Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Iniciamos aquí una nueva y breve serie de artículos para exponer, una vez más, las propuestas concretas y objetivos que nos planteamos desde la izquierda en torno a los aspectos de índole económica y social, sobre todo después de la celebración de la X Asamblea Federal de Izquierda Unida, y también en sintonía y coordinación con otros movimientos políticos y sociales de la izquierda, que están a su vez en sintonía con IU. Junto a ello, incluimos también reivindicaciones y propuestas de otras plataformas y asociaciones ciudadanas que también están trabajando, cada una en su ámbito, en la lucha contral el capitalismo, y en ofrecer un frente común de resistencia y de alternativa.

Vamos a organizar y a dividir el conjunto de objetivos y propuestas en seis grandes bloques, que tienen que ver con el Empleo (1), Derechos Sociales (2), Banca Pública (3), Economía al Servicio de las Personas (4), Democracia Avanzada (5) y Propuestas Europeas (6). En este primer artículo de la serie comenzaremos con las propuestas ligadas al Empleo, su creación, defensa, protección y reactivación, porque consideramos que es el primer problema, con diferencia, que sufre actualmente nuestra sociedad. En el Parlamento, el Grupo de la Izquierda Plural ha propuesto un montón de veces al Gobierno la realización de un Pleno Monográfico sobre Empleo, que ha sido hasta ahora sistemáticamente rechazado por el PP. Vamos a exponer cómo lo enfocamos desde la izquierda, donde en primer lugar, exigimos, como no puede ser de otra manera, la derogación de la Reforma Laboral y de la Reforma de las Pensiones.

No hemos de conformarnos con algunas situaciones de partida que nos dan una postura de resignación, como plantear empleo sólo para varios millones de personas (quedándose el resto en el paro), o bien asumir que las nuevas contrataciones nunca serán como antes, en el sentido de que ya no se disfrutará de los mismos sueldos, ni de la misma protección social. Desde la izquierda no nos resignamos a estas situaciones, nos rebelamos contra ellas, porque entendemos que el paro crónico y galopante que sufrimos tiene solución. Lo que ocurre es que NO TIENE SOLUCIÓN DENTRO DEL SISTEMA CAPITALISTA. Por eso tenemos que abolirlo. Pero como esto no se hace de la noche a la mañana, sino que es un proceso que lleva cierto tiempo, pues hay que adaptar la estructura empresarial, la filosofía y los valores de toda una sociedad, proponemos de entrada una serie de medidas posibles, creíbles y demostrables para la creación y la protección del empleo. Partimos de la base de que todo el mundo tiene derecho a trabajar, en condiciones de salario y de protección dignas. Proponemos las siguientes medidas:

1.- Reducir de manera inmediata la jornada laboral semanal a 35 horas en el plazo de un año, sin disminución salarial equivalente en ningún concepto. Se eliminarán las horas extra, salvo por fuerza mayor en aquéllos casos reconocidos por convenios estatales, y se establecerán 31 días de vacaciones anuales retribuidas.

2.- Sin perjuicio e independientemente de la medida anterior, se trabajará en un plan para bajar aún más la jornada laboral, a 32 horas semanales, para repartir el trabajo existente (sin reducción salarial), en caso extremo de necesidad.

3.- Adelantar la edad de jubilación a los 60 años en el plazo de una legislatura (4 años), mediante contratos de relevo. Todas las vacantes surgidas de la jubilación serán cubiertas con nuevos contratos.

4.- Se elevarán tanto la pensión mínima como el Sueldo Mínimo Interprofesional (SMI) a la cantidad de 1.100 euros brutos mensuales.

5.- Reincorporar a los trabajadores públicos despedidos a sus respectivos empleos, estableciéndose un plan de incremento de las plantillas públicas en función de las necesidades sociales y del cumplimiento de las 35 horas semanales, así como la restitución de todos los derechos laborales perdidos. De esta forma, Sanidad, Educación y Dependencia serían, entre otros, los sectores más recuperados.

6.- Todas las empresas privadas con viabilidad económica, tienen que restituir a los trabajadores despedidos y aumentar las plantillas para aplicar las 35 horas de trabajo semanales, así como el adelanto de la edad de jubilación. La viabilidad o no de una empresa será establecida por una representación de los trabajadores de la misma, y por parte de la Administración, mediante una auditoría completa de la propia empresa. Se prohibirá por Ley que ninguna empresa con beneficios pueda plantear un ERE a sus empleados.

