Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Parece ser, sobre todo a tenor de los últimos casos de corrupción aparecidos, que el concepto de la "responsabilidad política" o bien no es entendido por algunos representantes públicos de nuestro país, o bien simplemente no quieren ejercerla. En cualquier caso, la ciudadanía debiera siempre exigir esta responsabilidad, pues es la que puede dignificar la propia dedicación al servicio público. Bien, vayamos por partes. Ante un posible hecho delictivo, tenemos por un lado la vía judicial, que se sustancia en los Tribunales de Justicia, y que lleva su propio recorrido. Si el juez entiende que existen indicios de delito, la vía judicial se consumará, y conllevará o no una posible condena de tipo penal o administrativo, según la naturaleza del delito encausado. Esto sería la responsabilidad penal.

Pero además, si los supuestos hechos delictivos se han cometido en la esfera pública, es decir, por representantes o cargos públicos electos, aparece además el concepto de responsabilidad política, que consiste simplemente en la asunción de responsabilidad ante la propia ciudadanía, no como causante del delito (o al menos no directamente), sino como conocedor, tolerador, encubridor o ignorante del mismo. Porque en la responsabilidad política se cae igual tanto por exceso como por defecto. Si bajo tu mandato se ha efectuado alguna ilegalidad, o existe sombra de la misma, el último responsable de que ésta se efectuara, por permisividad, negligencia o ignorancia, siempre es el mayor cargo público al frente del ámbito donde se haya ejecutado el supuesto delito. Y la única vía es la dimisión de dicho cargo, como una entrega de la confianza perdida ante la propia ciudadanía. Este es el concepto de responsabilidad política, que parece ser que para los políticos y cargos públicos de nuestro país brilla por su ausencia.

Porque la responsabilidad política se basa en la presencia de una duda razonable sobre la honradez de las personas que están al frente de cualquier ámbito público, y es el escaparate que debe guiar la buena conducta y el buen criterio ético de gobierno y representación de la ciudadanía. La responsabilidad política se ejerce por convicción de la necesidad de restaurar una confianza perdida, o una imagen deteriorada. Se responde con ella sobre la decencia, la honestidad y la integridad moral de las personas. Parte de la base de que un cargo público surge en su concepto más íntimo del depósito de confianza que los ciudadanos conceden a su representante, y que por tanto, en cuanto dicha confianza pueda verse enturbiada, limitada o puesta en entredicho, debe renunciarse a ella. El camino de la dimisión es el único posible en estos casos. ¿Parece fácil, no? Pues en nuestro país parece que no es tan fácil, porque las dimisiones se producen con cuentagotas, en casos muy excepcionales, o bien cuando las pruebas son abrumadoras, o hay condena expresa del delito.

Es evidente que para la asunción rápida de las responsabilidades penales hay que exigir una mayor agilización de la propia Justicia, pero para la responsabilidad política, lo único que necesitamos son políticos decentes. Y ante los últimos casos que han saltado a la opinión pública, parece que ese especímen brilla por su ausencia. Vamos a tomar como ejemplo el caso más grave ocurrido en la actualidad, como es el caso Bárcenas (episodio del caso Gürtel, aunque algunos afirman que es el caso Gürtel el que es parte del caso Bárcenas). En cuanto los famosos papeles salen a la luz, independientemente de que al final se pruebe si responden o no a una manipulación, toda la cúpula en pleno del Partido Popular, incluido por supuesto el propio Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, deberían haber presentado su dimisión. Y en lugar de esto, ¿qué se hace? Pues vamos a examinar las diferentes reacciones que se suceden (hasta ahora) en el tiempo.

Primero salieron con la estrategia del "no me consta", rara avis para expresar que no sabemos, no contestamos, porque el "no me consta" no niega la posible veracidad de los hechos, sino simplemente la ignorancia de los mismos. Luego vino la estrategia de las "auditorías", interna y externa, como un rápido lavado de cara (de hecho, la interna estaba lista en menos de una semana) a modo de investigación y publicidad de la contabilidad interna del PP (sin darse cuenta de que si hay una contabilidad "B" no va a estar fiscalizada por el Tribunal de Cuentas), después vino el reconocimiento de que algunos apuntes contables publicados eran ciertos (manteniendo que no todos, lo cual resta bastante credibilidad), y hasta publicaron internamente un argumentario completo, con declaración jurada incluída, sobre cómo tenían que responder los dirigentes del PP ante la prensa cuando se les preguntara por estos asuntos. Es la reacción de una mafia, más preocupada en mantener su poder que en que resplandezca la verdad.

