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10 julio 2013 3 10 /07 /julio /2013 23:00

Dos aspectos de los ciclos educativos se nos han quedado un poquito rezagados en el montón de aspectos de la LOMCE que hemos venido tratando, y éstos son la Formación Profesional, y la enseñanza universitaria. Vamos a ver si somos capaces de ofrecer algunas pinceladas sobre ellos en el presente artículo. En cuanto al tema de la FP, bajo el modelo "dual" que se quiere imponer, lo que en realidad se disfraza es poder ofrecer a los empresarios mano de obra barata. La reforma de la FP adolece de dos defectos fundamentales: el inspirarse en el "modelo alemán" (cuestionado incluso en su propio  país), y el estar basado en una infraestructura empresarial que no existe en nuestro país. El trasfondo de este nuevo decretazo esconde el deseo de desregularización de la FP, lo que permitiría un recorte aún mayor en profesorado, en instalaciones y en componentes, materiales y equipos, que se eliminarían de los centros de enseñanza, dado que ahora se trasladan las prácticas a las empresas.

 

lomce_fp_universidad1.jpgUn punto en común tienen la reforma de la FP y de la Universidad del Ministro Wert, como es la completa subordinación de cualquier tipo de propuesta y planificación educativa a las necesidades de las empresas, o mejor dicho, a los intereses de las empresas dominantes, y de la coyuntura económica por la que atraviese el país. Todo un despropósito, que aleja la educación de su función social, y empodera a la clase empresarial sobre el mundo educativo. Y como hemos señalado, la mayoría de nuestro tejido empresarial y productivo no está en condiciones de ofrecer la infraestructura formativa que requiere la FP Dual. A los datos nos remitimos: las PYMES representan el 92,7% de las empresas españolas, y el 85% de ellas poseen como máximo dos trabajadores. Con esta configuración, ¿cómo es posible que dicho tejido empresarial pueda absorber la demanda de miles y miles de estudiantes de FP para hacer prácticas en sus empresas, e incorporar profesores-tutores bien preparados para enseñar directamente en los puestos de trabajo?

 

lomce_fp_universidad2.jpgSe nos antoja un absoluto despropósito, con ingredientes comunes a los que se dan en el ámbito universitario. Aquí se añade además el ansia privatizadora, que ha llevado ya a que la cifra de universidades privadas en España supere a la de las públicas. En febrero pasado la "Comisión de Expertos" nombrada por el Ministro Wert redactó su informe sobre la Reforma del Sistema Universitario Español. Hacemos un inciso para resaltar dicha estrategia, que se está llevando a muchos más terrenos, de delegar el estudio sobre algún aspecto determinado de la gestión gubernamental a una supuesta Comisión de Expertos. Con ello digamos que el Gobierno intenta vendernos una imagen de neutralidad, y de que son los expertos quienes recomiendan tales o cuales medidas. No nos dejemos engañar, porque detrás de dichas Comisiones, se encuentran personas cuyos intereses coinciden con los del Gobierno, y las empresas que los apoyan. La última Comisión ha sido la nombrada por el Ministro Montoro, para que nos den sus recomendaciones en torno a la reforma fiscal. Fin del inciso.

 

Lo primero que llama la atención en la estrategia de Wert en este sentido es la denuncia sobre la falta de excelencia de nuestras Universidades Públicas, que no están, según el Ministro, en ningún ránking mundial. Bien, habría que decirle a este gerifalte de la privatización educativa, que quizá las Universidades de nuestros contornos no puedan competir con otras Universidades de reconocido prestigio, fama y excelencia mundiales, pero lo que al Ministro y a la Comisión se le escapan es reconocer que dichos campus universitarios poseen recursos de todo tipo, apuestan sin límites por la I+D+i, lanzan publicaciones de investigación, captan el capital humano sin ningún tipo de discriminación, poseen los mejores centros de investigación, y un larguísimo etcétera. Y miren ustedes por dónde, queridos lectores, todo esto viene a decírnoslo el paladín de los recortes, el adalid de la anulación de recursos al mundo educativo. Pretender alcanzar la excelencia sin recursos económicos es un brindis al sol, y peor todavía, intentar que la ciudadanía se lo crea es un execrable discurso político.

 

lomce_fp_universidad3.jpgSe acaba de publicar un Informe por la Fundación de Estudios del BBVA, que resalta las excelencias de muchas Universidades Públicas españolas, tales la Complutense de Madrid, la Pompeu Fabra de Cataluña, la Universidad de Barcelona, o la Politécnica de Valencia. Pero claro, esto no será nunca reconocido por el Ministro Wert, que sigue a lo suyo, intentando arañar algunas décimas en las notas de corte para conceder las becas y ayudas al estudio de los jóvenes universitarios. Y al igual que ya hemos denunciado para el caso de la FP, existe una clara obsesión en el Ministerio por asociar el control y la evolución universitaria (titulaciones, especialidades, másters, etc.) a las exigencias del mundo empresarial, ligando la evolución académica al mercado de los puestos de mando del mundo de la empresa, y sus necesidades de rentabilidad. Y no sólo esto, sino que el citado informe orienta en exceso la Universidad a la empleabilidad profesional, de la mano de empresas cuyos cuadros directivos también pasarían a estar presentes en los órganos de dirección universitarios.

 

Por último, aunque se nos escapan otras cuestiones menores, no puedo finalizar sin mencionar la clara discriminación que se realiza sobre la actividad docente universitaria, con menoscabo de su valoración sobre la actividad investigadora. Esto es un problema que llevamos padeciendo desde hace muchos años en nuestros centros universitarios, pero este Gobierno, en vez de corregirlo, lo aumenta, lo regula y lo institucionaliza, ya que el Ministerio apuesta por no valorar la docencia en las evaluaciones del profesorado, lo que sólo invitará al desinterés por esta fantástica actividad de enseñar, y a la obsesión por fabricar un currículum orientado a la actividad investigadora, denostando la labor de enseñanza directa a los alumnos, el aprendizaje, y la valoración de los buenos docentes. Y en cuanto a los órganos de gobierno, se propone unir Consejo de Gobierno y Consejo Social en un sólo órgano decisorio, un Consejo de la Universidad de pocos miembros, donde además un 50% de los mismos pueden estar constituidos por personas no necesariamente vinculadas a la Universidad, reduciendo el poder del Claustro, y el número de representantes de los estudiantes y del PAS (Personal de Administración y Servicios). Al igual que en los otros aspectos de la LOMCE, disminuye la democracia también en la comunidad educativa universitaria.

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9 julio 2013 2 09 /07 /julio /2013 23:00

¿Qué es o debe significar la Transparencia, aplicada a la gestión de un Gobierno? Pues esta es la madre del cordero, y el punto de partida que, como vamos a comentar, no satisface para nada el Proyecto de Ley que sobre este tema ha presentado el Gobierno del PP hace pocas semanas. Vamos a tomar como referencia la enmienda a la totalidad que a dicho proyecto ha presentado el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, que puede consultarse al completo en esta dirección. La pregunta inicial tiene una respuesta rápida, y otra más fundamentada. Vamos a ocuparnos de las dos: la respuesta rápida sería que transparencia es exactamente lo opuesto a lo que hace este Gobierno.

