Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

En esta breve serie de artículos vamos a comentar los aspectos más significativos de la (mal) llamada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (L.O.M.C.E.), por supuesto desde un enfoque crítico y una visión de izquierdas, tal y como nos caracteriza. Le hemos dedicado ya algún artículo anterior dentro de la serie titulada "Por una Educación Pública a todos los niveles", donde estamos reivindicando el cáracter, la importancia y la necesidad de una educación pública que no renuncie a ninguno de sus principios inspiradores, acompañada por nuestras propuestas desde la izquierda para un sistema educativo adecuado. Pero como decimos, esta nueva LOMCE, patrocinada por el Ministro Wert, requiere por su controversia una tratamiento diferenciado, y sobre todo, una explicación detallada para que podamos comprender su auténtica dimensión.

Voy a seguir sobre todo, aparte de mis propios conocimientos y opiniones en el ámbito educativo, tres documentos que fueron publicados hace pocos días en la web de Izquierda Unida, y que exponen respectivamente un análisis rápido de la nueva ley, un análisis más detallado, y una serie de medidas alternativas y propuestas concretas. A ellos me remito, y recomiendo a los lectores su descarga y lectura rápida. Como comentario inicial, ya sabemos que el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, fue objeto de un intento de reprobación en el Congreso de los Diputados, propuesta llevada a la cámara por el PSOE, y apoyada por prácticamente todos los grupos de la oposición. Evidentemente no prosperó, debido a la mayoría absoluta del PP. Dicha reprobación, como argumentaron los grupos, no obedecía sólo a los planteamientos de la LOMCE, sino a la controvertida y polémica figura del Ministro, y todo su rosario de declaraciones desde que llegó al Ministerio, con su actitud arrogante y autoritaria.

De entrada, y aunque tendremos ocasión de explicarlo con detalle, afirmamos rotundamente que dicha contrarreforma educativa es regresiva, involucionista, excluyente, elitista y segregadora, que quiebra además completamente los principios de equidad, cohesión social e integración educativa, y que supone una vuelta al modelo educativo de la dictadura. Por si todo ello fuera poco, el Ministro Wert la elabora totalmente de espaldas a la comunidad educativa, sin consultar ni dialogar con nadie, lo cual le ha valido varios plantes de diversos sectores de esta comunidad. Se ha impuesto esta Ley sin un diagnóstico previo, real y objetivo de la situación de nuestro sistema educativo (de hecho se ha manipulado mucha información), y tras brutales recortes llevados a cabo en este área, que ya han sido objeto de comentarios en muchos de nuestros artículos, y en los cuales no insistiremos aquí. Con estas credenciales, evidentemente es una Ley destinada al fracaso.

Por su parte, los sectores que apoyan la Ley intentan distraer nuestra atención afirmando perogrulladas como que "esta es la primera Ley educativa del PP, porque hasta ahora, todas las leyes educativas que se han aplicado han sido del PSOE", o bien argumentado que "hay que hacer algo, porque nuestros resultados en los Informes Pisa son desastrosos". No entremos al trapo de dichos argumentos tramposos, que lo único que pretenden es defender lo indefendible, y situar el foco de atracción en otro sitio. Recordemos que incluso esta Ley ha provocado un hecho insólito, como fue la convocatoria de una huelga por parte de la CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos), la cual fue tildada por el Ministro como "huelga ideológica, de extrema izquierda y antisistema". Ahí es nada. Junto con su famosa perla de "españolizar a los alumnos catalanes, y que convivan con orgullo con sus dos identidades", poco más hay que añadir sobre este personaje.