7.- Puesta en marcha de un Plan de Creación de Empleo Público. Su cuantía vendría determinada por el objetivo de alcanzar el pleno empleo. Dada la incapacidad del sector privado para alcanzarlo, la columna vertebral de esta propuesta es el desarrollo y fortalecimiento del sector público, que tendrá que plantearse como objetivo el acabar con el desempleo. De esta forma, se aumentará el ratio de personal al servicio del Estado del Bienestar (que siempre ha sido de los más bajos de la UE-15), trabajando en los sectores de la Educación, la Sanidad, los Servicios Sociales, la Dependencia, etc. Se crearán nuevos nichos de empleo dentro de todos estos sectores.

8.- Se fija (como en las pensiones) un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.100 euros brutos mensuales (en 14 pagas), y una escala móvil de salarios, que garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo. Todas las condiciones de trabajo de la función pública, así como de los políticos en activo, será publicada en Internet.

9.- Se establecerá un Salario Máximo Interprofesional (SMAXI) de 5.500 euros brutos mensuales (en 14 pagas) para los trabajadores y directivos de las empresas públicas.

10.- Se instaurarán normas para acabar por Ley con la precariedad laboral reinante en nuestro país, como parte inicial de una reforma empresarial más ambiciosa. Se suprimirá el contrato temporal por circunstancias de la producción. El resto de los contratos de duración determinada deberán cumplir el principio de causalidad bajo supervisión estricta de las Administraciones Públicas, la inspección laboral y los sindicatos. Se prohibirán las actuales Empresas de Trabajo Temporal (ETT). La gestión del desempleo, así como de las ofertas de empleo a las personas en paro, volverá a ser de iniciativa y control público.

11.- Se promulgará con carácter inmediato un subsidio de desempleo indefinido para toda persona desempleada, mientras no se garantice un puesto de trabajo digno, nunca inferior al SMI, pues ninguna persona o familia debe carecer de los ingresos mínimos suficientes para poder vivir con dignidad. Esta medida es, además, imprescindible para poner en marcha una transformación total del actual sistema productivo, sin que esto suponga arrojar a la miseria ni abandonar a su suerte a millones de trabajadores/as.

12.- Nacionalización total, inmediata y definitiva de todas las empresas que cierren, o despidan a trabajadores sin la autorización administrativa correspondiente.

13.- Proceder a toda serie de medidas que conduzcan a un reparto equitativo del trabajo existente en los sectores de la economía que temporalmente no tengan demanda externa o interna, sin reducción salarial.

Continuaremos en el siguiente artículo exponiendo las medidas de ámbito social, y relativas a la ampliación/recuperación de nuestros derechos sociales. Y si algunos lectores se están preguntando de dónde sale el dinero para poder llevar a cabo todas estas reformas y medidas, les puedo sugerir, entre otras muchas medidas (aunque esto lo hemos repetido en muchos artículos), que puede salir de una reforma fiscal justa, de las SICAV, de los Impuestos a la Riqueza y al Patrimonio, del Impuesto de Sociedades, del Impuesto a las Transacciones Financieras, de una lucha real contra el fraude y la evasión fiscal...¿seguimos? Creo que no hace falta. Los lectores pueden consultar las estimaciones de recaudación realizadas desde IU en muchos otros artículos para convencerse de que todo esto es posible.

Por la presente, me dirijo a usted para plantearle, como ciudadano español, mis comentarios, opiniones y observaciones en torno a una de sus grandes declaraciones de siempre, desde su discurso de proclamación como Rey de España hasta la actualidad, pues creo que la última vez que se la he escuchado ha sido en su reciente entrevista para la televisión con el periodista Jesús Hermida. Pues bien, su afirmación en cuestión, de la que además dice usted sentirse muy orgulloso, es la de "SER UN REY PARA TODOS LOS ESPAÑOLES". Lo afirma usted con orgullo y total rotundidad, y dice haberlo conseguido, pero como humilde ciudadano creo que tengo que estar en desacuerdo. Voy a rebatirle dicha afirmación desde mi más absoluto respeto hacia su figura, como no podía ser de otra manera entre personas civilizadas, pero reivindicando mis posturas.