  

transparencia1.jpgY me explico: ¿cómo puede hablar un Gobierno de transparencia, cuando permanentemente mira hacia otro lado en el problema de corrupción que le afecta (nos referimos al caso Bárcenas), no da explicaciones, cuando las da no se les entiende (piénsese en el lío que se formó la señora De Cospedal explicando una supuesta indemnización "en diferido"), no permite preguntas de la prensa, o habla a través de un plasma? ¿Cómo un Gobierno que se comporta de esta forma va a liderar un proceso de implantación de una Ley de Transparencia? La transparencia está a años luz de estos comportamientos. La transparencia implica claridad, motivación, explicación, convencimiento, la transparencia se ofrece, va implícita en un Gobierno que pueda contar con los ciudadanos, va unida a la participación, a la comunicación, y es opuesta al ocultismo, al silencio, al mirar para otro lado, a la ausencia de explicaciones, o a la imposición de criterios, leyes o decretos.

 

transparencia2.jpgA diferencia de los países de nuestro entorno, España es el único que no tiene un marco legislativo que garantice el derecho de acceso a la información pública a pesar de que ha estado presente en las Campañas Electorales e incluso en los debates de investidura, convirtiéndose en compromisos incumplidos, como ha sucedido en 2004 y 2008. Y el proyecto que se nos presenta, nos ofrece muchas lagunas. Por ejemplo, no reconoce el Derecho a la Información Pública como un derecho fundamental. Esto es un error garrafal, pues dicho derecho está relacionado con la participación ciudadana en la vida pública, como se reconoce en los artículos 9 y 23 de la CE, apoyados implícitamente por la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros. Por otra parte, numerosas Constituciones de todo el mundo reconocen y protegen expresamente el derecho de acceso a la información pública.

 

transparencia3.jpgPero el reconocimiento de este derecho genera también una contradicción con algunas otras leyes que debieran revisarse a tal efecto, como la Ley de Secretos Oficiales, o la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que además es Ley Orgánica, y tendría preferencia sobre este Proyecto de Ley, que no posee tal rango. Podría producirse en este contexto, la paradoja de que los datos personales de diputados, por ejemplo, pudieran ser accesibles para cualquier solicitante de información, pero a continuación poder generarse un expediente de sanción por parte de la Agencia de Protección de Datos, si ocurre su mención o divulgación posterior a través de cualquier medio físico o electrónico. Por otra parte, el Proyecto de Ley, en su actual redacción, ni siquiera cumple los estándares mínimos que marca el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos, que aún no ha sido ratificado por España.

 

transparencia4.jpgOtro aspecto donde el Proyecto de Ley se muestra muy insuficiente es en el concepto mismo de información pública, que es el propio objeto de la ley. En efecto, se recogen una serie de excepciones que limitan bastante lo que se considera información "accesible públicamente". Tomemos como referencia la definición de información pública que se establece en el Convenio del Consejo de Europa: "Toda la información registrada (archivada) de cualquier forma, elaborada o recibida, y en posesión de las Autoridades Públicas". No se distingue, por ejemplo, el formato en el que esté almacenada la misma, cosa que sí hace el texto del PP. Igualmente, la publicación proactiva de las Administraciones Públicas y demás Instituciones u Organismos Públicos también es claramente insuficiente. Esto se refiere a la propia publicación de información de oficio, es decir, a instancias de la propia Administración, sin que nadie haya de solicitarlo. Sobre todo, en lo que se refiere al propio patrimonio de Organismos y Administraciones, es decir, el conjunto de edificios, terrenos, vehículos, etc.

 

transparencia5.jpgDe igual forma, la actividad, patrimonio y presupuesto de la Corona no queda suficientemente explicitado, así como las grandes Instituciones que quedan excluidas de la Ley: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Consejo Económico y Social, así como todas las Instituciones análogas en el ámbito autonómico. Y aunque están incluidos en la Ley los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, la cuestión se ve bastante limitada, tanto en el 20% como mínimo de financiación pública, como en los aspectos que dichas instituciones han delimitado para estar excluidos de la aplicación de la Ley. Piénsese por ejemplo en la actual opacidad que existe en torno a la financiación de los partidos políticos. Y otro problema que refleja la Ley es la inexistencia de un organismo realmente independiente, que se constituya en órgano de supervisión y control, destinado a tramitar los recursos derivados de la aplicación de la Ley. Lo que establece la Ley es un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, por lo cual la Administración sería juez y parte en los casos de recursos planteados por la ciudadanía.

 

Desde la izquierda, apostamos para esta tarea de arbitraje y control por un Organismo Colegiado, una especie de Consejo Social para la Transparencia, integrado por organizaciones profesionales, ONG's y otras entidades de la sociedad civil organizada, para delimitar la correcta aplicación y ámbito de esta Ley. En resumen, estamos ante un Proyecto de Ley que llega tarde y llega mal, pues el objetivo es muy ambicioso, pero muy importante: conseguir un cambio en la cultura del secretismo que cultivamos en nuestro país, con altísimo niveles de silencio administrativo en materia de acceso a la información, y sobre todo, como mencionábamos al principio, con escasos mecanismos de participación ciudadana. Al fin y al cabo, transparencia y democracia participativa, son dos caras de una misma moneda.

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8 julio 2013 1 08 /07 /julio /2013 23:00

Vamos a intentar desmontar la creencia de que la actual crisis sólo tiene un componente financiero, cuando en realidad esta vertiente es la punta del iceberg. La crisis financiera es una de las manifestaciones de la crisis del capitalismo, pero no el origen de la misma. Su importancia innegable refleja que el sector financiero domina la economía como resultado del desarrollo natural del capitalismo. Pero es la industrialización de enormes zonas del planeta, particularmente en Asia, con un aumento global del número de asalariados y de los recursos naturales empleados, sin precedentes en la historia por su magnitud, lo que ha permitido a los propietarios de los medios de producción acumular inmensas fortunas. La riqueza no se ha desmaterializado, sino que se puede contar por empleos y pesar en toneladas. Sin esa riqueza real, el enorme crecimiento de las finanzas jamás hubiera sido posible.

 

capitalismo_poderoso.jpgEn una sociedad capitalista la expresión última de la riqueza es el dinero. La gran burguesía acumula la máxima proporción posible de sus fortunas en forma de activos financieros, mediante los que posee el control de las grandes empresas productivas, y, si puede asegurarse con ello más rentabilidad, evita el trance de la inversión productiva con los riesgos que siempre comporta. De ahí la baja tasa de inversión en las economías desarrolladas y el auge de la especulación. Se ha convertido en una burguesía rentista. Varios miles de grandes fortunas controlan la riqueza mundial y especulan con ella. Además, controlan el ahorro del conjunto de la sociedad y logran con ello otra fuente de ingresos. Hace mucho tiempo que sabemos los fundamentos del negocio bancario, y cómo los banqueros ganan dinero no sólo con el dinero de los depositantes, sino con la propia actividad bancaria.

   

Junto a la plusvalía que extraen al asalariado o asalariada en su puesto de trabajo, luego le obligan a devolver una parte cada vez mayor de su salario en forma de pagos por hipotecas y créditos. Pero para llegar a esta situación, el capitalismo ha atravesado una fase donde el principal cartel luminoso nos hablaba de "consumismo", es decir, de la necesidad de poseer y consumir todo tipo de cosas: casas, coches, ropa, electrodomésticos, en general estilos de vida, determinados por la cantidad y calidad de las cosas que se poseen. Todo ello, como no podía ser de otra manera, bajo la complaciente mirada de los Gobiernos y de las políticas que se implementaban.

