Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

En un acto de la FAES (la maquinaria de ideas del PP) de hace pocos días, y dentro del contexto de la concesión del  Premio a la Libertad al escritor Mario Vargas Llosa (que también intervino con un discurso muy agresivo frente al nacionalismo), pudimos escuchar de nuevo las barbaridades que piensa nuestro ex Presidente del Gobierno, Jose María Aznar. En efecto, y como estamos en tiempo de debate soberanista en Cataluña, y con las elecciones en la CAV tan recientes, el encendido discurso reaccionario del ex Presidente no tuvo desperdicio alguno. Tan conservador fue que hasta gente de su propio partido ya se ha apresurado a desalinearse de las tesis aznaristas (Rajoy, Sánchez Camacho, Núñez Feijoo), aunque algunos otros, como los Presidentes autonómicos de La Rioja o Madrid, han declarado coincidencias con los planteamientos de Aznar.

Al acto asistieron la plana mayor de los dirigentes más duros, digamos el núcleo de hierro del PP, tales como el propio Rajoy, Ana Botella, Esperanza Aguirre, ex Ministros como Ángel Acebes o Eduardo Zaplana, o Presidentes autonómicos como Ignacio González o Luisa Fernanda Rudí, además de otros colectivos, como la AVT, representada por su Presidenta Ángeles Pedraza. Bien, vamos a traer textualmente algunas frases e ideas vertidas por el ex Presidente, para que veamos hasta qué punto se posee una concepción beligerante con el nacionalismo. Aznar dijo que "España no se iba a romper", y advirtió que eso sólo podría pasar "si Cataluña sufriera antes su propia ruptura como sociedad, como cultura y como tradición". Realizó una encendida defensa de lo que él entiende como "la unidad de España", y también señaló (y lleva mucho tiempo afirmándolo) que nuestro modelo territorial "es insostenible" (y después de esto, todavía hay quien piensa que detrás de estas palabras no hay una visión recentralizadora del Estado).

El ex Presidente reprochó a los nacionalistas su "deslealtad" con el pacto constitucional, y advirtió, ante los planteamientos soberanistas en Cataluña, de que "romper con la Constitución es, para quien lo haga, la puerta de salida de Europa". Personalmente, me asquea tanto discurso de Estado y tanta hipocresía, viniendo de líderes cuyos Gobiernos han incumplido sistemáticamente la Constitución en su articulado estructural, y que se han puesto de acuerdo para cambiar a su antojo la Constitución ante las presiones de la UE. También afirmó cosas como que "nacionalismo y europeísmo son conceptos opuestos" (no sé de dónde se saca esto), y también consideró que el problema del nacionalismo no es sólo con España y con la Constitución, sino que lo es con el Estado de Derecho, y con la sociedad abierta, la diversidad y la globalización, ideas con las que personalmente encuentro amplias contradicciones. Para empezar, porque son ellos (el PP) los que vienen negando desde siempre la diversidad cultural, lingüística y plurinacional del Estado Español.

Aznar insistió en que "Cataluña no puede permanecer unida si no permanece española", antes de recalcar que "quien piense que en los planteamientos soberanistas catalanes sólo está en juego la unidad de España se equivoca, porque también está en juego la integridad de Cataluña". Y, según Aznar, dado que el nacionalismo ha dejado claro lo que se puede esperar de él, apostó por una reforma del modelo de Estado que lo haga "más ordenado, más eficiente y más justo". Dicha reforma, señaló, debería reafirmar los principios constitucionales y de "libertad de todos frente a los chantajes, las imposiciones y las maniobras de exclusión", garantizar la solidaridad entre todos los territorios y reforzar los fundamentos de "una España que no renuncia a sí misma" (le faltó decir "una, grande y libre", como en tiempos pasados).

