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29 enero 2013 2 29 /01 /enero /2013 00:00

En este tercer bloque de nuestras propuestas económicas y sociales desde la izquierda, vamos a abordar las que tienen que ver con el sector financiero, es decir, la Banca. El objetivo último y final en este caso es uno muy claro: TRANSFORMAR EN PÚBLICO TODO EL SECTOR BANCARIO. Así de claro. Porque entendemos que todo lo que sea quedarnos en medias tintas no contribuirá a solucionar el problema, sino a parchearlo, para que al final nos podamos volver a encontrar en el futuro con los mismos problemas. Por tanto, la nacionalización de todo el conjunto del sistema financiero (incluyendo la participación en sus empresas correspondientes), incluyendo las empresas aseguradoras, muy ligadas últimamente al sector financiero. Después de este proceso de nacionalización, su gestión será llevada a cabo de la siguiente forma: un tercio de representantes de la Administración, un tercio por los sindicatos, y un tercio por los trabajadores de la entidad.

 

Y todo ello, porque desde la izquierda pensamos que toda la base social de los ahorros de la población, de toda la ciudadanía, no pueden estar en manos privadas, sino públicas, y sus objetivos dependerán del plan económico de que dote el Estado a sus bancos participados. Esto puede chocar en las mentalidades liberales y capitalistas que nos llevan imponiendo durante décadas, pero hay que cambiar dicha mentalidad. El nuevo Sistema de Banca Pública creado deberá prohibir toda práctica de carácter especulativo, y centrarse en una Banca ligada a la economía productiva, desarrollando las funciones de Banca Comercial, Banca Postal, Banca de Inversión, Banca de Ahorros y Banca de Deuda Pública. En cualquier caso, las estrategias iniciales de todo este sector público bancario serán las siguientes:

 

1.- Después de realizar una Auditoría Pública y transparente de las cuentas de todas las entidades financieras, aprobar una indemnización a los pequeños accionistas que tengan un capital menor de 100.000 euros.

 

2.- Renunciar al Pago de la Deuda Pública ilegítima, deuda originada por la falta de ingresos fiscales de las rentas altas tras las reformas realizadas por los Gobiernos del PSOE y del PP durante las últimas décadas, así como por las deudas contraídas por las propias entidades financieras. 

 

3.- Se debe abrir una Investigación Judicial para depurar las responsabilidades de los directivos y grandes accionistas de las entidades bancarias, pudiéndoseles exigir responsabilidades económicas y penales. 

 

4.- Eliminación de la Ley por la cual prescriben temporalmente los delitos con la Hacienda Pública.

 

5.- Eliminación del FROB y del SAREB, dos de los instrumentos que han servido, desde el contexto de las últimas reformas financieras, para dotar de fondos públicos a las entidades que habían llegado a una situación de insolvencia. Entendemos que una vez nacionalizadas defitivamente las entidades, estos instrumentos ya no son necesarios. 

 

6.- Readmisión de todos los trabajadores que hubiesen sido despedidos de sus respectivas entidades, a las nuevas entidades nacionalizadas, después de la reestructuración propuesta para la nueva Banca Pública.

 

7.- Diseñar un plan de devolución de todo el capital ingresado por los clientes estafados mediante productos financieros engañosos u opacos, tales como las llamadas participaciones preferentes.

 

8.- Limitación de los salarios de todos los trabajadores, como máximo, al triple del SMI (Sueldo Mínimo Interprofesional, elevado en nuestra propuesta a 1.100 euros brutos mensuales), en las mismas condiciones que el salario máximo de un cargo público.

 

9.- Incompatibilidad para formar parte de la Dirección de las nuevas entidades públicas, a cualquier persona que haya formado parte de los Consejos de Administración de las entidades financieras privadas, durante los últimos 10 años.

 

10.- Obligación, para las nuevas entidades públicas, de rendición de cuentas anualmente, no sólo ante el Tribunal de Cuentas, sino ante el Parlamento.

 

11.- Se establecerá un control efectivo del movimiento de capitales, y se intervendrán las sucursales o filiales de bancos españoles en paraísos fiscales, a fin de evitar que las grandes fortunas eludan sus responsabilidades fiscales y sociales. De igual forma, ninguna entidad bancaria podrá abrir sucursales en ningún paraíso fiscal.

 

12.- El conjunto de viviendas vacías en poder de las entidades financieras, pasará a engrosar un Parque Público de Vivienda Social, que se alquilarán a precios asequibles mediante una empresa pública de alquiler a un precio, como máximo, del 10% de la renta de la familia necesitada. Se les condonará íntegra e inmediatamente la deuda de su hipoteca a todas las personas deshauciadas por falta de recursos, aplicando, como ya hemos recogido en nuestras propuestas del bloque anterior, la dación en pago con carácter retroactivo.

 

13.- Como norma general, todas las personas y familias verán rebajadas su aportación a la hipoteca a un 10% de su renta disponible.

 

14.- La Obra Social de las Cajas de Ahorros, cuya utilidad social se acredite, se incorporará mediante el adecuado proceso a los diferentes servicios públicos de las correspondientes Administraciones.

 

15.- Se habilitarán líneas de crédito suficientes para pequeñas y medianas empresas, autónomos y familias, a un bajo interés.

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28 enero 2013 1 28 /01 /enero /2013 00:00

Vamos a profundizar en este artículo sobre otro de los famosos frentes abiertos de este Ministerio de Justicia, como son las tasas judiciales. De entrada, es notorio señalar el enfrentamiento de todos los sectores implicados con el Ministro Gallardón, algo que nunca había ocurrido en democracia. En efecto, jueces, fiscales, procuradores, abogados, secretarios judiciales, personal funcionario y laboral del Ministerio, etc., incluso el propio CGPJ, han salido a denunciar el aberrante enfoque del tasazo judicial. Y es que Gallardón ataca aquí a otra de las líneas de flotación del Estado Social y Democrático de Derecho, como es el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva.

 

tasas_judiciales1.jpgEste ataque se basa en un grosero y desorbitado incremento, tanto en número como en cuantía, de las tasas judiciales, lo cual en la práctica va a acabar con otro de los servicios públicos fundamentales, como es la Justicia. Numerosos ataques previos se habían producido ya en esta línea, como por ejemplo el debilitamiento del Turno de Oficio, que garantizaba que cualquier persona pueda ejercer su derecho a una defensa digna. Y con las tasas judiciales, al igual que con el euro por receta en el campo sanitario, lo que se produce es un re-pago de los servicios públicos por parte de toda la ciudadanía, lo que acaba con su principio de gratuidad y universalidad. Ya hemos explicado en otros muchos artículos el sentido de las tasas o precios públicos, así que no vamos a insistir en ello. Recomiendo sobre todo a mis lectores el titulado "Sobre co-pagos y re-pagos", publicado en este mismo Blog, y que retrata perfectamente la filosofía que se esconde detrás de la aplicación de las tasas.

 

tasas_judiciales2.jpgPues bien, la denigrante excusa que nos pone esta vez el Ministro Gallardón para la instauración de estas tasas es que con ellas se hará frente a los gastos derivados del sostenimiento del servicio de Turno de Oficio entre los abogados y procuradores, además de tener un efecto disuasorio sobre la interminable recurrencia a algunas instancias judiciales, causa fundamental, según el Ministro, de que algunos procesos se alarguen tanto en el tiempo. De nuevo, Gallardón intenta desviar la atención sobre los problemas fundamentales de la Administración de Justicia, aquéllos que no ve o no quiere ver (más bien nos inclinamos por lo segundo), y que se solucionarían con el incremento del número de jueces y fiscales, y sobre todo, con la modernización tecnológica, de medios y procedimientos, de la propia Administración.

 

tasas_judiciales3.jpgY para tapar su incompetencia, lo único que hace es abordar otros frentes completamente innecesarios, como la reforma del Código Penal (a propósito de la cual el CGPJ duda de su constitucionalidad), o esta injusta aplicación de tasas judiciales, en línea con lo que sus compañeros de otros Ministerios están haciendo, y que se resume en impedir que las clases populares puedan acceder a los servicios públicos fundamentales: Ana Mato nos hace pagar el transporte urgente sanitario, Cospedal anula los servicios de urgencias nocturnos de los pueblos de su Comunidad, Ignacio González les hace pagar a los madrileños un euro por receta, o Gallardón nos implanta las tasas judiciales. En el fondo, todo va dirigido a lo mismo, en un pérfido plan de ataque sin fin a la protección social de las clases trabajadoras.