Por último, en la comparecencia de Mariano Rajoy ante el Comité Ejecutivo Nacional Extraordinario convocado al efecto, tuvimos ocasión de asistir al más lamentable espectáculo, que fue poco menos que el "desnudo moral" del Presidente, argumentando cuestiones y explicaciones de su vida privada que a nadie le interesan, para justificar su honrada conducta: que si a los 23 años ya era Registrador de la Propiedad y se ganaba la vida bastante bien (de hecho, todavía conserva la excedencia sobre su plaza en Santa Pola), que nunca ha cobrado ni  ha repartido sobres en negro, que no está en política por dinero, y lo más grave de todo, que no va a dimitir, sino que todo lo contrario, se envalentona, y asegura que ni él ni su partido se van a amedrentar ante los supuestos "ataques" y "conspiraciones" que están orquestando contra él y el PP, y que no van a conseguir apartarlo de su mesiánico destino de conducir a nuestro país a la salida de la crisis.

En fin, penoso y deprimente espectáculo que se nos brindó en su comparecencia, que pudo emplear para limpiar su imagen (al menos, de momento) y hacernos un favor a los ciudadanos/as, marchándose del Gobierno, al menos hasta que no se pruebe su inocencia, y la de los cargos implicados, y que en vez de todo ello, se nos ofrece una imagen de partido y de líder casi como un líder religioso, cuya tarea no se puede ver manchada por ninguna sombra de sospecha (calibró los hechos como "la sombra de la sombra de un indicio manipulado"), porque su vida y su dedicación al servicio público son, según él, intachables. Todo muy patético y deplorable. Éste es el concepto de responsabilidad política que tiene nuestro Presidente del Gobierno, que ha sido siempre ejemplo, en palabras de la Vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, de "vida recta", de "no saltarse una norma" y de otras solemnes declaraciones, que más bien parecían retratar la vida y milagros de Santo Tomás de Aquino.

Nos ofrecen la visión de los partidos políticos como de una secta, como de una gran hermandad intocable, donde sus lideres han de ser adorados como si de un gran chamán religioso se tratara. Y la política no es esto. La política es algo mucho más claro, directo y sencillo que todo esto, y la responsabilidad política es algo tan simple como que cuando existe la más ligera duda sobre mi comportamiento ético, debo presentar mi dimisión. No cabe otra salida en un sistema democrático, el problema es que no lo tenemos, o no lo tenemos al nivel que nos merecemos. Nuestros políticos no están a la altura, pero todavía llego a más: Mariano Rajoy debería dimitir, pero incluso aunque él no lo hiciera, no tendríamos ni siquiera que esperar su decisión, porque deberían existir mecanismos de cara a la ciudadanía para ordenar y asegurar su destitución. Pero claro, esto ya es otra historia, de la que también nos encontramos a años luz de distancia. De momento, nos conformaríamos con que el concepto de responsabilidad política se entendiera y se practicara por nuestros políticos.

Efectivamente, vamos a darle en el presente artículo otra vueltecita a la idea, que gana adeptos día tras día, de la salida de España de la moneda única europea. Hemos abordado ya este este tema en varios de nuestros artículos, desde puntos de vista colaterales, y nos hemos manifestado siempre en la postura de que era posible, incluso deseable, una salida del euro para poder alcanzar una mejor situación (no inmediata, sino después de un tiempo) de nuestras cuentas públicas, y por ende de nuestra sociedad, alcanzando la premisa general de la recuperación de nuestra soberanía monetaria. Vamos a insistir en todo ello, pero como digo, cada día se alzan nuevas y autorizadas voces proclamando que la salida del euro es la única salida posible al pozo sin fondo donde nos encontramos. ATTAC España, en general (aunque hay personas en su Consejo Científico que no opinan así) apuesta por una salida del euro, y muchos científicos sociales abonan esta tesis, como nuestro Profesor de Economía Aplicada de la UMA (Universidad de Málaga), Alberto Montero Soler.

Bien, hemos de partir de la base de que la EuroZona, conjunto de la actual UE-27 que tiene el euro por moneda nacional y oficial (pues en algunos países existen monedas secundarias de uso local y no oficial), está mal diseñada, o mejor dicho, diseñada para unos fines que no son los que nos convienen. Desde el Tratado de Maastricht de 1992 al reciente Tratado de Lisboa, todos las "reglas de juego" de la EuroZona están claramente encaminadas hacia la preponderancia de un capitalismo financiero, y de la presencia de un esquema institucional europeo que garantiza ese escenario. Tómese como ejemplo la famosa "independencia" del Banco Central Europeo (BCE), que en realidad significa que se le otorga un poder por encima de todas las demás Instituciones "democráticas", y que es capaz de dictar una política económica, financiera y monetaria que, mientras apoya sin límites a la banca privada, asfixia a los Estados miembros, para que no puedan financiarse públicamente a través de él. Todo el engranaje europeo está diseñado según estos principios, y bajo la tutela y las directrices de Alemania, histórica locomotora económica europea, de tal forma que podemos concluir que el euro es la moneda alemana.

