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26 julio 2011 2 26 /07 /julio /2011 23:00

En España el 20% de la población (unas diez millones de personas) se hallan ya en la pobreza. De ellos, 1,5 millones sufren pobreza severa. Con casos particularmente indignantes como el de los hijos de extracomunitarios (más de la mitad de ellos viven en la indigencia), y el de las 30.000 "personas sin hogar", nivel máximo de exclusión social.

 

¿Quiénes son esos pobres de hoy? Parejas con hijos viviendo con un único sueldo, jubilados aislados, mujeres solas con hijos, jóvenes con empleos basura, campesinos explotados por las grandes distribuidoras y, obviamente, la gran cohorte de activos que la crisis acaba de dejar sin empleo. Lo peor es que la violencia del desempleo golpea sobre todo a los menores de 25 años. En materia de paro juvenil, España ostenta la tasa más catastrófica de Europa: 44,5%. En 2011, la crisis provocará más de 100.000 embargos hipotecarios.

 

cohesion_social.jpgLas estrategias de liberalización y mercantilización diseñadas han venido desarrollando de una nueva política "social" que, al tiempo que impone un nuevo "modelo de gestión y negocio", desmantela el ya frágil "medio estado" de bienestar en el área de servicios sociales, afectando especialmente a los sectores mas vulnerables y frágiles de la ciudadanía. Dicha estrategia tiene su expresión en:

 

1.- Entender los servicios sociales como nuevo espacio para el mercado: El proceso de externalización y privatización de servicios.

 

2.- El ninguneo en la aplicación de la ley para el desarrollo de la autonomía personal y dependencia.

 

3.- La ausencia de una estructura comarcalizada y mancomunada de servicios especializados con una baja dotación de los mismos.

 

4.- La escasa coordinación y distribución de competencias entre administración local y autonómica.

 

Es indispensable garantizar que los sistemas públicos de servicios sociales sean la referencia fundamental para el desarrollo de la protección social. Pare ello, desde IU proponemos tres ideas sobre las que trabajar el desarrollo de los servicios sociales:

 

1.- Supresión del proceso de privatización de los servicios públicos y externalizaciones a terceros mediante una normativa autonómica que determine bases, incompatibilidades y condiciones de servicios prestados.

 

2.- Garantía de un servicios sociales públicos, universales y descentralizados de responsabilidad pública, relacionados entre sí, que contribuyan a atender las necesidades sociales de la población, así como a prevenir y eliminar las causas que conducen a la exclusión social. La elaboración de una Carta de Derechos Sociales y su instrumentación jurídica para que se definan los derechos exigibles subjetivamente por los ciudadanos.

 

3.- La necesidad de coordinación e interdisciplina. La estructura básica de servicios sociales es un instrumento más en la lucha contra la desigualdad social que ha de complementarse y coordinarse con otras iniciativas (empleo, fiscalidad, vivienda, cultura). Es necesario que haya en cada Comunidad Autónoma un plan de ordenación territorial de servicios generales y especializados atendiendo a la comarcalización y servicios mancomunados.

 

Para avanzar en esta dirección, realizamos las siguientes propuestas:

 

1.- Aumento del gasto social, al menos hasta equipararlo a la media europea y hasta alcanzar el 7% del PIB en todo el Estado.

 

2.- Reforzar y mejorar la estructura pública de la red de servicios sociales generales y especializados, zonificación y dotación de centros sociales de base, establecimiento de un plan de financiación (plan concertado comarcal – autonómico) de servicios sociales municipales atendiendo a los ratios recomendados por población y demanda.

 

3.- Creación de un plan de ordenación de servicios especializados por áreas y población específica que atienda a los criterios de comarcalización y municipalización. Creación de un mapa social de recursos y necesidades.

 

4.- Apoyo a la iniciativa social sin ánimo de lucro, incluyendo su cooperación en convenios de colaboración con la red pública, apoyo al asociacionismo social y refuerzo de su implicación local y autonómica.

 

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25 julio 2011 1 25 /07 /julio /2011 23:00

Hemos asistido recientemente a unas nuevas declaraciones (ya son demasiadas) del Presidente de la gran patronal (CEOE), Juan Rosell, a quien yo personalmente recomendaría que antes de hacerlas, hiciera una cura de reposo, ingresara varios días en un monasterio, se diese una sesión de risoterapia, o algo parecido, porque la verdad es que cada vez que habla este señor hiere la sensibilidad de miles y miles de trabajadores, de colectivos completos, con su tono y el contenido de sus palabras. Efectivamente, cuando fue elegido este señor para su actual cargo nos dijeron que fue elegido por su tolerancia, por su respeto, por su capacidad negociadora, y por su equilibrio conciliador, y la verdad es que está resultando mucho peor que su antecesor, que ya es correr.

 

Pues bien, nuevas lindezas dedicadas a los parados y al sector del funcionariado español han salido de las declaraciones de este sujeto, totalmente indignantes, viniendo precisamente del sector que tantas y tantas cosas tiene que callar, como es el empresariado español. De entrada, se le ocurre decir que "hay que acabar con la gente que se apunta al paro porque sí", y habría que responderle al señor Rosell que la gente que se apunta al paro es porque quiere trabajar, porque tiene necesidades y responsabilidades, y no es un rico ni poderoso empresario, al que se lo han dado todo hecho, y se dedica a explotar a los demás, sino que es cualquier padre/madre de familia, cualquier joven titulado que quiere independizarse y realizar su proyecto de vida, cualquier persona que quiere vivir y desarrollar su carrera profesional, y además quiere hacerlo dignamente, no explotado por el sistema, que es justo lo contrario a lo que Vd. defiende, señor Rosell.

