Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

“Si los pobres empiezan a razonar, todo estará perdido”

(Voltaire)

“No hay nada más parecido a un fascista que un burgués asustado”

(Bertolt Brecht)

“Cuando el pueblo se apasione por sus ideas será la señal del triunfo”

(Manuel Azaña)

La llamada conciencia de clase es un término que aparece ligado al Marxismo, y por tanto se le cataloga actualmente como un concepto anacrónico y trasnochado, pero en realidad, nada más lejos de la verdad. Para que el término conciencia de clase pueda tener sentido, en primer lugar hemos de aceptar el hecho de que existen clases sociales, y aquí nos topamos con el primer inconveniente. La sociedad actual, bajo los prismas del capitalismo, acepta el concepto de clases sociales, pero las desliga de su fundamento original, y establece con respecto a ellas únicamente una vaga clasificación en torno a los niveles aproximados de renta, hablando únicamente de clase baja (aquélla con menores niveles de renta, incluso rayando en la pobreza), clase media (aquélla que se considera dispone de un salario digno, y que posee todas sus necesidades cubiertas) o clase alta (aquélla que posee los niveles más altos de renta, y un nivel de vida elevado),  distinguiendo además algunas clases intermedias entre estas tres categorías.

Pero en realidad, dicha clasificación de las clases sociales es engañosa. Porque la auténtica clasificación a efectos sociales realmente importante, es la que distingue  básicamente entre dos clases sociales: la burguesía (aquéllos que poseen la propiedad sobre los medios de producción), y el proletariado (aquéllos que no la poseen, y por tanto dependen de la venta de su fuerza de trabajo para poder subsistir). Y entre una y otra, es cierto que existen diferentes matices, desde la alta burguesía hasta el precariado. Bien, el caso es que al sistema capitalista no le interesa, de cara a la pugna entre estas dos clases fundamentales, que el proletariado tenga realmente la conciencia necesaria de pertenencia a dicha clase, de tal forma que si ésta se diluye, se va eliminando o suavizando progresivamente, la burguesía tendrá más capacidad y más poder para luchar con más fuerza contra el proletariado, y así conseguir sus objetivos.

Tomemos las palabras de José López: “Y así es que diluyendo la conciencia de clase, camuflando la división fundamental de la sociedad entre por un lado el proletariado, los que no poseen los medios de producción, es decir, los trabajadores asalariados, o incluso los que poseen pequeños medios de producción, es decir, los que son casi trabajadores, pequeños empresarios, trabajadores autónomos, y por otro lado, la burguesía, la gran burguesía, los que poseen los grandes medios de producción, los grandes capitalistas que controlan en gran medida la economía; camuflando dicha división fundamental mediante la existencia de clases intermedias que suavicen dicha separación, se pretende evitar o suavizar la lucha de clases. Si muchos trabajadores se creen que no pertenecen al proletariado (aunque en el fondo sí pertenezcan a él o casi) entonces no sienten la necesidad de luchar contra la burguesía, se crea en ellos una falsa conciencia de clase, se les despista. No es por casualidad que la pequeña burguesía se ponga del lado del proletariado en ciertos momentos y que en otros momentos se ponga del lado de la gran burguesía. El pequeño empresario, el trabajador autónomo, está entre Pinto y Valdemoro. Ejerce el papel fundamental para el gran capital de dividir al proletariado, de proteger a la gran burguesía”.

En definitiva, la Historia de la Humanidad siempre ha sido una guerra entre el pueblo y las clases dominantes, una lucha de clases. Y como en toda guerra, gana aquella parte más fuerte, o aquella parte que usa la estrategia más inteligente o más audaz. La fortaleza de las minorías dominantes reside en el control que tienen de la sociedad. Controlan el sistema político, la economía, los medios de comunicación, la educación, el poder judicial, el ejército, la policía, etc. Controlan el funcionamiento del Estado. Pero el verdadero control es el ideológico. La forma más eficaz y segura de controlar a un pueblo es controlando su forma de pensar. La clave está en la guerra ideológica. Quien gane dicha guerra tiene muchas probabilidades de ganar la guerra global.

