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20 febrero 2013 3 20 /02 /febrero /2013 00:00

La polémica sobre los sueldos de nuestros políticos ha vuelto a saltar a la palestra hace pocos días, a raíz de unas declaraciones de algunos dirigentes de CIU, concretamente del Alcalde de Barcelona, Xavier Trías, y del Presidente de Uniò Democrática de Catalunya, Josep Antoni Duran i Lleida. Según ellos, y simplificando el mensaje, nuestros políticos en general, y los altos cargos en particular, están muy mal pagados. Y todo esto, además, se ha visto colateralmente tratado también a raíz de la publicación de las últimas declaraciones de renta y patrimonio del Presidente del Gobierno, a raíz del estallido del llamado Caso Bárcenas, y de la publicación y comparativa con los sueldos de algunos otros Presidentes extranjeros.

 

sueldos politicos1

 

 

Los datos pueden consultarse en la web de Moncloa, y los relativos a nuestros Diputados y Senadores en la propia web del Congreso. Los datos pueden además extrapolarse a la media de sueldos de los altos cargos a nivel nacional, autonómico y local, sobre lo cual a continuación daremos algunos datos interesantes. Bien, por poner un poco de orden, comenzaremos por los Presidentes de Gobierno. En España contrastan los 74.000 euros de Mariano Rajoy, con los 168.000 (siempre aproximadamente) de David Cameron, los 178.000 euros de François Hollande, los 247.000 de Angela Merkel (la líder europea mejor pagada), o los 295.000 de Barack Obama. Pero más allá de esto, y mirando sólo a nivel nacional, nos encontramos con una gran disparidad, en el sentido no sólo de no estar dichos sueldos regulados oficialmente, sino en que tenemos Presidentes de Comunidades Autónomas y Alcaldes de grandes ciudades que cobran mucho más que el Presidente del Gobierno. La norma general es que los mayores sueldos se dan en Cataluña (¿nos sorprende esto?).

 

sueldos politicos2

 

 

De ahí que la reciente polémica por algunas declaraciones de dirigentes catalanes de CIU haya abierto una nueva brecha en este sentido. El Alcalde de Barcelona cobra 110.000 euros anuales, y para él, lo que cobra Rajoy poco menos que es una miseria. En ese sentido ha abundado Duran i Lleida, diciendo que los sueldos de los Presidentes del Gobierno son muy bajos, aunque a continuación apostillaba que "es un debate que ahora mismo no aceptaría la sociedad española" (entiendo que en referencia a la mala situación económica por la que atravesamos). Concretamente, Duran i Lleida argumentaba que "una persona que con sus decisiones dirige el rumbo y los destinos de más de 47 millones de personas no puede cobrar eso". Nos dejan bien claro desde estas formaciones políticas cómo entienden ellos la dedicación a esta tarea pública. Para empezar, habría que aclararles a los de CIU que un Presidente de Gobierno de cualquier país, en una auténtica democracia, no debería "dirigir los destinos" de su nación, sino que los destinos los dirigen los propios ciudadanos (democracia = gobierno del pueblo).

 

sueldos_politicos3.jpgDe dichos comentarios se deriva el concepto de democracia que poseen estos dirigentes conservadores catalanes. Pero incluso aunque así fuera, la dedicación a la política (aún siendo una profesión, en contra de lo que muchos quieren hacernos creer) no puede hacerse en función de la remuneración económica del cargo en cuestión. Ellos usan su palabra mágica: responsabilidad. Y en base a ella pretenden justificarlo todo. Están totalmente equivocados. Desde la izquierda pensamos que los políticos deben estar "dignamente" pagados, pero no altamente pagados. Y ello porque nosotros no creemos en las desigualdades, y por tanto no entendemos que, en base a esa supuesta "responsabilidad" (llevada tanto al ámbito público como al privado) puedan existir personas que cobren 20, 50 ó 100 veces más que un ciudadano/a medio. No hablemos ya del sector privado, donde se dan las desigualdades más brutales en este sentido. Por poner un ejemplo, los límites para los sueldos de directivos para entidades bancarias nacionalizadas se han situado en 300.000 euros anuales (salen a unos 25.000 euros mensuales), mientras que a los desempleados se les da una limosna de 400 euros mensuales. Un país con este margen de desigualdad social es un país insostenible.

 

sueldos_politicos4.jpgPero volviendo a los políticos, nosotros pensamos que hay que establecer una normalización para todos los cargos públicos. No entendemos que el Alcalde de Santa Coloma de Gramenet tenga que cobrar más (o menos) que el Alcalde de Mijas, por ejemplo. Como tampoco entendemos que el Presidente de Castilla-León tenga que cobrar más (o menos) que el Presidente de Canarias, siendo además todos ellos similares en carga de población. Por tanto, homologación de todos los sueldos de los cargos públicos. E igual que abogamos por un nivel digno en el Sueldo Mínimo Interprofesional (SMI) y en la pensión mínima (nosotros proponemos 1.000 euros en ambos casos), también abogamos por unos salarios máximos en las Administraciones Públicas. Ningún cargo debería cobrar más que el Presidente del Gobierno. Y ningún alto cargo público debería cobrar más del Sueldo Público Máximo (SPM), que bien podría estar situado alrededor de los 5.000 euros brutos mensuales (es decir, unos 70.000 euros brutos anuales). Bien, pues vamos a ver cómo está actualmente la situación.

 

sueldos_politicos5.jpgCon respecto al ránking de sueldos de Presidentes Autonómicos, y según fuentes de las Leyes de Presupuestos, Prensa y PEF (2012-2014), tenemos una media de algo más de 76.000 euros anuales, con los topes máximos en Cataluña (con 122.000 euros) y mínimo en Cantabria (59.000 euros). Con respecto al ránking de sueldos de los Directores Generales Autonómicos, tenemos una media de 59.000 euros, desde los 74.000 euros de Directores Generales en Madrid y Cataluña, hasta los 49.000 euros de Directores Generales en Andalucía. En cuanto a los sueldos de los Consejeros de Comunidad Autónoma, el ránking nos sitúa entre el máximo de 92.000 euros de un Consejero catalán, y el mínimo de 56.000 euros de un Consejero cántabro, con una media nacional de unos 67.000 euros. Y por último y sobre los Alcaldes, tenemos también muchísima disparidad: los de más altos sueldos están en Barcelona (Xavier Trías, ya referido) con 110.000 euros, Madrid (Ana Botella) con 94.000 euros, Bilbao (Iñaki Azcuna, nombrado Mejor Alcalde del Mundo recientemente) con 92.000 euros, Zaragoza (Juan Alberto Belloch) con 92.000 euros, Valladolid (Francisco Javier León de la Riva) con 91.000 euros, Valencia (Rita Barberà) con 90.000 euros, etc., hasta llegar al los sueldos más bajos, como Hoyo de Manzanares, con 33.000 euros, Sestao (39.000 euros), San Fernando de Henares (42.000 euros), Coín (54.000 euros), etc.

 

sueldos_politicos6.jpgMuchos de ellos en pequeñas localidades han renunciado a su sueldo de Alcalde o Alcaldesa, pero es porque continúan cobrando como diputado autonómico, y también se está dando el fenómeno contrario, sobre todo en algunos pueblos de Castilla-La Mancha, donde como el PP, partido gobernante y mayoritario en el Parlamento autonómico, les ha quitado sus sueldos de diputados, algunos han vuelto a rescatar su sueldo como Alcaldes de dichas localidades (por cierto, sueldos escandalosos en muchos casos). Como estamos poniendo de manifiesto, el tema de los sueldos de los políticos y cargos públicos necesita en este país una muy buena revisión, para acabar con el caos y el abuso dominante. Básicamente y resumiendo, necesitamos una homologación de sueldos públicos para todas las categorías de altos cargos, y unos topes máximos de retribución para todo cargo público, tomando como referencia máxima la retribución del Presidente del Gobierno.

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19 febrero 2013 2 19 /02 /febrero /2013 00:00

Una vez enunciados los grandes principios y necesidades generales para establecer un Plan de Choque contra la corrupción (véase artículo anterior de esta serie), comenzamos ya directamente con las medidas propuestas. La totalidad de las medidas se dividen a su vez en 9 bloques temáticos, según el área a la que vayan destinadas, a saber: persecución de los delitos (Bloque I), prevención y lucha contra el fraude fiscal (Bloque II), control sobre la contratación del sector público (Bloque III), control de los procedimientos urbanísticos (Bloque IV), cargos públicos (Bloque V), control sobre las cuentas públicas (Bloque VI), campañas electorales (Bloque VII), partidos políticos (Bloque VIII) y medidas contra el transfuguismo (Bloque IX).