 

Y en cuanto a los funcionarios, ya toca las narices tanto ataque a este sector, precisamente uno de los más perjudicados por la crisis, ya que han visto su sueldo rebajado, mientras los beneficios de los empresarios a los que Vd. representa, Sr. Rosell, no han hecho más que aumentar. De acuerdo en que muchas empresas han tenido que cerrar, pero cuando lo han hecho, han dejado a mucha gente en el desempleo, precisamente esa gente de la que Vd. dice que "se apunta al paro porque sí", señor Rosell. Pues bien, ahora manifiesta este señor que "hay que acabar con los funcionarios prepotentes e incumplidores, aquéllos que se creen que el puesto de trabajo es suyo, y hay que evaluarlos en su rendimiento, y hay que penalizarlos, además de convencerlos de que trabajan para nosotros".

 

Ante tamaño desprecio por este colectivo, hay que decirle al señor Rosell que si hay funcionarios prepotentes, hay muchos más empresarios prepotentes, empresarios a los que les gusta arrastrar a su dinámica de entrega y de adicción al trabajo a sus empleados, pero que no les tiembla la mano a la hora de ponerlos de patitas en la calle en expedientes de regulación de empleo, únicamente por motivos de más rendimiento y beneficios de la empresa, o simplemente para atraer a nuevo personal más joven (y barato), que sea también más fácil de adoctrinar, de convencer y de meter miedo, empresarios que intentan sistemáticamente burlar las leyes laborales, defraudar a la Hacienda Pública e incumplir los contratos, amén de practicar ahorro hasta en los cuartos de baño de sus empleados.

 

Está Vd. equivocado, señor Rosell, los funcionarios no se creen que el puesto de trabajo es suyo, saben que el puesto de trabajo es suyo, simplemente porque lo es, mal que a Vd. le pese, señor Rosell, porque lo han ganado en concurso/oposición pública, y han demostrado su capacidad, cosa que ya quisieran muchos empresarios. Y también está Vd. equivocado, señor Rosell, porque los funcionarios saben que trabajan para nosotros, para todos nosotros, lo tienen asumido, no como los empresarios, que sólo trabajan para ellos, para engrandecer sus beneficios, importándoles un pimiento todo lo demás: el país, las personas, las leyes, etc. Así que, señor Rosell, más valiera que esas lindezas que le dedica Vd. al colectivo de los funcionarios se las dedicara Vd. a los suyos, a su gente, a esos empresarios de tres al cuarto, que sólo entienden de ganancias y de beneficios, de explotar al personal, y que se creen los reyes del mambo por crear empleo, cuando lo único que crean es precariedad laboral e incertidumbre social, además de miles de ataques de ansiedad.

 

¿Sabe lo que a Vd. le molesta en el fondo, señor Rosell? Pues que existan los funcionarios, a Vd. y a todos los empresarios a los que Vd. representa. Les molestan los funcionarios, simplemente porque no pueden controlarlos, porque ellos, aunque también son trabajadores, se rigen por unos sistemas y unas normas que escapan a su control, y eso es lo que no les gusta. En el fondo, Vd. y sus empresarios quisieran que no existiera la Administración Pública, que no existieran los funcionarios públicos, y que todos los servicios de un  país fueran administrados por la iniciativa privada, y que todos los trabajadores estuviesen bajo su control.

 

También para Vds. sobran los sindicatos, porque defienden los intereses de los trabajadores, y también sobran los políticos, por lo cual también les gusta (lo hacen siempre que pueden) gobernar ciudades, comunidades y países, pero también desde la misma óptica, desde la óptica empresarial, que ya sabemos que sólo mira por los beneficios. Afortunadamente, señor Rosell, hay otro mundo al que Vds. no representan, un mundo que cree en la iniciativa pública, y que cree que hay vida más allá del trabajo, de la empresa y de los beneficios. Tenga Vd. un poquito más de vergüenza, señor Rosell, y deje ya de insultar a parados y funcionarios, que lo único que hacen es trabajar para llevar un sueldo a casa, cuando pueden.

 

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24 julio 2011 7 24 /07 /julio /2011 23:00

El marco estratégico neoliberal y las condiciones de la actual fase del capitalismo global, han situado a los servicios públicos en el centro de la "acumulación por desposesión" como forma de recuperación de la rentabilidad del capital a escala planetaria. Asistimos a una auténtica guerra contra los servicios públicos. Estas amenazas se dan a nivel local (planes privatizadores de Ayuntamientos y gobiernos autonómicos), a nivel nacional (planes de los gobiernos estatales), supranacional (Bolkestein, ALACA, TLCs) e internacional (OMC, Banco Mundial, FMI, OCDE...).

  

servicios_publicos.jpgEsto significa pasar de un marco en el que los SS.PP se consideran como bienes públicos, financiándose por tanto con cargo al erario público y suministrados directamente por los Estados, a otro en el que los gobiernos actuarían fundamentalmente como facilitadores y reguladores de unos servicios prestados por empresas privadas - responsables de la gestión y, eventualmente, propietarias de las correspondientes infraestructuras – que exigirían un pago para la recuperación de los costes incurridos en la prestación de los servicios, con lo que el usuario pasaría a ser un mero consumidor (hay otra palabra más dura: "cliente"), y la exigencia de responsabilidades y rendición de cuentas en caso de mal funcionamiento (factible en una situación democrática, a través de cauces institucionales y opciones políticas) se vería constreñida a un potencial cambio de suministrador privado, en caso de que esto fuera posible, ya que la naturaleza monopolística de la mayoría de los servicios clave (basados en infraestructuras, como el agua) convierte en irreal la competencia.