También señaló que cualquier propuesta que pretenda sustituir derechos ciudadanos por derechos territoriales es "lisa y llanamente incompatible con la soberanía nacional". Confieso que mi perplejidad va en aumento. También desechó otras opciones al señalar que cualquier fórmula federal, confederal o "del tipo que sea", o que pretenda o requiera la quiebra de la soberanía nacional, es inviable (de nuevo me entra la risa floja, pues tiene mucha gracia que hablen de soberanía nacional cuando estamos en el terreno económico a los dictados de la Troika). Acusó también a los nacionalistas de "falsificar la historia", y consideró que lo mínimo que se podía esperar de ellos, a cambio del pacto histórico que hubo en la Transición (y dale carrete), era lealtad a dicho consenso constitucional. Sin embargo, se lamentó, lo que se está obteniendo es "deslealtad con la democracia y con la ley". En fin, también afirmó cosas como que "no podemos hacer dejación de España, sino que debemos creer en España más de lo que nadie pueda descreer en ella", etc. Como decíamos, un rancio discurso al más puro estilo conservador y reaccionario.

Y es que el origen del problema es que siguen viendo España, sus pueblos, sus gentes, sus culturas, como una foto fija, quieta, inmutable, definitiva. Son conservadores precisamente porque entendieron la Constitución como una meta, como algo ya consagrado, como una estructura del Estado ya finalmente plasmada, no como algo dinámico, y que tendría que evolucionar con el tiempo, sobre todo hacia donde la voluntad popular de nuestros pueblos lo quisiera llevar. Son conservadores porque se niegan al cambio, a la evolución, a la transformación de las sociedades hacia estructuras más democráticas, más representativas de la voluntad popular. Y cuando se ven "amenazados" ante este, según ellos, "desafío nacionalista", lo que hacen es proponer involuciones, retornos al pasado, vueltas a las estructuras anteriores, de menor descentralización, de menor poder local, de mayor control desde un Gobierno Central. Les asusta todo escenario que no sea un Estado Autonómico tal y como lo tenemos ahora, que es incluso cuestionado, con la excusa de la crisis, por sus líderes más reaccionarios.

Con la excusa populista de que "todos los españoles sean iguales, independientemente de donde hayan nacido", lo que se pretende es uniformizar el Estado, recortar por tanto la soberanía autonómica, imponer unos criterios nacionales que se adopten por igual en todas las Comunidades, impidiendo que cada una de ellas adapte ciertas leyes o servicios a su propia tradición, cultura, necesidades o idiosincrasia. Precisamente, el Estado Autonómico se crea para esto, para dotar a los pueblos de España de "autonomía" a la hora de gobernar sus propios territorios. Pero a ellos no les gusta esa autonomía. Quieren en el fondo acabar con ella. Y todavía les gusta menos, evidentemente, el Estado Federal que proponemos desde la izquierda, pues insistiría en unas mayores capacidades de autogobierno de todos los pueblos de España, bajo una coordinación estatal que garantizara unos mínimos a nivel de todo el Estado. De esto no quieren ni oír hablar.

Y otra excusa curiosa que se baraja es el referéndum sobre la independencia, que demagógicamente quieren extenderlo (llegado el caso) a todo el territorio del Estado Español. No nos dejemos engañar por estos pretextos facilones y de perogrullo. Vamos a poner algún ejemplo, extrapolado a otros ámbitos, para que se entienda: si dentro de una pareja alguno de sus miembros plantea la separación, ¿han de estar los dos de acuerdo? No. Habrá separación, simplemente porque uno de ellos quiere separarse del otro. Otra cosa será la negociación posterior (esta vez sí entre los dos miembros) para acordar cómo quedarán ciertos aspectos de su vida, como por ejemplo la custodia de los hijos, o las posesiones materiales comunes. Bien, ¿porqué no lo aplicamos también al terreno político? La opción de votar en referéndum compete sólo al pueblo que plantea la secesión, en este caso al pueblo catalán. Otra cosa será (si sale afirmativo por mayoría) la negociación de todos los aspectos derivados de dicha separación o independencia de España, tales como la moneda, el régimen jurídico, los territorios, los posibles convenios de colaboración, etc. Luego por tanto, no caigamos en las trampas fáciles que nos ponen los intransigentes. Recojo para finalizar las palabras de nuestro compañero Paco Frutos, quien afirma que con estas opiniones "se fortalecen las actitudes del más rancio y excluyente nacionalismo españolista, capaz de crear más independentistas que todos los partidos y grupos independentistas juntos".