   

capitalismo_72.jpgNo es posible distinguir entre unos capitalistas financieros, especuladores y malsanos, y otros capitalistas, productivos y saludables, como se pretende en ocasiones. La red de vínculos entre las grandes empresas, financieras o no, es muy intensa. Las participaciones recíprocas hacen imposible semejante separación. Sin duda, el desarrollo del crédito ha alcanzado tal nivel que es más importante que nunca. Genera más inestabilidad, estimula los auges y agrava las crisis, pero no es su creador. Las empresas necesitan crédito abundante, las familias dependen del crédito para comprar muchos productos, y a los bancos, cuyo negocio es prestar, les interesa dar cuantos más créditos mejor. De hecho, ganaron mucho dinero así, y mezclaron en sus negocios a otros bancos internacionales, que ahora se han convertido en sus acreedores.

   

capitalismo_73.jpgPero, con la crisis, hoy los balances de los bancos están repletos de créditos incobrables — sobre todo de grandes empresas—, avaladas por terrenos y viviendas cuyo precio ha caído muy por debajo de su valor. Es la llamada “recesión de balances” que no es otra cosa que la necesidad de reconocer que buena parte de los activos que tienen los bancos carecen de valor. En realidad, los bancos y las cajas españolas —y el conjunto de la banca mundial— estarían en quiebra si no fuera por el respaldo de sus respectivos gobiernos con enormes cantidades de dinero público. Y todo ello, porque además se nos ha inculcado la falsa idea de que no podemos dejar caer un banco, porque eso sería aún peor que rescatarlo. No debemos dejarnos engañar por tales afirmaciones, que lo único que demuestran es el ámbito de influencia tan poderoso de que disfrutan las entidades financieras.

   

La cuestión en litigio es quién paga por esos activos que se han esfumado, si los accionistas y acreedores, o la mayoría de la sociedad directamente o a través del erario público. En el primer caso, pierden más las grandes fortunas, en el segundo, pierden más los trabajadores y la pequeña burguesía. Para imponer el segundo plan, cuentan con la ventaja de utilizar como arma de chantaje que no es posible dejar caer a los bancos como a otra empresa, porque estamos hablando de los ahorros de la sociedad. Entramos en un terreno resbaladizo, porque entonces, ¿cómo es posible que los ahorros de la sociedad estén gestionados por empresas privadas? Si existiera una Banca Pública, donde simplemente no estuvieran permitidos los negocios especulativos, y no se permitiera a la Banca Privada la incursión en negocios que tengan que ver con los derechos de las personas (como la Vivienda, por ejemplo) no tendríamos estos problemas. Continuaremos en siguientes entregas.

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7 julio 2013 7 07 /07 /julio /2013 23:00

Pero como ya hemos dicho en infinidad de ocasiones, el Proceso Constituyente, y las nuevas políticas que se derivaran de él, confrontarían seguro con las políticas del actual marco internacional, y más concretamente europeo, existiendo serias dudas de que pudieran ser ejecutadas dentro de la Unión Europea y del Euro. Hagamos un repaso a los actuales planteamientos, para comprender la dificultad de dicho encaje. En efecto, la contradicción en el modelo capitalista mundial en su fase actual de crisis financiera del neoliberalismo globalizador consiste en la confrontación entre la voluntad de hegemonía imperialista de los Estados Unidos, con su enorme poderío militar, y la dinámica procedente de los países llamados emergentes (BRICS), sobre todo China, que lo cuestionan y que compiten en todos los terrenos.

 

proceso_constituyente91.jpgLa presente crisis, de esta forma, supone la quiebra del modelo neoliberal como estrategia del imperialismo. En este marco opera la crisis de hegemonía de los EE.UU., incapaz de mantenerse como potencia imperialista hegemónica, la irrupción de los países emergentes, y la consolidación de los procesos revolucionarios de América Latina desde alternativas populares, basadas en la democracia participativa. Y este panorama da lugar a situaciones esperpénticas, como la que se acaba de producir esta pasada semana con el vuelo del Presidente de Bolivia, Evo Morales. Bajo este servil seguidismo de Europa hacia las políticas norteamericanas, se ha dado lugar a un espectáculo patético y bochornoso, donde Europa en general ha quedado en ridículo, y ha quedado patente hasta qué punto no existe independencia europea en cuanto a las políticas de defensa y seguridad. 

 

proceso_constituyente92.jpgLo cierto es que desde 1989, año en que se hunde el Muro de Berlín y se produce la paulatina caída del Pacto de Varsovia, la OTAN, cuya justificación política y militar desde su creación se basó en la supuesta necesidad de Occidente de defenderse del otro bloque militar antagónico, en lugar de disolverse una vez acabada la llamada Guerra Fría, transforma sus objetivos y se pone en marcha el llamado Consenso de Washington, imponiendo con ello por un lado la presencia indefinida de los EE.UU. en Europa, obstaculizando con ello en gran medida la política de Defensa de la UE, y a la vez implicando a sus aliados europeos en casi todas las operaciones militares encaminadas a su expansión imperialista y global-colonizadora, especialmente en Asia (Irak, Afganistán), fabricando presuntos nuevos enemigos (Corea del Norte, Irán), y el Norte de África (Libia) con la finalidad de ocupar espacios geoestratégicos y depredar de paso los recursos naturales de esos países, en especial el petróleo y el gas, a la vez que vende y utiliza sus enormes arsenales de armamento. Cuando dichas situaciones se vuelven insostenibles, se utiliza la guerra como pretexto final para la ocupación de dichos territorios, con la inestimable ayuda de sus aliados europeos.

 

La democracia formal, con todas sus limitaciones, ya no sirve para imponer el nuevo modelo social y económico por el que el Capital busca el pleno dominio sobre las riquezas y recursos del planeta, y sobre los seres humanos. Se hace evidente que son los Mercados quienes imponen sus medidas por encima de cualquier otra soberanía, quedando los sumisos Gobiernos y Parlamentos "domesticados" (en expresión de Marcelino Camacho) para ratificar las decisiones que unas pocas personas toman. Dichas personas además no pertenecen a ningún poder democráticamente elegido, sino que representan a las grandes empresas que controlan todo este entramado. Son las mismas que además financian a sus partidos políticos títere, que luego se ocupan de llevar a la legislación las normas que a ellos les convienen, para perpetuar su poder y sus beneficios.

 

proceso_constituyente93.jpgAsistimos a un deterioro palpable de los espacios democráticos que empezaron a abrirse en Europa tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Dichos espacios de participación popular, que significaron la legitimación por parte de los Estados de formas democráticas no institucionales y ajenas a él, fueron el fruto de la gran movilización popular requerida para el final del conflicto bélico y de un marco internacional marcado por la Guerra Fría. La crisis de los años 70 del siglo pasado y de la derrota de clase que supuso la instauración del actual marco neoliberal (Tratado de Maastricht) significaron el comienzo de un proceso de desmantelamiento del Estado del Bienestar, así como de las organizaciones obreras y de clase que lo sustentaban.

