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14 diciembre 2015 1 14 /12 /diciembre /2015 00:00

Los trabajos del comité que auditó la deuda griega revelaron que los rescates no eran para salvar al pueblo o a la economía griega, sino a los bancos franceses y alemanes

Zoe Konstantopoulou (expresidenta del Parlamento griego)

Bien, vamos a abordar ya el cuarto y último apartado donde habíamos clasificado las posibles causas de ilegitimidad de las deudas públicas, relativo a la utilización de los fondos prestados. Es decir, este apartado se refiere a estudiar todos los posibles casos donde los fondos adquiridos por el préstamo mediante el cual se adquirió la deuda, se dedicaron a actividades, financiación o presupuestos ilícitos, ilegales, odiosos o ilegítimos. Y es que un préstamo cuyo objeto respeta en apariencia el derecho puede ser ilegítimo, cuando es utilizado con fines ilícitos, poco éticos o inmorales. En consecuencia, hay que comprobar, mediante el oportuno proceso de auditoría ciudadana de la deuda, que el préstamo ha sido utilizado de una manera adecuada, y para los fines para los cuales la deuda fue adquirida. En caso contrario, deberíamos hablar de causa ilícita o inmoral del contrato, situación que se encuentra respaldada en numerosas legislaciones civiles y comerciales. 

 

También podemos observar y analizar a este respecto la conducta del supuesto acreedor, y preguntarse por la legitimidad del reembolso....¿quién debe a quién? Recordemos que los prestamistas tienen una obligación de vigilancia y que el reembolso de las deudas está limitado concretamente por los principios generales del derecho, los cuales se imponen a todos los actores que intervienen en el proceso de endeudamiento. Entre estos principios, se encuentra la inequidad, la buena fe, o también el enriquecimiento sin causa. En consecuencia, una deuda contraida de una manera legal puede ser ilegítima cuando el acreedor obra de mala fe o se comporta de manera injusta, exigiendo por ejemplo el reembolso de una deuda que no ha sido utilizada para el interés general de la ciudadanía. Tenemos casos históricos que lo avalan, como por ejemplo la sentencia que se dictó en 1923 por la Corte Suprema de Estados Unidos a favor del Gobierno de Costa Rica, que había denunciado al Royal Bank of Canadá (un banco inglés) por un préstamo suscrito bajo el régimen del dictador Federico Tinoco. La sentencia fue especialmente edificante y ejemplarizadora, ya que en su argumentación, el juez afirmó que "...el Banco Royal debió probar que el dinero fue prestado al gobierno para usos legítimos. Y este banco no lo hizo". 

 

Se puede también invocar la doctrina sobre la deuda odiosa para estos casos, que incluye en la categoría de las mismas a "los préstamos contraídos con fines manifiestamente interesados y personales por parte de los miembros de un gobierno o de personas y grupos relacionados con el gobierno, fines que no tienen ninguna relación con los intereses del Estado", apostillando que "las deudas del Estado deben ser contraídas y los fondos procedentes de las mismas, utilizados para las necesidades y por el interés del Estado". Bien, sobre la base de todos estos elementos expuestos, pueden considerarse ilegítimas bajo este apartado los siguientes siete casos o variantes, que exponemos a continuación:

 

1.- Las deudas que hayan servido para el enriquecimiento personal. Situación muy típica por ejemplo durante las dictaduras, cuyos regímenes suelen incurrir en deudas absolutamente arbitrarias que sirven únicamente para el enriquecimiento personal de sus dirigentes, como ocurrió en el caso de la deuda argentina contraída bajo la junta militar entre 1976 y 1983. 

 

2.- Las deudas generadas por los rescates bancarios. Este caso ya lo hemos encuadrado también en supuestos expuestos en artículos anteriores, pero caben también en éste, ya que estas deudas descansan sobre una causa inmoral o ilícita en la medida en que el conjunto de la mayoría social del país en cuestión no es responsable de los errores cometidos por los banqueros. 

 

3.- Las deudas generadas por medidas fiscales y sociales injustas. Como sabemos, la deuda de los Estados europeos ha aumentado durante las últimas décadas debido principalmente a la bajada de los ingresos fiscales procedentes del impuesto sobre los beneficios de las grandes empresas, así como del impuesto sobre la renta y el patrimonio de las familias más ricas, en una clara ofensiva neoliberal por parte de la clase dominante. Esta situación ha sido conscientemente mantenida (mientras se quejaban hipócritamente de los pocos recursos que recaudaba el Estado) a través de una sucesión de reformas fiscales que han favorecido a las grandes fortunas y las grandes empresas privadas, en perjuicio de la inmensa mayoría social (son las famosas políticas para la élite del 1%, en contra del 99% restante). Estas políticas han sido las responsables de los tremendos niveles de desigualdad social, del enorme endeudamiento público (por socializar las pérdidas y privatizar los beneficios), así como de la existencia de mecanismos (incluso legales) para evadir impuestos, y de la propia existencia de los paraísos fiscales.

 

4.- Las deudas reclamadas por los denominados "Fondos Buitre". Designamos así a los fondos de inversión especulativos, que obtienen sus beneficios basándose en que los propios Estados han puesto los derechos humanos como objetos de mercantilización. Este sobrenombre les viene a propósito de sus prácticas odiosas, que consisten básicamente en recomprar a muy bajo precio las deudas de los Estados en dificultad, para más adelante, obligarlos por vía judicial a que les reembolsen la deuda a precio fuerte, es decir, por el importe inicial de las deudas, aumentado por los intereses y los diversos recargos de los propios procesos judiciales. Para una mayor información, los lectores interesados pueden consultar los artículos de esta serie dedicados al capitalismo del siglo XXI. Es evidente que su actuación viola de manera flagrante los principios generales del derecho, tales como la equidad, la buena fe o el enriquecimiento sin causa, a todo lo cual se añade la propia violación de los DDHH cuando los bienes, productos o servicios objeto de su especulación se consideran como tales, como en el caso de la vivienda.

 

5.- Los intereses reclamados por los bancos que han recibido fondos prestados del Banco Central Europeo (BCE). Situación muy típica, avalada por los propios Tratados de la UE, mediante la cual la banca privada puede exigir tipos de interés elevados a los Estados, cuando estos bancos han recibido fondos del BCE sólo al 0,75% o al 1%, enriqueciéndose gracias a dichas prácticas de manera indebida. Todo ello ha sido y es posible porque el BCE en realidad nunca ha actuado como un verdadero Banco Central (al estilo de la Reserva Federal estadounidense, el Banco de Inglaterra o el Banco de Japón), sino como un auténtico lobby de la banca privada europea. Por tanto, aunque en principio legal, es una situación absolutamente repudiable. 

 

6.- Las deudas externas de los países del Sur. También se puede hablar aquí de enriquecimiento sin causa, en la medida en que estos países han reembolsado varias veces sus deudas a sus países e instituciones acreedoras, como ya dejamos constancia en artículos anteriores de la serie. 

 

7.- Las  deudas que sirven para pagar antiguas deudas ilegítimas. Así, el hecho de contraer deudas para reembolsar antiguas deudas reconocidas como ilegítimas constituye de por sí una causa inmoral e ilícita. Podemos también argumentar que una deuda no pierde, incluso bajo un proceso de renegociación o reestructuración, su carácter de ilegal, ilegítima u odiosa. Por tanto, la deuda conserva su vicio de origen, que perduda en el tiempo, y no puede ser ocultado bajo nuevos endeudamientos. Continuaremos en siguientes entregas.

 

 

Fuente principal de referencia: Artículo de Renaud Vivien para CADTM

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11 diciembre 2015 5 11 /12 /diciembre /2015 00:00

(…) lo único que aumenta más rápidamente que nuestras emisiones es la producción de palabras de quienes prometen reducirlas

Naomi Klein

Vamos a enumerar los principios generales por los que deberían regirse, según las organizaciones de referencia, las políticas sociales y ambientalmente sostenibles:

 

1.- Creación de "empleo verde" para alcanzar una economía baja en carbono. En este sentido, hay que potenciar todas las profesiones u oficios ligados con el sostenimiento medioambiental, pero también hay que tenerlas en cuenta en los Planes de Empleo Público, así como en los Planes de Trabajo Garantizados que desde los estamentos y poderes públicos se puedan patrocinar. Los nichos de empleos ligados a las famosas "R" (Reparar, Reciclar, Reformar) deben orientar gran parte de las políticas públicas orientadas a la generación de puestos de trabajo.

 

2.- Conservación de la naturaleza, protegiendo, gestionando y restaurando la biodiversidad y los ecosistemas como un gran patrimonio común, y la base que sustenta nuestro entramado social y económico. Es el puntal fundamental, y los que apostamos por un Proceso Constituyente y una nueva Constitución estamos convencidos que la propia naturaleza debe reconocerse en ella como sujeto de derechos, como ya ocurre en las Constituciones más avanzadas del mundo.