Y cualquier lógica de economía política y de política económica nos lleva a afirmar que cualquier proyecto de moneda única para una comunidad es absurdo, si no existe también una autoridad política, un Estado, que conceda legitimidad a la fundación de dicha nueva moneda común. El euro ha operado y opera en sentido inverso, partiendo de la vertiente económica en vez de la política, demostrando su fracaso y debilidad, por mucho que los actuales gobernantes se empeñen en ofrecer el mensaje de la supuesta "irreversibilidad" del euro. El escenario al que nos ha llevado está bien claro: la construcción de un nuevo espacio de dominación y de explotación del capital, pensado para una nueva fase del utraliberalismo capitalista, donde las Instituciones no están al servicio de las personas, de la ciudadanía, sino del gran capital. De este modo, las Instituciones Europeas dejan de estar al servicio del Estado-Nación (entendido bajo los principios de la soberanía popular), ya que consideran que el Estado no es un requisito previo a la economía (y a la moneda), sino su resultado.

El actual proyecto europeo, basado en el euro, no pretende la unidad ni la cohesión de Europa (no tenemos ni siquiera una unidad en la política exterior ni de seguridad), ni la solidaridad de sus pueblos, sino un nuevo dispositivo de mando y de explotación, y por tanto, de clase. De esta forma, el poder del Capital es transversal a la economía, a la política y a la sociedad. Y efectivamente, todos los tratados europeos ponen en práctica esta "privatización" de la gubernamentalidad. Ésta ya no se ejerce exclusivamente por el Estado, sino por un conjunto de Instituciones no estatales (bancos centrales, mercados, agencias de rating, fondos de pensiones, aseguradoras, entidades supranacionales, etc), donde las administraciones de los Estados son sólo piezas en su poder. Véase como demostración de todo ello el papel que juega actualmente la llamada Troika en la crisis, con sus representantes de visita a los países para comprobar cómo los planes de austeridad y "reformas estructurales" se cumplen, antes de dar el visto bueno a los supuestos "rescates" del país en cuestión. Hoy en día, hemos llegado a un panorama donde las Administraciones Públicas defienden más a la empresa privada que a la propia ciudadanía. Incluso funcionan bajo los mismos parámetros y objetivos que aquéllas, privatizando los servicios públicos, en aras a obtener rentabilidad económica y nuevos nichos de negocio.

De esta forma, para "liberalizar" a los mercados se somete a la sociedad, interviniendo de manera masiva, invasiva y y autoritaria sobre la vida cotidiana de la gente. Por tanto, no existe otro horizonte dentro del euro que someterse a todo este tinglado, a todo este conjunto de reglas de gobernanza de la nueva economía y de la nueva política europeas. Incluso aunque los Estados miembros posean algún margen de maniobra actualmente, dicho margen será cada vez más pequeño, pues la política de las Instituciones y los futuros acuerdos y tratados europeos serán cada vez más invasivos, y harán perder soberanía nacional en el sentido que estamos explicando. No hay otra salida que romper con el euro. Y éste, que sería un proceso traumático, podría tener alguna salida en el horizonte de un breve período de 1-2 años, pero al final se podría ver luz al final del túnel. Dentro del euro no podremos ver nunca dicha luz. El euro es un proyecto que restringe la soberanía política para que se ponga al servicio de la economía financiera y del capital, de la especulación y de los grandes intereses privados.

Por tanto, ante todo este macabro escenario sin salida, lo que tenemos que hacer es armarnos de coraje y valentía política y comenzar a afirmar bien alto y claro algunas cuestiones. En primer lugar, LA DEUDA NO PUEDE SER PAGADA. Esto se sabe perfectamente, de hecho técnicamente España es un país quebrado. El volumen de deuda que han contraído los particulares, las empresas, las familias y el sistema financiero, sumada a la que ahora está contrayendo el sector público, en un contexto marcado por la recesión económica y los problemas de déficit fiscal, hacen que sea absolutamente imposible pagar la deuda. El Gobierno debería (pero no lo hace) reestructurar dicha deuda, no sólo alargando los plazos, cambiando los tipos de interés y estableciendo un período de carencia, sino además rechazando la deuda ilegítima, procedente de las prácticas ilícitas y abusivas de las entidades financieras, y de los rescates practicados para su salvación. Las políticas de ajuste, recorte y austeridad practicadas nos llevan a un callejón sin salida, ya que la deuda, de todos modos, no va a poder ser pagada.

A partir de aquí, la salida del euro nos traería, con todos sus inconvenientes, que ahora contaremos, la recuperación de la soberanía monetaria. Y con ella, la posibilidad (que ahora no tenemos, y tendremos cada vez menos) de hacer política a través de un presupuesto. Evidentemente, nuestra salida del euro produciría una inmediata debacle en nuestra economía, que acarrearía un descenso en el nivel de vida de la ciudadanía, pero es que esto es exactamente lo que está ocurriendo dentro del euro. El caso de Grecia es paradigmático y tremendamente ilustrativo en este sentido: en los últimos años, Grecia ha perdido del orden del 25% de su PIB, gracias a las políticas de austeridad impuestas por la Troika. Por otra parte, salir del Euro no implica salir de la UE, que es uno de los errores de base que se plantean. De hecho, ni Suecia, ni Dinamarca, ni el Reino Unido están en la EuroZona, y si contemplamos sus variables macroeconómicas (desempleo, inflación, déficit público, deuda pública, etc.), todas en promedio, a lo largo de diez años de vida del euro, son mejores fuera del mismo que dentro.