 

Y esto es lo que hay. Y va a ser difícil explicar a los ciudadanos que tienen que pagar unas tasas, a veces desorbitadas, por acceder a una Administración de Justicia “obsoleta, añosa, desnortada y caótica, incomprensible en su funcionamiento e incapaz de generar confianza ni hacia dentro ni hacia fuera”, según definición dada por los Jueces Decanos del Estado Español reunidos en Vitoria en su XXI Encuentro Anual en noviembre del año pasado. Y si vamos al fondo de sus argumentos, siempre nos encontramos con los mismos, ya que el preámbulo de la Ley 37/2011, de 19 de octubre, de medidas de agilización procesal, apuntaba ya la posible causa de este “caos”: Según la citada norma “El sobrevenido aumento de la litigiosidad es indicativo de la confianza cada vez mayor que los ciudadanos depositan en nuestra Administración de Justicia como medio para resolver sus conflictos y pretensiones, pero al propio tiempo ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir profundas reformas para asegurar la sostenibilidad del sistema y garantizar que los ciudadanos puedan disponer de un servicio público de calidad”.

 

tasas_judiciales4.jpgPero entonces, como indican en el Blog de Red Jurídica: "Sin duda el engaño es groso y la contradicción manifiesta, toda vez que admite el legislador que se ha producido un aumento considerable del recurso a los tribunales por parte de los ciudadanos para resolver conflictos, pero en vez de aumentar los medios de juzgados y tribunales, el número de éstos, las plantillas funcionariales o los medios técnicos y materiales, como aconsejaría la lógica, interpreta que este ejercicio legítimo de un derecho fundamental y el uso de un servicio público como es la Administración de Justicia se está haciendo de manera irracional y abusiva, y es por ello por lo que el sistema se encuentra colapsado, siendo por tanto necesario poner algún tipo de traba a su acceso y utilización, y sabemos desde siempre que no existe mejor cortafuegos para estas cosas que el económico". Creo que queda perfectamente explicado.

 

tasas_judiciales5.jpgA ello se une también el proceso de privatización que se está llevando a cabo con el Registro Civil, cuyos medios y procedimientos van a ser desviados a los Notarios y Registradores de la Propiedad, que aún siendo funcionarios públicos, no cobran directamente del Estado, sino de las tasas que recaudan. Por su parte, las tasas se imponen a cualquier persona, sea física o jurídica, y si es física, sólo se exime a quienes tengan ingresos inferiores a 12.780 euros anuales, computando no sólo los del propio interesado, sino los de toda su unidad familiar (doble del IPREM, límite para el derecho a la justicia gratuita, el mismo indicador que se ha usado para impedir los deshaucios). En algunos casos es tremendamente sangrante, como en las multas o en las reclamaciones de consumo, ya que nadie va a poder defenderse de los abusos de las grandes empresas, pues además de tasas altísimas para pleitos cotidianos, se imponen también tasas en asuntos pequeños, que directamente disuaden de reclamar, por ser mayor la tasa en cuestión que el propio importe reclamado. Una indecencia más de este Gobierno, que sólo protege a los poderosos.

 

Como conclusión, esta introducción y elevación de tasas judiciales (entre 50 y 750 euros, dependiendo del procedimiento), junto con la supresión de los SOJ (Servicios de Orientación Jurídica) y los ataques al Turno de Oficio, representan en su fase actual el total desmantelamiento del servicio público de la Justicia, tal y como figura en nuestra Constitución, y veníamos disfrutando hasta ahora (con sus defectos y limitaciones, claro está). El modelo de una justicia accesible para todos, gratuita y de calidad se desmorona, consagrando una Justicia de dos o más velocidades, donde la capacidad económica de los "clientes" del servicio va a hacer depender no sólo la posibilidad de su acceso, sino seguramente también su rapidez. Una Justicia de ricos y otra de pobres, al igual que está ocurriendo en Sanidad o Educación. Un nuevo estallido social está servido con este asunto.

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25 enero 2013 5 25 /01 /enero /2013 00:00

En esta entrega de los artículos sobre la LOMCE complementaremos la filosofía mercantilista y competitiva que este Anteproyecto de Ley declara en el ámbito educativo, pues si en el artículo anterior ya expusimos los puntos de vista que plasmaban la clasificación en ránkings de los centros educativos, y el pago por resultados a los mismos, aquí abordaremos la filosofía de la llamada "Nueva Gestión" de los centros, con lo cual ya tendremos un panorama completo de cómo esta contrarreforma involuciona los parámetros educativos, sus fines y objetivos. Podemos afirmar de entrada, que la denominada "Nueva Gestión" complementa la resurrección de todas estas viejas recetas franquistas, y va perfectamente en línea con la filosofía mercantilista y empresarial que la LOMCE pretende darle al ámbito educativo.

 

lomce91.jpgEn una palabra, esta Ley pretende gestionar los centros públicos educativos según las recetas de la empresa privada (gestión que no debería darse ni siquiera en los centros educativos privados), mediante una mayor autonomía financiera que requiera de fuentes de financiación privadas, ante la insuficiencia de la financiación pública. Ello conllevará que los centros públicos puedan disponer de financiación externa de patrocinadores (empresas) que impongan sus logotipos, filosofía, objetivos y exigencias, introduciendo los intereses privados y mercantiles en la educación pública. Nos parece en primer lugar de un cinismo de caballo (ya que la insuficiencia de recursos públicos es patrocinada por el propio Ministerio, que es el que obliga a los recortes), y en segundo lugar una prostitución en toda regla de la propia naturaleza de la Educación, que debe quedar al margen, si es que de verdad quiere ser un servicio público para formar a personas, de intereses privados.

 

lomce92.jpgA ello se añade la especialización de los centros para ofrecer una oferta "competitiva" y "diferenciada" a su "clientela" (pervierten hasta el lenguaje), expresada en los siguientes términos: "El proyecto educativo de los centros docentes con especialización curricular deberá incorporar los aspectos específicos que definan el carácter singular del centro" (Art. 121.8), y "se podrá suponer la especialización de los centros en los ámbitos curricular, funcional o por tipología del alumnado" (Art. 122.4). Como vemos, se intenta "vender" un centro educativo público como se vende un producto en cualquier campaña privada de márketing, resaltando los aspectos atractivos para sus supuestos "clientes". Además, se consagra legalmente la exclusión de determinado "tipo" de alumnado (como inmigrantes, minorías o quienes tengan dificultades de aprendizaje), como viene siendo práctica habitual en buena parte de los centros concertados, tal como muestran las estadísticas oficiales anualmente.

 

lomce93.jpgSe deduce también de todo este planteamiento que se aporta una visión elitista de la educación pública, ya que se apoya oficialmente una educación no inclusiva, sino diferenciada, atendiendo a criterios propios de cada centro educativo. Ello va muy en la línea de algunas ideas vertidas por la ex Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en el sentido de crear Colegios o Institutos "de Excelencia", apartados geográficamente del resto, donde colocarían a los alumnos que destacasen en las materias educativas concretas, o tuvieran especiales dotes de inteligencia o capacidad. Todos estos planteamientos son muy graves si se llevan a la Educación Pública, que debe velar por la escuela universal e inclusiva, y por la formación integral plena de todo el alumnado. La LOMCE, como se ve, rompe con este principio. Pero no quedan aquí las novedades.

 

lomce94.jpgEsta "Nueva Gestión" implica también para el Director/a del Centro "la autonomía para su ejecución, tanto desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos, como de los recursos materiales y financieros", que se introduce en que los Directores/as podrán establecer los requisitos y méritos para la selección de puestos de personal funcionario, y podrán rechazar personal interino procedente de las listas o bolsas de empleo creadas a tal efecto. Se abre también la puerta a la contratación libre de personal por parte de la Dirección. Se expresa así en el articulado: "El Director del Centro dispondrá de autonomía para adaptar los recursos humanos estableciendo requisitos y méritos específicos para los puestos ofertados de personal, pudiendo rechazar la incorporación de personal procedente de las listas centralizadas, así como de proponer el nombramiento de determinado profesorado" (Art. 122.4). Se quiebran por tanto todos los procedimientos de transparencia, mérito e igualdad en la conformación de las plantillas docentes. Y esto abre, aún más, el camino de manera alarmante para la privatización de la gestión de los centros públicos, así como de su financiación.

