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21 junio 2015 7 21 /06 /junio /2015 23:00

Los obstáculos a la RB son políticos, como políticos fueron (o son, dependiendo del lugar) los obstáculos al sufragio universal, las vacaciones pagadas, el derecho de huelga, el aborto libre o el matrimonio del mismo sexo

Daniel Raventós, Jordi Arcarons y Lluis Torrens

Sería por tanto una muy buena conquista de la clase obrera para esta entrada del siglo XXI, consolidando una tendencia hacia una sociedad más justa e igualitaria. Recordemos antes de continuar que, aunque en la propuesta de estos autores que hemos detallado en anteriores artículos no se contempla, lo ideal es que la RB fuese acompañada de un conjunto adicional de medidas (además de la propia reforma fiscal implícita en la medida, así como la supresión del resto de subsidios inferiores a su cuantía, lo que ya hemos comentado), que perfilaran una sociedad más justa desde el punto de vista humano, social y económico. Tales medidas podrían conducir a la reducción de la economía sumergida (en nuestro país, al menos en 10 puntos para situarnos en la media de la UE-15), aumentar el Impuesto de Sociedades (bajando el tope sobre la cantidad de beneficios por los cuales se tributa), instaurar el Impuesto sobre las Transacciones Financieras (variante de la conocida como Tasa Tobin, cuyo ideal sería instalarla a nivel europeo), recuperar el Impuesto sobre la Riqueza y el Patrimonio (para que se recaudara aún más desde las grandes fortunas), restricciones al Sistema de Módulos del IRPF, desmontaje de las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable, un auténtico paraíso fiscal en casa), y prohibición de las operaciones en corto sobre la deuda pública (para impedir claras operaciones de tipo especulativo). 

 

Conjuntamente con todas estas medidas, la reforma fiscal asocidada a la RB, y la RB propiamente dicha, contribuiría a una nueva sociedad cuyo paradigma fundamental puede ser enunciado como que "no vamos a permitir que una parte importante de la ciudadanía dependa del permiso de otros para poder vivir". Esto es, migrar a un modelo de sociedad donde la existencia material garantizada de todas las personas ya no se ponga en cuestión. Y ello porque lo consideramos un pilar fundamental, una base primigenia, un sostén básico donde se asiente el socialismo del siglo XXI. Sin garantizar la existencia material de todas las personas, no podremos garantizar que alcanzamos una sociedad justa de individuos libres, no sometidos al chantaje y la dominación del capital. Desde la izquierda, estamos convencidos de que sin dicho instrumento elemental de ciudadanía, quedarían en papel mojado (como de hecho ocurre actualmente en nuestra sociedad) el resto de las libertades y de los derechos formales reconocidos en la Constitución. Porque, como nos dejó dicho Carlos Marx: "El hombre que no dispone de más propiedad que su fuerza de trabajo ha de ser, de forma necesaria, en cualquier estado social y de civilización, esclavo de otros hombres, de aquéllos que se han adueñado de las condiciones materiales de trabajo. Y no podrá trabajar ni, por lo tanto, vivir, si no es con su permiso".

 

Y como tal derecho de ciudadanía, la RB no puede depender de cualesquiera otras circunstancias, como la nacionalidad (se aplicaría también a los residentes), el sexo, la edad, el nivel de pobreza, con quién se convive, si existen o no discapacidades, si se trabaja "remuneradamente" o no, el nivel de rentas de cualquier procedencia, y un largo etcétera. Como cualquier otro derecho de ciudadanía (como el derecho al sufragio, por ejemplo) ha de ser universal. Pero todo ello (volvemos a insistir, porque es quizá el equívoco fundamental) inserto en la propia reformulación fiscal implícita en la medida de la RB, sin la cual, en efecto, la RB quedaría como una medida completamente inútil. Es decir, la RB no proporciona sólo la cantidad económica a las personas, sino que modela otro tipo de sociedad, donde se da una transferencia desde las rentas más altas hacia las más bajas, modulando los niveles alarmantes de desigualdad que el desaforado capitalismo actual nos impone. Y como también hemos indicado en anteriores artículos, la RB fomentaría otros tipos de actividades y ocupaciones que la actual sociedad nos restringe, tales como el trabajo voluntario, el trabajo a tiempo parcial, la autoocupación, las empresas de propiedad cooperativa, así como el fomento de actividades lúdicas y deportivas. 

 

Se tendería entonces, poco a poco, hacia una mayor y mejor división y especialización del trabajo, así como hacia mayores niveles de libertad a la hora de enfocar y planificar nuestras actividades productivas, de acuerdo con las propias disposiciones, tiempo libre, capacitaciones, intereses, vocaciones, proyectos y ambiciones personales. De acuerdo, en definitiva, a la propia decisión personal e intransferible en torno a cómo queremos autorrealizarnos. Fuerza negociadora, aumento de la productividad, reparto del trabajo, caja de resistencia frente a situaciones indeseadas, regulación de la extensión de la jornada laboral, capacidad de desarrollar proyectos individuales o colectivos, emancipación juvenil, formas de gestión del tiempo y del ocio, etc., se verían también reforzados con la RB, en una sociedad más orientada al trabajo entendido en su plena dimensión humana, en vez de como una mera herramienta de dominación capitalista, como lo es en la actualidad. En palabras de Daniel Raventós: "En este sentido, la garantía incondicional de una Renta Básica, que es la garantía de la seguridad económica para "decir que no", permitiría el tránsito de un esquema de derechos formalmente garantizados a otro que bascule alrededor de la noción de libertad real y que, con ella, garantice que los derechos formales devengan reales para todos los individuos, sin distinción alguna, y actúe como muro de contención con respecto a cualquier forma de dominación que se pueda dar en el seno de la sociedad civil. Y esto, desde una óptica política, no es poca cosa: se trata de que todos los individuos --toda la sociedad civil-- sean realmente libres". Continuaremos en siguientes entregas.

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20 junio 2015 6 20 /06 /junio /2015 23:00

Lo que está ocurriendo en Venezuela es una auténtica fiesta ciudadana, republicana e ilustrada y como tal sería celebrada por los intelectuales del mundo entero si tuviésemos la suerte de contar con Kant, con Hegel o con Marx, en vez de con Savater, con Rorty y con Habermas

Carlos Fernández Liria y Luis Alegre

Los mismos que se rasgan las vestiduras ante las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, callan ante Guantánamo o aplauden, ríen las gracias, hacen reverencias y van de caza con los sátrapas de Arabia Saudí, Egipto o China únicamente por asegurar mercados y negocios y así vender unos trenes, unos zapatos, unos condones o unas naranjas más. Nuestros principios democráticos valen lo que vale su PIB

Antón Losada

En un alarde de estúpido protagonismo, el ex Presidente del Gobierno Felipe González, ese gran estadista para muchos, en realidad vocero del gran capital, visitó Venezuela hace pocos días, para intentar defender a los mal llamados "opositores" al gobierno venezolano, Leopoldo López y Antonio Ledezma. La operación no salío muy bien que digamos, ya que González ya había sido declarado por el gobierno venezolano como persona "non grata", y ni siquiera pudo entrevistarse con los golpistas encarcelados. A su vuelta, y en una rueda de prensa, González tuvo la desfachatez de comparar al Presidente Nicolás Maduro con el dictador Franco, por sus arrebatos y por su torpeza. Habría que decirle a Felipe González que, ya que fue a Venezuela, a ver si aprendía un poco del verdadero socialismo que intenta abrirse camino allí, en vez del socialismo de pacotilla que él nos impuso durante las tres legislaturas en las que gobernó nuestro país. 

 

¿A quién pretende engañar con su pretendida visita en interés de los derechos humanos? Si a González le interesaran de verdad los derechos humanos, tendría muchos sitios que visitar, y muchas personas a las que defender. Sin ir más lejos, podría defender aquí mismo, en nuestro país, a Arnaldo Otegui, encarcelado sin motivo alguno, simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, y por intentar canalizar mediante una vía política el conflicto vasco. Pero podría también visitar México, donde el criminal gobierno de Enrique Peña Nieto es responsable de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes, o podría visitar Colombia u Honduras (los países más peligrosos del mundo, a tenor del número de asesinatos que se cometen), o podría visitar China, donde el represor gobierno actúa bajo un autoritario talante, mediante operaciones de descarada y flagrante censura ciudadana. No, Felipe González no viaja a Venezuela porque le interesen los derechos humanos, sino simplemente porque es un hombre de negocios (hace muchos años que lo es), y va donde los intereses de sus representados pueden correr algún peligro. Por ejemplo, es pública y notoria su amistad con Carlos Slim, el hombre más rico de América Latina, y la segunda fortuna mundial. 

