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12 marzo 2013 2 12 /03 /marzo /2013 00:00

Afortunadamente, estamos asistiendo últimamente en todo el territorio nacional, a una siguiente fase en los tipos e intensidades de las movilizaciones ciudadanas. En efecto, hemos pasado de la manifestación unívoca, aislada, de cierto grupo o colectivo afectado, o en general de la clase trabajadora mediante la convocatoria de huelga, a una serie de movilizaciones que comienzan a ser más integrales. Digo afortunadamente, porque siempre hemos afirmado, y mantenemos, que sólo la fuerza de la calle, y el derrumbe de sus argumentos en sede institucional podrán acabar con la tiranía de este Gobierno. Pues bien, se ha podido comprobar por ejemplo en manifestaciones colectivas como las del pasado 23-F, donde han acudido juntos, en la inmensa mayoría de ciudades españolas, casi la totalidad de las mareas ciudadanas, plataformas y colectivos que antes desarrollaban acciones por separado.

 

deshaucios2.jpgY todo esto viene también apoyado desde unas campañas cada vez más intensas de desobediencia civil. Primero se ocuparon de forma masiva las plazas y las calles, se abrazaron hospitales, salió la Universidad a dar las clases a la calle, se ocuparon viviendas vacías, y se asaltaron sedes bancarias, plenos de Ayuntamientos, e incluso supermercados. Los actos de protesta concreta, aislada, momentánea, se están viendo complementados por toda una serie de actitudes de desobediencia civil, práctica que está cundiendo en la ciudadanía. La degradación social a la que nos están llevando con el incremento del paro, de la pobreza, del hambre, de la exclusión social, provocan más rebeldía, malestar social e indignación, que a su vez provoca que dicha rebeldía se canalice y exprese mediante estos actos. Y hemos llegado a un punto en que las prácticas de desobediencia civil se han instalado en nuestra vida cotidiana. E incluso las personas que no se movilizan ni participan en estos actos, y por mucho que Rajoy reivindique la mayoría silenciosa que no se manifiesta, sí se sienten representados por estas acciones, las comprenden, las justifican y las apoyan.

 

escuela_publica.jpgAsí que nuestro lema debe ser: FRENTE A LA NUEVA GENERACIÓN DE REFORMAS ESTRUCTURALES DEL GOBIERNO, UNA NUEVA GENERACIÓN DE MAREA CIUDADANA, INTEGRAL E IMPLACABLE. Frente al acoso de las políticas indecentes, la fuerza de la desobediencia civil, de la protesta, de la rebeldía. Negarse a pagar los peajes de una autopista, negarse a pagar el euro por receta, negarse a desalojar una vivienda, etc. Acciones que aunque ilegales, resultan completamente legítimas, dado el convulso y desolador panorama social que vivimos. Cuántas cosas de las que han pasado durante los últimos años deberían ser ilegales, y sin embargo, han contado con todo el apoyo gubernamental e institucional. Ilegal debería ser permitir que los bancos controlen los derechos humanos básicos, como la vivienda, ilegal debería ser dejar a la gente sin trabajo, ilegal debería ser no actualizar las pensiones, o privatizar la Sanidad y la Educación, ilegal debería ser la amnistía fiscal a los defraudadores, o permitir la construcción de megacomplejos como EuroVegas, etc. Y bajo el disfraz de la legalidad, continúan cometiendo los más horribles crímenes sociales, al amparo de este grotesco sistema capitalista.

 

marea_ciudadana1.jpgDecididamente, este es el camino. El Gobierno, si persistimos en nuestro acoso, terminará por quedarse sin fuelle, sin argumentos morales para permanecer en el poder, y terminará abogado a un proceso de dimisión conjunta. Aunque hasta ahora se han mostrado duros de pelar, y haciendo gala de una desvergüenza que raya en lo delictivo, sólo la fuerza de la ciudadanía, apoyada por actos de fuerte y organizada desobediencia civil, facilitará que consigamos el objetivo. Profesores de la Marea Verde, Médicos y enfermeros/as de la Marea Blanca, junto con muchos otros colectivos, plataformas y asociaciones, tales como la PAH, Stop Deshaucios, Asambleas del 15-M, los colectivos de jueces y fiscales, bomberos y policías, asociaciones de personas dependientes, usuarios marginados de la sanidad, jóvenes estudiantes y/o en paro, pensionistas, mineros, trabajadores de Iberia, y un larguísimo etcétera, participan al unísono en las protestas sociales. Ya hemos comenzado a hablar, en general, de la "Marea Ciudadana".

 

marea_ciudadana2.jpgY en el terreno puramente político, la caída del bipartidismo PPSOE es ya imparable, porque la ciudadanía va comprobando por sus propios medios lo que desde la izquierda venimos denunciando hace mucho tiempo: la falsedad y complicidad de unos y otros para perpetuarse en el poder y en el actual sistema. Es el momento de continuar, de hacerse fuertes, de perseverar en la actitud de acoso y derribo ciudadano, de construcción y empoderamiento de las clases trabajadoras, de la creación de un contrapoder que sea capaz de hacer sombra a los actuales poderes fácticos que nos gobiernan, que no son otros que los representantes de los poderes económicos y financieros, y su ola privatizadora y neoliberal. La encuesta de febrero de Metroscopia arrojaba un 74% de ciudadanos/as que afirmaban que el Congreso ya no representa a la mayoría de los españoles, un 83% que considera que el Congreso no realiza su cometido adecuadamente, y hasta un 85% que no cree que los parlamentarios/as estén haciendo su trabajo de manera honesta.

 

que_se_vayan_todos.jpgLa situación cada vez se caldea más, cuando se conocen declaraciones y propuestas como las de la OCDE, sugiriendo al Gobierno que soporte las prestaciones por desempleo y subsidios únicamente a los parados/as que "busquen empleo activamente", o bien asistimos a las vergonzosas declaraciones del actual número 2 de la Patronal, Arturo Fernández, diciendo que sus empresas deben a la Seguridad Social, y "a mucha honra", después de destaparse los escándalos de pagos en negro dentro de su imperio empresarial. Todo ello sin hablar del caso Bárcenas, que por sí solo ya constituye el mayor culebrón corrupto que pudiéramos imaginar que nos contaran. Mientras, a los inmigrantes les pasan facturas de sus atenciones en urgencias, a la vez que se van conociendo detalles de los supuestos regalos que recibió la Ministra Mato de la trama Gürtel. No tenemos todavía ningún banquero en la cárcel, pero la gente sigue siendo deshauciada y perdiendo su empleo en atacadas de miles de personas diariamente...

 

Por tanto, seguimos llamando a la desobediencia civil, a la rebeldía, a la lucha, a la organización de un Frente Ciudadano de Izquierdas integrado por todos los movimientos sociales y sindicales. Es el momento de realizar convocatorias unitarias, pues el objetivo es común y fácilmente identificable: los mercados, los poderes económicos, y los gobiernos que los defienden y los jalean. Frente a ello, nosotros tenemos que jalear la democracia participativa, los derechos humanos, la intervención pública en la economía, la nacionalización de todos los sectores estratégicos y de todas las grandes empresas, la creación de una banca pública, el fin de la corrupción, la transparencia y la lucha por lo público, el impago de la deuda ilegítima, la puesta en marcha de planes de empleo, de rentas básicas de inserción social, y de derogación de toda la normativa en materia de restricciones de derechos sociales y laborales que se ha venido aprobando últimamente. Juntos podemos, lo hemos demostrado muchas veces en nuestra reciente historia, acabemos con este indecente Gobierno del PP, acabemos con su dictadura y con la de los mercados. Ya es hora!!