 

lomce95.jpgTodo ello representa un paso más en la dirección (ya abierta en muchos otros frentes) de acabar con el funcionariado público, con la filosofía del empleado público, con su régimen de seguridad, protección y estabilidad, para sustituirla por la filosofía de la empresa privada, y por tanto por la precariedad e inestabilidad de las plantillas de personal de una empresa privada. En este sentido, la Educación se suma al mismo carro donde están llevando a la Sanidad, mediante la privatización (que ellos llaman "externalización") de la gestión de servicios, hospitales y centros de salud, para redirigirlos a la empresa privada. Alegan que toda esta migración no acabará con los principios de gratuidad y universalidad, pero ya estamos viendo que todo es una inmensa mentira, y una tremenda manipulación de la opinión pública. No debemos caer en estas trampas, ni aceptar siquiera la duda de que una empresa privada pueda "gestionar" mejor un servicio público de lo que lo hace la propia Administración.

 

También esta nueva "capacidad de gestión" y reorganización de los recursos humanos, como si los Colegios e Institutos fueran empresas, facilita introducir en ellos los criterios de movilidad (funcional y geográfica) del profesorado, moviéndolos de un centro a otro, de una etapa a otra, de un turno a otro, e incluso de una asignatura a otra, tal como establece la Disposición Transitoria, que se expresa en los siguientes términos: "Las Administraciones Educativas, por necesidades de servicio o funcionales, podrán asignar el desempeño de funciones en una etapa o, en su caso, enseñanzas distintas de las asignadas a su cuerpo con carácter general, al personal funcionario perteneciente a alguno de los cuerpos docentes", y "podrán trasladar al personal funcionario a centros educativos distintos al de su destino". De este modo, no se respetarán las especialidades y la preparación del profesorado, pudiendo ser destinados a etapas y especialidades que no les correspondan. En definitiva, es como si la LOMCE hubiera incorporado al profesorado todas las condiciones y características de cualquier convenio laboral surgido de la última reforma. El Colegio o Instituto Público funcionarán como la empresa: normas, criterios y objetivos. En el artículo siguiente expondremos cómo esta Ley también socava la participación democrática en los centros educativos. Se mire por donde se mire, la LOMCE no tiene desperdicio.

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24 enero 2013 4 24 /01 /enero /2013 00:00

Vamos a tratar en este artículo de la serie que estamos dedicando al Federalismo lo relativo a los Derechos de la Ciudadanía, en el Estado Federal que nosotros proponemos desde la izquierda. Como no puede ser de otra manera, se trata de un tema crucial, fundamental para organizar no sólo una convivencia avanzada, sino también un Estado garantista de todos los Derechos Fundamentales de los ciudadanos/as de todos los territorios federados. El objetivo final, como ya hemos venido comentando en nuestra idea de Federalismo, es conseguir un auténtico Estado Social, Participativo y Solidario. Nuestra actual Constitución se queda en una regulación muy laxa, casi en una enumeración, de dichos Derechos. Nosotros entendemos que una futura Constitución Federal debe no sólo dar cabida y reconocimiento a todos los Derechos Fundamentales, sino además obligar a desarrollar una normativa que los regule y les dé la prioridad necesaria.

 

Deben figurar aquí todos los derechos de lo que pudiéramos denominar la Ciudadanía Social, concepto que aparece con fuerza para significar la preponderancia de las personas dentro de los sujetos político-jurídicos soberanos. Y por tanto, a modo de un superconjunto del clásico concepto de ciudadanía de un país, pueblo, región o nación, la Constitución Federal define a la Ciudadanía Social como la destinataria del reconocimiento de todos los Derechos, objetivos y subjetivos, individuales y colectivos, ampliando el catálogo de los mismos que la actual Constitución reconoce (Trabajo, Vivienda, Sanidad, Educación, etc.), y extrapolándolo a los Derechos de Subsistencia, Alimentación, o Participación, entre otros. La Ciudadanía Social representa el ente ciudadano por excelencia, en su mayor dimensión, al que se le debe la protección de sus derechos, y la garantía del reconocimiento de los mismos, así como la aplicación de políticas efectivas para alcanzarlos. Pero no de una forma teórica o declarativa, sino de una forma efectiva y formal.

 

De esta manera, el Estado Federal por el que nosotros apostamos tiene que ser el garante final de la traducción a derecho positivo de los Derechos Humanos, reconocidos en todas las Declaraciones y Acuerdos Internacionales (Carta de Naciones Unidas, sus diferentes Convenciones y Declaraciones, etc.), y que tienen que pasar a ser exigibles por todos los ciudadanos/as. Hasta que no nos creamos esto del todo no seremos capaces de diseñar un buen Estado Federal, y una buena Constitución Federal que le de soporte, amparo y marco jurídico. Y esto no sólo ha de afectar a los derechos de ámbito personal, de la esfera privada o de ámbito político como tal, como ya se recoge en nuestra Constitución de 1978. Además, deben figurar todos los Derechos Sociales y Culturales (como el Derecho a la Educación, el Derecho al Trabajo, el Derecho a la Vivienda, etc.), que deberían adquirir la categoría de exigibles de forma efectiva, individual y colectivamente.

 

Las políticas económicas y sociales deberán estar al servicio del cumplimiento de tales exigencias, es decir, de la instauración de una Ciudadanía Social. Y esta Ciudadanía Social debería instaurar el derecho a la participación en las empresas, así como el derecho a la participación en los órganos locales, regionales y estatales de decisión de las políticas económicas y financieras. Es el principio de la Democracia Económica, fundamental para una política de control y planificación de la economía por parte de la clase trabajadora, y germen primigenio para poder evitar en el futuro nuevas crisis. La Ciudadanía Social debe abarcar y comprender también el concepto de Ciudadanía Ambiental, es decir, la plasmación de los derechos ambientales de las personas, que tienen que adquirir también la categoría de exigibles.

 

La Constitución Federal, por lo tanto, deberá recoger todos estos derechos, que serán de aplicación a todos los ciudadanos/as, independientemente del lugar donde residan. De esta forma, el Estado Federal garantiza unas cotas mínimas de reconocimiento de derechos, que luego cada pueblo federado podrá ampliar (nunca restringir) con total autonomía e independencia. Pero esto es importante: el Estado Federal garantiza el reconocimiento y la garantía mínima de unos Derechos Humanos Fundamentales, así como la prestación en todos los pueblos federados de unos Servicios Públicos, recogidos en la Constitución Federal. El Estado Federal nunca podrá restringir estos mínimos, pero sí ampliarlos, mediante la garantía de autonomía de sus pueblos. El catálogo mínimo debiera constar, al menos, de los Derechos de Subsistencia, Educación, Sanidad, Trabajo, Vivienda, Igualdad, Información y Participación, y de los servicios públicos de Alimentación, Servicios Sociales, Dependencia, Protección Medioambiental, Justicia, Seguridad, Banca, Medios de Comunicación (incluyendo el acceso a Internet), Transportes, Energía y Agua. Todos ellos, por tanto, formarían los mínimos exigibles en cuanto a Derechos Fundamentales y Servicios Públicos, gratuitos y universales.

 

A ese nivel, por tanto, tendremos un Estado Federal garantista de la inversión en protección social, en calidad del empleo, en protección medioambiental y en justicia fiscal, todo lo contrario de lo que tenemos ahora, sobre todo a tenor de la última reforma constitucional de agosto de 2011, patrocinada por el tándem PP-PSOE. La Constitución Federal deberá garantizar, negro sobre blanco, que las políticas públicas están obligadas a alcanzar y mantener un nivel de inversión en protección social que garantice la cobertura de todos esos derechos a toda la población de todos los pueblos federados. Concretará asímismo el principio de progresividad fiscal, que obligará a la que carga fiscal sea mayor para quien más capacidad tenga, y más beneficios obtenga. Se indicará también la obligación por parte de los poderes públicos de perseguir el fraude fiscal e impedir la economía sumergida, ya que el Estado garantiza, mediante todo el sistema de derechos fundamentales antes comentado, que la ciudadanía posee los recursos mínimos para poder vivir dignamente. Se garantizará igualmente en la nueva Constitución Federal la consagración de un sistema y de una Ley Electoral realmente justa y proporcional, y todos los mecanismos de democracia representativa, decisoria y revocatoria.