Con una salida del euro y una recuperación de la soberanía monetaria, y con un Banco de España emitiendo moneda, no estaríamos tan pendientes de las fluctuaciones de los mercados financieros a la hora de nuestra financiación, y por tanto ellos dejarían de marcarnos la política, recuperando también nuestra soberanía política. Entonces, tendríamos más independencia para cambiar nuestro modelo productivo y de desarrollo económico, para diversificar la estructura productiva, para más margen fiscal, para otras políticas de redistribución y creación de riqueza nacional. Es cierto que con la vuelta a la peseta todos los productos del exterior se volverían mucho más caros, pero también es verdad que habrá que producir cosas dentro que ya no se comprarían fuera, con lo cual se generaría también un demanda interna que aumentaría la competitividad interior en precio, con respecto a la exterior. Todo ello contribuiría a romper con esta lógica perversa y demencial de la globalización, donde todos los productos vienen desde muy lejos, mientras que al mismo tiempo, se desmantelan empresas locales que producen lo mismo, pero un poco más caro. Podríamos acabar por tanto con el chantaje del fenómeno de la deslocalización que practican las grandes empresas. Estamos convencidos de que es la única salida, y es un tema que seguro que volveremos a retomar en próximos artículos.

En este cuarto bloque de medidas de carácter económico y social, de forma complementaria a todas las anteriores, vamos a abordar las que tienen que ver con el objetivo fundamental que podría resumirse de esta forma: PONER LA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS. En efecto, una economía con rostro humando, más justa, ecológica y social, es el fin último de un sistema económico que mire a las personas, y a la naturaleza, al entorno natural donde vivimos. Unas finanzas puestas al servicio de la gente, de la población, de la cobertura de las necesidades humanas básicas, respetando el medio ambiente, debe ser el objetivo final.

Estamos a años luz de conseguirlo, pues el sistema capitalista donde estamos inmersos representa la antípoda de lo que proponemos, y por tanto necesitamos un cambio de mentalidad social. El desarrollo de los medios de producción en función de criterios sociales y ecológicos, para atender los intereses de la inmensa mayoría de la sociedad actual, y de las generaciones venideras, mediante la nacionalización por razones de interés público, ha de cubrir todos los grandes sectores económicos. De esta forma, proponemos llegar a un sistema productivo racionalizado, controlado democráticamente por los trabajadores, a partir de un proceso de nacionalización completa de todos los grandes sectores económicos. De esta forma, el Estado controlará los sectores estratégicos de la economía productiva, como los siguientes:

1.- El sector financiero (ya abordado en el artículo anterior), incluyendo las grandes compañías aseguradoras.

2.- Las empresas energéticas, que darían lugar no sólo a un cambio de modelo energético, sino a un sistema público de la energía.

3.- Las grandes empresas de transporte, de personas y mercancías, asegurando la sostenibilidad del mismo.

4.- Las grandes constructoras de obra civil, que controlan las grandes infraestructuras públicas.

5.- Las grandes empresas industriales básicas, que controlan los sectores de la industria con más peso en el Estado. 

6.- Las grandes compañías de distribución, que controlan los grandes medios de almacenamiento y logística de la producción a escala nacional. 

7.- Los grandes latifundios, ahora en manos privadas, que enriquecen y dan poder a un porcentaje ínfimo de la población, han de ser expropiados y nacionalizados, además de controlados democráticamente por los trabajadores.

8.- La industria farmacéutica, que podría estar incluída en el punto 5, pero hacemos un capítulo aparte con ella debido a la gran importancia del sector al que abastece.

9.- Las grandes empresas de telecomunicaciones, que controlan este sector y obligan a los usuarios a tener que aceptar condiciones y políticas abusivas.

10.- El sector de la alimentación, controlado actualmente por las grandes cadenas de super e hipermercados, y que imponen sus políticas a lo largo de toda la cadena alimentaria. 

Todo ello supone hacer posible una verdadera democratización de la economía, lo cual redundará en una mayor justicia social, debido a una mejor redistribución de la riqueza. No es justo que un porcentaje entre el 5-10% de grandes empresas, fortunas y propietarios, controle y dirija el bienestar social de la inmensa mayoría de la sociedad. Desde la izquierda, partimos de la base de que una sociedad que permite inmensas fortunas de unos cuantos, mientras condena a una gran parte a la exclusión social y a la pobreza, no puede ser una sociedad justa, y por tanto hay que transformarla.

