Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Afortunadamente, estamos asistiendo últimamente en todo el territorio nacional, a una siguiente fase en los tipos e intensidades de las movilizaciones ciudadanas. En efecto, hemos pasado de la manifestación unívoca, aislada, de cierto grupo o colectivo afectado, o en general de la clase trabajadora mediante la convocatoria de huelga, a una serie de movilizaciones que comienzan a ser más integrales. Digo afortunadamente, porque siempre hemos afirmado, y mantenemos, que sólo la fuerza de la calle, y el derrumbe de sus argumentos en sede institucional podrán acabar con la tiranía de este Gobierno. Pues bien, se ha podido comprobar por ejemplo en manifestaciones colectivas como las del pasado 23-F, donde han acudido juntos, en la inmensa mayoría de ciudades españolas, casi la totalidad de las mareas ciudadanas, plataformas y colectivos que antes desarrollaban acciones por separado.

Y todo esto viene también apoyado desde unas campañas cada vez más intensas de desobediencia civil. Primero se ocuparon de forma masiva las plazas y las calles, se abrazaron hospitales, salió la Universidad a dar las clases a la calle, se ocuparon viviendas vacías, y se asaltaron sedes bancarias, plenos de Ayuntamientos, e incluso supermercados. Los actos de protesta concreta, aislada, momentánea, se están viendo complementados por toda una serie de actitudes de desobediencia civil, práctica que está cundiendo en la ciudadanía. La degradación social a la que nos están llevando con el incremento del paro, de la pobreza, del hambre, de la exclusión social, provocan más rebeldía, malestar social e indignación, que a su vez provoca que dicha rebeldía se canalice y exprese mediante estos actos. Y hemos llegado a un punto en que las prácticas de desobediencia civil se han instalado en nuestra vida cotidiana. E incluso las personas que no se movilizan ni participan en estos actos, y por mucho que Rajoy reivindique la mayoría silenciosa que no se manifiesta, sí se sienten representados por estas acciones, las comprenden, las justifican y las apoyan.

Así que nuestro lema debe ser: FRENTE A LA NUEVA GENERACIÓN DE REFORMAS ESTRUCTURALES DEL GOBIERNO, UNA NUEVA GENERACIÓN DE MAREA CIUDADANA, INTEGRAL E IMPLACABLE. Frente al acoso de las políticas indecentes, la fuerza de la desobediencia civil, de la protesta, de la rebeldía. Negarse a pagar los peajes de una autopista, negarse a pagar el euro por receta, negarse a desalojar una vivienda, etc. Acciones que aunque ilegales, resultan completamente legítimas, dado el convulso y desolador panorama social que vivimos. Cuántas cosas de las que han pasado durante los últimos años deberían ser ilegales, y sin embargo, han contado con todo el apoyo gubernamental e institucional. Ilegal debería ser permitir que los bancos controlen los derechos humanos básicos, como la vivienda, ilegal debería ser dejar a la gente sin trabajo, ilegal debería ser no actualizar las pensiones, o privatizar la Sanidad y la Educación, ilegal debería ser la amnistía fiscal a los defraudadores, o permitir la construcción de megacomplejos como EuroVegas, etc. Y bajo el disfraz de la legalidad, continúan cometiendo los más horribles crímenes sociales, al amparo de este grotesco sistema capitalista.

Decididamente, este es el camino. El Gobierno, si persistimos en nuestro acoso, terminará por quedarse sin fuelle, sin argumentos morales para permanecer en el poder, y terminará abogado a un proceso de dimisión conjunta. Aunque hasta ahora se han mostrado duros de pelar, y haciendo gala de una desvergüenza que raya en lo delictivo, sólo la fuerza de la ciudadanía, apoyada por actos de fuerte y organizada desobediencia civil, facilitará que consigamos el objetivo. Profesores de la Marea Verde, Médicos y enfermeros/as de la Marea Blanca, junto con muchos otros colectivos, plataformas y asociaciones, tales como la PAH, Stop Deshaucios, Asambleas del 15-M, los colectivos de jueces y fiscales, bomberos y policías, asociaciones de personas dependientes, usuarios marginados de la sanidad, jóvenes estudiantes y/o en paro, pensionistas, mineros, trabajadores de Iberia, y un larguísimo etcétera, participan al unísono en las protestas sociales. Ya hemos comenzado a hablar, en general, de la "Marea Ciudadana".