 

Bloque I. Medidas relativas a la persecución de los delitos relacionados con la corrupción.

  

1.- Ampliación de los tipos penales y endurecimiento de las penas establecidas en el Código Penal para los corruptos y para los corruptores públicos y privados, especialmente para los delitos en materia urbanística y de ordenación del territorio, malversación o apropiación indebida de caudales públicos, prevaricación con fines de lucro, cohecho, soborno, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, alteración de precios en concursos y subastas públicas, enriquecimiento injustificado con recursos públicos o privados, omisión del deber de perseguir delitos, blanqueo de capitales y cohecho impropio, es decir, aquél en el que no se pueda probar contraprestación a los obsequios recibidos por un cargo público. Inclusión en el Código Penal del delito de soborno impropio, y la financiación ilegal de partidos políticos. Endurecimiento de las penas por delito fiscal. Establecimiento de penas agravadas cuando el delito se cometa a través de la utilización de paraísos fiscales. Ampliación sustancial de los plazos de prescripción. Simplificación de los procesos y reducción de los plazos de instrucción. Medidas efectivas para la recuperación de las cantidades sustraídas al erario público, incluyendo las medidas cautelares pertinentes.

 

2.- Ampliación hasta 30 años de la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público electo, de libre designación o por concurso público para los condenados por los delitos señalados en el punto anterior.

 

3.- Establecimiento de procedimientos de urgencia para los expedientes judiciales en los que se encuentren imputados cargos públicos.

 

4.- Incorporación a todo el ordenamiento legal de las recomendaciones adecuadas del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa.

 

Bloque II. Medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

 

5.- Desarrollo de la Ley General Tributaria y del Reglemento de Gestión e Inspección Tributaria para conseguir una mayor eficacia en la prevención y lucha contra el fraude fiscal.

 

6.- Atribución, mediante Ley, a la Agencia Tributaria del Estado, de la función de investigar el fraude fiscal organizado y el blanqueo de capitales en funciones de auxilio a la Justicia.

 

7.- Dotación de todos los medios financieros, materiales, tecnológicos y humanos adecuados a la Agencia Tributaria del Estado (inspectores, técnicos, agentes tributarios y auxiliares administrativos) para que pueda desempeñar sus tareas sin ninguna limitación. También al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España (SEPBLAC). También a las Fuerzas de Seguridad encargadas de la lucha contra la delincuencia económica y fiscal y contra el crimen organizado. Igualmente a la Fiscalía Anticorrupción y a las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas competentes en la persecución de estos delitos, organismos todos ellos que han de funcionar coordinadamente y permitiendo el cruce de datos bajo supervisión judicial.

 

8.- Reforzamiento de la coordinación entre la Agencia Tributaria del Estado y las Administraciones Autonómicas competentes.

 

9.- Creación de un Cuerpo de Policía Fiscal en la Agencia Tributaria del Estado en el que se integrarían unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, junto a las Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera, manteniendo todas ellas su dependencia orgánica respectiva, bajo la dependencia funcional de la Oficina Nacional Antifraude.

 

10.- Investigación y persecución por la Agencia Tributaria de los incrementos del patrimonio de las personas físicas y jurídicas carentes de justificación, con relación a los delitos declarados.

 

11.- Plan de lucha contra el fraude en el IVA. Persecución de las tramas que se dedican a defraudar en el IVA mediante el denominado "fraude carrusel", y en general, contra el fraude masivo, colectivo y organizado. Aplicación del régimen de módulos en exclusiva para ventas a consumidores finales.

 

12.- Creación de un Registro de Tenedores de billetes de 500 euros (desde Izquierda Unida ya se ha propuesto varias veces algo más drástico, como es la eliminación de estos billetes en toda la Unión Europea).

 

13.- Establecimiento de responsabilidad económica subsidiaria para las Instituciones Financieras cuya colaboración sea precisa para operaciones de blanqueo de capitales, ocultación de bienes y capitales en España o en el extranjero, incluídos los paraísos fiscales, con los recursos procedentes de acciones delictivas como las señaladas en el punto primero.

 

14.- Prohibición de que las entidades bancarias españolas tengan o puedan abrir sucursales o filiales en paraísos fiscales. No recocimiento de personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil español. Todo movimiento de fondos que tenga como origen o destino cualquier territorio internacional calificado como paraíso fiscal debe tributar en España al tipo del 24%. Identificación de los verdaderos titulares de esos movimientos. Coordinación de las investigaciones entre la Agencia Tributaria, el Ministerio del Interior y la Fiscalía. Obligación de las filiales o sucursales de empresas transnacionales y entidades financieras de informar sobre sus operaciones financieras en paraísos fiscales. Plan de comprobación de sociedades, empresarios, profesionales, artistas y deportistas con residencia en paraísos fiscales.

 

15.- Elaboración y publicación anual de un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida y del fraude fiscal, para su presentación y debate en las Cortes Generales y Parlamentos autonómicos.

 

Bloque III. Medidas de control de los procesos de contratación de las Administraciones Públicas.

 

16.- Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para limitar las revisiones de los precios de la contratación, evitar las divisiones injustificadas de los contratos, e incorporar las garantías y reformas establecidas por la Unión Europea.

 

17.- Ley de Transparencia e Información Pública. Regulación de la publicidad institucional y del régimen de subvenciones públicas.

 

18.- Todos los documentos e informaciones relativas a los procedimientos y decisiones de contratación y de urbanismo, deben poder consultarse en tiempo real, en Internet o en ventanilla, de forma totalmente pública y gratuita.

 

Continuaremos en siguientes entregas.

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18 febrero 2013 1 18 /02 /febrero /2013 00:00

Nos hacemos eco en el presente artículo, y lo tomamos como tribuna de difusión, del Manifiesto Antifascista Europeo, escrito por la redacción de la revista Viento Sur, y publicado recientemente en Rebelion. Las negritas y cursivas son nuestras, salvo las del lema final. Por supuesto, el texto lo suscribimos completamente:

 

Sesenta y ocho años después de la Segunda Guerra Mundial y la derrota del fascismo y del nazismo, se asiste en casi toda Europa al ascenso de la extrema derecha. Pero, fenómeno aún más inquietante, se ve cómo se desarrollan a la derecha de esta extrema derecha fuerzas directamente neonazis que, en ciertos casos (Grecia, Hungría…) se enraízan en la sociedad formando verdaderos movimientos populares de masas, radicales, racistas, ultraviolentos y pogromistas cuyo objetivo declarado es la destrucción de toda organización sindical, política y cultural de los trabajadores, el aplastamiento de toda resistencia ciudadana, la negación del derecho a la diferencia y el exterminio -incluso físico- de los “diferentes” y de los más débiles.

 

Como en los años veinte y treinta, la causa generadora de esta amenaza neofascista y de extrema derecha es la profunda crisis económica, social, política y también ética y ecologica del capitalismo que, tomando como pretexto la crisis de la deuda, está llevando a cabo una ofensiva sin precedentes contra el nivel de vida, las libertades y los derechos de los trabajadores, contra todos los y las de abajo.

 

Aprovechándose del miedo de los pudientes ante los riesgos de explosión social, así como de la radicalización de las clases medias alcanzadas por la crisis y las draconianas políticas de austeridad, y de la desesperación de los parados marginados y pauperizados, la extrema derecha y las fuerzas neonazis y neofascistas se estan desarrollando en toda Europa; y adquieren una influencia de masas sobre las capas desheredadas a las que dirigen sistemáticamente contra tradicionales y nuevos chivos expiatorios (los inmigrantes, los musulmanes, los judíos, los homosexuales, los minusválidos...) así como contra los movimientos sociales, las organizaciones de izquierda y los sindicatos obreros.

 

Es cierto que la influencia y la radicalidad de esta extrema derecha no son las mismas en toda Europa. Sin embargo, la generalización de las políticas de austeridad draconiana tiene como consecuencia que el ascenso de la extrema derecha sea ya un fenómeno casi general. La conclusión es evidente: el hecho de que el ascenso impetuoso de la extrema derecha y la emergencia de un neofascismo ultraviolento de masas no sea ya la excepción a la regla europea obliga a los antifascistas de este continente a enfrentarse a este problema en su justa dimensión, es decir, ¡en tanto que problema europeo!