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11 marzo 2013 1 11 /03 /marzo /2013 00:00

Una vez analizadas en el artículo anterior algunos puntos de vista y premisas de partida sobre los posibles sistemas de financiación que se pueden aplicar, basados en los ya existentes, vamos a intentar concretar en éste la propuesta que realizamos desde la izquierda. Ya hemos dicho, y volvemos a repetir, que toda propuesta de sistema de financiación que se precie debe estar basada en los principios de solidaridad, pluralidad y participación ciudadana que hemos venido defendiendo. Según esto, cada territorio deberá contribuir en función de la renta de sus habitantes, y recibirá ingresos del Estado Federal según las necesidades de gasto estimadas mediante una fórmula única para todos los territorios del Estado, pactada entre todos y revisada igualmente mediante acuerdo de todos.

 

Nosotros proponemos que el criterio básico sea el de la población de hecho (es decir, la población real), corregido por otros factores, tales como el envejecimiento, la dispersión, la insularidad, etc., limitados todos ellos a una ponderación global máxima del 10%. De esta forma, la renta por habitante constituirá la base de cálculo para determinar el esfuerzo fiscal de cada territorio de la Federación. Este esfuerzo se medirá en términos de porcentaje de recaudación efectiva sobre la renta media por habitante. Entendemos que cualquier reforma del sistema de financiación de los territorios debe conjugar los principios de suficiencia financiera, igualdad, solidaridad, y federalidad. De acuerdo con ellos, nuestra propuesta se articula en torno a los siguientes ejes:

 

1.- El efecto redistributivo del sistema fiscal debe recaer sobre el conjunto del Estado Federal, y no sobre cada territorio federado.

 

2.- Todo ciudadano/a tendrá derecho a las mismas prestaciones sociales en cantidad, calidad y nivel. Estas prestaciones deberán quedar recogidas en una Ley     Federal creada a tal efecto, que garantizará dichas prestaciones, obligando de hecho a los poderes públicos a proporcionarlas a toda la ciudadanía. Las posibles diferencias en el interior de cada territorio federado deberán ser financiadas con un mayor nivel de presión fiscal. Por ejemplo, el Estado Federal asegurará las mismas oportunidades en becas y otras ayudas al estudio, así como en ayudas para la vivienda.

 

3.- Se mantendrá el principio de Caja Única de la Seguridad Social, y por tanto, la competencia exclusiva del Estado Federal en todo lo referente a la regulación, gestión y recaudación de las cotizaciones sociales. Con ello se asegura, además, la unidad del mercado laboral.

 

4.- Se mantendrá la competencia exclusiva del Estado Federal en la regulación marco del sistema fiscal y en la regulación del IVA, del IRPF y del Impuesto de Sociedades para asegurar la unidad de mercado. No obstante, los territorios federados tendrán plena capacidad normativa (dentro de la Ley Marco) en todos los impuestos y precios públicos, excepto el IVA, el IRPF y el Impuesto de Sociedades, cuya regulación, como hemos indicado, corresponderá al Estado Federal. Pero los territorios tendrán capacidad para establecer sus propios impuestos, así como la plena capacidad de gestión y recaudación de todos ellos, incluidos IVA, IRPF y Sociedades. No obstante, el Estado Federal garantizará que todos los servicios públicos y derechos fundamentales recogidos en la Constitución Federal sean universales y gratuitos, sin que ningún territorio pueda imponer a sus ciudadanos/as ningún tipo de tasa añadida, co-pago o re-pago.

 

5.- Se establecerán Agencias Tributarias propias en cada territorio federado, que formarán un Consorcio entre ellas y la Agencia Federal Tributaria. Este Consorcio será independiente de los Gobiernos, dependerá del Senado Federal y responderá de su gestión ante este organismo. De esta forma quedan separadas la capacidad normativa, la gestión y la recaudación.

 

Por su parte, el nivel general del Estado, el nivel Federal, como estamos exponiendo, juega un papel importantísimo y determinante en la creación de un sistema de financiación justo, avanzado y solidario. Éste se debe fundamentar en un pacto federalizante, basado también en una fuerte identidad republicana, que dé soporte y sustente las políticas de solidaridad y cooperación interterritorial. Mientras no se produzca la reforma constitucional (nosotros abogamos por un nuevo Proceso Constituyente) que haga posible el Estado Federal Republicano, cualquier acuerdo debe tener como marco el Congreso y el Senado. No estamos de acuerdo con los pactos bilaterales, pues niegan los criterios de participación democrática del resto de los territorios.

 

Por tanto, el Estado Federal asegurará, mediante proyectos cofinanciados con los territorios, las políticas de inversión pública, como en Educación, infraestructuras, I+D, etc., como elementos esenciales para el incremento de la productividad con un criterio de convergencia territorial y social. En este sentido, proponemos la creación de un Fondo de Inversión y Cohesión Territorial, que entre otras cosas, deberá hacer frente a la previsible pérdida de los Fondos Comunitarios de la Unión Europea (bien porque España pase a ser país donante en vez de receptor, o bien contemplando incluso una posible salida del euro). Este Fondo cofinanciará junto con los territorios federados y los Ayuntamientos, programas de inversión pública, inversión productiva y ayudas territoriales de carácter general o específicas.

 

Este criterio de cofinanciación va unido también al de corresponsabilidad fiscal. De esta forma, cualquier decisión de inversión debe estar respaldada por la corresponsabilidad en la gestión de los ingresos fiscales correspondientes, tanto mediante el nivel de presión fiscal adecuado, como en la eficiencia de dicha gestión, y de la lucha contra el fraude fiscal. Rechazamos el criterio de balanza fiscal (como ya apuntamos en un artículo anterior) como mecanismo de ajuste de los flujos de financiación del Estado Federal y cada territorio, principalmente porque desconoce o no tiene en cuenta el principio de solidaridad (aparte de las posibles dificultades metodológicas para su cálculo). Bien, hasta aquí nuestra propuesta (sin contar los posibles cambios que se puedan proponer en el debate que propondrá IU Federal) de Modelo Federal, en los últimos artículos de la serie finalizaremos con el tema, a modo de epílogo de todo lo que hemos recogido.

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8 marzo 2013 5 08 /03 /marzo /2013 00:00

Después de varias declaraciones, entre otros, del exsocio de Urdangarín, Diego Torres, así como de aquél, y más allá de las responsabilidades penales que se hubieran de derivar tras el pertinente juicio oral, creo que ya estamos en condiciones de atisbar qué era en realidad el Instituto Nóos, el perfil de sus directivos y la auténtica naturaleza de organizaciones de este calado. Situémonos en primer lugar en la actual sociedad capitalista, con sus valores, sus esquemas de funcionamiento y su alcance. Situémonos también en lo que podría ser el perfil inicial del marido de la Infanta Cristina, un ex jugador de balonmano (ahí es nada), que después de alguna formación en Ciencias Empresariales, y dándose cuenta del status que le rodea, intenta como buen delfín que aprende rápido aprovecharlo lo más rápido y mejor posible.

 

urdangarin.jpgJunto al más avispado de los que habían sido sus profesores en ESADE, se lanza a una "aventura empresarial", pero lógicamente, siendo muy consciente de la realidad institucional de la que forma parte, no para respetarla, sino para aprovecharse de ella. Y aquí tenemos ya a Don Iñaki y a Don Diego, trazando las oportunas estrategias para ver cómo y de dónde pueden sacar la máxima tajada. El marco legal: un Instituto "sin ánimo de lucro" que a modo de fundación, pretenda oficialmente el fomento de las actividades deportivas y culturales. En la trastienda: aprovecharse de dicho marco legal, de sus contactos, de su falta de escrúpulos, de su situación, de su status institucional, de sus relaciones (y las de su socio), y sobre todo del resto de Instituciones públicas y privadas, para bajo el paraguas "sin ánimo de lucro" del Instituto Nóos, rapiñar todo el dinero que se pueda, y bajo una extensa red societaria creada a tal efecto, poder desviar fondos a paraísos fiscales, y blanquear el dinero procedente de los supuestos "servicios" que el Instituto prestaba a sus "clientes".