 

Esta debilidad orgánica de la clase obrera, acentuada por la implosión del campo socialista que jugaba un papel de dique a las ansias de dominación del gran capital, se ha traducido en una retahíla interminable de retrocesos en el ámbito económico, político y social. Hemos entrado así en una nueva fase de la lucha de clases, que nunca se detuvo, donde el marco democrático formal previo ya no está garantizado, pues con la excusa de la crisis, del gran poder de las entidades financieras, de la economía mundial globalizada, y de la falsa necesidad de ahorro, todos los mecanismos que garantizaban la cohesión social están saltando por los aires. Continuaremos en siguientes entregas.

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4 julio 2013 4 04 /07 /julio /2013 23:00

En efecto, el señor Almunia sólo es eso. Fíjense los lectores que ni siquiera lo ponemos entre interrogantes, lo afirmamos directamente. El que fuese primer Ministro de Trabajo en los Gobiernos de Felipe González (ése del OTAN, de entrada NO, ese del Terrorismo de Estado, ese de las primeras reformas laborales, ese que ahora es Consejero de Gas Natural), y que gobernaba bajo las ya engañosas siglas de PSOE, es ahora sólo un Comisario Europeo, concretamente el Comisario de la Competencia, además de Vicepresidente de la Comisión. Dicen que ya no representa al PSOE, o mejor dicho, que ya no actúa como Socialista. Bien, pero la pregunta es: ¿lo ha sido alguna vez en su vida? Hoy en día parece ser que con haber militado algún tiempo en la clandestinidad durante la dictadura franquista, ya te convierte en una persona de izquierdas, pero como estamos viendo, nada más lejos de la realidad.

 

¿Porqué decimos todo esto? Pues porque el sector naval español, está pasando muy malos momentos, debido a una posible decisión de la Comisión Europea, que esperemos no se llegue a tomar. Pero el señor Almunia ya la ha adelantado hace varios días, poniendo como decimos a este sector industrial español contra las cuerdas, entre la espada y la pared. Parece ser que unas ayudas económicas concedidas a este sector entre 2006 y 2011 van a tener que ser devueltas, al ser incompatibles con la legislación europea. La cifra ronda los 3.000 millones de euros, lo cual ha hecho estallar todas las alarmas en el sector de los astilleros de las tres principales Comunidades afectadas, como son Galicia, Asturias y País Vasco. Llevan varios días de movilizaciones, y han conseguido, lo cual ya sienta un precedente, que sus respectivos Presidentes autonómicos (Urkullu, Feijóo y Fernández) hayan hecho frente común, para defender de forma conjunta a todo el sector implicado. Por su parte, el Ministro del ramo (José Manuel Soria) ya ha concertado una entrevista con Almunia.

 

De confirmarse la próxima semana esta decisión, peligrarían más de 87.000 puestos de trabajo, representando el desmantelamiento de toda la carga de trabajo del sector. ¿Y qué dice Almunia, que ha sido atacado ya desde todos los frentes, incluido su propio partido? Pues que si no se alegan nuevos argumentos jurídicos de peso, que puedan desmontar la decisión, ésta seguirá adelante. Parece ser que tenemos el precedente de Francia, que no fue obligada a devolver dichas ayudas, pero aunque no existiera, no nos cabe en la cabeza cómo esta Comisión Europea se dedica permanentemente a destrozar vidas, a desmantelar el bienestar de las personas, a destruir empleo, en una palabra, a dinamitar las relaciones laborales de los Estados miembros. Según Almunia, sólo se dedican a aplicar la legislación europea, tratando a todos los países por igual.

 

Bien, pero yo me voy a detener sobre todo en la argumentación principal que usan quienes defienden a Almunia, por ser una falacia como un piano. Y nos dicen lo siguiente: "Hombre, es que tenemos que entender que Almunia no actúa aquí como socialista, ni como español, sino sólo como Comisario Europeo". Ahí es nada. Y se quedan tan panchos. Vamos de entrada a dejar lo de español, incluso a suponer que efectivamente se trata a todos los países por igual. Pero lo que no podemos aceptar de ninguna manera es que Almunia actúe sólo como Comisario. Porque entonces, tenemos dos posibles explicaciones, partiendo de la base (como no puede ser de otra manera) de que Almunia es, ante todo, político, cosa irrebatible, pues que sepamos, los Comisarios no se dedican a la costura ni a la carpintería. Por tanto, partiendo de esta base, sólo caben dos explicaciones:

 

1.- Almunia reniega absolutamente de todo su ideario "socialista" (insistimos, si alguna vez lo tuvo), y desde el momento en que comienza a ejercer como Comisario Europeo, su otra trayectoria queda en un pasado irrecuperable. Si es ésta la explicación, el Comisario debe reconocer esto en público, y no volver en su vida a representar las siglas del PSOE, porque nadie entendería que esto de defender unos ideales políticos sea algo de quita y pon. Por ejemplo, yo que soy comunista, si me contratan para tal empresa, dejo de serlo temporalmente, y luego ya volveré a retormar mis ideales. Cuanto más, como hemos dicho, en el caso del señor Almunia, cuyo trabajo es político.

 

2.- Almunia no reniega de nada, por lo cual sigue defendiendo los ideales de la "izquierda" representada por el PSOE, en general por la socialdemocracia europea, que se opone claramente a este tipo de decisiones. Si es ésta la explicación, el señor Almunia, simplemente por coherencia política, debiera presentar su dimisión inmediata e irrevocable como Comisario Europeo, pues aunque en la Comisión Europea no represente al PSOE, está traicionando claramente su ideario. Es tan simple como que no se puede estar en el plato y en las tajadas, ni en misa y repicando, que dirían los creyentes. Lo que ocurre es que ellos son maestros (me refiero al PSOE) en ser muy de izquierdas sólo antes de gobernar, para olvidarse de todo en cuanto llegan al poder. 

 

Luego resumiendo,  ya sea de una forma u otra, la labor del señor Almunia en la Comisión Europea hace aguas por todos lados. Por mucho que se aplique el cuento de que sólo actúa como Comisario, las personas son ellas y sus circunstancias. Y justamente esas circunstancias, son las que la mayoría de las veces nos hacen ser o no creíbles y respetables. Pero mucho nos tememos, que si no se realiza la presión necesaria, Almunia tomará la decisión de reventar nuestro sector naval, lo cual representará unos cuantos cientos de miles más de dramas familiares, y otro sector industrial español que se va al garete. Menos mal que dicen desde el PP que ya se ve la luz al final del túnel.

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3 julio 2013 3 03 /07 /julio /2013 23:00

Continuando desde el artículo anterior, donde comentábamos los fundamentos de esta sociedad basada en la explotación, y por lo tanto, una sociedad que en vez de practicar la redistribución de la riqueza, practica todo lo contrario, la concentración de dicha riqueza colectiva. Por ejemplo, hace años que grandes empresas compran millones de hectáreas de tierras cultivables, pues la alimentación y la producción de biocombustibles son un negocio garantizado. Es la misma dinámica que está llevando a privatizar la gestión del agua, de la sanidad, de la educación y de todos los servicios públicos básicos, que tienen asegurado un mercado por tratarse de necesidades vitales. Y es que la explotación sólo puede funcionar si los medios de producción son propiedad privada.