Y ésta es la explicación de las múltiples estrategias que la clase dominante pone en marcha para diluir la conciencia de clase del proletariado. Por ejemplo, usar continuamente expresiones incluyentes de la sociedad, de modo que se fomente la unicidad o uniformidad de los intereses de la misma. Expresiones del tipo: “Todos estamos en el mismo barco”, “Hemos de levantar la economía entre todos”, “A la recuperación de la economía hemos contribuido con nuestro esfuerzo todos los españoles”, y mil variantes más por el estilo, están pensadas para conseguir dicho objetivo. Todo ello, por supuesto, unido a campañas de criminalización de los agentes sociales que representan a la clase trabajadora, típicamente los sindicatos de clase, y entre ellos, aquéllos que justamente están más comprometidos en la defensa de los intereses del proletariado. Otra típica estrategia que se utiliza para este fin es anteponer los intereses nacionales a los de clase. De esta forma, se utiliza la identidad nacional para intentar adscribir de forma subliminal un sentimiento de nacionalidad que supera al sentimiento o conciencia de pertenencia a una clase social. Se habla a menudo del “interés general”, de la “soberanía nacional”, del interés “de país”, incluso últimamente de la “marca España”, para intentar trasladar a la ciudadanía un sentimiento de falso patriotismo y de defensa y unión de la nación, en este caso, española.

Otra tendencia imperante en la sociedad es la creciente legitimación social de ciertas conductas, de ciertos hechos, de ciertas prácticas, que no sólo son aberrantes, sino que están promovidas por la clase dominante, y que constituyen no sólo prácticas lícitas dentro del capitalismo, sino prácticas inherentes a él. Se legitiman las desigualdades sociales, se comienza a ver como algo normal que exista gente que nade en la abundancia, a la vez que existen pobres de solemnidad, se legitiman las prácticas fraudulentas por parte de la burguesía, y se toleran con una pasividad creciente los constantes atropellos a los derechos fundamentales y libertades públicas. Mediante todo ello, lo que se intenta establecer es una cierta uniformización social, un “todos somos iguales”, un “todo vale”, un “tú también lo harías”, una cierta tabla rasa en los comportamientos sociales, que también contribuye a diluir la conciencia de clase, y a meter a toda la ciudadanía en un mismo saco.

Otra estrategia típica para diluir la conciencia de clase, y de paso instaurar las contrarreformas del sistema sin provocar un estallido social, es disfrazar a éstas bajo un manto de “necesidad técnica”. El argumento técnico provoca que la adopción de ciertas medidas aparezcan despojadas de toda intencionalidad política, o dicho de otra forma, se adopten de forma neutra, únicamente bajo una excusa o imperativo técnico. Observemos cómo el Gobierno, para muchas de las reformas que ha implantado, se ha valido del diagnóstico previo de un “Comité de Expertos” que ha analizado supuestamente la situación, desde un punto de vista “objetivo”, y ha “recomendado” la puesta en marcha de tales reformas. Pero rebatir dichos argumentos es bastante fácil: la economía nunca es neutra, sino que obedece siempre a unos determinados intereses. Basta con indagar un poco para darse cuenta de los verdaderos intereses que están detrás de las supuestas Comisiones de Expertos, para deducir a quiénes van a favorecer sus consejos, y a quiénes van a perjudicar.

Pero aún hay otros factores que inciden en que la clase trabajadora, o el proletariado, vaya disminuyendo su propia conciencia. Por ejemplo, el control sobre los medios de comunicación masivos, y el control sobre el sistema educativo, que son piezas fundamentales para difundir el pensamiento dominante (que no es otro que el de la clase dominante). La función de mentalización social que tienen estos medios es potentísima. Y de esta forma, haciéndole creer al pueblo que tiene el poder mediante el diseño de unas “democracias” que en realidad son oligocracias al servicio de la oligarquía, haciéndole creer que el poder político es el único responsable de la situación económica, poder político elegido por el pueblo (pero eso sí entre las opciones que el gran capital desea para evitar que se le escape de las manos), haciéndole creer que el funcionamiento de la economía depende por igual más o menos de todos, haciéndole creer que la división de clases entre explotadores y explotados es algo prácticamente del pasado, se hace creer al pueblo que la lucha de clases ha caducado, que es algo que sólo existió antaño y que ahora no tiene ningún sentido.

