de Heuskal Herría (fragmento)

Bien, podemos decir que todo lo que hasta ahora hemos comentado en torno a las medidas a adoptar para nuestro Programa por la Tierra convergerían en un nuevo concepto al que podríamos denominar como "Democracia Ambiental". Interesante concepto emergente, que intenta aglutinar el conjunto de políticas de carácter transversal encaminadas a introducir la perspectiva ecosocial en el resto de nuestras propuestas y medidas. Implica reconocer a la propia naturaleza como sujeto político de derechos, y por supuesto, a todos los seres vivos que en ella existen. Ello implica también avanzar hacia una fiscalidad justa y sostenible, y situar la justicia ambiental y social en el corazón de las políticas comerciales, aplicando los principios de lo que se ha dado en llamar el "Ecosocialismo". Pero vayamos por partes. Hoy día, la explosión de los intercambios comerciales de larga distancia, acrecentados durante las últimas décadas, ha provocado graves impactos ambientales y sociales. No sólo los derivados del propio transporte y sus intolerables niveles de emisiones, sino de la revolución que supone para la soberanía de los propios territorios. 

 

El incremento desmesurado del transporte de mercancías, la deslocalización de la producción, la especulación, y en definitiva, un comercio al servicio de los mercados y de las grandes empresas transnacionales, y no de las personas ni de la naturaleza, han puesto en grave riesgo de descomposición los parámetros y ecosistemas naturales. Todo ello, por tanto, si queremos volver a recuperarlos, se debe cambiar para situar a la justicia ambiental y social en el centro de las políticas comerciales. En nuestros días, los Acuerdos de Libre Comercio, bajo todas sus manifestaciones, van sepultando la producción local, los productos y servicios de proximidad, así como el sustento de sus productores, en pro del descomunal desarrollo de las grandes empresas. Y si bien las grandes orientaciones comerciales se deciden en otros ámbitos, las Comunidades y los Estados tienen en sus manos la capacidad para fomentar la relocalización de la producción, en particular con los programas de compra pública de sus Administraciones, contribuyendo de este modo a los debates en torno a las políticas, como por ejemplo, el desarrollo de estos acuerdos comerciales con otras partes del mundo. 

 

Todo este planteamiento debe volver a enfocarse en pro de garantizar la sobernía, autonomía y capacidad de los pueblos y comunidades, todo lo cual, además, revertirá en la disminución del grave impacto ambiental que las prácticas actuales proyectan. Ahora mismo tenemos, en nuestro contexto europeo, el TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones UE-EE.UU.) como ejemplo más paradigmático de lo que decimos, que ahondará en caso de ser aprobado en la liberalización completa de los servicios públicos, impidiendo que las comunidades los gestionen de manera pública, y amenazará el desarrollo y la protección de legislaciones ambientales (por ejemplo para la prohibición del fracking o del uso de transgénicos), pues en caso contrario, las empresas transnacionales podrían denunciarlas ante instituciones privadas de arbitraje, lo que redundaría en una grave pérdida de democracia y de soberanía. Para los lectores interesados en una más amplia exposición, les recomiendo nuestra serie de artículos "Contra los Tratados de Libre Comercio".

 

Básicamente, lo que se esconde detrás de las negociaciones de estos acuerdos comerciales transnacionales son un conjunto de estrategias y medidas que garanticen el progresivo empoderamiento de las grandes empresas, en detrimento de la soberanía de los Estados y de la democracia. Y así, bajo la forma aparente, neutral e inocua de los acuerdos comerciales (acompañados normalmente por una falsa propaganda institucional), se implementan medidas que garantizan la progresiva privatización de los bienes y servicios públicos, la absoluta desregulación de los mercados, y la abolición de todo tipo de estándares y normativas en materias de seguridad laboral, sanitaria, medioambiental, etc. En el fondo, lo que ellos denominan bajo el terrible eufemismo de "barreras comerciales" se refiere a la posibilidad de dotar a las empresas de un marco regulatorio más amplio y potente al de los propios Estados, que garantice incluso que ante cualquier controversia futura, la protección de la "seguridad jurídica" de las empresas queda asegurada. Un escenario, por tanto, extremadamente peligroso, que consagra un nuevo poderío supranacional para las empresas. Si no queremos llegar a ese escenario, se hacen necesarias, entre otras muchas, las siguientes medidas:

 

1.- Establecer criterios de compra pública responsable para el conjunto de las diferentes Administraciones, de forma que prioricen productos locales y obtenidos bajo estándares de sostenibilidad: agricultura ecológica, productos certificados, comercio justo, etc.

 

2.- Apoyar económica e institucionalmente todas las iniciativas de comercio local y sostenible, así como de cultivos y productos de proximidad, en particular a través de los Programas y Planes de Desarrollo Rural. 

 

3.- Presionar a las autoridades estatales y a las Instituciones europeas, y sobre todo a los movimientos sociales, para que se opongan a la ratificación y firma de todo tipo de acuerdos o tratados de libre comercio, herramientas pensadas únicamente para el empoderamiento de las grandes empresas. 

 

Continuaremos en siguientes entregas.

 

 

Fuente principal de referencia: Documento "Un Programa por la Tierra"

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3 marzo 2016 4 03 /03 /marzo /2016 00:00

Nos hacemos eco en el presente artículo (la fuente original está en el medio El Salmón Contracorrientede las doce propuestas fundamentales que un grupo de organizaciones y movimientos sociales de diferentes ámbitos (del mundo de la educación, sanidad, del mundo rural, ecologistas, feministas, altermundistas, animalistas, proalternativas energéticas, por las libertades sociales, etc.) han presentado, en un breve documento-folleto, en el Congreso de los Diputados. Dicho conjunto de propuestas ecosociales se consideran por dichas organizaciones como absolutamente irrenunciables para el próximo Gobierno de nuestro país, y por tanto, se lanzan  para que sean recogidas por los diferentes partidos y coaliciones políticas, y sean abordadas dentro de los procesos de negociación, en sus pactos de investidura o de gobierno. 

 

Las Organizaciones concretas que promueven  dicho documento son la Asamblea Feminista de Madrid, ATTAC, Campaña #NoalTTIP, Ecologistas en Acción, Encuentro de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública (Marea Blanca, Marea Verde de Madrid), Plataforma "La Tortura No es Cultura", Plataforma "No Somos Delito", Plataforma Por Un Nuevo Modelo Energético, y Plataforma Rural. Pues bien, las 12 propuestas ecosociales en cuestión son las siguientes:

 

1.- Derogación de la LOMCE y de los Decretos relativos a la Universidad. Elaboración de nuevas Leyes educativas desde la participación social. 

 

2.- Ley contra la Violencia Machista, que incluya tanto la que ejerce la pareja y ex pareja como las agresiones sexuales y la trata con fines de explotación sexual. Una ley integral que garantice la asistencia y reparación de todas las mujeres que lo requieran independientemente de su situación administrativa, sin que la denuncia sea prerrequisito para el acceso a los recursos, y que vaya acompañada de políticas de equidad en todos los ámbitos. 

 

3.- Crear una Vicepresidencia de Sostenibilidad y un Ministerio de Medio Ambiente que coordinen las diferentes políticas sectoriales con implicaciones ambientales. Revisión de la normativa ambiental aprobada durante la última legislatura. 

 

4.- Sanidad 100% pública, gratuita, universal y de calidad, donde todas las personas tengan los mismos derechos y la salud se contemple de forma transversal a todas las políticas. Derogación del Real Decreto-Ley 16/2012 y de todas las normas que permiten las privatizaciones en sanidad. Apuesta por una política sanitaria participativa, recuperación de todos los puestos de trabajo eliminados y de la financiación "robada".

 

5.- Adoptar las decisiones políticas concretas necesarias y urgentes que reduzcan drásticamente la desigualdad, pobreza, exclusión social y privación material. Proporcionar vivienda social y garantizar el fin de los desahucios. 

 

6.- Derogación de la Ley Mordaza (Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana) y de las reformas regresivas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pacto de Estado para defender nuestras libertades y amnistía a las personas sancionadas por defender los Derechos Humanos. A tal efecto, consultar el Manifiesto por las Libertades Civiles en España y en Europa, publicado también recientemente en este mismo Blog. 

 

7.- Aplicación en España de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), que recaude fondos para afrontar las consecuencias de las políticas austericidas, que disuada de las operaciones financieras especulativas y que sirva para avanzar en la erradicación de los paraísos fiscales. Creación de una banca pública sobre la base de las entidades nacionalizadas, empezando por Bankia, con la que desarrollar unas políticas económicas radicalmente opuestas a las actuales. 

 

8.- Puesta en marcha de una transición energética que elimine progresivamente los combustibles fósiles y la energía nuclear hacia un modelo basado en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables, y que considere la energía como un derecho social básico. 

 

9.- Promover un modelo de agricultura y alimentación sostenible mediante el fomento de la producción y consumo de alimentos locales y campesinos a través de la compra pública en servicios públicos, e impulso de la producción ecológica para alcanzar en 2020 el 30% de la superficie agraria útil y la prohibición de los cultivos transgénicos, al amparo de la nueva legislación europea. 