 

3.- Eficiencia en el uso de los recursos naturales, reducción de residuos y de contaminación, apoyando la explotación local, ecológica y renovable, y asegurando que el consumo de recursos naturales (agua, suelo, materiales biológicos y minerales, y atmósfera) esté dentro de unos límites sostenibles. Estamos convencidos de que ello implica, más tarde o más temprano, poner en práctica políticas decrecentistas, que cambien el modelo productivo y consuman de otra forma.

 

4.- Asignación de dinero público para bienes públicos, asegurando que todas las ayudas públicas supongan un beneficio para la sociedad y el medio ambiente, y eliminando todos los elementos perversos para la biodiversidad y el medio ambiente. Ello implica acabar con las corruptelas a todos los niveles, y gestionar lo público desde otro paradigma, abandonando el principio de rentabilidad económica, para sustituirlo por el de rentabilidad social. 

 

5.- Cumplimiento del principio de que "Quien contamina, paga", huyendo de los mecanismos de compensación. Pero tenemos dos importantes observaciones que hacer aquí: la primera tiene que ver con el montante en sí de las multas, ya que las que se han impuesto hasta ahora a las grandes empresas transnacionales, han sido absolutamente ridículas en comparación con sus niveles de beneficio, y de esta forma, las multas y sanciones no cumplen su función disuasoria. Por otra parte, entendemos que tampoco el paradigma enunciado es la solución, sino sólo un apoyo, porque la imposición de sanciones a los agentes contaminantes no restaurará los efectos dañinos que producen. Véase este artículo de referencia, donde explicamos esta problemática con profundidad. 

 

6.- Modernización de las estructuras de gobierno y procesos de gobernanza, sobre todo en lo tocante a la transparencia y participación pública en el diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas ambientalistas. 

 

Bien, vamos a adentrarnos ya en las propuestas del primer gran bloque, que trata sobre la necesidad de que el combate contra el cambio climático y sus terribles efectos sea el epicentro de las políticas ambientalistas. La urgencia y gravedad del cambio climático requieren del compromiso público y privado, y de la acción política a todos los niveles, pues nos estamos jugando, en última instancia, la propia supervivencia de la especie humana en el planeta. Pero no sólo desde el Estado, sino que las Comunidades Autónomas disponen de una gran cantidad de oportunidades para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de medidas ambientales en áreas como el transporte, la energía, la producción agraria, la gestión de los residuos o la potenciación de la industria. Es necesario que todas las regiones, de mayor o menor entidad, hagan del cambio climático un eje político transversal a todas las decisiones que se tomen. En este sentido, hay que establecer legislaciones a todos los niveles (Estatal, Autonómica y Local) en materia de mitigación de las emisiones basadas en presupuestos de carbono de acuerdo a las competencias de cada Administración Pública, en áreas como el transporte, los recursos forestales, la agricultura o el medio ambiente, con objetivos de reducción de emisiones de obligado cumplimiento en todos estos sectores. 

 

Hay que cuantificar los objetivos de manera más ambiciosa que el actual reparto europeo de la carga, de acuerdo a la capacidad de cada región o Administración y su responsabilidad histórica, para poder alcanzar el nivel de "Emisiones Cero" en el año 2050. Hay que incorporar y apoyar a nivel regional medidas recogidas en la Hoja de Ruta de los sectores difusos 2020 para transporte, eficiencia energética, residuos y agricultura. Debemos establecer una política y una planificación para la progresiva adopción de medidas de adaptación al cambio climático, coordinadas y coherentes con otras regiones y países de nuestro entorno, y en consonancia con los compromisos adquiridos en los Planes Nacionales contra el Cambio Climático. Hay que declarar a los diversos territorios, después de la erradicación de ciertas prácticas, como "territorios libres de extracción y generación de combustiles fósiles y nucleares", por ejemplo libres de prospecciones de hidrocarburos y de fracking, y contra la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares, introduciendo también en la legislación de planificación territorial medidas de salvaguardia ambientales que impidan el uso del suelo para la exploración y extracción de gas de esquisto. Continuaremos en siguientes entregas.

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10 diciembre 2015 4 10 /12 /diciembre /2015 00:00

Las leyes del capitalismo, invisibles para el común de las gentes y ciegas, actúan sobre el individuo sin que éste se percate…

Ernesto Che Guevara (“El Socialismo y el Hombre en Cuba”, 1965)

La conclusión que sacamos de las últimas discusiones que hemos expuesto en los últimos artículos de la serie está bien clara, y no es otra que debemos enfrentarnos al sistema de forma radical para poder vencerlo, no podemos parchearlo o intentar "arreglar" parcialmente alguno de sus aspectos, porque entonces, simplemente el sistema se recompone y continúan sus efectos. Debemos entender que los criterios economicistas nunca pueden imponerse a los criterios políticos. Debemos luchar por una sociedad donde la política se imponga a la economía. Porque al final, si es al contrario, es decir, si es la economía la que se impone a la política, ésta siempre obedecerá a la clase que posea el capital y los medios de producción, es decir, a la clase dominante, que forzará a la sociedad a tender hacia la consecución de sus intereses, esto es, obligará a llevar a cabo las políticas que mejor satisfagan sus intereses. Aunque como estamos viendo, todo ello se hace mediante eslóganes, disfraces, frases huecas y vacías, y mensajes subliminales, para que al final pensemos que lo están haciendo por nuestro bien, por el bien del país, y porque, en realidad, no había otra alternativa.

 

Un buen ejemplo de todo esto lo tenemos en los Informes que constantemente plantean la supuesta "insostenibilidad" de los servicios públicos, enviándonos el mensaje de que "nada puede ser gratis", de que eso no es sostenible: la Educación Pública no es sostenible, la Sanidad Pública no es sostenible, el Sistema Público de Pensiones no es sostenible, el Sistema Público de Dependencia no es sostenible...No es verdad (entre otras cosas porque el propio concepto de la "gratuidad" también se tergiversa, puesto que no son gratis al ser sufragados con nuestros impuestos), pero incluso aunque así fuera, tenemos dos argumentos fantásticos para rebatir dichas opiniones: en primer lugar, que han dejado de ser sostenibles desde que se aplican las políticas de la clase dominante (es decir, que son éstas políticas las que los vuelven insostenibles), y en segundo lugar, que si es así, entonces se debe luchar por su sostenibilidad, para recuperarla desde el punto de vista público, en vez de por sus recortes, por su eliminación, o por su privatización. Hoy día tenemos un ejemplo de rabiosa actualidad: en París se está celebrando la COP21 (Conferencia de las Partes para la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático), donde básicamente (una vez supuestamente convencidos los líderes de las naciones de que hay que luchar contra él) se está desarrollando una lucha entre los intereses económicos y los intereses políticos, de tal forma que alcanzar un buen acuerdo mundial va a depender de hacia dónde se incline más la balanza. 

 

José López nos lo explica en los siguientes términos: "No debemos someternos a la falacia de que el destino de la Humanidad sólo puede ser uno, el que nos marquen las élites que nos dominan en la actualidad. Por la forma que tienen ellas mismas de actuar, puede deducirse justo lo contrario. Ellas que nos dicen que la economía, que el sistema social, sólo puede evolucionar de una sola forma, "casualmente" de la manera que a ellas más les conviene, ¡bien que se guardan de no perder el control!, ¡bien que se empeñan en forzar los cambios que a ellas les interesan!, ¡bien que insisten en que la sociedad evolucione como ellas dicen que, inevitablemente, sólo puede evolucionar! Ellas que nos venden un futuro que ya está escrito, ¡bien que se empeñan en escribirlo!, ¡bien que procuran, por todos los medios, que sólo puedan escribirlo ellas!". Ya se instala incluso una especie de "respeto social", una especie de legitimación del poderío de dichas élites, empresas e instituciones, que causa auténtico pavor. Pondremos un ejemplo actual: se hacen llamamientos al respeto incondicional y absoluto a la ley, mientras que a las formaciones políticas de izquierdas (típicamente a PODEMOS) se les pregunta con todo el descaro: "¿Y cómo van a convencer ustedes a los bancos y a las grandes empresas para que hagan esto?", a lo que cabe únicamente una respuesta: ¡con la ley!. Pero obsérvese el mensaje subliminal, que legitima el enorme poderío que tienen dichos agentes en nuestra perversa sociedad. 

 

Pero aún debemos resistir a más falacias, y desmontarlas progresivamente. Por ejemplo, aquélla que nos recubre casi todas las acciones y decisiones políticas bajo el manto de la tan cacareada "responsabilidad": las decisiones se toman "por responsabilidad" (da igual si son malas o buenas, basta con que sean "responsables"), las dimisiones se hacen (cuando se hacen) "por responsabilidad", las medidas políticas se diseñan "por responsabilidad", incluso las que representan las medidas más impopulares (que se toman "en contra de su voluntad", añadiendo que "no había otra alternativa")...todo ello son pruebas de la "responsabilidad" de nuestros líderes y dirigentes. La palabra "responsabilidad" (y los llamamientos a la misma) no sólo se realiza de forma descontrolada, hipócrita y maniquea, sino que su auténtico concepto es alterado, prostituido, canalizado hacia los intereses de quienes proclaman a los cuatro vientos su supuesta "responsabilidad" ante ciertos actos, hechos o decisiones. Para enfrentarnos al pensamiento dominante, debemos darle una vuelta a la tan manida palabra, y concluir que, en política, la única responsabilidad, la verdadera, la auténtica, es la que tiene un gobernante en la medida en que ha de cumplir sus compromisos electorales, y respetar la voluntad popular. 