 

De igual forma, la nueva Constitución Federal declarará el Estado Federal Español como un Estado Laico, donde las políticas públicas no apoyen ni financien ninguna confesión religiosa, así como la renuncia a la guerra como medio de alcanzar ningún objetivo social, político, o geoestratégico con terceros países, o en general como instrumento de política internacional. El Senado se declarará como la Cámara Federal de Representación Territorial, es decir, de todos los territorios federados. Y por supuesto, declarará la instauración de los principios de democracia económica en las empresas, mediante un mayor control y representación de los trabajadores, así como la renuncia a los principios de inspiración neoliberal, tales como la primacía de tener que pagar la deuda y sus intereses, antes de cualquier tipo de inversión social. De esta forma, declarará los principios fundamentales que inspirarán una economía al servicio de las personas en vez de al servicio de los mercados, entrando en la tan ansiada esfera de las políticas pensadas para la satisfacción de las necesidades humanas, renunciando a los postulados básicos del capitalismo. Continuaremos en el próximo artículo, exponiendo las ideas sobre un Gobierno compartido y un Proyecto Federal común.

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23 enero 2013 3 23 /01 /enero /2013 00:00

Vamos al segundo apartado de nuestras propuestas económicas y sociales, centrándonos esta vez en garantizar y/o recuperar (hacer efectivos, en una palabra) nuestros derechos sociales y de ciudadanía. Pensamos a este respecto que el Estado debe garantizar todos los siguientes derechos de una forma digna: la Vivienda, la Sanidad, la Educación y la Atención Social en situaciones de Dependencia. Pensamos que además un nuevo Proceso Constituyente que nos llevara a una nueva Constitución Federal debería reconocer más derechos de ciudadanía social, pero eso lo dejamos para otros artículos (véase la serie que estamos publicando sobre el Federalismo). En resumidas cuentas, los derechos que nuestra actual Constitución define, tanto objetivos como subjetivos, debieran estar completamente garantizados.

 

Este Bloque Social de medidas podría comenzar derogando la nueva Ley de Alquileres, sustituyéndola por otra que otorgue mayor seguridad jurídica a los inquilinos, y también derogando la actual Ley Hipotecaria, contemplando los puntos que propusimos en su respectivo artículo, donde me remito. Además, proponemos las siguientes medidas:

 

1.- Todos los servicios públicos privatizados serán devueltos al sector público. Sus trabajadores serán subrogados. Las empresas privadas afectadas serán indemnizadas, tras una auditoría previa de la empresa en cuestión y del servicio prestado, que determine el estado real de la misma y su cumplimiento de los pliegos de condiciones, hasta un máximo de 100.000 euros por accionista, y sin superar, en ningún caso, el precio que se pagó por su privatización. Esto incluirá los centros sanitarios de la red pública que han sido construidos y gestionados por la iniciativa privada. En última instancia, y después de este proceso, no debemos dejar vestigio alguno de presencia privada en los sectores que se dedican a los servicios públicos fundamentales.

 

2.- Se suprimirán los conciertos con entidades educativas y sanitarias privadas en el plazo máximo de un año. En este sentido, los centros concertados podrán elegir entre incorporarse a la red pública si reúnen las condiciones adecuadas para ello, con la correspondiente subrogación de las plantillas, o bien continuar ejerciendo su labor como centros privados, sin ayudas públicas. A este respecto, proponemos la derogación de la Ley 15/1997.

 

3.- Creación de una Agencia Pública de Dependencia en todas las Comunidades Autónomas, que garantice con prestaciones directas la cobertura a todas las personas dependientes. Como hemos demostrado en otros muchos artículos, la Ayuda a la Dependencia, cuarto pilar del Estado del Bienestar, es un servicio público totalmente sostenible, si se potencia y se le dedican los suficientes fondos y recursos públicos, humanos y materiales.

 

4.- Puesta en marcha de un Plan de Ampliación de los Servicios Públicos, aumentando el gasto social de forma que se elimine nuestro déficit social respecto a los demás países europeos, y acabar con ello con el subdesarrollo social del Estado Español. En este sentido, el primer paso será restituir a sus antiguos empleos a todos los trabajadores públicos despedidos con toda la oleada de recortes sociales sufridos, sobre todo, desde el año 2010 hasta aquí. En especial, este Plan de Ampliación deberá dar cobertura a nuevos nichos de empleo de nuestro Estado del Bienestar inexistentes o insuficientemente cubiertos, tales como Educación Infantil de 0 a 3 años, ampliación del catálogo de cobertura de prestaciones y servicios sanitarios, etc.

 

5.- Se establece la prohibición de deshauciar a cualquier familia de su vivienda, por carecer de recursos suficientes para pagar su hipoteca. La vivienda afectada por esa situación pasará a formar parte del Parque Público de Viviendas, y la familia que la ocupaba pasará a pagar un alquier social acorde con sus posibilidades, sin que nadie pueda echarles de la misma.

 

6.- Aplicación con carácter retroactivo de la dación en pago a todas aquéllas familias que hayan sido deshauciadas de sus viviendas, por falta de ingresos suficientes.

 

7.- Creación de un Parque de Viviendas en régimen exclusivo de Alquiler Social, de gestión pública. Los responsables de su gestión serán las Comunidades Autónomas respectivas, así como los Ayuntamientos. Tras un examen detallado, todas las viviendas en manos de las entidades financieras que reúnan las condiciones para ello, se considerarán expropiadas y se incorporarán a este parque.

 

8.- Ninguna vivienda podrá estar vacía durante un tiempo ilimitado, sin causa justificada. A este respecto, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, mediante las respectivas Agencias Públicas de Alquiler, velarán por el cumplimiento de esta norma, garantizando que se alquilen a precios asequibles, y dando garantías al propietario tanto del cobro del alquiler como del buen uso de la vivienda. Una familia propietaria de una vivienda alquilada podrá disponer de ella siempre que la necesite cualquiera de sus miembros para vivir en ella, o bien desee venderla.

 

Continuaremos en el próximo artículo con las propuestas de reforma del sector financiero, y relativas a la Banca Pública, Ética y Social.

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22 enero 2013 2 22 /01 /enero /2013 00:00

Los casos de indulto se están poniendo muy en boga últimamente, con algunas recientes concesiones bastante escandalosas por parte de este Gobierno del PP, así que parece que ya va siendo hora de poner también un poco de orden, justicia, cordura y sensatez en este tema. Hace pocas semanas, el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural ha solicitado una reforma de la Ley que regula el indulto en nuestro país, sobre todo para excluir de su ámbito de aplicación algunos tipos de delitos. Por su parte, el Ministro Gallardón (Ministro de la Injusticia, como se ha dado en llamar), no contento con los otros frentes polémicos que tiene abiertos (reforma del Código Penal, tasas para algunas instancias judiciales, etc.), consultado sobre estos temas, lo único que ha argumentado, cosa evidente, es que es el Gobierno (Poder Ejecutivo) el que tiene la potestad de aplicar dicho derecho de gracia, cuando entienda que concurren ciertas circunstancias.

 

indulto1.jpgLa polémica se ha recrudecido bastante con algunos casos muy sonados, que han entrado en la esfera de la violencia policial o de la seguridad vial, que incluso han generado discordancias con su homólogo de Interior, Jorge Fernández Díaz. Es hora por tanto de hacer un repaso a la naturaleza de esta Ley, y de actualizarla para hacerla más justa. Me remito para esta exposición al contenido de la reforma solicitada por Izquierda Unida. Básicamente, dos son los objetivos que se deberían conseguir en torno a la Ley del Indulto, como son el poner fin al uso y abuso indiscriminado de esta alternativa por parte del Gobierno de turno, seguramente a favor de sus propios intereses, y de otra parte, garantizar la transparencia y adecuación de cada una de las decisiones que se puedan adoptar en el marco legal. De entrada, hay que hacer notar que estamos ante una Ley antigua, muy antigua, que data concretamente del año 1870, donde evidentemente, la situación y el contexto político y social del país eran enormemente diferentes.