 

10.- Derogar todas las últimas reformas laborales (tanto del PP como del PSOE) que han permitido la pérdida de derechos laborales y una precarización de las personas trabajadoras. 

 

11.- Confección de una Ley Estatal cuyo objeto sea la defensa de los derechos de los animales de manera compartida con las entidades sociales que trabajan en este ámbito. Derogación de la Ley de Tauromaquia y eliminación de espectáculos de especial crueldad, como los de Tordesillas, Coria o Medinaceli. 

 

12.- Oposición a los Tratados de Libre Comercio e Inversión (TTIP, CETA, TISA) y establecimiento de normas internacionales de comercio vinculantes que respeten los Derechos Humanos y los límites del planeta, promoviendo la cooperación de los pueblos. 

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2 marzo 2016 3 02 /03 /marzo /2016 00:00

Desde el pasado 1 de Marzo, por fin, el político y activista vasco Arnaldo Otegui se encuentra en libertad, después de haber cumplido condena por el llamado "Caso Bateragune", donde se planteó la actividad ilícita de Otegui en un supuesto proceso de reconstrucción de Batasuna y de la izquierda abertzale. Pero desde la izquierda transformadora de este país, independentista o no, siempre hemos sabido que este proceso contra Otegui ha sido en realidad un proceso contra el pueblo vasco, un proceso para acallar las voces rebeldes, y las voces políticamente valiosas para intentar establecer cauces de diálogo y de salida pacífica al conflicto vasco. Tanto como los dirigentes de las clases y de los medios dominantes hablan de los "presos políticos" en países como Venezuela, tenemos que decir que aquí, en nuestro país, personas como Arnaldo Otegui sí que han sido auténticos presos políticos, al más puro estilo de una dictadura. Y aún hoy, habremos de continuar asistiendo a auténticos linchamientos mediáticos de figuras como Otegui, cuya única misión ha sido intentar establecer puentes y cauces para la salida del conflicto por vías pacíficas. 

 

Pero frente a ello, como ya contábamos en este artículo de nuestro Blog, los gobiernos del Estado Español (esto es, la alternancia bipartidista PP-PSOE) se han encargado de hacer tabla rasa con todos los activistas políticos de la izquierda abertzale, aplicando la famosa teoría del ex juez Baltasar Garzón de que "todo es ETA", para intentar establecer un manto de ilegitimidad sobre establecimientos, asociaciones, movimientos, medios de comunicación, fuerzas políticas y líderes de la izquierda vasca. Hace ya varios años que no tenemos asesinatos de la banda armada en nuestro país, pero curiosamente, y en un ejercicio de irresponsabilidad y de revanchismo inédito (y único en ningún país del mundo), los resortes del poder no han volcado sus fuerzas en intentar establecer los protocolos y mecanismos encaminados a reforzar el proceso de paz, sino más bien todo lo contrario, a torpedearlo y entorpecerlo todo lo que han podido, y aún continúan haciéndolo. Y así, el guión del Gobierno del PP (y también el de las Asociaciones de Víctimas) no se ha movido un ápice, sosteniendo que no ha existido tal "conflicto vasco". Los hechos han demostrado que mientras el sector de la izquierda abertzale daba pasos a favor de la pacificación, el Gobierno ponía palos en las ruedas, no sólo negándose a reconocer a los actores y negociadores como tales, sino continuando en su política de hostigamiento, detenciones y juicios hacia todo lo que representara la izquierda vasca. 

 

Dentro de este guión se enmarcó el encarcelamiento de una persona tan valiosa como Arnaldo Otegui, pieza esencial en la interlocución entre el Gobierno español y el mundo abertzale, que ha tenido que pagar un elevado precio, un precio muy caro por su labor, tratándosele como un vulgar delincuente. Los motivos últimos de tales estrategias por parte del Estado Español están bien claros: necesitan el victimismo de una sociedad como argumento para sus fines, necesitan una sociedad maltratada por un terrorismo etarra como excusa para justificar sus políticas, y como no lo han encontrado, se han encargado de continuar con sus políticas de hostigamiento, de revanchismo y de venganza. Curiosamente, y lo hemos podido comprobar en el reciente caso de los titiriteros en Madrid, se procesan hoy día muchos más delitos por supuesto "enaltecimiento del terrorismo" que cuando la banda armada practicaba sus asesinatos, secuestros y extorsiones. La consecuencia que podemos sacar de todo ello es que el Gobierno del PP no desea realmente la paz, ya que no demuestra ningún interés en ella. Cualquier otro gobierno hubiera reconocido y participado activamente en los múltiples foros nacionales e internacionales donde reconocidas personalidades del ámbito que nos ocupa han intentado analizar el conflicto, y ofrecer sus puntos de vista, y las posibles soluciones que se pueden plantear. Sin embargo, los dirigentes del PP nunca han salido de su ataque frontal a dichos foros, ridiculizándolos y negándose a participar, y ni siquiera a reconocer, la importancia de la organización de los mismos, y sus posibles avances de cara a la pacificación del conflicto. 

 

En realidad todo ello obedece a una política que necesita el PP para subsistir, que no es otra que la que le permite continuar abrazado a la bandera del enemigo interno, un enemigo que le permitía conservar y reforzar su imagen de defensa a ultranza de una cierta visión de España, una visión retrógrada, reaccionaria y excluyente que se está volviendo a poner en entredicho con la fuerza del proceso soberanista en Catalunya. En el fondo, la pugna es por hacer prevalecer su visión unitaria y nacionalista de España, en contra del reconocimiento de nuestra realidad plurinacional. Bajo estos disfraces y moviendo estos fantasmas, en realidad el PP oculta su profunda naturaleza antidemocrática, antisocial y autoritaria, acercándonos a la concepción uniformizada de una España constitucional construida sobre los escombros de la derruida dictadura. Saben perfectamente que después de la pacificación del conflicto, lo que va a plantearse, al igual que en Catalunya, es el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo vasco, esto es, su derecho a decidir democráticamente su futuro, y esto es lo que les preocupa, pues hace peligrar su chiringuito de poder, y pone en grave riesgo de descomposición las estructuras y los puntales donde se asienta el régimen surgido de la Constitución de 1978. Con la libertad de Otegui, y el cese definitivo de la violencia, al bipartidismo se le genera un grave problema, en la medida en que ya deja de existir toda excusa para no abordar el amplio y auténtico debate, el debate de fondo, que no es otro que el reconocimiento del derecho a decidir para el pueblo vasco. ¡Ongi Etorri, Arnaldo!

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1 marzo 2016 2 01 /03 /marzo /2016 00:00

Urge establecer, de una vez, la democracia en el exterior y hacer cumplir derechos civiles básicos recogidos en la Constitución y en el Estatuto de la Ciudadanía en el Exterior

Marea Granate

Nuestros sueños no caben en vuestras urnas

Lema del Movimiento 15-M

En efecto, y así parecen haberlo entendido los gerifaltes del bipartidismo, a tenor de la práctica excluyente y vergonzante que llevan realizando desde hace varios años con el denominado "voto rogado". La Marea Granate, colectivo que representa a los emigrados de nuestro país, típicamente jóvenes profesionales a los cuales se les ha impedido llevar a cabo un proyecto de vida y de trabajo digno en España, denuncia que recibe constantemente decenas de testimonios de emigrados a los que las papeletas para votar en las pasadas Elecciones Generales del 20D les están llegando estos días, más de dos meses después de su celebración,  tal como denuncia, entre otros medios, este artículo de eldiario.es. La conclusión está clara: no sólo tenemos Administraciones Públicas adelgazadas, crueles, ineficientes, excluyentes y discriminatorias, sino también absolutamente inútiles. A ello se une la pasividad e indiferencia de las mismas, que ni siquiera se molestan en averiguar qué está pasando con este asunto, y por qué. 

 

Pero vayamos por partes. Marea Granate, cuyo color se toma del de los pasaportes, se forma al calor de los demás movimientos sociales aparecidos recientemente en el Estado Español, siendo la extensión de todos ellos fuera de nuestro país. Es por ello un movimiento transnacional, cuyo objetivo es luchar contra las causas de la crisis y quienes la han provocado, responsables últimos de que miles de jóvenes hayan tenido que abandonar su entorno, familia, hogar y amigos, porque el sistema no les dejaba ningún resquicio para poder realizarse como personas. A todos estos condicionantes se les suma el tener que buscarse la vida en un país diferente, con otro idioma y cultura diferentes, y donde además, muchos casos de contratación son precarios, incluso fraudulentos. Y por si todo ello fuera poco, se le suma también el escándalo de que la Administración de tu propio país, te impida formalmente votar en las elecciones, para intentar (justo lo que los políticos temen) cambiar a los representantes, cambiar las políticas y cambiar el sistema que los condena y los explota. Los datos de Marea Granate apuntan a una cifra aproximada de 62.000 personas que rogaron su voto y no han podido votar, bien por desidia de la Administración, o por falta de medios, o por ambas cosas. De hecho, y en previsión de ello, muchos emigrados se pusieron en contacto, antes de la celebración de las Elecciones, con posibles abstencionistas, para que votaran por ellos, intentando perder el menor número de sufragios posible. 