Y en el terreno puramente político, la caída del bipartidismo PPSOE es ya imparable, porque la ciudadanía va comprobando por sus propios medios lo que desde la izquierda venimos denunciando hace mucho tiempo: la falsedad y complicidad de unos y otros para perpetuarse en el poder y en el actual sistema. Es el momento de continuar, de hacerse fuertes, de perseverar en la actitud de acoso y derribo ciudadano, de construcción y empoderamiento de las clases trabajadoras, de la creación de un contrapoder que sea capaz de hacer sombra a los actuales poderes fácticos que nos gobiernan, que no son otros que los representantes de los poderes económicos y financieros, y su ola privatizadora y neoliberal. La encuesta de febrero de Metroscopia arrojaba un 74% de ciudadanos/as que afirmaban que el Congreso ya no representa a la mayoría de los españoles, un 83% que considera que el Congreso no realiza su cometido adecuadamente, y hasta un 85% que no cree que los parlamentarios/as estén haciendo su trabajo de manera honesta.

La situación cada vez se caldea más, cuando se conocen declaraciones y propuestas como las de la OCDE, sugiriendo al Gobierno que soporte las prestaciones por desempleo y subsidios únicamente a los parados/as que "busquen empleo activamente", o bien asistimos a las vergonzosas declaraciones del actual número 2 de la Patronal, Arturo Fernández, diciendo que sus empresas deben a la Seguridad Social, y "a mucha honra", después de destaparse los escándalos de pagos en negro dentro de su imperio empresarial. Todo ello sin hablar del caso Bárcenas, que por sí solo ya constituye el mayor culebrón corrupto que pudiéramos imaginar que nos contaran. Mientras, a los inmigrantes les pasan facturas de sus atenciones en urgencias, a la vez que se van conociendo detalles de los supuestos regalos que recibió la Ministra Mato de la trama Gürtel. No tenemos todavía ningún banquero en la cárcel, pero la gente sigue siendo deshauciada y perdiendo su empleo en atacadas de miles de personas diariamente...

Por tanto, seguimos llamando a la desobediencia civil, a la rebeldía, a la lucha, a la organización de un Frente Ciudadano de Izquierdas integrado por todos los movimientos sociales y sindicales. Es el momento de realizar convocatorias unitarias, pues el objetivo es común y fácilmente identificable: los mercados, los poderes económicos, y los gobiernos que los defienden y los jalean. Frente a ello, nosotros tenemos que jalear la democracia participativa, los derechos humanos, la intervención pública en la economía, la nacionalización de todos los sectores estratégicos y de todas las grandes empresas, la creación de una banca pública, el fin de la corrupción, la transparencia y la lucha por lo público, el impago de la deuda ilegítima, la puesta en marcha de planes de empleo, de rentas básicas de inserción social, y de derogación de toda la normativa en materia de restricciones de derechos sociales y laborales que se ha venido aprobando últimamente. Juntos podemos, lo hemos demostrado muchas veces en nuestra reciente historia, acabemos con este indecente Gobierno del PP, acabemos con su dictadura y con la de los mercados. Ya es hora!!

Después de varias declaraciones, entre otros, del exsocio de Urdangarín, Diego Torres, así como de aquél, y más allá de las responsabilidades penales que se hubieran de derivar tras el pertinente juicio oral, creo que ya estamos en condiciones de atisbar qué era en realidad el Instituto Nóos, el perfil de sus directivos y la auténtica naturaleza de organizaciones de este calado. Situémonos en primer lugar en la actual sociedad capitalista, con sus valores, sus esquemas de funcionamiento y su alcance. Situémonos también en lo que podría ser el perfil inicial del marido de la Infanta Cristina, un ex jugador de balonmano (ahí es nada), que después de alguna formación en Ciencias Empresariales, y dándose cuenta del status que le rodea, intenta como buen delfín que aprende rápido aprovecharlo lo más rápido y mejor posible.

Junto al más avispado de los que habían sido sus profesores en ESADE, se lanza a una "aventura empresarial", pero lógicamente, siendo muy consciente de la realidad institucional de la que forma parte, no para respetarla, sino para aprovecharse de ella. Y aquí tenemos ya a Don Iñaki y a Don Diego, trazando las oportunas estrategias para ver cómo y de dónde pueden sacar la máxima tajada. El marco legal: un Instituto "sin ánimo de lucro" que a modo de fundación, pretenda oficialmente el fomento de las actividades deportivas y culturales. En la trastienda: aprovecharse de dicho marco legal, de sus contactos, de su falta de escrúpulos, de su situación, de su status institucional, de sus relaciones (y las de su socio), y sobre todo del resto de Instituciones públicas y privadas, para bajo el paraguas "sin ánimo de lucro" del Instituto Nóos, rapiñar todo el dinero que se pueda, y bajo una extensa red societaria creada a tal efecto, poder desviar fondos a paraísos fiscales, y blanquear el dinero procedente de los supuestos "servicios" que el Instituto prestaba a sus "clientes".