 

Pero decir esto no basta si no se añade que la lucha contra la extrema derecha y el neonazismo es de una urgencia absoluta. En efecto, en varios países europeos la amenaza neofascista es ya tan directa e inmediata que transforma la lucha antifascista en combate de primerísima prioridad, en el que está en juego la vida o la muerte de la izquierda, de las organizaciones obreras, de las libertades y de los derechos democráticos, de los valores de solidaridad y de tolerancia, del derecho a la diferencia. Decir que estamos en una carrera contra la barbarie racista y neofascista corresponde ya a una realidad verificada cada día en las calles de nuestras ciudades europeas...

 

Vista la profundidad de la crisis, las dimensiones de los desastres sociales que provoca, la intensidad de la polarización política, la determinación y la agresividad de las clases dirigentes, la importancia de los objetivos históricos del enfrentamiento en curso y la amplitud del ascenso de las fuerzas de la extrema derecha es evidente que el combate antifascista constituye una opción estratégica que exige una seriedad organizativa y una dedicación política y militante a largo plazo. En consecuencia, la lucha antifascista debe estar estrechamente ligada al combate cotidiano contra las políticas de austeridad y el sistema que las genera.

 

Para resultar eficaz y responder a las expectativas de la población, la lucha antifascista debe organizarse de forma unitaria y democrática y ser producto de las propias masas populares. Ciudadanas y ciudadanos deben organizar su lucha antifascista y su autodefensa ellos mismos. Al mismo tiempo, para resultar eficaz esta lucha debe ser global, confrontando a la extrema derecha y el neofascismo en todos los terrenos donde se manifiestan el veneno del racismo y de la homofobia, el chauvinismo y el militarismo, el culto de la violencia ciega y la apología de las cámaras de gas (y de Auschwitz). En suma, para ser eficaz a largo plazo, el combate antifascista debe proponer una visión diferente de la sociedad, diametralmente opuesta a la propuesta por la extrema derecha: es decir, una sociedad fundada en la solidaridad, la tolerancia y la fraternidad, el rechazo al machismo, el rechazo a la opresión de las mujeres y el respeto del derecho a la diferencia, el internacionalismo y la protección escrupulosa de la naturaleza, la defensa de los valores humanistas y democráticos.

 

¡Este movimiento antifascista europeo debe ser el heredero de las grandes tradiciones antifascistas de este continente! Debería plantear las bases de un movimiento social dotado de estructuras, con una actividad cotidiana, que penetre toda la sociedad, que organice a los ciudadanos antifascistas en redes según sus trabajos y profesiones, su lugar de residencia y sus sensibilidades, que lleve a cabo un combate en todos los frentes de las actividades humanas y que asuma plenamente la tarea de la protección incluso física de los más vulnerables de nuestros conciudadanos, de los inmigrantes, de los gitanos, de las minorías nacionales, de los musulmanes, de los judíos o los homosexuales, de todos aquellos y aquellas que son sistemáticamente víctimas del racismo de estado y del hampa fascista.

 

Porque la necesidad de la movilización antifascista a escala europea se hace cada día más urgente, quienes firmamos este manifiesto llamamos a la constitución de un Movimiento Antifascista Europeo unitario, democrático y de masas, capaz de enfrentarse y vencer a la peste parda que levanta la cabeza de nuevo en nuestro continente. Haremos todo lo posible para que el congreso constitutivo de este Movimiento Antifascista Europeo, cuya urgente necesidad sentimos, se celebre en Atenas en la primavera de 2013, y venga acompañado de una gran manifestación antifascista europea en las calles de la capital griega.

 

¡Esta vez la historia no debe repetirse! ¡NO PASARÁN!

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15 febrero 2013 5 15 /02 /febrero /2013 00:00

Todos cuerpo a tierra, que viene Don Juan Rosell arrasando con su última tanda de estúpidas y groseras declaraciones. Este señor (por llamarlo de alguna manera) no tiene desperdicio. La pasada semana hizo unas declaraciones a la Cadena Ser que no hay por dónde cogerlas, y uno se pregunta cómo es posible que gentuza de esta calaña pueda estar al nivel más alto de responsabilidad de un agente social tan importante como los empresarios en este país. El Jefe de la Patronal debió levantarse de mala manera, aunque lo cierto es que ya nos tiene acostumbrados a sus salidas de tono. La CEOE va de mal en peor en cuanto a sus dirigentes, pues ha pasado de un personaje tan impresentable como Gerardo Díaz-Ferrán (en prisión preventiva, y con una fianza impuesta de 10 millones de euros, inicialmente 30), aquél que sólo decía que "había que trabajar más y cobrar menos", a un personaje impresentable, grotesco y maleducado como Juan Rosell, que dice cosas como las que vamos a comentar a continuación.

 

rosell1.jpgVarios frentes abiertos existen en sus declaraciones, así que vamos por partes. En primer lugar, declaraciones sobre la Encuesta de Población Activa, la que señala que ya hemos superado la barrera de 6 millones de personas en desempleo, de la cual vino a decir más o menos: "No debemos hacer más caso a la EPA ni al INE. La EPA es una mera encuesta. Si la EPA dice 6 millones, y el Registro dice 5, yo me creo 5. La EPA es un cuestionario que se hace a 65.000 personas desde hace mucho tiempo, pero si queremos los datos reales tenemos que ir al Registro". En este punto, el señor Rosell ha sido corregido por muchas personas, comenzando por el señor Almunia (que tampoco es santo de mi devoción), en el sentido de ensalzar la correcta técnica y realización de dicha encuesta, y la veracidad de su muestra de población, de sus cálculos y de sus datos.

 

Podríamos interpretar que lo que se esconde detrás de este tipo de declaraciones es el intento de dar un mensaje de que no hay tantos parados/as como se dice, quizá porque el señor Rosell tiene a toda su familia con muy buenos empleos, o bien porque, como él dice, "hay personas que se apuntan al paro porque sí". Puede que también el señor Rosell se estuviera refiriendo a la economía sumergida (es decir, a la gente que trabaja para poder vivir de una forma no oficial), lo que ocurre entonces es que la CEOE no tiene autoridad moral para criticar estas cosas, porque por cada ciudadano/a que viva de la economía sumergida, seguro que hay unos cuantos empresarios corruptos que defraudan a Hacienda, blanquean capitales, incumplen condiciones laborales, etc.

 

rosell3.jpgEl segundo frente abierto lo tiene con los jóvenes en paro y los "minijobs" que tanto le gustan a la CEOE. Sus declaraciones vienen a afirmar: "Sería bueno que los jóvenes trabajaran 2, 3 o 4 horas al día, para que supieran lo que es trabajar...Si le pregunta usted a cualquier joven si prefiere eso o nada, seguro que prefiere el minijob". Claro, y si al señor Rosell le preguntamos si prefiere morir ahorcado o con una dosis elevada de somnífero, seguro que también prefiere lo segundo. Entre un mal menor y otro mayor, evidentemente siempre se elige el menor. Ahí el señor Rosell no acaba de descubrir la pólvora. Pero lo que un dirigente político o social tiene que hacer no es presentar un mal adornándolo con sus supuestas virtudes, sino luchar por erradicar ese mal.

 

Pero no, lo que parece por sus palabras es que al señor Rosell le encanta que la juventud esté mal pagada, con contratos basura, trabajando a horarios en precario, con sueldos en precario, con actividades en precario, en una palabra, esclavizada, y sin poder desarrollar su proyecto de vida. Claro, que también podemos extrapolarlo a la Patronal, y decirle a los empresarios que se conformen con ganar como una "minienterprise" (por seguir con la terminología inglesa de las narices), es decir, del orden de 7 u 8 veces  menos de lo que ganan, comenzando por el propio señor Rosell, reduciendo su patrimonio 5 ó 6 veces. El señor Rosell todavía no se ha enterado de que el Trabajo (así con mayúsculas, es decir, digno y estable) es un Derecho, y no un privilegio.

 

rosell2.jpgPero defintivamente, cuando el señor Rosell despliega todos sus encantos es cuando habla de los funcionarios. Todo parece indicar que el funcionariado es una espina que tiene clavada, porque todavía no le he escuchado dedicarle a este cuerpo ni una sola palabra amable. Atención a sus nuevas sandeces y chulerías: "El sector público sigue teniendo mucha grasa, y hay que extirparla. Con la nueva reestructuración de competencias, siguen sobrando muchos funcionarios, que no tienen trabajo asignado, y sería mejor mandarlos a casa y pagarles un subsidio, en vez de que estuvieran en sus oficinas consumiendo papel, consumiendo teléfono, e intentando crear leyes".