La pasada semana pasaron el primer trámite, esto es, el rechazo a las enmiendas de totalidad, lógicamente con la mayoría absoluta del PP, los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo (en adelante, PGE 2013). Únicamente las formaciones Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro (UPN) no presentaron enmienda a la totalidad a dichos presupuestos, todas las demás fuerzas políticas del Parlamento lo hicieron, hasta un total de 11 (el Grupo Mixto presentó hasta 6 enmiendas). Digamos para ir entrando en materia, que los PGE 2013 representan toda una declaración de guerra a la ciudadanía, pues son unos presupuestos que garantizan únicamente el pago de la deuda a los bancos, y consagran una depresión de nuestra economía de la que costará mucho tiempo salir.

En efecto, son unos presupuestos falsos, pues parten de falsas premisas de los cuadros macroeconómicos, lo que seguramente provocará que tengan que ser corregidos sobre la marcha en más de una ocasión. Y lo que más nos sorprende es el cinismo con que el Ministro Montoro nos dice que "son los presupuestos más sociales de nuestra democracia". Y todo ello, según Montoro, porque dedican 63 de cada 100 euros de gasto público a gasto social. No sé lo que entenderá el señor Montoro por "presupuestos sociales", pero voy a desmontar su argumento usando un contraargumento esgrimido por el propio PP, quien se ha jactado muchas veces en afirmar que "la mejor política social es la que crea empleo". Pues bien, en estos presupuestos no se atisba ni la más mínima posibilidad de creación de empleo para 2013, aunque Montoro afirme con rotundidad sarcasmos como que "serán los presupuestos del último año de crisis", o que "vamos a asistir a finales de 2013 a la creación de empleo". Como vemos, se nos intenta tomar el pelo con absoluto descaro.

Pero lo que el señor Montoro no cuenta es que ese gasto social del que habla se va en su inmensa mayoría en abonar las ya depauperadas prestaciones por desempleo, para atender al ejército de parados/as que tenemos en nuestro país, gracias a sus políticas de hundimiento del consumo y de la economía. Y lo que tampoco dice el señor Montoro es que el mayor trozo de la tarta se va en pagar nuestra deuda, esa deuda ilegítima que hemos contraído gracias a las vergonzantes prácticas de nuestras entidades financieras, y que ahora tenemos que pagar entre todos. Son por tanto unos presupuestos que incidirán en un continuismo en la línea de la depresión de nuestra economía, generando niveles más altos de paro, pobreza, crisis y exclusión social, para beneficio de la banca y de los grandes empresarios. Consagran y aceptan la recesión, incluso presuponiendo unos niveles de caída del PIB (-0,5%) demasiado optimistas, niveles que han sido sobreestimados, como así lo apoyan todas las Instituciones de dentro y fuera de España (Banco de España, FUNCAS, FMI, Comisión Europea, OCDE, etc).

Son unos presupuestos crueles, desalmados, deshumanizados, sin rostro humano, con rostro de mercado, calcados a la medida de la CEOE y de la famosa Troika comunitaria, consagrando todos los esfuerzos a la reducción del déficit público, aún a costa de provocar una mayor caída y recesión económica. Son unos presupuestos claramente antisociales, pues caen todas las partidas dedicadas a los servicios públicos y a la protección social, salvo las que tienen que ver con desempleo y pensiones, pero simplemente porque aumenta el número de perceptores. Y en cuanto a las pensiones, ni siquiera se garantiza su revalorización con respecto al IPC, por lo cual los pensionistas seguirán perdiendo poder adquisitivo. Todo hace pensar que no habrá nueva prórroga del Plan PREPARA para los desempleados, cuando finalice febrero. Igualmente, se contempla una eliminación del actual subsidio especial para desempleados/as mayores de 45 años. Descienden también los recursos del Estado dedicados a la Dependencia, a la Sanidad y a la Educación. También baja la inversión en Cultura.

Por su parte, las Comunidades Autónomas estarán obligadas a practicar nuevos recortes por valor de más de 6.000 millones de euros, para poder alcanzar el 0,7% de déficit impuesto por el Gobierno Central. Todas las previsiones indican que se alcanzará una tasa de paro superior al 25%, lo que incidirá en más desigualdad social, pobreza y exclusión. El panorama dibuja un año con más conflicitividad social, al verse la ciudadanía despojada de sus bienes y derechos fundamentales, así como de todos los recursos para garantizar su subsistencia. Aumentarán como consecuencia de ello los albergues sociales, la pobreza infantil, la dependencia económica de las familias con respecto a sus mayores, abuelos y abuelas, y las enfermedades psicosomáticas derivadas de una situación social insostenible (depresión, fatiga, insomnio, ansiedad), así como los fenómenos migratorios y los índices de suicidio. Nos acercamos a Grecia a pasos de gigante, y más aún si se materializa el rescate que los mercados financieros están esperando. Son unos presupuestos que sacrifican la inversión, paralizan todos los estímulos a la actividad económica, y renuncian a una política de recaudación de ingresos justa para el Estado y la población (como ejemplo de ello, el presupuesto de la Agencia Tributaria desciende un 7,7%).