Parece increíble hasta dónde puede llegar un insulso delfín cuando es bien aleccionado. Una persona que por su propia situación no necesitaba de nada, se enzarza en todo un entramado de actividades, servicios y empresas pero no para realizarse, como él dice, "profesionalmente", sino para ver de dónde puede sacar tajada económica. Y a partir de aquí surgen los delitos, las evasiones de capital, los escándalos, las comisiones, las cuentas en el extranjero, los cobros por servicios nunca prestados, y un largo etcétera de actividades, cuando menos, inmorales, más si cabe viniendo del contexto institucional al que Urdangarín representaba. Según declara Torres, en la cúpula directiva de Nóos figuraba la propia Infanta, así como su secretario personal (¿?), Don Carlos, que según propia declaración, aunque figuraba como tesorero, no sabía nada de las cuentas (¿?). La Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, la Fundación Abertis, el Ayuntamiento de Barcelona, Acelormittal España, la Fundación ESADE, o marcas de lujo como Louis Vuitton, Telefónica, Ford, Reebok, o la firma de moda Javier Simorra, entre otras muchas, estarían implicadas en la organización de las actividades objeto del Instituto.

Bajo el escaparate de grandes eventos deportivos, que promocionaban según se dice "la función social del deporte", y si a todo ello le vamos sumando los posibles contactos e influencias que la propia Casa Real, a través de Don Juan Carlos, realizaba en favor de los proyectos del Instituto, los cientos de mensajes de correo electrónico (algunos con "copias al suegro") que retrataban perfectamente las ilícitas relaciones de Don Iñaki con toda la trama institucional y con una princesa alemana amiga del Rey, ya pueden meterse los lectores en situación: ni un culebrón venezolano lo retrataría mejor. La realidad supera muchas veces a la ficción, y éste parece ser uno de esos casos. ¿Qué era entonces en realidad el Instituto Nóos? Un entramado de poder e influencias disfrazado de fundación deportiva sin ánimo de lucro, cuyos dirigentes eran unos desalmados, perfectos prototipos de los tiburones del más cruento sistema capitalista. A esos niveles, como al nivel de los Consejos de Administración de las grandes empresas transnacionales, el dinero fluye a mansalva no por la valía personal, intelectual o profesional de sus integrantes, sino por la capacidad de poder, relaciones, contactos e influencias que dichas personas puedan desplegar.

Si a todo ello le unimos la actitud altiva y chulesca del Duque "empalmado", sus cínicos y asqueantes correos, las escandalosas cifras que se manejaban, y el perfil de los contactos implicados, tenemos la fotografía al completo de lo que pudo ser el Instituto Nóos. Redes elitistas de personalidades al más alto nivel, tanto público como privado, pensadas para moverse en función de posibilitar negocios y acumular capital, aprovechándose de las Instituciones públicas, de las empresas de alta gama y de los contactos al más alto nivel. Este es el perfil de las modernas familias reales-aristocráticas. Mientras, al pueblo se le recortan derechos, retribuciones, pensiones, sueldos, servicios, etc. Parecería que no hemos avanzado mucho desde los tiempos de la serie de televisión "Aguila Roja". Y mucho nos tememos que esto no ha hecho más que empezar...¿hasta dónde nos llevará este culebrón dinástico-institucional-financiero? No lo sabemos. Habrá que ir viendo.

La última tanda de medidas del Gobierno de Rajoy para frenar los efectos de la crisis, (siempre según ellos) están divididas en tres frentes, a saber: mayor protección sobre los pagos a proveedores, bonificaciones empresariales de cara a la contratación, y sobre todo, y las que más nos interesan para este artículo, medidas para facilitar el emprendimiento, es decir, para apoyar a los nuevos empresarios. En realidad, los tres frentes de medidas se pueden resumir en uno, que podría resumirse como MAYOR APOYO A LA EMPRESA. Por empresa no debemos entender aquí a las grandes multinacionales, sino a las PYMES, a las pequeñas empresas y a los autónomos.