Bien, partamos de algunas premisas previas, para situar el enfoque correctamente. En primer lugar, me siento profundamente republicano, y espero que en nuestro país alcancemos algún día dicha forma de Gobierno, pero lo que voy a rebatirle no tiene nada que ver con esto, pues igual se lo podría decir un monárquico. En segundo lugar, entiendo que el papel del Rey que figura en la Constitución es ejercer de monarca en un sistema político de Monarquía Parlamentaria, donde el Rey reina pero no gobierna, es decir, no se le reconocen poderes ejecutivos, sólo aquéllos que derivan de la potestad de sancionar las Leyes surgidas de las Cortes Generales. Y en tercer lugar, entiendo que a usted no se le pueden achacar por tanto las responsabilidades de la actual situación que vivimos en España, con la profunda crisis sistémica que nos inunda. Pero dicho todo lo cual, sí creo, por lo que le voy a argumentar a continuación, que dista usted mucho de ser el Rey de todos los españoles.

Y vaya también por delante que no voy a referirme a los consabidos asuntos de su familia que tan en boga están en la opinión pública, y de sus nefastas prácticas y relaciones, por las cuales ya pidió usted perdón a todo el pueblo español en su momento. No es ésta la cuestión. La cuestión va por otros derroteros totalmente distintos. La cuestión tiene que ver con un Rey del siglo XXI, que al igual que se supone que representa a su pueblo al más alto nivel de su Institución, no sólo debe representarlo, sino también velar mínimamente por su protección e integridad, y no permitir ciertas prácticas que se están instalando en nuestra sociedad. Al igual que usted actuó contra el intento de Golpe de Estado de 1981, protegiendo por tanto los destinos del conjunto del pueblo español, es éste mismo pueblo español al que ahora se está tomando como conejillo de indias, y como pito de sereno para atacarlo en sus más profundas bases sociales.

En efecto, hoy día sufrimos por parte del Gobierno actual la más dura represión de todo el período democrático, ése al que usted gusta tildar como el período que nos ha llevado a las más altas cotas de prosperidad. Se arremete desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (ese Estado al que usted representa al más alto nivel) contra la población que se manifiesta, que protesta y que se moviliza contra las injustas leyes y condiciones sociales y laborales que se le imponen. Acaba de salir de prisión preventiva Alfonso, un chico cuyo único delito fue asistir a la Huelga General del 14-N pasado, y hace varios días que a una twittera se la detuvo por citar en sus mensajes a Antonio Gramsci, el famoso comunista italiano. Están presentadas querellas criminales contra representantes políticos de tan alto nivel como una Delegada del Gobierno, concretamente la de Madrid, Cristina Cifuentes, por multar a personas en la calle en actitud de protesta cívica. Y yo me pregunto: ¿debería permitir todo esto un Rey de todos y para todos los españoles?

Pero no queda aquí la cosa. Un Rey de todos y para todos los españoles debería representarnos y preocuparse por todos, y no sólo velar por el poder de unos cuantos. Estamos hartos de verle viajar acompañado de un séquito donde la mayoría del mismo representa a la gran clase empresarial de este país, son representantes al más alto nivel de nuestras grandes empresas, de empresas multinacionales y transnacionales, que viajan con usted para sacar negocio de dichas visitas. Todavía no se ha reunido usted con ningún colectivo de los más afectados por esta crisis, ni siquiera con esos jóvenes que usted dice siempre que tanto le preocupan. El empleo se destruye al ritmo de miles de puestos de trabajo diariamente, pero parece que a usted sólo le preocupa que nuestras grandes empresas se enriquezcan cada vez más. El desempleo es cada vez más crónico y galopante, y la pobreza en nuestro país se está instalando cada vez más entre los hogares de la ya extinguida clase media.

Hoy en día, hay miles y  miles de hogares donde no entra ningún ingreso, donde no hay trabajo, que carecen de prestaciones, que son pobres. Hogares, familias y personas que no pueden pagar sus hipotecas y los desalojan impunemente de sus viviendas, y detrás de dichos desalojos están muchos banqueros de los que a usted le acompañan en sus viajes...¿debería permitir esto un Rey de todos los españoles? ¿Debería permitir un Rey que a su pueblo, al pueblo español, se le estén privatizando los servicios públicos, anulando las características de gratuidad y universalidad de que han gozado hasta ahora? A esas mismas personas pobres de que hablábamos antes además se les obliga a pagarse su Sanidad si se ponen enfermos, o a pagar el transporte en ambulancia, o a pagar un euro por cada receta médica. Los servicios públicos cada vez son menos públicos. Se están degradando, al llegar a las manos privadas de las grandes empresas que quieren comerciar con los derechos de este pueblo español, su pueblo.