 

Parece increíble hasta dónde puede llegar un insulso delfín cuando es bien aleccionado. Una persona que por su propia situación no necesitaba de nada, se enzarza en todo un entramado de actividades, servicios y empresas pero no para realizarse, como él dice, "profesionalmente", sino para ver de dónde puede sacar tajada económica. Y a partir de aquí surgen los delitos, las evasiones de capital, los escándalos, las comisiones, las cuentas en el extranjero, los cobros por servicios nunca prestados, y un largo etcétera de actividades, cuando menos, inmorales, más si cabe viniendo del contexto institucional al que Urdangarín representaba. Según declara Torres, en la cúpula directiva de Nóos figuraba la propia Infanta, así como su secretario personal (¿?), Don Carlos, que según propia declaración, aunque figuraba como tesorero, no sabía nada de las cuentas (¿?). La Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, la Fundación Abertis, el Ayuntamiento de Barcelona, Acelormittal España, la Fundación ESADE, o marcas de lujo como Louis Vuitton, Telefónica, Ford, Reebok, o la firma de moda Javier Simorra, entre otras muchas, estarían implicadas en la organización de las actividades objeto del Instituto.

 

diego_torres.jpgBajo el escaparate de grandes eventos deportivos, que promocionaban según se dice "la función social del deporte", y si a todo ello le vamos sumando los posibles contactos e influencias que la propia Casa Real, a través de Don Juan Carlos, realizaba en favor de los proyectos del Instituto, los cientos de mensajes de correo electrónico (algunos con "copias al suegro") que retrataban perfectamente las ilícitas relaciones de Don Iñaki con toda la trama institucional y con una princesa alemana amiga del Rey, ya pueden meterse los lectores en situación: ni un culebrón venezolano lo retrataría mejor. La realidad supera muchas veces a la ficción, y éste parece ser uno de esos casos. ¿Qué era entonces en realidad el Instituto Nóos? Un entramado de poder e influencias disfrazado de fundación deportiva sin ánimo de lucro, cuyos dirigentes eran unos desalmados, perfectos prototipos de los tiburones del más cruento sistema capitalista. A esos niveles, como al nivel de los Consejos de Administración de las grandes empresas transnacionales, el dinero fluye a mansalva no por la valía personal, intelectual o profesional de sus integrantes, sino por la capacidad de poder, relaciones, contactos e influencias que dichas personas puedan desplegar.

 

Si a todo ello le unimos la actitud altiva y chulesca del Duque "empalmado", sus cínicos y asqueantes correos, las escandalosas cifras que se manejaban, y el perfil de los contactos implicados, tenemos la fotografía al completo de lo que pudo ser el Instituto Nóos. Redes elitistas de personalidades al más alto nivel, tanto público como privado, pensadas para moverse en función de posibilitar negocios y acumular capital, aprovechándose de las Instituciones públicas, de las empresas de alta gama y de los contactos al más alto nivel. Este es el perfil de las modernas familias reales-aristocráticas. Mientras, al pueblo se le recortan derechos, retribuciones, pensiones, sueldos, servicios, etc. Parecería que no hemos avanzado mucho desde los tiempos de la serie de televisión "Aguila Roja". Y mucho nos tememos que esto no ha hecho más que empezar...¿hasta dónde nos llevará este culebrón dinástico-institucional-financiero? No lo sabemos. Habrá que ir viendo.

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7 marzo 2013 4 07 /03 /marzo /2013 00:00

Vamos a hablar en este artículo del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), y a colocarlo como un buen referente, como decimos en el título, de correcto y adecuado sindicalismo, es decir, actuación en la representación y defensa de los intereses de la clase trabajadora. El SAT, sindicato muy poco conocido hasta hace algún tiempo, se hizo muy famoso a raíz de varias acciones contundentes y simbólicas llevadas a cabo durante los últimos meses, pero tiene una larga historia a sus espaldas. Vamos a ayudarnos de la Wikipedia. El SAT existe como tal desde 2007, pero en realidad surge de la unión de diferentes sindicatos andaluces, como el histórico SOC (Sindicato de Obreros del Campo, constituido en 1976), junto con otro de olivareros del Aljarafe sevillano, otro de trabajadores del consistorio de Marbella, Autonomía Obrera de Cádiz, y algunos otros. En el SAT militan también algunas de las corrientes más críticas de Izquierda Unida, tales como la CUT-BAI de Juan Manuel Sánchez Gordillo.

 

sat1.jpgSu líder principal y Portavoz Nacional es Diego Cañamero, y se define como un sindicato de clase, alternativo, anticapitalista, asambleario, de acción directa, autónomo, independiente, solidario, internacionalista, pluralista, abierto, antipatriarcal, confederal, republicano, nacionalista andaluz y de izquierdas. Ahí es nada. La flor y nata de todo lo que debe constituir la base de un buen sindicalismo. El SAT tiene aproximadamente unos 20.000 afiliados, y destaca por ser uno de los sindicatos más combativos, en la organización de acciones directas que pongan de manifiesto la defensa de los intereses de los trabajadores, y que denuncien la injusticia y las desigualdades sociales. El SAT destaca por sus constantes marchas, denuncias, actuaciones, reivindicaciones, manifestaciones, etc., así como por los métodos utilizados en éstas, tales como por ejemplo las ocupaciones de propiedades. Ellos mismos se definen en su web como "un sindicato a pie de tajo". El SAT celebró su I Congreso Nacional en diciembre de 2011.

 

En 2005, el SAT ocupó pacíficamente la Consejería de Agricultura de la Junta andaluza, para pedir la cesión de 3.000 hectáreas de tierra del Marqués de Medinilla, acción por la cual sus dirigentes fueron brutalmente golpeados, condenados a dos años de prisión y multados. Y entre sus últimas acciones destacan las ocupaciones en la Finca de Somonte (Palma del Río, Sevilla), en la Finca de Las Turquillas (propiedad del Ministerio de Defensa), o la expropiación "forzosa" de alimentos en varias cadenas de supermercados muy conocidos, que dieron mucho que hablar, y por las que se ha condenado a algunos integrantes del sindicato. El mejor referente que tenemos de ocupaciones y autogestión es la localidad sevillana de Marinaleda, donde se creó un ejército de jornaleros muy unidos y que combatía duramente por la tierra, y eso que enfrente tenían a la Guardia Civil y al Duque del Infantado, gran terrateniente, tres veces Grande de España y amigo personal del Rey. El proyecto de Marinaleda continúa hoy en pie, y no existe paro.

 

diego_canamero.jpgA todo ello hay que unir, quizá las acciones que han contribuido más al conocimiento del SAT, las distintas Marchas Obreras por Andalucía, que han tenido mucho éxito. Con respecto a las ocupaciones de fincas, la estrategia del SAT es denunciar y demostrar cómo es posible que los trabajadores se queden en estas tierras, las ocupen, comiencen a trabajarlas, y de esta forma se fomente la idea de que la tierra tiene que ser autogestionada por los propios trabajadores/as, para crear el máximo número de puestos de trabajo, y favorecer el desarrollo de la economía local y comarcal. Hay que resaltar, y esto no se difunde en los medios de comunicación convencionales, que estos proyectos de ocupación de fincas han suscitado mucho interés tanto nacional como internacionalmente, recibiendo casi a diario periodistas de todo el mundo, y personas anónimas que quieren conocer y colaborar en los proyectos.

 

La filosofía que propugna el SAT en este sentido es que la tierra pase a manos de sus trabajadores, es decir, que ellos tengan el control sobre su uso, para que la tierra sirva para dar trabajo y crear riqueza, y no para recibir subvenciones de Europa, como pasa por ejemplo en el caso de las propiedades de la Duquesa de Alba. Con tanto nivel de paro, sobre todo en el sector del campo andaluz, no se comprende cómo tierras de titularidad pública o privada puedan permanecer ajenas a la realidad de un pueblo que las necesita para subsistir. En manos de pequeñas cooperativas locales, será posible no sólo ir acabando con el grave problema del desempleo, sino también con el de la productividad de una de las fuentes fundamentales de riqueza social y colectiva. Hay que resaltar que las ocupaciones son siempre pacíficas, y la intención es hacerlo todas las veces que hagan falta para demostrar que se puede. Un sindicato por tanto que no sólo tiene las ideas muy claras, sino que es profundamente valiente y combativo, y que no se amilana ante los constantes desafíos y amenazas del poder, que ya ha efectuado contra el SAT y sus dirigentes una campaña de criminalización muy significativa.