 

Frente a las privatizaciones, desde IU proponemos más Estado y defendemos el carácter universal de los servicios públicos frente a la selección por renta. No queremos más privatizaciones de servicios públicos y de bienes comunes, sino una "Re-municipalización" y reconversión en propiedad pública. Defendemos la existencia de fuertes empresas públicas en los sectores estratégicos de la economía, y más inversión en educación, salud, transporte público, deporte, cultura…

 

Desde IU queremos trabajar para conseguir un modelo avanzado de Estado Social en el que cada derecho esté garantizado por un servicio o poder público, como ofensiva a la propuesta neoliberal de adelgazar el Estado. Para nosotros la educación, el cuidado de la infancia y la adolescencia, la enfermedad, la tercera edad, la salud, el suministro de agua potable y el sistema de desagüe, el suministro energético, el transporte público, el servicio de correos, el deporte y la cultura no son mercancías al alcance del mejor postor, sino servicios públicos que dependen de la responsabilidad pública. Por ello no se les puede someter al principio de la competitividad del coste más bajo y el máximo beneficio.

 

Los Servicios Públicos permiten la satisfacción de las necesidades básicas de la ciudadanía en condiciones de acceso universal, no discriminatorio y con coste asequible. La consecución de estos servicios, que permiten la cohesión social y representan un salario indirecto, ha supuesto un gran esfuerzo y penalidades por parte de la ciudadanía en los últimos dos siglos.

 

Aumento del empleo público y el gasto social

 
La congelación del empleo público y la reducción salarial a los trabajadores y trabajadoras públicos constituye un grave atentado contra el sector público, contra los derechos ciudadanos y democráticos. Actualmente, las tareas que no se desempeñan desde el sector público son privatizadas o externalizadas a costes muy superiores. Con ello, los beneficios para la empresa privada son ingentes. Tanto es así, que la mayor parte de las grandes empresas del núcleo central del capitalismo español se han diversificado hacia empresas de servicios externalizados o privatizados desde el sector público. 
 
El porcentaje de personas trabajando en el sector público en España está muy por debajo de la mayoría de los países de la UE-15. El gasto público en España es 6 puntos de PIB más bajo que la media de la UE.

 

Tan sólo con esa equiparación del gasto del PIB, tendríamos recursos suficientes para garantizar un sector público que genere empleo, dé servicios de calidad e invierta en otro modelo productivo.

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21 julio 2011 4 21 /07 /julio /2011 23:00

Estamos ante una crisis del sistema, pero no creemos que estemos ante la crisis final del capitalismo. Lo que si vemos como irreversible es la crisis del modelo productivo que ha materializado el desarrollo capitalista en la formación social española en los últimos decenios. De esa crisis se podrá salir de diferentes maneras. Desde IU queremos abrir la perspectiva de una salida de progreso, favorable a la mayoría social trabajadora.

 

modelo_productivo.jpgNo se trata sólo de generar una alternativa económica, sino también una alternativa política, social, cultural e ideológica; una alternativa para la movilización, la acumulación de fuerzas, la participación y la regeneración democrática.

 

El nuevo modelo que proponemos tiene un carácter eminentemente social y por ello es incompatible con el neoliberalismo. Su objetivo inmediato es equilibrar mercado y Estado, situando la determinación económica en el interés general, la creación de empleo estable y de calidad y el desarrollo sostenible desde los puntos de vista humano, social y medioambiental.

 

Rasgos del actual modelo productivo

 

El actual modelo productivo español es la causa principal de que la crisis del sistema sea aquí más grave, más profunda y, previsiblemente, de más larga duración que en el resto de los países capitalistas desarrollados.

 

El modelo productivo español no se ha caracterizado solamente por una polarización sectorial hacia la construcción residencial (espoleada hasta el paroxismo por la especulación) y determinado tipo de servicios (fundamentalmente, la hostelería de escaso valor añadido).

Además, sus principales rasgos son: salarios bajos y escasa protección social, dependencia tecnológica, grave endeudamiento de las empresas y las familias, un muy elevado déficit comercial, alto impacto medioambiental, una fiscalidad regresiva insostenible, un elevado porcentaje de economía sumergida y una elevada corrupción inseparable del desarrollo del sistema.

 

Esto ha tenido como consecuencia más significativa una elevada polarización de la renta, con un descenso importante de la participación de las rentas salariales en la renta nacional, un crecimiento del empleo desequilibrado y precario, un retroceso de la productividad y una degradación ecológica de proporciones incalculables.

 

Algunas bases del Nuevo Modelo Productivo

 

La construcción de un Nuevo Modelo Productivo debe partir del análisis crítico del modelo fracasado y de las políticas neoliberales que lo han sustentado, e incorporar los siguientes elementos como base:

 

1.- Defender lo público y el papel de lo público en la economía. El Estado y las Administraciones Públicas deben reequilibrar el mercado, no sólo corregirlo.

 

2.-  Cambiar el modelo de relaciones laborales que es el rasgo más negativo del actual modelo. Una parte esencial es la reforma empresarial y no la reforma laboral. Hay que cambiar la gestión empresarial en este país, penalizando el modelo de salarios bajos, precariedad y desregulación.

 

3.-  Introducir la democracia en la economía, desde la planificación sostenible del desarrollo hasta la gestión de cada empresa concreta.

  

4.- Considerar el pleno empleo, digno y de calidad como el eje determinante del nuevo modelo productivo con políticas de reparto del trabajo y producción sostenible.

  

5.- Exigir legalmente el cumplimiento de los derechos subjetivos establecidos en la Constitución: derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, etc.

  

6. Modificar profundamente el sector financiero, recuperando y desarrollando el papel de la

Banca Pública y utilizando las Cajas de Ahorro como soportes financieros públicos del desarrollo regional.

 

7.- Reforma del modelo energético, del uso de los recursos naturales como el agua, y la lucha contra el cambio climático.