Lo primero que vamos a decir sobre la LOMCE es que no es una nueva Ley como tal, ya que lo que hace es modificar más de un tercio de los artículos de la LOE, hasta un total de 75, en un artículo único que incluye modificaciones, y la incorporación a esta LOE de nuevo articulado, que se formula como artículos bis o nuevas disposiciones. Junto a dicho artículo único aparecen dos disposiciones adicionales, dos transitorias y tres finales, que sí son específicas del nuevo texto. Por tanto, toda una serie de aspectos de la antigua LOE quedan como estaban, tales como las enseñanzas de idiomas, la cooperación entre las administraciones educativas, la eduación infantil, las enseñanzas deportivas, lo relativo al alumnado con necesidades de apoyo y refuerzo educativo, la compensación educativa, el profesorado y su formación, la evaluación de la función pública docente, los centros docentes, la evaluación del propio sistema educativo, y los recursos económicos. Todo ello queda igual que estaba.

En el resto del texto, modifican relativamente poco algunos otros aspectos, tales como la educación de adultos, o la escolarización en centros públicos y privados concertados (excepto la segregación por razón de sexo, uno de los aspectos más polémicos). El grueso de los que se modifican se refieren al currículo, la evaluación, la promoción y titulación de todo el sistema, la concepción de la Formación Profesional, la ampliación de conciertos para la FP, y lo relativo a la supuesta "autonomía" de los centros educativos. Esto constituye (ya lo detallaremos con más calma) uno de los temas más polémicos, ya que modifican sustancialmente la organización y dirección de los centros, anulando las pocas competencias que les quedaban a los Consejos Escolares y a los Claustros de Profesorado, para desviarlas a las competencias de la Dirección. Continuaremos en siguientes entregas.

Urbanismo.

Defenderemos un modelo de ciudad compacta basado en la diversidad social y de usos, que favorezca la calidad de vida y la compatibilidad de actividades productivas y residenciales, con unas adecuadas dotaciones de servicios públicos que apuesten por un modelo de movilidad sostenible sustentado en el transporte público y los medios no motorizados. El patromonio arquitectónico de muchas localidades andaluzas obliga a establecer medidas para preservarlo de los procesos de demolición y abandono, así como al establecimiento decidido de políticas de rehabilitación y mantenimiento que permitan su uso por parte de los habitantes, en el convencimiento de que la fórmula óptima de preservación de un bien es su utilización.

La preocupación por los pequeños municipios se fundamenta en los principios constitucionales y estatutarios de igualdad de los ciudadanos, que se quiebran si no se garantiza, independientemente del lugar de residencia, un nivel de equipamiento básico acorde con las necesidades de desarrollo de las personas. Al mismo tiempo hay que considerar y reconocer las diferencias sustanciales existentes en los pequeños núcleos de población, estableciendo para ellos acciones normativas, administrativas y económicas. En este sentido:

1.- Dotaremos a los pequeños municipios de instrumentos de gestión urbanística más eficaces, menos complejos y más adecuados a la solución de problemas puntuales, pero de gran trascendencia para el funcionamiento de la localidad, mediante el desarrollo de una normativa urbanística específica.

2.- Desarrollaremos actuaciones de planeamiento integral (infraestructuras, viviendas, equipamiento y aspectos socioeconómicos) en los conjuntos históricos andaluces, con medidas de rehabilitación de su patrimonio arquitectónico, mejora de sus espacios públicos y puesta en valor de los yacimientos arqueológicos, de forma que se posibilite el mantenimiento de su población, se continúen los usos actuales del suelo, y en su caso, se frene la terciarización.

3.- Actuaremos para recuperar barrios con deterioro físico y/o social, con una intervención integradora, y con la participación de otras Administraciones competentes.

4.- Impulsaremos promociones de vivienda protegida tanto en zonas de expansión urbana como en barrios consolidados o en suelos de alto valor económico, evitando así la creación de guetos y la exclusión social de algunos colectivos.

5.- Con carácter general, se dará prioridad a la rehabilitación del patrimonio existente y a la puesta en valor de las viviendas vacías, sobre la construcción de nuevos inmuebles.