 

sanchez_gordillo.jpgPero no sólo de fincas y de marchas vive el sindicato. Desde que en 2008 se desencadenaran los efectos más devastadores de la crisis, el SAT comenzó con una campaña de movilizaciones para denunciar a los auténticos responsables de la misma. Ocuparon sucursales bancarias en Sevilla y Granada. Ocuparon la mayor inmobiliaria de Andalucía en Osuna, el Aeropuerto de Málaga, la estación del AVE en Córdoba, o las instalaciones de Canal Sur, entre otras. Como consecuencia de todo ello, podemos decir que el SAT es el sindicato más represaliado de toda Europa, sobre el que pesan actualmente más de 500.000 euros en multas, y peticiones, en total, de más de 150 años de cárcel. Más de 500 militantes del sindicato tienen frentes judiciales abiertos, y todos sus dirigentes han sido multados o han pasado por los calabozos.  

 

Recientemente, uno de sus dirigentes, Andrés Bódalo, responsable del SAT en Jaén y miembro del Consejo Local de IU en dicha ciudad, intervino en la Academia de Pensamiento Crítico de la organización Socialismo 21, donde vertió la filosofía y acciones del sindicato, y la necesidad de proyectar dicha valentía, respuesta y organización a la calle, a la hora de organizar la rebeldía contra las actuales políticas del Gobierno del PP. Ha defendido, como hace el sindicato, la necesidad de pasar a la acción directa, de autoorganizarse, y de aumentar la lucha permanente en la calle. El pasado 28 de Febrero, Día de Andalucía, el SAT participó, junto a otras 45 organizaciones sociales, como el 15-M o Stop Deshaucios, en un asalto pacífico al Parlamento de Andalucía, para protestar por los recortes en la política de la Junta, y contra el pago de la deuda.

 

Y como es natural, la demoledora crítica del SAT se extiende también a las cúpulas de los sindicatos mayoritarios, CC.OO. y UGT, que representan el "otro" sindicalismo, es decir, el sindicalismo acomodado, institucional y prudente. Representan todo lo contrario al sindicalismo del SAT, pues participan, aún cuando realicen campañas en aparentes defensas de los derechos de los trabajadores, en todas las alianzas que han desarrollado los Gobiernos del PSOE (incluso algunos del PP) para debilitar la fuerza de la clase trabajadora, aplicando reformas laborales parciales que cada vez hacen disminuir los derechos de la clase obrera. Deberían aprender del SAT, en vez de invitar, como acaba de hacer CC.OO. en su X Asamblea Confederal, al mayor dirigente de la CEOE, Juan Rosell, después de sus despectivas declaraciones al funcionariado, entre otras.

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6 marzo 2013 3 06 /03 /marzo /2013 00:00

La última tanda de medidas del Gobierno de Rajoy para frenar los efectos de la crisis, (siempre según ellos) están divididas en tres frentes, a saber: mayor protección sobre los pagos a proveedores, bonificaciones empresariales de cara a la contratación, y sobre todo, y las que más nos interesan para este artículo, medidas para facilitar el emprendimiento, es decir, para apoyar a los nuevos empresarios. En realidad, los tres frentes de medidas se pueden resumir en uno, que podría resumirse como MAYOR APOYO A LA EMPRESA. Por empresa no debemos entender aquí a las grandes multinacionales, sino a las PYMES, a las pequeñas empresas y a los autónomos.

 

Bien, de entrada, lo primero que tenemos que decir es que son un conjunto de medidas que, en la coyuntura actual, son completamente inútiles. No van a servir para nada. Por una razón muy sencilla: el empresario o autónomo va a contratar únicamente cuando pueda atisbar oportunidades de negocio, y esto en la actual situación tanto micro como macroeconómica, es tremendamente difícil, por no decir imposible. Pero vamos a explicar y a repetir la idea, porque parece ser que desde muchos frentes se escuchan las famosas expresiones "Este es el camino", "Estamos ante un cambio de rumbo", "Son medidas para el estímulo de la economía", y otras falacias por el estilo. No nos engañemos, ni dejemos que la propaganda institucional nos inunde de falsas esperanzas. Las medidas para el fomento de la contratación en el ámbito privado siempre son positivas, pero son medidas que se han mostrado fracasadas e ineficaces en un contexto de crisis, porque por mucha ayuda estatal que exista para apoyar a la contratación, si el crédito no fluye, si los empresarios no ven posibilidades de mercado, si el consumo está hundido, si, en definitiva, por mucho que contrates no va a haber quien compre tus productos o servicios, las medidas son inútiles, porque los empresarios no van a contratar.

 

incentivos_emprendedores.jpgY esto es lo que está pasando actualmente. Pero más allá de desmontar la falacia de dichas medidas, me gustaría subrayar el propio fondo de las mismas, esto es, la filosofía que subyace bajo dichas medidas. Para empezar, a los empresarios se les va cambiando el nombre por otro más atractivo socialmente, como es el de "emprendedores". Palabra mal usada desde mi punto de vista, porque la palabra emprendedor está relacionada en un contexto más general, y no tiene porqué referirse siempre al mundo empresarial. Emprendedor es simplemente una persona valiente, atrevida, que lucha por la realización efectiva de sus ideas, que tiene carácter, y que busca los medios necesarios para plasmar su proyecto. Y aunque todo ello tenga mucho que ver con el mundo empresarial, se puede "emprender" sin necesidad de que dicho emprendimiento se plasme en un proyecto empresarial. Pero denominaciones aparte, donde creo que está el auténtico fondo del asunto es en la total orientación de las medidas hacia el mundo empresarial y privado. Es decir, el Gobierno conservador del PP, en momentos de crisis, entiende que lo único que puede salvarnos, y donde se dedica todo el esfuerzo mental y económico, es el mundo privado.

 

Ni una sola medida de fomento del sector público, que se ve también invadido cada vez más de los famosos ERE's en la Administración Pública. Como digo, ni una sola medida de fomento del empleo público, que para la derecha es un empleo denostado, y cuyo porcentaje hay que reducir cada vez más. Pues desde la izquierda negamos la mayor. Ni el empleo privado nos va a sacar de la crisis, ni es el único sector que haya que potenciar con las medidas de un Gobierno títere de los grandes poderes económicos y financieros, que por cierto, siguen sin hacer fluir el crédito necesario para la materialización de los proyectos (aunque una de las medidas anunciadas es la puesta en circulación de 45.000 millones de euros para tal fin). Pero como digo, reivindico desde aquí la necesidad de dotar de fortaleza al empleo público, de protegerlo, de restaurarlo, de dignificarlo, y sobre todo, de potenciarlo. Seguimos siendo, y ahora más con la crisis, uno de los países de la UE que posee un menor porcentaje de personas trabajando para el sector público, para las Administraciones Públicas, y para el Estado del Bienestar. Y ello no sólo tiene el efecto negativo de que se debilitan (cuando no desaparecen, como está ocurriendo con la Dependencia) los servicios públicos de cara a la ciudadanía, sino también de que el Estado va perdiendo cada vez más su función de empleador por excelencia.

 

Y esta tendencia es la que hay que invertir. El Estado debe recuperar su papel de empleador público y universal, de empleador por defecto, por no hablar ya de su papel en la intervención pública de la economía, así como en la nacionalización de todos los grandes sectores estratégicos. Y desde este Gobierno, los apoyos (totalmente inútiles, volvemos a recordar) vienen siempre hacia el mundo privado. Como nos preguntamos en el título, parece que el mensaje es que tenemos que hacernos todos empresarios. Que debemos potenciar en todo el mundo su carácter emprendedor, que nos volvamos todos contratadores de nosotros mismos, y de terceros. Es una total aberración, porque en el fondo lo que se esconde es una degradación de la idea de función social del trabajo público, así como de una mayor complicidad con el mundo empresarial privado. Quieren cambiarnos el chip, y que todos pensemos únicamente como empresarios. Que renunciemos a la idea de que nuestro ideal, sea en el campo privado o en el público, es realizarnos profesionalmente en nuestro campo, para sustituirlo por la idea de que debemos levantar el país incrementando el número de empresarios.