Bien, de entrada, lo primero que tenemos que decir es que son un conjunto de medidas que, en la coyuntura actual, son completamente inútiles. No van a servir para nada. Por una razón muy sencilla: el empresario o autónomo va a contratar únicamente cuando pueda atisbar oportunidades de negocio, y esto en la actual situación tanto micro como macroeconómica, es tremendamente difícil, por no decir imposible. Pero vamos a explicar y a repetir la idea, porque parece ser que desde muchos frentes se escuchan las famosas expresiones "Este es el camino", "Estamos ante un cambio de rumbo", "Son medidas para el estímulo de la economía", y otras falacias por el estilo. No nos engañemos, ni dejemos que la propaganda institucional nos inunde de falsas esperanzas. Las medidas para el fomento de la contratación en el ámbito privado siempre son positivas, pero son medidas que se han mostrado fracasadas e ineficaces en un contexto de crisis, porque por mucha ayuda estatal que exista para apoyar a la contratación, si el crédito no fluye, si los empresarios no ven posibilidades de mercado, si el consumo está hundido, si, en definitiva, por mucho que contrates no va a haber quien compre tus productos o servicios, las medidas son inútiles, porque los empresarios no van a contratar.

Y esto es lo que está pasando actualmente. Pero más allá de desmontar la falacia de dichas medidas, me gustaría subrayar el propio fondo de las mismas, esto es, la filosofía que subyace bajo dichas medidas. Para empezar, a los empresarios se les va cambiando el nombre por otro más atractivo socialmente, como es el de "emprendedores". Palabra mal usada desde mi punto de vista, porque la palabra emprendedor está relacionada en un contexto más general, y no tiene porqué referirse siempre al mundo empresarial. Emprendedor es simplemente una persona valiente, atrevida, que lucha por la realización efectiva de sus ideas, que tiene carácter, y que busca los medios necesarios para plasmar su proyecto. Y aunque todo ello tenga mucho que ver con el mundo empresarial, se puede "emprender" sin necesidad de que dicho emprendimiento se plasme en un proyecto empresarial. Pero denominaciones aparte, donde creo que está el auténtico fondo del asunto es en la total orientación de las medidas hacia el mundo empresarial y privado. Es decir, el Gobierno conservador del PP, en momentos de crisis, entiende que lo único que puede salvarnos, y donde se dedica todo el esfuerzo mental y económico, es el mundo privado.

Ni una sola medida de fomento del sector público, que se ve también invadido cada vez más de los famosos ERE's en la Administración Pública. Como digo, ni una sola medida de fomento del empleo público, que para la derecha es un empleo denostado, y cuyo porcentaje hay que reducir cada vez más. Pues desde la izquierda negamos la mayor. Ni el empleo privado nos va a sacar de la crisis, ni es el único sector que haya que potenciar con las medidas de un Gobierno títere de los grandes poderes económicos y financieros, que por cierto, siguen sin hacer fluir el crédito necesario para la materialización de los proyectos (aunque una de las medidas anunciadas es la puesta en circulación de 45.000 millones de euros para tal fin). Pero como digo, reivindico desde aquí la necesidad de dotar de fortaleza al empleo público, de protegerlo, de restaurarlo, de dignificarlo, y sobre todo, de potenciarlo. Seguimos siendo, y ahora más con la crisis, uno de los países de la UE que posee un menor porcentaje de personas trabajando para el sector público, para las Administraciones Públicas, y para el Estado del Bienestar. Y ello no sólo tiene el efecto negativo de que se debilitan (cuando no desaparecen, como está ocurriendo con la Dependencia) los servicios públicos de cara a la ciudadanía, sino también de que el Estado va perdiendo cada vez más su función de empleador por excelencia.

Y esta tendencia es la que hay que invertir. El Estado debe recuperar su papel de empleador público y universal, de empleador por defecto, por no hablar ya de su papel en la intervención pública de la economía, así como en la nacionalización de todos los grandes sectores estratégicos. Y desde este Gobierno, los apoyos (totalmente inútiles, volvemos a recordar) vienen siempre hacia el mundo privado. Como nos preguntamos en el título, parece que el mensaje es que tenemos que hacernos todos empresarios. Que debemos potenciar en todo el mundo su carácter emprendedor, que nos volvamos todos contratadores de nosotros mismos, y de terceros. Es una total aberración, porque en el fondo lo que se esconde es una degradación de la idea de función social del trabajo público, así como de una mayor complicidad con el mundo empresarial privado. Quieren cambiarnos el chip, y que todos pensemos únicamente como empresarios. Que renunciemos a la idea de que nuestro ideal, sea en el campo privado o en el público, es realizarnos profesionalmente en nuestro campo, para sustituirlo por la idea de que debemos levantar el país incrementando el número de empresarios.