 

Pero claro, esto no pueden reconocerlo sin más, por tanto, lo que hacen es adornarlo, disfrazarlo, usando para ello diferentes recursos. El más típico y común es el propio lenguaje neoliberal, que rebautiza un montón de términos y situaciones bajo otros nombres menos directos, o que suenen mejor, para distraer la atención sobre el propio objetivo. Por ejemplo, en vez de privatización, ellos usan "externalización". Intentan confundirnos diciéndonos, por ejemplo, que lo que se externaliza es la gestión, no el servicio en sí mismo. O bien, nos plantean el falso debate sobre la posibilidad de que la gestión privada de los servicios públicos pueda o no ser más eficiente.   

 

Esa dinámica no es producto de la particular avaricia de los grandes accionistas o de los administradores de las empresas, por grandes que sin duda sean, sino que es el resultado de la dinámica natural del sistema. La gran burguesía contemporánea, los principales accionistas y dueños de las grandes empresas transnacionales, buscan la máxima rentabilidad. Sus fortunas circulan por el mundo en búsqueda de la misma y ningún gestor que no procurara alcanzar la máxima rentabilidad duraría mucho tiempo en el puesto. Aunque pusiéramos al frente de dichas entidades a la gente más generosa del mundo, el resultado no variaría sustancialmente, pues el mecanismo objetivo de la competencia desplaza las empresas menos rentables y las destruye. Y ello es así porque el capitalismo y los que lo defienden legitiman las desigualdades, no creen en la igualdad ni en la justicia social, y son defensores de un "darwinismo social" implacable.

 

Y a pesar del decrecimiento económico, la explotación de los recursos naturales se está acentuando pues, sean cuales sean las cifras absolutas de aumento de la economía, lo que buscan las grandes multinacionales es obtener el margen de ganancia mayor posible. Y, al final, su objetivo es pagar menos por el trabajo humano y por el uso de los recursos naturales. El mercado principal para todas las grandes empresas es el mundial y el mercado de la mano de obra también es de carácter mundial. De esta forma, el capitalismo se hace global, se globaliza, elimina barreras y fronteras nacionales, elimina aranceles y leyes proteccionistas, y persigue un gran mercado único completamente desregulado, donde capitales y productos puedan circular a sus anchas, en busca del máximo beneficio.

 

Buena parte de los beneficios que los capitalistas norteamericanos, alemanes o españoles han obtenido durante estos años se han invertido en países como China, en búsqueda de la mayor rentabilidad que los bajos salarios de los trabajadores chinos y las pocas restricciones a la destrucción medioambiental proporcionaban. India, Brasil, otros países emergentes, y sobre todo China han acaparado gran parte de la inversión externa internacional. Las tasas de inversión del gigante asiático doblan a las de la mayoría de los países desarrollados y, en última instancia, la razón está en esa rentabilidad.

 

China se ha convertido en uno de los principales talleres del mundo, con una producción que cada vez está generando bienes más avanzados tecnológicamente, y eso ha dado como resultado un déficit crónico de los países desarrollados hacia dicha potencia, en particular de Estados Unidos. La forma en que el capitalismo tiende a resolver ese desequilibrio es abaratando el precio de la mano de obra en Norteamérica, con lo que se reducen las importaciones y se aumenta la rentabilidad de las inversiones en su propio país. Eso supone más explotación para los trabajadores y más conflictos entre las potencias. Y eso explica la dinámica general de recortes de derechos laborales que recorre a todos los países desarrollados.

 

Porque, digámoslo de una vez, no es posible que en un mundo salvajemente globalizado y compitiendo entre sí, todo el mundo gane. Para que unos ganen, otros tienen que perder. Y esto mismo lo podemos extrapolar a los famosos anuncios de los puestos de trabajo que dicen que se van a crear cuando, por ejemplo, se instala una nueva franquicia de una cadena de supermercados en una ciudad determinada. Lo que no dicen, usando sólo la lógica y el sentido común, es que la población de dicha ciudad no va a comprar más (sobre todo si su poder adquisitivo no sube), así que para que dicho nuevo supermercado venda y genere puestos de trabajo, las ventas tienen que haberse desviado desde otros sitios, es decir, gente que antes compraba en otro sitio, va a pasar a comprar en el nuevo supermercado. Luego si las antiguas empresas venden menos, tendrán que despedir a sus trabajadores, y el empleo que se crea por un lado, se destruirá por otro.

 

En definitiva, los intereses de la burguesía y de la clase asalariada, en su conjunto, no son compatibles sino antagónicos. No es cierto que de esta crisis se salga haciendo todos sacrificios, el capitalismo sale de las crisis explotando más a los trabajadores. En última instancia, es la lucha de clases, que nunca desapareció y que ahora se recrudece. En la siguiente entrega de esta serie nos ocuparemos de contextualizar al completo esta crisis, denunciando fundamentalmente que proviene de una gran estafa, y que ha derivado en muchas más crisis, o si se quiere, en una crisis multifacética o sistémica.

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2 julio 2013 2 02 /07 /julio /2013 23:00

En esta serie de artículos que ahora comenzamos, vamos a dar un repaso al estado actual de los Movimientos Sociales en España, afines, en su inmensa mayoría, al ideario progresista, de izquierdas o transformador. También existen por supuesto Movimientos Sociales que no están en esa línea, es decir, que tienen un cariz más conservador, como el Foro por la Familia o las organizaciones Pro-Vida, además de los movimientos de tipo religioso, pero no son ellos los que nos ocupan. Afortunadamente, la calle y la ciudadanía es hoy en día más protagonista que nunca y más participativa si cabe, aunque no tengamos todavía cierta unidad de acción, en lo que desde la izquierda política denominamos el Bloque Social Alternativo (BSA).

 

En efecto, el panorama, aunque abundante, es un poco disgregador, no funcional, no unitario, de tal forma que desde los últimos cinco años acá han surgido cantidad de Movimientos Sociales (en adelante, MS) protagonizados por los más directamente afectados por la crisis, que aunque evidentemente se concentran, protestan, se manifiestan y se movilizan de forma muy legítima, en defensa de su área o sector, pensamos que poco avanzaremos si no llegamos más pronto que tarde a la aglutinación total de todas las mareas ciudadanas que protagonizan en estos tiempos el conjunto de movilizaciones sociales en España. Nosotros vamos a aportar desde aquí nuestro granito de arena, realizando una recopilación más o menos exhaustiva de los diferentes MS que existen hoy en día, para reforzar el mensaje de formación de Bloque Social Alternativo que hemos de conseguir para hacer frente a las actuales políticas de la derecha.

 

Pero antes de proceder a ello, vamos a hacernos eco de una encuesta realizada recientemente, pero bastante silenciada. En efecto, saltaron las alarmas en los despachos de los políticos profesionales, aquéllos que forman esa "clase política" a la que se refieren los ciudadanos en las famosas encuestas del CIS. Y se han puesto nerviosos gracias a este estudio de opinión de la empresa especializada "My Word", divulgado por la Cadena Ser, y que recoge los siguientes datos:

 

1.- Los españoles depositan mayoritariamente su confianza en los nuevos movimientos sociales. Un 57% de los consultados cree que la democracia funcionaría mejor sin partidos políticos y con plataformas sociales elegidas para la gestión de los asuntos públicos.

  

2.- Un 88% de los españoles cree que los partidos políticos forman parte de una elite, junto con los grandes empresarios y los banqueros, y que trabajan solo en la defensa de los intereses de unos pocos.