 

8.- Recuperar la política para la ciudadanía y la democracia; liquidar la corrupción, reformar el sistema electoral.

  

9.- Defender y desarrollar la protección social, la Seguridad Social y los servicios sociales.

 

10.- Garantizar la eficiencia y el desarrollo de los servicios públicos, con propiedad y gestión públicas.

 

11.- Cambio radical en la política agraria para que apoye un modelo social de agricultura, productivo y sostenible. La alimentación debe ser considerada un asunto estratégico.

 

Ningún cambio es posible si no empoderamos a los trabajadores y las trabajadoras en la construcción no sólo de un nuevo modelo de relaciones laborales, sino en la organización del nuevo modelo productivo y social. La democracia económica debe basarse en el papel central de los trabajadores y trabajadoras en las propias empresas.

 

Nos referimos a la participación en los Consejos de Administración, incidencia en los modelos de formación y cualificación laboral y en el modelo de Universidad, la recuperación de la negociación, consulta y participación en la organización interna de las empresas, aumento de la participación de los representantes de los trabajadores y las trabajadoras, vía modificaciones legales, en cuantos organismos de inversión, de modelo de política industrial y de I+D+i, se creen.

 

Para ello proponemos que se reconozca el derecho de los trabajadores y de las trabajadoras a participar en la gestión de las empresas y en la distribución del excedente empresarial mediante la promulgación de una Ley de Participación de los Trabajadores y sus representantes en la gestión de las empresas.

 

Nos referimos a que los trabajadores y trabajadoras tienen que formar parte de las nuevas relaciones de producción, pleno empleo, ampliación y mejora de la negociación colectiva, igualdad de género, acceso a la propiedad de las empresas que se quieren deslocalizar, poder sindical en la empresa, información y participación en las decisiones empresariales.

 

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20 julio 2011 3 20 /07 /julio /2011 23:00

Hemos llegado a un punto en que todos los días nos informan de nuevos ataques especulativos por parte de los llamados Mercados Financieros Internacionales, al Euro y a la deuda soberana de los países miembros de la Unión Europea, incluído el nuestro. La pregunta que nos hacemos, y que ni los propios expertos saben responder, es ¿Hasta cuándo va a durar esto? Desde la izquierda ya hemos avisado muchas veces de esta situación, pues siempre hemos entendido que no se trataba de un problema coyuntural, sino de un problema endémico e inherente al propio sistema capitalista, y por ende a la propia naturaleza insaciable y avariciosa de los Mercados.

 

Y así hemos llegado a esta situación, donde un día sí y el otro también se reúnen los Ministros de Economía y Finanzas del Eurogrupo (el llamado ECOFIN), e intentan en interminables jornadas concluir con ciertos acuerdos (que no siempre se alcanzan) que puedan frenar estas situaciones, para volver a la sensatez y a la calma mercantil. Pero la práctica nos está demostrando que no ocurre así, y que después de un par de días de calma vuelven los nervios a las Bolsas y a los países, pues se vuelven a crear rumores, se vuelven a repetir los ataques especulativos, o se vuelven a publicar nuevos índices de las empresas calificadoras de riesgos, que vuelven a puntuar al alza o a la baja la deuda soberana de tal o cual país.

 

¿Cómo se acaba con esta situación? Pues igual que un drogadicto tiene antes que nada que autodetectar y autoreconocer su problema para poder empezar un proceso de curación, aquí pasa lo mismo. Lo primero que hemos de hacer es detectar y reconocer bien el problema, y aquí es donde negamos la mayor, y estamos en contra de la visión que de dicho problema tienen la Comisión Europea, el FMI y otros Organismos Internacionales, pues pensamos, tomando las palabras de José Antonio García Rubio (responsable federal de Economía y Trabajo de IU), que "las ganancias de los llamados Mercados se basan en el desastre, y no en la recuperación económica". Tenemos el último ejemplo en Grecia, donde el chantaje europeo ha consistido en aprobar la concesión de una cantidad para su rescate, pero a costa de que se apruebe un paquete de medidas que llevan al país a un mayor empobrecimiento y pérdida de derechos sociales y laborales. Y ahí es donde ganan los Mercados, que ahora pueden comprar las empresas públicas griegas que van a privatizarse.

 

Creemos por tanto que, si aceptamos esto, estaremos en mejor situación de poder responder a este brutal sistema capitalista, autocensurando las frivolidades, no siguiéndoles el juego especulativo, y abandonando por tanto el fanatismo neoliberal financiero que nos está llevando a este desastre colectivo, no sólo nacional, sino europeo. Hay que comprender que los Mercados no responden a las políticas de recortes, pues siempre quieren más, de tal manera que por muchas reformas y contrarreformas que se pongan en marcha, y por muy buenos y obedientes que queramos parecer, "haciendo los deberes" (usando la tan manida expresión, que no me gusta nada), todas estas conductas no sirven para nada, sino que hay que tomar auténticas medidas para cortar de raíz la especulación.

 

Siguiendo con las palabras de García Rubio, "somos conscientes de que el origen del problema radica en el fracaso del modelo de construcción europea impulsado por el neoliberalismo. Ello obliga a dar un giro de 180 grados a ese modelo, aunque esto requiera mucho tiempo. Pero mientras tanto, y de forma inmediata, es posible detener la especulación con tres medidas urgentes que pueden completarse con otras, tal y como viene ofreciendo Izquierda Unida en un amplio paquete de propuestas concretas".

 

Efectivamente, las tres medidas a las que se refiere el dirigente federal de IU son las siguientes, que entendemos imprescindibles para comenzar ese giro radical:

 

1.- Proponer inmediatamente a la Unión Europea, de forma pública, que el Banco Central Europeo (BCE) asuma las emisiones de deuda de los países miembros, para hacer imposible la especulación sobre la deuda soberana a medio y largo plazo, basada en el desastre.