 

Rompamos con esta total aberración. Denunciemos estas medidas. El mundo privado funciona con otros intereses, con otros objetivos, con otro chip, que no debemos asumir, salvo quien voluntariamente quiera montar su propia empresa, porque crea que es el mejor camino para su realización personal y profesional. No caigamos en sus trampas ideológicas. Luchemos por la denuncia del comportamiento empresarial, y por la dignificación del trabajo en el sector público. Luchemos porque no sólo los empresarios sean los que estén cada vez más apoyados y comprendidos, porque no sólo a ellos se les facilite la vida, sino también a la gente que quiere trabajar para el sector público como médico/a, profesor/a, bombero/a, asistente/a social, educador/a en guardería, enfermero/a, banquero/a, economista, administrativo/a, cuidador/a de personas mayores, investigador/a en la Universidad (pública), policía, sociólogo/a, psicólogo/a, diplomático/a, juez/a, fiscal, procurador/a, abobado/a de oficio, inspector/a de Hacienda, ingeniero/a, periodista, y un interminable etcétera de profesiones que se pueden ejercer en el sector público. No tenemos que hacernos empresarios (o emprendedores) por fuerza.

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5 marzo 2013 2 05 /03 /marzo /2013 00:00

El Diario de Marhuenda dice en la parte superior de su portada, justo en el cintillo de su título, además de la frase "Nos gusta España" (como si fueran los únicos, o esto tuviera que reivindicarse, ya puestos podrían añadirle "una, grande y libre"), al lado izquierdo, que es un "Diario Independiente de Información General". Yo creo que debieran sustituir esto por "Diario del Régimen de Información Manipulada", y así ya sus lectores, al menos, sabrían a lo que atenerse. En antigüedad en esto, sólo le gana ABC, pero a rancios y reaccionarios no les gana nadie. De hecho, no desvelo ningún secreto si digo que Francisco Marhuenda fue Director del Gabinete de Rajoy en los tiempos en que éste era Ministro. No es la primera vez que escribimos sobre este infame periodicucho, y esta vez viene a cuenta de la campaña contra algunas declaraciones que se hicieron en la 27 edición de la Gala de los Goya del pasado domingo 17 de Febrero.

 

portada_maribel_verdu.jpgPues bien, la portada de La Razon del martes 19, que reproducimos al margen, no tenía desperdicio. Maribel Verdú, una de las actrices premiadas, aprovechó, al igual que otros muchos, el momento de la recogida del Goya para dedicar su premio a las personas que "han perdido su casa, sus ilusiones, sus proyectos, y hasta su vida", y arremeter contra el actual sistema y la política del Gobierno, diciendo cosas como que teníamos "un sistema injusto, quebrado, caduco y obsoleto, que robaba a los pobres para dárselo a los ricos". Estas verdades como puños parece ser que ofendieron mucho a los directivos del indecente medio, y en su portada, sobre un fotomontaje con la cara de Maribel Verdú, incluyeron una sere de vergonzantes titulares como los siguientes: "La doble cara de los actores de los Goya", "La Academia se divide: Eva Hache se sirvió del cine español y no al revés", o "El hospital responde a Candela Peña: Siempre hay agua y mantas para los pacientes". Esto último venía a cuento del relato de la actriz, que había declarado en la Gala que vio morir a su padre en un hospital público, "donde no había mantas para taparlo, ni agua para darle de beber, se la teníamos que llevar nosotros", entre otras cosas.

 

presidente_academia.jpgSobre el fotomontaje de Maribel Verdú en su caracterización para el papel de la madrastra en la película "Blancanieves" de Pablo Berger, que obtuvo hasta 10 estatuillas, habían colocado los siguientes rótulos: "De multipropietaria, vendedora de hipotecas y accionista de una clínica privada...a heroína antideshaucios y abanderada de las críticas al Gobierno por los recortes". El Diario se supera a sí mismo con estas rastreras portadas, intentando desacreditar sea como sea a cualquiera que profiera críticas contra el Ejecutivo y su política. Paco Marhuenda y su equipo no tienen límites en su actitud de permanentes voceros del régimen, y en denunciar a cualquiera que se oponga con sus críticas a la actual política represora y obscena. Creo que ni siquiera el diario Gramma en Cuba es tan acérrimo y fanático defensor de su Gobierno como el Diario La Razon en nuestro país. Parece ser que la Verdú grabó en su momento un spot publicitario con una financiera inmobiliaria, es propietaria de cuatro viviendas y posee acciones de una clínica privada. Y por estos motivos, este escudero diario del régimen la inhabilita para alzarse contra los recortes o los deshaucios de viviendas.

 

eva_hache.jpgDebe fastidiarles mucho que el mundo del cine, y por tanto uno de los gremios del mundo cultural tan importante, participe activamente y se implique en la defensa de unos derechos de la ciudadanía que están siendo usurpados continuamente por este indecente sistema, cuyo capataz es Rajoy y su Gobierno, y sus más aguerridos voceros Marhuenda y su equipo. Pero, mal que les pese, Maribel Verdú no fue la única voz crítica en la Gala. Pascual Serrano en su artículo en Cuarto Poder nos lo explica muy bien. Fue secundada desde el propio Presidente de la Academia, hasta la presentadora, Eva Hache. A ellos hay que unir los nombres de Javier Bardem, que recogió el premio a su documental de denuncia sobre la situación del pueblo saharaui, Candela Peña, José Corbacho, Loles León, Javier Cámara y un largo etcétera de gente del espectáculo que se siente moralmente obligada a denunciar una política, un Gobierno y un sistema que asfixia a las personas, mientras enriquece cada vez más a los poderosos, esos a los que tanto defienden Marhuenda y los suyos en La Razon.

 

maribel_verdu.jpgY como es natural, el mundo de la cultura, y el cine como parte de él, no puede permanecer ajeno al devenir de la sociedad de su tiempo, y la política es parte de dicha sociedad. Necesitamos por tanto, y desde la izquierda siempre lo hemos reivindicado, un mundo cultural inteligente, crítico y comprometido con la sociedad a la que pertenece. Y en los días siguientes a la Gala de los Goya, ha habido otras voces que se han manifestado en contra del "excesivo carácter reivindicativo" de los participantes en dicha Gala, e incluso en contra de las palabras pronunciadas en el discurso institucional de la Academia, donde su Director, Enrique González Macho, vertió también duras críticas al Gobierno por la subida del IVA cultural, entre otras cosas. Lo más gracioso tuvo lugar algunos días después, cuando el Ministro Montoro llegó a acusar a algunos actores y actrices españoles, sin dar nombres, de tributar fuera de España, asimilándolos al caso de Gerard Depardieu. Al día siguiente, la Unión de Actores criticó las palabras de Montoro, y le instó a que no "tirara la piedra y escondiera la mano". La nueva polémica está servida. Veremos cómo evoluciona.

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4 marzo 2013 1 04 /03 /marzo /2013 00:00

Tomando como referencia un artículo aparecido recientemente en la versión digital de Público, que llevaba el sugestivo título "Del Valle de los Caídos al IBEX-35", vamos a comentar algunos aspectos que demuestran cómo efectivamente, tal y como allí se relata, seguimos teniendo a muchos herederos cuyos ancestros estuvieron mimados por el regimen franquista muy bien situados en la actualidad, algunos incluso dirigiendo el país en la sombra, a través del actual Gobierno del Partido Popular. El nudo central es comprobar cómo muchas de las empresas que se enriquecieron durante la dictadura, porque fueron apoyadas por el régimen, continúan hoy en día en posiciones poderosas e influyentes, ejerciendo el poder real que dirige al propio Gobierno.