4.3 Un elemento estratégico: desarrollo del mundo rural.

Manifestamos nuestro apoyo a las políticas de desarrollo rural de carácter transversal que  han desempeñado un papel esencial en la profunda transformación experimentada en las últimas décadas por el mundo rural de Andalucía. Esta transformación se ha materializado en una mejora significativa de las condiciones de vida de los pueblos, y ha contribuido a fijar la población a los territorios, atenuando de este modo el progresivo abandono de las áreas rurales, fruto de la aplicación en Andalucía de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Por ello:

1.- Defenderemos las políticas que desarrollan los 52 Grupos de Desarrollo Rural andaluces, que deben seguir ocupando un papel relevante en la futura PAC, como instrumento imprescindible para la mejora de la competitividad de las zonas rurales, para favorecer la creación de empleo y para contribuir a la cohesión territorial y social.

2.- Reforzaremos estrategias como el Programa AVIVA.

Las propuestas en relación al urbanismo en Andalucía y al medio rural deben estar también impregnadas desde nuestra visión conjunta de armonización del hombre con el medio natural donde habita y desarrolla sus actividades productivas. Como sabemos, la planificación territorial se ha desarrollado hasta ahora teniendo en cuenta sólo los criterios de mercado (de hecho, se acaba de aprobar una nueva Ley de Costas por el Gobierno Central nociva en este sentido, que ya comentaremos en otro artículo), demostrando pasividad y negligencia ante la destrucción de los recursos naturales, y brindando el territorio como un negocio especulativo más. Se debe renunciar a todas estas prácticas, potenciando la intervención pública en suelo y vivienda protegida, y centrando los esfuerzos en una planificación más racional del territorio urbano y rural.

El POTA (Plan de Ordenación Territorial de Andalucía) debe por tanto estar basado en un nuevo modelo de desarrollo (acorde con el modelo productivo del que tanto hablamos) ecológicamente sostenible, socialmente justo, y territorialmente equilibrado, donde no quepa lugar a las prácticas especulativas, a la destrucción del medio ambiente y sus ecosistemas naturales, o a la injusticia y desigualdadades sociales. En este sentido, entendemos que el modelo de ciudad compacta, el fomento de los transportes públicos, la preservación del patrimonio arquitectónico, la protección del suelo público, o la puesta en valor de las viviendas y edificios vacíos, son medidas que contribuyen a este modelo. Ejemplos como la construcción cercana a las playas gaditanas de Bolonia, o megacomplejos como los futuros EuroVegas o Barcelona World se oponen frontalmente a los modelos de desarrollo por los que apostamos.

Habíamos avanzado en los anteriores artículos de esta serie que, una vez enunciados los grandes principios rectores de la política educativa que proponemos desde la izquierda, nos íbamos a detener en las medidas propuestas para cada uno de los sectores de la comunidad educativa. Esto que llamamos la Comunidad Educativa está formada, a grandes rasgos, por los enseñantes y los enseñados, esto es, el Profesorado y el Alumnado, las dos partes fundamentales. A ellos debemos unir, ya en segundo término, a la comunidad de padres/madres de alumnos (con sus órganos representativos), y a la propia Administración Educativa, representada por los propios Centros, su personal, y los órganos de gobierno de los mismos, a todos los niveles (Consejos Escolares). Por último, las instancias educativas de la propia Administración Pública a los tres niveles (local, autonómico y central) también forman parte de ella.

Por consiguiente, vamos a dedicar este artículo al alumnado, como la materia prima fundamental, la parte si se quiere más troncal de toda la comunidad educativa, pues el alumnado representa a las personas que han de ser formadas, a las personas que han de finalizar su formación con unos niveles aceptables no sólo de conocimientos (en las materias correspondientes a su especialidad), sino también de capacidad de análisis, de crítica y de reflexión. En el alumnado debemos fomentar no sólo unos conocimientos y habilidades, no sólo unas capacidades y unas competencias, sino también unos valores, una crítica y una ética, unos principios bajo los cuales entender el mundo, distinguir los límites, enfocar los problemas y plantear las soluciones. Debemos ser capaces (toda la comunidad educativa) de volcar en el alumnado con todas nuestras fuerzas lo mejor de nosotros mismos, pues ellos representan las futuras generaciones, a las que les dejaremos no sólo el mundo al que nosotros estamos contribuyendo, sino la capacidad para que ellos/as puedan cambiarlo.