 

2.- Prohibir todas las operaciones a corto plazo, y hacer transparente el mercado de CDS (seguros de la deuda) para evitar la especulación sobre los mismos.

 

3.- Proceder a la nacionalización inmediata de todas las Cajas de Ahorros, para garantizar el crédito suficiente a la economía.

 

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19 julio 2011 2 19 /07 /julio /2011 23:00

El fraude fiscal y la economía sumergida reducen de forma decisiva los recursos de nuestro sistema financiero. Limitan la financiación del conjunto de las Administraciones Públicas, la cobertura de las necesidades sociales y comprometen el futuro desarrollo económico y social del país. Por consiguiente, y al producir desigualdades en las aportaciones de los contribuyentes, rompen los principios de justicia, igualdad y progresividad del sistema.

 

El combate contra el fraude fiscal y la economía sumergida es un factor determinante en la corrección del déficit público por su importante potencial. El volumen de economía sumergida en nuestro país se sitúa actualmente entre el 23 y el 25% del PIB. Las consecuencias positivas para la recaudación fiscal de medidas enérgicas y eficaces son evidentes. Una disminución de esta lacra hacia el entorno de la media europea (12%) representaría una recaudación fiscal aproximada de unos 4 puntos del PIB en todo el Estado Español.

 

economia_sumergida.jpgSiendo una competencia esencial del Estado, las CC. AA. deben implicarse también en estos objetivos, de acuerdo con el principio de corresponsabilidad fiscal.

 

Por ello, proponemos establecer el objetivo de reducción de la economía sumergida en 3 puntos anuales hasta 2012. La herramienta fundamental para conseguirlo es, en coordinación con la Agencia Tributaria, la puesta en marcha de Planes Autonómicos contra el fraude fiscal y la economía sumergida que refuercen la inspección y la denuncia de aquellas empresas que incumplen la ley.  

 

De esta forma se obtendrían los recursos suficientes para la superación de nuestro déficit social y productivo, y por tanto, sentar las bases para alcanzar nuestro objetivo del pleno empleo, ya que se estima en al menos 800.000 el número de trabajadores y trabajadoras que no están dados de alta en la Seguridad Social.

 

Junto al incremento de la contribución fiscal de manera progresiva, también Izquierda Unida plantea toda una serie de iniciativas políticas para racionalizar el gasto público, y priorizar aquellos sectores económicos estratégicos que posibilitan un nuevo modelo productivo. Además la racionalidad en el gasto público nunca deberá ir en contra del conjunto de servicios públicos y derechos económicos y sociales del conjunto de la ciudadanía.

  

En materia de racionalidad y reordenación en el gasto público por parte de la Comunidad Autónoma, IU propone el diseño y desarrollo de planes de control interno del gasto público y de la calidad y eficiencia de la misma con los siguientes elementos:

 

1.- Centralización de los gastos de promoción, publicidad etc. a nivel de Consejería, Departamento, Organismos o empresas dependientes o vinculadas.

 

2.- Memoria anual justificativa, caso por caso, de todos los gastos de mantenimiento, reparaciones, energía, material fungible, viajes, dietas, etc.

 

3.- Limitación de los gastos de asesoría y consultoría, informes y estudios externos, artículos y publicaciones (excepto publicaciones de investigación y análisis).

 

4.- Creación en cada departamento, institución, organismo, empresa, entes, etc. de una Comisión de Control y Seguimiento del Gasto de la que deberán formar parte por lo menos dos representantes de los trabajadores y trabajadoras. Será competente para examinar y dictaminar sobre el control de la contratación pública, de la subcontratación de servicios y proyectos, gastos de promoción y publicidad, obras de reforma, servicios de mantenimiento, gastos en consultoría y asesoría y todos los otros gastos especificados en las propuestas anteriores. Sus dictámenes serán públicos.

 

5.- Creación de una Agencia Autonómica para el Control de la Calidad del Gasto.

 

6.- Control de la calidad y eficiencia de la Contratación pública, adoptando medidas para la trasparencia de concursos y licitaciones, y evitando el deslizamiento de los precios de los contratos públicos.

 

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18 julio 2011 1 18 /07 /julio /2011 23:00

Escuchamos el pasado sábado día 9 de Julio el discurso de Alfredo Pérez Rubalcaba en el acto oficial de celebración de su propuesta como candidato a la Presidencia del Gobierno por el PSOE para las Elecciones Generales de marzo de 2012 (o antes, no se sabe). La verdad es que ya había protagonizado un montón de actos anteriores a dicho discurso oficial, había abandonado el Gobierno un día antes, y habían creado desde el PSOE muchas expectativas a su discurso, que fue aplaudido, como es natural, por toda la plana mayor y menor del Partido Socialista, además de un montón de invitados, familiares y simpatizantes. La verdad es que, de entrada, tengo que decir que me hacen poca gracia dicho tipo de actos, de grandes despliegues al estilo americano, de entender también la política como un espectáculo.

 

Y entrando ya de lleno en su discurso, me pareció en líneas generales de un cinismo tremendo, presentando un repaso y una serie de propuestas para un montón de aspectos de política general, donde parecía que había visto "la luz", que se había iluminado por fin, y tenía recetas para los grandes problemas del país. Incluso un gran recetario de izquierdas, podríamos decir...No sé a quiénes pretenderá engañar. Seguramente pretenderá seguir engañando a los miles y miles de votantes desencantados del PSOE, para que sigan votándole en las próximas elecciones. 