En fin, el nivel de vida de nuestros conciudadanos se está deteriorando a pasos agigantados. La caridad se está instalando en nuestra sociedad como si de un país tercermundista se tratara, donde dichas ONG's representan la única vía de consolación para muchas familias, y donde los Bancos de Alimentos tienen que proveer cada vez a más familias y a más personas, que cada vez tienen menos. Parece que volviéramos a épocas pretéritas en el tiempo, donde las Monarquías representaban auténticas tiranías para sus pueblos. Y precisamente porque no le considero un tirano, le pregunto: ¿Puede permitir todo esto el Rey de todos los españoles? A la clase trabajadora se le están arrebatando derechos históricos, conquistados varias generaciones de Borbones atrás. Las condiciones de vida y de trabajo son cada vez más precarias, y los más jóvenes emigran a otros países en busca de salida laboral...¿debe quien afirma ser el Rey de todos los españoles permitir tan desolador panorama? Mientras esta situación continúe y en lo que a usted se refiere, no tiene usted credibilidad cuando afirma estas cosas. Un Rey del siglo XXI, incluso para los más acérrimos monárquicos, debe ser otra cosa.

Como nuestro refranero tiene previstas (casi) todas las situaciones, a ésta bien se le podría aplicar aquél que dice: "Las buenas yuntas, Dios las cría y ellas se juntan". Le viene al pelo a este caso, ya que la misma empresa ratera, mísera, despreciable e indigna que despide a sus veteranos empleados por razones "de rentabilidad", amparándose en sus bajas médicas e ignorando una huelga de hambre de un grupo de ellos durante más de 20 días, es decir, Telefónica, es la misma que ahora va a acoger en su seno, en el seno de los sinvergüenzas que la dirigen, al mismísimo Rodrigo Rato, principal responsable del desaguisado de Bankia, que todavía colea, y lo que te rondaré morena (que diría otro refrán), pues el tema de las preferentes y de los despidos masivos no han hecho más que empezar.

Pero vamos a situarnos en la noticia. Parece ser que la multinacional del señor Alierta y compañía, va a fichar como Asesor Internacional a Rodrigo Rato, con un sueldo anual (sólo son estimaciones, pero no creemos que se aleje mucho de la realidad) de cerca de 200.000 euros. Ahí es nada. Es asqueante cómo estas grandes empresas actúan con tanta impunidad, y cómo protegen y dan amparo a los de su calaña, como decíamos en el refrán de entrada. Como no podía ser de otra manera, las redes sociales ardían nada más conocerse la noticia, no sólo por la figura del fichado, que no tiene desperdicio, sino por la empresa en cuestión, privatizada además durante la propia gestión de Rato en el Gobierno Aznar. Rato se suma así a la ya larguísima lista de nombres, tanto del PP como del PSOE, que aquí el bipartidismo parte, reparte y se lleva la mejor parte, que pasan constantemente, incluso varias veces, la puerta giratoria de lo público a lo privado.

Repasemos un poco el fenómeno, que ya hemos comentado en otros artículos, y que no es sino otra de las formas de manifestación del capitalismo, en el sentido de intersectar lo público con lo privado, de no delimitar claramente sus distancias y su diferente naturaleza, y en dejar por tanto que la actividad pública se contamine con la privada, provocando auténticas catástrofes. No es un fenómeno privativo de España, quizá en EE.UU. fueran pioneros en estas nefastas prácticas. Allí, grandes directivos del Banco Mundial, de Goldman Sachs y de otras grandes entidades, entraron a formar parte del Gabinete gubernamental, evidentemente para dictar leyes desreguladores que más tarde serían la punta de lanza de la actual crisis. Este fenómeno de incorporación a los Gobiernos de personas que vienen contaminadas por los grandes intereses de sus Corporaciones es muy peligroso, ya que enfocan la cosa pública con la misma estrategia que la privada, y ahí comienzan los problemas.

Y en España, esta práctica de la "puerta giratoria" está muy bien engrasada, como nos lo demuestran muchísimos ejemplos: antiguos gobernadores del Banco de España terminan en los Consejos de Administración de la banca privada, y gran cantidad de ex Ministros, incluso de ex Presidentes del Gobierno, desempeñan tareas de asesoramiento para grandes empresas: José María Aznar en Endesa, Felipe González en Gas Natural, Elena Salgado (después de haber declarado que se iba a tomar dos años sabáticos, no esperó ni dos meses para ser fichada por Endesa Chile), Josep Piqué (quizá el más activo en los Consejos de Administración), Eduardo Zaplana, Pedro Solbes, Ángel Acebes, y un largo etcétera. En 2010, un 10% de los Consejeros de las empresas del IBEX-35 eran ex políticos. Analizando tal fenómeno y extrapolándolo a la UE, comprendemos mucho mejor el porqué de los intereses de las Instituciones Europeas, no sólo en ocultar cierta información estratégica llevada a cabo en el pasado por sus actuales dirigentes, sino la propia política ejecutada por el FMI, el BCE, etc.