 

Pero aún con todo ello, las pasadas Elecciones Generales del 20D batieron todos los récords de anomalías, problemas e impedimentos, alcanzando una mínima participación histórica, así como un máximo de irregularidades funcionales. Concretamente, sólo un 4,7% del censo exterior logró ejercer su derecho al voto. Es cierto que el pasado año 2015 también batió records de salidas al extranjero desde que comenzó la crisis, pero todo ello no es óbice para que, a sabiendas de ello, la propia Administración hubiese hecho un esfuerzo especial para garantizar el voto a todo ese conjunto de la ciudadanía, tratándose, como se trata, de un derecho fundamental. Los datos que se manejan indican que cerca de una decena de provincias españolas superan ya el 10% de su censo electoral en el exterior, censo que infraestima las cifras reales de la emigración, como se viene comprobando en los diversos debates parlamentarios sobre el tema. Pero se da la tremenda paradoja de que a medida que son cada vez más los emigrantes que han de votar desde fuera de nuestro país, cada vez menos pueden hacerlo. La causa hay que buscarla en la reforma de la ley electoral de 2011, que implantó el mecanismo del "voto rogado" para los emigrantes, bajo una calculada maniobra con fines políticos. El resultado es que, según Marea Granate, tenemos 1,8 millón de "votos robados", o si se quiere, de "abstencionistas forzosos".

 

Pero aunque esa sea la causa última y formal, en la práctica lo que tenemos es una serie caótica de irregularidades, arbitrariedades e impedimentos, que en la práctica dificultan, entorpecen e imposibilitan, en muchos casos, el ejercicio del derecho al voto para los residentes en el exterior. Y así, bajo el claro objetivo de silenciar el voto exterior (lógicamente un voto contestatario con un sistema injusto para dicho colectivo), se despliega todo un conjunto de medidas, directrices y normas administrativas consagradas a tal efecto, tales como el cierre del censo casi 5 meses antes de la cita electoral (y sin previo aviso), ausencia de mecanismos para realizar las inscripciones consulares a distancia (ya que miles de emigrantes tienen sus consulados a cientos de kilómetros de sus lugares de residencia), los impedimentos de registro consular como residente temporal (ya que muchos jóvenes sólo emigran por períodos concretos en virtud de una beca o un contrato laboral determinado), censos electorales no actualizados, o incoherencias entre la Junta Electoral Central (JEC) y las Delegaciones del Censo sobre solicitudes y recepción de papeletas.

 

Pero a todo ello se suman también los diversos impedimentos en las rectificaciones del censo a distancia, problemas en la sede del INE y números de fax de las Delegaciones Provinciales del Censo, falta de medios humanos y materiales en los propios Consulados (incluso imposibilidad de contactar con algunos de ellos durante el período de ruego del voto, al verse absolutamente desbordados), falta de protocolos de vigilancia e información en las urnas de los Consulados, negación continua de la JEC a la ampliación de plazos, sobres con papeletas incompletas (en muchas faltaban las del Senado, curiosamente donde el PP arrasa con mayoría absoluta), opacidad total con los procedimientos de contabilización y comunicación de resultados, problemas con el reembolso de los importes de los envíos del voto (el cobro de reembolsos se tramita mediante una empresa privada contratada por el Ministerio del Interior), y por supuesto, y en general, ausencia de respuesta institucional a las numerosas reclamaciones y escritos de quejas presentados por los interesados. 

 

No debemos hacer caso, por tanto, cuando nos hablan de resultados al "100% del escrutinio", pues ello se comunica alegremente sin haber contabilizado el voto exterior, que como decimos, es cada vez más determinante. En realidad, los auténticos resultados finales, contabilizando el voto exterior, se publican en el BOE dos meses más tarde. Curiosamente, toda la discriminación y problemática que estamos describiendo para el proceso y la garantía del derecho al voto para el mundo civil, no es tal para el mundo militar. De hecho, los militares españoles en el extranjero han duplicado en los últimos años su participación en procesos electorales, alcanzando tasas del 84%. Ello se debe, sin lugar a dudas, a la dedidida acción del Ministerio de Defensa, que por lo visto, sí está muy interesado en que todo el personal militar en el exterior ejerza su derecho al voto. El problema es, por tanto, lo suficientemente grave como para que el próximo Gobierno que se constituya en nuestro país aborde el tema de una Reforma Electoral que no sólo modifique el algoritmo de reparto de escaños en función del porcentaje de voto (reivindicación fundamental para acabar de una vez con el bipartidismo), sino que también contemple garantías que eviten todas estas irregularidades, que se sitúe al margen de cálculos y estrategias políticas partidistas, y cuyo objetivo sea restablecer absoluta y completamente el derecho de voto a la tremenda sangría de emigración y de exilio joven que sufre nuestro país, y que se lleve a cabo de forma transparente, y por supuesto, consultando a todos los grupos y movimientos que representan a este sector de la sociedad civil. No más voto robado.

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29 febrero 2016 1 29 /02 /febrero /2016 00:00

La izquierda, en tanto proyecto alternativo al capitalismo –y no sólo a su versión escandalosamente explotadora y sin anestesia como es el actual neoliberalismo– está por construirse

Marcelo Colussi

Tomamos para esta entrega, entre otros documentos de referencia, el presentado por Miguel Ángel Montes titulado "La izquierda en la encrucijada", que nos parece uno de los mejores documentos aparecidos últimamente en el campo de la izquierda política, aunque no compartamos exactamente su contenido al 100%. Este autor presenta en una serie de puntos, los diferentes ámbitos de lucha por los que tenemos que pelear, para ganarle la batalla al capitalismo, y conseguir un modelo alternativo de sociedad. Vamos a desgranarlos, aunque durante esta serie de artículos (y en otras muchas de este Blog) ya hemos ido tocando todos los temas:

 

1.- Lucha por la Democracia. En este ámbito debemos luchar por un régimen republicano, democrático, federal, que reconozca el derecho de autodeterminación de todos los pueblos que forman el Estado Español, que democratice la justicia, el sufragio universal del poder judicial y ejecutivo, la democratización del Ejército y cuerpos policiales, que defienda un sistema electoral proporcional que garantice la igualdad del voto, la penalización de la corrupción de los cargos públicos, referéndums vinculantes, revocabilidad de los cargos electos, que rehabilite la memoria republicana y las víctimas del franquismo, que declare nulas las sentencias de los tribunales franquistas y juzgue los crímenes de aquél horrendo régimen, que luche contra la xenofobia, el racismo y cualquier otra forma de fascismo social. Que defienda el laicismo con la supresión de las subvenciones a la Iglesia Católica, y que persiga la laicidad del Estado y de la enseñanza pública, derogando el Concordato con el Vaticano, excluyendo la religión del sistema educativo y de los actos de Estado e instituciones públicas. Todos estos asuntos han sido desarrollados ampliamente, entre otras, en nuestras series de artículos "Objetivo: Democracia" y "¿Qué República queremos?", que recomiendo a los lectores que nos las hayan seguido. 

 

2.- Lucha contra los recortes. Dar prioridad a los gastos para garantizar los derechos sociales, aboliendo el artículo 135 de la Constitución. Mediante un proceso de auditoría ciudadana de la deuda, declarar aquéllas posibles partes de la misma que puedan ser ilegales, odiosas, ilegítimas o insostenibles, procediendo al impago de la misma, como ya hemos venido comentando durante los últimos artículos de la serie. La crisis debe pagarla quien la crea, sus auténticos responsables, que son la burguesía financiera e inmobiliaria, la gran patronal, y las rentas millonarias prófugas en paraísos fiscales. Pero para oponerse a la mal llamada "austeridad", hay que romper también con el marco europeo. Hay que oponerse a la Agenda de Lisboa y al Pacto del Euro, derogando todas las leyes impuestas por el BCE destinadas a pagar la deuda privada, empezando por la Ley de Estabilidad Presupuestaria (LOEPSE), versión española empeorada del Tratado de Estabilidad de la UE (TSCG) y derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la cual exige cumplir con los objetivos de déficit y deuda pública de la LOEPSE. De igual forma, oponerse a las negociaciones ocultas para el Tratado de Libre Comercio TTIP, por implicar nuevas oleadas de recortes y privatizaciones. 