Rompamos con esta total aberración. Denunciemos estas medidas. El mundo privado funciona con otros intereses, con otros objetivos, con otro chip, que no debemos asumir, salvo quien voluntariamente quiera montar su propia empresa, porque crea que es el mejor camino para su realización personal y profesional. No caigamos en sus trampas ideológicas. Luchemos por la denuncia del comportamiento empresarial, y por la dignificación del trabajo en el sector público. Luchemos porque no sólo los empresarios sean los que estén cada vez más apoyados y comprendidos, porque no sólo a ellos se les facilite la vida, sino también a la gente que quiere trabajar para el sector público como médico/a, profesor/a, bombero/a, asistente/a social, educador/a en guardería, enfermero/a, banquero/a, economista, administrativo/a, cuidador/a de personas mayores, investigador/a en la Universidad (pública), policía, sociólogo/a, psicólogo/a, diplomático/a, juez/a, fiscal, procurador/a, abobado/a de oficio, inspector/a de Hacienda, ingeniero/a, periodista, y un interminable etcétera de profesiones que se pueden ejercer en el sector público. No tenemos que hacernos empresarios (o emprendedores) por fuerza.

Tomando como referencia un artículo aparecido recientemente en la versión digital de Público, que llevaba el sugestivo título "Del Valle de los Caídos al IBEX-35", vamos a comentar algunos aspectos que demuestran cómo efectivamente, tal y como allí se relata, seguimos teniendo a muchos herederos cuyos ancestros estuvieron mimados por el regimen franquista muy bien situados en la actualidad, algunos incluso dirigiendo el país en la sombra, a través del actual Gobierno del Partido Popular. El nudo central es comprobar cómo muchas de las empresas que se enriquecieron durante la dictadura, porque fueron apoyadas por el régimen, continúan hoy en día en posiciones poderosas e influyentes, ejerciendo el poder real que dirige al propio Gobierno.

En efecto, el antiguo régimen les dio poder, patrimonio, y sobre todo, mano de obra casi esclava para sus proyectos, procedente de los republicanos encarcelados en aquélla época. Y en la Transición Democrática, balance que aún tenemos pendiente, y que nos han querido vender siempre como un proceso modélico, su poder se perpetuó a través de los representantes del bipartidismo que llega hasta nuestros días. Los estamentos protegidos y poderosos del franquismo, como la Iglesia, el Ejército, y sobre todo la Banca y las grandes empresas que apoyaron el golpe militar, proyectan aún su sombra en los tiempos actuales, mediante los herederos de aquél régimen. Muchos de ellos aún tienen el descaro de proferir frases como que son "demócratas de toda la vida", o bien de que "todos luchamos contra el franquismo, y por la libertad y la democracia". Hagamos un breve repaso de dicha sombra.

Podemos comenzar por los herederos de Juan March, que aparece en la foto superior, considerado el auténtico mecenas del golpe fascista de 1936. Junto a inestimables colaboradores del Diario ABC de aquélla época (que sigue siendo uno de los más rancios y conservadores de la prensa española), financió muchos aspectos de la cruzada franquista a cambio de obtener el control sobre el sector bancario del país. Juan March fue el fundador de la antigua FECSA (Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A.), empresa que participó en la construcción de las Centrales Nucleares de Vandellós y Ascó. En 1988 la revista FORBES ya situaba a los descendientes de March entre las tres fortunas más importantes de España, junto a Ramón Arces, fundador de El Corte Inglés, y  los Botín. Según nos cuenta Mariano Sánchez en su libro "Los banqueros de Franco", los March participan en la actualidad en el accionariado de más de 150 empresas, algunas tan conocidas como ACS, Acerinox o Prosegur.