Lo que hay que hacer es poner las bases para la nacionalización de todas las grandes empresas del país, que conforman tanto el IBEX-35 como el Mercado Continuo (las 100 empresas fundamentales) que conforman el porcentaje básico de la economía (aproximadamente un 80%) que puede permitir que realmente un gobierno sometido a los votos populares, tenga el control económico mínimo para poder transformar la sociedad, sin tener que someterse a los chantajes y presiones de los sectores más poderosos del país. Básicamente, las medidas a adoptar serían las siguientes:

1.- Aprobar un plan de indemnizaciones para los pequeños accionistas que tengan invertido en dichas empresas un capital inferior a los 100.000 euros.

2.- Diseñar un sistema de participación de los trabajadores, a través de sus legítimos representantes en las empresas, en la gestión de las mismas, para lograr un sistema de gestión compartida con los representantes de la Administración, en el marco del plan económico de que se dote el Estado.

3.- Implementar una Reforma Fiscal drástica, justa y progresiva, para que pague más quien más tiene y quien más gana.

4.- Diseñar un plan para la eliminación progresiva de todos los impuestos indirectos. 

5.- Persecución implacable, activa y efectiva del fraude fiscal y de la economía sumergida, empezando por las grandes empresas, que son las más defraudadoras. Los trabajadores/as somos quienes creamos la riqueza de un país con nuestro trabajo (no los empresarios, como se asegura desde los sectores más conservadores), y esta riqueza nos tiene que ser devuelta vía impuestos. 

6.- Aumentar la presión fiscal sobre el beneficio de las empresas, y pago efectivo de un 55% para el tramo alto de la declaración del IRPF, que estará compuesto a partir de aquéllas familias que posean una renta superior a los 100.000 euros anuales. 

7.- Creación de una Agencia Pública de Investigación, Desarrollo e Innovación, que gestione toda la labor en ese terreno en las Universidades Públicas, y todo tipo de empresas y organismos públicos pertenecientes a este sector. Su trabajo, financiación o resultados, no podrán privatizarse bajo ningún concepto. 

8.- La Empresa Pública será fundamental para alcanzar una sociedad con pleno empleo en el período de una legislatura. A estos efectos, se pondrá en marcha un Plan de Reindustrialización y de Desarrollo de los Servicios Públicos, que tenga como prioridad alcanzar unas condiciones de vida y trabajo dignas para toda la sociedad. El Estado se convierte, bajo este modelo, en el empleador principal del sistema, como garante fundamental de todos los derechos básicos de la ciudadanía.

9.- El comercio exterior del país, junto con todas sus empresas, productos, logísticas e infraestructuras, se convertirá en monopolio del Estado, bajo control y dominio público. 

10.- Por último, como venimos comentando, todo el sector público, engrosado mediante la vinculación de los grandes sectores estratégicos de la economía, sus empresas y administraciones, tendrán una estructura democrática. Para ello se dotarán de unos Consejos de Administración compuestos a partes iguales por representantes de los trabajadores, de las Administraciones implicadas, y de los propios ciudadanos/as (o usuarios/as). Todos sus directivos serán elegidos democráticamente, sus mandatos tendrán un tiempo limitado, renovándose anualmente, y sus salarios se limitarán a lo establecido para cualquier trabajador público. Rendirán cuentas de forma pública todos los años, y ante sus trabajadores siempre que sean requeridos para ello.

Con toda esta revolución que representa la nacionalización y democratización de la economía, estamos convencidos de que también eliminaríamos una lacra fundamental de nuestro actual sistema, como es la corrupción, auténtico cáncer social que nos corroe diariamente, y que afecta hasta a las más altas Instituciones. Continuaremos en el siguiente artículo de esta serie, con las medidas que tienen que ver con la regeneración democrática del país.   

Comenzamos aquí una nueva serie de artículos donde vamos a ir desgranando y exponiendo nuestra visión desde la izquierda del mundo homosexual, y de cómo la sociedad debería ir avanzando hasta reconocer e integrar completamente dicho mundo, al igual que ocurre con el mundo heterosexual, mayoritario por excelencia. Todo ello tiene mucho que ver con otros temas que hemos ido tratando en otros artículos tales como la lucha por los derechos de la mujer, la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres, la eliminación de la cultura del patriarcado y el sometimiento de las mujeres a dicha cultura, etc. Pero aquí nos limitaremos a los aspectos que tienen más que ver con la lucha por la igualdad de derechos del mundo homosexual, el llamado mundo LGTBI (Lesbianas-Gays-Transexuales-Bisexuales).

Trataremos por tanto un montón de aspectos que todavían colean en nuestra sociedad, aunque se haya avanzado mucho al respecto, tales como la diversidad sexual, su presencia y visibilidad en la actual sociedad, el reconocimiento de sus derechos, la realidad transexual, la educación sexual en la escuela, la visibilidad en la Administración Pública de todo este colectivo, la igualdad en el trabajo, etc. De entrada, hemos de felicitarnos por la reciente desestimación por parte del Tribunal Constitucional del recurso interpuesto por el Partido Popular hacia el reconocimiento del matrimonio homosexual. Es de ley que a este colectivo se le reconozcan los mismos derechos que al colectivo mayoritario heterosexual, y que seamos capaces algún día como sociedad de contemplar la realidad homosexual con total naturalidad, y con garantía de plenos derechos.