 

indulto2.jpgHagamos pues un poco de historia. Rescato textualmente uno de los párrafos de la Proposición No de Ley propuesta por IU, en torno a la propia naturaleza del indulto: "Y es que el indulto es una rémora del pasado señorial, una figura anterior a la revolución liberal que se vincula al derecho de gracia del monarca, y que colisiona con la separación de poderes y con la soberanía popular. El Fuero Juzgo, por ejemplo, utiliza el término "merced", en tanto que las Partidas distinguen entre "misericordia", "merced" y "gracia", términos religiosos que en nada sorprenden, dado el origen religioso de esta práctica del perdón, un derecho o prerrogativa reconocida al Rey el día del Viernes Santo". Podemos añadir que algunos vestigios religiosos nos quedan de estas prácticas, como en la Semana Santa Malagueña, donde la Cofradía de El Rico libera cada Miércoles Santo a un preso local. Dicha figura del indulto se mantiene desde la Constitución de Cádiz de 1812, la de 1837, y en la de 1869, con ligeras variantes. Durante la I República, se suprimieron los indultos salvo para los casos de pena de muerte, y una vez restaurada esta figura, sólo se modificó en 1938, al final de la Guerra Civil, y en 1988, con el Gobierno de Felipe González.

 

indulto3.jpgIncluso con estas modificaciones del año 1988, la capacidad o prerrogativa del indulto adolece de mecanismos de control y sobre todo, de restricciones y concreciones para su aplicación muy sonadas. Desde la izquierda, creemos que hemos de poner freno en un punto fundamental: endurecer la posibilidad de que el Gobierno pueda recurrir a esta medida de gracia para evitar que cumplan sus condenas quienes han sido condenados por la justicia. Porque básicamente, lo que la Ley del Indulto plantea es un salto, una invasión de competencias del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, que como sabemos, son dos poderes independientes del Estado, por lo cual las invasiones entre ambos debieran estar lo más delimitadas posible. En este sentido, ni la Justicia debiera estar politizada (aunque los que aplican la Justicia son humanos, y por tanto susceptibles de poseer inclinaciones ideológicas), ni el Gobierno debiera judicializar sus decisiones. Este sería el marco perfecto, difícil de conseguir ciertamente.

 

indulto4.jpgEntrando ya en los tipos de delitos que se debieran excluir de la posibilidad de indulto, pensamos que debieran recogerse los delitos de tortura, terrorismo, electorales, ecológicos, así como una amplia relación de delitos de origen económico, como pueden ser la estafa, el blanqueo de capitales, los delitos societarios, y los delitos dirigidos contra la Administración y la Hacienda Pública, la malversación y el fraude, la prevaricación urbanística o los denominados delitos masa, variable del delito patrimonial referido a los casos de fraude colectivo. No obstante, intentado ir a la raíz del problema, hemos de reconocer que un buen Código Penal reduciría drásticamente el número de indultos, ya que en principio, un indulto se entiende únicamente en el sentido de "corregir" lo que la acción de la justicia ya sentenció en su momento. Pero la situación en la práctica es muy diferente, pues se está convirtiendo en norma lo que debiera constituir una excepción.

 

indulto5.jpgEn efecto y según las estadísticas, somos uno de los países occidentales donde el Gobierno abusa más de esta arbitraria prerrogativa, que debiera usarse únicamente en casos extremos. Según nuestro Boletín Oficial del Estado (BOE), y desde 1977, es decir, desde la época de la Transición, se han dictado más de 17.000 indultos, y la casuística que recoge todos estos casos es muy variada, pero siempre muy preocupante, pues nos encontramos con terroristas de los GAL, policías torturadores, políticos y empresarios corruptos, banqueros delincuentes, jueces prevaricadores, o militares falsarios. Sólo durante el año 2012, el Gobierno ha concedido casi 500 indultos. Este escenario debe ser corregido, pues entendemos que es otro de los factores que contribuyen a dar la sensación a la ciudadanía de que estos poderes del Estado (el Ejecutivo y el Judicial) ofrecen cada vez menos confianza. El abuso, pues, del indulto socava la propia democracia, siendo impropio de un Estado de Derecho.

 

indulto6.jpgLuego por tanto, lo que se propone básicamente es un mayor número de filtros a la hora de aplicar los indultos, así como un catálogo de los delitos que debieran estar excluídos de su aplicación real. En realidad, el indulto debería desaparecer, o quedar, en todo caso, como una medida muy residual, que se aplique únicamente en casos muy excepcionales, de manera argumentada y con un control judicial y parlamentario reforzado. Porque la filosofía del indulto, como estamos argumentando, implica afirmar la falta de necesidad de la ejecución de la pena. Y sólo se justifica cuando el cumplimiento de aquélla no desempeñe finalidad preventiva o resocializadora, o bien cuando resulte desproporcionada. En ambos casos, bien debido al cambio sobrevenido en las circunstancias de la persona inicialmente condenada, o bien debido a las singulares particularidades del hecho que hacen que no merezca ya ese reproche penal. Y actualmente, pensamos que el Gobierno instrumentaliza el indulto para la consecución de fines ajenos a los que lo justifican.

 

Ante una posible propuesta de indulto gubernamental, el Gobierno debiera en primer lugar someterse a los tipos de delitos para los que sea aplicable. Después, debiera someterse al dictamen del Tribunal sentenciador que dictara sentencia en su día contra el reo. Y en caso de informe desfavorable de éste, el Gobierno deberá someter su petición de indulto a una Comisión Mixta Parlamentaria, compuesta por representantes parlamentarios de las diversas fuerzas políticas, y por miembros del Consejo General del Poder Judicial, para que emitan un informe final, que deberá ser vinculante para el Ejecutivo. De esta forma, pensamos que cada posible concesión de indulto, además de estar más circunscrita a los tipos razonables de delito, estará más consensuada por los representantes políticos y judiciales. En definitiva, endurecimiento de la posibilidad de concesión de indulto, unido a una mayor democracia decisoria en torno al mismo.

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21 enero 2013 1 21 /01 /enero /2013 00:00

Partiendo de un artículo de José Francisco Bellod Redondo publicado en Mundo Obrero, vamos a referirnos al famoso SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), conocido popularmente como "Banco Malo". Digamos en primer lugar, que en su Consejo de Administración figura una famosa personalidad de los tiempos del franquismo, como es Rodolfo Martín Villa. Otra prueba más de que el régimen actual saluda constantemente al régimen anterior, y reconoce siempre que puede a sus viejos paladines. Bien, entrando en materia, este SAREB acaba prácticamente de constituirse, ha comenzado a funcionar el pasado mes de Diciembre, y representa básicamente, como ya hemos venido adelantando en otros artículos, otra herrarmienta más al servicio del rescate y reflotación de nuestra banca privada.

 

banco_malo1.jpgEn efecto, este invento de fina e hilada ingeniería financiera, a modo de macro-inmobiliaria de reciclaje para depositar toda la basura en la que se han convertido muchos títulos en propiedad de las entidades financieras, es otro elemento bien disimulado, otra pieza disfrazada del sistema para proteger a la banca, y salvarla de su hundimiento a costa del empobrecimiento del resto de la sociedad. Se trataba de una iniciativa largamente demandada por nuestro sector financiero, que veía a todas luces (aunque se negara siempre en público) que las sucesivas reformas del sector propuestas por el Gobierno de Rajoy (y antes por el de Zapatero) iban a ser insuficientes para poder sanear los balances bancarios, tan podridos como sus propios directivos. Patrocinada también desde Bruselas (aparecía como una exigencia en el famoso Memorándum), va a permitir que ningún banquero pierda su vida o su patrimonio, ni se arroje por la ventana de su lujoso despacho, al contrario que lleva ocurriendo con la clase trabajadora, donde se han producido ya algunos suicidios y quemas a lo bonzo, como resultado de la situación de acorralamiento de sus vidas (aunque desde algún jerarca católico se haya pretendido negar).

 

banco_malo2.jpgPero es que la idea que se esconde detrás de este invento del "banco malo" es muy fuerte: imaginemos que tenemos un delincuente que ha cometido muchos y variados delitos. Pues bien, en vez de juzgarlo, condenarlo y encarcelarlo para que pague su pena por los delitos cometidos, le creamos desde el Estado (es decir, con los impuestos de todos los ciudadanos/as) un fondo para que deposite algunas de las cosas que robó y de las cuales no se ha podido deshacer, y a continuación le dejamos en libertad para que continúe con sus delitos. Bueno, pues esto es que le estamos permitiendo a la banca privada española mediante este "banco malo", que más bien podría denominarse "banco de la vergüenza". Indignante, intolerable y cruel, máxime cuando esa misma entidad a la que estamos proporcionando esa estupenda plataforma, sigue, por ejemplo, desalojando a gente de sus viviendas, porque se han quedado sin empleo y no pueden pagar su hipoteca. Todo ello constata lo que tantas veces hemos denunciado en nuestros artículos: la Banca, o mejor dicho, el poder financiero, es el cuarto poder del Estado, pero por delante de los otros tres (el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial), así como el más cruel de todos.