Las inversiones reales del Estado descienden en un 15%, y el gasto corriente en bienes y servicios en un 5,8%. Esto se traducirá en que las empresas que licitan obras, bienes y servicios con el Estado verán disminuida su demanda, con la consiguiente repercusión sobre la actividad, el consumo y el empleo. Por su parte, la inversión real del Estado en las Comunidades Autónomas desciende en un 16,18%. El recorte afecta a todas las partidas ministeriales, pero nada a la Iglesia Católica, y sólo un modesto 4% a la Casa Real. Frente a todo ello, el pago de los intereses de la deuda representa la friolera de 38.000 millones de euros, y los intereses de las grandes fortunas, de las grandes empresas y de los bancos permanecen intocables. Pero sabemos que hay alternativas. La enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural centra su orientación en rescatar recursos de donde los hay, comenzando por auditar nuestra deuda, y repudiar la parte considerada ilegítima de la misma. Y ello ha de ir complementado con un conjunto de medidas fiscales que permitan asegurar el principio de suficiencia de los ingresos públicos, así como la justicia y progresividad del sistema fiscal.

Para ello, el escenario fundamental es la lucha contra el fraude, y contra la economía sumergida. Desde la izquierda proponemos también la elevación hasta el 35% del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas (consideradas a este efecto como aquéllas que obtienen un beneficio superior a un millón de euros), y que la suma de desgravaciones, subvenciones y ayudas (los llamados en conjunto beneficios fiscales) no pueda ser superior al 25% de la base imponible. Los ingresos estimados por esta vía son del orden de 20.000 millones de euros. Otras medidas, como el ITF (Impuesto a las Transacciones Financieras), un nuevo Impuesto sobre la Riqueza que sustituya al actual Impuesto sobre el Patrimonio, la modificación del sistema de módulos, la legislación sobre las SICAV y la prohibición de las operaciones en corto sobre la deuda pública, generarían también ingresos superiores a los 11.000 millones de euros.

Y todo ello podría ir a políticas de creación de empleo y reactivación de la economía productiva, consiguiendo limitar el déficit sin recurrir a más deuda. La decisión es, por tanto y como siempre, política. Según Montoro, aplicar todo esto nos situaría fuera de Europa, pero sabemos que no es así. Según los medios de comunicación afines a la clase dominante, nuestras propuestas son "política de Twitter", política de grandes frases populistas. Sabemos que no es así. Sabemos que hay alternativas, y está demostrado que se puede hacer. Nos enfrentamos a un año venidero aún más difícil que el presente, si no logramos evitarlo con la presión ciudadana. Asistiremos a escenarios de nuevas huelgas generales, conflictos laborales, despidos y ERE's masivos, manifestaciones, concentraciones, movilizaciones, protestas, nuevas convocatorias para rodear el Congreso, etc., pero no nos dejan otra alternativa. Es el único camino posible para revertir esta desesperante situación.

De atrás le viene el pico al garbanzo en el tema de la deuda, pues siempre ha sido un elemento de opresión de los países ricos, avanzados e industrializados, hacia los países pobres. El lastre de una deuda pública elevada merma las capacidades de crecimiento y expansión de un país, y esto ha sido utilizado durante siglos por las grandes potencias para mantener en el subdesarrollo a los terceros países que dependían de ellos. Aquí y ahora, el tema de la deuda, de su pago y del pago de sus intereses, nos viene acuciando durante estos últimos años de crisis económica, porque representa evidentemente una pesada losa que impide nuestra recuperación, y una excusa perfecta, desde la ideología neoliberal, para dedicar (como se ha hecho en los Presupuestos Generales del Estado para 2013) la mayor parte de nuestro presupuesto público a su pago, recortando en el resto de las partidas sociales, presupuestarias y ministeriales, hasta el punto de deprimir el país de tal forma que incluso la consecución de los propios objetivos de reducción del déficit público se pone hoy en cuestión por muchas Instituciones nacionales (Banco de España, FUNCAS, etc.) e internacionales (FMI).