Quizá la obra más faraónica y emblemática del franquismo fuese El Valle de los Caídos, en la cual emplearon mano de obra semiesclava procedente de los presos políticos de aquélla época. Las empresas adjudicatarias para la gran obra fueron San Román (filial de Agromán), Estudios y Construcciones Molan, y Banús, gestionada esta última por sus dos famosos hermanos, Juan y José. Estas tres empresas, junto a la constructura Huarte y Cía, que se unió a las obras a partir de 1952, se repartieron dicha mano de obra barata para sus negocios privados por concesión del régimen de Franco. ¿Cuál es el rastro de dichas empresas en la actualidad? La constructora Huarte se fusionó en 1998 con Obrascón, y un año después se incorporó el grupo empresarial Laín, conformando el gigante constructor Obrascón-Huarte-Laín u OHL, como es más conocido. El grupo está presidido por Juan Miguel Villar Mir, en cuyo currículum figuran otros muchos cargos en la estructura del Estado franquista, como por ejemplo haber sido Director General de Empleo en 1964, o Presidente del Fondo Nacional de Protección del Trabajo en 1967. OHL es una de las empresas que aparecen en los famosos papeles de Luis Bárcenas, como supuesta financiadora ilegal del PP.

En cuanto a los Banús, sobre todo José, conocido como el constructor del régimen, de Madrid saltó a la Costa del Sol donde en 1970 inauguró en Marbella el Puerto Deportivo que lleva su nombre. Su sobrino Antonio Banús mantiene todavía hoy en día un inmenso patrimonio empresarial. Pero existieron otras muchas empresas que se beneficiaron del franquismo, como es el caso de Dragados y Construcciones, hoy inmersa en ACS, la constructora de Florentino Pérez, el Presidente del Real Madrid. Pero no sólo empresarios se beneficiaron de las “bondades del régimen”. La democracia tampoco ha maltratado a los antiguos dirigentes franquistas, sus herederos directos o a los familiares de Franco. Hoy, muchas de estas personas tan cercanas al régimen, ya sea con lazos en el mundo de los negocios, familiares o políticos, siguen disfrutando de un papel importante en nuestra sociedad. Así, según enumera Mariano Sánchez en su obra "Los Franco S.A.", las hermanas Alicia y Esther Koplowitz, a través del imperio empresarial Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), poseen un patrimonio que ronda los 1.000 millones de euros; los descendientes de José Meliá Sinisterra, en el sector turístico (Hoteles Meliá), facturan anualmente más de 600 millones de euros, o Carmela Arias Díaz de Rábago, Condesa de Fenosa y viuda de Pedro Barrié de la Maza, cuya fortuna personal alcanza los 240 millones de euros.

También llama la atención la puerta giratoria que unía a los Ministros de Franco con los Consejos de Administración de las principales empresas españolas. Como nos recuerda Público, de los 119 Ministros de Franco, 22 de ellos se sentaron en 29 Consejos de Administración de importantes entidades bancarias, nueve en bancos oficiales y cuatro en Cajas de Ahorros. Otros ocho ex Ministros fueron Presidentes y/o Consejeros del Banco de España. En total, 43 ex Ministros se convirtieron en destacados ejecutivos del sector bancario. Pero no sólo ellos ocuparon esos puestos, también sus hijos. Sirva como ejemplo el reciente nombramiento de Nemesio Fernández Cuesta, hijo del que fuera Ministro de Comercio en el penúltimo Gobierno de Franco de igual nombre, como Director General de Negocios de Repsol.

No obstante, no hay que buscar tan lejos para encontrar la alargada sombra del régimen. En la penúltima hornada de políticos de la derecha española se encuentran buenos ejemplos, tales como Rodrigo Rato, hijo de Ramón de Rato, fundador junto a Millán Astray y Dionisio Ridruejo, entre otros, de Radio Nacional de España, así como propietario del Banco del Norte y del Banco Murciano. O el ex Presidente José María Aznar, nieto de Manuel Aznar Zubigaray, periodista y político cercano a Falange que fue Director Gerente de la Agencia de Noticias EFE y Embajador español ante la ONU, Marruecos, y varios países de América. Y aún tenemos más ejemplos: Salvador López Arnal nos recuerda en un artículo publicado en Rebelion que "la tercera autoridad del actual régimen es hijo, sin ruptura generacional conocida, del político franquista Jesús Posada Cacho. Fue éste último Alcalde de Soria (1943-1946), y Gobernador Civil de Soria (1946), Burgos y Valencia (1956-1962)". Se refiere evidentemente a Jesús Posada, el actual Presidente del Congreso (el de la famosa frase "¡¡PROCEDAN A LA EXPULSIÓOOON!!" para que desalojaran de la Tribuna a los miembros de la PAH, durante el reciente debate de la ILP sobre la dación en pago). Y por su parte, Rodolfo Martín Villa, ex Ministro franquista, está sentado actualmente en el Consejo de Administración del SAREB (el popularmente conocido como "banco malo").