 

La paradoja reside en el profundo desprecio que nuestra sociedad profesa a la democracia. Al igual que el pacifismo, no hemos acabado de creernos la democracia, quizá porque nuestra democracia jamás ha sido una democracia plena y completa. Y desde este punto de vista, cualquier decisión que democráticamente hubiera de haber sido tomada, pero no se toma, porque en su lugar se toman otras medidas (evidentemente más interesadas), se disfrazan bajo el manto de la responsabilidad. Sin ir más lejos, Rajoy admite abiertamente no haber cumplido con su programa electoral, porque ha tenido que atender a la "responsabilidad" de haber sacado al país de la crisis. No cabe más demagogia, más cinismo ni más desprecio a la democracia. No existe más que un acto responsable políticamente hablando: cumplir el compromiso con la ciudadanía (o dimitir si no puede ser cumplido por alguna causa de fuerza mayor). Ninguna otra versión de la responsabilidad nos interesa. Ninguna otra acepción. Ningún otro uso de este concepto, ni ninguna otra aplicación de la misma que no sea la derivada estrictamente del contexto democrático. Por tanto, cualquier llamamiento a la ·"responsabilidad" hemos de traducirlo a la asunción de las reglas democráticas, que se reducen a cumplir los compromisos obtenidos con la ciudadanía, o bien dimitir en su caso, ante la imposibilidad de llevarlos a cabo. Por tanto, la inmensa mayoría de las veces que se usa (además, muy solemnemente) el concepto de "responsabilidad", es usado justamente por la gente menos responsable, o que menos idea tiene de lo que, en política, significa este término. Continuaremos en siguientes entregas.

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9 diciembre 2015 3 09 /12 /diciembre /2015 00:00

Fue lo que se llamó los escuadrones de la muerte, comandos que arrestaron a miles de jóvenes suníes [en Irak], muchos de los cuales aparecían semanas después muertos en las calles de ciudades como Bagdad, con orificios de bala en la cabeza, pies o pulmones, con huesos rotos, cráneos aplastados, piel quemada o arrancada, signos de descargas eléctricas u ojos fuera de sus órbitas

Olga Rodríguez

Y la tortura, el odio, la masacre, la destrucción, el sufrimiento y la barbarie, no nos engañemos, sólo pueden engendrar más de lo mismo...Al horror no se le puede responder con más horror, y es algo que la Historia de la Humanidad nos ha enseñado en multitud de ocasiones. Y lo peor de todo, es que el imperio estadounidense ha "legitimado" la tortura, ha blindado ante la justicia a los altos mandos militares responsables, agentes y mercenarios, construyendo una auténtica "impunidad imperial", tal y como afirma en su libro Roberto Montoya, y del que enlazamos a los lectores mediante esta reseña. Naturalmente, no lo hacen solos, sino que poseen una extensa red de países, distribuidos por todo el globo, que colaboran con el programa de torturas de la CIA, para documentarnos sobre los cuales recomendamos este artículo, que detalla el listado de países con prisiones secretas de la CIA, los países con prisiones aliadas, así como la extensa lista de países que permitieron las entregas. Todo un extenso entramado internacional dedicado a la complicidad con el beligerante y salvaje imperio norteamericano. 

 

Pero vamos a lo realmente interesante. Cualquier país que se precie de ser democrático y de respetar los Derechos Humanos (evidentemente y para empezar, nunca se habrían dado estos casos), en caso de salir a la luz todas estas terribles atrocidades, y si es que pretende ser respetado y continuar manteniendo algo de credibilidad ante la comunidad internacional, lo que hubiese hecho es dirigirse a ella a través de su Presidente, pedir perdón solemnemente, y demostrar la absoluta y total determinación de que cualquier práctica tipificada como tortura no sólo no volverán a ser utilizadas por la CIA o las fuerzas regulares del Pentágono, sino tampoco por el número creciente de mercenarios contratados para defender los intereses del imperio, como afirma Atilio Borón en este artículo. Evidentemente, nada de esto ha ocurrido nunca, ni va a ocurrir, lo cual nos vuelve a demostrar por enésima vez que dichas prácticas están en la propia naturaleza, en la propia idiosincrasia como país de Estados Unidos. La figura de los mercenarios o "contratistas" es igualmente muy curiosa, ya que son bandas organizadas contratadas por Washington para cierto tipo de operaciones especiales, y que actúan absolutamente al margen de toda ley. Atilio Borón los define bajo estos términos: "No tienen prisioneros sino "detenidos", a los cuales pueden mantener bajo su custodia todo el tiempo que consideren necesario, negándoseles el derecho a la defensa y quedando a merced de los maltratos o las torturas que sus captores decidan aplicarles, gozando para ello de total impunidad". 

 

En respuesta a las críticas de toda la comunidad internacional, la Casa Blanca argumentó que sería absurdo obligar a la CIA a respetar los preceptos establecidos por la legislación internacional, ya que sus agentes no se enfrentaban a combatientes legales, fuerzas regulares de un Estado operando de conformidad con los principios tradicionales, sino a terroristas que actúan con total desprecio por cualquier norma ética. De este modo, Bush y su Administración intentaron justificar la permanente violación de los Derechos Humanos bajo el pretexto del "combate al terrorismo". Si observan los lectores, es exactamente el mismo argumento que se ha extendido a la "comunidad occidental", esa que presume de representar el mundo libre, y avanzado y civilizado, pero que en cuanto sufre un atentado en sus propias carnes, como le acaba de ocurrir a Francia, argumenta que estamos en una guerra, que hemos de ser implacables, que con los terroristas no se puede negociar, que los bombardeos masivos son el único lenguaje que entienden, y que vencerá el bien sobre el mal, el Estado de Derecho, la libertad y la democracia, sobre el fanatismo terrorista. En el fondo, como estamos intentando demostrar, se adoptan los mismos argumentos, y se combate a la violencia con más violencia, generando un estado de guerra permanente, y una creciente espiral de odio y devastación, auténticamente imparables. 

 

No se dan cuenta de que, precisamente, si estamos intentando mostrar al mundo la imagen de civilización, de libertad, de justicia y de paz, no podemos responder con la misma moneda. Precisamente, el Estado de Derecho no puede responder con el consabido y famoso "ojo por ojo", ni tomarse la justicia por su mano, ni internamente, ni fuera de las fronteras de cualquier país. En el fondo, lo que todos estos manidos argumentos nos enseñan es que los países que los enarbolan no creen realmente en el `pacifismo, sino en su fuerza militar, y en el convencimiento y la determinación de usarla si llega el caso. Y desgraciadamente son la inmensa mayoría, porque como comentábamos más arriba, es sabido que para poder perpetrar todas estas salvajes aberraciones con seres humanos, USA tuvo que habilitar numerosas cárceles secretas en decenas de países por medio mundo, contando con la colaboración de numerosos países, incluyendo nuestras civilizadas "democracias" occidentales europeas. Según algunas ONG's, el número total de detenidos que pasaron por la cárcel de Guantánamo desde su inauguración fue de casi 800 personas, y un Informe Especial de Naciones Unidas asegura que sólo en Afganistán la CIA detuvo a 700 personas, y a 18.000 en Irak, todos bajo la acusación de "terroristas", por no mencionar las salvajes prácticas llevadas a cabo con los prisioneros del campo de detención de Abu Ghraib, que salieron a la luz pública, causando espanto y vergüenza internacionales. Continuaremos en siguientes entregas.

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7 diciembre 2015 1 07 /12 /diciembre /2015 00:00

La deuda no es, en principio, solo un asunto contable, una relación económica, sino una relación política de sujeción, de control social y objeto de servidumbre. La deuda infinita, inexpiable, impagable, sirve para disciplinar a las poblaciones, para redefinir reformas estructurales, para activar ajustes totalitarios, e incluso para suspender la democracia en beneficio de «gobiernos técnicos» subordinados a los intereses del capital

Maurizio Lazzarato ("Gobernar a través de la deuda")

En el anterior artículo de esta serie, nos quedamos comentando las cuatro variantes que podíamos considerar como deudas ilegítimas relacionadas con las propias condiciones de los préstamos, y vamos a detallarlas más a fondo a continuación. La primera posibilidad se refería a las deudas contraídas en el marco de acuerdos cuyo objeto es limitar la soberanía de los Estados, y cuya aplicación conlleva la violación de los Derechos Humanos. Estas deudas son odiosas según la definición de M. Bedjaoui (y por tanto, ilegítimas) ya que persiguen claramente "fines no conformes al derecho internacional contemporáneo, y más particularmente a los principios del derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas". Y como está siendo demostrado durante estos últimos años, las condiciones impuestas por estos acreedores empobrecen a la población, aumentan las desigualdades, favorecen a las empresas transnacionales y modifican incluso las legislaciones de los Estados según los dictados de los acreedores e "inversores extranjeros" (por ejemplo, mediante "Planes de Ajuste Estructural" que se concretan en reformas laborales, planes de privatización de empresas públicas, liberalización de servicios públicos, etc.).