 

Esto raya en la chabacanería, en el desprecio y en la provocación más absoluta. Dice que le gusta levantar polémica, pero con estas opiniones chulescas lo único que levanta es una ola de indignación de todo el funcionariado. Pero al señor Rosell y a toda la CEOE se le ve venir en este aspecto. Llevan desde hace mucho tiempo en una constante campaña de acoso y derribo a los funcionarios, para desprestigiarlos y así tener consolidados argumentos para (en connivencia con el indecente Gobierno del PP) desmantelar los servicios públicos y acometerlos desde la iniciativa privada, como si fueran negocios. En fin, más valiera que el señor Rosell mirara hacia dentro de su camarilla, y depurara tanto chorizo, tanto corrupto y tanto déspota como hay en la clase empresarial de este país.

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14 febrero 2013 4 14 /02 /febrero /2013 00:00

Estamos ya en la recta final de los artículos que estamos dedicando a explicar nuestra propuesta de Federalismo para el Estado Español, y nos queda por atacar un punto igualmente fundamental, como es todo lo relativo a la financiación. De hecho, recordemos que el tema de la financiación autonómica (y local) está aún sin resolver en la actual situación, y que ha sido el detonante (al menos, el detonante oficial) de las últimas propuestas soberanistas de la Generalitat de Catalunya, al serle denegada a Artur Mas su propuesta de pacto fiscal. El tema económico, de las transferencias y de la financiación de los territorios es pues crucial también en un Estado Federal. Obsérvese por ejemplo cómo lo resuelven los Estados Unidos, donde plantean un Presupuesto Federal en un porcentaje ínfimo en comparación con los Presupuestos de los Estados, porque ellos son los que prestan los servicios públicos a la ciudadanía.

 

Luego por tanto, no hay proyecto institucional que valga sin propuesta de financiación. Y lo que ocurre es que la complejidad de los sistemas de financiación suele ocultar que no son sino el reflejo de determinados proyectos políticos y sociales concretos, y no propuestas técnicas sin más. La política es la que debe determinar el uso, dedicación y reparto de unos presupuestos económicos, de otro modo estaríamos proponiendo un sistema tecnocrático, que tan de moda están últimamente en nuestra degradada Unión Europea. No obstante y a este nivel, los lectores comprenderán que nuestra propuesta de financiación para el Estado Republicano Federal no puede entrar aquí en muchos detalles, pero sí hacer un esbozo general que pretenda hacer viables las premisas y los objetivos políticos y sociales que hemos expuesto en todos los artículos anteriores de esta serie. Y volvemos a recordar que, en el seno de Izquierda Unida, y tras la declaración final de la reciente X Asamblea Federal, está pendiente un nuevo debate sobre este tema, que seguramente concretará más y mejor algunos puntos. Nos remitimos a sus conclusiones.

 

Como no puede ser de otra manera, todo sistema de financiación se basa en la actividad social y económica que pueda generar el sujeto político del que estemos hablando (pueblos y entes federados, conjunto de la federación), de forma que, en buena medida, dependerá del modelo económico elegido (fortaleza de lo público, modelos de actividad económica, responsabilidad social del capital privado, presión fiscal, políticas de redistribución de la riqueza, política impositiva, etc.). Tampoco podemos entrar aquí en esta discusión que nos obligaría a desarrollar a fondo nuestras alternativas económicas (ya expuestas por cierto en otros muchos artículos), pero sí recordar que una fuente adicional de recursos económicos es el control del fraude fiscal. Este control tiene una dimensión cada vez más internacional, de forma que cada vez son más necesarias acciones coordinadas a nivel mundial para controlar los mercados financieros. Una política consecuente del control del fraude tendría un fuerte efecto redistributivo (aunque no sólo esto) y permitiría implementar y llevar a cabo las políticas sociales y ambientales por las que apostamos en nuestro proyecto federal.

 

Nuestra propuesta de financiación se basa en el profundo respeto a todos los principios inspiradores del federalismo que ya hemos expuesto, y sobre todo, en el fortalecimiento de lo público frente a lo privado. Estos principios no son, evidentemente, los que en la actualidad regulan el sistema de financiación. De hecho, uno de los objetivos del ataque neoliberal a las políticas del llamado Estado del Bienestar es socavar el carácter redistributivo de los sistemas fiscales, desde los ciudadanos con mayores rentas hacia aquéllos que perciben ingresos menores a través de un sistema de prestaciones sociales. La filosofía neoliberal, al legitimar la desigualdad, no aboga por este tipo de instrumentos de equidad social. Conviene dejar clara esta premisa porque desde la izquierda, el criterio fundamental de cualquier reforma financiera y fiscal debe ser que las obligaciones tributarias de cualquier ciudadano/a y las prestaciones sociales a las que tiene derecho dependan de su renta, y no del territorio donde viva. La actual dinámica autonómica, en buena medida protagonizada por los nacionalistas de uno y otro signo, están teniendo consecuencias muy similares a las de los ataques neoliberales perpetrados contra las políticas de bienestar social, no sólo en España, sino en muchos otros países.

 

El modelo básico de financiación que proponemos es un modelo de concierto. Sin embargo, este modelo de concierto no puede ser igual que el que viene aplicándose para el País Vasco, puesto que haría imposible la aplicación de políticas de solidaridad interterritorial, y de políticas sociales redistributivas. Por razones históricas, en la actualidad el sistema de cupos en las tres provincias vascas y Nafarroa (Navarra) no hace ninguna contribución a las políticas redistributivas ni de cohesión estatales. Los territorios no pueden ser los únicos destinatarios de los procesos de redistribución. Hay que tener en cuenta también a los ciudadanos/as, a las familias y a las personas, en dichas políticas redistributivas. Consideramos que el sistema de financiación más adecuado según la perspectiva federal sería un nuevo sistema de conciertos que deberá extenderse a todos los territorios. El problema de los conciertos actuales debe ser resuelto mediante la modificación de los criterios de cálculo que los hagan racionalmente posibles, y la introducción en todos los casos de los principios de igualdad y solidaridad.

 

Habría que reinventar, por tanto, el modelo actual de conciertos, y estructurar el nuevo sistema de financiación en los siguientes cinco niveles:

 

1.- Competencias y servicios gestionados por los Ayuntamientos (entes locales más cercanos al ciudadano/a, de los que ya hemos resaltado su importancia).

 

2.- Competencias y servicios gestionados por las Comunidades Autonómas (territorios o pueblos o entes federados, como se les quiera denominar oficialmente).

 

3.- Competencias y servicios gestionados por el propio Estado Federal en su conjunto (válidas para todos los territorios federados). Ya sabemos que en nuestra propuesta de modelo federal desaparecen las actuales Diputaciones Provinciales.

 

4.- Competencias destinadas a reducir las desigualdades territoriales.

 

5.- Competencias destinadas a reducir las desigualdades sociales.

 

La distribución de los recursos públicos se realizaría teniendo en cuenta las competencias de cada nivel de gobierno, y una vez valorados sus costes de desempeño. Quiero hacer también un comentario en relación a uno de los falsos debates que la derecha española se empeña en hacernos creer, como es el de la duplicación de competencias. Es cierto que siempre se pueden mejorar las responsabilidades, las coordinaciones, los procedimientos y los flujos de información entre los diferentes niveles de las Administraciones. Pero bajo todo este falso debate, lo que esconden es su deseo recentralizador del Estado, y la devolución de competencias de las Comunidades Autónomas al Gobierno Central, tomando además ahora el pretexto del supuesto ahorro económico en una situación de crisis. En el próximo artículo de la serie profundizaremos un poco más en los niveles de competencia indicados.

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13 febrero 2013 3 13 /02 /febrero /2013 00:00

¿Quién es Inditex? O mejor dicho, ¿qué es Inditex? ¿A qué y a quién representa? Bajo estas siglas (INdustrias de DIseño TEXtil Sociedad Anónima) se esconde el mayor grupo multinacional español de fabricación y distribución textil, y uno de los más grandes del mundo. Este emporio gallego, creado hace 50 años por el magnate Amancio Ortega, reconocido hoy en día por la revista FORBES como la tercera gran fortuna del mundo, y actualmente bajo la dirección del abogado Pablo Isla, uno de los gerentes mejor pagados de nuestro país (quizá el que más) tiene su sede central en el Polígono Industrial de Sabón, en Arteijo (A Coruña). Según la Wikipedia, Inditex opera 5527 tiendas bajo las marcas comerciales Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Oysho, Kiddy's Class, Uterque o Stradivarius, entre otras.