 

Y ante el frustrado intento del "gran estadista" español de entrevistarse con los golpistas venezolanos, salieron en tropel toda la camarilla de editorialistas, periodistas (si es que pueden llamarse así) y voceros de la derecha mediática de nuestro país, a denunciar la oportunidad que había dejado escapar Nicolás Maduro de poder "normalizar" y "reconducir" la maltrecha democracia venezolana. Es difícil acumular tanta ignominia, tanto descaro, tanto cinismo y tanta desvergüenza. Porque mientras la clase política española (y europea) se dedica a dar lecciones a Venezuela sobre derechos humanos, democracia y libertad de expresión, aquí se cierran medios de comunicación (bajo el pretexto de colaboración con la órbita terrorista) por orden judicial, sin pruebas, y se encarcela a sus miembros. Y mientras Margallo,  Ministro español de Asuntos Exteriores, le dice a Venezuela que "en España, la libertad de opinión y de prensa son irrenunciables", las asociaciones, mareas y plataformas ciudadanas denuncian constantemente la deriva autoritaria y represora del actual Gobierno, con leyes restrictivas de derechos fundamentales, como la Ley Mordaza, o se detiene a periodistas por hacer su trabajo, a personas por expresar su opinión, o a sindicalistas por participar en piquetes. 

 

Basta ya de tanta manipulación, de tanta mentira y de tanta grosería. Porque mientras los medios de comunicación representantes del gran capital y de la derecha política, que son la mayoría, se empeñan en ofrecernos cada día una imagen apocalíptica del país venezolano, y denuncian constantemente la violación de los derechos humanos, mediante groseras manipulaciones y ocultaciones, aquí en nuestro país, la violencia policial, las detenciones masivas de activistas políticos, o las torturas practicadas en instancias policiales constituyen una práctica cotidiana. O mientras se habla de Venezuela como una dictadura liberticida, aquí se endurece el Código Penal, se habilita de forma disfrazada la figura de la cadena perpetua, o se invisibiliza a líderes sociales incómodos para el régimen. Rompamos con esta cadena constante de hipocresía, con este borreguismo institucional, con esta retórica machacona e injuriosa. Démonos cuenta de una vez por todas de que se trata de una instigación, a nivel internacional, de las fuerzas de la derecha política, social y mediática, dirigidas por el imperialismo norteamericano, que quieren impedir a toda costa que un auténtico gobierno socialista pueda consolidarse en pleno siglo XXI. 

 

Y ello porque, tal y como asegura el maestro Atilio Borón: "Estados Unidos no puede permitir que el "mal ejemplo" venezolano cunda en la región. Atacar sistemáticamente el analfabetismo, asegurar por primera vez el acceso a la salud de toda la población, favorecer una solución política y no militar del conflicto interno colombiano (oponiéndose a las pretensiones de la Casa Blanca de resolverlo "manu militari"), auspiciar nuevas formas de cooperación económica como las entabladas con Cuba y otros países de la región, liquidar el ALCA y proponer en su lugar el ALBA, combatir ideológicamente al neoliberalismo, contrarrestar la influencia ideológica de los medios de comunicación controlados por el imperialismo, potenciar la capacidad de autoorganización de los sectores populares, y someter la investidura presidencial y sus políticas a frecuentes plebiscitos para que sea el pueblo quien decida, es completamente inaceptable para Estados Unidos, un pésimo ejemplo que es necesario erradicar cuanto antes por cualquier medio, legal o ilegal, pacífico o violento" (Atilio A. Borón, "El Socialismo del Siglo XXI. ¿Hay vida después del neoliberalismo?"). 

 

Es cierto que Venezuela padece aún muchos problemas, que han de ser resueltos mediante medidas concretas que acaben con la corrupción, con la tremenda inflación que poseen, y con algunos otros males que acumulan desde épocas pasadas. Pero no es cierto que en Venezuela existan problemas de libertad de expresión ni de falta de respeto a los derechos humanos. En Venezuela no se cierran periódicos, como sí ocurre en España. En Venezuela se han recuperado, desde los gobiernos chavistas, los índices de analfabetismo, de redistribución de la riqueza, de eliminación de las desigualdades, en una palabra, lo que los auténticos gobiernos socialistas deben hacer, y no lo que los gobiernos de Felipe González hicieron en nuestro país durante las décadas de los 80 y los 90 del pasado siglo, justo cuando Venezuela sufría también los efectos del colonialismo norteamericano, a través de sus fascistas organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, justo en la época en que gobernaba en la patria de Bolívar un íntimo amigo de Felipe González, como fue Carlos Andrés Pérez, último responsable del Caracazo, donde sí se cometieron graves atropellos contra los derechos humanos, y donde el golpista ahora encarcelado, Antonio Ledezma, ocupaba altos cargos de responsabilidad. A Felipe González no le importan los derechos humanos en ninguna parte del planeta, sino únicamente las cuentas de resultados de las empresas a las que representa.

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19 junio 2015 5 19 /06 /junio /2015 23:00

¿Debe el ciudadano someter su conciencia al legislador por un solo instante, aunque sea en la mínima medida? Entonces, ¿para qué tiene cada hombre su conciencia? Yo creo que deberíamos ser hombres primero y ciudadanos después. Lo deseable no es cultivar el respeto por la ley, sino por la justicia

Henry David Thoreau

Parece ser que se ha levantado un gran revuelo a tenor de unas declaraciones de la flamante nueva alcaldesa de la ciudad de Barcelona, Ada Colau. En una reciente entrevista del diario El Pais, Colau manifestaba textualmente que "Si hay que desobedecer leyes injustas, se desobedecen". Y aunque la respuesta se refería a una pregunta sobre el proceso soberanista catalán, la podemos extrapolar a cualquier otra cuestión política o social, porque en el fondo, estamos hablando de desobediencia civil. Pero en seguida, como era lógico, salieron en tromba los imbéciles voceros del bipartidismo, y los representantes de las clases dominantes, a poner el grito en el cielo por lo que había expresado la alcaldesa. Bajo la frecuente falacia de la "responsabilidad" de los gobernantes, usaron el demagógico argumento de que, a partir de ahora, la recién regidora electa de la ciudad condal tendría también que promulgar edictos, leyes y bandos, y que por tanto, se aplicara el cuento a ella misma, porque "...¿qué pasaría si la gente de su ciudad desobedeciera sus leyes?".

 

Bien, vayamos por partes, porque en primer lugar, bajo la bandera de la "responsabilidad" se acometen los mayores atropellos al civismo, a la dignidad y a la vergüenza en este país, desde hace varias décadas. En efecto, es un recurso, incluso literario, muy típico para agarrarse a él cuando hemos de argumentar algo completamente indefendible. Podríamos poner múltiples ejemplos. La mayoría de nuestros gobernantes nos cuentan que no dimiten de sus cargos por "responsabilidad", cuando justo en honor a ella lo que deberían hacer es dimitir. Se hacen frecuentes llamamientos a la "responsabilidad" de los gobernantes y cargos públicos, precisamente desde las personas más irresponsables. Luego por tanto, olvidemos este falaz, demagógico y torticero argumento, y vayamos al fondo de la cuestión. Lo que Ada Colau está sosteniendo, con absoluta lógica, firmeza, coherencia y valentía, es lo mismo que lleva defendiendo desde su etapa de activista social (en su lucha contra los deshaucios), cuando ha tenido que enfrentarse, junto con miles de personas a nivel de todo el Estado, a las injustas leyes que, por ejemplo, desalojaban a las personas de sus viviendas. Y porque ahora la señora Colau haya llegado a alcanzar las más altas responsabilidades en la corporación local barcelonesa, ¿ha de actuar o pensar de otra manera? ¿Es que hemos de exigirle a Ada Colau que deje de ser ella, que deje de comportarse como ella misma, con sus principios y sus convicciones, porque ahora sea alcaldesa de Barcelona? ¿Es que ahora ya no representa Ada Colau los mismos intereses, ni a la misma ciudadanía a la que representaba antes?