 

La segunda variante que podemos contemplar en estos casos son las deudas contraídas para adquisición de material militar, y en este sentido, el artículo 26 de la citada Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados que reglamenten el comercio de armamento, y que sólo dediquen un mínimo de sus recursos al material militar. No obstante, la tendencia mundial demuestra que estos gastos van creciendo paulatinamente, mientras los dedicados a cooperación internacional disminuyen. Por ello, consideramos que si un país determinado incurre en determinada deuda derivada de un préstamo para adquirir cualquier tipo de material militar, ésta debe considerarse ilegítima, por no responder a ninguno de los objetivos ya mencionados en anteriores artículos. Por ejemplo, en plena crisis, a principios de 2010, y bajo la presión de las autoridades francesas y alemanas, que querían garantizar sus exportaciones de armas, el Gobierno griego recurrió a numerosos préstamos para financiar la compra de material militar a Francia y a Alemania. Bien, otra tercera variante la habíamos denominado como "deudas ligadas", y responden a la situación en la que determinado país decide repartir poder adquisitivo a otro país, con el fin de incitarlo a comprar determinados productos o servicios producidos por aquél, otorgándole préstamos de Estado a Estado, bajo la forma más común de créditos para la importación. 

 

Esta práctica, que en principio podría parecer beneficiosa y legítima, realmente no lo es, porque normalmente, estos préstamos ligados no corresponden con las necesidades reales del país importador, pero sí con los intereses de las empresas del país exportador. Las deudas públicas resultantes son, en consecuencia, ilegítimas, como lo reconoció el Gobierno noruego en 2006. Concretamente, entre 1976 y 1980, Noruega exportó buques hacia los países del sur, pero no para sostener su desarrollo, sino para ayudar y promocionar a su propia industria de construcción naval, entonces en crisis. En 2006, a raíz de una importante campaña de algunas ONG's del país, Noruega anuló unilateralmente y sin condiciones, sus derechos de crédito sobre cinco países (Ecuador, Egipto, Jamaica, Perú y Sierra Leona), y reconoció su parte de responsabilidad en estos endeudamientos, calificados de ilegítimos. Podríamos enumerar muchos otros casos, donde estas "ayudas ligadas" responden claramente a estos intereses, y no a los de la población de los países importadores. Y la cuarta situación que habíamos encuadrado en esta casuística responde al caso de las deudas contraídas para financiar la construcción de grandes obras y proyectos de infraestructuras no rentables, o que perjudiquen claramente a las poblaciones o al medio ambiente. Este tipo de situación también es muy frecuente hoy día. 

 

Porque en efecto, las empresas constructoras a gran escala se sitúan en la punta del iceberg de toda esta tendencia hacia la creación de obras faraónicas, que no persiguen en realidad el avance y el desarrollo de los pueblos, sino la constante subida de sus cuentas de resultados. Nuestro país es buena prueba de ello, ya que en varios años, nos hemos convertido en líderes mundiales en la construcción de líneas de alta velocidad, de autopistas y autovías, y de otras grandes infraestructuras. Incluso esta variante también la podemos pensar en pequeño, e incluir también las deudas que determinado Ayuntamiento contrae con cualquier empresa, porque al edil de turno se le ocurrió construir una rotonda con pececitos en determinado lugar. Los ejemplos que podemos poner son numerosísimos y abrumadores. Pero volvamos a pensar en grande. Hay que comprobar, por medio de una rigurosa auditoría ciudadana previa, en qué medida dichos grandes proyectos de infraestructuras que generaron dichas deudas sirven realmente al interés general de la ciudadanía, y cuáles no, examinando también su impacto medioambiental.

 

Y además, podemos extender esta casuística no solamente a las obras de infraestructuras, sino también a los eventos y acontecimientos de todo tipo que se puedan organizar. En este sentido, podemos citar, a título de ejemplo, el escándalo de los Juegos Olímpicos de 2004 en Grecia, en los cuales, mientras las autoridades helenas preveían un gasto inicial de 1.300 millones de dólares, el coste real final sobrepasó la cantidad de 20.000 millones. En nuestro país, por ejemplo en la Comunidad Valenciana, han saltado últimamente varios casos a la palestra mediática que también podrían encuadrar aquí, como los grandes eventos deportivos patrocinados por la Comunidad y el Ayuntamiento, que generaron unas desorbitadas deudas, que han de pagar todos los contribuyentes valencianos. Hay que tener cuidado, por tanto, porque en el fondo, estamos ante un tipo de corrupción muy concreta (del que nuestro país es un buen modelo), donde las deudas que se generan provienen no de la necesidad real de las poblaciones, sino del interés concreto de las empresas para financiar (oscuramente) sus grandes obras, obteniendo millonarios contratos con las Administraciones públicas pertinentes. Continuaremos en siguientes entregas.

 

Fuente principal de referencia: Artículo de Renaud Viven para CADTM

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4 diciembre 2015 5 04 /12 /diciembre /2015 00:00

El próximo día 6 de Diciembre se volverán a reunir los partidos del mal llamado "bloque constitucionalista", con el bipartidismo del PPSOE a la cabeza, para festejar, y ya van 37 veces, el Día de la Constitución, pero realmente...¿hay algo que celebrar? Se supone que la Constitución de un país debiera, en primer lugar, haberse establecido desde una situación de plena normalización democrática, y en segundo lugar, debiera respetarse escrupulosamente, dado su carácter de Carta Magna, o de Ley de Leyes. Veamos, para nuestro caso, si ambas situaciones se dan. En lo que respecta al primer asunto, hemos de recordar que hace poco se han cumplido 40 años de la muerte física del dictador, que instauró un régimen fascista después del Golpe de Estado y posterior Guerra Civil, y que se aseguró de dejarlo todo "atado y bien atado", según sus propias palabras. Básicamente, perpetuando una alternancia en el poder entre la derecha más recalcitrante, heredera directa del franquismo, es decir, el PP, y la izquierda prostituida, es decir, el PSOE.

 

Las viejas estructuras del régimen de poder de la dictadura permanecen en nuestro país, gracias a la alternancia de dicho bipartidismo, que ahora ya parece comenzar a romperse. Al régimen franquista le sucedió un régimen de Monarquía Parlamentaria, primero bajo la figura del Rey Juan Carlos, al que ha continuado su hijo Felipe, ambos sin ser refrendados por el pueblo español, ése que, según el bipartidismo y las fuerzas políticas que les apoyan, ostenta la "soberanía nacional". Pero recordemos, además, que ni el Rey actual, ni su padre, juraron nunca acatar la Constitución, pero sí, en cambio, en el caso de Juan Carlos, su fidelidad "a los Principios del Movimiento Nacional y las Leyes Fundamentales del Reino", tal como hacían los Ministros franquistas. Como nos recuerda Paco Azanza en este artículo, casi tres años después de la desaparición física del dictador, el 18 de julio de 1978, la Casa Real difundió esta reveladora nota: "Hoy se conmemora el Aniversario del Alzamiento Nacional, que dio a España la victoria para llevar la paz y el bienestar a todos los españoles. Surgió el Ejército, escuela de virtudes nacionales, y a su cabeza el Generalísimo Franco, forjador de la obra de regeneración". A finales de ese mismo año, la Constitución refrendó la voluntad del dictador, apuntalando la Monarquía, e impidiendo que el pueblo pudiera debatir y votar sobre la instauración de la Tercera República.

 

A partir de ese instante, comienza el período de la denominada Transición Política, que únicamente consistió en un lavado de cara para aparentar que pasábamos a vivir en democracia, cuando en realidad ni las estructuras del régimen anterior ni sus dirigentes fueron nunca desmantelados. Desde entonces, la Constitución (salvo alguna reforma puntual y casi clandestina, para favorecer como siempre los intereses del bipartidismo) ha sido entendida y blindada como una obra total, acabada y perfecta, intocable, porque, precisamente, aseguraba que el sistema perpetuara la hegemonía de los poderes fácticos consagrados en la Constitución. La ciudadanía española de finales de los años 70 fue ignorada, sus deseos de cambio profundo truncados, y la redacción de la Constitución realizada a sus espaldas por unas fuerzas políticas casi chantajeadas bajo la amenaza de vuelta a la situación anterior. Los grandes poderes de la etapa franquista (léase el Ejército, la Iglesia Católica, la banca y las grandes empresas, fundamentalmente), bajo la tutela exterior estadounidense, se encargaron muy bien de pergeñar un texto constitucional que no fuera demasiado "peligroso". Las fuerzas políticas de la izquierda no tuvieron el coraje de plantar cara a la operación, sino que más bien al contrario, aceptaron los dogmas del nuevo sistema de "convivencia y concordia" plasmado en la Constitución, reconociendo asuntos como la unidad indivisible de España, la Monarquía, o el sistema económico capitalista. 