Luego por tanto, el Alumnado representa el epicentro del sistema educativo, y debemos garantizar que el sistema sea capaz de impartir la mejor formación posible al mismo, como la garantía de que el sistema en su conjunto logre los mejores resultados. Los Informes Pisa sobre éxito escolar no nos dejan en buen lugar cada vez que se publican, pues parece ser no sólo que nuestro porcentaje de fracaso escolar es de los más altos en relación a los países de nuestro entorno, sino que incluso las capacidades de nuestro alumnado no son tampoco las mejores, aún en las materias básicas. Las medidas fundamentales que nosotros proponemos para romper con esta tendencia y alcanzar los objetivos son las siguientes:

1.- Proporcionar una respuesta adecuada a la diversidad como garantía para el éxito académico y escolar: apoyo y seguimiento en la etapa obligatoria del alumnado con dificultades, y con altas capacidades intelectuales. Fortalecer la prevención y detección precoz de situaciones de riesgo desde la etapa temprana (de 0 a 6 años). Renunciar completamente a las prácticas de elitismo, así como de segregación por capacidad, por sexo o por recursos económicos de sus familias.

2.- Realizar un seguimiento específico en los dos primeros ciclos de la Educación Primaria de aquél alumnado con mayores dificultades en las áreas de compresión lectora y competencia matemática.

3.- Fortalecer las estrategias de aprendizaje hacia la personalización del proceso educativo en la Educación Secundaria Obligatoria.

4.- Establecer tutorías especiales con mayor grado de seguimiento y personalización con los alumnos con mayores dificultades en su aprendizaje y permanencia en el sistema. Extender también la tutoría lectiva al Bachillerato dentro del horario semanal del alumnado.

5.- Reducción de los ratios en todos los grupos y niveles, pues nosotros sí pensamos que es un factor que incide en la calidad educativa. El ratio es el número de alumnos por grupo/aula, es decir, el grado de concentración de alumnado dentro de una misma clase, atendido por un único profesor/a. Para una mejor atención del mismo, en las diferentes etapas educativas, de manera progresiva y con preferencia a los centros con mayores dificultades, y de acuerdo con indicadores objetivos de menor rendimiento académico y desfase sociocultural, proponemos un horizonte que encamine de modo generalizado a las ratios máximas siguientes: 4 alumnos para menores de 12 meses, 6 para 12-24 meses, 8 para 24-36 meses, 15 para 3-6 años, 20 para alumnos de Primaria, 25 para la ESO y 30 para el Bachillerato.

6.- Garantizar las zonas de escolarización que favorezcan la mezcla y la convivencia en un mismo centro de distintos perfiles de alumnado, a fin de convertir todos los centros educativos en espacios de encuentro y cohesión social.

7.- Aumentar las convocatorias de programas para alumnado en el aprendizaje de idiomas, a través de estancias en el extranjero y cursos de inmersión lingüística.

Para finalizar, y como opinión personal, quiero dedicar una atención especial a uno de los fenómenos colaterales de la crisis económica, derivado del boom constructor e inmobiliario: se trata de los miles de chicos y chicas (sobre todo ellos) que abandonaron tempranamente los estudios para obtener un puesto de trabajo rápido y muy buen remunerado. Como sabemos, esto fue flor de un día, ya que al poco tiempo, cuando la burbuja inmobiliaria pinchó y se reveló (en el caso español) como otro detonante de la actual crisis económica, todos estos jóvenes se quedaron sin empleo, y con una formación que no habían finalizado, lo cual les debaja un poco en el aire tanto en su carrera educativa como laboral.