Pero no nos debemos dejar engañar ante todas estas estrategias. Todas estas proclamas no son más que engañabobos, porque el verdadero sentimiento que hemos de tener es el de clase. Justamente, la mayoría de las personas que dudan o no acaban de comprender el fenómeno del capitalismo y todo lo que éste despliega, es porque están más o menos bajo la influencia de todas estas estrategias. Tienen el sentimiento de la patria muy arraigado, y a la hora de la verdad, por ejemplo, se ponen al lado del presidente de una gran empresa, para defender sus intereses, porque creen que así están defendiendo al país, están defendiendo a España. Se ha podido comprobar hace pocos meses, en las críticas a Bolivia o a Argentina, cuando sus respectivos Gobiernos han aprobado medidas de nacionalización de las empresas “españolas” que tenían filiales en dichos países. No es cierto. Las empresas, aunque tengan nacionalidad “fiscal” no tienen nacionalidad real. No son españolas, ni francesas, ni italianas, ni americanas, son únicamente empresas. A ellas y a sus accionistas sólo les interesa el capital, la capacidad de obtener mayores beneficios, en España, en Italia o en China. Tenemos un recientísimo ejemplo en Iberdrola, que ha declarado (bajo los efectos de la rabieta provocada por el cambio del modelo de facturación eléctrica por parte del Gobierno) su intención de reducir sus inversiones en España, y su ampliación en otros mercados.

En realidad, los intereses nacionales no son más que una cortina de humo para esconder los auténticos intereses, que son los de clase. Ocultando al enemigo, camuflándolo bajo otros disfraces, se procura evitar enfrentarse a él. No debemos perder el norte. La única distinción social es la pertenencia a una clase. Y la conciencia sobre su pertenencia no sólo nos hará comprender mejor todo el entramado del capitalismo, sino también nos dotará de la fuerza necesaria para combatirlo, para enfrentarnos a él, hasta derrocarlo. Vivimos una situación de extremo ataque de las fuerzas del gran capital hacia la clase trabajadora, en una situación de expolio, de expropiación, de desposesión y de aniquilación de todas las conquistas llevadas a cabo por la clase trabajadora durante los últimos siglos. Pero disminuyendo la conciencia de clase, difundiendo cortinas de humo, dividiendo y enfrentando a los propios trabajadores entre sí, desviando la atención sobre las verdaderas causas de fondo de la crisis, van consiguiendo su máximo objetivo, que no es otro que impedir el cambio radical del sistema, cuyo perverso diseño es la auténtica causa del estallido de la crisis-estafa que estamos padeciendo. Comencemos por el principio para poder derrotarlos: poseer conciencia de clase.

"El Vaticano no es más que una multinacional religiosa o asociación internacional de católicos, y además, una gran corporación empresarial"

(Francisco Delgado, Presidente de Europa Laica)   

Nos hacemos eco en el presente artículo, de otro recientemente aparecido en el medio digital "La Marea", escrito por Francisco Delgado, una de cuyas citas hemos entresacado como entradilla para el presente artículo. Se publicó bajo el título original "El Vaticano no debe formar parte de la ONU, ni siquiera como observador", título que nosotros hemos preferido cambiar, dado el contenido del artículo en sí, para resaltar la importancia sobre el grado de responsabilidad civil y social que la Iglesia Católica debe a nuestra sociedad. El enlace de su publicación en el medio Rebelion puede obtenerse pinchando aquí.

"A propósito de la comparecencia del Vaticano ante el Comité de la Convención de los Derechos del Niño en Ginebra el pasado 16 de enero de 2014, éste ha denunciado en un duro y meticuloso informe que se hizo público el pasado 5 de febrero, las acciones y omisiones en relación a los atentados y agresiones graves contra la infancia que, en el seno de la Iglesia Católica, se han cometido en todo el mundo, vulnerando la Convención de los Derechos del Niño.

Estamos quizá ante un nuevo acto de hipocresía internacional, porque cuando -en julio de 2004- la Santa Sede recibió (definitivamente) el apoyo institucional para su incorporación plena en la ONU, “como miembro observador”, con la sola excepción de no tener derecho a voto, ya era sobradamente conocido, por el alto organismo internacional y por muchos gobiernos, el abuso a menores que durante décadas se había (o se estaba) cometiendo en centros religiosos católicos de todo el mundo y que afectaba a decenas de miles de víctimas (niños y niñas).

Delitos sexuales que fueron cometidos por miles de eclesiásticos, durante decenas de años, amparándose en su “poder” religioso, moral y económico, para actuar con las víctimas y, además, “protegerse” impunemente de la Justicia. Consiguiéndolo, en la mayoría de los casos, con la complicidad de ésta y de los Estados. Mientras que la alta jerarquía católica, hasta hace muy poco tiempo, no sólo los ocultaba, sino que los amparaba y aun hoy no ha pedido disculpas.