 

Efectivamente y por enésima vez, pretende hacernos ver que va a practicar una política de izquierdas, cuando ya no se lo cree ni él mismo. Intentando ser justos, el señor Rubalcaba podría tener cierto grado de credibilidad si perteneciera a otro partido que nunca hubiera gobernado, incluso podría tener cierta credibilidad si fuese alguien nuevo y desconocido en las caras del PSOE; pero es que resulta que el señor Rubalcaba, además de ser un histórico del PSOE (ya era portavoz del gobierno en la época de los GAL), ha sido hasta hace varios días Vicepresidente primero del Gobierno, Portavoz del mismo y Ministro del Interior. Ahí es nada. Y no sólo eso, sino que no ha representado (que sepamos) ninguna voz discordante ni discrepante con la política neoliberal del gobierno Zapatero.

 

Luego con dichas credenciales, ¿cómo puede venir a contarnos que va a implementar semejantes medidas? Ahora resulta que es partidario de una reforma de la Ley Electoral, que es partidario de una Educación y de una Sanidad públicas (con el precedente de la factura informativa), que es partidario de que una parte de los beneficios de la Banca vayan a parar a políticas de creación de empleo, que es partidario de la imposición del Impuesto de Patrimonio (según dice él, para los grandes patrimonios reales), que es partidario de la imposición de un Impuesto a las Transacciones Financieras, etc., etc., etc. ¡¡Qué maravilla!! La pregunta es: ¿porqué no se ha hecho ya, señor Rubalcaba? Son propuestas que, además de estar en la calle muchas de ellas, están en el ideario de Izquierda Unida, coalición que lleva mucho tiempo proponiéndolas en los plenos y las Comisiones del Congreso y del Senado, y que han sido sistemáticamente rechazadas por parte del PSOE, esas mismas siglas con las que el señor Rubalcaba se presenta como candidato.

 

Así que si el lema de su candidatura es: ESCUCHAR, HACER, EXPLICAR, tenemos que decir que ha ESCUCHADO poco, porque sus propuestas, además de ser increíbles viniendo de quien vienen, se siguen quedando cortas para las demandas de movimientos como el 15M o de coaliciones de auténtica izquierda, como IU. Tenemos que decir que ha HECHO todavía menos, pues durante todo el tiempo que ha estado en el Gobierno ha practicado justo las políticas contrarias a las que ahora está defendiendo y anunciando que va a hacer. Y sobre el verbo EXPLICAR, tenemos que decir que ya no valen las explicaciones. Ni sobre el pasado, ni sobre el futuro. Sobre el pasado, porque no se entienden. Sobre el futuro, porque es un candidato que no despierta ni la más mínima credibilidad.

 

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17 julio 2011 7 17 /07 /julio /2011 23:00

La salida a la crisis de la década de los setenta fue la internacionalización de la economía y la recuperación de la tasa de beneficio empresarial por medio del ajuste salarial. Las necesidades de inserción internacional de las economías nacionales requería de una política fiscal favorable a los factores móviles (las rentas de capital) y desfavorable a las factores fijos (las rentas de trabajo).

 

Los sistemas fiscales propios de los Estados de bienestar tenían como principios ordenadores la equidad y la progresividad, verdadero mecanismo de redistribución de la renta por medio de ofrecer bienes y servicios públicos financiados por imposición directa, lo que permitía una redistribución de la renta por medio del ingreso (los impuestos) como por medio del gasto (los servicios públicos). Para ello se establecían tres pilares: imposición personal sobre la renta a través del principio de capacidad económica; la imposición general sobre el consumo; y las cotizaciones sociales.

 

reforma_fiscal.jpgLos principios fiscales de inspiración neoliberal suponen un ataque al esquema anterior. De esta forma se pasa a un sistema fiscal cuyo principio orientador es la necesidad de ampliar la acumulación de los beneficios y de las altas rentas salariales, pero sobre todo favorable a las rentas de capital, por medio del protagonismo de los impuestos indirectos, tales como el impuesto al consumo, los impuestos especiales, tasas y precios públicos.

 

De esta forma avanzan hacia un sistema fiscal neutro por medio de: la desfiscalización de las rentas de capital; la sobreimposición de las rentas de trabajo; la bajada de impuestos directos e incremento de los indirectos y la disminución del gasto público y de los niveles de bienestar social. Frente a ello y para generar una alternativa social a la crisis, tenemos que elaborar una propuesta de reforma fiscal progresiva que permita liberar los recursos suficientes para crear empleo y superar el déficit social.

 

Apostamos por una reforma fiscal que suspenda los regalos fiscales regresivos y antisociales, para dedicar esas cuantías a la inversión real, al aumento del gasto social y al incremento del I+D+I, como mecanismo de creación de empleo y de defensa de unos servicios públicos de calidad. Para ello es necesario el aumento del gasto público y una reforma que se construya sobre:

 

1.- Una política fiscal basada en los impuestos directos frente a los indirectos.

 

2.- Equiparación de la contribución fiscal de las rentas del capital y del trabajo.

 

3.- Introducción de medidas de fiscalidad ecológica que graven las actividades que perjudican el medio ambiente e incentive las que tengan efectos favorables sobre el mismo.

 

En el marco de una reforma general del sistema fiscal que recupere los principios de progresividad, equidad y suficiencia, y tome como objetivos prioritarios la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal, Izquierda Unida propone a nivel autonómico:

 

En el tratamiento del tramo autonómico del IRPF:

 

1.- Reducción de un punto del tipo aplicado en el tramo inferior de este impuesto (17.707 €)

 

2.- Creación de dos tramos diferenciados, con incrementos de los tipos aplicados: de más de 60.000 euros, con un incremento de dos puntos porcentuales en el tipo aplicado; y de más de 120.000 euros, con un incremento de cuatro puntos porcentuales en el tipo aplicado.