Un frente desde el que se puede actuar es desde las propias familias (como otro agente de la Comunidad Educativa), reforzando la transmisión de la idea, de cara al alumnado, de que lo único que se puede hacer a ciertas edades es estudiar. Dicho en otras palabras, un chico o una chica en edad adolescente (e incluso en su primera juventud) no debe manejar todavía las dos clásicas opciones: estudiar o trabajar. Planteamiento equivocado, a mi entender. El mensaje de toda la comunidad educativa, y especialmente de las familias, de cara a estos jóvenes ha de ser tajante: sólo se puede estudiar. No hay opción a otra cosa. Es el tiempo del estudio. El o la joven debe prepararse para tener claro a lo que quiere dedicarse en el futuro, y el estudio es la preparación para ello. Esto excluye evidentemente los casos donde los jóvenes estudiantes universitarios apoyan sus estudios con algún trabajo temporal y eventual, para disponer de ingresos propios.

Pero como decimos, a ciertas edades, no deben existir otras opciones. Es además la etapa donde el mensaje en cuanto a su futuro laboral ha de partir de un convencimiento en base a la elección de una profesión adecuada a sus gustos, preferencias y capacidades, y no teniendo en cuenta otros baremos, como el económico. La razón está clara: van a pasarse más de un tercio del resto de su vida ejerciendo ese trabajo/profesión, y por tanto, si no se disfruta con ello, mala inversión humana y flaco favor social estamos haciendo. Precisamente, la época de la etapa educativa es la más propia para recalar estos pensamientos y valores en los alumnos, ya que después podría ser tarde. Lo dejamos aquí de momento, y en la siguiente entrega de esta serie, nos dedicaremos al profesorado.

Permitidme, queridos lectores, que antes de seguir avanzando con las propuestas para una revolución popular, nos detengamos en (quizá) el argumento más contundente para la convocatoria de la misma. Hace pocos días volvieron a salir los datos del paro, y la situación es completamente escalofriante. Con el paro desbocado, los precios descontrolados con la subida del IVA y los salarios más bajos o congelados, la situación de la clase trabajadora es patética. Los últimos datos de la EPA, facilitados por el INE, arrojan un total de 1,73 millones de hogares españoles con todos sus miembros en paro. Frente a estos datos, y a los pocos días de darse a conocer, a la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, no se le ocurre otra cosas que decir que "estamos saliendo de la crisis". Indecente y vergonzante comentario, que debería haber sido reprobado por Rajoy.

La estadística es tenebrosa y la tendencia demencial. En comparación con el mismo trimestre de 2011, los hogares con todos sus miembros en paro se han incrementado en 312.700, un 21,94% más. Por su parte, los hogares con todos sus integrantes ocupados se redujeron en 58.800 en el tercer trimestre del año, un 0,69% menos respecto al trimestre precedente, hasta un total de 8.521.700 hogares. En el último año, las familias con todos sus miembros ocupados han bajado en 536.700 (-5,9%). Aumentan los dramas humanos, en proporción directa a la bajada de la credibilidad del Gobierno. Un mayor desglose comparativo de las cifras sería un desesperante ejercicio, pero en resumen, hemos superado ya la tasa de 25% de desempleo. Una de cada cuatro personas no puede trabajar, y en algunas Comunidades, como Andalucía, la tasa supera el 30%, y la de paro juvenil el 50%. Al momento de cerrar este artículo, hemos conocido la noticia de la publicación en el BOE de las condiciones de las Administraciones y Empresas Públicas para poder plantear un ERE. Pues bien, en ese mismo día se ha anunciado por parte de AENA el despido de 1.600 trabajadores.

Parece claro, pues, que la situación es completamente insostenible. No podemos continuar por esta senda de destrucción de empleo, hundimiento del consumo, deshaucios masivos, privatización de servicios públicos, y en fin, pobreza, desesperación y sufrimiento de la gente. Hace falta concienciar y movilizar, hacer pedagogía (acabando con la demagogia), organizar la resistencia pasiva, canalizar las inquietudes de la ciudadanía, plasmar la revolución popular. Si volvemos la vista atrás unos cinco años, más o menos, y pensamos la posibilidad de que alguien nos hubiera dicho que íbamos a alcanzar esta situación, nos hubiera parecido ciencia-ficción. Y si no, veamos. Sólo plantearemos algunos ejemplos. Nos bastarán para comprobarlo.