 

juan marchEn efecto, el antiguo régimen les dio poder, patrimonio, y sobre todo, mano de obra casi esclava para sus proyectos, procedente de los republicanos encarcelados en aquélla época. Y en la Transición Democrática, balance que aún tenemos pendiente, y que nos han querido vender siempre como un proceso modélico, su poder se perpetuó a través de los representantes del bipartidismo que llega hasta nuestros días. Los estamentos protegidos y poderosos del franquismo, como la Iglesia, el Ejército, y sobre todo la Banca y las grandes empresas que apoyaron el golpe militar, proyectan aún su sombra en los tiempos actuales, mediante los herederos de aquél régimen. Muchos de ellos aún tienen el descaro de proferir frases como que son "demócratas de toda la vida", o bien de que "todos luchamos contra el franquismo, y por la libertad y la democracia". Hagamos un breve repaso de dicha sombra.

 

Podemos comenzar por los herederos de Juan March, que aparece en la foto superior, considerado el auténtico mecenas del golpe fascista de 1936. Junto a inestimables colaboradores del Diario ABC de aquélla época (que sigue siendo uno de los más rancios y conservadores de la prensa española), financió muchos aspectos de la cruzada franquista a cambio de obtener el control sobre el sector bancario del país. Juan March fue el fundador de la antigua FECSA (Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A.), empresa que participó en la construcción de las Centrales Nucleares de Vandellós y Ascó. En 1988 la revista FORBES ya situaba a los descendientes de March entre las tres fortunas más importantes de España, junto a Ramón Arces, fundador de El Corte Inglés, y  los Botín. Según nos cuenta Mariano Sánchez en su libro "Los banqueros de Franco", los March participan en la actualidad en el accionariado de más de 150 empresas, algunas tan conocidas como ACS, Acerinox o Prosegur.

 

villar_mir.jpgQuizá la obra más faraónica y emblemática del franquismo fuese El Valle de los Caídos, en la cual emplearon mano de obra semiesclava procedente de los presos políticos de aquélla época. Las empresas adjudicatarias para la gran obra fueron San Román (filial de Agromán), Estudios y Construcciones Molan, y Banús, gestionada esta última por sus dos famosos hermanos, Juan y José. Estas tres empresas, junto a la constructura Huarte y Cía, que se unió a las obras a partir de 1952, se repartieron dicha mano de obra barata para sus negocios privados por concesión del régimen de Franco. ¿Cuál es el rastro de dichas empresas en la actualidad? La constructora Huarte se fusionó en 1998 con Obrascón, y un año después se incorporó el grupo empresarial Laín, conformando el gigante constructor Obrascón-Huarte-Laín u OHL, como es más conocido. El grupo está presidido por Juan Miguel Villar Mir, en cuyo currículum figuran otros muchos cargos en la estructura del Estado franquista, como por ejemplo haber sido Director General de Empleo en 1964, o Presidente del Fondo Nacional de Protección del Trabajo en 1967. OHL es una de las empresas que aparecen en los famosos papeles de Luis Bárcenas, como supuesta financiadora ilegal del PP.

 

acs.jpgEn cuanto a los Banús, sobre todo José, conocido como el constructor del régimen, de Madrid saltó a la Costa del Sol donde en 1970 inauguró en Marbella el Puerto Deportivo que lleva su nombre. Su sobrino Antonio Banús mantiene todavía hoy en día un inmenso patrimonio empresarial. Pero existieron otras muchas empresas que se beneficiaron del franquismo, como es el caso de Dragados y Construcciones, hoy inmersa en ACS, la constructora de Florentino Pérez, el Presidente del Real Madrid. Pero no sólo empresarios se beneficiaron de las “bondades del régimen”. La democracia tampoco ha maltratado a los antiguos dirigentes franquistas, sus herederos directos o a los familiares de Franco. Hoy, muchas de estas personas tan cercanas al régimen, ya sea con lazos en el mundo de los negocios, familiares o políticos, siguen disfrutando de un papel importante en nuestra sociedad. Así, según enumera Mariano Sánchez en su obra "Los Franco S.A.", las hermanas Alicia y Esther Koplowitz, a través del imperio empresarial Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), poseen un patrimonio que ronda los 1.000 millones de euros; los descendientes de José Meliá Sinisterra, en el sector turístico (Hoteles Meliá), facturan anualmente más de 600 millones de euros, o Carmela Arias Díaz de Rábago, Condesa de Fenosa y viuda de Pedro Barrié de la Maza, cuya fortuna personal alcanza los 240 millones de euros.

 

alicia_esther.jpgTambién llama la atención la puerta giratoria que unía a los Ministros de Franco con los Consejos de Administración de las principales empresas españolas. Como nos recuerda Público, de los 119 Ministros de Franco, 22 de ellos se sentaron en 29 Consejos de Administración de importantes entidades bancarias, nueve en bancos oficiales y cuatro en Cajas de Ahorros. Otros ocho ex Ministros fueron Presidentes y/o Consejeros del Banco de España. En total, 43 ex Ministros se convirtieron en destacados ejecutivos del sector bancario. Pero no sólo ellos ocuparon esos puestos, también sus hijos. Sirva como ejemplo el reciente nombramiento de Nemesio Fernández Cuesta, hijo del que fuera Ministro de Comercio en el penúltimo Gobierno de Franco de igual nombre, como Director General de Negocios de Repsol.

 

rodrigo_rato.jpgNo obstante, no hay que buscar tan lejos para encontrar la alargada sombra del régimen. En la penúltima hornada de políticos de la derecha española se encuentran buenos ejemplos, tales como Rodrigo Rato, hijo de Ramón de Rato, fundador junto a Millán Astray y Dionisio Ridruejo, entre otros, de Radio Nacional de España, así como propietario del Banco del Norte y del Banco Murciano. O el ex Presidente José María Aznar, nieto de Manuel Aznar Zubigaray, periodista y político cercano a Falange que fue Director Gerente de la Agencia de Noticias EFE y Embajador español ante la ONU, Marruecos, y varios países de América. Y aún tenemos más ejemplos: Salvador López Arnal nos recuerda en un artículo publicado en Rebelion que "la tercera autoridad del actual régimen es hijo, sin ruptura generacional conocida, del político franquista Jesús Posada Cacho. Fue éste último Alcalde de Soria (1943-1946), y Gobernador Civil de Soria (1946), Burgos y Valencia (1956-1962)". Se refiere evidentemente a Jesús Posada, el actual Presidente del Congreso (el de la famosa frase "¡¡PROCEDAN A LA EXPULSIÓOOON!!" para que desalojaran de la Tribuna a los miembros de la PAH, durante el reciente debate de la ILP sobre la dación en pago). Y por su parte, Rodolfo Martín Villa, ex Ministro franquista, está sentado actualmente en el Consejo de Administración del SAREB (el popularmente conocido como "banco malo").

 

jesus_posada.jpgLo dejaremos aquí, pero podríamos seguir poniendo muchos más ejemplos de los herederos de aquél período oscuro de nuestro país. El caso que es ahora, 37 años después de la muerte del dictador, y 34 años después de la promulgación de nuestra Constitución, ésa que declara la Vivienda y el Trabajo como un derecho, se recortan los sueldos, las pensiones, la Sanidad, la Educación, la Dependencia, la Investigación, los despidos a los trabajadores, y todo aquéllo que huela a conquista social. Mientras, se conceden ayudas y rescates multimillonarios a la banca privada, ésa que mantenía sus privilegios desde el franquismo, y contemplamos con total perplejidad y rabia los innumerables casos de corrupción protagonizados por representantes de este manido bipartidismo, así como de las más altas Instituciones del Estado. Y por si todo ello fuera poco, se nos reprime violentamente en las calles si ejercemos nuestro derecho de manifestación, por lo que a la clase trabajadora no nos queda otro remedio que volver a empezar. Comenzar desde cero, un nuevo Proceso Constituyente que destituya el actual régimen, heredero del anterior, y nos dé auténticas garantías de progreso, justicia y bienestar social.