 

Los estúpidos voceros del bipartidismo, y la derecha social y mediática que les apoyan, tienen, como estamos viendo, un concepto del poder completamente corrupto en sí mismo. Porque es muy fácil llamar a la "obediencia debida" a las leyes del sistema cuando pertenecemos a la clase privilegiada, a la clase dominante, cuando disfrutamos de todos nuestros derechos, cuando nuestras necesidades básicas no peligran, cuando llevamos una vida digna y acomodada. Pero en caso contrario, ¿qué hacemos? ¿Continuamos apoyando leyes injustas del sistema, que nos recortan nuestros derechos y nuestras libertades? ¿Seguimos apoyando a un sistema injusto que nos explota y nos conduce a la pobreza y a la exclusión? Según ese punto de vista, no deberíamos constituir las "Mareas Ciudadanas" para luchar por nuestra educación, por nuestra sanidad, por nuestros servicios sociales...Según eso, no deberíamos enfrentarnos al Estado en todo aquéllo que consideremos injusto, como paralizar un deshaucio, e impedir que las personas se queden en la calle...No deberíamos entonces haber constituido los Campamentos Dignidad (en Extremadura), ni enfrentarnos a tantos casos de abusos policiales, laborales, sociales, etc. 

 

Retrocediendo en la Historia, si Ghandi o Nelson Mandela, por poner dos grandes ejemplos, hubiesen sido "obedientes sociales", poco hubieran conseguido para sus respectivos pueblos. Sólo la fuerza organizada de la sociedad civil, sólo el enfrentamiento popular y ciudadano, puede acabar con la tiranía de los despóticos Gobiernos, como tantas veces ha ocurrido en la Historia de la Humanidad. La desobediencia civil es la única fuerza que posee la ciudadanía responsable cuando quiere enfrentarse al despotismo gubernamental. Luego por tanto, es perfectamente explicable que la compañera activista Ada Colau, que es como debemos seguir viéndola, aunque ahora sea la máxima responsable municipal de Barcelona, continúe con sus planteamientos de rebeldía y de desobeciencia civil. Fueron justamente esos planteamientos los que la llevaron a destacar como una veterana activista social contra los deshaucios, y no queremos que pierda su espíritu combativo, su capacidad de reflexión, su fuerza luchadora, su motivación y su rebeldía, porque en caso contrario, ya no podría representar dignamente a la ciudadanía que precisamente la ha elegido para ello. 

 

En definitiva, hemos de estar completamente orgullosos de que, por fin, tengamos gobernantes (lo ideal sería que fuesen todos, y a todos los niveles de la Administración) que defiendan de verdad al pueblo, que sean íntegros, valientes y coherentes en sus planteamientos, y sobre todo, que no nos defrauden, y esto pasa por defender las mismas cosas cuando somos simples ciudadanos que cuando somos representantes políticos. Así que, respondiendo a la demagógica pregunta del principio, la pregunta que formulan todos los contrarios a Colau, hay que decirle que no se preocupen, que seguramente no vaya a pasar, aunque los que sí han de preocuparse son los poderosos, cuyos intereses sí peligran con la nueva alcaldesa. En palabras de la propia Colau: "Los únicos que pueden tenerme miedo son los corruptos y los especuladores". Y es que, como ya venimos afirmando de un tiempo acá, el miedo está cambiando de bando. ¡Adelante Ada, la gente decente estamos contigo!

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18 junio 2015 4 18 /06 /junio /2015 23:00

La táctica de la Unión Europea siempre es la misma: te asfixio y un segundo antes de morir te doy el dinero necesario para seguir discutiendo y obligarte a hacer más concesiones

Leonidas Vatikiotis

 

CEGUERA COLECTIVA

 

 

El Manifiesto "Por la recuperación de la sobernía económica, monetaria y ciudadana" acertaba cuando sostenía que nuestro país estaba en una encrucijada: o se dejaba arrastrar por la senda de la austeridad a ultranza, como exijían las Instituciones y los mercados financieros internacionales, lo que agravaría la crisis económica y social, o se emprendía el camino de recuperar la sobernía económica y monetaria para construir un futuro que corrigiera y evitase el desastre en que está sumida la sociedad española. Un camino no exento de complejidad. Las condiciones políticas del país refuerzan esa propuesta en unos momentos en los que las movilizaciones populares contra tantos desafueros y las expectativas electorales ponen a la orden del día la imperiosa necesidad de resolver los problemas económicos de los ciudadanos, muchos de ellos, millones, atrapados en la miseria, y otros muchos aplastados y hundidos por la contumacia y dureza de la política neoliberal. 

 

El drama para el país es que siendo esto tan necesario, no hay fuerzas políticas que comprendan que esquivar el dilema o la encrucijada presentada es un grave error y un suicidio político. Dejemos al PSOE en el lugar elegido por su dirección, con su apuesta ciega por el euro, su obediencia sumisa a la Troika, incluida la reforma en 2011 del artículo 135 de la Constitución "sugerida" por el BCE. Amaga con otra política, ensaya pinitos de oposición, pero acompaña sin fisuras al PP y comparte sus objetivos esenciales. Con los dirigentes del PSOE no se puede contar para algo que signifique liberarse del dogal de la moneda única. Las fuerzas a la izquierda del PSOE, las más antiguas y las más recientes, ponen más vigor en la protesta contra la política neoliberal e incluso ayudan y colaboran en la movilización contra sus desgarros, abusos y atropellos. Pero desgraciadamente confunden a la población, suscitan expectativas irrealizables y nos abocan a una decepción tan profunda y frustrante que puede ocasionar cambios muy contraproducentes en la conciencia de las gentes oprimidas y vejadas. Sostienen que se trata de voluntad política y se permiten hablar de otra política económica y social, incluso de otro modelo productivo, pero sin el rigor mínimo exigido. En el estado de quiebra financiera del país, en el marco de la unión monetaria, no cabe en lo fundamental otra política que no sea la que impulsa la Troika, cuyas consecuencias están debidamente contrastadas. 

 

Es esta verdad la que corresponde transmitir a la población y confrontarla con la encrucijada cruda en la que sigue instalada la sociedad española. Tan irrecuperable es el terreno perdido en estos años que incluso si milagrosamente desapareciera la deuda que devora al país no sería posible remontar la situación y crear una economía suficientemente fuerte y competitiva para sobrevivir en la zona del euro. El leve crecimiento del PIB en los últimos trimestres ya se viene traduciendo en un empeoramiento significativo del déficit de la balanza por cuenta corriente.

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17 junio 2015 3 17 /06 /junio /2015 23:00

El TTIP sirve para apuntalar el modelo económico que está destruyendo la vida en el planeta, dando prioridad a las energías más contaminantes y abriendo la puerta al fracking

Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro

Continuando con los intereses puestos en juego en el sector sanitario, tema ya iniciado en el artículo anterior de esta serie (estamos tomando como referencia este artículo de Nueva Tribuna), el TTIP pretende proteger las inversiones financieras y los contratos con el sector público europeo (y norteamericano, que cuando entrara en vigor el TTIP podrían darse ambos), tales como financiación y gestión de hospitales, externalización de servicios de apoyo como almacenamiento y gestión informática de los historiales clínicos de los pacientes, gestión de la receta electrónica, del control de llamadas y desviaciones entre centros sanitarios, centrales de citas previas, laboratorios de propósito general, investigaciones clínicas, docencia, etc., parcelas que ya se han ido paulatinamente privatizando a corporaciones multinacionales de la informática, la tecnología sanitaria, la industria farmacéutica, las grandes consultoras, controladas a su vez por bancos privados y fondos de inversión ubicados en paraísos fiscales.

Contra los Tratados de Libre Comercio (VII)

Quizá las amenazas más importantes para la sanidad pública contenidas en el TTIP puedan ser el Mecanismo de Solución de Diferencias entre Inversor y Estado (ISDS, por sus siglas en inglés), y la falta de garantías procesales. El primero supone en la práctica la privatización de la justicia, ya que las diferencias entre los Gobiernos y las empresas multinacionales no se resolverán en los Tribunales de Justicia de los respectivos Estados, sino en Comisiones de Arbitraje, en las que estarán representantes del sector privado. Los Gobiernos no podrán recuperar los servicios externalizados o privatizados, aunque éstos sean un desastre y sus gastos exhorbitantes, como ocurre con los hospitales de colaboración público-privada de Valencia, Madrid o Galicia. Gracias a este mecanismo del ISDS, las empresas y corporaciones podrán demandar a los Gobiernos que adopten decisiones que perjudiquen sus ganancias, al margen de los Tribunales de Justicia ordinarios. Las indemnizaciones para compensar las inversiones de las multinacionales en sanidad pública, impuestas por las Comisiones de Arbitraje privadas, típicamente bastante elevadas, limitarán la capacidad y soberanía de los Gobiernos para adoptar decisiones encaminadas a proteger los intereses generales de la ciudadanía. El panorama se avecina, como vemos, bastante peligroso.