 

3.- La mayoría de los ciudadanos, un 61%, sigue creyendo que la democracia, con todos sus defectos, es el mejor sistema político posible.

 

4.- Un 59% de los ciudadanos aprueba los “escraches” como el mejor instrumento del que disponen para rebelarse o presionar ante la situación de crisis que vive España.

 

5.- El rechazo al bipartidismo es unánime incluso entre la derecha. Una abrumadora mayoría, el 87%, lo rechaza.

 

6.- Entre los MS nuevos, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas tiene un 75% de respaldo, le siguen el movimiento 15-M, con un 67% de apoyo, y los Afectados por las Preferentes, con un 65%.

 

7.- Los sindicatos reducen su respaldo a un alarmante 18%. La gran mayoría los ciudadanos cree que son parte del régimen.

 

8.- Respecto de la economía de mercado, es decir del capitalismo: el 60% lo rechaza porque genera desigualdades y malestar.

 

9.- Un 44%, frente a un 37% piensa que quien realmente manda son los mercados y las instituciones supranacionales.

 

10.- Un 57% cree que la imputación de la Infanta Cristina cuestiona la supervivencia de la Corona. Un 35% que es grave y apenas un 7% piensa que va a ser perjudicial sólo para la propia Infanta.

 

En otra encuesta realizada por el CIS, los datos son muy parecidos a los divulgados por la Cadena Ser.  La exploración del CIS certifica que los políticos españoles (todos y sin excepción) reciben un 93 por ciento de desaprobación y que el rechazo a los partidos políticos es de un 91 por ciento. No vamos nosotros desde aquí a apoyar esta idea, que sería poco menos que ir en contra de la propia democracia, pero comprendemos por supuesto el estado de ánimo, y el rechazo, sobre todo, a lo que el asfixiante bipartidismo lleva suponiendo en nuestro país desde los tiempos de la Transición. Valga esta encuesta previa, con los datos expuestos, como piedra de toque para analizar, a partir del próximo artículo de esta serie, el estado y el protagonismo de los MS en España.

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1 julio 2013 1 01 /07 /julio /2013 23:00

Necesitamos el Proceso Constituyente, porque vivimos tiempos en los que el gran Capital, que no da tregua, sigue empeñado en poner toda la economía al servicio de las clases dominantes, imponiendo un modelo productivo dominado por el poder financiero, en el que se busca una salida de la crisis recortando derechos, eliminando servicios públicos, finiquitando las relaciones laborales basadas en la negociación colectiva, mercantilizando los restos del llamado Estado del Bienestar, y degradando el medio ambiente. En definitiva, vivimos tiempos en los que el Capital intenta imponer su dominio sin necesidad de intermediarios políticos, tratando de imponer directamente la dictadura de los mercados. Y no caben por tanto atajos ni "pactitos" engañosos para mantener una ilusión que no existe, como el recién firmado entre PP-PSOE (más CIU-PNV-UPyD, como siempre) para acudir a la última Cumbre Europea, y traerse un acuerdo de 1.900 millones de euros para España, para la creación de empleo juvenil.

 

proceso_constituyente81.jpgNo sólo es que sea ridícula e insignificante la cifra en sí misma (para los rescates bancarios se han dedicado cientos de miles de millones de euros), sino que un problema de tal calibre no se arregla "sólo" con fondos europeos. Se necesita implementar unas políticas económicas que están en las antípodas de las actuales, se necesita cambiar el modelo productivo, y se necesita que el Estado cree empleo público en muchos sectores, entre otras muchas medidas. Luego por tanto, es evidente que día a día se profundiza el conflicto social, con movilizaciones masivas y unitarias en contra de los programas de ajuste a las que debemos dar un sentido anticapitalista, porque cada vez es más evidente que no estamos ante una mala gestión de la economía (como recriminaba Rajoy a Zapatero cuando éste aún era Presidente del Gobierno), sino ante una crisis del propio sistema. Debemos por tanto presionar para la puesta en marcha de este Proceso Constituyente en torno a una alternativa desde abajo, popular, anticapitalista, federal y republicana, que enlaza claramente con las movilizaciones que se están produciendo en nuestro país.

 

proceso_constituyente82.jpgNos encontramos con dos modelos de salida de la crisis radicalmente confrontados, diametralmente opuestos, de una parte el especulativo y oligárquico, que plantea una salida neoliberal a la crisis basada en el ajuste y los recortes para asegurar los beneficios de las grandes empresas y bancos (que, por cierto, han obtenido unos beneficios en el primer trimestre un 16,6% mayores que el pasado año), modelo que necesita una ciudadanía adormecida, con una democracia de bajo nivel con Parlamentos y Gobiernos sin capacidad de decidir, y por otra parte, el modelo de salida social y anticapitalista de la crisis, basado en el empleo, el Estado Social, y el reforzamiento de la democracia participativa. Pero para dar forma a todo esto, y que la segunda opción se convierta en la opción social apoyada mayoritariamente, necesitamos un rearme ideológico, un rearme que permita ganar la hegemonía cultural al neoliberalismo, haciéndolo sin sectarismo, simplemente acumulando una mayoría de fuerzas de carácter antimonopolista y antiimperialista. Dicha alternativa se podría basar en los dos siguientes pilares:

 

1.- Un primer pilar, dirigido a demostrar que otras políticas son posibles: que es posible acabar con el paro, con la deuda de las familias, con el problema de la vivienda, que es posible recuperar el carácter universal y gratuito de nuestros servicios públicos, dignificar la vida de las personas, que es posible la nacionalización de la banca, y la construcción de un verdadero y completo Estado Social, es decir, que es posible superar el capitalismo y avanzar hacia el socialismo/comunismo de este siglo XXI.

 

proceso_constituyente83.jpg2.- Un segundo pilar, que debe desarrollar la democracia participativa. Y ello en torno a la reforma electoral, a la implementación de mecanismos para garantizar la democracia directa, los referendos populares, la democracia revocatoria, de confrontación con la corrupción y de recuperación de la soberanía nacional. Programa por tanto que garantice una salida a la crisis a través de una democracia política y social plena, tendente a generar (en la terminología de IU) un Bloque Social Alternativo (BSA) capaz de derrotar los programas actuales de ajuste y austeridad.

 

Y tenemos muy claro a estas alturas lo que las fuerzas políticas mayoritarias del bipartidismo nos pueden ofrecer. El PP, una sociedad elitista, clasista, desigual, injusta, insolidaria, no participativa, enfrentada socialmente, que no genera redistribución de la riqueza, donde las becas son "limosnas" que se dan al alumnado, donde los Organismos, Fundaciones y empresas públicas se eliminan, donde el modelo territorial se recentraliza, donde la austeridad y los recortes laborales y sociales llegan al infinito, donde no se garantizan los servicios públicos, o donde se privatizan cada vez más los sectores económicos. Todo ello, mientras se descubre cada día cómo estos mismos que nos acusan de haber vivido por encima de nuestras posibilidades, han estado expoliando los recursos públicos para su propio beneficio durante décadas.