 

3.- Lucha por el Derecho al Trabajo. Hay que recuperar la decencia y la dignidad en el trabajo en nuestra sociedad. Derogar las dos últimas reformas laborales que han aumentado la explotación de los trabajadores, abaratado el despido, y creado más paro (las medidas y efectos perniciosos de la misma están profundamente explicados en nuestra serie de artículos "Explicando la Contrarreforma Laboral"). Suprimir la precariedad laboral (reduciendo el empleo temporal y suprimiendo las ETT's y agencias privadas de colocación) y potenciar el pleno empleo, mediante planes de empleo público, así como planes de trabajo garantizado. Reducir la jornada laboral a 35 horas semanales sin reducción de sueldo, y reducir la edad de jubilación progresivamente a los 60 años, todo ello para repartir el trabajo existente. Recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Equiparar todo el conjunto de prestaciones mínimas, tales como el Sueldo Mínimo Interprofesional (SMI), la pensión mínima y la Renta Básica Universal, todo lo cual debe confluir en una cantidad digna, que contribuya a erradicar la pobreza y la exclusión social. Mejorar la protección frente al despido improcedente, dando la facultad a los trabajadores para elegir su reincorporación. Impedir que puedan realizar ERE's o deslocalizaciones las empresas que hayan obtenido beneficios durante el último ejercicio fiscal. Equiparar las prestaciones sociales y cotizaciones a la Seguridad Social del trabajo autónomo al asalariado. Penalizar a los empresarios y mafias que se lucran con la inmigración ilegal. Hacer cumplir los convenios y normas laborales. Derogar la actual Ley de Extranjería, que es una herramienta que sólo sirve para asegurar fuerza de trabajo dócil y de extrema precariedad, y facilitar el acceso a la nacionalidad española. Emprender una reforma agraria integral que acabe con el latifundio y la renta privada del suelo. 

 

4.- Lucha por el Sector Público. Hay que volver a potenciar y a dignificar los servicios sociales, recuperando y aumentando el catálogo de sus prestaciones para el ámbito público. Apostar por el crecimiento del sector público en los campos de la educación y de la salud, aumentando el gasto público social, revirtiendo todos los modelos parciales o totales de privatización de los mismos, y aumentando el número de personas que trabajan para el Estado del Bienestar. Implantar la incompatibilidad profesional en Sanidad, y ampliar su catálogo de prestaciones y servicios. Asímismo, crear Escuelas Infantiles Públicas para cubrir el segmento de 0 a 3 años. Hacer gratuitos todos los tramos educativos, incluido el universitario. Revertir todos los recortes efectuados últimamente sobre recursos presupuestarios, humanos y  materiales, tanto en Educación como en Sanidad públicas. Dotar presupuestariamente y mediante recursos humanos y materiales la Ley de Dependencia. Doblar el gasto social por habitante para eliminar nuestro enorme déficit social, heredado (y aún no superado) desde el franquismo. Apostar por la nacionalización de los grandes sectores estratégicos de la economía (banca, energía, transportes, telecomunicaciones, alimentación, agua, etc.) e incentivar un gran polo de industria pública. Imposibilitar de facto las denominadas "puertas giratorias" entre el sector público y el privado, fuente de gran número de casos de corrupción del sistema. Apostar por que los resultados de la investigación científica y técnica financiada con dinero público sean de libre utilización y difusión. Supresión de la propiedad intelectual y del canon digital. Continuaremos en siguientes entregas.

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27 febrero 2016 6 27 /02 /febrero /2016 00:00

...es necesario insistir en la caracterización del PSOE como partido que – en mucha mayor medida que el PP – siempre ha sido la clave de bóveda para garantizar que para las clases dominantes todo siguiera atado y bien atado

Ángeles Maestro

Se podría decir, que el PSOE de Pedro Sánchez ha jugado su viejo papel, es decir, ser el verdadero partido del régimen y en cuanto tal, obstáculo insalvable a una política realmente de izquierdas

Manolo Monereo

Toda la crisis del PSOE, por cierto, tiene que ver con el hecho de que Podemos obliga hoy al partido a escoger entre la obediencia a su electorado socialdemócrata, fósil vivo de los primeros años 80, redespertado por el joven Pablo Iglesias, o su sumisión al señor de los pantanos y a los barones neoliberales de la dirección, zombis al servicio de las puertas giratorias, el Ibex35 y la banca alemana

Santiago Alba Rico

Las ocultas intenciones se han cumplido. Como era de esperar. Todas las pistas apuntaban a ello. Pocas palabras bastan para buenos observadores, y no era normal que a un partido que se autodenomina "socialista" al que le proponen un Plan de Gobierno desde la izquierda, no sólo se niegue a ello, sino que además, como ha hecho el PSOE, lo entienda como un ataque, un chantaje, o una humillación. Ahora lo tenemos claro. Ahora todas las piezas del puzzle encajan en su sitio. Todo aquéllo no eran más que aspavientos, excusas y declaraciones grandilocuentes para esconder el auténtico sentimiento que le producía al PSOE la propuesta de PODEMOS, que no era otro que miedo. Sí, miedo a tener que retratarse, miedo a perder su hegemonía de la falsa izquierda que propugna, miedo a que se le viera el plumero, y sobre todo, miedo a que, si entraba en el cuerpo a cuerpo, en la letra pequeña de las medidas y propuestas de PODEMOS, iba a quedar a la altura del betún, porque iba a comprobarse fehacientemente lo que muchos hemos sostenido desde siempre, que el PSOE abandonó la izquierda política hace ya mucho tiempo, si es que alguna vez estuvo en ella. 

 

Las opiniones vertidas por los pesos pesados del partido, tales como Felipe González, Alfonso Guerra, Pérez Rubalcaba, junto a las presiones del Comité Federal y de los líderes territoriales, el famoso almuerzo con patéticos personajes históricos del partido, así como las presiones al más alto nivel (la prensa del régimen, la Comisión Europea, la Casa Real, la CEOE, o la Fundación "España Constitucional"), y a todo ello sumado la tibieza y cobardía de un Secretario General como Pedro Sánchez, al final han dado sus frutos, y el PSOE no pactará con PODEMOS la formación de un gobierno de corte progresista y de izquierdas. Aliado para esta tarea con el PP y el partido de Albert Rivera, han ido vertiendo desde el 20D hasta acá todo tipo de declaraciones inaceptables sobre una fuerza política democrática como es PODEMOS, satanizando a su ideario y a sus líderes, demostrando muy poco respeto por sus votantes, y hablando, para este menester, el mismo lenguaje que los dinosaurios del PP, como José María Aznar o Esperanza Aguirre. Y es que con tal de impedir que esta formación política gobierne y cambie hacia mejor nuestro sistema económico y social, han vertido toda clase de mentiras, falacias y manipulaciones, con el objetivo de instalar el miedo, el desconcierto, la desconfianza y la incertidumbre en el conjunto de la población, y procurando denigrar, menospreciar y marginar a la formación política de Pablo Iglesias.

 

Hemos asistido durante estos más de dos meses a una operación de tal bajeza moral y política como nunca se había dado en nuestro país, al menos en su reciente etapa "democrática". Declaraba Susana Díaz, la lideresa andaluza, justo en el día del último Comité Federal de su partido, que estaba "cansada de que el señor Iglesias faltara el respeto a los dirigentes y a los militantes socialistas", y yo quiero decirle desde aquí a la señora Díaz que nosotros, los que pensamos y sentimos desde la izquierda, estamos hartos de soportar durante más de 35 años a este PSOE falaz y traicionero, a este partido del régimen, a esta pieza esencial del engranaje del sistema que lo alimenta permanentemente, y que reclamando para sí durante las campañas electorales el espacio de la izquierda, engaña permanentemente a su electorado, para después volver a las andadas. Estamos hartos de este PSOE, señora Díaz. Hartos de un partido de engañabobos, de pura apariencia, de cara a la galería, cuyos dirigentes históricos se sitúan en los planteamientos de la derecha más pura y dura. Ahí están los nombres de González, Bono, Leguina, Corcuera, Guerra, Ibarra, y tantos y tantos otros que llevan insultando al auténtico socialismo durante décadas. De hecho, las aberrantes descalificaciones que se han hecho a PODEMOS desde las filas "socialistas" son casi idénticas a las que se han hecho desde las filas del PP, y concretamente, las declaraciones de Felipe González, calcadas a las de José María Aznar (según ellos, esta fuerza política viene a "subvertir nuestro sistema democrático"). Muy fuerte.

 

Ellos, que llevan debilitando nuestra democracia, adelgazando nuestro Estado, desmontando nuestros servicios públicos, atacando las históricas conquistas sociales de la clase trabajadora, privatizando todo cuanto encuentran a su paso, y entregando el patrimonio público a las grandes empresas, justamente ellos, son los mismos que se atreven a acusar a PODEMOS de pretender subvertir el sistema democrático. No se puede ser más ruin y más despreciable. La sagrada palabra que es "socialismo" se denigra y se pervierte en las voces de estos dirigentes de pacotilla, de estos mediocres servidores del capital, se prostituye y se degrada hasta provocar la náusea. Sí, estamos hartos de este PSOE que utiliza y llama al voto de la clase trabajadora para después volver a jugar con ella, para lanzar medidas contra sus intereses, y para insultar a los partidos que de verdad defienden un sistema de mayor justicia social. Visto lo visto, lo mejor que puede hacer este PSOE es disolverse y desaparecer. Pero vamos a los hechos, para ilustrar al completo lo sucedido durante estos últimos días. Paralelamente a una reunión a cuatro con formaciones de izquierda (a la que hubo que "arrastrar" al PSOE, que se lo tuvo que pensar antes de acudir), el PSOE cerraba una negociación con la formación política de Albert Rivera (para lo cual no tuvo que pensárselo tanto), y a pesar de que CIUDADANOS, viendo cercano el acuerdo, impuso al PSOE cinco medidas cosméticas de "reforma de la Constitución", el PSOE las aceptó en menos de 24 horas, siendo muy significativo que no se haya hablado en esta ocasión de imposición, humillación o chantaje. 