 

inditex1.jpgLa más antigua marca comercial del grupo es Zara, que existe desde 1975, y como tal Grupo Inditex, desde 1985. El resto de marcas comerciales se fueron incorporando más tarde, y en 2001 comienza a cotizar en Bolsa, en aquél entonces por un valor total de un billón de pesetas. Dos meses después ya formaba parte del selectivo IBEX-35. A finales de 2008, Inditex extendía su presencia, además de España, a 77 países. Por dar algunos ejemplos de sus cifras, el grupo facturó en 2010 12.527 millones de euros, siendo así el primer grupo textil mundial por facturación, con un total de 5.044 tiendas, distribuidas por 77 países y una plantilla de 100.138 personas...La primera pregunta que se nos viene a la cabeza es...¿de verdad en Inditex trabajan más de 100.000 PERSONAS? La empresa ha sido denunciada en más de una ocasión, por diversos motivos, sobre todo por la utilización de mano de obra infantil, así como por las duras condiciones laborales, próximas a la esclavitud.

 

inditex2.jpgEn efecto, en marzo de 2012 El Confidencial publicaba una noticia en la que se aseguraba que el grupo gallego, junto a El Corte Inglés y Cortefiel, otros dos gigantes textiles, estaban incluidas en la "lista negra" de empresas que practicaban el trabajo esclavo en La India. Según este medio, "niñas y adolescentes, trabajando sin contrato, privadas de libertad y en condiciones insalubres durante más de 72 horas a la semana por un salario de 0,88 euros al día, del que sólo podrán disponer cuando hayan transcurrido de 3 a 5 años y que servirá para pagar su dote matrimonial". Por lo visto, son empleadas por empresas textiles de aquél país, que luego suministran sus productos a grandes firmas internacionales, entre ellas, las tres mencionadas. Y aunque desde Inditex y terceras empresas implicadas se desmienten estas prácticas, y se afirma que actualmente "las situaciones de riesgo están monitorizadas, y se persiguen de forma eficaz las irregularidades", ¿hemos de pensar entonces que estas jóvenes indias trabajan ahora con un salario digno, con un contrato legal, y con unas condiciones laborales adecuadas? Mucho nos tememos que no. Esto es toda la basura humana que hay detrás de las famosas tiendas del Grupo Inditex.

 

inditex3.jpgY por su parte, El Mundo publicaba en mayo de 2012 que la firma Zara se vio salpicada por un escándalo en Brasil, tras conocerse que la empresa compró ropas fabricadas por inmigrantes bolivianos y peruanos sometidos a condiciones de trabajo similares a la esclavitud. Según se relataba en la noticia, un equipo de fiscales del Ministerio de Trabajo liberó a 15 personas que trabajaban en condiciones degradantes en dos talleres clandestinos de Sao Paulo que fabricaban ropas para la empresa AHA, suministradora de Zara. Eran obligados a cumplir jornadas de hasta 16 horas diarias por salarios inferiores al mínimo vigente en el país (el equivalente a unos 340 dólares al mes). Igualmente, fuentes de Inditex declararon entonces que se estaba trabajando para la erradicación total de estas prácticas, aunque preguntado Pablo Isla en rueda de prensa, se limitó a espetar que estas preguntas eran impertinentes.

 

inditex4.jpgAnte toda esta chulería, impunidad y vergüenza de uno de nuestros buques insignia empresariales, en este caso textil, parece que están bien contestadas las preguntas que nos hacíamos al comienzo del artículo. Inditex y todas las empresas de su calaña, que son la inmensa mayoría de las grandes empresas transnacionales, representan al capitalismo en su vertiente más pura y dura, más cruel y abyecta, más inhumana, codiciosa y avariciosa. Un capitalismo que no conoce límites, que practica sin reparos ni conciencia las condiciones más precarias con tal de conseguir el máximo beneficio. Un capitalismo que nos hace retroceder a la esclavitud, y que representa la existencia misma de la desigualdad. Un capitalismo cínico, cuando por ejemplo Amancio Ortega dona un millón de euros de su fortuna personal para un Banco de Alimentos. Ahora ya sabemos lo que se cuece detrás de la trastienda, ya sabemos lo que ha tenido que ocurrir para que entremos en una tienda de Zara, Massimo Dutti o Pull & Bear y veamos lo que vemos, aunque las encantadoras muchachitas que nos atiendan estén ajenas a toda esta inmundicia.

 

inditex5.jpgEstoy harto de escuchar cómo el mensaje es de poner a Inditex (y a otras de su misma calaña) como una fantástica empresa que crea mucho empleo y mucha riqueza, y a que se anuncien como "buenas noticias" cada vez que el gigante gallego nos publica sus cuentas de resultados. Es inmoral, indignante y vergonzoso cómo la sociedad actual permite que puedan existir este tipo de "agentes sociales" tan antisociales, tan poderosos, tan crueles, y que además sean vendidos como la panacea, como el ideal del éxito empresarial y social. Me produce verdadero asco cada vez que escucho que Inditex está generando riqueza para mucha gente, cuando esa gente se reduce a sus dueños y sus grandes accionistas, la familia Ortega, que se embolsó un beneficio de 1.665 millones de euros sólo durante los 9 primeros meses del ejercicio fiscal 2012. En una sociedad justa, el Grupo Inditex, además de estar investigado, encausado, procesado y condenado (si se demuestran las prácticas comentadas anteriormente), debería revertir el 90% de sus beneficios a la sociedad, para una mejor redistribución de esa riqueza, de la que tanto se habla. Y termino con la siguiente afirmación del genial escritor Pascual Serrano: "Y si alguien piensa que Inditex está creando riqueza para los trabajadores, habría que responderles que es al contrario, son los trabajadores los que están creando riqueza para Inditex".

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12 febrero 2013 2 12 /02 /febrero /2013 00:00

Esta quinta entrega la vamos a dedicar a las medidas de orden democrático, las que tienen que ver con la regeneración democrática del sistema, y por tanto, no sólo con medidas concretas de orden social, sino ligando con los cambios al más alto nivel, esto es, los cambios en cuanto al modelo de Estado, aunque aquí no nos extenderemos mucho en esto, porque le estamos dedicando otra serie de artículos a dicho tema ("El Federalismo como Modelo Territorial y de Estado").

 

Aprovecho para decir aquí y ahora que se nos brinda a la ciudadanía el mejor momento para hacer caer el régimen, entendido como el sistema bipartidista que tenemos, y que consagra no sólo la incumplida y anacrónica Constitución, sino todos los males que han traído consigo, tales como la involución democrática, o la corrupción. Es hora de actuar, es hora de un cambio de régimen. La alternancia PPSOE está completamente agotada, y no posee ninguna credibilidad.

 

Las medidas serían las siguientes:

 

1.- Restitución de todos los derechos democráticos conculcados por el actual Gobierno del Partido Popular y anteriores, así como eliminación de todas las restricciones antidemocráticas para el ejercicio del derecho de huelga, manifestación, reunión y asociación aprobados en los últimos 30 años. Concretamente, este punto está llegando a un grado de involución muy preocupante, con multas a ciudadanos/as sólo por participar en movilizaciones, agresiones brutales de los antidisturbios, peticiones de restricción del derecho de huelga, etc.

 

2.- Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no pueden estar concebidos/as para reprimir los derechos democráticos legítimamente manifestados, sino muy al contrario, para garantizar su pleno ejercicio. Por ello es necesaria la depuración de todo tipo de responsabilidades por todas las actuaciones de brutalidad policial que se han ejercido últimamente contra la ciudadanía en el libre ejercicio de sus derechos.

 

3.- Disolución de forma inmediata de todas las unidades especiales de "antidisturbios", tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, y de las respectivas policías autonómicas.

 

4.- Prohibición expresa para estos Cuerpos de portar armas de fuego en las manifestaciones y actos públicos, así como de las armas "disuasorias" que actualmente utilizan dichos cuerpos, y que han causado permanentes y graves lesiones a algunas personas.