 

Y el PSOE, unas medidas edulcoradas de cara a la galería, que suavicen un poco la agresividad social de las medidas del PP. Pero en el fondo, están con ellos a la hora de implementar el mismo modelo económico y social, el mismo modelo productivo, el mismo modelo "nacional", el mismo modelo democrático. Sólo la formación de este Bloque Social Alternativo, formado desde abajo, por las víctimas de la crisis, que ya van tomando conciencia de la situación, será posible encarar una profunda transformación del sistema, que lleve a buen puerto la convergencia social que necesitamos para sentar las bases de otro sistema, nuevo y distinto, justo y democrático. Continuaremos en siguientes entregas.

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30 junio 2013 7 30 /06 /junio /2013 23:00

Hemos citado muchas veces el Consenso de Washington en nuestros artículos, situándolo como el primer grano de arena que contribuyó al actual estado de cosas en Europa, y en el presente artículo vamos a abordarlo con un poco más de profundidad. En efecto, el proyecto de construcción europea iniciado en los años 50 del pasado siglo ha fracasado a todos los niveles. La mejor expresión del Consenso de Washington en Europa fue el Tratado de Maastricht de 1992, que ya fue denunciado en aquél entonces por Izquierda Unida. Se inició más tarde el camino hacia una moneda única desmantelando servicios públicos, ajustando a la baja los salarios, restando soberanía a los Estados miembros, y dejando pendientes la convergencia política, económica, fiscal y social de los pueblos de Europa.

 

consenso_washington1.jpg¿Es negativo funcionar con una moneda única? Objetivamente no, pero si la implementamos con los mecanismos de que disponemos en la actual UE, está claro que es un proyecto que no funciona, un proyecto injusto y antisocial, que más tarde o temprano acabará con todo el conjunto de las políticas sociales europeas. No tenemos integración política, ni fiscal, ni bancaria, ni nuestro Banco Central Europeo actua como tal, al modo de una Reserva Federal, sino como un lobby de la banca privada europea. Nuestros presupuestos europeos son claramente deficientes, y actuamos al dictado de las más fanáticas directrices neoliberales provenientes sobre todo de Alemania. Con tal escenario, nos preguntamos: ¿merece la pena esta integración europea?

 

Este modelo, que detallaremos a continuación, ha contado desde entonces con el apoyo y el beneplácito de partidos socialdemócratas, liberales y conservadores del conjunto de la Unión Europea, y sus expresiones más recientes en España fueron el famoso consenso firmado entre PP y PSOE, para defender el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para defender el SI a la ratificación del Tratado Constitucional Europeo en referéndum (acompañados en este caso de los sindicatos mayoritarios) o, en verano de 2012, la ratificación con sus votos en el Parlamento del Pacto Fiscal Europeo. Pero detengámonos en dicho famoso Tratado, llamado el Consenso de Washington. Si tuviéramos que resumir en una sola sentencia el conjunto de principios que inspiran el Consenso de Washington, diríamos que es la siguiente: "DISMINUCIÓN DEL ESTADO Y DEL SECTOR PÚBLICO, AUMENTO DEL SECTOR PRIVADO".

 

consenso_washington2.jpgLa desaparición histórica del bloque del llamado socialismo real coincide en el tiempo con la puesta en marcha de las políticas que posteriormente fueron conocidas como el "Consenso de Washington". Inicialmente formuladas con la vista puesta en América Latina, pasaron rápidamente a formar parte del pensamiento hegemónico global, y hoy en día, todos los grandes Organismos Internacionales de tipo económico (FMI, BM, OCDE,...) profesan, aplican y difunden sus principios, además de un montón de Asociaciones, Federaciones y Agrupaciones de economistas de todo el mundo (FEDEA, por ejemplo, en el caso español). Las premisas del Consenso de Washington han sido defendidas y aplicadas por PP y PSOE a todos los niveles, con la inestimable ayuda de conservadores nacionalistas catalanes y vascos, desde que fueran formuladas por un economista del Banco Mundial (BM) durante el mismo mes en que cayó el Muro de Berlín, en noviembre de 1989, en forma del siguiente decálogo:

 

1.- Disciplina Presupuestaria. Déficit Cero. Norma sagrada a cumplir por todos los países, que como sabemos, se está aplicando en Europa con total fanatismo, a sangre y fuego, a base de ejecutar recortes laborales y sociales, y de los derechos de la ciudadanía, desde los Derechos Humanos básicos, pasando por el conjunto de derechos subjetivos, de tipo político, civil y democrático.

 

2.- Reorientación del gasto público hacia políticas asistencialistas, causando la ruptura del carácter universal de los servicios públicos. En efecto, y derivado de lo anterior, se difunde que el gasto público ha de ser recortado, porque no se cree en lo público (porque se legitima la desigualdad), y los servicios públicos han de romper, según el Consenso de Washington, con sus características de universalidad, gratuidad y calidad, quedando únicamente como servicios residuales para la sociedad.

 

3.- Contrarreforma Fiscal, para conseguir un mayor peso en la recaudación de impuestos indirectos. Se desecha la idea de una fiscalidad justa, social y progresiva, para abonar la idea de una fiscalidad indirecta, es decir, que hace igual rasero para toda la ciudadanía, sin tener en cuenta las rentas del trabajo y del capital (éstas últimas son gravadas cada vez menos), y sin tener en cuenta quién tiene y gana más sobre quién tiene y gana menos. Se implantan tasas para los servicios públicos, y se aumentan los impuestos sobre el consumo, como el IVA.

 

4.- Liberalización Financiera. Se potencia el libre flujo de capitales, se da poder al negocio bancario, se liberaliza su funcionamiento y sus normas, y se permite que bancos, cajas y otras variantes, así como todo tipo de empresas de carácter financiero o asegurador, puedan introducirse en aspectos sociales que hasta ahora no representaban un negocio, como la Vivienda.

 

consenso_washington3.jpg5.- Tipos de Cambio competitivos. La inflación es controlada mímimamente por los Bancos Centrales, y la política de tipos de cambio y de interés es sólo una excusa, no un fin en sí misma. Igualmente, los Bancos Centrales tienen el poder de ordenar o no una intervención directa sobre la deuda pública de los Estados, permitiendo la especulación.

 

6.- Liberalización del Comercio Internacional. Así como las finanzas, el comercio internacional es liberalizado, se da potestad a las empresas para buscar mano de obra en diferentes países, donde las normas sociales y laborales puedan ser más "relajadas". La circulación de productos también es libre, y se relajan las normas arancelarias, así como las políticas proteccionistas de cada Estado.

 

7.- Eliminación de las Barreras a la Inversión Extranjera Directa. Es otra manifestación más de que se apoyan los capitales internacionales, sin ningún límite, con total intromisión de empresas extranjeras multinacionales dentro de la economía y del mercado laboral de los diferentes países. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en España con la próxima construcción del megacomplejo EuroVegas.

 

8.- Privatización de Empresas Públicas y Liberalización de Monopolios Estatales. En efecto, en ese afán neoliberal de disminuir el poder y el tamaño de lo público, se plantea como objetivo fundamental la privatización de las grandes empresas públicas que representan los grandes sectores estratégicos de la economía nacional (telecomunicaciones, agua, correos, energía, etc.), y la reducción o eliminación de todos los posibles monopolios del Estado, es decir, servicios que se presten únicamente desde instancias públicas.