 

banco_malo3.jpgMientras que para que algunas entidades comenzaran a reconocer la dación en pago, los sufridos trabajadores/as hemos tenido que soportar y contemplar coacciones policiales, palizas, deshaucios, peleas judiciales, manifestaciones, protestas ciudadanas, etc., la banca sin salir de sus despachos y salas de reuniones ha conseguido la creación del Banco Malo, tantas veces negado por el Ministro Guindos durante los meses anteriores. Ahora, la próxima mentira que vierten es que este invento no va a costarle nada a la ciudadanía de este país, lo cual es, de nuevo, un tremendo engaño colectivo, para tapar las vergüenzas de estos estafadores banqueros que controlan  nuestra economía (y nuestra política, dicho sea de paso). ¿Pero qué es en realidad este SAREB? No es un Banco en el estricto sentido del término, sino una especie de macro-inmobiliaria de capital público y privado, puesta al servicio del sector financiero, encargada de engullir y aglutinar todos los activos tóxicos (viviendas, locales, solares, construcciones no habitadas o en curso, hipotecas basura, etc.) de los bancos, es decir, sus productos invendibles, que van a ser comprados por este banco malo, incluso los ya embargados a sus propios clientes.

 

banco_malo4.jpgEstamos por tanto ante una operación financiera encubierta, bajo el disfraz de una operación abierta y legal, incluso vendida como beneficiosa para todos, de movilización de recursos a favor de la banca, que le inyectará hasta 90.000 millones de euros y dejará limpios sus balances contables, para que se puedan seguir dedicando ¿a qué? Porque aquí viene otra gran paradoja, ya que desde la izquierda pensamos que es falso que todo este engranaje vaya a servir para que fluya el crédito a famlias y a PYMES, y por tanto contribuya a la tan deseada reactivación económica, sino que va a servir únicamente como lavado de cara del sector, para ayudar a la Banca a cumplir con sus compromisos exteriores (pagar lo que deben a otras entidades extranjeras), y procedan a una especie de borrón y cuenta nueva, sin dejar de lado sus actividades arriesgadas, que para nada se han restringido, salvo para aquéllas entidades que han sido nacionalizadas o rescatadas con dinero público.

 

banco_malo5.jpgSegún el Gobierno, este invento servirá para restaurar la confianza perdida internacionalmente en nuestras entidades financieras (que en los tiempos de Zapatero jugaban en la Champions League), ya que cuando descarguen al SAREB sus activos tóxicos, ofrecerán a los mercados financieros internacionales una imagen más robusta y saneada. Pero mucho nos tememos que esto no va a ser así. Y nos basamos en las sucesivas mentiras de los Gobiernos de Zapatero y Rajoy, que con sus incontables reformas del sector sólo han contribuido a que su podredumbre salga a la luz, y a que la ciudadanía pueda comprobar la ponzoña que había dentro. Ni la inyección de dinero público a través del FROB, ni la nacionalización (engañosa) de los bancos quebrados, ni la fusión de las antiguas Cajas de Ahorros han servido para sanear al sector, sino que con la perspectiva que nos da el tiempo y los hechos acaecidos, nos damos cuenta de que todo han sido operaciones de maquillaje para rescatar a los banqueros delincuentes que estaban detrás de todas estas entidades.

 

banco_malo6.jpgTodavía colean las estafas en torno a las participaciones preferentes, y los despidos masivos que van a producirse en muchas entidades, sobre todo en Bankia, donde además, mientras inocentes empleados se van a la calle, Rodrigo Rato se va a Telefónica, para asesorarla internacionalmente. Otro episodio más de esa ponzoña pestilente de la banca española, una de las más indecentes del mundo. Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) ha inyectado hasta ahora a la banca privada española la friolera cantidad de más de 378.000 millones de euros, pero sin embargo, el crédito a los hogares y empresas españolas ha caído en un - 3,65%. Y en cuanto a las repercusiones sobre deuda y déficit públicos, es muy posible que el dinero inyectado acabe empeorando estos indicadores, lo cual nos abocaría en los próximos presupuestos a nuevos recortes sociales (de hecho, la famosa Troika ya ha bendecido los presupuestos para 2014, que presentan una reducción de 50.000 millones de euros, aún más que los presupuestos para 2013).

 

Para pagar a los bancos, el SAREB emitirá bonos avalados por el Estado, lo que automáticamente implicará más deuda pública. Y si el SAREB tiene pérdidas o incluso quiebra, esto se traducirá inmediatamente en una mayor cifra de déficit público, entrando en una diabólica espiral de deuda, recortes sociales e incumplimiento de los objetivos de déficit, tan demandados por Bruselas. Panorama desolador el que nos pinta este nuevo "banco malo", este nuevo diseño de macro-inmobiliaria financiera, creado como despojo de las malas prácticas bancarias, para desviar fondos públicos en su rescate pero sin que lo parezca, engañando una vez más a la ciudadanía, que al final verá cómo su vida se empobrece todavía más, mientras nuestros ilustres banqueros continúan en sus lujosos despachos, o con sus escandalosas pensiones o indemnizaciones. Y mientras, la clase trabajadora continúa tragando, y tragando, y tragando...

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18 enero 2013 5 18 /01 /enero /2013 00:00

Llegamos en este artículo a uno de los temas de la LOMCE de mayor relevancia, que vamos a exponer con profundidad, y que de entrada, podemos afirmar que mejor define la filosofía mercantilista y competitiva que sobre la Educación Pública posee esta gente del Partido Popular, y en concreto este Ministerio de Educación de la Wertgüenza, como se le ha dado en llamar. Nos estamos refiriendo, claro está, al enfoque sobre la propia competitividad entre los centros educativos, su lucha y competencia entre ellos, la existencia de ránkings clasificatorios, el pago por resultados, y en resumidas cuentas, la "nueva gestión" educativa, centrada en la obtención de objetivos y resultados del alumnado, como si de una competición se tratara. En los artículos introductorios ya expusimos esto como una punta de iceberg del estadío final donde se pretende llegar, que no es otro que hacer valer la competitividad como norma sagrada frente a la educación inclusiva, que según nuestro criterio debe prevalecer.

 

lomce81.jpgSe parte de la idea de base, equivocada aberrantemente a nuestro entender, de que la Educación Pública también tiene que ser rentable. No se dan cuenta de que los servicios públicos están en otra dimensión distinta, y no se les puede examinar bajo el prisma del rendimiento, de la obtención de beneficios o resultados, en fin, de las pérdidas y las ganancias. Un servicio público funciona bajo otros parámetros completamente distintos, y la única rentabilidad que es lícito observar es la rentabilidad social. Bien, para ir centrándonos en este aspecto de la LOMCE, vamos en primer lugar a rescatar algunos fragmentos de su articulado, para meternos rápidamente en situación. Esta contrarreforma busca someter los centros educativos a las exigencias del mercado, especialmente a la competitividad, estableciendo pruebas externas a nivel nacional, para ofrecer una clasificación de Colegios e Institutos según sus resultados en ránkings públicos donde se ordenarán, como si de una liga de fútbol se tratara, en centros con buenos, regulares o malos resultados.

 

lomce82.jpgDe esta forma, el Artículo 140, relativo a los ránkings de centros, suprime el apartado 2 donde se especificaba que los resultados de las evaluaciones no podrán ser utilizados para valoraciones individuales de los alumnos, o para establecer clasificaciones de los centros. Y el Artículo 143.4 dice textualmente: "Los resultados de las evaluaciones de final de etapa y diagnósticas que se realicen, serán puestos en conocimiento de la Comunidad Educativa mediante indicadores educativos comunes para todos los centros educativos españoles, sin identificación expresa de datos de carácter personal". Y por su parte, el Artículo 147.2 ordena: "Se publicarán los resultados de los centros educativos según indicadores educativos comunes para todos los centros". Queda perfectamente claro que el planteamiento que subyace a este modelo entiende la calidad educativa exclusivamente ligada y determinada por los resultados obtenidos por los estudiantes, medidos a través de pruebas estandarizadas y métricas definidas a tal fin, con el propósito de que los supuestos "clientes" puedan comparar y elegir aquél centro que más ventajas competitivas les aporte a sus hijos e hijas en el futuro mercado laboral.