 

5.- Erradicar la tortura y los malos tratos a los detenidos, así como dotarles de plenas garantías para evitar dichas prácticas (cámaras de grabación, asistencia letrada obligatoria, habeas corpus, etc.), así como eliminación de las prácticas de detención preventiva e ilegal.

 

6.- Obligación a todos los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de llevar su correspondiente placa de identificación en lugar visible.

 

7.- Puesta en marcha de un nuevo Proceso Constituyente con el objetivo de dotarnos de una nueva Constitución, que determine una nueva forma de organización territorial y de Estado, basadas en el Federalismo y en la República, respectivamente. A tal fin, disolución de las Cortes Generales y elección de una Asamblea Popular que redacte los grandes principios inspiradores de la nueva Constitución, para que se refrende por el pueblo y se puedan volver a celebrar Elecciones.

 

8.- El primer calificativo que debe tener este nuevo Estado es el de Socialista (que no tiene nada que ver con el PSOE, que es un partido sistémico, dinástico y corresponsable de la catástrofe actual, junto con el PP), pues serán las medidas socialistas de control y planificación de la economía (expuestas en el artículo anterior) las que garantizarán la elevación de las condiciones de vida, más allá de las que disfrutan actualmente los sectores de la clase obrera.

 

9.- Desde este punto de vista, y en lo concerniente a la regeneración democrática, se abrirán paso en el nuevo sistema todos los mecanismos de participación ciudadana, y todas las vertientes de democracia por las que apostamos, tales como la democracia económica (economía planificada por el Estado y controlada por los trabajadores), democracia participativa (la ciudadanía participa activamente en las decisiones políticas), democracia representativa (garantizada por una nueva Ley Electoral justa), y democracia decisoria (posible control, rendición de cuentas y revocación de cargos públicos). Todo ello contribuiría, estamos convencidos de ello, a acabar con fenómenos como el de la corrupción, y el de la grave desafección de la ciudadanía por la política y los políticos.

 

10.- Como organización territorial, nosotros apostamos por un Estado Federal, como el sistema mejor garante de todos los derechos democráticos y de convivencia pacífica, justa y armoniosa de todas las nacionalidades históricas existentes en el Estado Español, sin privilegios ni discriminaciones de ninguna clase, y respetuosa con el derecho de autodeterminación de los pueblos. España pasará a ser de esta forma una República Federal Socialista.

 

El próximo será el último artículo de esta serie, donde finalizaremos extrapolando todas las medidas de corte económico y social que hemos venido proclamando al contexto continental, es decir, a la Unión Europea a la que pertenecemos, pero que tanto se está alejando de sus pueblos, sus naciones y sus ciudadanos.

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11 febrero 2013 1 11 /02 /febrero /2013 00:00

Parece ser, sobre todo a tenor de los últimos casos de corrupción aparecidos, que el concepto de la "responsabilidad política" o bien no es entendido por algunos representantes públicos de nuestro país, o bien simplemente no quieren ejercerla. En cualquier caso, la ciudadanía debiera siempre exigir esta responsabilidad, pues es la que puede dignificar la propia dedicación al servicio público. Bien, vayamos por partes. Ante un posible hecho delictivo, tenemos por un lado la vía judicial, que se sustancia en los Tribunales de Justicia, y que lleva su propio recorrido. Si el juez entiende que existen indicios de delito, la vía judicial se consumará, y conllevará o no una posible condena de tipo penal o administrativo, según la naturaleza del delito encausado. Esto sería la responsabilidad penal.

 

responsabilidad_politica1.jpgPero además, si los supuestos hechos delictivos se han cometido en la esfera pública, es decir, por representantes o cargos públicos electos, aparece además el concepto de responsabilidad política, que consiste simplemente en la asunción de responsabilidad ante la propia ciudadanía, no como causante del delito (o al menos no directamente), sino como conocedor, tolerador, encubridor o ignorante del mismo. Porque en la responsabilidad política se cae igual tanto por exceso como por defecto. Si bajo tu mandato se ha efectuado alguna ilegalidad, o existe sombra de la misma, el último responsable de que ésta se efectuara, por permisividad, negligencia o ignorancia, siempre es el mayor cargo público al frente del ámbito donde se haya ejecutado el supuesto delito. Y la única vía es la dimisión de dicho cargo, como una entrega de la confianza perdida ante la propia ciudadanía. Este es el concepto de responsabilidad política, que parece ser que para los políticos y cargos públicos de nuestro país brilla por su ausencia.

 

responsabilidad_politica2.jpgPorque la responsabilidad política se basa en la presencia de una duda razonable sobre la honradez de las personas que están al frente de cualquier ámbito público, y es el escaparate que debe guiar la buena conducta y el buen criterio ético de gobierno y representación de la ciudadanía. La responsabilidad política se ejerce por convicción de la necesidad de restaurar una confianza perdida, o una imagen deteriorada. Se responde con ella sobre la decencia, la honestidad y la integridad moral de las personas. Parte de la base de que un cargo público surge en su concepto más íntimo del depósito de confianza que los ciudadanos conceden a su representante, y que por tanto, en cuanto dicha confianza pueda verse enturbiada, limitada o puesta en entredicho, debe renunciarse a ella. El camino de la dimisión es el único posible en estos casos. ¿Parece fácil, no? Pues en nuestro país parece que no es tan fácil, porque las dimisiones se producen con cuentagotas, en casos muy excepcionales, o bien cuando las pruebas son abrumadoras, o hay condena expresa del delito.

 

responsabilidad_politica3.jpgEs evidente que para la asunción rápida de las responsabilidades penales hay que exigir una mayor agilización de la propia Justicia, pero para la responsabilidad política, lo único que necesitamos son políticos decentes. Y ante los últimos casos que han saltado a la opinión pública, parece que ese especímen brilla por su ausencia. Vamos a tomar como ejemplo el caso más grave ocurrido en la actualidad, como es el caso Bárcenas (episodio del caso Gürtel, aunque algunos afirman que es el caso Gürtel el que es parte del caso Bárcenas). En cuanto los famosos papeles salen a la luz, independientemente de que al final se pruebe si responden o no a una manipulación, toda la cúpula en pleno del Partido Popular, incluido por supuesto el propio Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, deberían haber presentado su dimisión. Y en lugar de esto, ¿qué se hace? Pues vamos a examinar las diferentes reacciones que se suceden (hasta ahora) en el tiempo.

 

Primero salieron con la estrategia del "no me consta", rara avis para expresar que no sabemos, no contestamos, porque el "no me consta" no niega la posible veracidad de los hechos, sino simplemente la ignorancia de los mismos. Luego vino la estrategia de las "auditorías", interna y externa, como un rápido lavado de cara (de hecho, la interna estaba lista en menos de una semana) a modo de investigación y publicidad de la contabilidad interna del PP (sin darse cuenta de que si hay una contabilidad "B" no va a estar fiscalizada por el Tribunal de Cuentas), después vino el reconocimiento de que algunos apuntes contables publicados eran ciertos (manteniendo que no todos, lo cual resta bastante credibilidad), y hasta publicaron internamente un argumentario completo, con declaración jurada incluída, sobre cómo tenían que responder los dirigentes del PP ante la prensa cuando se les preguntara por estos asuntos. Es la reacción de una mafia, más preocupada en mantener su poder que en que resplandezca la verdad.

 

responsabilidad_politica4.jpgPor último, en la comparecencia de Mariano Rajoy ante el Comité Ejecutivo Nacional Extraordinario convocado al efecto, tuvimos ocasión de asistir al más lamentable espectáculo, que fue poco menos que el "desnudo moral" del Presidente, argumentando cuestiones y explicaciones de su vida privada que a nadie le interesan, para justificar su honrada conducta: que si a los 23 años ya era Registrador de la Propiedad y se ganaba la vida bastante bien (de hecho, todavía conserva la excedencia sobre su plaza en Santa Pola), que nunca ha cobrado ni  ha repartido sobres en negro, que no está en política por dinero, y lo más grave de todo, que no va a dimitir, sino que todo lo contrario, se envalentona, y asegura que ni él ni su partido se van a amedrentar ante los supuestos "ataques" y "conspiraciones" que están orquestando contra él y el PP, y que no van a conseguir apartarlo de su mesiánico destino de conducir a nuestro país a la salida de la crisis.