Lo dejaremos aquí, pero podríamos seguir poniendo muchos más ejemplos de los herederos de aquél período oscuro de nuestro país. El caso que es ahora, 37 años después de la muerte del dictador, y 34 años después de la promulgación de nuestra Constitución, ésa que declara la Vivienda y el Trabajo como un derecho, se recortan los sueldos, las pensiones, la Sanidad, la Educación, la Dependencia, la Investigación, los despidos a los trabajadores, y todo aquéllo que huela a conquista social. Mientras, se conceden ayudas y rescates multimillonarios a la banca privada, ésa que mantenía sus privilegios desde el franquismo, y contemplamos con total perplejidad y rabia los innumerables casos de corrupción protagonizados por representantes de este manido bipartidismo, así como de las más altas Instituciones del Estado. Y por si todo ello fuera poco, se nos reprime violentamente en las calles si ejercemos nuestro derecho de manifestación, por lo que a la clase trabajadora no nos queda otro remedio que volver a empezar. Comenzar desde cero, un nuevo Proceso Constituyente que destituya el actual régimen, heredero del anterior, y nos dé auténticas garantías de progreso, justicia y bienestar social.

Y como muy bien argumenta Carlos Martínez, Presidente de ATTAC Andalucía: "Pero esta vez, el Proceso Constituyente lo hemos de controlar nosotras y nosotros. Esta vez las oligarquías deben ser despojadas de su poder de veto, esta vez hay que regular los derechos y libertades mejor y dotarnos de una Jefatura del Estado electa. Esta vez no hay un Ejército de Franco con cuatrocientos mil efectivos acantonado en las afueras de las ciudades, esperando salir a la mínima oportunidad". Y como él mismo también nos recuerda, la lucha por la Democracia, así con mayúsculas, quedó incompleta. Es el momento de recuperarla. Se lo debemos a las generaciones anteriores, que conquistaron lo poco que nos va quedando. Y se lo debemos a las próximas generaciones, a las que dejaremos una vida aún peor que la que nosotros hemos conocido. Conquistemos entre todos una nueva Constitución, saldemos la lucha de clases a favor de los trabajadores, y desterremos los rastros de los privilegios del antiguo régimen para siempre.

Una vez enumerados los cinco niveles donde habría que repartir la financiación, comentados en el artículo anterior, vamos a profundizar un poco más en ellos, así como en el propio sistema de financiación del Estado Federal. Tomaremos como referencia algunos sistemas ya existentes y también comentados, tales como el sistema foral de concierto, presente en la CAV, o el sistema de Pacto Fiscal propuesto por CIU para Cataluña, o la propuesta más antigua del anterior gobierno (llamado despectivamente "tripartito") catalán. Comencemos por el nivel de los Ayuntamientos, primordial en nuestra visión del Estado Federal, y que con la nueva reforma del PP sobre las Administraciones Públicas, lejos de ser potenciados, se les quiere vaciar de competencias, y abrirle, a través de las Diputaciones Provinciales, la puerta a la privatización de sus servicios.

La importancia estratégica que nosotros le atribuimos a los Ayuntamientos en nuestra propuesta debe reflejarse en la estructura de la financiación. De hecho, proponemos que los Ayuntamientos asuman el mayor número de competencias. El porcentaje concreto de los recursos públicos gestionados por las Haciendas Locales tiene que ser suficiente para asegurar la gestión y la administración de estas competencias y servicios en condiciones de calidad, eficiencia y participación ciudadana. Sus competencias económicas y financieras tienen que quedar expresamente recogidas en la Constitución Federal, como parte integrante de su organización territorial y con personalidad jurídica reconocida. El ente local, por cercanía con los ciudadanos/as, ha de ser el primer escalón donde se piense a la hora de prestar los servicios públicos, y si se trata de localidades con poca población, la unión de varios de ellos en Mancomunidades realizará las tareas de coordinación entre los Ayuntamietnos mancomunados. Como ya hemos dicho, desaparecerían las Diputaciones Provinciales, entes anacrónicos procedentes del franquismo, que ni siquiera aparecen en la Constitución de 1978.