 

aznar.jpgY como muy bien argumenta Carlos Martínez, Presidente de ATTAC Andalucía: "Pero esta vez, el Proceso Constituyente lo hemos de controlar nosotras y nosotros. Esta vez las oligarquías deben ser despojadas de su poder de veto, esta vez hay que regular los derechos y libertades mejor y dotarnos de una Jefatura del Estado electa. Esta vez no hay un Ejército de Franco con cuatrocientos mil efectivos acantonado en las afueras de las ciudades, esperando salir a la mínima oportunidad". Y como él mismo también nos recuerda, la lucha por la Democracia, así con mayúsculas, quedó incompleta. Es el momento de recuperarla. Se lo debemos a las generaciones anteriores, que conquistaron lo poco que nos va quedando. Y se lo debemos a las próximas generaciones, a las que dejaremos una vida aún peor que la que nosotros hemos conocido. Conquistemos entre todos una nueva Constitución, saldemos la lucha de clases a favor de los trabajadores, y desterremos los rastros de los privilegios del antiguo régimen para siempre.

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1 marzo 2013 5 01 /03 /marzo /2013 00:00

Vamos a abordar, en esta segunda entrega de la serie, la problemática de la realidad transexual, tras una primera introducción que planteaba el alcance de lo que nos queda por recorrer en materia de reconocimiento de derechos y visibilidad del mundo LGTBI. Comentaremos antes dos recientes noticias que tienen que ver con este mundo, en primer lugar felicitarnos por la aprobación en Francia del matrimonio homosexual (incluyendo la posibilidad de adoptar hijos), y en segundo lugar, por la retirada del conservador Papa Benedicto XVI al frente de la Iglesia Católica, que siempre abre un rayo de esperanza de que el nuevo Pontífice que sea elegido vaya a representar un avance en las ideas y concepciones que la Iglesia reparte por el mundo. Dicho esto, vamos al asunto que nos ocupa.

 

diversidad_sexual21.jpgEl año 2006 fue histórico en la lucha por los derechos de las personas transexuales, ya que en ese año se aprobó la Ley de Identidad de Género que permite modificar la inscripción en el Registro Civil sin el requisito previo de una intervención quirúrgica. Pese a ello, la discriminación y estigmatización del colectivo transexual sigue estando muy presente. Porque quizá este colectivo ha sido el que, históricamente, más ha tenido que padecer el rechazo de una sociedad que no sólo no entendía su problemática, sino que además ejercía sobre él un cruel comportamiento. De hecho, no hace mucho tiempo que todavía se consideraba que la homosexualidad era una enfermedad psiquiátrica (y aún hoy, algunos indecentes que aparecen en algunos canales de televisión de corte reaccionario continúan manteniendo esta cruzada contra homosexuales y transexuales). Y a día de hoy, la transexualidad se sigue considerando enfermedad.

 

Por ello, desde la izquierda siempre hemos reivindicado y nos hemos sumado a la campaña estatal por la despatologización de la transexualidad en los manuales psiquiátricos. Hay que exigir ahora y conseguir que se retire la categoría de "disforia de género" de la actual Ley de Identidad de Género de 2007 y eliminar la obligatoriedad de los tratamientos médicos y psicológicos sin perjuicio de la cobertura por la Sanidad Pública y las restricciones que no permiten a los transexuales inmigrantes acogerse a los avances conseguidos. En fin, hay que continuar con la campaña y la apuesta por la visibilización y reivindicación de la lucha del colectivo transexual en la calle y las Instituciones, mediante las siguientes acciones:

 

diversidad_sexual22.jpg1.- Impulso de un compromiso para conseguir la despatologización de la transexualidad y su eliminación de los manuales psiquiátricos de enfermedades mentales.

 

2.- Impulsar la promulgación de una Ley Integral de No Discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, que articule toda una serie de propuestas en los dos siguientes ámbitos principales: el sanitario, para garantizar la cobertura gratuita de todo el proceso de reasignación de sexo, y una formación específica y general sobre transexualidad del personal sanitario. Y en el ámbito laboral, con el fomento y desarrollo de políticas de acción positiva.

 

3.- Implantación de un Plan de Inserción Laboral y fomento del empleo para la población transexual con incentivos laborales para su contratación, con especial mención a las mujeres transexuales.

 

4.- Asegurar que en los procesos de divorcio con descendencia, la transexualidad no constituya una circunstancia que se tenga en cuenta a la hora del establecimiento de la custodia de los hijos/as.

 

En el próximo artículo de la serie ahondaremos en el apasionante tema de la educación en esta diversidad afectivo-sexual, que es el pilar principal que debemos construir para que las generaciones futuras tengan superado completamente este problema que aún arrastramos en nuestra sociedad. La educación es la base de la pirámide para una sociedad justa, libre, culta y avanzada, donde no debiera existir ningún rechazo social hacia estos colectivos, bien al contrario, su normalización y visibilización completa y total.

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28 febrero 2013 4 28 /02 /febrero /2013 00:00

Una vez enumerados los cinco niveles donde habría que repartir la financiación, comentados en el artículo anterior, vamos a profundizar un poco más en ellos, así como en el propio sistema de financiación del Estado Federal. Tomaremos como referencia algunos sistemas ya existentes y también comentados, tales como el sistema foral de concierto, presente en la CAV, o el sistema de Pacto Fiscal propuesto por CIU para Cataluña, o la propuesta más antigua del anterior gobierno (llamado despectivamente "tripartito") catalán. Comencemos por el nivel de los Ayuntamientos, primordial en nuestra visión del Estado Federal, y que con la nueva reforma del PP sobre las Administraciones Públicas, lejos de ser potenciados, se les quiere vaciar de competencias, y abrirle, a través de las Diputaciones Provinciales, la puerta a la privatización de sus servicios.

 

La importancia estratégica que nosotros le atribuimos a los Ayuntamientos en nuestra propuesta debe reflejarse en la estructura de la financiación. De hecho, proponemos que los Ayuntamientos asuman el mayor número de competencias. El porcentaje concreto de los recursos públicos gestionados por las Haciendas Locales tiene que ser suficiente para asegurar la gestión y la administración de estas competencias y servicios en condiciones de calidad, eficiencia y participación ciudadana. Sus competencias económicas y financieras tienen que quedar expresamente recogidas en la Constitución Federal, como parte integrante de su organización territorial y con personalidad jurídica reconocida. El ente local, por cercanía con los ciudadanos/as, ha de ser el primer escalón donde se piense a la hora de prestar los servicios públicos, y si se trata de localidades con poca población, la unión de varios de ellos en Mancomunidades realizará las tareas de coordinación entre los Ayuntamietnos mancomunados. Como ya hemos dicho, desaparecerían las Diputaciones Provinciales, entes anacrónicos procedentes del franquismo, que ni siquiera aparecen en la Constitución de 1978.

 

Por su parte, el nivel de financiación más polémico es el del pueblo federado, territorio o Comunidad Autónoma (si se quiere seguir usando el nombre actual). Actualmente coexisten dos modelos de financiación para las Comunidades Autónomas: el modelo común (extendido a la inmensa mayoría de ellas) y el modelo foral (sólo aplicado en la CAV y Navarra). Una peculiaridad del modelo común, no obstante, es el régimen fiscal de Canarias, resultado de la consideración política de las Islas como región ultraperiférica dentro de la Unión Europea. Pues bien, en la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que fue desestimada en sus puntos críticos por el Tribunal Constitucional, sus promotores (el Gobierno tripartito de la Generalitat del que formaban parte nuestros socios de ICV) consideraron, con razón, la financiación como la cuestión clave de la reforma. Los aspectos esenciales de esta reforma, algunos de los cuales aparecían también en la propuesta de Pacto Fiscal que Artur Mas presentó al Presidente Rajoy, eran los siguientes:

 

1.- La capacidad de gestión y recaudación fiscal quedaría en manos de una Agencia Tributaria Catalana.