 

lomce83.jpgEn esta nueva configuración de un mercado educativo, las escuelas se han de hacer cada vez más selectivas, tendiendo a rechazar al alumnado que pueda presentar a priori mayores dificultades de inserción o aprendizaje, y que por tanto pueda hacer descender su posición en el susodicho ránking de centros. Se impulsa de esta forma desde la Administración una competencia y lucha de tipo darwinista entre los propios centros, con recursos y medios cada vez más escasos, de consecuencias imprevisibles para la equidad del sistema. Llevan al ámbito educativo la filosofía del "sálvese quien pueda", del "tengo que ser el mejor", y de tantos otros planteamientos basados en la competencia y el enfrentamiento, rompiendo con los fundamentos de una Educación Pública basada en los valores de la colectividad, de la cooperación y de la solidaridad. Y abundando en ello, se instaura, en coherencia con este modelo de competencia, el sistema de "pago por resultados", propio del mundo empresarial, en el mundo educativo.

 

lomce84.jpgSe trata de aplicar refuerzos e incentivos a los centros, no ya en función de las necesidades de su alumnado, sino de acuerdo con el puesto que ocupe en el ránking. De hecho, ya se está aplicando este sistema en algunas Comunidades Autónomas, condicionando la financiación pública que vayan a concederles a los resultados obtenidos, mediante los contratos-programa u otras fórmulas similares. En el articulado de la LOMCE se establece que "las acciones de calidad educativa deberán ser competitivas". Más claro el agua, lo cual reafirma aún más la competencia entre los centros. Por poner un ejemplo práctico, una escuela pública ya no se puede conformar con enseñar a sus alumos cómo se resuelve una ecuación de segundo grado, sino que tiene que competir con los demás a ver qué centro es el que enseña mejor a los alumnos a resolverlas, y de ello dependerá su reconocimiento y financiación. Una demencial locura educativa, que sólo puede conducir a una sociedad esquizofrénica, donde la cultura de la competitividad anula cualesquiera otros valores.

 

lomce85.jpgEn la práctica, todo ello implicará que, tras ajustar el presupuesto a todos los centros, se les ofrece una serie de "incentivos" o "castigos", dependiendo de los resultados obtenidos. Dado que la LOMCE establece que dichas acciones de calidad permitirán "la autonomía para su ejecución, tanto desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos, como de los recursos materiales y financieros" (Art. 122.4), se deduce que los centros educativos pueden buscar financiación con la organización de actividades dentro del propio centro, o bien mediante la cesión de espacios o patrocinadores (empresas) que las financien. Todo un descomunal propósito, como se puede concluir. Pero continuaremos en el siguiente artículo contando las barbaridades relativas a esta nueva gestión de los centros que define la futura Ley.

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17 enero 2013 4 17 /01 /enero /2013 00:00

Desde el artículo anterior de la serie ya comenzamos a esbozar completamente nuestra propuesta de Estado Federal, teniendo en cuenta los parámetros de referencia ya expuestos, y que sustentan la base del Federalismo en el que creemos desde la izquierda. Dijimos que nuestra propuesta descansaba sobre cuatro apartados, donde el primero de ellos es la pluralidad y la diversidad, que son los que van a ser abordados aquí. Estos aspectos, como es lógico y natural, entroncan también con los aspectos lingüísticos y pluriculturales del Estado Español, que un futuro Estado Federal deberá reconocer y proteger. Porque, como ya hemos expresado en otros puntos, un Estado Federal debe respetar, garantizar y fomentar la pluralidad de un país, y ésta se expresa en su pluralidad nacional, regional, cultural y lingüística, perteneciente a todos los pueblos federados que integren el Estado Español.

 

Esto quiere decir que rechazamos explícitamente la fragmentación de la población y del territorio del Estado en aquéllos con derechos colectivos específicos ya consolidados, y aquéllos otros que, por no disponer de estos derechos, o porque sus derechos hayan sido anulados o diluidos en el antiguo Estado franquista y post-franquista, no puedan aspirar a ellos en condiciones de igualdad. Nuestra oposición a toda forma de Federalismo Asimétrico (aquél que reconoce uno o varios territorios con más atribuciones que el resto) nos hace adoptar una visión claramente diferenciada, tanto frente al nacionalismo periférico (catalán y vasco, en nuestro caso), que argumenta una identidad y unos derechos diferenciados, únicos y no extrapolables al resto, como frente al nacionalismo central (o centralismo, o nacionalismo españolista, como pudiéramos designarlo). Ambos pactaron en 1978, año de la promulgación de nuestra Constitución, el reconocimiento de especificidades propias para algunas partes del Estado, a cambio de un continuismo en el resto, al que se le negó el derecho a esta especificidad y a la ruptura con el modelo continuista pactado durante la Transición.

 

Por supuesto, desde la izquierda rechazamos este pacto, y consideramos que la actual situación de agravio comparativo de unos pueblos y nacionalidades frente a otros en el actual Estado Español, tiene aquí una de sus explicaciones (quizá la explicación fundamental). En este sentido, pensamos que los fueros castellanos son experiencias históricas con tanta capacidad para fundamentar dinámicas democráticas, y poseen tanta legitimidad e historia como los fueros vasco y navarro (por poner dos ejemplos), y los bombardeos de Barcelona en el siglo XVIII por parte de los Borbones, pueden servir para argumentar contra la intimidación de los pueblos, de la misma forma y medida que los bombardeos franquistas sobre Madrid en 1936, en plena Guerra Civil. Son por tanto ejemplos de una misma cosa, y nos deben hacer concluir lo mismo.

 

Por tanto, la diversidad y la pluralidad cultural han de fundamentar la doctrina constituyente de la nueva República Federal. Los Ayuntamientos, como ya hemos comentado, han de expresar y asegurar dicha diversidad, como entes de organización política más cercanos a los ciudadanos. Incluso para aquéllas competencias que los Ayuntamientos no puedan asumir o no puedan abarcar por sí mismos, tendrán que desarrollarse formas cooperativas y coordinadas activamente con el Estado y las Administraciones intermedias, y no simplemente delegar en instancias superiores (como se quiere hacer ahora con la nueva oleada de centralismo, argumentando la duplicidad de competencias entre diversas Administraciones). Una Administración Central Republicana de suficientes recursos políticos y económicos, basada en una fuerte identidad federal compartida, sería la mejor opción para velar por el mantenimiento de esta diversidad.

 

Y con respecto al uso y reconocimiento de la lengua, entendemos que la existencia de una lengua diferenciada es una condición importante en el proceso de búsqueda y desarrollo de una identidad colectiva propia, pero no es la única. En el mundo hay numerosos casos de pueblos diferenciados que comparten una misma lengua (por ejemplo, el idioma español o castellano, que cada día se extiende más), pero que no obstante, tienen pleno derecho y plena capacidad de definir su particularidad cultural o incluso lingüística. Piénsese para ello en todos los países latinoamericanos (hispanohablantes, todos ellos). Y abundando en esto, lo que separa a una lengua de un dialecto es de hecho una convención política, y no unas determinadas características estructurales de las mismas. De esta forma, un dialecto se convierte en lengua no cuando su estructura tiene una determinadas particularidades, ni cuando su historia es más o menos intensa, sino cuando así se decide políticamente. De hecho, esta permeabilidad entre dialectos y lenguas permite aceptar la existencia de más de cuatro lenguas dentro del Estado Español. Y esto diluye y relativiza el argumento lingüístico entendido como prueba única e irrefutable de una identidad colectiva específica.