 

responsabilidad_politica5.jpgEn fin, penoso y deprimente espectáculo que se nos brindó en su comparecencia, que pudo emplear para limpiar su imagen (al menos, de momento) y hacernos un favor a los ciudadanos/as, marchándose del Gobierno, al menos hasta que no se pruebe su inocencia, y la de los cargos implicados, y que en vez de todo ello, se nos ofrece una imagen de partido y de líder casi como un líder religioso, cuya tarea no se puede ver manchada por ninguna sombra de sospecha (calibró los hechos como "la sombra de la sombra de un indicio manipulado"), porque su vida y su dedicación al servicio público son, según él, intachables. Todo muy patético y deplorable. Éste es el concepto de responsabilidad política que tiene nuestro Presidente del Gobierno, que ha sido siempre ejemplo, en palabras de la Vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, de "vida recta", de "no saltarse una norma" y de otras solemnes declaraciones, que más bien parecían retratar la vida y milagros de Santo Tomás de Aquino.

 

Nos ofrecen la visión de los partidos políticos como de una secta, como de una gran hermandad intocable, donde sus lideres han de ser adorados como si de un gran chamán religioso se tratara. Y la política no es esto. La política es algo mucho más claro, directo y sencillo que todo esto, y la responsabilidad política es algo tan simple como que cuando existe la más ligera duda sobre mi comportamiento ético, debo presentar mi dimisión. No cabe otra salida en un sistema democrático, el problema es que no lo tenemos, o no lo tenemos al nivel que nos merecemos. Nuestros políticos no están a la altura, pero todavía llego a más: Mariano Rajoy debería dimitir, pero incluso aunque él no lo hiciera, no tendríamos ni siquiera que esperar su decisión, porque deberían existir mecanismos de cara a la ciudadanía para ordenar y asegurar su destitución. Pero claro, esto ya es otra historia, de la que también nos encontramos a años luz de distancia. De momento, nos conformaríamos con que el concepto de responsabilidad política se entendiera y se practicara por nuestros políticos.

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8 febrero 2013 5 08 /02 /febrero /2013 00:00

En esta décima entrega de los artículos que estamos dedicando a la exposición de la LOMCE, vamos a recoger lo relativo a la contrarreforma de la participación democrática en los centros educativos. En efecto, lo que hace básicamente la LOMCE es socavar dicha participación, dinamitar la democracia interna de los centros educativos, cosa que está muy en línea para que obedezca a los parámetros de la "nueva gestión" que ya hemos expuesto en artículos anteriores, y también está en consonancia con el fomento del negocio educativo y la potenciación de los conciertos, que expondremos en siguientes artículos. Todo obedece, como ya hemos comentado muchas veces, a una misma estrategia, que se resume en incorporar a la Educación Pública los criterios mercantilistas, y hacerla funcionar como una empresa privada.

 

lomce101.jpgY la pregunta que nos viene al pelo está clara: ¿Hay democracia en las empresas? ¿Existe en las empresas privadas algún tipo de democracia económica o participativa? La respuesta es obvia: NO. Por tanto, según la LOMCE, lo que estorba son los criterios de participación democrática de los centros, y hay que abolirlos. Y a eso se dedica. Se eliminan en la práctica todos los mecanismos de participación democrática y funcional de los centros, lo que, de entrada, ya está en clara contradicción con el artículo 27 de la Constitución. Esta reforma plantea un modelo de autonomía de los centros que rompe con toda la cultura de colaboración y participación necesarias para que la labor educativa tenga éxito. Además de los órganos de decisión colegiados del propio centro, como el Claustro de Profesores, tenemos un órgano de participación y decisión por excelencia, que es el Consejo Escolar.

 

lomce102.jpgPues bien, veamos lo que dice textualmente el Art. 127 de la LOMCE: "Se procederá a la eliminación de los Consejos Escolares como órganos de gestión y decisión de toda la Comunidad Educativa, transformándolos en meros órganos de consulta. Se constituirá como un Órgano Consultivo, que ya no aprobará los proyectos y normas del centro (sólo los evaluará), ni la programación anual del centro (sólo la evaluará), ni decidirá sobre la admisión de alumnado (sólo será informado), ni aprobará la obtención de recursos complementarios (patrocinios, financiación de entidades privadas y donantes), ni fijará las directrices para la colaboración con las Administraciones locales y con otros centros". Como se ve, se le despoja al Consejo Escolar de sus funciones, y queda sólo como órgano meramente consultivo, lo que conlleva arruinar la poca democracia participativa que quedaba en los centros de enseñanza, mientras que las funciones decisorias principales pasan a ser competencia de un Director o Directora.

 

lomce103.jpgVeamos exactamente lo que dice el Art. 132 sobre este aspecto: "Aumento de las competencias del Director: Las que le son arrebatadas al Consejo Escolar, representante de la comunidad educativa, se le pasan al Director: aprobar los proyectos y las normas; aprobar la programación general anual; decidir sobre la admisión de alumnos; aprobar la obtención de recursos complementarios y fijar las directrices para la colaboración con las Administraciones locales y con otros centros". El Director/a del centro es nombrado ahora directamente por la Administración y no por su comunidad educativa mediante elección democrática. A tal respecto, véase lo que dice el Art. 135 sobre la selección y nombramiento del Director: "La selección del Director o Directora del Centro será realizada por una Comisión constituida al efecto por representantes de las Administraciones educativas, y al menos, en un treinta por ciento por representantes del centro correspondiente". De ese 30%, al menos el 50% ha de corresponder al profesorado. Con lo cual, a las familias apenas les queda un 15% de participación activa en las decisiones que afectan a sus hijos e hijas.

 

lomce104.jpgComo estamos viendo, el centro pierde la opción de intervenir en lo que ya era sólo un concurso de méritos. Le queda sólo un escaso 30% (ahora es el 66%). Y por si fuera poco, la mitad de ese 30% será del Claustro, y ni siquiera se obliga a que el resto sea del Consejo Escolar. Incluso el Director o Directora pasa a ser el responsable único y final en la admisión del alumnado, y pasa también a ser supervisor de sí mismo, pues será el encargado/a de aprobar los proyectos y las normas que rigen sus propias competencias, según el Art. 132.I. Se potencia de esta forma la "profesionalización" de la dirección escolar como gerente, como si fuera un Director de una empresa privada en toda regla, con su mismo poder decisorio, y su misma capacidad y control sobre el centro que tiene un Director en su empresa. Se potencian los perfiles de expertos en gestión económica, empresarial y de recursos humanos, en consonancia con esta filosofía. Se avanza hacia el "cuerpo de directores", restringiendo el nombramiento a quienes las Administraciones den el certificado de aptitud. Se anula la posibilidad de hacerlo con posterioridad. Eso supone en la práctica que se anula la posibilidad actual de que una persona considerada idónea por su comunidad educativa, luego entre en el curso de formación de directores correspondiente, y logre la acreditación necesaria para desempeñar el cargo.

 

lomce105.jpgSon todas ellas estrategias para demoler las dinámicas participativas de los centros, así como de anular el carácter de funcionario público, al servicio público de su comunidad educativa, para pasar a ser un gestor con plenos poderes de decisión. La Dirección, que se convierte de este modo en una función unipersonal y no colegiada, pasa también a tener el control en la gestión del personal del centro, como hemos comentado en anteriores artículos, pudiendo el Director o Directora seleccionar al profesorado de su plantilla con plena capacidad y autonomía. Este modelo jerárquico y piramidal de decisión, propio de la empresa privada, no potenciará una dinámica participativa dentro del centro, sino que por el contrario, fomentará un clima burocrático y autoritario, y generará una dinámica de toma indiscriminada de decisiones sobre la vida del centro, justo lo contrario de lo que recomiendan todas las investigaciones sobre liderazgo público y organización educativa (Bolívar Botía, 2010). Al hilo de estas tendencias, en el siguiente artículo de la serie expondremos cómo la LOMCE fomenta el negocio educativo y potencia los conciertos público-privados y totalmente privados.

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7 febrero 2013 4 07 /02 /febrero /2013 00:00

Efectivamente, vamos a darle en el presente artículo otra vueltecita a la idea, que gana adeptos día tras día, de la salida de España de la moneda única europea. Hemos abordado ya este este tema en varios de nuestros artículos, desde puntos de vista colaterales, y nos hemos manifestado siempre en la postura de que era posible, incluso deseable, una salida del euro para poder alcanzar una mejor situación (no inmediata, sino después de un tiempo) de nuestras cuentas públicas, y por ende de nuestra sociedad, alcanzando la premisa general de la recuperación de nuestra soberanía monetaria. Vamos a insistir en todo ello, pero como digo, cada día se alzan nuevas y autorizadas voces proclamando que la salida del euro es la única salida posible al pozo sin fondo donde nos encontramos. ATTAC España, en general (aunque hay personas en su Consejo Científico que no opinan así) apuesta por una salida del euro, y muchos científicos sociales abonan esta tesis, como nuestro Profesor de Economía Aplicada de la UMA (Universidad de Málaga), Alberto Montero Soler.