 

Vivimos por tanto en una pseudodemocracia, viciada desde su propio origen, no culminada, y no cimentada sobre auténticos pilares democráticos. La etapa de la Transición, que podemos situar históricamente entre 1975 y 1982, se nos ha vendido como un período modélico, como una titánica labor llevada a cabo por los "demócratas de toda la vida", que tuvieron el coraje, el temple y el talante de negociar para llevar a nuestros país por los derroteros democráticos, pero como vemos, esto no fue así. Es sólo la imagen que el bipartidismo y las clases dominantes han querido que tuviéramos de dicho período, cuando en realidad sólo consistió en maquillar un poco el sistema, pero apuntalando sus viejas estructuras de poder, y sus retrógradas Instituciones. Esa mal llamada Transición fue vigilada por la CIA y por la socialdemocracia alemana, bajo el beneplácito de los franquistas. Se trataba de evitar la vuelta de la República tras la muerte del dictador, así que había que "domesticar" a la fuerza política de izquierdas mayoritaria, el PSOE, que en su Congreso de Suresnes de 1974 abandona definitivamente los postulados marxistas, y se alinea con la más dócil socialdemocracia. Pero hasta su llegada al poder, tuvimos que soportar la presidencia del falangista Adolfo Suárez, cuyo nombre adorna el del Aeropuerto de Madrid-Barajas, o contemplar cómo varios de los Ministros franquistas fundaban partidos "democráticos", como el caso de Manuel Fraga con Alianza Popular, precursor del PP actual, u otros eran tratados por el nuevo régimen con alfombra roja, como el caso de Rodolfo Martín Villa.

 

Y por otra parte, la recién estrenada etapa "democrática" de la Transición también nos trajo auténticas joyas legales como la Ley de Amnistía, que continúa vigente en nuestros días (aunque es preconstitucional) garantizando la impunidad de los todavía vivos y siniestros torturadores de la época franquista. Gracias a perversas leyes como ésta, se puso punto y final a la dictadura, sin juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, se amparó la hipócrita "reconciliación nacional", sin haberla investigado, sin haber deslegitimado sus consejos de guerra, sus tribunales y sus sentencias, y sin haber reparado convenientemente a las víctimas y a sus familiares. En 2007 el PSOE del ex Presidente Zapatero aprobó la Ley de Memoria Histórica (otra Ley incompleta para parchear la situación), que por supuesto, como era lógico suponer, el Gobierno del PP se ha encargado de desmantelar, asfixiándola financieramente, y dejándola de apoyar desde los estamentos oficiales. La Constitución de 1978 dejó olvidados en la cuneta a cientos de miles de españoles que habían luchado por la defensa de la República, de los derechos y libertades de los trabajadores/as, y de las clases populares en nuestro país, haciendo borrón y cuenta nueva sin traer la debida justicia, dignidad y reparación. 

 

Pero por si todo ello no fuera poco, lejos de disfrutar de un marco político y social que cumpla fielmente la Constitución (aún con los oscuros orígines que hemos comentado), resulta que después de más de 35 años de vigencia del texto constitucional, se incumplen sistemáticamente todos sus títulos y artículos sobre derechos sociales, económicos, ambientales, así como asistimos a un recorte de nuestras libertades públicas fundamentales. De entrada, pensamos que una Constitución de más de 30 años de vida, por perfecta y acabada que sea, debiera al menos ser refrescada bajo un proceso de referéndum popular que permita, como objetivo fundamental, no sólo renovar el compromiso de convivencia, sino y sobre todo, escuchar la voz y la opinión de las personas más jóvenes, que no tuvieron oportunidad de refrendarla en su momento. Pero es que, como decimos, más allá de esta circunstancia, el hecho cierto es que nuestra Constitución no se cumple. Y así, bajo los grandilocuentes llamamientos al Estado de Derecho, a la Ley, a la Democracia, a la Constitución, a la soberanía nacional, o a la igualdad de todos los españoles, se esconde un continuado y planificado incumplimiento de gran parte de su articulado, precisamente el que se refiere a los derechos sociales, laborales, civiles, políticos y culturales de las personas. Vamos a enumerar sucintamente los principales, siguiendo este artículo de Miguel Sebastián Martín. 

 

Por ejemplo, el artículo 15, que se refiere al "derecho a la vida y a la integridad física y moral", por el que nadie podrá ser sometido a "torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes", artículo respaldado además por la legislación internacional, pero sin embargo, nuestra democracia no ofrece las debidas garantías a los detenidos sospechosos de haber cometido algún delito, a tenor de los diferentes casos denunciados durante los últimos años. De hecho, Amnistía Internacional denuncia en varios informes la impunidad que disfrutan nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ante sus abusivas actuaciones frente a manifestantes e inmigrantes, sobre todo en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde no se respetan mínimamente los Derechos Humanos. Por su parte, en el artículo 20 se "reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones", sin que puedan restringirse mediante ningún tipo de censura previa, y el artículo 21 reconoce el "derecho de reunión pacífica y sin armas", que "no necesitará autorización previa". Ante ellos, la reciente Reforma del Código Penal, y sobre todo, la Ley Mordaza, vulneran claramente estos derechos y libertades, de tal punto que hasta la ONU ha intervenido al respecto, instando al Gobierno español a derogar dichas leyes, que ponen en peligro garantías, derechos y libertades fundamentales. 

 

Tenemos por ejemplo el artículo 31, que declara que "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad", y como sabemos, nuestro sistema tributario dista mucho de ser justo y progresivo, por mucho que nos quieran convencer de lo contrario. La Iglesia no paga impuestos, las grandes empresas y fortunas los evaden a paraísos fiscales, el Impuesto de Sociedades es eludido, las SICAV's de los multimillonarios tributan al 1%, así que los únicos que pagan impuestos son los trabajadores. Por su parte, el artículo 35 proclama que "todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia", que si no fuera por la denigrante y humillante situación que están pasando millones de personas, sería para reírse un rato. No es que se incumpla el derecho al trabajo, sino que también se incumple todo lo demás, porque ya ni siquiera el poseer trabajo cubre para satisfacer las necesidades propias ni familiares, ni se respeta la libre elección de profesión, ni existe promoción, porque lo único que existe es empleo temporal, ocasional, limitado, precario, indecente. También se incumple, desde las últimas Reformas Laborales, el artículo 37, que proclama el "derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios", porque simplemente, la negociación colectiva y los convenios han sido desmontados, en beneficio de la total hegemonía empresarial. 

 

Pero aún hay más. También se incumple el artículo 45, que afirma que "los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente", porque las recientes Ley de Montes, Ley de Costas, así como la defensa de técnicas agresivas contra el medio ambiente, como el fracking, y la negativa a abandonar los modelos energéticos fósiles, en detrimento de las energías renovables, atentan claramente contra este artículo. O el artículo 47, que consagra que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", así como que "los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias, y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho", porque más bien los poderes públicos han actuado en sentido contrario, impidiendo el derecho a la vivienda, especulando con la vivienda como un bien mercantilizado, y apoyando a la banca y las grandes inmobialiarias para crear la famosa burbuja, que al estallar ha provocado los desalojos de centenares de miles de familias sin alternativa habitacional. Y así podríamos seguir, refiriendo artículos dedicados a los derechos fundamentales de las personas, que son vilmente ignorados por el régimen "democrático" actual, que se proclama en los mítines fervorosamente defensor de la Constitución, esa misma que incumplen sistemáticamente, pero que van a volverse a reunir para celebrarla con todo el boato el próximo 6 de Diciembre. Pero como acabamos de exponer, por los vicios de fondo y de forma de la propia Constitución, así como por su flagrante incumplimiento, no tenemos nada que celebrar. 

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3 diciembre 2015 4 03 /12 /diciembre /2015 00:00

ALCA, ¡Alcarajo!

Hugo Chávez Frías (Jornadas de Mar del Plata, 2005)

Y eso es exactamente lo que nosotros debemos hacer con el TTIP, mandarlo al carajo, impidiendo las nefastas consecuencias, muchas de ellas irreversibles, que el peligroso tratado provocaría. Hemos hablado de pasada de muchos aspectos que el TTIP atacaría, pero aún nos quedan por mencionar muchos más, entrando más profundamente en algunos de ellos. Y como dijimos en nuestros primeros artículos de la serie, la recta final la reservamos para la propuesta de lo que, según algunas organizaciones de campesinos y trabajadores, debe ser el auténtico tratado, o si se quiere, el contratratado, que deberíamos conseguir, para proteger todos estos aspectos que el TTIP atacaría. Bien, otro inconveniente que el TTIP nos traerá será la práctica desaparición de nuestros productos (españoles, europeos en general) con "denominación de origen", que como sabemos, garantizan que cierto producto ha sido fabricado en tal sitio, con las garantías y la calidad adecuadas, y lo protege en el mercado. De hecho, Europa cuenta aproximadamente con unas tres mil "indicaciones geográficas" sobre gastronomía y vinos, de modo que tenemos la garantía de que se producen, por ejemplo, Champán francés, Cava catalán, Vino de La Rioja, Jamón de Jabugo o Queso Parmesano en sus localizaciones originales, y con la calidad pertinente. 