Por su parte, el nivel de financiación más polémico es el del pueblo federado, territorio o Comunidad Autónoma (si se quiere seguir usando el nombre actual). Actualmente coexisten dos modelos de financiación para las Comunidades Autónomas: el modelo común (extendido a la inmensa mayoría de ellas) y el modelo foral (sólo aplicado en la CAV y Navarra). Una peculiaridad del modelo común, no obstante, es el régimen fiscal de Canarias, resultado de la consideración política de las Islas como región ultraperiférica dentro de la Unión Europea. Pues bien, en la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que fue desestimada en sus puntos críticos por el Tribunal Constitucional, sus promotores (el Gobierno tripartito de la Generalitat del que formaban parte nuestros socios de ICV) consideraron, con razón, la financiación como la cuestión clave de la reforma. Los aspectos esenciales de esta reforma, algunos de los cuales aparecían también en la propuesta de Pacto Fiscal que Artur Mas presentó al Presidente Rajoy, eran los siguientes:

1.- La capacidad de gestión y recaudación fiscal quedaría en manos de una Agencia Tributaria Catalana.

2.- La Generalitat de Cataluña aportaría al Estado Español un máximo del 50% de la recaudación fiscal realizada en el territorio catalán.

3.- Se establecía un plazo de 15 años para alcanzar un sistema de financiación semejante al modelo foral (o modelo de concierto, basado en un cupo de aportación).

4.- La base para el establecimiento de la aportación partiría del equilibrio de la balanza fiscal.

5.- La negociación del modelo sería bilateral, es decir, únicamente entre el Estado Español y la Generalitat de Cataluña.

Ya sabemos que esta propuesta fue desechada tanto en el Estatuto de Cataluña como en la reciente propuesta de Pacto Fiscal de Artur Mas, y siempre ha desatado un debate político muy importante, tanto entre las diversas fuerzas políticas como en el interior de las mismas, pues existen corrientes que siguen abogando por ella. Un debate en muchos casos hasta incoherente, porque fuerzas políticas como el PP que presentan el Pacto Fiscal como la desintegración o la ruptura del Estado, introducen por ejemplo en el Estatuto del País Valenciano mecanismos muy semejantes a los que contiene la propuesta catalana. Esto es coherente con sus planteamientos neoliberales y su reducción de los territorios y de las Comunidades Autónomas a espacios que compiten entre sí para atraer inversiones y recursos. Por su parte, la respuesta política del PSOE (y de su partido hermano PSC, aunque aquí se manfiestan también otras corrientes) enlaza con criterios de agravio comparativo entre territorios, similares a los de los nacionalistas, y con una notable falta de visión y de modelo global y estratégico.

Y con respecto al sistema foral de concierto, que se aplica al País Vasco y Navarra (donde las competencias fiscales corresponden a las Diputaciones Forales, por razones históricas), ha generado una seria discriminación fiscal. Por motivos políticos, y como consecuencia del cálculo a la baja del coste de las competencias del Estado Central, la financiación territorial por habitante es muy superior en estas dos Comunidades Autónomas que en el resto. Según algunos autores, tomando el período de referencia entre 1990 y 1997, si la media de España es 100, el País Vasco habría recibido una financiación pública per cápita de 140,9 y Navarra de 137, con una distancia de hasta 60 puntos sobre las Comunidades que menos habrían recibido (Baleares y Valencia). A ello hay que añadir que la propia idea del concierto, tal y como se aplica actualmente, deja a un lado cualquier criterio de solidaridad interterritorial explícita.

Por tanto, y según nuestras premisas, resulta evidente que este modelo de concierto no es justo, conveniente ni extrapolable a nuestro modelo de Estado Federal. Por tanto, desde la izquierda lo rechazamos tajantemente. Hasta ahora ha quedado fuera del debate político estatal, pero las cosas están cambiando debido al fuerte debate generado a raíz de las pretensiones soberanistas en Cataluña, y la vuelta al poder del PNV en el País Vasco. Todo este escenario está generando nuevas dinámicas, que al estar fuertemente influidas por el discurso nacionalista (siempre victimista en este sentido) y por el enfrentamiento interterritorial por acaparar unos recursos escasos, beneficia sólo a aquéllas fuerzas políticas comprometidas con soluciones basadas en formas de solidaridad excluyente. Una vez realizado el análisis de las diversas propuestas de financiación existentes, en el próximo artículo de esta serie concretaremos la nuestra, y en el último, a modo de epílogo, realizaremos el resumen final de Estado Federal que proponemos.