 

En el  Impuesto de Sucesiones y Donaciones:

 

1.- Reposición del impuesto allí donde se haya eliminado y reforma integral de las deducciones y bonificaciones en las CC.AA en las que éstas han hecho de facto la eliminación de este impuesto.

 

2.- Establecer un nuevo sistema de deducciones y bonificaciones en función de la renta y patrimonio de las personas que son objeto de este impuesto, favoreciendo exenciones a aquéllas personas con las rentas más bajas.

 

3.- Restablecimiento del Impuesto de Patrimonio y Transformación en un Impuesto sobre las Grandes Fortunas.

 

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14 julio 2011 4 14 /07 /julio /2011 23:00

En otoño de 2008 el sistema financiero internacional se encontraba con unos indicadores que le situaban al borde del abismo. En la actualidad y gracias a la inyección masiva de fondos, tipos de interés cercanos a cero y cuantiosas ayudas al sector, parecía que se había superado la fase crítica de la crisis financiera, pero los problemas de solvencia de las entidades financieras siguen ahí. La concentración financiera está acentuando otro riesgo sistémico, ya que los bancos "demasiado grandes para quebrar" se deben salvar con dinero público. Son muchos los que en el mundo financiero pretenden recoger los pedazos de la crisis, continuando como si nada hubiera pasado y restaurando la especulación como base de las ganancias.

 

Desde IU insistimos en la urgencia de tomar medidas contra los causantes de la crisis financiera, medidas que son imprescindibles para garantizar que el flujo de financiación se dirija a la actividad productiva frente a la simple especulación, como son recuperar la Banca Pública, instaurar la tasa Tobin, eliminar los paraísos fiscales o penalizar la especulación financiera.

 

cajas_ahorros.jpgPara IU es una prioridad trabajar para contar con un sistema financiero público, estable y eficiente, comprometido con el desarrollo y el bienestar de la ciudadanía. Las medidas de rescate de la banca se han demostrado equivocadas e ineficaces, al negarse la Banca a canalizar estas "ayudas" hacia empresas y familias, lo que ha provocado el cierre de muchas empresas y aumentado el número de desempleados.

 

Es preciso la regeneración del sistema financiero recuperando la lógica del servicio público y el establecimiento de nuevas reglas para que el ahorro fluya hacia la actividad productiva. No es posible una regeneración del sistema financiero, acorde con el interés general, desde la lógica de la banca privada.

 

Es necesario que el sector público controle y garantice el buen funcionamiento del sector financiero y la creación de un polo financiero público (ante la creciente oligopolización del sector) al servicio de la reconversión productiva del país, que canalice recursos para crear una nueva estructura sectorial que obedezca a otra forma de producir, a una racionalidad social, ambiental y laboral. Una mayor concentración en manos privadas no traerá más eficiencia sino más escasez y dinero más caro a la larga, además de mucha menor capacidad para poder decidir las líneas de desarrollo económico futuro.

 

Las Cajas de Ahorro como eje de la banca pública

  

La reorganización de todo el sistema financiero, no sólo de las Cajas de Ahorro, se ha convertido en una de las exigencias objetivas para la salida de la crisis. Por razones históricas y políticas el papel del sector financiero en España es más importante que en el resto de los países capitalistas desarrollados. El condicionamiento que la banca privada ejerce sobre las decisiones políticas es determinante.

 

Una de las respuestas que el gran capital financiero pretende es una ofensiva para conseguir la privatización de las Cajas de Ahorro. Las Cajas tienen casi el 50% de los depósitos de ahorro y otorgan casi el 50% de los créditos y el éxito de esa ofensiva para su privatización representaría la apropiación de recursos más gigantesca de la historia de España para su gestión en beneficio de intereses privados.

 

Desde una óptica democrática y popular, el éxito de esa ofensiva implicaría un gravísimo límite para la consolidación de un nuevo modelo productivo, creador de empleo y ambientalmente sostenible, en el que se reequilibren los papeles del mercado y de lo público y en el que pueda consolidarse una gestión democrática de la economía.

 

La ofensiva del capital financiero para imponer la privatización de las Cajas de Ahorro se centra en tres ideas:

 

1. El desprestigio del control público y social de las Cajas para eliminar o limitar el papel de los representantes de las instituciones políticas (CCAA y Aytos).

 

2.- La presión política y mediática para completar rápidamente un proceso de fusiones entre Cajas de distintas CC.AA, dirigido a liquidar la vinculación que los impositores hacen entre Caja y territorio y a debilitar el control de las Cajas por las instituciones representativas.

 

3.- La utilización de mecanismos financieros existentes o novedosos (como las cuotas participativas o la utilización de bancos-pantalla) para abrir la puerta a la privatización con la entrada de capital privado con derechos políticos en las Cajas.

 

PP y PSOE han acordado abrir un proceso acelerado de fusión de Cajas y realizar cambios en la LORCA para proceder a la privatización parcial de las Cajas y al debilitamiento del control de las instituciones democráticas. Este acuerdo nos obliga a acentuar nuestro enfoque de las Cajas de Ahorro como un tipo de Banca Pública.

 

Propuestas para las Cajas de Ahorro

 

Tenemos que generar una alternativa que nos sitúe a la ofensiva, una propuesta para la construcción de una Banca Pública ligada a las necesidades de un desarrollo sostenible humana y ambientalmente, vinculado al territorio, gestionada democráticamente y controlada públicamente.

 

En ese contexto, defendemos que las Cajas de Ahorro estén vinculadas expresamente a las necesidades de desarrollo sostenible de los territorios donde obtienen sus recursos, de acuerdo con las determinaciones de las instituciones políticas representativas existentes (CC.AA. y Ayuntamientos).