Por otra parte, tenemos el peligro de la incorporación de los laboratorios farmacéuticos (que ya han dado sobradas muestras de por dónde van sus intereses) y de la industria sanitaria a los Organismos públicos que planifican, regulan y fijan las políticas de compra y de precios de medicamentos y recursos. Las políticas de centralización de compras, las negociaciones con las farmacéuticas, las patentes de medicamentos, etc., se verán gravemente afectados por el TTIP. Gracias a todo ello, las empresas multinacionales del sector controlarán la capacidad de los respectivos Gobiernos para decidir con autonomía en temas clave para la sostenibilidad del sistema, como por ejemplo medidas para reducir el gasto farmacéutico (que en España supone el 30% del gasto sanitario), el control sobre la publicidad y promoción de nuevos medicamentos, el apoyo público a los medicamentos genéricos de menor precio por tener agotadas las patentes y que garantizan el acceso a los mismos para una gran parte de los pacientes, los instrumentos para el control y la evaluación de la compra de nuevas tecnologías sanitarias por el sistema público de salud, o la adopción de normas de protección de la salud pública, tales como el control del tabaquismo, la seguridad y calidad de los alimentos, o la protección del medio ambiente. Todas ellas son políticas que quedarán obstaculizadas de cara a su control público, ya que quedarán bajo los auspicios y las políticas implementadas por las empresas del sector sanitario.

Contra los Tratados de Libre Comercio (VII)

Porque, como en el resto de temas ya apuntados en anteriores artículos de esta serie, la regulación de la Unión Europea en materia sanitaria está mucho más desarrollada y es más rígida que la de Estados Unidos, porque ellos, lisa y llanamente, no están acostumbrados a un sistema público integral de salud, como el nuestro, razón por la cual, y volvemos a repetir, una armonización a la baja sería especialmente lesiva para el conjunto de los ciudadanos/as europeos/as. Digámoslo sin rodeos: la salud pública estará en riesgo con la implantación del TTIP, por mucho que las fuerzas políticas que lo apoyan sostengan que "habrá que ver en qué temas se incide, y decidir entonces". Este planteamiento ambiguo no trata más que de esconder las auténticas intenciones de apoyar claramente el Tratado, en su momento (de hecho, ya lo están haciendo con su silencio y su complicidad con las negociaciones secretas). La UE utiliza actualmente un principio de precaución que impide que determinados productos puedan comercializarse a pesar de que no haya (todavía) suficiente investigación científica que revele su peligrosidad. Como estamos (afortunadamente) en un sistema preventivo 100%, se pretende que los avances técnico-científicos no sean aplicados hasta no tener absoluta certeza de su éxito. No obstante, aquí también deberíamos romper una lanza en contra del elevado porcentaje de experimentación con animales, que les provoca un sufrimiento innecesario. Y aprovechamos para afirmar que, también en este despropósito, los Estados Unidos son líderes en el mundo. De nuevo, más razones para no alinearnos con sus prácticas y sus políticas.

Hasta ahora, el sistema funciona porque son las empresas las que tienen que demostrar que sus productos no representan ningún problema para la salud de la ciudadanía. Normalmente es un proceso largo que requiere gran cantidad de garantías procesales, y esto es justo lo que los empresarios estadounidenses consideran que es un alto coste que hay que evitar, acortando los procesos, exigiendo menos garantías, suavizando las pruebas y los requisitos, y estableciendo unos procesos bastante menos exigentes que los que actualmente están vigentes en la Unión Europea. Al final, llegamos como siempre a la misma conclusión: en aras a potenciar la maximización del negocio y de los beneficios, la apertura de los mercados conducirá a un replanteamiento de las garantías, de las estructuras, de los servicios y de los procesos que los sistemas públicos de salud tienen establecidos, repercutiendo en perjuicios para el conjunto de la ciudadanía. Porque como tantas veces hemos insistido en diferentes artículos de este Blog, la iniciativa privada, simplemente, no puede entrar a cubrir los servicios y derechos públicos fundamentales, ya que en ellos no cabe la filosofía del negocio. No pueden regirse por criterios empresariales, ni por la lógica del beneficio, si pretendemos construir una sociedad justa, libre, avanzada y cohesionada. Continuaremos en siguientes entregas.

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16 junio 2015 2 16 /06 /junio /2015 23:00

Vivimos hoy en sociedades políticamente democráticas pero socialmente fascistas

Boaventura de Sousa Santos

Desde las pasadas Elecciones Autonómicas y Municipales, y ante el nuevo escenario político que se perfila, no han tardado en sucederse manifestaciones, de todo tipo y ámbito, en contra de la posibilidad de que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos sean gobernados por las candidaturas de PODEMOS, o por las de unidad popular, donde también se alberga esta formación política. De hecho,  ya lo advertíamos hace algún tiempo en nuestro artículo "¿Por qué atacan a PODEMOS?", donde explicábamos, a nuestro juicio, los motivos de tan furibundos ataques desde la derecha política, social y mediática de nuestro país. Las candidaturas de unidad popular han triunfado en muchos sitios de nuestra geografía, pero sobre todo en las emblemáticas plazas de Madrid y Barcelona, donde se están desarrollando furibundos ataques contra la posibilidad de que Manuela Carmena y Ada Colau gobiernen en dichas ciudades. 

 

En  Madrid, el esperpéntico personaje de Esperanza Aguirre ha protagonizado ridículos y grotescos episodios antidemocráticos, intentando a toda costa impedir que Manuela Carmena se haga con la alcaldía de la capital, y hace pocos días, un grupo de varios centenares de personas, la mayoría de edad avanzada, protagonizaron en Plaza de Colón una manifestación anti PODEMOS y anti Manuela Carmena, con tintes agresivos y violentos, con ataques a los periodistas de diversos medios que recogían el evento. El espectáculo, bastante desagradable, incluía insultos al "comunismo", generando situaciones de auténtico bodevil popular, que dice mucho de la personalidad fascista de quienes las protagonizaron. El acto se saldó con al menos dos periodistas agredidos, y la cámara de uno de ellos destrozada en el suelo. Tuvo que intervenir la Policía Municipal. Frases como "¡Os vamos a quemar vivos!" y otras lindezas por el estilo, salieron de la libre expresión de dichos manifestantes. La concentración fue convocada a través de servicios de mensajería instantánea y redes sociales, donde se proclamaba que "Madrid no es comunista" y se instaba a acudir "a favor del pacto de centro PP-PSOE-Ciudadanos para evitar que esta gente (en alusión a Ahora Madrid) asalte nuestro Ayuntamiento y haga peligrar nuestro régimen constitucional". 

 

A todo buen observador que se precie, no se le escapará que todo este montaje obedece a la tremenda influencia que el pensamiento dominante ejerce sobre el conjunto de la ciudadanía, así como a la defensa de sus privilegios que realiza el segmento de población más rico y poderoso. Al primer grupo pueden pertenecer la mayoría de las personas de avanzada edad que acudieron al acto, y que con sus manifestaciones demuestran una ignorancia supina sobre las medidas de defensa de las clases populares que proponen tanto PODEMOS como los programas de unidad popular. Suelen pertenecer al grupo de personas que, por su cultura y su edad, aún poseen cierta parte de su memoria histórica ligada a los "peligros" de la República, y a la posibilidad de que pueda organizarse otra Guerra Civil. Todo ello se continúa alentando en los mítines de los dirigentes del PP. Véanse las palabras de Aznar durante la campaña: "Un poquito de Marx por aquí, otro poquito de Lenin por allá, unos contratitos en Venezuela, y ¡hala!...", y más tarde se manifestaba en los siguientes términos: "Ni con coleta ni sin coleta...¡No quiero que vuelva la izquierda a las Instituciones!". El caldo de cultivo está bien sembrado, como podemos fácilmente concluir. 