Con el actual Gobierno del PP se está dando mucho el giro contrario, es decir, perfiles como el de Luis de Guindos o Pedro Morenés, que vienen de empresas privadas, se ocupan de la actividad pública, representando un evidente conflicto de intereses cuando esas personas vayan a tener que regular o tomar decisiones que afecten a sus antiguos sectores. Pero como decimos, la lista es muchísimo más extensa, llegando no sólo al primer plano de los Ministros, sino también de segundos cargos a bordo, tales como Secretarios de Estado, y cargos diversos de la Administración. Los ejemplos son innumerales, y como no podía ser de otra manera, los medios de comunicación simpatizantes con el PP ven con muy buenos ojos todas estas prácticas, pues en el fondo tienen la misma visión de la política, considerando que estos perfiles son una muestra de la preparación, currículum, experiencia y valía profesional de quienes defienden o van a defender los intereses públicos, y una garantía de que los recursos serán utilizados con eficacia y solvencia.

Pero nada más lejos de la realidad. La experiencia nos demuestra justo lo contrario, ya que quien lleva toda su vida defendiendo, gestionando y cobrando del capital privado, es normal que sirva a los mismos intereses cuando, eventualmente, ocupa cargos en la Administración Pública. Y al contrario, cuando las grandes empresas incorporan a sus filas a personajes de relevancia pública, no lo hacen porque se fíen de su inteligencia, capacidad o neutralidad, sino porque vayan a ser fieles defensores y representantes de sus intereses privados. De hecho, lo que mejor se demuestra experimentalmente es que los mayores casos de corrupción se dan cuando se mezclan ambos intereses, los públicos y los privados, donde no están bien limitadas las responsabilidades y donde los objetivos no están bien claros. En resumidas cuentas y desde la izquierda, entendemos que deberían delimitarse y exigirse un catálogo muy extenso de incompatibilidades, tendente a clarificar perfectamente las fronteras entre los intereses públicos y los privados, y a ser cada vez más intransigentes con este fenómeno de la puerta giratoria.

Voy a recoger en el presente artículo mis críticas a dos facciones de la izquierda en este país, que están contribuyendo con sus actos, en vez de a la potenciación de la misma, más bien a su debilitamiento, a su descrédito permanente, máxime cuando estamos viviendo unos tiempos donde las corrientes de izquierda pueden y deben ser las alternativas reales para cambiar el caótico panorama que vivimos. En una fase bestial del capitalismo más agresivo, y con un Gobierno títere de dichas fuerzas del capital, escenarios como los que están provocando estas dos fuerzas políticas a las que nos vamos a referir, no contribuyen en nada a consagrar la concepción generalizada de que existen alternativas, y de que otras políticas son posibles.

En efecto, nos estamos refiriendo a la presencia de Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía (en adelante, IU-CA) en el Gobierno de la Junta de Andalucía, así como al apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya (en adelante, ERC) al Gobierno de CIU en la Generalitat. Bien, comencemos en Andalucía, donde nuestro Vicepresidente de la Junta, y Coordinador General de IU-CA, Diego Valderas, realiza declaraciones sobre los Presupuestos de la Junta para 2013 afirmando lo siguiente: "...Los Presupuestos de la Junta son magníficos...de sentimientos, de corazón y de izquierdas...". Pues no, señor Valderas, no. Se equivoca usted de plano, y lo más grave no es que se equivoque usted, sino que contribuye usted a equivocar a millones de personas que pueden estar confiando en IU-CA, pero que ven muy a su pesar que no somos más que una fuerza política más al uso, es decir, en la que no se puede confiar. Son unos presupuestos de recortes, aunque sean "por imperativo legal", como usted suele decir.