Como ha expresado el profesor JJ Tamayo en un artículo reciente: “No importaba la pérdida de dignidad de las víctimas, ni los daños y secuelas, muchas veces irreversibles, ni las lesiones graves físicas, psíquicas y mentales con las que tenían que convivir los afectados de por vida. Faltó compasión con las víctimas y sensibilidad hacia sus sufrimientos. No hubo acto de contrición alguno, ni arrepentimiento, ni propósito de la enmienda, ni reparación de los daños causados, ni se produjo acto alguno de rehabilitación, ni se hizo justicia”

Partimos de la base de que, en mi opinión muy personal, la denominación de “Estado Vaticano” y la aceptación por la comunidad internacionales es gravemente errónea, si nos atenemos a las características mínimas de lo que debe ser considerado como un Estado de ciudadanos y ciudadanas con una organización y leyes civiles concretas, ya no digamos si nos atenemos a su origen (1929, otorgado por Mussolini, con el beneplácito de la Internacional Fascista)

El Vaticano, con sus cientos de “diócesis” repartidas por todo el mundo, con la pretensión de ser pequeños “reinos”, con independencia político-jurídica, allá donde los Estados se lo permiten, no es más que una multinacional religiosa o asociación internacional de católicos y, además, una gran corporación empresarial.

Personalmente me parece una humillación para la “sociedad de naciones”, para el conjunto de ciudadanos y ciudadanas, para la construcción de las democracias y el avance en las libertades, una entidad religiosa, la “católica apostólica y romana”, que “maneja” miles de negocios financieros, turísticos, alimentarios, sanitarios, de enseñanza, de nuevas tecnologías, editoriales, etc. que es propietaria de inmuebles y suelo rústico en casi todos los países del mundo (en muchos casos usurpados).

Que cuenta, en su seno, con organizaciones fundamentalistas como el OPUS, Camino Neocatecumenal, Comunión y Liberación, Legionarios de Cristo, Acción católica de propagandistas, y otras muchas repartidas por todo el mundo, que tratan de imponer “su moral” particular (a veces a la fuerza) en contra de las libertades cívicas y ejerciendo su proselitismo a través de su enorme poder de lobby, en el seno de la política, de la judicatura y de las finanzas.

Que ha perseguido y asesinado, hasta hace muy poco, a los “infieles” a través de una entidad criminal, como “El Santo Oficio”. Que se ha opuesto a la “libertad de conciencia” y al libre ejercicio de otras religiones, allá donde es muy mayoritaria y los gobiernos de turno se lo permiten o han permitido. Que ha sido “aliada” de regímenes políticos totalitarios y fascistas y cómplice de sus “fechorías”.

Que con su postura dogmática e intransigente con el control de la natalidad y le educación afectivo sexual, ha tenido consecuencias graves, como ha sido que millones de mujeres y de niños tengan enfermedades, como el sida o a la muerte por hambruna, sobre todo en África. Que niegan el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su maternidad, vulnerando el derecho a la libertad de conciencia. Que es patriarcal en su organización interna.

Que han condenado brutalmente y, en la actualidad, se oponen a los avances científicos y descubrimientos, que han ido (y van) en contra de su “moral” o interpretación mística de la naturaleza.

Una corporación religiosa que se pronuncia, por parte de muchos de sus líderes, en contra de la homosexualidad o de otras identidades sexuales que no sean la de “hombre y mujer”, exclusivamente. Que rechazan (en muchos casos de forma violenta) los matrimonios entre personas del mismo sexo. Que “persigue” de forma muy sutil y abiertamente a los fieles católicos que niegan ciertos dogmas ancestrales o se salen de la “disciplina” feudal del infalible jefe supremo y sus jerarcas por todo el mundo.

Muchos gobiernos, la ONU y otros organismos internacionales están siendo, de hecho, cómplices de esta postura político-religiosa que practica la “iglesia católica oficial” a nivel mundial, camuflada como Estado-ficción… o “iglesia de los pobres”.

Pienso, personalmente, que ha llegado el momento de que se organice una “corriente internacional cívica y política” que se posicione en contra de la participación de la Santa Sede en la ONU y en otros organismos internacionales. Ya que como mera entidad religiosa o como corporación empresarial no reúne ningún requisito para ello. Es más, cualquier Estado soberano que practicara o actuara como lo hace el Vaticano no tendría cabida. “A Dios, lo que es de Dios…”.