 

De esta forma, bajo la falaz bandera de la "estabilidad institucional", se están poniendo todas las herramientas en marcha para impedir que las candidaturas respaldadas por PODEMOS consigan gobernar en sus respectivas Instituciones. Grandes personajes de la economía, los medios y la política, no han dudado en mostrar ante la opinión pública sus opiniones en contra de la posibilidad de que la formación de Pablo Iglesias pueda alcanzar cotas de poder. Juan Antonio Villar Mir aseguraba que "las tesis comunistas no tienen cabida en España", y el siempre polémico Joan Rosell que "una cosa son los programas electorales, y otra cosa es llegar a los despachos, y tener que ponerse a gestionar", en un claro ataque a la soberanía popular que la propia democracia representa. Una noticia publicada en VozPopuli sobre el programa de Manuela Carmena en Madrid marcaba la línea a seguir para evitar que los posibles pactos se conformen según los resultados que las urnas indicaron. El periodista Alberto Ortín publicaba que el programa de Ahora Madrid en la capital terminaría con los contratos millonarios de BBVA, OHL, Monsanto, Vodafone y Blackstone, dicho sea de paso, un ramillete de las empresas más peligrosas que existen. Y en vez de alegrarnos de que dichos proyectos van a ser abortados, lo que se difunde desde la clase dominante es el peligro de que dichos contratos se pongan en riesgo. Salvando las distancias, tiene la misma lógica que la extraña e incomprensible alegría que siente una parte de la población de Morón de la Frontera, al enterarse de que su base militar estadounidense se va a convertir en base permanente de la OTAN. 

 

Pero no acaban aquí los ataques. La Presidenta en funciones de Navarra, Yolanda Barcina, en el programa "Los Desayunos" de TVE, comparó los resultados electorales con la Alemania previa a Hitler, y en el monárquico, conservador y retrógrado diario ABC se podía leer que "La banca avisa de que las medidas populistas encarecerán el crédito", afirmando que crear bancos públicos o prohibir deshaucios restringirá el número de hipotecas (en clara alusión a la pérdida de posibilidades de negocio de las propias entidades financieras). Desde el seno de los bancos del IBEX-35 (Santander, BBVA, CaixaBank, Popular y Sabadell, es decir, los que realmente gobiernan sin presentarse a las Elecciones) se advierte de que el "todo gratis" para aquéllos que no puedan pagar su hipoteca puede traer consecuencias nefastas para los futuros clientes a la hora de seguir concediendo créditos, algo (según ellos) que se había reactivado tras años de sequía. "Nadie querrá prestar si se puede no devolver", avisan, con la descarada demagogia y prepotencia que los caracteriza. Parece que aún no han tenido bastante con la criminal política económica que los ha beneficiado hasta ahora, protegiéndolos y blindándolos ante sus abusos y estafas a la ciudadanía, que ahora quieren impedir la posibilidad de que los programas de unidad popular se pongan en marcha. 

 

Este chantaje también se extiende al ámbito internacional de nuestros "inversores", ya que según avisan varios bancos de negocio internacionales, algunos de sus clientes (grandes fortunas o fondos privados de inversión) ya han decidido paralizar proyectos de forma preventiva a los que destinar su capital, ante la incertidumbre creada, y en algunos casos incluso después de haber pagado ya los depósitos iniciales. Y las manifestaciones populares han vuelto a la carga ante los repetidos mensajes de miedo y paralización de inversiones, lo que ha llevado también a que el pasado día 1 se concentraran en la sede nacional del PSOE de C/. Ferraz la plana mayor del fascismo popular, protagonizando saludos fascistas, incluso cantando el "Cara al Sol", para pedir al PSOE que no pacte con la formación morada. Con alabanzas a Franco y con el brazo en alto, coreaban los eslóganes "A PODEMOS no queremos" o "Si pactáis con PODEMOS, nos manifestaremos".

 

La campaña anti PODEMOS llega incluso hasta el ámbito militar, ya que el Jefe del Ejército del Aire en la época de Federico Trillo, General Eduardo González-Gallarza, hijo de un Ministro del Aire durante el franquismo, y apartado del cargo tras el escándalo del Yak-42, no sólo se manifestó contrario a la posibilidad de que el partido de Pablo Iglesias llegue al poder, sino que llegó incluso a proponer su ilegalización, "por declararse antisistema, en contra de la Constitución que nos hemos dado los españoles, en contra de la Bandera, del Himno Nacional, estar dispuestos a suprimir la Semana Santa, a ceder la Catedral de Córdoba a los musulmanes, y no sé cuántos desatinos más ". Así lo expresaba en una editorial de la revista "Tierra, Mar y Aire", publicación de la Real Hermandad de Veteranos de las FF.AA., de la que es Presidente: "Me preocupa mucho este partido que ha surgido no sé cómo [aquí González-Gallarza demuestra estar muy alejado de la realidad social española] y al que incomprensiblemente se le tolera concurrir a estas elecciones, cuando lo que habría que haber hecho es prohibírselo, y no sé si incluso declararles fuera de la Ley". Sin duda, este personaje añora bastante los tiempos pasados de nuestra oscura historia reciente. Lo que resulta de todo punto anacrónico, en pleno siglo XXI, es que todavía exista este perfil de personaje, fascista y reaccionario, que presida una Hermandad subvencionada por el Ministerio de Defensa. 

 

Y esto no ha hecho más que empezar. Ya lo advertíamos en nuestro artículo de referencia, donde explicábamos que todas estas campañas de acoso y derribo se deben a que, por primera vez desde la Transición, el bipartidismo y los poderes fácticos que realmente han gobernado nuestro país desde entonces tienen realmente miedo. Los gobiernos de unidad popular, respaldados por PODEMOS, representan un claro atentado contra los privilegios de todos estos poderosos, los que poseen realmente los medios, y los que los representan y jalean, los manijeros del poder, los serviles políticos y gobernantes que hemos tenido hasta ahora. Bajo una corrupta e incompleta democracia, han atacado durante décadas los intereses de las clases populares y trabajadoras, y ahora, por primera vez, sienten que sus intereses pueden estar amenazados. Todas estas candidaturas, que ellos no quieren ver ni en pintura, representan un ataque al descarado imperio de la clase dominante, de la casta, cuya alternancia en el poder ha consagrado unas formas de hacer y de entender la política, que han propiciado la corrupción generalizada, y el retroceso paulatino en las conquistas sociales de la clase obrera, todo ello acrecentado desde hace unos años con la excusa de la crisis. En aquél artículo afirmábamos: "Estamos hablando de un régimen que ha permitido el continuismo de los poderes fácticos surgidos y amparados desde la Constitución de 1978, tales como la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas y la banca, amparados por los herederos políticos de aquéllas empresas que consiguieron grandes fortunas durante el franquismo". Y ésta es la cuestión. 

 

Luego por tanto, los ataques no cesarán. Si PODEMOS alcanza éxitos electorales en las próximas citas, los ataques se recrudecerán, tanto desde dentro como desde fuera de nuestro país. Ya estamos viendo a nuestro país como a Venezuela, con los honores que supone para nuestro país parecerse a Venezuela, pero ya estamos viendo a los grandes empresarios de la alimentación desabasteciendo sus locales de los productos básicos, ya estamos viendo las continuas campañas de desprestigio, las provocaciones y hostilidades, ya que lo intentarán todo, poniendo en marcha todo tipo de juego sucio, de mentiras, de manipulaciones, de hostilidades, de falsedades, de enfrentamientos empresariales y financieros, y al igual que en algunos países de América Latina, movilizarán a los sectores fascistas más rancios de la sociedad, para generar un clima de violencia en las calles, e intentos de desestabilización política, económica y social, intentarán generar psicosis y miedo colectivo, y amenzarán con fugas de capitales, huida de empresas, deslocalización de sedes, desmontaje de fábricas y sucursales, ataques desde las Instituciones europeas (como le está ocurriendo a Grecia), desconfianza financiera y crediticia, y en fin, apocalipsis en los mercados. Hasta incluso es posible que las esferas fascistas de alto nivel organicen intentos de Golpes de Estado, en colaboración con terceros países imperialistas, como los Estados Unidos, todo un veterano en estas lides. Pero desde la mayoría social no podemos consentirlo, debemos reconvertir los ataques a PODEMOS en una mayor fuerza solidaria, en una mayor concienciación de clase, en una mayor implicación popular, en un contrapoder ciudadano que pueda llegar a ser hegemónico, cerrando filas en torno a un programa de sensibilidad ciudadana, de regeneración democrática, y de enfrentamiento con los poderes que nos han gobernado hasta ahora. ¡SÍ SE PUEDE!