¿Quién hubiera creído posible que los convenios colectivos fuesen derogados por un gobierno elegido democráticamente? ¿Quién hubiera aventurado que se iban a convocar dos huelgas generales en menos de un año? ¿Quién podría haber imaginado que el sector público iba a ser tratado como el privado, que los servicios públicos universales de los que habíamos disfrutado durante décadas se iban a privatizar? ¿Quién hubiera podido imaginar ataques a nuestra Educación Pública como los que se están produciendo? ¿Quién se imaginaba a la vuelta de varios años en los límites de la pobreza? ¿Quién hubiera pensado que se iban a configurar movimientos populares, como la Coordinadora 25-S, pidiendo no ya la movilización ciudadana, no ya la contestación popular, sino el derrocamiento de todo nuestro sistema político y económico, incluída nuestra Constitución? Pues así estamos.

El panorama es desesperante, pues estamos inmersos en la más cruenta lucha de clases desde la revolución industrial del siglo XIX. Los poderosos aprovechan esta fase de crisis del capitalismo financiero para eliminar todas las conquistas sociales y trabajadoras de las últimas décadas. Y los ataques continúan: en uno de los recientes Consejos de Ministros, la Vicepresidenta del Gobierno anunció que se va a efectuar una revisión completa, profunda y exhaustiva de toda la estructura de nuestra Administración Pública, de abajo a arriba, construyendo un mapa global de todo lo que soporta el Estado, evidentemente para proceder, sin prisa pero sin pausa, a su destrucción y minimización, en aras de una mayor eficiencia. En seguida salieron algunos medios de comunicación y formaciones políticas a aplaudir estos planteamientos.

Se trata de otra monumental mentira, pues lo que se pretende es adelgazar al sector público cuanto más mejor, transfiriendo todas las oportunidades de negocio al sector privado. Se nos dice que nuestros servicios públicos son insostenibles, pero es otra colosal mentira. Para comprobarlo, basta con que  nos hagamos (e intentemos responder) la siguiente pregunta: ¿si de verdad fueran insostenibles, porqué iban a querer entrar las grandes empresas en dichos servicios, para transformarlos en negocios? Nada de insostenibles, lo que quieren es eliminarlos del sector público, para que el sector privado pueda aprovechar su rentabilidad, que hoy es social, para transformarla en rentabilidad privada. Se trata de todo un expolio formal por parte del Estado hacia todos los frentes que garantizan la protección social de la clase trabajadora. Guerra de clases pura y dura.

Y para muestra un botón, en lo que se refiere al cambio de orientación y funcionamiento de las entidades públicas, cuando se convierten en privadas. Hoy en día, existen ya hospitales privados (en sus recursos y/o en su gestión) que niegan a los pacientes con ciertas enfermedades los tratamientos correspondientes, alegando falta de dinero. Así de trágico. Pacientes con ciertas enfermedades crónicas, e incluso mortales, ven cómo la gerencia de su hospital les niega el tratamiento, argumentando que no tienen medios para sufragar dichos medicamentos. A esto hay que unir la nueva implantación, en la Comunidad de Madrid, del euro por receta, al estilo del existente en Cataluña. Esta es la realidad donde nos están llevando. Y nosotros nos seguimos preguntando: ¿Aquí no haría falta una revolución?

Pues sí, creemos que sí, que es inaplazable, irrenunciable, inexcusable. No tenemos otro camino, si queremos recuperar una mínima dignidad para la clase trabajadora. Porque es insultante comprobar diariamente cómo los bancos rescatados siguen deshauciando a las personas, cómo se sigue permitiendo el fraude y la evasión fiscal, cómo los intereses de las grandes empresas se continúan defendiendo por parte del Estado, cómo el Banco Central Europeo campa a sus anchas con una impunidad total ante sus mafiosas e injustas prácticas, cómo el Rey afirma en el extranjero auténticas barbaridades como que "las medidas del Gobierno ya están empezando a dar sus frutos", o cómo el Estado ejerce prácticas cada vez más represoras contra las movilizaciones populares. Continuaremos en siguientes entregas.