"Si hay un país que ha cometido atrocidades indecibles en el mundo, son los Estados Unidos de América"

(Nelson Mandela)   

Continuando a partir de la exposición del artículo anterior, es fácil concluir que los imperialistas estadounidenses necesitan de la guerra porque es la única dialéctica para repartirse indefinidamente el mundo, y asegurarse el monopolio sobre los mercados, las fuentes de materias primas, de recursos naturales, la ciencia, la tecnología, los medios masivos de comunicación, la biodiversidad, el petróleo, el gas, el agua, armamentos, áreas rentables de inversión de capital y regiones geoestratégicas. Tal dialéctica belicista patentiza el carácter reaccionario del imperialismo norteamericano, así como la imposibilidad de resolver por la vía pacífica sus contradicciones con el resto de monopolios transnacionales y multinacionales rivales, a pesar de ser de la misma naturaleza. Las contradicciones intra e interimperialistas inherentes a la complejidad capitalista son las causas verdaderas de todas las guerras coloniales, regionales y locales, así como de las conflagraciones mundiales.

Pero la hostilidad hacia el resto del mundo se materializa de muchas otras formas. Véase el caso actual de Venezuela, donde no cejan en su empeño de derrocar al líder socialista bolivariano Nicolás Maduro, elegido democráticamente, mediante todo tipo de revueltas y altercados populares, hostigamiento masivo al Gobierno legítimo, y políticas de desestabilización económica del país. El belicismo estadounidense es una constante que subyace en sus relaciones imperialistas, cuyas guerras de exterminio masivo son hechas para sojuzgar y expoliar. Todas ellas son en esencia guerras reaccionarias de pillaje y rapiña colonial, pese a sus sofisticadas formas de simulación o a las sutiles máscaras que puedan utilizar. Por ello, sus alianzas (imperialistas o ultraimperialistas), que defienden con tanta pasión sus ideólogos, son coaliciones imperialistas, o bien una coalición imperialista contra otra coalición imperialista. Por lo mismo, los períodos de paz que instaura el imperialismo norteamericano, en realidad sólo son treguas entre una guerra y otra, pero nunca el fin de las mismas. Se puede comprobar realizando una cronología de los conflictos bélicos patrocinados por USA.

Consecuentemente, sus alianzas imperialistas no son duraderas, son transitorias y se dan en el marco de las pugnas interimperialistas, y según la correlación de fuerzas con las demás fracciones imperiales, o responden al peligro que entraña para el sistema yanqui las insurgencias sociales y armadas de los trabajadores de los pueblos de la Tierra, porque éstas son en esencia las alianzas de las clases explotadas y oprimidas contra las alianzas de las clases dominantes imperialistas, unidas por la defensa del sistema capitalista de explotación y dominación mundial, no obstante sus disputas y sus fronteras. Las guerras del imperialismo de EE.UU. en el presente siglo son inevitables, tienen un carácter de clase, se corresponden con las lógicas de sus procesos de imperialización y acumulación transnacional, ponen de relieve sus contradicciones esenciales y a la vez, las contradicciones interimperialistas, evidencian la razón instrumental y el declive sistémico.

Asímismo, estas guerras son desaguaderos de sus crisis estructurales, son fuentes de sus truculentos negocios bélicos y la destrucción sistémica de millones de seres humanos y de la propia naturaleza. Los oligarcas yanquis, lejos de desarmarse como sueñan los social-pacifistas y los promotores del fin de la historia, por el contrario, durante el siglo XXI intensifican su carrera armamentista en proporciones cada vez más inimaginables, preparan las próximas conflagraciones, y las nuevas reestructuraciones del mapa global, y todo ello con el beneplácito y la complicidad servil de sus países aliados. Han multiplicado y multiplican sus guerras de recolonización o "guerras humanitarias". El número de guerras y conflictos coloniales en el planeta se triplicó, ascendiendo de 6 guerras y 161 conflictos armados en 2010, a 20 guerras y 166 conflictos en 2011, cuyos mayores escenarios han sido (y son) África, Oriente Medio y el Cáucaso.