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15 junio 2015 1 15 /06 /junio /2015 23:00

Más de 400 organizaciones españolas del mundo ecologista, sindical, de la cooperación al desarrollo, la ciencia e investigación y los consumidores se han unido de cara a la próxima Cumbre sobre Cambio Climático para “sensibilizar” sobre la necesidad de llegar a acuerdos y evitar los peores impactos sobre el planeta. La Alianza por el Clima, que se ha presentado recientemente en Madrid, forma parte de la red de coaliciones civiles que se están movilizando en todo el mundo para recabar apoyos y conseguir influir en las negociaciones que tendrán lugar en la COP21 de diciembre en París, un encuentro decisivo en el que los dirigentes mundiales deben comprometerse con un acuerdo heredero del Protocolo de Kioto para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Entre las más de 400 organizaciones firmantes (la mayoría pertenecientes a una o más plataformas) están: Avaaz, ECODES, CCOO, UGT, USO, UPA, COAG, CECU, Asgeco, Hispacoop, Manos Unidas, InspirAction, ONGAWA, Oxfam Intermon, Caritas, Alianza por la Solidaridad, REDR, REDER, Aproca, Fundación Renovables, Acción en Red, ECOOO, ATTAC, WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Fundación Global Nature, 350Barcena, o Xarxa per la Sobirania Energetica. Entre las plataformas, se encuentran Coalición Clima, Coordinadora ONGD, Cumbre Social, Foro de Acción Rural, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Plataforma Rural, o Plataforma del Tercer Sector. Recogemos a continuación el texto íntegro del Manifiesto, el cual, por supuesto, suscribimos completamente:

 

"Ya no existen dudas de que los impactos del cambio climático afectan cada vez más severamente a todas las personas, regiones, ecosistemas y economías. Incidirá negativamente en la salud y en la esperanza de vida de muchas poblaciones, en el mantenimiento de diversos sectores productivos y empleos, en la pérdida acelerada de la biodiversidad, y en los costes económicos y sociales que muchos países tendrán que afrontar para paliar sus efectos. También está cada vez más claro que los que menos responsabilidades tienen en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) son los que más sufren las alteraciones climáticas, porque viven en zonas especialmente vulnerables y disponen de menos medios para protegerse o adaptarse a ellas. El cambio climático frena el desarrollo de los pueblos, dificulta la erradicación de la pobreza e incrementa la desigualdad entre países y en el interior de cada país. Todo el mundo, especialmente en los países industrializados, tenemos responsabilidades en las emisiones de gases de efecto invernadero por nuestro comportamiento en el consumo o en el transporte. Hay además muchas grandes corporaciones que hacen su negocio manteniendo un sistema productivo contaminante, que son el auténtico freno para el cambio a un modelo de producción y consumo limpio y sostenible. Su enorme capacidad de influencia en las políticas de los gobiernos es uno de los principales escollos a los que nos enfrentamos.

 

El cambio climático está directamente relacionado con el actual modelo energético basado en los combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas, cuya quema libera a la atmósfera CO2 , el principal de los GEI. Por ello, es necesaria y urgente la transición hacia un modelo energético renovable, eficiente, sostenible y justo que garantice el acceso universal a la energía. Las tecnologías existen y son competitivas en términos económicos, considerando además los beneficios que proporcionan en cuanto a disminución de la dependencia externa de combustibles fósiles, ya que los recursos renovables son locales porque la energía proviene del viento, el sol, el agua y las plantas. Crean además empleo local con mayor número de puestos de trabajo y contribuyen a un aire más limpio, con las ventajas que esto tiene para la salud. Estos cambios pueden suponer también un mayor control social y ciudadano sobre nuestros recursos y suministros. Todo ello se puede potenciar además fomentando que el ciudadano, como consumidor/a, tenga la información necesaria como para incidir en una mayor demanda de productos y servicios sostenibles a lo largo de toda su cadena de valor y especialmente en la gestión de su demanda energética y en el autoconsumo con energías renovables.

 

La Cumbre del Clima de este año en París (COP 21) será trascendental en la medida en que se alcance un acuerdo internacional legalmente vinculante para después de 2020 que garantice una reducción de emisiones suficientemente ambiciosa para evitar los peores impactos ecológicos, económicos y sociales del cambio climático. Las políticas climáticas en sus distintos niveles territoriales (europeo, nacional, regional o local) deben plantear objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero acordes con las recomendaciones científicas (IPCC) que garanticen que no se sobrepasan los 2ºC de temperatura media global, o preferiblemente los 1,5ºC ya que cuanto más aumenten las temperaturas los impactos serán peores. España se verá afectada por el incremento de los incendios forestales, extremas sequías y aumento del nivel del mar entre otros impactos. Además, es preciso adoptar ambiciosas medidas de reducción desde ahora mismo para cerrar la brecha de emisiones antes de 2020, especialmente por parte de los países desarrollados, y también establecer mecanismos posteriores al acuerdo de Paris que permitieran aumentar la ambición de los objetivos si se observara un agravamiento de los escenarios climáticos.

 

Todo ello nos lleva a la necesidad de mantener un gran nivel de ambición en la reducción de emisiones a nivel mundial para 2050 que nos encamine hacia un escenario global de cero emisiones. En todos los sectores (industria, generación de energía, transporte, agricultura, edificación, gestión de residuos) es urgente poner en marcha medidas para reducir las emisiones, y todos los países tienen que hacer esfuerzos para la mitigación, bajo el principio de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, teniendo en cuenta sus emisiones históricas y su grado de desarrollo e industrialización. La transición a un nuevo modelo de producción y consumo sostenible no puede hacerse sin proteger a los trabajadores afectados. Una transición justa exige garantizar nuevas oportunidades de empleo de calidad y eso sólo puede hacerse con políticas públicas, planificadas y sostenibles.

 

Tan importante como mitigar el cambio climático es implementar compromisos de adaptación para favorecer la capacidad de las personas de resistir sus efectos, incluyendo las reparaciones para las más empobrecidas y marginalizadas que no han causado el cambio climático, con programas específicos también en todos los niveles competenciales. En el contexto internacional, un aspecto clave, especialmente para los países en desarrollo, es el trasvase de financiación suficiente y adicional desde los países industrializados para las políticas de mitigación y para las de adaptación. Las contribuciones comprometidas en el Fondo Verde para el Clima de 100.000 millones de dólares anuales para 2020 deberían ayudar a desarrollar el cambio hacia un modelo bajo en carbono impulsando particularmente las renovables y la eficiencia energética. El 50% de dicho Fondo deberá destinarse a la adaptación, tal y como se acordó en Lima. Para afrontar los retos climáticos hace falta una acción política clara, urgente y transformadora. Esto sólo se conseguirá con una ciudadanía consciente de los problemas y de las soluciones, una ciudadanía exigente y movilizada".

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14 junio 2015 7 14 /06 /junio /2015 23:00

Del mismo modo que no se puede gestionar el esclavismo para que los esclavos sean libres, no se puede gestionar el capitalismo para que las empresas no aplasten los derechos de la mayoría cuando éstos pongan en riesgo sus beneficios

Jon Juanma

Comprobando las reacciones de la derecha política, social y mediática después de los resultados de los últimos comicios municipales y autonómicos, donde ya se vislumbra la posibilidad de que algunas ciudades y regiones estén gobernadas por la izquierda, tenemos una imagen muy clara de lo que hemos venido insistiendo en muchos artículos, y que se resume en que aún necesitamos recorrer un largo camino para que todas estas medidas (la RB, el TG, el reparto del trabajo, etc.) estén situadas a un nivel de aceptación popular inmensamente mayoritario. La presión del pensamiento dominante, y la reacción (incluso violenta) de los de arriba ante el cambio de escenario político, nos advierte de que no será fácil implantar medidas de corte anticapitalista, que vayan (lógicamente) en contra de las clases dominantes, y a favor de las clases más desfavorecidas. Así, estamos comprobando cómo la adopción de cualquier medida a favor de las clases populares queda mal vista, se considera ir contra corriente, porque parece que se asume que lo único que tiene sentido económico es quitar derechos a la población más perjudicada, la inmensa mayoría, y que los más ricos se queden igual, o incluso, mejoren su situación, es decir, incrementen su patrimonio, o ganen más dinero. Y en ésas estamos. 