Pero el tema de la deuda pública que tenemos en realidad es su abordaje y solución desde un punto de vista social, es decir, comprender cómo hemos llegado hasta aquí, y proponer soluciones justas para su enfoque y resolución. La inmensa mayoría de nuestra deuda es deuda privada (de familias y empresas) procedente de los tiempos de nuestra burbuja inmobiliaria, por un lado, y de las oscuras e inmorales prácticas financieras de nuestras entidades bancarias, por otro. Luego por tanto, lo primero que tenemos que decir con respecto a la deuda es que es una deuda que se ha estatalizado, o si queremos, que se ha nacionalizado, esto es, que se ha hecho pública viniendo en realidad del sector privado. El último ejemplo que tenemos de ello es la deuda pública originada en el FROB, resultante de canalizar el dinero que recibirán las entidades financieras procedentes de su rescate por parte de las instituciones europeas. Es dinero que irá a los bancos (en realidad, para que estos bancos privados puedan seguir pagando a sus bancos acreedores europeos, alemanes y franceses sobre todo), pero que tendremos que pagar todos los ciudadanos.

Y un segundo punto que también es evidente es que tenemos una parte del montante de dicha deuda (y por tanto, de sus intereses) que al provenir de las malas prácticas financieras, opacas, engañosas, ilegales, perversas e inmorales, podemos considerar ilegítima, y por tanto, negarnos a pagarla. En lugar de las auditorías privadas de Oliver Wyman y Roland Berger para dilucidar los activos tóxicos presentes en las entidades financieras, lo que necesitamos es una auditoría de nuestra deuda, que investigue qué parte de la misma es ilegítima, para proceder a su repudio. Quedarnos entonces solo con la deuda que podamos considerar legítima, y solicitar una moratoria en el pago de la misma, hasta tanto no exista un crecimiento real de nuestra economía, que no ponga en riesgo de colapso al país, llevándolo a la bancarrota.

En resumidas cuentas, desde la izquierda consideramos que el repudio al pago de una parte de nuestra deuda es un elemento importantísimo, llegado este punto, para proceder a una salida social de la crisis, en vez de la posibilidad que se baraja, de solicitar un nuevo rescate, en cualquiera de sus modalidades (blando, duro, real, virtual, etc.), cuya condicionalidad nos hundiría todavía más en la miseria. En el fondo, como comentábamos más arriba, la oligarquía financiera pretende, por medio del discurso de la deuda, asentar su dominio sobre la clase trabajadora, perpetuando sus beneficios a costa de los sucesivos recortes sociales. Nosotros pensamos que una reestructuración de la deuda, unida a una reforma fiscal realmente justa y progresiva, permitirían incrementar los recursos del Estado, que posibilitarían poder financiar planes de empleo y de desarrollo de nuestros servicios públicos, así como de inversión productiva, dirigidos a una salida social de la crisis. Resumiendo, los puntos a plantear serían los siguientes:

1.- La realización de una auditoría de la deuda por medio de la habilitación de mecanismos activos de participación social. Basta ya de dejar a la iniciativa privada que realice los controles que las instancias públicas deben realizar. En este sentido, también rechazamos la figura de la supuesta autoridad fiscal independiente, reflejada en los PGE 2013, para controlar y supervisar la proyección y ejecución de los presupuestos.

2.- Rechazar el pago de la deuda considerada ilegítima, entendiendo ésta como el déficit no generado para la financiación de nuestros servicios públicos, o empleado para políticas de protección social. Toda cantidad no empleada en estos fines ha de considerarse ilegítima, y por tanto declarada en repudio. No podemos pagar una deuda ocasionada por los abusos y las conductas irresponsables de los banqueros que nos han conducido a esta crisis.