En este sentido, por tanto, poco se diferencia IU-CA (en su apoyo al PSOE-A) de Rajoy o de Artur Mas, que también hacen los recortes "obligados por la realidad". En el caso de Rajoy porque se lo manda la Troika, y por la herencia recibida, y en el caso de Mas, porque Madrid les asfixia y les ahoga, además de ser injusto con Cataluña. Y mientras tanto, los sufridos ciudadanos, cada vez soportando más y más recortes, que aunque en Andalucía estén siendo algo más suaves que en el resto de Comunidades, al final sufrimos también severos recortes y privatizaciones de servicios públicos. La diferencia está en que mientras Rajoy y Mas representan a fuerzas políticas de derecha, y por tanto está en su ADN la aplicación de dichas políticas, por mucho que se empeñen en disimularlo, IU-CA representa (o debe representar) en Andalucía a la única fuerza política de izquierdas, por lo cual convertirse en cómplice de tales prácticas nos cuesta un descrédito y una pérdida de credibilidad constante.

En el caso concreto de Andalucía, la política del PSOE-A con la connivencia de IU-CA, ha dejado en la calle a más de 4.500 maestros, a miles de trabajadores de la Sanidad y de otros sectores públicos, como el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ha llevado a cabo recortes en servicios sociales, ha aumentado la jornada laboral a los trabajadores públicos en 2,5 horas semanales, ha eliminado la paga extra de Navidad, realiza contratos al 75% (que llegan al 50% en el Servicio Andaluz de Salud, SAS), mientras continúan la externalización (léase privatización) de muchos servicios, los conciertos hospitalarios, las subcontratas, siguen eliminándose camas en los hospitales públicos, y para los próximos meses se amenaza con más despidos, más precarización, y más represión...¿para todo esto queríamos entrar a formar parte del Gobierno de la Junta? ¿Para ejecutar esto queríamos tener "mando en plaza"? Al menos, podríamos haber tenido la delicadeza de IU en Asturias, o de ERC en Cataluña, simplemente dando apoyo a la investidura del Presidente, pero sin entrar al equipo de Gobierno.

Estamos contribuyendo en Andalucía al deterioro constante de nuestra organización, y por ende al descrédito de toda la izquierda de este país. No podemos permitirnos esto, y menos aún en los tiempos que vivimos, donde la ofensiva de la izquierda debe ser total e implacable, pero honesta y creíble, para poder derrotar a las fuerzas de la derecha que nos gobiernan. Izquierda Unida en Andalucía debe dejar de jugar este peligroso papel, este papel posibilista y comparsa del PSOE, este papel cómplice de la misma política que nos ha traído hasta esta situación, que más bien nos recuerda a la política pactista del PCE de los tiempos de Santiago Carrillo. Debemos ser coherentes con nuestras ideas y con nuestras propuestas de rebelión, de rebeldía, de insumisión y de desobediencia civil, de movilización y de apoyo en la calle a los sectores más oprimidos, los que sufren los recortes, y dejar de actuar de muleta de aquéllos que los aplican porque "no les dejan otra alternativa".

Y tres cuartos de lo mismo quiero aplicar a ERC en su papel de apoyo al reciente Gobierno de la Generalitat, pues salvando todas las distancias y contextos que haya que salvar, estamos ante el mismo problema: el descrédito de las fuerzas de izquierda. Después de firmar un Acuerdo de Legislatura con CIU, ERC se ha convertido en cómplice de dramáticos recortes que se llevarán a cabo en el año que comienza en Cataluña. Con el horizonte puesto en 2014 y la celebración de la consulta popular, a ERC le ha bastado este supremo propósito para convertirse en cómplice de una nueva oleada de recortes sociales, que sólo ha disfrazado con la creación de algunos impuestos a la banca y a los más ricos. Pero todo esto no es suficiente. Bajo la bandera de la autodeterminación del pueblo de Cataluña, algo totalmente lícito y para lo que no se deberían poner palos en las ruedas (dicho sea de paso, IU también debería haber apoyado más explícitamente este proceso), no se pueden legitimar políticas que vayan en contra de los intereses de la clase trabajadora, y más aún viniendo desde la complicidad de supuestas fuerzas políticas que representan a la izquierda.

Y en Cataluña, el nuevo Gobierno de CIU es un gobierno de guerra social contra la clase trabajadora. Para justificar los recortes, siguen argumentando más de lo mismo: "Desde Madrid nos ahogan. Sólo con que nos pagaran la mitad de lo que nos deben no haría falta recortar. Pero no tenemos financiación propia y dependemos de Madrid. Los objetivos de déficit público que impone Rajoy están mal repartidos y son injustos, pero si no cumplimos con ellos, nos quedaremos sin financiación y entonces sería mucho peor. Por eso, aunque no queramos, no tenemos más remedio que imponer grandes recortes. Pero vamos a hacer lo imposible para reducirlos, mediante nuevos impuestos a los más ricos, con lo que ingresaremos 1.000 millones de euros, y así reduciremos los recortes de 4.000 a 3.000 millones. Vamos a intentar además que los recortes afecten lo menos posible a los sectores más débiles, y nos comprometemos a que sean transitorios y reversibles, es decir, que se restablezcan cuando la economía se recupere. Y lo que es más importante, los recortes hay que entenderlos como un sacrificio necesario para la "transición nacional" hacia el Estado propio, mientras construimos las "estructuras de Estado" y preparamos la consulta decisiva de 2014". Este es su razonamiento...¿no nos suena familiar?