Para ello hemos de tomar medidas sobre todo de visibilización, es decir, de plasmación de la realidad LGTBI en todos los sectores de nuestra vida cotidiana, como el cine, las artes, la literatura, los cómics, el teatro, los dibujos animados, la escuela, etc. La visibilización homosexual ha de ser completa, pues será el factor de mayor calado de cara a que su reconocimiento en igualdad de derechos y oportunidades se alcance totalmente. Lejos quedan ya los tiempos en que la realidad homosexual no sólo era escondida, sino que era demonizada por algunos sectores de nuestra sociedad. No obstante, para ser justos, hemos de reconocer que aún queda algún sector de la Iglesia Católica en nuestro país, el sector más conservador a ultranza, que se resiste a ver la homosexualidad como algo natural. Y el panorama internacional nos da una de cal y otra de arena, pues por ejemplo mientras algunos Estados de los EE.UU. ya reconocen y cada vez más el matrimonio homosexual, en Francia y en Rusia hemos asistido a recientes manifestaciones en contra de este reconocimiento. La realidad internacional LGTBI todavía es confusa, y ha de recorrer mucho camino.

Pero centrándonos en España, y desde la izquierda, estamos muy orgullosos (aunque queda todavía mucho camino por recorrer) de haber participado en los avances sociales de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, y nos sentimos especialmente satisfechos porque los hemos conseguido trabajando con el conjunto de movimientos sociales LGTBI a través de mucha lucha y organización política. Dentro de Izquierda Unida, concretamente, tenemos la organización denominada ALEAS-IU (Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Izquierda Unida), que fue la primera organización política del Estado en crear un grupo propio LGTBI para luchar por las libertades sexuales. ALEAS-IU existe desde 1994, y los frentes en los que actúa son la defensa de una educación respetuosa en la diversidad, contra la discriminación en el trabajo, por la visibilidad lésbica, por el pleno reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, y sobre todo, contra la denominada LGTBIfobia, es decir, todas las manifestaciones de rechazo social contra este colectivo.

Pensamos que un colectivo que necesita luchar, organizarse, manifestarse y explicarse para ser respetado es un colectivo llamado a revolucionarse, a propagar el compromiso con la libertad y por la emancipación propia. Cometeríamos por tanto un gran error si pensáramos que ya está todo conseguido en materia de igualdad LGTBI. Pese a los avances conseguidos por este movimiento en materia de libertades sexuales en los últimos años, hoy en día continúan existiendo situaciones de discriminación y desigualdad. Es necesario, sobre todo, impedir cualquier retroceso en este aspecto, consolidar las metas ya conseguidas, y seguir luchando por la dignidad de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, hasta conseguir la igualdad plena y real. Estamos además en un momento muy preocupante, pues el actual Gobierno del PP ha manifestado reiteramente la intención de echar para atrás algunos de estos logros recientes, y hemos de estar muy atentos en este sentido.

Los recortes sociales y los ataques contra el Estado del Bienestar impulsados por los mercados financieros y las formaciones políticas afines a ellos suponen serios peligros para los colectivos sociales especialmente vulnerables ante la crisis. Hoy el colectivo LGTBI dispone de ciertos derechos reconocidos, pero sigue sufriendo la precariedad, el desempleo o el acoso escolar y laboral. Y desde la izquierda pensamos que con precariedad no puede existir igualdad. El principal problema es la falta de sensibilización de la sociedad en cuanto a la diversidad afectivo-sexual, encontrándonos en situaciones como las siguientes:

1.- A dia de hoy, la transexualidad se sigue considerando por algunos sectores como una enfermedad psiquiátrica.

2.- Todavía existen casos de discriminación en centros de trabajo y centros educativos, sin que las autoridades respectivas cuenten con protocolos de actuación específicos.

3.- Vivimos en una sociedad que impone los patrones patriarcales y heterosexuales como únicos modelos válidos, y que invisibiliza los diferentes modelos de familia.

4.- Desde la Administración Pública se sigue ayudando y subvencionando a entidades públicas y privadas con actividad o ideología que incurre o incita a la LGTBIfobia.

Las soluciones a todos estos problemas y a muchos otros derivados o colaterales a ellos pasan por una apuesta firme desde la Educación en los primeros años, por aplicar políticas activas en Sanidad, y por la concienciación de toda la sociedad y de las Instituciones que siguen dando un trato de favor a la Iglesia Católica pese a su constante misoginia y fobia al mundo LGTBI. Continuaremos en siguientes artículos exponiendo los diversos frentes de lucha que hemos de continuar desplegando para alcanzar este horizonte, y que el pleno reconocimiento de esta realidad afectivo-sexual sea materializado en poco tiempo.