 

Dicho acuerdo no hace referencia a la derogación expresa del conjunto de leyes antisociales que el PP ha promulgado durante su legislatura, tales como la LOMCE (que se paraliza), la Ley Mordaza (que se deroga sólo parcialmente), o la Reforma Laboral, que no se deroga, y en su lugar se reforma parte de su articulado, en especial lo relativo a las indemnizaciones por despido (que se siguen abaratando) y a los tipos de contrato, presentando, por tanto, otra Reforma Laboral regresiva encubierta. Tampoco se deroga el copago sanitario, ni se sube el SMI un 5% como indicaba el programa electoral del PSOE (sólo un 1%), ni se hace referencia a la dación en pago para los casos de desahucio. Por su parte, el acuerdo contempla un conjunto de medidas lesivas para las clases populares, tales como el complemento salarial para trabajadores pobres, y asume el compromiso de una "modificación de la redacción" del artículo 135 de la Constitución (que no su derogación). Antes del acuerdo con CIUDADANOS, el PSOE había manifestado su discrepancia con PODEMOS en puntos tales como el referéndum en Cataluña (su mejor pretexto para no ir de la mano con Pablo Iglesias), el "control politico" de ciertos organismos (nada que no se haya asumido por las Vicepresidencias de gobiernos anteriores), o el incremento del gasto público en 24.000 millones de euros anuales. Tampoco estaban de acuerdo en retrasar 3 años la reducción del déficit público por debajo del 3% (argumentando que eso depende de la Unión Europea), o con la renegociación del pago de la deuda pública (un auténtico lastre para implementar medidas de justicia social), o con la derogación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, entre otras cuestiones.

 

Son, por tanto, las propuestas de izquierda que tanto molestan al PSOE, como ha ocurrido a lo largo de toda su historia. El acuerdo con CIUDADANOS está pensado (como han expresado muchas veces los dirigentes del partido naranja) para esperar al PP, para ejecutar indirectamente sus políticas, para tener una gran coalición "en diferido" (en expresión de Pablo Iglesias), en una palabra, para continuar ejecutando, pero de manera más suave y disfrazada, las polìticas de la derecha. El acuerdo, por tanto, no es progresista, sus reformas van en la misma línea económica que prefieren los altos directivos del IBEX-35, y bajo la excusa del pactismo y de contentar a izquierda y derecha (cosa harto imposible), vuelven a maltratar a las clases populares y trabajadoras. El PSOE ha vuelto a demostrar, y ya van muchas veces, que no quiere poner en práctica auténticas políticas al servicio de la inmensa mayoría social, sino continuar atendiendo a los intereses de los más poderosos. No pueden empeñarse en mantener una negociación a dos bandas, a sabiendas de que los caminos de ambas formaciones son antagónicos. Ante esta situación, PODEMOS anunció su retirada de la mesa de negociación con el PSOE. Por supuesto, el espacio de negociación a cuatro (con IU-UP y Compromís) también se ha roto, ante la incompatibilidad de la situación creada.

 

El PSOE ha vuelto a frustrar, una vez más, una oportunidad histórica de un gobierno auténticamente progresista, que había despertado la ilusión de millones de personas, ante las auténticas barbaries legislativas del gobierno del PP. Está claro que lo seguirán pagando en próximas convocatorias electorales. La guinda de todo este pastel la pondrá una consulta a la militancia absolutamente ridícula, un intento patético de simular una democracia entre sus bases, porque se va a formular una pregunta muy genérica, sin referencia a acuerdos concretos, ni a formaciones políticas específicas. Y así, los militantes del PSOE tendrán que responder sí o no a una especie de cheque en blanco, que legitima o refrenda los posibles acuerdos que la dirección del partido pueda alcanzar. En fin, esperamos que después de todo este episodio (aún tendremos que asistir al proceso de investidura, donde todavía podemos tener sorpresas), ni siquiera los militantes y simpatizantes más fieles del partido tengan dudas de que el PSOE, en la práctica, es idéntico al PP, y que ambos forman ese búnker del bipartidismo (ahora tripartidismo, con la presencia de CIUDADANOS), empeñado en que en nuestro país no gobiernen fuerzas que representen de verdad a la izquierda transformadora. Pero quizá este panorama cambie dentro de poco tiempo. No se puede estar jugando con fuego siempre, sin quemarse. 

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26 febrero 2016 5 26 /02 /febrero /2016 00:00

Vivimos de un modo que resulta imposible de compartir por todos. No es que hayamos sobrepasado un poco los niveles sostenibles de consumo de recursos: es que los hemos sobrepasado en un factor de cinco a diez. Pocos parecen darse cuenta de la magnitud del exceso ni tampoco, por lo tanto, de las enormes reducciones que han de llevarse a cabo

Ted Trainer

Vamos a ocuparnos en esta entrega sobre un asunto de suma importancia para la conservación de la naturaleza y de sus seres vivos, como es la gestión de los productos químicos peligrosos. De forma sumaria, hay que reducir el nivel de estos productos, así como gestionarlos de forma más racional, si queremos controlar y revertir los posibles peligros derivados de su síntesis, transporte, uso y distribución. Estos productos provocan lo que conocemos como la contaminación química, que constituye sin duda uno de los principales problemas ambientales de nuestro tiempo. Tanto las políticas estatales como las autonómicas pueden ayudar tanto a reducir el problema, como a disminuir la exposición de la población y del resto de seres vivos a estas sustancias, cuyos efectos se han mostrado devastadores. Algunas de ellas resultan especialmente peligrosas, como los compuestos orgánicos persistentes, los metales pesados o los alteradores hormonales, porque interfieren sobre nuestra salud a concentraciones muy bajas. También nos ocuparemos aquí de la necesidad de garantizar, por parte de las Administraciones Públicas, un aire sano para todas las personas en sus diferentes ambientes rurales y urbanos.

 

En concreto, los alteradores hormonales se encuentran en infinidad de productos de uso típico, tales como plaguicidas, plásticos, cosméticos, productos de higiene y otros artículos de uso cotidiano, siendo especialmente peligrosos para las mujeres embarazadas, y para los niños/as y adolescentes. La fumigación de parques y jardines y el uso de plaguicidas en espacios o centros públicos cerrados exponen peligrosamente a la población a los terribles efectos de estos contaminantes. Podemos poner un ejemplo muy controvertido: uno de los herbicidas más usados en zonas urbanas, el glifosato, ha sido declarado posible sustancia carcinógena por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y otras sustancias, como los neonicotinoides, acaban con las abejas y otros insectos, que como sabemos, son imprescindibles para el proceso de la polinización. El uso de todos estos componentes químicos es uno de los temas que están siendo abordados en las negociaciones secretas del Tratado de Libre Comercio entre la UE y EE.UU., conocido como TTIP, ya que como vemos, su uso y distribución poseen serios riesgos y peligros. Bien, teniendo en cuenta todo ello, las principales propuestas y medidas en este sentido serían las siguientes:

 

1.- Prohibir taxativamente el uso de plaguicidas peligrosos. Como alternativa a los mismos, usar otros métodos de lucha contra plagas y de control de malas hierbas que no utilicen sustancias químicas tóxicas. De forma complementaria, fomentar la agricultura, ganadería y jardinería ecológicas. 

 

2.- De manera particular, no utilizar el glifosato, declarado oficialmente como posible sustancia carcinógena por la OMS, en las tareas de fumigación de parques, jardines y espacios públicos, tales como centros escolares y sanitarios. 

 

3.- Elaborar y aplicar estrategias (a nivel estatal y regional) para limitar el uso de productos alteradores hormonales, por ejemplo, a través de los criterios de compra y adquisición públicas de las diversas Administraciones. 

 

4.- Formar e informar específicamente al personal sanitario, educadores y periodistas sobre estos asuntos. Los profesionales en contacto con la población más sensible deben estar adecuadamente informados de los riesgos para la salud derivados de la exposición a sustancias contaminantes hormonales y otros productos tóxicos y persistentes, para ofrecer recomendaciones que reduzcan la exposición a estas sustancias. 

 

Bien, el otro asunto a abordar en esta entrega resulta también de rabiosa actualidad, ya que trata sobre la enorme importancia de conseguir y garantizar un aire sano y respirable para el conjunto de la población, evitando la concentración de peligrosos elementos que forman las nubes tóxicas que se colocan a modo de boina sobre los grandes cascos urbanos de nuestras ciudades. En nuestro país, hemos tenido recientes ejemplos en las dos principales ciudades, Madrid y Barcelona, donde sus respectivas Administraciones Locales se han visto en la necesidad de dictar urgentes planes de control y reducción del nivel de emisiones, para volver a restaurar unos niveles de contaminación mínimamente aceptables. Como sabemos, la competencia en calidad del aire es autonómica. Y la situación actual, aunque ha mejorado para algunos contaminantes, ha empeorado para otros y está muy lejos de ser satisfactoria. Tanto que, si no se consiguen rápidamente niveles aceptables de forma sostenible, habrán de tomarse urgentemente medidas drásticas, llegando incluso a impedir absolutamente la entrada de automóviles de uso privado a los grandes cascos urbanos. 