3.- Sobre esta decisión soberana de impago de la deuda ilegítima, iniciar un proceso de renegociación de la deuda pendiente, sobre la base del rechazo al Pacto de Estabilidad Europeo, que como sabemos, consagra la implementación de las políticas de severa austeridad en el ámbito público, para conseguir el saneamiento y equilibrio de las cuentas públicas. Todo ello con el objetivo de evitar que el pago de la deuda suponga un agravamiento de las condiciones de vida y de trabajo de los sectores populares y de la clase trabajadora.

4.- Por último, pero no por ello menos importante, total oposición a cualquier tipo de intervención (en cualquier modalidad de rescate) de nuestro país por parte de los poderes económicos europeos, rechazando cualquier tipo de "memorándum", que explicite una nueva condicionalidad de los cuadros macroeconómicos, bien sea impuesto por un pretendido "gobierno de salvación nacional", bien por medio de un "gobierno tecnocrático". En este sentido, entendemos que el Banco Central Europeo debe, sin esperar a ninguna petición oficial de rescate, proceder a la compra masiva de deuda pública de nuestro país en el mercado secundario, para conseguir la desaparición de las operaciones especulativas de los mercados.

Nos quedamos en el artículo anterior de esta serie exponiendo las líneas maestras de la nueva Constitución que debería redactarse durante el nuevo Proceso Constituyente, tales como la planificación democrática de la economía, basada sobre todo en la nacionalización de todas las grandes empresas, símbolo de los diferentes sectores de nuestra economía productiva. Efectivamente, el propósito de una economía planificada y nacionalizada democráticamente, es garantizar el trabajo decente y las condiciones de vida dignas para todos los trabajadores. Hemos de renunciar al mensaje fatalista del "se acabó..." que nos quieren inculcar desde las clases dominantes, en el sentido de que nunca volveremos a las condiciones que hemos disfrutado en el pasado (trabajo estable, pensiones dignas, desempleo suficiente, sanidad y educación universales, etc.), hemos de darle la vuelta a ese mensaje, y pasarles a ellos el "se acabó...", para que se vayan despidiendo de su hegemonía empresarial, de su poderío sobre la clase trabajadora, de sus escandalosos sueldos, de sus regalos y exenciones fiscales, de sus pensiones millonarias, de su influencia en los grandes sectores económicos del país. Todo esto es lo que ha de acabarse.

El sacrosanto "libre mercado", pilar fundamental de su ideología neoliberal, es decir, la irresponsabilidad de las grandes empresas frente al conjunto de la clase obrera y de las capas pobres de la pequeña burguesía urbana, tiene que ser derrocado con el fin de defender a los millones de trabajadores que están siendo empujados diariamente por el capitalismo a los límites de la pobreza extrema. De este modo, por ejemplo, los bancos privados serían nacionalizados e integrados en un polo o sistema de Banca Pública, representando una fuente de financiación para el desarrollo económico productivo, que no especulativo. Igualmente, las grandes industrias de todos los sectores serían expropiadas y transformadas en propiedad social. Y también deberían serlo las grandes explotaciones agrícolas y ganaderas, conforme a un plan social basado en satisfacer las necesidades de alimentos de la población. 

Y lo mismo con todos los demás sectores: el transporte, las infraestructuras, las telecomunicaciones, la energía, el agua, las riquezas minerales, etc., deberían ser todas ellas nacionalizadas. Asímismo, el comercio exterior debería convertirse en monopolio del Estado, y utilizarse en armonía con las necesidades sociales, basando las importaciones y exportaciones en las necesidades reales de la población, y estando al servicio del desarrollo de la capacidad productiva de la economía. Esto es poner la economía al servicio de la gente, realizando una política que mire a las personas, como tantas veces hemos proclamado. Y acabar con los enfoques de interés privado, es decir, de obtención rápida y masiva de beneficio, de primar la rentabilidad empresarial, en vez de atender al interés general y a las motivaciones sociales. Este es el chip principal que debemos cambiar, incluso en la mentalidad de los propios trabajadores. 