 

salida_euro1.jpgBien, hemos de partir de la base de que la EuroZona, conjunto de la actual UE-27 que tiene el euro por moneda nacional y oficial (pues en algunos países existen monedas secundarias de uso local y no oficial), está mal diseñada, o mejor dicho, diseñada para unos fines que no son los que nos convienen. Desde el Tratado de Maastricht de 1992 al reciente Tratado de Lisboa, todos las "reglas de juego" de la EuroZona están claramente encaminadas hacia la preponderancia de un capitalismo financiero, y de la presencia de un esquema institucional europeo que garantiza ese escenario. Tómese como ejemplo la famosa "independencia" del Banco Central Europeo (BCE), que en realidad significa que se le otorga un poder por encima de todas las demás Instituciones "democráticas", y que es capaz de dictar una política económica, financiera y monetaria que, mientras apoya sin límites a la banca privada, asfixia a los Estados miembros, para que no puedan financiarse públicamente a través de él. Todo el engranaje europeo está diseñado según estos principios, y bajo la tutela y las directrices de Alemania, histórica locomotora económica europea, de tal forma que podemos concluir que el euro es la moneda alemana.

 

salida_euro2.jpgY cualquier lógica de economía política y de política económica nos lleva a afirmar que cualquier proyecto de moneda única para una comunidad es absurdo, si no existe también una autoridad política, un Estado, que conceda legitimidad a la fundación de dicha nueva moneda común. El euro ha operado y opera en sentido inverso, partiendo de la vertiente económica en vez de la política, demostrando su fracaso y debilidad, por mucho que los actuales gobernantes se empeñen en ofrecer el mensaje de la supuesta "irreversibilidad" del euro. El escenario al que nos ha llevado está bien claro: la construcción de un nuevo espacio de dominación y de explotación del capital, pensado para una nueva fase del utraliberalismo capitalista, donde las Instituciones no están al servicio de las personas, de la ciudadanía, sino del gran capital. De este modo, las Instituciones Europeas dejan de estar al servicio del Estado-Nación (entendido bajo los principios de la soberanía popular), ya que consideran que el Estado no es un requisito previo a la economía (y a la moneda), sino su resultado.

 

salida_euro3.jpgEl actual proyecto europeo, basado en el euro, no pretende la unidad ni la cohesión de Europa (no tenemos ni siquiera una unidad en la política exterior ni de seguridad), ni la solidaridad de sus pueblos, sino un nuevo dispositivo de mando y de explotación, y por tanto, de clase. De esta forma, el poder del Capital es transversal a la economía, a la política y a la sociedad. Y efectivamente, todos los tratados europeos ponen en práctica esta "privatización" de la gubernamentalidad. Ésta ya no se ejerce exclusivamente por el Estado, sino por un conjunto de Instituciones no estatales (bancos centrales, mercados, agencias de rating, fondos de pensiones, aseguradoras, entidades supranacionales, etc), donde las administraciones de los Estados son sólo piezas en su poder. Véase como demostración de todo ello el papel que juega actualmente la llamada Troika en la crisis, con sus representantes de visita a los países para comprobar cómo los planes de austeridad y "reformas estructurales" se cumplen, antes de dar el visto bueno a los supuestos "rescates" del país en cuestión. Hoy en día, hemos llegado a un panorama donde las Administraciones Públicas defienden más a la empresa privada que a la propia ciudadanía. Incluso funcionan bajo los mismos parámetros y objetivos que aquéllas, privatizando los servicios públicos, en aras a obtener rentabilidad económica y nuevos nichos de negocio.

 

salida_euro4.jpgDe esta forma, para "liberalizar" a los mercados se somete a la sociedad, interviniendo de manera masiva, invasiva y y autoritaria sobre la vida cotidiana de la gente. Por tanto, no existe otro horizonte dentro del euro que someterse a todo este tinglado, a todo este conjunto de reglas de gobernanza de la nueva economía y de la nueva política europeas. Incluso aunque los Estados miembros posean algún margen de maniobra actualmente, dicho margen será cada vez más pequeño, pues la política de las Instituciones y los futuros acuerdos y tratados europeos serán cada vez más invasivos, y harán perder soberanía nacional en el sentido que estamos explicando. No hay otra salida que romper con el euro. Y éste, que sería un proceso traumático, podría tener alguna salida en el horizonte de un breve período de 1-2 años, pero al final se podría ver luz al final del túnel. Dentro del euro no podremos ver nunca dicha luz. El euro es un proyecto que restringe la soberanía política para que se ponga al servicio de la economía financiera y del capital, de la especulación y de los grandes intereses privados.

 

salida_euro5.jpgPor tanto, ante todo este macabro escenario sin salida, lo que tenemos que hacer es armarnos de coraje y valentía política y comenzar a afirmar bien alto y claro algunas cuestiones. En primer lugar, LA DEUDA NO PUEDE SER PAGADA. Esto se sabe perfectamente, de hecho técnicamente España es un país quebrado. El volumen de deuda que han contraído los particulares, las empresas, las familias y el sistema financiero, sumada a la que ahora está contrayendo el sector público, en un contexto marcado por la recesión económica y los problemas de déficit fiscal, hacen que sea absolutamente imposible pagar la deuda. El Gobierno debería (pero no lo hace) reestructurar dicha deuda, no sólo alargando los plazos, cambiando los tipos de interés y estableciendo un período de carencia, sino además rechazando la deuda ilegítima, procedente de las prácticas ilícitas y abusivas de las entidades financieras, y de los rescates practicados para su salvación. Las políticas de ajuste, recorte y austeridad practicadas nos llevan a un callejón sin salida, ya que la deuda, de todos modos, no va a poder ser pagada.

 

salida_euro6.jpgA partir de aquí, la salida del euro nos traería, con todos sus inconvenientes, que ahora contaremos, la recuperación de la soberanía monetaria. Y con ella, la posibilidad (que ahora no tenemos, y tendremos cada vez menos) de hacer política a través de un presupuesto. Evidentemente, nuestra salida del euro produciría una inmediata debacle en nuestra economía, que acarrearía un descenso en el nivel de vida de la ciudadanía, pero es que esto es exactamente lo que está ocurriendo dentro del euro. El caso de Grecia es paradigmático y tremendamente ilustrativo en este sentido: en los últimos años, Grecia ha perdido del orden del 25% de su PIB, gracias a las políticas de austeridad impuestas por la Troika. Por otra parte, salir del Euro no implica salir de la UE, que es uno de los errores de base que se plantean. De hecho, ni Suecia, ni Dinamarca, ni el Reino Unido están en la EuroZona, y si contemplamos sus variables macroeconómicas (desempleo, inflación, déficit público, deuda pública, etc.), todas en promedio, a lo largo de diez años de vida del euro, son mejores fuera del mismo que dentro.

 

salida_euro7.jpgCon una salida del euro y una recuperación de la soberanía monetaria, y con un Banco de España emitiendo moneda, no estaríamos tan pendientes de las fluctuaciones de los mercados financieros a la hora de nuestra financiación, y por tanto ellos dejarían de marcarnos la política, recuperando también nuestra soberanía política. Entonces, tendríamos más independencia para cambiar nuestro modelo productivo y de desarrollo económico, para diversificar la estructura productiva, para más margen fiscal, para otras políticas de redistribución y creación de riqueza nacional. Es cierto que con la vuelta a la peseta todos los productos del exterior se volverían mucho más caros, pero también es verdad que habrá que producir cosas dentro que ya no se comprarían fuera, con lo cual se generaría también un demanda interna que aumentaría la competitividad interior en precio, con respecto a la exterior. Todo ello contribuiría a romper con esta lógica perversa y demencial de la globalización, donde todos los productos vienen desde muy lejos, mientras que al mismo tiempo, se desmantelan empresas locales que producen lo mismo, pero un poco más caro. Podríamos acabar por tanto con el chantaje del fenómeno de la deslocalización que practican las grandes empresas. Estamos convencidos de que es la única salida, y es un tema que seguro que volveremos a retomar en próximos artículos.

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