 

La estadística es ciertamente demoledora. Una de cada tres personas que viven en nuestro país respira aire que en algún momento supera los índices legales permitidos. Pero si nos fijamos en las recomendaciones de la OMS, que debería ser la referencia obligada y el objetivo a cumplir para todas las Comunidades Autónomas, son más de 9 de cada 10 personas las que respiran aire contaminado en niveles inadmisibles. Cabe recordar que según los Informes de la Comisión Europea, más de 27.000 personas fallecen prematuramente (sólo en nuestro país) debido a esta causa. Por otra parte, España tiene abiertos varios procedimientos de infracción por flagrante incumplimiento de la normativa europea sobre calidad del aire, por lo cual una acción decidida en este ámbito resulta de todo punto urgente e imprescindible. Asímismo, el ruido excesivo (contaminación acústica) posee igualmente una influencia muy negativa sobre nuestra salud, por lo que también son necesarias intervenciones decididas para reducirlo. De hecho, en nuestro país existe ya cierta jurisprudencia en relación a este tema, mediante diversas sentencias que han reconocido los tremendos peligros que unos niveles intolerables de contaminación acústica pueden provocar. Bien, teniendo en cuenta todo ello, las medidas a adoptar podrían ser las siguientes:

 

1.- Más allá de cumplir la ley, lo que no siempre ocurre, tendríamos que marcarnos como objetivo el ajustarse a las Recomendaciones de la OMS para conseguir la adecuada protección de la salud de la población, y ser absolutamente inflexibles en relación a estos asuntos. 

 

2.- Elaborar y aplicar planes eficaces de reducción de la contaminación a escala autonómica, en coordinación con los distintos municipios, poniendo especial énfasis en el control de los principales emisores: el tráfico en zonas metropolitanas, así como la presencia de determinadas instalaciones industriales. 

 

3.- Reducir, organizar y pacificar el tráfico de vehículos de uso privado dentro de planes de lucha contra la reducción de emisiones contaminantes, y contra la contaminación acústica, al ser los principales problemas en zonas urbanas. 

 

4.- Elaborar normativas que impongan a las industrias el uso de las mejores técnicas disponibles para el control de sus emisiones. 

 

5.- Realizar campañas informativas que permitan reducir la exposición de la población a los contaminantes atmosféricos. 

 

Continuaremos en próximas entregas.

 

 

Fuente principal de referencia: Documento "Un Programa por la Tierra"

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25 febrero 2016 4 25 /02 /febrero /2016 00:00

Todos los Presidentes yanquis han sido absolutamente esclavos, agentes, representantes de las más poderosas empresas de EEUU y transnacionales

Pedro Echeverría

Estamos entrando ya en la recta final de esta serie de artículos, y creemos que hemos expuesto con la suficiente claridad de datos y razonamientos, a lo largo de la misma, no sólo todas las atrocidades practicadas durante su historia por los Estados Unidos, sino también su propia idiosincrasia, su espíritu racista y asesino, su idolatría por la posesión y utilización de armas, su fe en la violencia y en la hegemonía imperialista, y en fin, su afán bélico y destructivo. Afán que nos conducirá seguramente, si no lo impedimos, a una nueva conflagración internacional, a modo de Tercera Guerra Mundial. Evidentemente no todo el pueblo estadounidense puede calificarse así, pues pecaríamos de injustos en nuestro empeño, pero sí es cierto que lo que hemos contado pertenece al propio acervo cultural del país más poderoso del planeta. Tenemos al sector que se encuentra siempre más beligerante y activista en estas lides guerreras, que es el sector de la ultraderecha, asociada al denominado "Tea Party" republicano. Y desgraciadamente, este selecto club está teniendo un fuerte auge, al ser financiado por grandes fortunas, desplegando gran cantidad de apoyos y de medios, y aunando el patrocinio de grandes empresas y grandes medios de comunicación, como la cadena Fox.

 

Un peligroso movimiento que logra articular la rabia ciudadana de un sector importante de la ciudadanía, en base al más rancio patriotismo, el individualismo y las reglas del salvaje libre mercado a ultranza, el conservadurismo y el fundamentalismo religioso más severo, la defensa de la posesión de armas, la creencia dogmática de que Estados Unidos es el pueblo elegido por Dios para gobernar el mundo, y en definitiva, la mentira y la ignorancia, todo lo cual nos lleva a la instauración de una peligrosa forma de fascismo que pudiéramos catalogar  "Made in USA". Y así, y por todo lo que hemos ido desgranando durante esta serie de artículos, creemos que queda claro que los Estados Unidos de América no son, ni han sido nunca, un buen aliado para ningún país que crea profundamente en la democracia ni en la paz mundial. Las políticas internacionales sensatas deben plantearse, no queda otro remedio, alejándose lo más posible del bloque occidental de los "aliados" de USA, e intentando fomentar el desarme y la desaparición de todos los bloques militares. La progresiva eliminación de todas los bases militares estadounidenses de nuestro territorio, así como la salida de la OTAN, pueden constituir un buen comienzo, como por otro lado siempre hemos insistido desde una política verdaderamente pacifista. Y además, las posibles alianzas internacionales deben fundamentarse en el profundo respeto a la legalidad y al derecho internacionales, así como a la construcción de una ONU mucho más democrática que en su actual configuración, dominada prácticamente por los países que poseen derecho de veto a sus decisiones colegiadas. 

 

Porque no nos engañemos tampoco a este respecto: detrás de los Estados Unidos, pero liderada por ellos, está la OTAN, organización que constituye hoy día, sin duda, la mayor concentración de poder militar de la Historia de la Humanidad. En nuestra próxima serie de artículos "Valores y estrategias para el Pacifismo", a la cual emplazo a mis lectores, haremos un recorrido más exhaustivo sobre las características que hoy día representa la Organización del Tratado del Atlántico Norte (NATO, por sus siglas en inglés), pero valgan unos cuantos datos para una rápida referencia: la OTAN dispone del 70% del presupuesto militar mundial, los países de la OTAN representan sólo el 19% de la población mundial, existen hoy día 31 conflictos armados mundiales, donde la OTAN participa, que involucran a más de 40 países, las víctimas civiles de la denominada "guerra contra el terrorismo" son 30 veces más que las víctimas de los atentados terroristas, el año 2014 finalizó con la cifra récord de 51,3 millones de desplazados (5 de los cuales son palestinos), los países y coaliciones occidentales han sido los autores indiscutibles de todos estos conflictos, liderados por los Estados Unidos, y constituyen hoy día la principal amenaza para alcanzar cualquier forma de paz. Entendemos que estos datos y cifras son bastante significativos para comprender la envergadura que entraña esta organización, y los espurios objetivos que la mueven. 

 

El escritor y periodista francés Michael Collon, autor de un documentado estudio sobre el Consejo Atlántico, ha analizado las reglas de la propaganda de guerra que es aplicada por los países, Estados y medios de comunicación vinculados al imperialismo norteamericano, y las sintetiza del siguiente modo:

 

Regla Número 1: Ocultar los intereses. En vez de comunicar los verdaderos objetivos, lo que se comunica es que nuestros gobiernos luchan por los derechos humanos, la paz o cualquier otro noble ideal. No presentan jamás la guerra como un conflicto entre intereses económicos, geopolíticos o sociales enfrentados. Disfrazan los perversos motivos que están detrás de sus conflictos, perpetuando además su hegemonía cultural, que se retroalimenta de ellos. 

 

Regla Número 2: Demonizar al contrario. Para obtener el apoyo de la opinión pública, preparan cada guerra mediante una gran mentira mediática, a ser posible cada vez más espectacular e inverosímil. Después se continúa demonizando al adversario, incluso acabado el conflicto, particularmente mediante la emisión de imágenes de sus atrocidades. 

 

Regla Número 3: ¡Nada de historia! El pensamiento dominante y la legión de medios a su servicio ocultan todo lo que pueden la historia y la geografía de la región, lo cual contribuye a hacer incomprensibles los conflictos locales incitados por estas mismas potencias. 

 

Regla Número 4: Organizar la amnesia colectiva. Se evita toda referencia seria a manipulaciones mediáticas precedentes. Eso provocaría demasiada desconfianza entre la población, y podría reconstruir los argumentos. 

 

Mediante esta batería de acciones, campañas y manipulaciones gubernamentales y mediáticas, se esconden los verdaderos objetivos de cada conflicto bélico, y se ganan adeptos para las causas mundiales que provocan las guerras. Y todo ello lo llevan practicando durante décadas. Esta es la forma en que el pensamiento dominante, asociado al Estado de Guerra Permanente (guerra ideológica, ambiental, política, económica y social), despliega su poder y su radio de acción globalizado. Continuaremos en siguientes entregas.