 

Pues bien, los negociadores norteamericanos del TTIP pretenden convertir todos nuestros quesos, vinos, jamones, etc., en genéricos, de tal manera que estos productos se puedan producir en cualquier sitio, y seguir denominándose con esos términos. Igualmente, podemos extrapolar los controles de calidad para cualquier otro tipo de productos, fuera de la alimentación, donde las normativas tiendan a homologar los controles, de tal forma que se no se garantice un mínimo de calidad o de seguridad. De hecho, sus intenciones, a un lado y a otro de las negociaciones, es eliminar en lo posible todos los "impedimentos para el comercio", un auténtico cajón de sastre donde cabría absolutamente todo. Ellos lo enuncian como un sistema de "Cooperación Regulatoria", en el que las propias multinacionales se involucren plenamente como "expertos", pero lo que evidentemente pretenden es impedir el establecimiento de nuevos estándares y regulaciones medioambientales, laborales, de salud o de seguridad, que protejan a los ciudadanos. Hemos de tener claro, como ya hemos expuesto en otros artículos de la serie, que el TTIP está pensado para las élites políticas y empresariales, es su herramienta perfecta, es un mecanismo de representación y poderío de estos agentes transnacionales del capitalismo, pero sin que tengan que presentarse a elecciones. 

 

Porque estos agentes, estas grandes empresas transnacionales, junto a los Organismos Internacionales que los defienden y los avalan (FMI, OCDE, BM, CE, BCE...) se representan a sí mismos, imponen su ideología a la fuerza, en palabras de Lola Sánchez (Eurodiputada de PODEMOS), "maquillada de no-ideología", como hace poco se expresaba el Presidente del BBVA, Francisco González, en una entrevista que comentamos en nuestro Blog. Intentan establecer un modelo, consagrar un sistema en el que nunca puedan perder, por eso el TTIP es su herramienta perfecta, el sueño de estas multinacionales, de los fondos de inversión, de los especuladores, de los buitres de la bolsa, en definitiva, de los mercados. El sueño de toda la ralea ultraliberal, para los cuales, todos nuestros males provienen de que tenemos Gobiernos y democracia, cosas que a ellos les estorba bastante. Por eso aprovechan, cada vez que gobiernan, para reducir el ámbito de lo público, y favorecer a lo privado. Su auténtico sueño es que los grandes poderes económicos gobiernen el mundo sin cortapisas, sin limitaciones, sin encorsetamientos, sin tener que rendir cuentas a nadie, y el TTIP les encamina perfectamente en este sentido, es una buenísima autopista para llegar a ese destino. En palabras de Lola Sánchez: "El sueño de los grandes poderes económicos ha sido siempre convertirse en legisladores, poder saltarse los canales y procedimientos democráticos, y no tener que soportar ni respetar más la voluntad popular y los mandatos que emanan de unas elecciones". 

 

Para ellos, por tanto, para los instigadores del TTIP, todo el andamiaje de nuestra sociedad, de nuestros modelos de convivencia, de cohesión social, de derechos sociales y laborales, de servicios públicos, etc., son "barreras e inconvenientes para el comercio", porque simplemente, son impedimentos para que ellos consigan sus auténticos objetivos, que se resumen en poder pisotear a la clase trabajadora, a la naturaleza, y a la democracia. El Tratado supondrá, si es aprobado, cargarse de facto, y por la puerta de atrás, todas las Declaraciones de Derechos Humanos que amparan a la ciudadanía del mundo occidental, instaurando un perverso modelo de desigualdad, tiranía empresarial y eliminación de todo tipo de garantías y derechos. El único mandato supremo al que aspiran es la desregulación, esto es, a desmontar todas las reglas democráticas que nos hemos impuesto, para ser una sociedad mínimamente civilizada, para construir otra cosa muy distinta, una sociedad desregulada, salvaje, imprevisible, una jauría humana que luche continuamente por su supervivencia, una sociedad sin reglas, sin barreras, sin obstáculos, y todo ello para que el comercio, en última instancia el capital, fluyan sin descanso y sin limitaciones. Les importan un pimiento la desigualdad social, la pobreza, la exclusión, el paro, los paraísos fiscales, el medio ambiente, el fraude fiscal, no les importa nada más que la eliminación de cualquier "barrera" que suponga "impedimentos" para sus negocios. La gente que piensa así es la que está detrás del TTIP. 

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2 diciembre 2015 3 02 /12 /diciembre /2015 00:00

Amortizado el efecto sorpresa de su irrupción en las elecciones europeas de mayo del 2014 y habiendo debido comparecer en tres elecciones sucesivas, su discurso ha perdido gran parte de su potencia impugnatoria y parece haberse acomodado en el terreno homologable de la corrección al que le empuja su vocación de partido atrapa-lo-todo. Tal ubicación le aleja y en cierto modo le incapacita para desempeñar el rol del partido de la ruptura democrática para la que al parecer había nacido

José Errejón, sobre PODEMOS

No es que a Pablo Iglesias le crezcan los enanos, es que sus gigantes se están empequeñeciendo. Era de esperar. Ya escribimos en su día sobre la línea de clara involución que estaba sufriendo la formación política de Pablo Iglesias, y por supuesto, en la figura de su líder recae, como no podría ser de otra forma, la mayor tarea de "domesticación" por parte de las clases dominantes. Los ejemplos que podemos poner son innumerables: en Cataluña, la formación "Catalunya sí que es pot" (CSQSP) ha votado recientemente alineándose con el tripardismo catalán (C's, PP y PSC), mal llamado "bloque constitucionalista", en contra de la puesta en marcha de la República Catalana, y en el resto del Estado, las propuestas están quedando cada vez más descafeinadas, porque ya no se habla de Proceso Constituyente, ni de auditoría de la deuda, ni de banca pública, ni de nacionalización de las empresas de los sectores estratégicos de la economía, ni de renta básica universal, ni de tantas otras grandes propuestas que en su día lanzaba Pablo Iglesias desde sus intervenciones en las tertulias. 

 

Ni siquiera en lo relativo a las propuestas pacifistas, tan en boga últimamente a raíz de los últimos atentados de París, PODEMOS ha estado a la altura, ya que no ha enarbolado, como era de esperar, un discurso radicalmente pacifista, que abogue no sólo por el fin de los bombardeos sobre Siria, sino también por nuestra salida de la OTAN, por la retirada de nuestras tropas de cualquier zona de conflicto, y por el desmantelamiento de todas nuestras bases militares norteamericanas. Lo único que se ha ofrecido ha sido un tímido Consejo de la Paz, con algunas propuestas interesantes, que por supuesto suscribimos en su totalidad, pero sin ir a la raíz de los problemas, así como la propuesta de someter a referéndum la participación de nuestro país en cualquier conflicto bélico. 

 

Pero este "proceso de domesticación" al que nos referimos llega a más, pues no se limita sólo al recorte o suavización de las propuestas de la formación del círculo, sino que atañe también al propio comportamiento y actitud de su líder, Pablo Iglesias, que ya interviene en Desayunos Informativos en grandes hoteles de Madrid, delante de empresarios y de gente de la "casta", donde afirma que "No es lo mismo ser Profesor de Universidad y presentador de un pequeñísimo programa de televisión, que aspirar a ser Presidente de tu país". Por supuesto, dicha "casta" asistente al acto le ha dado a Iglesias la "bienvenida a la normalidad", e incluso le han deseado suerte en las próximas Elecciones Generales. Todo un triunfo. ¡Ya tenemos a una casta acostumbrada a ver aparecer al señor de la coleta!...¿o será el señor de la coleta el que se está acostumbrando, familiarizando, con dicha casta? Porque si es así, estamos en una situación tremendamente peligrosa. Atrás se quedó aquéllo de "tomar el cielo por asalto", porque ahora Iglesias afirma que "en democracia los asaltos se hacen llamando al timbre", es decir, de forma muy educada, sin molestar a estos grandes señores del IBEX-35, no vaya a ser que se produzca la "inestabilidad" que enturbie sus negocios. 