Hemos tenido referencias hace pocos días sobre la nueva Ley del Mercado de Alquiler de la Vivienda, y como siempre, bajo un prisma aparentemente correcto y deseable, se esconde una nueva herramienta aliada de la política neoliberal que nos invade. Vamos a comentar en este artículo algunas características sobre la misma, para poder comprobarlo. Para comenzar, ya sabemos que el tema de la vivienda en general no es nuevo, nosotros hemos escrito muchas veces sobre este tema, pero ahora además se ha puesto especialmente en la palestra, por varios motivos fundamentales: la aparición del llamado "banco malo" (que empezará a funcionar en diciembre, y donde se desviarán los activos tóxicos de tipo inmobiliario de los bancos), el elevado número de deshaucios practicados en los últimos meses, los atentados contra la propia vida e integridad física de las personas que toda esta política está generando, la iniciativa del PSOE (que llega tarde y mal) para intentar presentar una propuesta en torno a este preocupante tema, o el informe publicado por algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial ofreciendo datos, y denunciando la gravedad del asunto.

En ese mismo sentido ha girado también el reciente informe anual de la Relatora Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada de Naciones Unidas, Raquel Rolnik, que se hizo público hace pocos días, destacando el impacto que la financiarización de la vivienda está teniendo sobre el derecho en cuestión. Este informe se acaba de publicar oficialmente en la Asamblea Anual de la ONU de Nueva York, el pasado 29 de Octubre. El informe, que se puede descargar en este enlace, es completísimo, y concluye que las políticas implementadas en los últimos años que han priorizado el acceso a la vivienda en régimen de propiedad a través de hipotecas han demostrado su total fracaso, y han conducido a la vulneración sistemática del derecho fundamental a la vivienda, así como a la desprotección y exclusión social, poniéndose como ejemplo al Estado Español de dicha fallida política, destacando el dato de 400.000 ejecuciones hipotecarias efectuadas desde 2007.

Pues bien, ante todo este panorama, la nueva Ley del Mercado de Alquiler de Viviendas no viene (como era de esperar) a ayudar en nada, sino más bien todo lo contrario. Partimos de la base, que ya hemos denunciado varias veces en nuestros artículos, de que en España se dispone de un stock de vivienda sobredimensionado, en el que la propiedad es el régimen de tenencia dominante. Este es un primer cambio de mentalidad que tenemos que provocar. ¿Y cómo se consigue esto? Pues potenciando el mercado de alquiler como una opción barata, asequible y segura, que es justo lo contrario de lo que ofrece la nueva Ley. Por ejemplo, en el año 2001, mucho antes de que pinchara la burbuja inmobiliaria, el porcentaje de viviendas en alquiler era sólo de un 11% del total. Escasísimo porcentaje, si lo comparamos con los países más desarrollados, donde el mercado de alquiler es una opción preferente, sobre todo porque el Estado lo garantiza, lo avala y lo protege. Pero en España este enfoque parece ser que no interesa. Actualmente, como decimos, se debate en el Parlamento el Proyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, y desde la izquierda, lo entendemos como un ataque frontal a la garantía del derecho a una vivienda digna recogido en la Constitución.

Pero no sólo lo afirmamos desde Izquierda Unida. Colectivos como ATTAC Madrid, Ecologistas en Acción, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Grupo de Trabajo de Economía-Sol, entre otros, aseguran que con este Proyecto de Ley se siguen favoreciendo los intereses de los sectores financieros e inmobiliarios, a lo cual tenemos que unir el precedente de otros países del mal funcionamiento, más bien diríamos del fracaso, de la puesta en marcha del llamado "banco malo". El sector financiero e inmobiliario pretende seguir cubriéndose las espaldas, también en este mercado, salvaguardando sus activos en el ladrillo, mediante ventajas legislativas y fiscales. Y en cuanto a las nuevas normativas que aparecen en el Proyecto de Ley, parten del error de base (como pasaba por ejemplo en la Reforma Laboral) de considerar a ambas partes por igual, esto es, al arrendador y al arrendatario, algo que evidentemente no es real. Si pretendemos ser justos, hemos de proteger más a la parte débil (el inquilino) frente a la parte fuerte (el propietario). Vamos a ver algunas cláusulas.