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24 febrero 2016 3 24 /02 /febrero /2016 00:00

Hace pocos días, cientos de activistas sociales, cargos públicos, intelectuales y académicos, a nivel nacional e internacional, con prestigiosos nombres a la cabeza, tales como Noam Chomsky, Toni Negri o Tariq Ali, han firmado un Manifiesto reivindicando los derechos y libertades civiles, ante los continuos intentos de regresión de los mismos por parte de los diferentes Gobiernos. La protesta se extiende al ámbito europeo, donde el escenario es igualmente de constante deriva represiva, llegando a tomar ya un cariz ciertamente preocupante. Apoyamos desde este Blog dicho Manifiesto, ya que entendemos la consecución plena de estos derechos una garantía mínima y una condición imprescindible para que podamos siquiera hablar mínimamente de democracia. Al amparo de un discurso totalitario y bajo el pretexto de la "guerra contra el terrorismo", los sistemas políticos europeos (el Español a la cabeza) dan muestras del despliegue de mecanismos represores que están anulando progresivamente todo el conjunto de posibilidades de un verdadero Estado democrático, así como criminalizando la legítima protesta social derivada de su deriva recortadora, privatizadora y desmanteladora de los sistemas de protección social. 

 

El Manifiesto puede ser firmado por cualquier lector interesado en apoyar la causa, desde la página web oficial http://www.porlaslibertadesciviles.org, aunque ha sido también publicado en muchos otros medios (Publico, Rebelion, Diagonal, etc.). Y aunque sobre todo se ha circunscrito al intolerable hecho ocurrido en nuestro país en torno al encarcelamiento y criminalización de dos titiriteros bajo la incomprensible acusación de "enaltecimiento del terrorismo", es perfectamente extensible a la criminalización generalizada de la protesta popular que se viene desarrolando desde hace varios años en el contexto español y europeo. Así por ejemplo, en nuestro país destacan el enjuiciamiento de los llamados "8 de Airbus" por un asunto de reivindicación del derecho de huelga, o a nivel europeo, podemos destacar la deplorable gestión de la crisis de los refugiados. No obstante, existe un primer antecedente muy interesante que podemos tomar como referencia, que es el documento titulado "No puede ser progresista un Gobierno que no derogue las Leyes Mordaza", publicado por la Plataforma "No Somos Delito", y que ofrece un marco de referencia muy completo en cuanto a la exposición y al abordaje de este asunto. 

 

Desde este escrito ya se reclaman cinco reivindicaciones que el próximo Gobierno que salga de la actual configuración del Parlamento (si es que sale alguno) tendrá que acometer, si es que quiere ser coherente con lo ya manifestado en su momento, ante la promulgación de estos infames decretos y reformas por parte del Gobierno del Partido Popular. Estas 5 reivindicaciones son las siguientes: derogación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana ("Ley Mordaza"), derogación de la última Reforma del Código Penal, derogación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Firma de un Pacto de Estado para la defensa de las libertades y los derechos civiles, y proclamación de una Amnistía Social para todas las personas sancionadas por defender sus derechos. A ello hemos de sumar también la derogación del denominado "Pacto Antiterrorista" (Ley 2/2015), que bajo el oscuro e indefinido pretexto de la lucha contra el terrorismo (sobre todo de carácter yihadista), encubre también serios recortes y limitaciones al sistema de derechos y libertades. Hemos de destacar que en el ámbito internacional, la ONU ya exhortó al Gobierno español a rechazar estas reformas legales antes de su aprobación, porque "amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos". En efecto, todas estas leyes y reformas provocan los siguientes efectos y consecuencias:

 

1.- Vulneran derechos fundamentales (como la libertad de expresión, de reunión pacífica y de información, y principios internacionales como el derecho de asilo). Son leyes que criminalizan la legítima protesta social, así como la pobreza y la solidaridad. 

 

2.- Están pensadas para silenciar con multas y cárcel las voces críticas con la gestión del Gobierno y las consecuencias de la crisis social, ambiental y económica producto de la corrupción, los recortes sociales y de derechos, o la privatización de los servicios públicos.

 

3.- Suponen el mayor recorte a los derechos y libertades civiles en el Estado Español desde la Transición, constituyendo un cuerpo legislativo represor más propio de los tiempos del franquismo que de sociedades democráticas del siglo XXI.

 

4.- Son creadoras de un nuevo Estado Policial, controlador, represor y limitador de libertades públicas, que responde a su concepto del "orden público" enmascarador de otros problemas sociales, inadmisible bajo un sistema que se dice democrático. 

 

5.- Introducen una serie de conceptos extremadamente vagos e imprecisos en el articulado literal de dichas leyes y reformas, cuya interpretación queda en manos del propio Gobierno, ampliando el margen de discrecionalidad y arbitrariedad de los agentes de policía en su actuación.

 

6.- Son marcos legales absolutamente innecesarios, ya que no estamos bajo un estado de alarma social, aunque sí se pretende imponer un cierto estado de excepción. Según los datos oficiales, nuestro país es el tercer Estado de la Unión Europea con menor índice de criminalidad en delitos violentos. 

 

7.- No tienen por tanto ninguna justificación social, ya que no existe una demanda real de la ciudadanía en materia de seguridad. Según el CIS, la inseguridad ciudadana no es una preocupación mayor para los españoles (es percibida como uno de los 3 principales problemas sólo por el 2,4% de la población), mientras que sí lo son la educación, el desempleo, la situación económica o la corrupción política. 

 

 

Reproducimos a continuación el texto íntegro del citado Manifiesto, que puede encontrarse y/o enlazarse desde cualquiera de las páginas web citadas anteriormente:

 

Europa marcha hacia su decadencia. El continente que pretendió emerger de la posguerra como garante de las libertades y derechos civiles, se está hundiendo en la naturalización de la barbarie y en el vacío de una forma de gobierno crecientemente autoritaria. Enfrentada a la crisis más severa de su historia reciente, ha elegido el peor de los caminos, emprendiendo políticas que creíamos erradicadas.

En términos económicos, la austeridad no ha conducido a la prometida recuperación del crecimiento. Antes bien, parece que nos veremos obligados a atravesar un largo periodo de estancamiento, de crecimiento de las desigualdades y de concentración de la riqueza. A su vez y ante el creciente descontento interno, muchos países de la Unión han apostado por una política desinhibidamente represiva. Así se observa en la reducción de la tolerancia institucional hacia la protesta, en la construcción recurrente de la figura del “enemigo interno” y en la centralidad de la “guerra contra el terror” como sustituto del principio legítimo del derecho a la seguridad. Prueba de esta tendencia es la cruel indiferencia, cuando no la obvia criminalización, con la que los Estados europeos tratan a las poblaciones africanas y de Medio Oriente, que huyen de conflictos en los que la Unión parece tener no poca responsabilidad.

Hasta la propia Francia, en otro tiempo formidable espacio de conquista de libertades y derechos, ha devenido laboratorio de un nuevo modelo dirigido a limitar las libertades civiles. Ante el avance de la extrema derecha interna y los atentados del islamismo radical, un gobierno socialdemócrata se ha arrimado al carro del gobierno securitario y el Estado de emergencia. Otro tanto ha sucedido en Bélgica. Y ejemplos de gobiernos aún más radicalizados (para lo peor) los encontramos en países de Europa del este como Polonia.

España no ha quedado al margen de esta siniestra tendencia a la restricción de derechos y libertades. Aunque las libertades civiles fueron quizás la parte más reconocida y desarrollada en el capítulo segundo de nuestra Constitución, los sucesivos cambios del Código Penal y el uso político de la judicatura han ido haciendo una interpretación cada vez más restrictiva de las libertades fundamentales. Así lo hemos visto estos días, con la declaración en la Audiencia Nacional y la prisión preventiva de dos titiriteros por el simple hecho de interpretar una obra de ficción en la calle. También, en fechas recientes, hemos asistido a la celebración del juicio a los “8 de Airbus”, todo un sumario político contra el derecho de huelga y que afecta a los cerca de trescientos encausados por este motivo.

Son simplemente dos casos que se suman a sucesivos cambios de la legislación, como la reciente ley de seguridad ciudadana, también llamada “Ley Mordaza”, que permite los “registros preventivos”, blinda la autoridad policial frente a la palabra de los encausados y generaliza las multas para hechos no tipificados con contenidos claros, permitiendo el arbitrio y la discrecionalidad. Esta ley constituye la última de las modificaciones punitivas y restrictivas de derechos realizadas, y se añade a sucesivas modificaciones del Código Penal.

Conscientes de que sin derechos civiles no existe siquiera el basamento mínimo de una democracia, y ante la preocupación por la rápida involución hacia el autoritarismo en muchos países de la Unión, los abajo firmantes exigimos a nuestros representantes políticos en Europa que trabajen por el reconocimiento y ampliación del derecho europeo al asilo y que se establezca algún tipo de carta que, a nivel continental, blinde los derechos civiles.