 

Reconoce incluso que PODEMOS no aspira a "un futuro utópico", para que dichos grandes personajes de nuestra economía no se escandalicen, sino a un país en el que todos sus ciudadanos disfruten de unas condiciones mínimamente dignas, en lo cual me ha recordado al mensaje casi de disculpa de Manuela Carmena ("Tranquilos, no soy comunista, nunca lo he sido"), en una cita de parecido linaje. Admitió también Pablo Iglesias que para liderar un Gobierno en situaciones que pueden ser difíciles, "hay que mejorar y revisar ciertas cosas", porque parece ser que, en caso contrario, la campaña de hostigamiento hacia el señor de la coleta, y sus acompañantes, se hubiera recrudecido...pero no, parece ser que, como los mensajes y las propuestas se han tornado más suaves, no tan molestas para dicha casta, dicha campaña de hostilidad también ha disminuido. No es que lo vayan a tratar con alfombra roja como hacen con Albert Rivera, cuyos planteamientos gustan más a los empresarios, pero al menos, ya no atacan con tanta virulencia como antes. Ya parece ser que se han olvidado de sus reproches a PODEMOS por sus vínculos con Venezuela, a medida que la gente de Pablo Iglesias también ha ido marcando distancias con aquél régimen, de aquel país que, según Iglesias, "está tan lejos". Lo que se le olvida a mi querido Pablo es que las clases trabajadoras de todo el mundo estamos muy cerca, aunque nuestros países estén muy lejos. Muy cerca en explotación, en desmontaje de nuestros derechos, y en padecer los ataques de esta insaciable derecha política, social y mediática.

 

Hasta las expresiones, la forma de hablar, el "talante" (como diría Zapatero), están cambiando por completo. Ya tenemos a un Pablo Iglesias que apela a la responsabilidad de Estado, a la inteligencia, al diálogo y al consenso para afrontar los asuntos esenciales de nuestro país, igual que el resto de líderes políticos que se presentarán a la cita electoral del 20D. Y no se lo pierdan...¡incluso muestra sus preferencias en los resultados de los partidos de fútbol! ¡Qué pasada! Pero en fin, tengo que reconocer que a algunos nos gustaba más el Pablo Iglesias salvaje, que arremetía contra la casta de chorizos y de corruptos que nos gobernaban, y que prometía poner todos los cimientos de nuestro país patas arriba, para cambiar dicha situación, y favorecer a las clases más vulnerables, transformándonos en una sociedad más libre, justa, avanzada y democrática. Pero en fin, parece que todo eso quedó atrás, y que ya tenemos a un líder de PODEMOS que ha comprendido cómo está montada la sociedad, y no tiene muchas intenciones de cambiarla. 

 

 

Así que ya tenemos a un Pablo Iglesias donde ellos querían, casi completamente domesticado, inofensivo, acomodado, despojado de su rebeldía, incapaz de poner en cuestión los grandes pilares del sistema. La traición a la lucha y a los postulados del 15-M es prácticamente total, y todo está quedando en varios fichajes estrella para sus listas electorales, y en la presentación de una serie de propuestas de corte socialdemócrata, que hasta el mismo PSOE podría suscribir. Como hemos afirmado en otras ocasiones, para este viaje no hacían falta tantas alforjas. PODEMOS debería haberse desmarcado claramente de sus oponentes electorales, mediante propuestas absolutamente radicales en temas estrella que hoy día son imprescindibles para una auténtica regeneración democrática, tales como la Monarquía, el desmontaje del poder de la Iglesia Católica, los planteamientos de carácter pacifista, feminista y ecologista, la recuperación del empleo público, el fin de la hegemonía empresarial, o el inicio de un nuevo Proceso Constituyente para que la ciudadanía pueda conformar democráticamente un nuevo orden territorial, social y político para nuestro país.

 

Pero a tenor de la deriva de su comportamiento, PODEMOS (sobre todo desde la figura de su líder, Pablo Iglesias) está condenado a caer en la irrelevancia, sirviendo únicamente como acompañante de los clásicos partidos del régimen del 78, en un insulso debate sobre cuestiones de importancia menor. Afirmo todo esto desde la tristeza, pues nada me gustaría más que contemplar cómo la formación morada vuelve a sus orígenes, continúa fiel a los postulados frescos, rebeldes y revolucionarios del movimiento del 15-M, y vuelve a representar una opción política de auténtica ruptura con los poderes fácticos que nos han gobernado durante todos estos años. Pero ello sólo podrá hacerse mediante propuestas valientes y radicales, y cada vez dudamos más que Pablo Iglesias y sus podemitas estén en esa onda. Porque muchos de nosotros aún pretendemos seguir tomando el cielo por asalto, y no tener que disculparnos por ser comunistas. 

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1 diciembre 2015 2 01 /12 /diciembre /2015 00:00

Para transformar la realidad, el primer paso suele ser aprender a verla con una mirada nueva, y ser capaces de mostrarla a los demás bajo esa luz

Jorge Riechmann

Poníamos el foco de atención, en el último artículo de esta serie, en el aparente cuestionamiento del sistema que pueden realizar algunos medios de comunicación, algunos partidos, algunos movimientos sociales, algunas Instituciones, etc., cuando en realidad sólo son pequeños parches que no intentan renovar completamente el sistema, sino sólo cambiar pequeñas partes del mismo. La simple denuncia de estos aspectos no basta. Si no nos enfrentamos de verdad al sistema, con decisión y voluntad, desde una visión integradora, es decir, si no nos enfrentamos al sistema como un TODO, el sistema nos seguirá venciendo. Los estallidos sociales se quedarán en eso. Con la desesperación de la gente, con la denuncia y la protesta, incluso aunque se consigan victorias parciales, no venceremos al sistema. La auténtica revolución necesita una conciencia individual, y por extrapolación masiva una conciencia social, que comprenda que hay que enfrentarse al sistema en su conjunto, y que hay que hacerlo de forma completa y total, hasta acabar con él. Sólo hemos de ver las propuestas electorales de las nuevas formaciones políticas emergentes a derecha e izquierda (CIUDADANOS y PODEMOS), para darnos cuenta de que parchean por aquí y por allá, denuncian esto y lo otro, corrigen a diestro y siniestro, pero en realidad, ninguno de los dos plantea, a día de hoy, las transformaciones necesarias para que el sistema comience a funcionar de otra forma. 

 

Deste este punto de vista, el pensamiento dominante nos anestesia para que aceptemos el sistema, para que abandonemos la idea de enfrentarnos a él, para que veamos sus cosas positivas ("España es un gran país", es una de las frases favoritas de Rajoy, en su infinito cinismo), o para que contemplemos la opción de cambiarlo como alguno utópico, innecesario o demasiado complejo. De esta forma,  la inmensa mayoría de la ciudadanía acepta lo que hay, con sus luces y sus sombras, con sus ventajas e inconvenientes, con sus bondades y sus maldades, con sus imperfecciones, pero como el único sistema posible. Sin embargo, como ya hemos indicado, el pensamiento realmente alternativo no acepta esta premisa. Poco hubiera cambiado el mundo, y pocos líderes auténticos hubieran existido, sin gente que se cuestionara y se enfrentara realmente a él. El pensamiento alternativo denuncia por tanto al propio sistema en su conjunto, impugna sus perversas reglas desde la propia base de las mismas, niega la mayor, no reconoce sus básicas premisas, en definitiva, impugna al capitalismo de forma íntegra y global. 

 

Por tanto, el bombardeo del pensamiento dominante se empeña en hacernos creer que las medidas que se implementan, y las decisiones que se toman, son las únicas posibles, ya que  no hay, según él, otro modo de hacer las cosas. En complicidad con él, y en el contexto actual de nuestra Unión Europea, dicho pensamiento único es ratificado, propagado y asumido desde las más altas Instituciones, que avalan sin fisuras las medidas de corte neoliberal que se adoptan en el marco de sus Tratados y de sus Directivas. Y para asentar este pensamiento único, se evita la difusión de las discrepancias, se acallan las voces rebeldes, se esconden los informes alternativos, y se ahogan los medios que difunden otros planteamientos. Tan sólo se da voz sobre todo a las pequeñas discrepancias, pero no a las más importantes, ni a las más radicales. De esta forma, los medios capitalistas van creando la falsa ilusión de que vivimos en una sociedad plural, donde todas las ideas son expuestas por igual, pero nada más lejos de la realidad. Y de esta forma, intentando hacer ver que vivimos en sociedades donde todas las voces son escuchadas, es como el pensamiento dominante se asegura de que el pueblo siga pensando que estamos en una democracia plena.