De  esta forma, una economía planificada y nacionalizada pondría en práctica lo que es ahora socialmente necesario y vital, pero no implementado hasta ahora porque carece de rentabilidad para los capitalistas que controlan la economía. Ello incluiría a todos los trabajadores desempleados, con lo cual podría reducirse la semana laboral para todo el mundo, se podría además repartir el trabajo existente (que cada vez sería mayor, por lo cual sería muy fácil migrar hacia el pleno empleo), generándose los puestos de trabajo que fueran necesarios para robustecer nuestro Estado del Bienestar, e incluso hacer entrar en él a sectores que nunca han pertenecido al mismo. Se conseguiría también aumentar las capacidades de los servicios públicos básicos (Sanidad, Educación, etc), rompiendo sus fronteras para atender gratuitamente a toda la población, y extendiendo sus carteras de servicios para cubrir todas las posibles necesidades. Está demostrado que se puede hacer. Es la migración hacia una sociedad formada, educada, culta, libre, avanzada, protegida socialmente, estable, con paz social. Es lo que queremos, y es lo que necesitamos.

Se utilizará más y mejor el potencial creativo y productivo de cientos de miles de trabajadores condenados permanentemente a la inactividad por el capitalismo, y se daría lugar a un crecimiento sin precedentes de nuestra economía en muy poco tiempo. Todo ello además teniendo en cuenta la importantísima vertiente ecológica del socialismo y el comunismo del siglo XXI, vertiente que no debemos ni podemos ignorar. No sólo debería ser posible configurar un plan coordinado para resolver los graves problemas ambientales creados por la obsesión de lucro despiadada del capitalismo, sino también establecer las pautas para un desarrollo económico sostenible, y que sea respetuoso con el medio ambiente. Los temas ecológicos, medioambientales y de respeto a la naturaleza, en nuestra opinión, también deben reflejarse en la nueva Carta Magna, expresando nuestra visión de armonía de la actividad humana dentro del contexto natural donde ésta se desarrolla.

Bien, pero seamos realistas. La camarilla de Instituciones y representantes que dirige la UE conforme a los intereses de los grandes bancos y empresas transnacionales europeas no puede permitirse el lujo de incluir en su seno un auténtico Gobierno de izquierdas. Tan sólo la sugerencia de establecer un sistema económico democráticamente planificado (controlado por los trabajadores) y nacionalizado (bajo capital público) sería suficiente para que a más de uno le sobreviniera un infarto político. ¿Por qué? Porque simplemente, un programa de esas características entra en claro conflicto con la propia estructura de base de la UE, con sus parámetros de construcción, que están pensados de acuerdo a los intereses del capitalismo europeo. Está en marcado contraste con el espíritu y la letra de los socios fundadores, de lo expresado y recogido en sus Tratados, normas y acuerdos formales de las Instituciones europeas, defensoras a ultranza de los planteamientos y dogmas capitalistas y del libre mercado. Luego por tanto, debemos enfrentarnos a la idea, más que probable, de nuestra expulsión futura del Euro, la moneda única, y de la propia UE, y es algo tan inevitable como el intento, que ya contamos en el artículo anterior, del capital internacional por castigar al nuevo Proceso Constituyente. Esto no debe desanimarnos. Continuaremos en siguientes entregas. 

La pasada semana nos sorprendía la noticia de la concesión, por parte del Parlamento Noruego, del Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea. Y no es ninguna broma. Parece ser que deben tener un extraño concepto de la Paz, o bien será mejor pensar que median otros intereses en la concesión de este Premio. Si revisamos un poco la historia de este galardón, nos encontraremos con su otorgamiento en el pasado a ciertos personajes, como el Presidente Roosevelt o el Presidente Kissinger estadounidenses, que al menos fueron cuestionados merecedores del mismo. El ejemplo más reciente lo tenemos en el año 2009, cuando el Nobel de la Paz fue a parar al Presidente Obama, cuando llevaba muy poco tiempo en el cargo, y además no había realizado todavía (de hecho sigue sin haberlo realizado) ningún gesto para la consecución de la paz en ningún frente.

Según propias declaraciones del Comité Nobel del Parlamento Noruego, el galardón se concede a la UE "debido a sus más de seis décadas de contribución al avance de la paz, la reconciliación, la democracia y los Derechos Humanos en Europa". Pero como decíamos, han de tener un concepto algo distorsionado de la paz para otorgar este premio tan alegremente a entidades o instituciones como la propia Unión Europea. Porque efectivamente, y tal como se dice en el alegato de motivos, la UE ha sabido reconstruirse a sí misma desde la II Guerra Mundial, en un claro proceso de integración de los países del viejo continente, que nos ha conducido en varias fases, primero a la unión económica, y luego a la unión monetaria. Pero no es menos cierto que dichos procesos se han levantado, y siguen levantándose desde los dogmas neoliberales más fundamentalistas, que están llevando a la población europea a las más altas cotas de desempleo, pobreza y estallido social. 