Ante estas tendencias imparables, la devoción por el desarme, la distensión y la "paz global", son ingenuas fantasías con espolones atómicos. El ejército de científicos y los estrategas del imperialismo estadounidense trabajan a toda máquina no sólo para el empleo de la poderosa bomba MOP contra Irán y Corea del Norte, el despliegue y desarrollo global de la guerra de robots, basada en los aviones no tripulados o drones (como Predator, Reaper, Raven), vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés, que han sido las principales armas en las guerras coloniales contra Afganistán, Irak, Libia, Pakistán y otros países), sino también en la creación de las armas finales para aniquilar a sus enemigos, a la vez que inundan el mundo con sus operaciones de fuerzas especiales. Con razón el Imperio destinó 662.000 millones de dólares para los gastos de Defensa durante 2012, y 613.000 millones de dólares en su presupuesto militar para el año 2013.

Pese a su evidente declive, pero aún dueño de abundantes recursos imperiales, EE.UU. sigue blandiendo sus armas por todas partes, y cada Administración imperial de turno (da igual si se trata de Demócratas o Republicanos, la filosofía imperial es compartida, y la auténtica democracia ausente) se propone mantener en el siglo XXI la superioridad militar de EE.UU., particularmente en la región Asia-Pacífico, "crucial región", pero también en África, América Latina y El Caribe, regiones de disputa colonial para el imperialismo yanqui, sobre todo Nuestra América, su patio trasero, ahora transformada en una región de ruidosa y silenciosa disputa intra e interimperialista, evidenciada por los desencuentros geoestratégicos y geopolíticos, particularmente del grupo de los denominados países emergentes, que responden al acrónimo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Continuaremos en siguientes entregas.

“La

Humanidad ha elegido el camino equivocado en algún momento de

la Historia”

(José Saramago)

Basándonos en el último documento de trabajo presentado a la militancia para su debate por Izquierda Unida, partimos de la base de que necesitamos como mínimo dos grandes revoluciones en nuestra sociedad, complementarias la una de la otra. Ambas de carácter anticapitalista, pero en el camino para acabar con dicho sistema, tenemos que atacar dos grandes frentes: el económico y el político. Como idea-fuerza básica la premisa de que el capitalismo ha de ser erradicado, de que ello es posible, que no es una utopía, y que el capitalismo es el último responsable de haber llegado a una sociedad injusta, cruel e inhumana como la que tenemos.

Sabemos que al capitalismo le sobran los Derechos Humanos, que sólo le interesa el mercado, y que desprecia la democracia. No es un problema por tanto de reformar, de adaptar o de refundar el capitalismo, sino de abolirlo, de erradicarlo, de transformar nuestra sociedad en otra más justa y democrática. Frente a las “reformas estructurales” del tándem PP-PSOE, que sólo esconden recortes sociales a nuestros derechos fundamentales y a nuestros servicios públicos, nosotros apostamos por las “transformaciones fundamentales” que nos llevarán a otra sociedad, fundamentada en la garantía a los Derechos Humanos y a la protección y respaldo por parte del Estado del conjunto de servicios y recursos públicos que garanticen un vida digna.

En primer lugar, tenemos la Revolución Económica: aquí encuadraríamos un conjunto de medidas encaminadas a generar un entorno económico más justo y democrático. Entre otras, incluiríamos un proceso de Auditoría Ciudadana de la Deuda, que evalúe nuestro montante de deuda pública, y proceda a calificar aquélla parte de la misma que sea ilegítima, para denunciarla y repudiarla. Para la parte restante, negociar un nuevo marco de demora en el pago de la misma. Recordamos que sólo en intereses de dicha deuda, en 2013 hemos pagado 38.500 millones de euros de los PGE. En la misma línea, anular la modificación al Artículo 135 de nuestra Constitución, y por tanto, anular el actual dictado que nos obliga, a instancias de la Troika, a proceder al pago de todos nuestros acreedores, antes que al pago de cualquier servicio social o gasto público. La auténtica prioridad ha de establecerse en el gasto social, y en la protección a las personas.

En este contexto, incidir en las políticas de generación activa de empleo, que no serán posibles hasta que se cumplan una serie de circunstancias, entre ellas que el Estado vuelva a erigirse en el agente empleador por excelencia, que el crédito vuelva a fluir para empresas y familias, y que alcancemos un  nuevo modelo productivo basado, entre otros pilares, en la penalización de la política de bajos salarios y precarización del empleo, en un proceso de reindustrialización, de revaloración de la I+D+i, de la ciencia y de la cultura, y en la migración hacia un nuevo modelo energético. En todo ello deberán influir los procesos de nacionalización de las grandes empresas estratégicas de nuestra economía (telecomunicaciones, energía, agua, transportes, etc.), de creación de un polo de Banca Pública, de reforma fiscal progresiva, de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, y de una reforma del sector agroindustrial y alimentario.