La lista de los casos de corrupción en España, sólo durante los últimos meses/años, es inmensa, gigantesca, intolerable, y raya en una sociedad con perfiles absolutamente grotescos y desquiciados. Sería interminable citar la lista de los casos de corrupción aparecidos últimamente, es decir, no hace falta retrotraerse a la época de Felipe González (que también tuvo muchos), basta con repasar los casos que aún tenemos en el candelero: Iñaki Urdangarín con el Instituto Nóos, Gerardo Díaz-Ferrán y su alzamiento de bienes, los ERE's fraudulentos en el PSOE de Andalucía, los casos de Carlos Fabra en Castellón, los dedazos de José Luis Baltar en la Diputación de Orense, el Caso Gürtel en Madrid y Valencia, el caso Palma-Arena en Baleares con Jaume Matas al frente, los casos Palau de la Música, Pallerols e ITV que afectan a CIU en Cataluña, los casos Pokemon y Campeón en Galicia, el caso Malaya en el Ayuntamiento de Marbella, y más recientemente, los casos Amy Martin en la Fundación IDEAS del PSOE, o el caso Bárcenas en el PP, con sus diferentes flecos. Todos ellos son quizá únicamente la punta del iceberg de la podrida sociedad actual. 

El panorama es asqueante y cansino. Los informativos de todas las cadenas de televisión y de radio, así como la prensa, dedican del orden de dos tercios de su tiempo a informarnos sobre casos de corrupción. Y todo ello provoca, como no puede ser de otra manera, que la sociedad sufra un desapego en general de la política y de los políticos, y extrapole dicho sentimiento hacia las propias Instituciones democráticas que representan a los diferentes poderes del Estado, pues la ciudadanía tiene una imagen de dichas Instituciones como de unos entes perversos, que lejos de garantizar la aplicación de un Estado Democrático y de Derecho pleno, lo que garantizan es la plena impunidad de la corrupción, que campa a sus anchas en todas las esferas de la vida pública española: políticos, empresarios, banqueros, representantes de las más altas Instituciones, etc., nos descubren su lado oscuro, protagonizando auténticos casos de bodevil esperpéntico, cuando no de auténtica vergüenza nacional.

Y en los manidos debates sobre el tema, parece que todo el mundo está de acuerdo, pues siempre se lanzan los consabidos tópicos al uso: los partidos no deben encubrirse los unos a los otros, se debe alcanzar un pacto general contra la corrupción, se debe tener tolerancia cero (esta expresión es muy graciosa) frente a la corrupción, etc., etc. Y mientras todo esto se dice, nuevos casos de corrupción van saliendo a la palestra. Bien, y la pregunta es: ¿cómo acabamos con esto? ¿se puede de verdad acabar con la corrupción? Existirían hasta razones antropológicas y filosóficas que nos llevarían a plasmar algunas ideas generales sobre la condición humana, y por tanto a alinearse con la postura de que ésta es o no corrupta por naturaleza, pero al vivir en sociedad, es evidente que deberíamos disponer de una serie de mecanismos de control, que nos ofrecieran ciertas garantías de que la corrupción va a poder ser evitada. Y aquí es donde queremos centrar nuestra discusión.

En efecto, podemos pensar en un sinfín de medidas, todas ellas más o menos correctas, que nos llevaran a poder atajar, en sus diversas fases, el fenómeno de la corrupción: desde endurecer las penas por los delitos de este tipo, hasta diseñar Leyes más completas y perfectas para los ámbitos de la financiación de partidos políticos, sociedades y fundaciones, contrataciones del Estado, reglamentos de las Comisiones de Investigación, control colegiado de la acción y decisión política, obligatoriedad de la rendición de cuentas, agilización de la Justicia, eliminación de los posibles indultos, códigos éticos de normas de conducta para los cargos públicos, y un larguísimo etcétera que nos ofrecieran un marco normativo, legal e incluso moral donde la corrupción estuviese más acorralada.

Desde la izquierda, llevamos proponiendo en nuestros Programas Electorales innumerables medidas anti-corrupción, comenzando por la celebración de debates y plenos monográficos en el Congreso que señalen con el dedo los diversos "males" de nuestra sociedad que la fomentan, y cómo podemos atajarlos. Si tuviéramos que resumirlos en uno, diríamos que la corrupción se combate con más democracia. Y a partir de ahí, hemos propuesto muchísimas medidas, cada una de las cuales en su ámbito de aplicación podría contribuir a acabar con el panorama actual: Ley Anticorrupción integral y severa (que incorpore el delito de enriquecimiento ilícito), control de salarios máximos en la Administración, eliminación de la inmunidad asociada al cargo público, imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, supresión de privilegios fiscales, publicación obligatoria del patrimonio de manera periódica, reducción de los cargos de libre designación, regulación estricta de incompatibilidades de las esferas pública y privada, revocabilidad de los cargos públicos, rendición de cuentas sobre cumplimiento de programas electorales, etc.