 

9.- Desregulación de los Mercados. El "Papá Mercado" es el gran tótem a proteger en el Consenso de Washington, el sacrosanto objetivo que no se puede sacrificar, porque los neoliberales creen profundamente en la economía de libre mercado, donde éste se autoregula lo suficiente como para que exista una competitividad que permita un mercado dinámico. La paradoja es que cuando los mercados se hunden, como está pasando durante esta crisis, se acuerdan del otro papá, el "Papá Estado", para que los rescate, pasando desde un proceso de privatización de ganancias, a uno de socialización de pérdidas.

 

10.- Protección de la Propiedad Privada. La propiedad privada, en todas sus vertientes y manifestaciones, es algo intocable para los neoliberales del Consenso de Washington, y toda su proyección posterior. Es un derecho para ellos que se coloca encima de cualquier otro, lo cual conlleva que poco a poco el concepto de propiedad privada no sólo pierda toda su función social, sino que vaya incluso en contra de la misma. La última prueba de ello la tenemos en el recurso al Tribunal Constitucional que va a presentar el Gobierno ante la aprobación del Decreto-Ley de la Consejería de Vivienda y Fomento de la Junta de Andalucía, porque entienden que el proceso de expropiación de viviendas a los bancos viola dicho derecho a la propiedad privada, además de desestabilizar las garantías financieras.

 

Y como decimos, desde entonces, Gobiernos, representantes públicos, medios de comunicación afines (la inmensa mayoría), Universidades públicas y sobre todo privadas, poderosas fundaciones de estudios en España (cuánto más las que se alinean con la banca privada, como la Fundación de Estudios del BBVA), asociaciones empresariales (como la CEOE o el Círculo de Empresarios), y un montón de economistas y periodistas a sueldo de los intereses de todas estas organizaciones, han aplicado, difundido, justificado e incluso constitucionalizado el contenido del Consenso de Washington. De ahí que todo ello haya contribuido a extender un pensamiento dominante, que justifica las prácticas políticas que apoyan dichos fines. Nuestra labor desde la izquierda es contribuir a desmentir todos los postulados del Consenso de Washington y todos sus consensos, acuerdos y tratados afines, haciendo el máximo de pedagogía para intentar que pueda difundirse un pensamiento alternativo, que pueda al fin derrocar la hegemonía de todos estos principios.

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27 junio 2013 4 27 /06 /junio /2013 23:00

El pasado viernes presentó la Vicepresidenta del Gobierno el nuevo Plan de Reforma de las Administraciones Públicas, surgido durante más de 7 meses de trabajo en el seno de la Comisión CORA, que da nombre al proyecto. Vamos a analizarlo brevemente en las próximas líneas, para desmontar algunas falacias que contiene. De entrada, nada bueno puede esperarse de un Gobierno cuya permanente obsesión es recortar (en el más amplio sentido del término) el tamaño de la Administración Pública, mientras favorece e insta continuamente a la formación de empresas y emprendedores. Por mucho que quieran adornarlo bajo ese supuesto halo de modernidad, la reforma esconde recortes puros y duros, manifestados bajo las diferentes formas de pérdidas de puestos de trabajo, recortes en competencias, eliminación de organismos, edificios, sedes y empresas públicas, y en última instancia, disminución de la democracia.

 

reforma_administraciones1.jpgSe diría que actúa a compás de las populistas peticiones que piden que haya menos políticos, mientras no recortan en privilegios de dichos políticos, en número de asesores de los mismos (personal nombrado a dedo) ni ataca a las Administraciones que resultan obsoletas, como las Diputaciones Provinciales. Bajo la cansina excusa de recortar el gasto público y de ahorrar en las Administraciones, el PP vuelve al ataque de la democracia, al igual que ya lleva haciendo la avanzadilla de la señora Cospedal en Castilla-La Mancha. Bajo la falsa coartada del ahorro, pues, no podemos recortar la democracia, decrementando el número de diputados autonómicos, ni eliminándoles el sueldo. Si tuviéramos que resumir en una palabra lo que se esconde detrás de este proyecto del PP, esa palabra sería "RECENTRALIZACIÓN". Esto es, casi todas las medidas poseen un cierto carácter de reproche a las Administraciones Autónomicas, en el sentido de utilizar recursos públicos para un montón de instancias de representatividad que se pueden eliminar. Y este es el objetivo final de esa "racionalización" propuesta.

 

Y como escaparate, nos colocan esa cifra seguramente inflada de un supuesto ahorro de 37.700 millones de euros en cuatro años, a costa, como decimos, de anular instancias y edificios públicos, empresas y fundaciones públicas (como el Instituto de la Juventud), eliminar, privatizar o recentralizar servicios públicos, destruir empleo público, y alejar al ciudadano de la Administración. Utilizan Internet como otro gran reclamo de esta reforma, cuando lo primero que deberían garantizar es que el acceso a la RED sea efectivamente un derecho gratuito y universal, y no prestado por proveedores privados de servicios. Por mucho que centralicen en un portal de acceso único toda la gestión con la Administración, ¿qué pasará con las personas que no saben o no pueden utilizar Internet? La supuesta modernidad representada, por ejemplo, por las facturas electrónicas, no puede esconder una utilización torticera de la Administración de cara al ciudadano.

 

reforma_administraciones2.jpgTambién se inmiscuye en la propia financiación autonómica, pues está previsto que el Ministerio de Hacienda retenga a las Comunidades, de sus sistemas de financiación, la cantidad correspondiente a la deuda que acumulen con sus proveedores, cuando éstas hayan incumplido durante más de cuatro meses consecutivos en más de 30 días el plazo máximo fijado para abonar sus facturas (un mes). Está prevista la reforma de hasta 57 Organismos públicos, y la posible supresión de 90 Observatorios autonómicos y estatales. Además, el Gobierno tiene la intención de suprimir 17 de las actuales 48 Fundaciones del Estado. Instituciones como los Defensores del Pueblo de cada Comunidad, o los Institutos de Meteorología autonómicos, figuran entre las propuestas de supresión. Todo ello, como siempre, bajo la bandera del ahorro conseguido con la eliminación de todas estas instituciones públlicas. Si ya muchas veces el número de quejas de los Defensores del Pueblo autonómicos es astronómica, ¿nos va a defender mejor el Defensor del Pueblo Estatal?

 

Tienen la desfachatez de argumentar que quieren eliminar de la Administración todo lo superfluo, cuando lo que en realidad deben eliminar no es el empleo público, sino los privilegios de la casta política, las Administraciones obsoletas, y dar un impulso a la localidad en la Administración, es decir, potenciar el Municipalismo y el apoyo y financiación a las Comunidades Autónomas. Bajo las falsas banderas del ahorro y la eficiencia en la gestión (como por otra parte también argumentan para desmantelar la Sanidad Pública en Madrid, Valencia o Castilla-La Mancha), lo que se esconde es un encubierto proceso de recentralización, invasión de competencias y recorte de empleos públicos. Así no tendrá que venir Bruselas a decir, como hace con Grecia o Portugal, cuántos funcionarios públicos sobran en España, y Rajoy podrá en su momento (ya lo está haciendo) sacar pecho para demostrar lo buen alumno que es, y lo bien que aplica los criterios de la Comisión Europea en nuestro país. En definitiva, un nuevo plan de ataque neoliberal a nuestras Administraciones Públicas, disfrazado de ahorro, eficiencia y modernidad.

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