De esta forma, el nuevo Gobierno de Artur Mas, con el aval de ERC, prepara para 2013 una nueva oleada de recortes aún más salvaje que las anteriores, e incluso los nuevos impuestos planteados, y de los que se puedan implantar, son medidas menores que no van a modificar sustancialmente la estructura de los ingresos públicos. Constituyen ante todo una tapadera para justificar los recortes sociales, ya que el principal de ellos, el impuesto a la banca, que teóricamente aportaría la mitad de los ingresos previstos, ha sido recurrido ya por el Gobierno de Rajoy, y se admite que no se cobrará nunca. De otro lado, impuestos como el de los refrescos o el incremento del ITP no afectan sólo a los más ricos, sino al conjunto de la población. Por tanto, y más allá de la opinión que podamos tener sobre el objetivo de la celebración de la consulta popular, incluso de la propia independencia de Cataluña, sobre la que ya nos hemos manifestado en otros artículos, aquí lo que se pone en tela de juicio es el papel cómplice que está jugando ERC, una supuesta fuerza de la izquierda, con el gobierno conservador y neoliberal de CIU, quizá el más agresivo de todas nuestras Comunidades Autónomas, pionero además de muchas prácticas que luego se están aplicando a otras regiones, como el euro por receta.

Luego por tanto, más bien haría ERC en buscar aliados para el pueblo catalán entre la propia clase trabajadora, en vez de buscarlos en las Instituciones de la Unión Europea, al servicio de banqueros y multinacionales. Con estas políticas con disfraz de izquierda suave y conciliadora, siguen haciéndole el juego al Gobierno de Rajoy y a la Troika comunitaria. Deberían entender que la lucha por la soberanía del pueblo de Cataluña es inseparable de la lucha contra los recortes. El único camino, tanto en Andalucía como en Cataluña, es romper con los Gobiernos que asumen a pies juntillas, por muchas justificaciones que quieran darles, las políticas antisociales. El único camino real y coherente es levantar una alternativa popular, un contrapoder ciudadano de clase y democrático, que pueda enfrentarse abiertamente a la implantación de dichas políticas. Hay que asumir, sobre un programa básico de ruptura y movilización, un enfrentamiento con el sistema, en torno a un reagrupamiento de fuerzas del sindicalismo de clase, y de todas las plataformas y movimientos sociales que se oponen a estas políticas. La clase obrera tiene que dejar de oir los cantos de sirena de IU-CA en Andalucía y de ERC en Cataluña, ya que están demostrando que son meras comparsas del oficialismo.

Bien, hemos comentado en el artículo anterior de esta serie dos de los conceptos fundamentales que para nosotros se ponen en debate en el Modelo Federal, como son la Solidaridad y la Autodeterminación. Junto a este último, hemos introducido también nuestra visión sobre el Autogobierno y la Independencia. Comentaremos en el presente artículo los otros dos conceptos fundamentales implicados, tales como el Municipalismo y el propio Federalismo. Con todos estos ingredientes previos, ya estaremos en condiciones de abordar con profundidad nuestra propuesta sobre un Estado Federal, y todas sus posibles implicaciones.

Sobre el concepto de Municipalismo también se ha hablado mucho últimamente, a raíz de los ataques (que aún continúan, y prevemos se acrecentarán en los próximos meses) perpetrados por los Gobiernos del Partido Popular, tanto Central como Autonómicos. Los conservadores, bajo un escondido modelo neocentralista, quieren restar poder y competencias a las Comunidades Autónomas y a los propios entes locales, en todos los frentes: atacan a los sueldos de diputados autonómicos, a los sueldos de los ediles municipales, incluso a sus propias competencias. Todo ello forma parte de una ofensiva en toda regla para desprestigiar a la clase política, y para contribuir a un nuevo centralismo que despoje la actual autonomía administrativa de las Comunidades y de los Ayuntamientos. Frente a este planteamiento, el nuestro desde la izquierda es diametralmente opuesto, pues para nosotros el municipalismo es un concepto muy profundo, ya que representa el ámbito más cercano a los espacios sociales, políticos y cotidianos concretos en los que se han de materializar los conceptos antes abordados.