En la misma línea, pero en relación con la legislación y la arquitectura institucional española, exigimos:

  • La inviolabilidad efectiva de los derechos de libertad de expresión, manifestación, asociación y reunión. Esto implica la derogación de la Ley Mordaza, así como de todas las formas de represión burocrática para hechos que no constituyen claros comportamientos sancionables.
  • La garantía plena del derecho de huelga, lo que supone la derogación del artículo 315.3 del Código Penal reconocido como “delito de coacción a la huelga”, que ha sido utilizado contra la movilización de los trabajadores.
  • La independencia efectiva de la judicatura de intereses políticos y económicos, y la plena garantía del derecho a la Justicia. Dentro de este capítulo cabe considerar la reforma o liquidación de la Audiencia Nacional, que actúa a los efectos como un tribunal de excepción.

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23 febrero 2016 2 23 /02 /febrero /2016 00:00

Se dice en el campo de la medicina que los placebos son esos medicamentos que realmente no curan, pero engañan al paciente, creándole la ilusión de que están atacando al problema. Pues bien, algo parecido, pero en el ámbito ideológico, es lo que los creadores del denominado "Plan B para Europa" (y su extensa e ilustre lista de firmantes) nos presentan. El promotor y fundador de la idea es el ex Ministro de Finanzas griego Yanis Varuofakis, pero a él se han venido uniendo grandes voces de la izquierda europea y mundial (Oskar Lafontaine, Costas Lapavitsas, Ken Loach, Noam Chomsky, Eric Toussaint...), y grandes nombres de la escena política española (Ada Colau, Miguel Urbán, Marina Albiol, José María González, Javier Couso, Lola Sánchez, Alberto Garzón, Nacho Álvarez, Beatriz Talegón, Manolo Monereo...). Por supuesto, vayan todos mis respetos y mi admiración ante tales personalidades, muchos de ellos auténticos referentes para quien escribe, pero que creo se equivocan en esta empresa. En el proyecto participan también numerosas ONG's, y ya han registrado más de 13.000 firmas desde la publicación del Manifiesto. 

 

Y es que bajo el noble objetivo de la democratización de las Instituciones europeas frente a la hegemonía de los poderes financieros, el abordaje de la problemática de la deuda y las posibles alternativas a las políticas de austeridad, creemos que se están olvidando de lo más importante: nada de ello es posible dentro del marco de la Unión Monetaria. Pero no solamente los problemas indicados, sino que tampoco tienen solución desde dentro del marco de las políticas europeas el problema de los refugiados, el rechazo a los Tratados de Libre Comercio (como el TTIP), o el famoso debate sobre la Europa Social, la Europa de los Pueblos o los Estados Socialistas de Europa. No hace falta ser un lince intelectual para concluir que en realidad el sueño europeo nunca existió (que sólo fue una unión de tipo comercial que ha degenerado con la explosión del capitalismo neoliberal globalizado), que tenemos un auge de las fuerzas fascistas en prácticamente todo el Viejo Continente, que nos están llevando hacia una Europa antidemocrática, excluyente, cruel, insolidaria, xenófoba e inhumana, pensada más como una fortaleza para el resto de pueblos que como un espacio de libre circulación de personas, o como un paraíso para los derechos humanos. No es necesario ser demasiado espabilado para entender que la fanática austeridad a la que nos someten desde la Troika es un claro atentado contra la democracia, contra los pueblos y contra los Derechos Humanos, y que la creciente desigualdad hacia la que tendemos no es sino el claro objetivo de estas Instituciones europeas, y de la élite que las dirigen.

 

Y frente a todo ello, ¿qué nos ofrece este Plan B? Pues parece que únicamente el ingenuo deseo de que las clases populares podamos revertir toda esta situación, y alcanzar plenos objetivos de democracia, fin de la austeridad y solidaridad y cooperación entre los pueblos. Me recuerda mucho a la tremenda ingenuidad con que los entonces dirigentes de Syriza pretendían negociar con las autoridades europeas, para intentar conseguir de ellos cierta "compresión" y cierta "empatía" con la situación de Grecia, y negociar nuevos objetivos, así como el abandono de ciertos planes que la Comisión les tenía reservados. Los dirigentes griegos subestimaron al enemigo (en realidad no entendieron siquiera que fueran su enemigo), y en vez de conseguir sus objetivos, se trajeron para su país un grotesco plan suicida, que supuso la absoluta claudicación de Grecia ante los intereses del gran capital. Desde entonces, las huelgas generales se han vuelto a suceder por toda Grecia, y el otrora líder Alexis Tsipras se ha convertido en uno de los alumnos más aventajados de la Canciller alemana y toda su tropa. Y es que cuando las bases para el enfoque de un problema no son realistas, sino únicamente idealistas, y cuando no se dispone de un auténtico plan de ataque contra el enemigo, así como de una solución integral que cubra todos los flancos posibles del problema, seguramente lo que ocurra sea que el problema se acucia, y la batalla se pierde.

 

Para el caso que nos ocupa, por tanto, muchas personas de la izquierda transformadora pensamos que no es posible abordar el problema desde la ambigüedad, desde las terceras vías, desde las declaraciones de intenciones, desde el tímido reformismo, desde la supina ingenuidad, o desde el cobarde conservadurismo. El problema de esta Unión Monetaria sólo tiene una solución, y es su abandono, su salida, su destrucción. Dice un magnífico proverbio que "Hay cosas que no se arreglan si no se desarreglan del todo", y aquí estamos ante un caso de libro, que cuadra perfectamente con dicha solución. Ya deberíamos tener superado el enfoque inocente de que hay que conseguir las mayorías necesarias para tumbar los Tratados y las políticas de esta Unión Europea, porque ello nunca se conseguirá, ya que los mimbres de estos acuerdos y de esta organización política y económica de Europa están fabricados para no poder ser revertidos (por no recordar que sería prácticamente impensable obtener en los foros europeos una implacable mayoría de izquierdas que siquiera deseara cambiar dichos fundamentos de actuación). El problema no se soluciona con buenas dosis de voluntad, ni por mucho que concienciemos a los auditorios de la necesidad de deconstruir los fundamentos de esta Unión Monetaria. Simplemente, lo que hay que hacer es abandonarla. 

 

Sólo el abandono de la misma, con todas sus consecuencias negativas (que las tiene, nunca lo hemos ocultado, y con las dificultades que posee) nos abrirá las puertas del futuro, de un futuro de recuperación de nuestra soberanía, y desde ella, del despliegue de políticas que puedan poco a poco abandonar los dogmas neoliberales, y conseguir el desmantelamiento del poder financiero, la auditoría de la deuda pública, la reversión de las políticas de austeridad, el abordaje de auténticos programas de rescate ciudadano, la garantía del respeto hacia todos los Derechos Humanos, el reconocimiento como sujetos de derecho a los pueblos y a la naturaleza, la potenciación de la economía real, la nacionalización de los grandes sectores productivos, y la consecución de una serie de principios democráticos que rijan nuestra vida social y política. Todos ellos son objetivos y principios absolutamente incompatibles desde las estructuras de esta Unión Monetaria, y por ello, todos los esfuerzos que dediquemos en ello serán energías malgastadas, que bien pudieran ser enfocadas hacia soluciones valientes e integrales. Desde el seno de la Unión no podremos hacer frente a políticas de solidaridad y de cooperación, ni emprender políticas exteriores enfrentadas al imperialismo y al colonialismo, ni conseguir rebajar los niveles escandalosos de desigualdad social, ni practicar un reparto justo, decente y equitativo del trabajo, ni conseguir una justa y progresiva redistribución de la riqueza. No nos engañemos. 

 

Desde dentro del corsé de las Instituciones europeas nunca será posible un cambio revolucionario en el modelo productivo, ni la consecución de una renta básica universal, ni unas políticas económicas decrecentistas, que son las necesarias para conseguir objetivos sostenibles y respetuosos con la vida y con el planeta. Como indican desde un contramanifiesto algunos otros pensadores de la izquierda, tales como Ramón Franquesa, Pedro Montes, Joan Tafalla o Diosdado Toledano ("Un Plan B para no ir a ninguna parte"): "Toda reacción para combatir la Unión Europea actual es bienvenida, pero es muy penoso que tantas firmas ilustres junten su nombre para producir un manifiesto tan pobre, confuso, desorientado e inútil". Estamos, como en otras ocasiones, y con todo el respeto hacia los padres de la criatura, ante un nuevo intento de ilusionar con vanas y falsas expectativas a una población ya demasiado engañada, demasiado explotada y demasiado confusa, ya que otra cosa no podemos esperar de un supuesto plan en el que la ambigüedad, la falta de rigor y la insuficiente concreción de las propuestas y medidas son sus señas de identidad. En realidad, es la ausencia de plan lo que se plasma en el manifiesto y el contenido de las reuniones especificadas. La declaración de nobles objetivos, con los que todos estamos de acuerdo, no hace válida a cualquier iniciativa que se precie de ser firme y valiente, y que represente realmente una solución al panorama actual. Ha llegado la hora en que, superando los sesudos análisis y los empíricos diagnósticos, emprendamos el camino de la rebelión de los pueblos de Europa ante la tiranía de sus Instituciones. 

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