Y todo ello está muy bien, y es perfectamente deseable, pero la verdad es que la corrupción no es sólo un problema político, social, incluso moral, sino que es un problema estructural, es decir, sistémico, que hunde sus motivaciones y sus raíces económicas y sociales en el capitalismo. Conclusión: PARA ACABAR CON LA CORRUPCIÓN TENEMOS QUE ACABAR CON EL CAPITALISMO. Simplemente, porque el sistema capitalista es el que da licitud y legitimidad social a la obtención de beneficios en cualquier actividad. Es la propia sociedad capitalista la que legitima y alienta la primacía del objetivo del rendimiento económico en todas las esferas de la vida, y ello legitima la política de la competitividad, fomentando las desigualdades y llevándonos al caos social, caos que es aprovechado por los corruptos para sacar tajada.

Piénsese por ejemplo en lo que está ocurriendo en los sectores de los servicios públicos básicos (Educación, Sanidad, etc.), donde cada vez están entrando más empresas privadas a obtener rentabilidad económica procedente de la gestión de los mismos. Por tanto, la regeneración que desterrara la corrupción del panorama público no requiere sólo cambios normativos, que aunque necesarios, sólo constituirían la superficie, y debemos llegar al fondo de la cuestión. Sólo llegando al fondo podremos desterrar el problema, y ese fondo no es otro que el propio sistema capitalista, la propia organización y los propios valores capitalistas que nos rodean, y que gobiernan nuestra vida. Vamos a poner un par de ejemplos que creemos lo más ilustrativos posible de lo que afirmamos:

1.- Si se hace una encuesta a jóvenes adolescentes, incluso a niños, proponiéndoles alternativas que deseen cumplir de mayores, incluyéndoles entre ellas la posibilidad de "ser o hacerse ricos", seguramente ésta será la más contestada (o al menos, la más pensada).

2.- Cuando dichos adolescentes o niños lleguen a ser mayores, se encontrarán con una sociedad que les fomenta o permite el llegar a dicha situación de riqueza por caminos ilícitos, perversos o inmorales, por lo cual éstos serán los elegidos.

Bien, tenemos que atacar estos dos frentes, porque constituyen dos auténticas aberraciones. En primer lugar, tenemos una sociedad enferma si nuestros niños y jóvenes piensan o desean "hacerse ricos" de mayores, porque lo que hay que pensar, es decir, lo que la sociedad ha de fomentarles que piensen, no es en dedicarse a algo en función de su "remuneración", sino en cuanto a su valía personal o profesional, en cuanto a sus preferencias, en cuanto a su felicidad. La riqueza, el estatus social, las posesiones o el dinero, es decir, el objetivo o finalidad económica, ha de ser desterrado de su pensamiento. Por tanto, un  primer frente es el educacional. Tenemos que enseñar, tenemos que educar a nuestros jóvenes en los valores de la cooperación, de la solidaridad, de lo colectivo, de lo público, de lo de todos, y en la consecución de la felicidad en el plano de la realización y aportación personal de su trabajo dentro de la sociedad en la que viven. Hemos de desterrar por tanto los valores personalistas, egoístas, individualistas, centrados en la consecución de grandes objetivos de riqueza personal.

Y en segundo lugar, hemos de diseñar una sociedad anti-capitalista, una sociedad anti-consumista y anti-materialista, que actualmente premia y fomenta el enriquecimiento personal por encima de otros logros, consecuciones y valores. Tenemos que conseguir renunciar a esta arquitectura de sociedad, diseñando y poniendo los cimientos para otra muy distinta, donde prime la iniciativa pública sobre la privada, y sustituya los objetivos de enriquecimiento personal por los de enriquecimiento social y colectivo. Incluso los que se dediquen al ámbito privado en cualquier faceta, no deben hacerlo con fines de lucro, sino con fines de realización personal y de aportación al desarrollo de la sociedad. Una sociedad regida por normas donde primen la justicia social y la equidad, que elimine las desigualdades.

No es momento ni lugar para dar las pautas completas para la abolición del capitalismo (que además hemos tratado y seguiremos tratando en otros artículos). Pero por ejemplo, podemos citar un control social sobre los beneficios empresariales, para que reviertan en una mayor redistribución de la riqueza colectiva, que elimine las distancias entre los más ricos y los más pobres, unido a un mayor prestigio de lo público, y a una política de intervención estatal en la economía, serían las principales patas de este sistema. Y por supuesto, aquí es donde todo el contexto normativo y legal del que hemos hablado antes, realizaría las funciones de prevención y control para que los escenarios de corrupción fueran impensables. Sólo así conseguiremos acabar con la corrupción. Mientras exista capitalismo, nuevos corruptos irán apareciendo.