Entre otras medidas, el proyecto legislativo reduce de cinco a tres años el límite legal para permanecer en una vivienda alquilada, y la prórroga forzosa, de tres años a uno. Nosotros entendemos que de esta forma se precariza aún más el alquiler al convertirlo en una opción meramente temporal, que es la filosofía contraria a la que debemos emprender. Además, el Gobierno del PP pretende que el propietario pueda disponer de la vivienda para sí o sus familiares más cercanos en cualquier momento, con independencia de que esta posibilidad se haya pactado o no en el contrato de alquiler. En estos casos, los inquilinos tendrían un plazo de dos meses para abandonar la vivienda, y la norma tampoco prevé una indemnización mínima en este escenario. También se permite la negociación anual de la renta sin sujeción a las variaciones del IPC, lo que en la práctica implica de nuevo desproteger al inquilino, ya que se concede un carácter de equilibrio a la voluntad de las partes.

Igualmente, el texto permite que las partes puedan negociar la pérdida del derecho de adquisición preferente por parte del inquilino, lo que permitiría prácticas fraudulentas por parte de los propietarios, como poder vender una vivienda alquilada sin informar a sus ocupantes. Por otra parte, se reducen casi al mínimo las garantías judiciales de los arrendatarios, con el argumento de facilitar el deshaucio con la mayor agilidad posible, atendiendo peticiones como las de FEDEA. Se recoge por ejemplo que en el momento de efectuar la denuncia por parte del arrendador, el secretario judicial fije la vista del caso, y simultáneamente, la fecha del deshaucio. Incluso recogiendo la posibilidad por parte del inquilino de poder desistir del alquiler en cualquier momento, siempre que se le comunique al propietario con un mes de antelación, se recoge como contrapartida la posibilidad de incluir dentro del contrato una cláusula de indemnización por desistimiento del inquilino. Como vemos, todo son ventajas para el propietario del inmueble.

Por otra parte, se toman medidas que inciden en colocar el mercado del alquiler de viviendas bajo las prácticas especulativas. Por ejemplo, se abre el mercado de viviendas a las entidades residentes en paraísos fiscales, y es por esto por lo que se les elimina  el gravamen especial sobre bienes inmuebles (3% del valor catastral). Y de igual forma, el Proyecto de Ley fomenta lo que se dará en llamar Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), que por sus ventajas fiscales podemos asociar a las actuales SICAV. Por todo ello, como hemos avanzado al principio, lejos de consagrar la vivienda como un bien protegido de primera necesidad, y por tanto garantizar desde el Estado la existencia de un mercado de alquiler social, a bajo precio y con suficiente seguridad jurídica, este Proyecto de Ley abunda en la línea de residualizar, de hacer casi marginal, al mercado de las viviendas de alquiler.

Frente a todas estas políticas equivocadas, crueles y antisociales, desde la izquierda seguimos demandando una nueva política de vivienda, cuyo epicentro resida en la toma en consideración de la vivienda como un derecho fundamental. En este sentido, reclamamos un giro en la consideración social del mercado de los alquileres, una mayor protección jurídica del inquilino, la declaración de legalidad para la ocupación de viviendas que lleven más de un año vacías, la concesión de subsidios para el alquiler de viviendas, la creación de un parque de viviendas sociales con los activos inmobiliarios que irán a parar al banco malo, y el establecimiento de la dación en pago obligatoria (no como un código voluntario de buenas prácticas) para las entidades que se hayan visto beneficiadas con ayudas públicas. Entendemos que una Ley que desarrolle el Derecho a la Vivienda debería instaurar también de forma generalizada la posibilidad de la dación en pago, incluso retroactivamente. Jugar con el derecho a la vivienda es jugar con la vida de las personas. Un Gobierno que mire a las personas no puede permitirlo.