 

Se llega incluso al desatino más descarado, que consiste en reconocer por un lado los efectos perversos de las políticas aplicadas (no hay más que ver los informes periódicos del FMI, de la OCDE y de otros organismos, que nos dan una de cal y otra de arena, pero en el mismo lado), mientras se insiste en que hay que continuar por la senda de dichas medidas. No hace falta ser muy inteligente para concluir que si las medidas fracasan...¿por qué se nos continúa recomendando su aplicación? Y de esta forma, las medidas supuestamente tomadas para combatir la crisis son en verdad la continuación, la intensificación, de las mismas políticas que las provocan. Si el dominio del poder económico no fuera absoluto, hace tiempo que los dirigentes de dichas Instituciones y Organismos estarían en la cárcel, acusados de cometer crímenes económicos contra la Humanidad. Se nos dice, por ejemplo, que tenemos "desequilibrios excesivos" a nivel macroeconómico, y que hay que corregirlos, pero en cambio no se fijan en el mayor desequilibrio que existe, que es la propia desigualdad social. Ésta no importa, porque, simplemente, no importan las personas. Todos estos ejemplos nos sirven para demostrar que el dogma neoliberal se constituye en ciencia y en religión. Se acata mayoritaria y abrumadoramente. Es el que se enseña en las Facultades de Economía de todas las Universidades, y a aquél que intente ponerlo en cuestión, se le trata de iluso, radical o irresponsable. Se margina cualquier idea crítica con él, y a todos los que las viertan. Debemos por tanto renunciar al determinismo económico, que a su vez nos instala en el determinismo político. 

 

De igual forma, las supuestas "Comisiones de Expertos" que avalan a los Gobiernos para la toma de decisiones sobre la implantación de ciertos planes o medidas no son neutrales, ni sus datos y consejos los únicos posibles. Siempre se pueden tomar otras decisiones, beneficiar a otros colectivos, y perjudicar a otros tantos. La economía no es una ciencia exacta, sino una ciencia social, sujeta a múltiples teorías interpretativas, que responden a las decisiones (polìticas) que se pretendan tomar. Es decir, primero ha de venir la política, y luego la economía, que debe estar al servicio de ella, para hacer posible las decisiones que la política dicta. Al final, se trata de un juego de opciones, porque todo responde a un esquema de intereses. Hay que desconfiar por tanto de los economistas que presentan "la verdad" de lo que se puede o no se puede hacer, porque su verdad siempre responde a los intereses que están detrás. Por tanto, otra lucha que debemos sostener frente al pensamiento dominante es rechazar el postulado de que la economía es una ciencia neutra, porque no lo es. Como el resto de ciencias sociales, y la economía no lo es menos, obedece siempre a ciertos intereses. Pero el pensamiento único pretende que creamos que la economía es pura ciencia, infalible, incuestionable, y que por lo tanto, es la política la que debe obedecer a la economía.

 

Es de esta forma como hemos llegado a la situación donde los criterios económicos se van imponiendo a los criterios políticos, y se nos dice, entre otros muchos ejemplos, que "la renta básica no es posible, no hay dinero para financiarla", lo cual es rotundamente falso. Nos han hecho creer que la economía posee un valor supremo, e incluso se va instalando un gobierno de "técnicos", una tecnocracia, donde los criterios políticos dependen de los criterios económicos, que son los que dicen lo que se puede o no se puede hacer...pero los criterios económicos, ¿a qué criterios obedecen? Pues rotundamente a criterios políticos, que son los del gran capital, obedecen a los criterios que le interesa a la clase dominante, que son los criterios de la sociedad capitalista, pero esto se esconde, no se reconoce, se oculta, se disfraza de necesidad técnica, para lo cual se utilizan incluso complejas fórmulas y ecuaciones matemáticas para intentar demostrar científicamente la necesidad de la adopción de tales o cuales medidas, que aparecen soportadas por todo un cuerpo científico, al parecer, incuestionable. Continuaremos en siguientes entregas.

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30 noviembre 2015 1 30 /11 /noviembre /2015 00:00

La deuda representa la subordinación del poder político, la geografía, la historia, la cultura y la demografía a las multinacionales, el mercado, los paraísos fiscales y el poder financiero. En este sentido, la deuda pública es puro artefacto ideológico que expresa la hegemonía de la elite dominante del régimen capitalista

Armando B. Ginés

Traspasada ya la barrera de los 100 artículos, continuamos exponiendo, siguiendo nuestro artículo principal de referencia, los criterios que podemos utilizar a la hora de repudiar, rechazar o cuestionar el pago de una parte o de la totalidad de una deuda pública, previa auditoría ciudadana de la misma. Pues bien, otra casuística es la que se refiere a las deudas resultantes de un contrato afectado por lo que podríamos denominar como "un vicio de consentimiento". Partimos de la base, para estos casos, de que la firma y ratificación de un acuerdo de préstamo en su debida forma no son suficientes para dar validez a la deuda en cuestión. En efecto, el consentimiento para la misma ha podido ser alterado. Es entonces cuando se habla de vicios de consentimiento. La Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados y la misma Convención ampliada a los tratados entre Estados y organismos internacionales de 1986 indican varios vicios de consentimiento que pueden llevar a la nulidad del contrato de préstamo. Entre ellos, destacamos la corrupción del contratante por medios directos o indirectos durante la negociación, la coacción ejercida sobre el contratante por medio de actos o amenazas dirigidos contra éste, o la situación de dolo (engaño). 

 

Estos vicios de consentimiento se encuentran recogidos también en numerosos cuerpos legislativos nacionales, que los respectivos Parlamentos pueden invocar. Y por su parte, constituyen una coacción todas las amenazas injustificadas encaminadas a forzar el consentimiento. Por ejemplo, acabamos de ver en Grecia cómo el BCE provocaba un "corralito" con los ahorros de la ciudadanía, para infundir una situación de miedo generalizado, y obtener a cambio un voto favorable a las condiciones del rescate planteadas por la Troika. Pues bien, sobre la base de todos estos elementos, pueden considerarse ilegítimas: las deudas resultantes de préstamos "tóxicos" otorgados por bancos en violación de su obligación de información, las deudas resultantes de hechos corruptos (algo muy típico cuando hay empresas privadas por medio), y las deudas contraídas por los Gobiernos en el marco de acuerdos tomados entre las Instituciones Financieras Internacionales y la Troika. Ésta última situación es la que ha afectado a Grecia, Portugal, Irlanda y España, ya que al no poder pedir razonablemente préstamos a largo plazo en los mercados financieros debido a las exhorbitantes tasas de interés, los Gobiernos de estos países se han visto obligados a recurrir a la Troika, y ésta ha aprovechado su situación de prestamista de último recurso para imponer Memorándums de Entendimiento (ME) con perversas condiciones, que violan de manera flagrante los derechos humanos y la soberanía de los Estados. 

 

Pero recordemos que los países del Sur se vieron enfrentados a la misma suerte tres décadas antes que nosotros, durante los años 80 y 90, con motivo de la crisis de la deuda del Tercer Mundo de 1982. Al igual que nosotros ahora, se vieron obligados a pedir préstamos al FMI y al Banco Mundial, y a tener que someterse a sus condiciones. Por ello, entendemos que en todos estos casos, su consentimiento no fue ejercido libremente. De hecho, para dichos países, la situación de endeudamiento generado por dichos préstamos les obligó a realizar auditorías de su deuda, y muchas de ellas fueron repudiadas durante los últimos años. A partir de la lección aprendida, los países del Sur más avanzados han plasmado en sus respectivas Constituciones las indicaciones pertinentes que impiden que dichas situaciones se puedan volver a dar en un futuro. Vamos a abordar la tercera gran clasificación de la casuística de posibles deudas ilegítimas ya avanzada en anteriores artículos, que es la que está relacionada con las propias condiciones de los préstamos. Y bajo esta óptica, nos interesamos por el objeto mismo del acuerdo del préstamo. Se trata por tanto de estudiar en detalle las clásulas del contrato y las condiciones vinculadas al mismo, el objetivo del endeudamiento resultante, y comprobar que, en todo caso, se respeta el derecho nacional e internacional. 

 

Básicamente, el objeto lícito o moral constituye una condición per se para la validez de un contrato en numerosas legislaciones nacionales civiles y comerciales. Reduzcámoslo al absurdo con el siguiente ejemplo: no podemos entrar en un banco, y decirle al responsable que queremos que nos conceda un préstamo para comprar un cañón para dispararle a un edificio repleto de personas. Pues es así de simple. Recordemos que los Estados tienen la obligación de respetar los textos internacionales que protegen los derechos humanos, y que esta obligación prevalece sobre cualquier otro acuerdo. En resumidas cuentas, la concesión de un préstamo cuya aplicación conlleva implícita una violación de los DDHH o de la soberanía de un Estado, es nula de pleno derecho, y por ende, su deuda derivada, también. Esta deuda, por ilegítima, no ha de ser reembolsada, y las condiciones ligadas al acuerdo de préstamo han de ser rechazadas por los poderes públicos. Sobre la base de estos elementos, pueden considerarse ilegítimas las deudas provenientes de los siguientes conductos, sin pretender lanzar una exhaustiva lista: las deudas contraídas en el marco de acuerdos cuyo objeto es limitar la soberanía de los Estados y cuya aplicación conlleva la violación de los DDHH, las deudas contraídas para adquirir material militar, las "ayudas ligadas", y las deudas contraídas para financiar la construcción de grandes proyectos de infraestructuras no rentables o que perjudican a las poblaciones o al medio ambiente. Haremos una exposición más detallada de todas ellas en la siguiente entrega.

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