Por otra parte, otro gran grupo de medidas se encuadrarían en lo que pudiéramos denominar la Revolución Democrática, que consistiría en la implementación de transformaciones políticas encaminadas a instaurar un auténtico y pleno sistema democrático en nuestro país. El estatus del cargo público, la creación de la figura del revocatorio, la transparencia y rendición permanente de cuentas y decisiones, la política de sueldos públicos, la eliminación de las puertas giratorias entre lo público y lo privado, las medidas de democracia local y participativa, los referéndums y las Iniciativas Legislativas Populares (ILP), la estricta y escrupulosa separación entre los poderes del Estado, la reforma de la Ley Electoral, de la financiación de los partidos políticos, la instauración del pleno derecho a la información, la democratización de los medios de comunicación y la reforma del reglamento de las Cortes Generales y de los Parlamentos autonómicos se encuadrarían en todo este grupo.

Por último, desde un sector crítico importante de la izquierda seguimos haciendo un llamamiento a romper con la actual Unión Europea y con el marco del Euro, bajo cuyos parámetros económicos, políticos y sociales será imposible canalizar un mínimo de medidas que puedan caminar hacia el cumplimiento de los objetivos marcados anteriormente. Necesitamos recuperar la soberanía monetaria, y con ella la soberanía económica y política, bajo las cuales, no sin las dificultades derivadas de dicha ruptura, podremos vislumbrar un horizonte más justo desde los puntos de vista humano, social y medioambiental.

"El desarrollo del capitalismo ha sido una continua crisis, esto es, un rapidísimo movimiento de elementos que se equilibraban y se inmunizaban"

(Antonio Gramsci)

Continuando desde el artículo anterior, donde comenzamos a hablar sobre el capitalismo español y nuestras clases sociales, diremos que la composición del bloque de poder en nuestro país queda definida por:

1.- Un núcleo central sustentado en el sector bancario, el cual se desliga de las actividades industriales nacionales, para convertirse en un grupo fuertemente internacionalizado y especializado en actividades financieras y especulativas, y que a su vez han jugado un papel fundamental en la expansión del sector inmobiliario (del cual hablaremos más a fondo en su momento). Es con diferencia el sector más potente y despótico de todos. A él se han dedicado el grueso de las políticas de "rescate" que se han implementado desde la Unión Europea, lo cual ha contribuido al crecimiento de nuestra deuda pública, a base de un proceso de socialización de las pérdidas y de privatización de las ganancias.

2.- Un sector relacionado con el turismo y la construcción, verdadero motor del frágil crecimiento económico español desde mediados de la década de los noventa del siglo pasado al 2007. Se trata de un sector aliado del anterior en el objetivo de extensión de la construcción a través del endeudamiento creciente de la población. En el caso del capital relacionado con la construcción, destaca la presencia de potentes grupos empresariales relacionados con la obra pública, que han desplegado una fuerte presión política dirigida al objetivo de imponer, controlar y corromper las políticas de gasto e inversión públicas, como se está demostrando con los llamados "papeles de Bárcenas". Junto al empresariado hostelero, el eje turístico-constructor ha orientado las sucesivas reformas laborales e instigado las políticas de ajuste salarial. La crisis del sector le lleva a estrategias de diversificación que se dirigen al control del sector eléctrico o a la profundización de políticas privatizadoras que apuntan a los servicios públicos.

3.- Los sectores empresariales relacionados con la prestación de servicios, fruto del proceso de externalización o subcontratación de actividades antes dependientes del sector público, tales como servicios de limpieza, mantenimiento o recogida de residuos. Fracción ésta del capital muy relacionada con el empresariado de la construcción, que aprovecha la crisis para protagonizar una ofensiva política centrada en la privatización de dichos servicios y empresas públicas, como el suministro de agua, control de hospitales, de los servicios sociales o la educación, o en el caso de las grandes constructoras, del control de los puertos y aeropuertos más rentables.