En efecto, el espacio municipal es aquél en el que la ciudadanía desarrolla su actividad social y laboral cotidiana, es aquí donde surgen sus principales necesidades y demandas, y es el mejor lugar para ofrecerles una solución. Un mayor grado de participación política a nivel de los municipios reduciría drásticamente los cauces de delegación, simplificaría la administración pública y acercaría el espacio de la solución al espacio del problema. El valor por tanto que le atribuimos al municipalismo va mucho más allá del de la mera descentralización administrativa. Representa el mejor espacio para desarrollar formas participativas de la gestión pública, permitiendo profundizar en el autogobierno y traduciendo el derecho de autodeterminación (justo en el sentido comentado en el anterior artículo) a una práctica cotidiana concreta para los ciudadanos/as. Transformamos así a los ciudadanos/as desde la figura y el rol de meros consumidores/as y receptores pasivos de las decisiones de otros, en sujetos activos con capacidad y control para intervenir por sí mismos en los grandes asuntos que les afectan.

Pero para que este enfoque sea posible, el Municipalismo tiene que ser autosuficiente en recursos propios, así como en la gestión de las competencias que le han sido atribuidas. En ámbitos de coordinación a mayor escala, y eliminando las actuales Diputaciones Provinciales, que son entes totalmente anacrónicos, los Municipios se han de agrupar en Mancomunidades en función de intereses comunes, y desarrollar entre ellas políticas de forma coordinada. Ello contribuiría al reequilibrio territorial, al fomento de las lenguas autóctonas y al control sobre la dotación y gestión de todos los medios y recursos necesarios para garantizar los derechos de los ciudadanos/as, sus cauces de participación y el desarrollo de los servicios públicos. No existe ningún ámbito mejor para garantizar la diversidad cultural, medioambiental y etnográfica. Y además, los planteamientos que estamos proponiendo aquí también pueden ser aplicables a los distritos de las grandes ciudades.

Abordando ya el concepto de Federalismo, originalmente, parte de la existencia de naciones, Estados o soberanías previamente constituidos que pactan de forma voluntaria una coexistencia política estatal en forma de Federación. Para nuestro caso español, puede servir de fórmula para fundamentar en plena armonía la convivencia entre territorios, culturas y pueblos diversos sobre la base de la solidaridad incluyente, y sin que esta coexistencia signifique ni la anulación de dicha diversidad, ni el dominio de unos territorios sobre otros, ni la existencia de más derechos de los unos en relación con los otros. En un proyecto federalista de izquierdas no caben planteamientos etnicistas, ni aquéllos que hacen una determinada lectura o interpretación de la Historia para demostrar la existencia de atributos superiores de los que puedan derivarse determinados privilegios de unos pueblos sobre otros. Hemos de desmontar el concepto de las hoy denominadas "Comunidades Históricas" (referidas a Cataluña, País Vasco y Galicia), pues es un concepto totalmente falaz, que no responde a la realidad, para empezar porque en el Estado Español hay Comunidades muchísimo más "históricas" que ellas, como Andalucía.

Luego por tanto, y bajo nuestro planteamiento de Estado Federal, la soberanía residiría en los ciudadanos/as y no en los pueblos, y son éstos los que deberían desarrollar sus identidades individuales y colectivas. Esto significa que cualquier ciudadano/a residente en cualquier territorio tiene derecho a elegir su identidad, y por ejemplo, definirse como catalán, gallego, extremeño o español, en el libre ejercicio de su autodeterminación. Estamos convencidos de que este enfoque permitiría velar colectivamente y de forma también más efectiva y enriquecedora para todas las partes, por la conservación de un patrimonio cultural, lingüístico, etnográfico y ambiental plural y diverso, en un mundo cada vez más interdependiente. Y esto contribuiría al desarrollo de un concepto de Ciudadanía Social que permitiría fomentar de forma solidaria una cultura donde los ciudadanos/as se conviertan en sujetos políticos activos, con formas avanzadas de autogobierno, sustentado en la riqueza y diversidad de las culturas y del patrimonio locales, así como en el muncipalismo. A tenor de todo lo dicho, y a partir del artículo siguiente, comenzaremos a concretar nuestra propuesta de Estado Federal para el Estado Español.