 

Para ello, proponemos:

 

1.- La constitución de un Sistema Público de Cajas de Ahorro, vinculado al territorio, bajo la forma de Empresas o Fundaciones Públicas de carácter financiero y finalidad social, dependientes de la Comunidad Autónoma y mancomunadas a nivel del Estado.

 

2.- Prohibir cualquier tipo de operaciones hacia o desde paraísos fiscales y la realización de actividades no vinculadas a la economía productiva.

 

3.- Regulación de las Obras Sociales de las Cajas, que no podrán sustituir las políticas públicas culturales, sociales, educativas y de bienestar.

 

4.- Funcionamiento bajo el principio de rentabilidad social como eje de la operativa de las Cajas.

 

5.- Garantizar un control democrático de la gestión de las cajas, asegurando el 50% para la representación de la CC.AA de la que dependa cada Caja y de los Ayuntamientos en los que opera, y un 20% para los representantes de los trabajadores y trabajadoras. El 30% restante deberá asegurar la participación de los impositores y de instituciones sociales de carácter público.

 

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13 julio 2011 3 13 /07 /julio /2011 23:00

Se ha hablado mucho últimamente de las distintas reformas que se están llevando a cabo, de las que tienen que culminar, tales como la Reforma de las Pensiones, la Reforma de la Negociación Colectiva, la Reforma del Sector Financiero, etc., y desde la izquierda estamos echando en falta una reforma que a nosotros sí que nos parece imprescindible: la Reforma Empresarial. Sí, hemos leído bien, no la Reforma Laboral, que con tan poca fortuna se ha realizado, incidiendo en el abaratamiento del despido y la consiguiente pérdida de derechos sociales, sino la Reforma de las Empresas, en lo tocante a su organización, su modelo de producción y la relación con sus trabajadores/as.

 

Reforma de las Empresas y también de los Empresarios, es lo que hay que abordar, en las líneas que vamos a proponer a continuación, y echar para atrás el resto de reformas que se han venido implementando en los últimos meses/años, de tipo regresivo y lesivo para los intereses de los trabajadores/as de este país. Desde Izquierda Unida pensamos que hay que cambiar la mentalidad de nuestros empresarios, su actitud con la clase trabajadora, y que dichos cambios de actitud y de mentalidad desemboquen en un nuevo modelo de relaciones laborales entre la clase empresarial y la clase trabajadora.

 

Efectivamente, pensamos que el actual modelo laboral ha sido pieza esencial del modelo productivo al que hemos estado sometidos en los últimos decenios, modelo que ha demostrado ser totalmente depredador con el empleo, con los recursos naturales, y con la redistribución de la riqueza. En sentido general, pretendemos la creación de empleo, pero no a cualquier precio, sino empleo estable y de calidad (no empleo precario), y el desarrollo sostenible desde los puntos de vista humano, social y medioambiental. El modelo de relación laboral actual funciona por una serie de parámetros bien definidos: salarios bajos, gran índice de temporalidad,  escasa protección social, un elevado porcentaje de economía sumergida y unos procesos nada transparentes de la clase dirigente empresarial hacia la clase trabajadora. Por tanto, unos niveles de participación y de democracia interna en las empresas totalmente inexistentes.

 

Personalmente, he trabajado en muchas empresas privadas a lo largo de mi vida, y me he encontrado con situaciones totalmente aberrantes, como por ejemplo empresas con varios centenares de empleados/as que no tenían ni siquiera un Comité de Empresa que los representara, o bien políticas de sueldos y retribuciones pactadas directamente con los trabajadores/as, completamente individualizadas, y sometidas a un completo hermetismo.

 

Por tanto, apostamos por un gran cambio en el modelo de Relaciones Laborales, que es el rasgo más negativo del actual modelo. Constituiría la base de la Reforma Empresarial que estamos demandando, que se basaría fundamentalmente en corregir las tendencias ya expresadas, es decir, penalizar el modelo de salarios bajos, precariedad laboral y desregulación anárquica del mercado de trabajo. También debería incorporar muchos más mecanismos para introducir la democracia interna en las empresas, y esto básicamente a fuerza de dar mucho más poder a los trabajadores/as dentro de sus centros de trabajo

 

Creemos que ningún gran cambio es posible en este sentido si no empoderamos a los trabajadores/as en la construcción no sólo de un nuevo modelo de relaciones laborales, sino también en la organización del nuevo modelo de crecimiento, productivo y social. Por tanto, la democracia económica debe basarse en el papel central de los/as trabajadores/as en las propias empresas. Nos referimos a que los trabajadores y trabajadoras tienen que formar parte de las nuevas relaciones de producción, pleno empleo, ampliación y mejora de la negociación colectiva, igualdad de género, acceso a la propiedad de las empresas que se pretendan deslocalizar, mayor poder sindical en la empresa...en resumidas cuentas, mayor información y mayor grado de participación en las decisiones empresariales.

 

Apostamos por la participación de los empleados/as en los Consejos de Administración, incidencia en los modelos de formación y cualificación laboral y en el modelo de Universidad, la recuperación de la negociación, consulta y participación en la organización interna de las empresas, aumento de la participación de los representantes de los trabajadores y las trabajadoras, vía modificaciones legales, en cuantos organismos de inversión, de modelo de política industrial y de I+D+i, se creen.

 

Pues éstas serían las líneas maestras de la Reforma Empresarial que perseguimos desde la izquierda. Seguro que muchos empresarios que puedan leer este artículo se reirán, o se llevarán las manos a la cabeza, pensando que es algo completamente fuera de la realidad, pero estamos convencidos de que sólo provocando avances en dicha dirección podremos caminar hacia un modelo de relaciones laborales más justo, libre, sostenible, solidario, y sobre todo, productivo.

 

 

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