 

2.- La Generalitat de Cataluña aportaría al Estado Español un máximo del 50% de la recaudación fiscal realizada en el territorio catalán.

 

3.- Se establecía un plazo de 15 años para alcanzar un sistema de financiación semejante al modelo foral (o modelo de concierto, basado en un cupo de aportación).

 

4.- La base para el establecimiento de la aportación partiría del equilibrio de la balanza fiscal.

 

5.- La negociación del modelo sería bilateral, es decir, únicamente entre el Estado Español y la Generalitat de Cataluña.

 

Ya sabemos que esta propuesta fue desechada tanto en el Estatuto de Cataluña como en la reciente propuesta de Pacto Fiscal de Artur Mas, y siempre ha desatado un debate político muy importante, tanto entre las diversas fuerzas políticas como en el interior de las mismas, pues existen corrientes que siguen abogando por ella. Un debate en muchos casos hasta incoherente, porque fuerzas políticas como el PP que presentan el Pacto Fiscal como la desintegración o la ruptura del Estado, introducen por ejemplo en el Estatuto del País Valenciano mecanismos muy semejantes a los que contiene la propuesta catalana. Esto es coherente con sus planteamientos neoliberales y su reducción de los territorios y de las Comunidades Autónomas a espacios que compiten entre sí para atraer inversiones y recursos. Por su parte, la respuesta política del PSOE (y de su partido hermano PSC, aunque aquí se manfiestan también otras corrientes) enlaza con criterios de agravio comparativo entre territorios, similares a los de los nacionalistas, y con una notable falta de visión y de modelo global y estratégico.

 

Y con respecto al sistema foral de concierto, que se aplica al País Vasco y Navarra (donde las competencias fiscales corresponden a las Diputaciones Forales, por razones históricas), ha generado una seria discriminación fiscal. Por motivos políticos, y como consecuencia del cálculo a la baja del coste de las competencias del Estado Central, la financiación territorial por habitante es muy superior en estas dos Comunidades Autónomas que en el resto. Según algunos autores, tomando el período de referencia entre 1990 y 1997, si la media de España es 100, el País Vasco habría recibido una financiación pública per cápita de 140,9 y Navarra de 137, con una distancia de hasta 60 puntos sobre las Comunidades que menos habrían recibido (Baleares y Valencia). A ello hay que añadir que la propia idea del concierto, tal y como se aplica actualmente, deja a un lado cualquier criterio de solidaridad interterritorial explícita.

 

Por tanto, y según nuestras premisas, resulta evidente que este modelo de concierto no es justo, conveniente ni extrapolable a nuestro modelo de Estado Federal. Por tanto, desde la izquierda lo rechazamos tajantemente. Hasta ahora ha quedado fuera del debate político estatal, pero las cosas están cambiando debido al fuerte debate generado a raíz de las pretensiones soberanistas en Cataluña, y la vuelta al poder del PNV en el País Vasco. Todo este escenario está generando nuevas dinámicas, que al estar fuertemente influidas por el discurso nacionalista (siempre victimista en este sentido) y por el enfrentamiento interterritorial por acaparar unos recursos escasos, beneficia sólo a aquéllas fuerzas políticas comprometidas con soluciones basadas en formas de solidaridad excluyente. Una vez realizado el análisis de las diversas propuestas de financiación existentes, en el próximo artículo de esta serie concretaremos la nuestra, y en el último, a modo de epílogo, realizaremos el resumen final de Estado Federal que proponemos.

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27 febrero 2013 3 27 /02 /febrero /2013 00:00

Bloque IV. Medidas de control interno y externo de la Contratación Pública, y de los procedimientos urbanísticos de planeamiento, recalificación y licencia. Bloque éste sumamente importante, ya que gran parte de los casos de corrupción aparecidos se han situado en la órbita de las decisiones urbanísticas.

 

19.- Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, de la Ley de Gobierno Local y de la Ley de Financiación de las Haciendas Locales, para que todos los Alcaldes y Concejales tengan la obligación de depositar su declaración de bienes e intereses en un registro público.

 

También para que a partir de cierto importe económico o más de un año de duración, las licencias, convenios y contratos (especialmente los contratos de obras y servicios de larga duración sobre agua, residuos, seguridad, espacios públlicos, etc.) sean adoptados por el Pleno municipal y no se limite su decisión al debate en la Comisión de Gobierno, en la que no está representada la oposición. Y también para que todos los grupos municipales estén representados en las empresas públicas y en las mesas de contratación, de cara a una mayor transparencia y control sobre las decisiones.

 

20.- Creación de un Registro Público de Recalificaciones de Suelo. Cada Ayuntamiento incorporará en sus expedientes urbanísticos la historia registral de las transacciones que sobre los suelos afectados se hayan realizado en los diez últimos años. Asímismo, proonemos el desarrollo urgente de las medidas preventivas contempladas en la Ley de Suelo 8/2007, con especial atención a las plusvalías públicas, para que el planeamiento municipal no se pueda convertir en plusvalías privadas en su integridad, y se incremente la participación pública de la plusvalía en beneficio del interés general, así como a la transparencia, información pública y participación ciudadana en los acuerdos e instrumentos de planeamiento urbanístico, incluyendo los convenios municipales, que han ser públicos en tiempo real a través de la Red.

 

Proponemos también la aplicación de la Disposición Adicional novena de la Ley de Suelo, mediante la creación en todos los Municipios de un Registro de Actividades, y de un Registro de Bienes Patrimoniales de cada cargo público, las variaciones producidas durante el período del ejercicio del cargo, con una declaración final con ocasión del cese y al terminar el mandato. La Ley de Suelo debe clarificar y armonizar las competencias, reducir plazos, simplificar las normas y los procedimientos urbanísticos y hacerlos más transparentes y accesibles, evitando toda discrecionalidad. Fijación de precios máximos de venta de suelo.

 

21.- Creación de un Cuerpo de Inspectores, ajenos a los Ayuntamientos, que vigilen la legalidad de los planeamientos urbanísticos. Incremento de la fiscalidad de las plusvalías obtenidas. Medidas de sujeción de las plusvalías de urbanismo al interés general, de tal modo que los beneficios derivados de las recalificaciones de suelo y del aumento de la edificabilidad reviertan en beneficio de la sociedad.

 

22.- Creación de una nueva Unidad dentro de la Agencia Tributaria para la comprobación de los datos fiscales declarados y los datos registrados como plusvalías de convenios urbanísticos y recalificaciones. Reforzamiento de la coordinación y cruce de datos entre la Agencia Tributaria, el Catastro, los Ayuntamientos, y los Notarios y Registradores de la Propiedad.

 

23.- Inspección sistemática de Hacienda a los Alcaldes y Concejales de Urbanismo de los Ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes, y de aquéllos otros en los que se hayan adoptado importantes medidas urbanísticas.

 

24.- Creación efectiva de Consejos Asesores para formular y plantear criterios y alternativas de ordenación, considerar las propuestas de planeamiento para garantizar los objetivos de desarrollo urbanístico sostenible, y estudiar, proponer y supervisar las medidas y actuaciones a emprender para fomentar la participación ciudadana. Reconocimiento del Derecho de Iniciativa Ciudadana, que podrá ser ejercida por los vecinos, requiriéndose como mínimo un 20% de firmas en los municipios de menos de 5.000 habitantes, un 15% en los que tengan entre 5.000 y 20.000, y un 10% en los de más de 20.000 habitantes.

 

25.- Impulsar y promulgar una nueva Ley de Financiación Local que garantice el principio de suficiencia financiera de los Ayuntamientos, para poder cubrir con total solvencia los servicios públicos que han de prestar a sus ciudadanos.

 

Continuaremos en la siguiente entrega a partir del Bloque V, dedicado al control sobre los cargos públicos y cargos políticos electos.

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