 

Nosotros consideramos, no obstante, que en un Estado Federal, la riqueza y pluralidad lingüística, como la riqueza cultural, ambiental, histórica, folklórica, paisajística, etc., han de ser accesibles al conjunto de la población, siendo aquí el factor educativo muy interesante para este menester. Esto se debe plasmar en la obligatoriedad del aprendizaje de, al menos, dos lenguas oficiales y co-oficiales del Estado, así como sus correspondientes culturas, historias, folklore y tradiciones, en el conjunto (y no sólo en algunas partes) del territorio federal. De esta forma, el uso indistinto de varias lenguas del Estado no sólo en ciertos territorios como en la actualidad, sino en todo el territorio federal, tiene que convertirse en algo normal, comprendido, apoyado, fomentado y compartido. Esto permitiría además desarrollar formas de custodia colectivas de todo nuestro  patrimonio lingüístico común. En el próximo artículo de esta serie expondremos el apartado relativo a los derechos de la ciudadanía.

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16 enero 2013 3 16 /01 /enero /2013 00:00

Iniciamos aquí una nueva y breve serie de artículos para exponer, una vez más, las propuestas concretas y objetivos que nos planteamos desde la izquierda en torno a los aspectos de índole económica y social, sobre todo después de la celebración de la X Asamblea Federal de Izquierda Unida, y también en sintonía y coordinación con otros movimientos políticos y sociales de la izquierda, que están a su vez en sintonía con IU. Junto a ello, incluimos también reivindicaciones y propuestas de otras plataformas y asociaciones ciudadanas que también están trabajando, cada una en su ámbito, en la lucha contral el capitalismo, y en ofrecer un frente común de resistencia y de alternativa.

 

Vamos a organizar y a dividir el conjunto de objetivos y propuestas en seis grandes bloques, que tienen que ver con el Empleo (1), Derechos Sociales (2), Banca Pública (3), Economía al Servicio de las Personas (4), Democracia Avanzada (5) y Propuestas Europeas (6). En este primer artículo de la serie comenzaremos con las propuestas ligadas al Empleo, su creación, defensa, protección y reactivación, porque consideramos que es el primer problema, con diferencia, que sufre actualmente nuestra sociedad. En el Parlamento, el Grupo de la Izquierda Plural ha propuesto un montón de veces al Gobierno la realización de un Pleno Monográfico sobre Empleo, que ha sido hasta ahora sistemáticamente rechazado por el PP. Vamos a exponer cómo lo enfocamos desde la izquierda, donde en primer lugar, exigimos, como no puede ser de otra manera, la derogación de la Reforma Laboral y de la Reforma de las Pensiones.

 

No hemos de conformarnos con algunas situaciones de partida que nos dan una postura de resignación, como plantear empleo sólo para varios millones de personas (quedándose el resto en el paro), o bien asumir que las nuevas contrataciones nunca serán como antes, en el sentido de que ya no se disfrutará de los mismos sueldos, ni de la misma protección social. Desde la izquierda no nos resignamos a estas situaciones, nos rebelamos contra ellas, porque entendemos que el paro crónico y galopante que sufrimos tiene solución. Lo que ocurre es que NO TIENE SOLUCIÓN DENTRO DEL SISTEMA CAPITALISTA. Por eso tenemos que abolirlo. Pero como esto no se hace de la noche a la mañana, sino que es un proceso que lleva cierto tiempo, pues hay que adaptar la estructura empresarial, la filosofía y los valores de toda una sociedad, proponemos de entrada una serie de medidas posibles, creíbles y demostrables para la creación y la protección del empleo. Partimos de la base de que todo el mundo tiene derecho a trabajar, en condiciones de salario y de protección dignas. Proponemos las siguientes medidas:

 

1.- Reducir de manera inmediata la jornada laboral semanal a 35 horas en el plazo de un año, sin disminución salarial equivalente en ningún concepto. Se eliminarán las horas extra, salvo por fuerza mayor en aquéllos casos reconocidos por convenios estatales, y se establecerán 31 días de vacaciones anuales retribuidas.

 

2.- Sin perjuicio e independientemente de la medida anterior, se trabajará en un plan para bajar aún más la jornada laboral, a 32 horas semanales, para repartir el trabajo existente (sin reducción salarial), en caso extremo de necesidad.

 

3.- Adelantar la edad de jubilación a los 60 años en el plazo de una legislatura (4 años), mediante contratos de relevo. Todas las vacantes surgidas de la jubilación serán cubiertas con nuevos contratos.

 

4.- Se elevarán tanto la pensión mínima como el Sueldo Mínimo Interprofesional (SMI) a la cantidad de 1.100 euros brutos mensuales.

 

5.- Reincorporar a los trabajadores públicos despedidos a sus respectivos empleos, estableciéndose un plan de incremento de las plantillas públicas en función de las necesidades sociales y del cumplimiento de las 35 horas semanales, así como la restitución de todos los derechos laborales perdidos. De esta forma, Sanidad, Educación y Dependencia serían, entre otros, los sectores más recuperados.

 

6.- Todas las empresas privadas con viabilidad económica, tienen que restituir a los trabajadores despedidos y aumentar las plantillas para aplicar las 35 horas de trabajo semanales, así como el adelanto de la edad de jubilación. La viabilidad o no de una empresa será establecida por una representación de los trabajadores de la misma, y por parte de la Administración, mediante una auditoría completa de la propia empresa. Se prohibirá por Ley que ninguna empresa con beneficios pueda plantear un ERE a sus empleados.

 

7.- Puesta en marcha de un Plan de Creación de Empleo Público. Su cuantía vendría determinada por el objetivo de alcanzar el pleno empleo. Dada la incapacidad del sector privado para alcanzarlo, la columna vertebral de esta propuesta es el desarrollo y fortalecimiento del sector público, que tendrá que plantearse como objetivo el acabar con el desempleo. De esta forma, se aumentará el ratio de personal al servicio del Estado del Bienestar (que siempre ha sido de los más bajos de la UE-15), trabajando en los sectores de la Educación, la Sanidad, los Servicios Sociales, la Dependencia, etc. Se crearán nuevos nichos de empleo dentro de todos estos sectores.

 

8.- Se fija (como en las pensiones) un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.100 euros brutos mensuales (en 14 pagas), y una escala móvil de salarios, que garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo. Todas las condiciones de trabajo de la función pública, así como de los políticos en activo, será publicada en Internet.

 

9.- Se establecerá un Salario Máximo Interprofesional (SMAXI) de 5.500 euros brutos mensuales (en 14 pagas) para los trabajadores y directivos de las empresas públicas.

 

10.- Se instaurarán normas para acabar por Ley con la precariedad laboral reinante en nuestro país, como parte inicial de una reforma empresarial más ambiciosa. Se suprimirá el contrato temporal por circunstancias de la producción. El resto de los contratos de duración determinada deberán cumplir el principio de causalidad bajo supervisión estricta de las Administraciones Públicas, la inspección laboral y los sindicatos. Se prohibirán las actuales Empresas de Trabajo Temporal (ETT). La gestión del desempleo, así como de las ofertas de empleo a las personas en paro, volverá a ser de iniciativa y control público.

 

11.- Se promulgará con carácter inmediato un subsidio de desempleo indefinido para toda persona desempleada, mientras no se garantice un puesto de trabajo digno, nunca inferior al SMI, pues ninguna persona o familia debe carecer de los ingresos mínimos suficientes para poder vivir con dignidad. Esta medida es, además, imprescindible para poner en marcha una transformación total del actual sistema productivo, sin que esto suponga arrojar a la miseria ni abandonar a su suerte a millones de trabajadores/as.

 

12.- Nacionalización total, inmediata y definitiva de todas las empresas que cierren, o despidan a trabajadores sin la autorización administrativa correspondiente.

 

13.- Proceder a toda serie de medidas que conduzcan a un reparto equitativo del trabajo existente en los sectores de la economía que temporalmente no tengan demanda externa o interna, sin reducción salarial.

 

Continuaremos en el siguiente artículo exponiendo las medidas de ámbito social, y relativas a la ampliación/recuperación de nuestros derechos sociales. Y si algunos lectores se están preguntando de dónde sale el dinero para poder llevar a cabo todas estas reformas y medidas, les puedo sugerir, entre otras muchas medidas (aunque esto lo hemos repetido en muchos artículos), que puede salir de una reforma fiscal justa, de las SICAV, de los Impuestos a la Riqueza y al Patrimonio, del Impuesto de Sociedades, del Impuesto a las Transacciones Financieras, de una lucha real contra el fraude y la evasión fiscal...¿seguimos? Creo que no hace falta. Los lectores pueden consultar las estimaciones de recaudación realizadas desde IU en muchos otros artículos para convencerse de que todo esto es posible.

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