 

Y la RB va claramente en contra de estos intereses. Se sitúa en las antípodas de una sociedad capitalista, y es lógicamente contraria a la actual política económica, ésa que desde la derecha nos machacan constantemente con la idea de que no debemos cambiar....Pero el campo donde se mueve la polìtica, básicamente, es identificar los grupos de población que queremos beneficiar, y por tanto, a cuáles perjudicar, y en función de estas previas decisiones, se ponen en práctica las medidas económicas que consigan dichos efectos, es decir, se practica la economía adecuada a los objetivos que políticamente se han elegido. La economía no es neutra, no existe ninguna medida de política económica que beneficie o perjudique a toda la población por igual. Por eso, también hemos aconsejado muchas veces, huir de los planteamientos de los "expertos" de turno, que intentan disfrazar bajo un barniz de ciencia económica aquéllas que no son más que medidas y decisiones de carácter político. Insistimos a nuestros lectores una y otra vez en estas ideas, a riesgo de parecer pesados, porque nos parecen fundamentales para acabar con las falacias del pensamiento dominante, y provocar en la población la "duda razonable" sobre los planteamientos que se nos ofrecen como dogmas por parte de la derecha política, social y mediática de este país. 

 

Y volvemos a resaltar la gran diferencia, quizá la diferencia fundamental, de la RB con respecto al resto de ayudas, prestaciones y subsidios, que aún hoy día son defendidos por cierta parte de la izquierda. Frente a ellos (que serían subsumidos por la RB), la Renta Básica es individual, incondicional y universal. La universalidad, unida a la incondicionalidad de la medida, son quizá las características que más se discuten, porque representan la auténtica revolución de la RB con respecto a otras medidas. Pero en cambio, no se informa sobre el tremendo coste que la "condicionalidad" de las medidas generan. En efecto, todo lo que sea condicional cuesta mucho a cualquier Administración Pública, porque se exige a la ciudadanía que lo acredite, y a la propia Administración que lo compruebe. Por ejemplo, la gente que está en el paro, tiene que demostrar que tiene derecho a percibir una prestación por desempleo, y a dicha medida, además, se le han sumado otras que reasignan una mayor cantidad de requisitos, y que controlan los tiempos de su concesión. Todo un galimatías que encarece el propio proceso administrativo. Deben existir formularios, documentación que aportar, requisitos que comprobar, cálculos administrativos que realizar, y un conjunto de personal público que ha de realizar estas labores. 

 

Las condicionalidades tienen, por tanto, unos costes añadidos derivados de su propio control y administración. La universalidad, no. El Profesor Daniel Raventós nos recuerda que cuando el primer Gobierno del PSOE (legislatura 1982-1986) estuvo discutiendo la posibilidad de universalizar la Seguridad Social, sus pros y sus contras, se planteó la posibilidad de excluir al 15% de la población más rica. Al final, dicha medida fue desestimada, ya que la propia exclusión generaría más costes que beneficios. Igual ha ocurrido con diversas formas de co-pago de algunos servicios públicos, cuya implantación ha quedado desestimada por el mismo motivo. Y por otra parte, como también hemos indicado en anteriores artículos de esta serie, muchos trabajadores sociales han puesto en evidencia el estigma social derivado de las experiencias de precariedad y de exclusión social, que cada vez son mayores en nuestro país. Cuando el paro es minoritario o la pobreza no está tan extendida, para muchas personas los subsidios de pobreza son su certificado de fracaso social. Algunos estudios realizados en Estados Unidos demuestra que un segmento amplio de la población, incluso teniendo derecho a percibir determinadas prestaciones, no las solicitaban, porque hacerlo era quedar ante sus vecinos, amigos y familiares como un/a fracasado/a social. Medidas como la RB exterminarían completamente el estigma social derivado de la pobreza y de la exclusión social, finalizando también con prácticas sociales deleznables, generadas por la propia situación socioeconómica que viven muchas personas, tales como el reagrupamiento familiar, las solicitudes a las ONG's y organismos dedicados a la caridad (Cáritas, Bancos de Alimentos, etc.), la excesiva carga sobre las ya paupérrimas pensiones de nuestros mayores, o los terribles casos de suicidio que se dan en nuestra sociedad. 

 

Pero con la RB, incluso estas situaciones mejorarían, porque por ejemplo para el caso de las pensiones, las de cuantía inferior a la propia RB desaparecerían, y únicamente se mantendrían las de cuantía superior. Como sabemos, actualmente ocurre que con una pensión (la del abuelo o abuela) viven tres o cuatro personas de la misma familia (hijos/as y nietos/as, típicamente en paro o en situación precaria, que les imposibilita atender a su nivel de gastos). Mediante la RB tendríamos asegurados los ingresos de cada persona, individualmente, con lo cual acabaríamos con estas situaciones indeseables y frustrantes. Acabaríamos también con la práctica social (capitalista) de trabajar donde más nos paguen (arrastrados también por la sociedad de consumo), ya que tendríamos más libertad para dedicarnos a cualquier otra ocupación que nos complaciera más como personas, o bien trabajos más adaptados a nuestra cualificación, experiencia y gusto personal. Hay un pequeño estudio que se hizo hace unos 15 años en Bruselas, a partir de la experiencia de una serie de personas (70 en total), a las que les había tocado disfrutar de una asignación mensual de 1.000 euros de forma permanente. A los dos años de comenzar a cobrarla, la mayoría de dichas personas no había dejado su empleo, y la minoría que había abandonado su trabajo, lo hizo para tener más tiempo libre, y buscar otra ocupación más adecuada a su competencia técnica y a sus gustos personales. Como vemos, la extendida opinión de que la medida de la RB sólo serviría para fomentar que la gente no trabajara, es una auténtica falacia. 

 

De esta forma, acabaríamos con la tendencia actual de "creación de empleo", que más bien debería ser llamada "creación de precariedad", porque las personas serían más libres de aceptar trabajos u ocupaciones mal pagadas, o temporales, o a tiempo parcial, o estacionales, lo que obligaría también a los empresarios a ofrecer puestos de trabajo dignos. Acabaríamos por tanto con la demanda "esclava" y competitiva de empleo basura, a cualquier precio, para dejar únicamente en el mercado ofertas dignas de trabajo, que serían cubiertas por personas ya no sólo capacitadas, sino que iban a disfrutar aún más si cabe de su ocupación, ya que tendrían (gracias a la RB) su existencia material garantizada. Como se ve, mataríamos varios pájaros de un tiro. La RB daría la posibilidad de sentirse más realizado, y más productivo, ya que también está demostrado que una persona que trabaja en algo que le gusta, por propia elección personal, experiencia y cualificación, es mucho más productiva, y más feliz, y lo es menos cuando está descontenta, explotada, y ve cómo sus esfuerzos no sirven para sacarlo/a de la pobreza, de la precariedad y de la exclusión. Con la RB, los puestos de trabajo se convertirían en realmente estimulantes. Continuaremos en siguientes entregas.

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11 junio 2015 4 11 /06 /junio /2015 23:00

Los españoles deben ser conscientes de que es materialmente imposible que se puedan llevar a cabo políticas que satisfagan el interés nacional, el de la inmensa mayoría de la población, en el marco del euro tal y como está diseñado. Deben saber que el euro se concibió como una auténtica ratonera pero que en ningún lugar está escrito que los pueblos tengan que aceptarlo sin más. Hay otras formas de construir Europa y de hacer que funcione la moneda única

Vicenç Navarro y Juan Torres, "Un Proyecto Económico para la Gente"

LA DEUDA DEVORA

 

 

Al final de 2007, los pasivos financieros brutos de toda la economía española entre sus sectores, desglosados éstos entre las Administraciones Públicas, el sistema financiero, las empresas y las familias, ascendía a 9,7 billones de euros (a un mayor desglose los pasivos aumentarían), a los que habría que sumar otros 2,2 billones, la cifra que el conjunto de esos sectores internos, los agentes económicos del país, tenía como pasivos frente al exterior. Los pasivos totales, pues, eran 11,9 billones de euros, equivalentes a 11,3 veces el PIB de ese año. Los números al final de 2013, con todos los cambios económicos y convulsiones financieras registrados desde entonces, son los siguientes: los pasivos entre sectores internos 10,1 billones de euros, más 2,3 billones de pasivos exteriores, arrojan un total de 12,4 billones de euros de pasivos, lo que representa 12,2 veces el PIB de 2013 (inferior en un 3,4% al del año 2007). 