4.- Fracciones del capital que han generado una alianza de clase entre el sector financiero-prestación de servicios-construcción, a los que hay que sumar el nuevo sector de distribución comercial, con empresas tan potentes como El Corte Inglés o Inditex, y el cada vez más importante sector alimentario. Todos ellos forman el núcleo central del capitalismo español que conforma el bloque de poder en España, que en unión con el capital financiero internacional y las grandes empresas transnacionales del automóvil y de la química, componen la alianza de clase dominante en nuestro país, con la complicidad de las políticas antiobreras de quienes han gobernado desde hace más de treinta años.

5.- Por último, un quinto bloque lo constituye el resto del empresariado no incluido en los puntos anteriores, con empleados/as, que se mueve alrededor del 5% de la población, y que difiere bastante de las condiciones en que se mueve esa fracción hegemónica, y desde luego forman un conjunto bastante heterogéneo, desde medianos y grandes empresarios/as (con incluso más de 2.000 empleados/as), hasta pequeños tenderos/as, artesanos/as y profesionales con 1-2 asalariados/as, cuyos planteamientos son mayoritariamente conservadores en política, y antiobreros en economía.

También es importante analizar el papel de los falsos autónomos en la estructuración de clases en nuestro país, ya que éstos han sufrido un proceso de desclasamiento, y por tanto, desde la izquierda debemos tratar de atraerlos a posiciones que permitan su incorporación en la lucha por sus intereses, trabajando sobre todo el aumento de su conciencia de clase como grupo. El caso más típico son los autónomos unipersonales, sin personal contratado, que además dependen en su inmensa mayoría de trabajos de la contratación de otra empresa superior. La conciencia de clase trabajadora, de forma muy evidente, debe primar en todo este grupo.

Por su parte, la clase trabajadora en España está enormemente fragmentada: una primera diferenciación se puede establecer entre personas con un trabajo no precario, precario y sumergido, en una proporción aproximada para cada grupo (la foto no es fija) de un 32%-48%-20%. Existe aún (aunque en progresivo desmontaje) un núcleo central de trabajadores con derechos, salarios relativamente buenos y condiciones de trabajo decentes (al menos en términos relativos) que puede estar en torno al 30% de los asalariados/as, el resto está en situación de precariedad en mayor o menor medida. La clase trabajadora en España desarrolla su actividad mayoritariamente en el sector servicios, después del proceso de progresiva desindustrialización que llevamos sufriendo durante las últimas décadas. En este sector trabajan aproximadamente dos de cada tres trabajadores/as, uno de cada tres está entre industria y construcción, y una minoría lo hace en la agricultura.

La característica básica de la clase trabajadora española es la precariedad laboral, con una tasa de actividad no alta, del 60%, una tasa de paro en plena crisis que supera el 26%, y una tasa de temporalidad por encima del 30%. Veáse el artículo titulado "El verdadero efecto de la Reforma Laboral" para una exposición más completa sobre la evolución última del mercado de trabajo. La salarización es alta, más de 4 de cada 5 dependen de un salario, una tasa de trabajo a tiempo parcial nada despreciable y en continuo aumento, superando el 15% en un país en el que esa forma de contratación es impuesta al trabajador/a, no deseada, un importante nivel de subempleo, del 12,5%, y una mano de obra en la economía sumergida equivalente al 20-25%. Esto lleva a que entre 6-7 trabajadores de cada diez estén en situación de precariedad en el trabajo.

A estas dos características, una clase empleada mayoritariamente en el sector terciario, viviendo y trabajando en la precariedad, se añade una tercera, su extraordinaria diversidad, compuesta por diferentes grupos, de los cuales ninguno aparece como el cuantitativamente mayoritario y mucho menos como el nucleador o aglutinador del conjunto, grupos entre los que existen, por lo tanto, enormes diferencias de todo tipo. Así, junto a los restos, cuantitativa y cualitativamente importantes, de lo que se podría denominar la "clase obrera tradicional", apenas un 25% del total, que ha perdido por completo su status quo de grupo hegemónico dentro de la clase, se pueden destacar a los cuatro colectivos que mayor crecimiento han experimentado en las últimas décadas, como son las mujeres (el 45% de los activos), la juventud menor de 30 años (el 20%), los y las  inmigrantes (el 15%), y los trabajadores/as intelectuales (por encima del 30%). Estos grupos, junto con los trabajadores/as de la construcción y de las actividades dependientes de la misma, son precisamente los que más han sufrido el embate de los primeros cinco años de la crisis, que ahora ya está afectando a todos los grupos casi por igual. En las siguientes entregas haremos un somero repaso a dichos grupos que hemos mencionado.