Así las cosas, debemos retomar el concepto de Paz, con mayúsculas, que al igual que el concepto de Salud, nos lleva a una concepción del término más abierta y completa, más generalista, más integral. Y por tanto, Paz no puede considerarse sólo como la ausencia de guerra, sino que es también la consecución de un bienestar, de un grado de calma y tranquilidad de la población, de un índice de desigualdad bajo, así como de un índice de felicidad alto. Todo esto nos lleva al concepto de Paz Social. Y no tenemos Paz Social en Europa. Sólo hay que mirar los casos de los países de la periferia europea, o del sur, para darse cuenta de la situación. En los mal llamados PIGS se dan diariamente concentraciones, manifestaciones, cargas policiales, huelgas, y todo un sinfín de conflictos sociales, con resultado de desórdenes públicos, heridos y detenidos. Las plazas principales de sus ciudades son espejo diario de su conflictividad, de su descontento social, espejo a su vez del maltrato a la población, de los ataques a la clase trabajadora, del desmontaje de derechos, del asalto al Estado del Bienestar, de la demolición de la democracia a los que esta Unión Europea nos conduce.

Esta es la Europa que tenemos, una Europa sometida a los mercados, títere de los poderes financieros. ¿Se queda aquí la cosa? Mucho nos tememos que no. Desgraciadamente, en su unión monetaria y económica, la UE se ha olvidado de la unión política, imprescindible para poder actuar en el mundo bajo una sola voz, y bajo una voz propia, inequívocamente europea, e inequívocamente independiente. Y no sólo no tenemos una Política Exterior y de Defensa Común (por mucho que Catherine Ashton sea la Alta Representante de dicho asunto en la UE), sino que en la inmensa mayoría de los problemas internacionales, seguimos estando al lado del imperialismo norteamericano, bajo la común bandera de la OTAN, participando y siendo cómplices necesarios con actuaciones tan bochornosas como las revoluciones árabes, la opresión del pueblo saharaui por parte de Marruecos, el apoyo al bloqueo comercial a Cuba, la participación en las guerras de Irak o Afganistán, o nuestra supuesta neutralidad en el conflicto entre Israel y Palestina.

Y como muy bien explica Olga Rodríguez en su artículo publicado en eldiario.es: "La Unión Europea fue aliada del Egipto de Hosni Mubarak, mantiene espléndidas relaciones con la monarquía absolutista de Arabia Saudí, o con el Estado de Israel, con quien firmó un acuerdo preferente en materia comercial". Y más adelante continúa: "El mejor indicador para medir el empeño por la paz es el relativo al mercado de armas. Y en eso la Unión Europea tampoco se queda atrás. Es, de hecho, una de las mayores exportadoras de armas del mundo. Francia, Alemania y Reino Unido ocupan los puestos tercero, cuarto y quinto en la clasificación mundial en cuanto al valor de sus exportaciones en armamento convencionales".  

Y en estas condiciones y con este escenario, ¿tiene sentido la concesión del Premio Nobel de la Paz a la UE? ¿De verdad se merecen nuestras Instituciones y nuestros representantes dicho galardón? Pensamos que dicho premio queda con esta concesión (y con algunas anteriores) bastante desacreditado, y que queda bastante prostituido el testamento del magnate Alfred Nobel, en lo referente a las condiciones para la concesión de este premio. Porque efectivamente, nuestra Unión Europea ha hecho bien poco en favor de la fraternidad de las naciones, de la reducción de los ejércitos, o de la promoción de la paz. Éste y no otro es el auténtico sentido del premio. Así que mientras Europa siga contribuyendo al rearme mundial, a la venta de armas, a alimentar los diferentes conflictos bélicos, e insista en su política social, desmantelando los derechos básicos de los ciudadanos, de la mano de la ideología neoliberal, y continúe por su senda de recortes, de insolidaridad, de desaparición de lo público, de creciente cuestionamiento de la democracia, de miseria y de desigualdad, no será jamás un buen candidato para un reconocimiento de esta naturaleza, pues no hay ningún mérito para la Paz, sino todo lo contrario.