 

Con arreglo a la deuda, por tanto, la situación de la economía española se ha agravado en los últimos años, lo que significa que potencialmente está más expuesta a más agitaciones financieras de todo tipo que en el pasado. Las facilidades otorgadas por el BCE, con sus repercusiones en los tipos de interés, incluida la llamada prima de riesgo, pueden hacer creer que el clima económico y financiero está despejado, pero la insólita inestabilidad financiera internacional y europea está ahí y no pasará mucho tiempo antes de que inexorablemente surjan períodos de inquietud y descontrol. Si nos referimos a un aspecto particular y vital de la posición financiera del país, es preciso recordar que al final de 2007 la deuda pública del Estado se elevaba al 36% del PIB. Sin embargo, al acabar 2014 ya representaba el 100% del PIB. Toda la política brutal de ajuste y recortes para sanear las cuentas públicas se ha traducido en un vertiginoso incremento de la deuda pública y en un incorregible déficit de las Administraciones Públicas, que todavía para 2015 se estima con poco fundamento en un 4,5% del PIB, y generará, por consiguiente, más aumento de la deuda pública. 

 

Los pasivos exteriores y la deuda pública, dos datos fundamentales para enjuiciar la salud de una economía, siguen constituyendo una rémora muy pesada, que impiden admitir que la economía está saneada y en condiciones de despegar. Pasado el período electoral pendiente, tan proclive a prometer, falsear y mentir, aparecerán de nuevo los fantasmas de la crisis, si todo no se acelerar por Grecia. El Gobierno oculta y desprecia estos datos esenciales en su afán de confundir a la opinión pública, no sólo para hacer creer que la crisis ha pasado, sino también que su política de sacrificios y degradación del bienestar era correcta y la única posible. De ahí a concluir que es necesario seguir aplicando la austeridad queda un paso, dándose la paradoja de que mientras se resaltan los resultados de la economía española el Gobierno sigue endureciendo los recortes, como es el caso de los parados sin protección alguna.

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10 junio 2015 3 10 /06 /junio /2015 23:00

El Estado Español vive sin duda una época de cambios, pero aún es pronto para determinar si se transformará en un cambio de época

Katu Arkonada

Después de analizar los resultados de las pasadas Elecciones Autonómicas y Municipales, la presencia de PODEMOS en multitud de instancias institucionales, tanto Ayuntamientos como Comunidades Autónomas, abre la posibilidad de llegar a acuerdos o pactos con el resto de las formaciones políticas, para poder forzar no sólo la proclamación de Alcaldes/Alcaldesas y Presidentes/Presidentas de Comunidades y Municipios, sino el desarrollo de programas y propuestas de izquierdas en dichos ámbitos. No obstante, antes de tomar la política de pactos a la ligera, debemos reflexionar ampliamente sobre ella, para no caer en errores del pasado (ocurridos a otras fuerzas políticas) o reproducir conductas que puedan ocasionar erosiones, desgastes o pérdidas de credibilidad de la formación morada. 

 

Pero vayamos por partes. La realidad es que PODEMOS consigue un resultado excepcional, que marca su progresión continua, aunque quizá no tan rápida como desearíamos. Su participación directa o indirecta (en confluencia con otras fuerzas y movimientos sociales) hace que se consolide como tercera fuerza política a nivel de todo el Estado (aunque aún existen territorios donde no obtienen representación), serán la llave para el gobierno en multitud de CC.AA., se sitúan en una excelente posición de cara a las Elecciones Generales de finales de año (Armando B. Ginés hace un cálculo extrapolado en este artículo), y su apoyo mediante las candidaturas de unidad popular han sido determinantes para propiciar el triunfo sobre las dos plazas fundamentales, como son Madrid (Manuela Carmena), y Barcelona (Ada Colau). Y todo ello, aún con los frenos de una tremenda campaña de intoxicación mediática en su contra, y algunos errores internos, propios del despliegue de cualquier otra organización. Este resultado abre, como decimos, la posibilidad de pactos, incluso la necesidad de entenderse en un montón de plazas. Pero dichos acuerdos de "gobernabilidad" no deben consistir en ningún caso en simples intercambios de cargos o sillones, sino en pactos en torno a la negociación de un proyecto (o a parte de él). En otras palabras, se deben negociar propuestas en vez de repartos del poder. 

 

Si examinamos los diversos escenarios de pacto, en los diferentes ámbitos geográficos e institucionales donde son posibles, enseguida el actor político que aparece en primer lugar es el PSOE. Pero, ¿vamos a dejarnos "querer" tan rápidamente por aquéllos a los que llevamos llamando "casta" desde que PODEMOS se forjó como opción política? ¿Vamos a pactar tan rápidamente con aquéllos que hasta hace dos días nos llamaban "populistas", y no se atrevían ni a mencionar nuestro nombre? Preguntado después de la jornada electoral del 24 de mayo sobre los pactos con PODEMOS, el Secretario de Organización del PSOE, César Luena, ha tenido la desfachatez de afimar que la formación de Pablo Iglesias ya no es populista, porque ya está presente en las Instituciones. Con afirmaciones como ésta, delatan la poca consistencia que ofrecen, y la gran desconfianza que inspiran. Recordemos que el PSOE actual representa, mediante renovadas generaciones de dirigentes políticos, al mismo PSOE de los recortes sociales, de las reformas fiscales regresivas, de los ERE fraudulentos de Andalucía, de la reforma del artículo 135 de la Constitución en acuerdo con el PP, de la concesión de poder a la Iglesia Católica, de las reformas laborales, del recorte de las pensiones, de la Ley "Antiyihadista" en acuerdo con el PP, del apoyo al fracking o al TTIP, o de las reformas neoliberales de Zapatero, entre otras muchas fechorías.

 

La opinión de José López al respecto es la siguiente: "Está claro también que no puede darse un cheque en blanco al PSOE. No olvidemos que dicho partido ha gobernado durante muchos años, y es, junto al PP, el principal responsable de la situación desastrosa actual en nuestro país. Ya hemos comprobado el precio que pagan los partidos minoritarios que sirven de muleta al PSOE. Veáse el caso de IU. Así pues, tenemos el peligro de que, por un lado, si PODEMOS no  pacta la situación permanezca igual y se muestre como un partido poco responsable ante la ciudadanía (y ésta necesita un cambio de rumbo urgente), y por otro lado, si pacta puede verse perjudicado en el futuro de cara a las elecciones generales pues el electorado puede volver a caer en la trampa del voto útil al PSOE si éste consigue mostrarse como la fuerza hegemónica de la izquierda. El tema es complicado porque dependiendo de lo que se haga y de cómo se haga puede salir el tiro por la culata".

 

Por su parte, Jesús Sánchez Rodríguez afirma lo siguiente: "Pero el PSOE es parte del problema para la izquierda, no de la solución. Y no porque sea parte de la casta (...), sino porque (...) es parte del establishment: la pertenencia a la OTAN, la aceptación de Maastricht, la reconversión industrial, el giro neoliberal de Zapatero, las huelgas generales de los sindicatos, el comportamiento de la socialdemocracia europea, han demostrado durante toda una época dónde está situado el PSOE. Sería toda una ironía que PODEMOS después de haber rechazado firmemente la alianza con IU ahora pactase con el PSOE". Está claro, por tanto, que la situación requiere firmeza y valentía, pero extrema prudencia, estando dispuesto a hablar en base a propuestas concretas, exigiendo al partido de Pedro Sánchez que efectúe un giro de 180 grados sobre sus anteriores políticas, y dejando claro que únicamente son alianzas para impedir que el poder continúe siendo gestionado por el PP.

 

No debemos caer por tanto en la ilusión desmedida que nos lleve a una realidad más perjudicial a largo plazo. La euforia de haber conseguido buenos resultados electorales no debe hacernos perder el norte, ni desviarnos de nuestro horizonte principal, que es provocar un cambio político radical en nuestro país. En ese sentido, tenemos experiencias recientes de otras fuerzas políticas, como Izquierda Unida, concretamente en Andalucía, que quisieron poner por delante sus ansias de poder antes que su fidelidad a un ideario y a unos votantes, que no querían que su formación política entrara a formar parte de un Gobierno de coalición con el PSOE andaluz. El planteamiento más correcto, por tanto, creo que debe centrarse en plantear, con aquéllas fuerzas donde sea posible, una especie de memorando de entendimiento inicial, con unas medidas parciales pero concretas, mediante las cuales las otras fuerzas políticas se comprometan a cambiar radicalmente los objetivos y prácticas llevadas a cabo hasta ahora, garantizando los derechos humanos, abandonando la austeridad y los recortes, potenciando el sector público, desmontando la corrupción, y reactivando las políticas sociales. Sólo desde esta óptica será posible otorgar la confianza a terceras fuerzas políticas, para que puedan gobernar (léase PSOE), sin comprometer nuestro ideario, sin mancharnos ni contaminarnos, y sin perder ni pizca de la credibilidad y de la frescura actual de PODEMOS.

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