Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Ante la poca sensibilidad social de este Gobierno con respecto a las personas y familias que lo están pasando muy mal en la actualidad, debido a la pérdida de su puesto de trabajo, a las precarias prestaciones, ayudas o subsidios por desempleo, al paro galopante, a los deshaucios masivos o a la pérdida de poder adquisitivo mediante las reducciones a sus salarios, el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural ha presentado en el Congreso una iniciativa (concretamente, una PNL, Proposición No de Ley) muy interesante, de cara a elaborar una especie de Código de Buenas Prácticas (en adelante, CBP) en torno al tema de la distribución de excedentes de alimentos. Pensamos que hasta tanto no exista una Agencia Pública de Servicio Alimentario (o similar) a nivel de cada Comunidad, que sea la responsable de asegurar este servicio público, iniciativas como la que presentamos aquí pueden contribuir a conseguir un panorama más justo y humano.

Damos por tanto difusión desde aquí a esta inteligente iniciativa, a ver si es posible que llegue a buen puerto, y ayudemos a dar un pasito hacia adelante en la protección de las personas más necesitadas. La pobreza y la exclusión social son las consecuencias más dramáticas de la crisis laboral y económica que sufren millones de personas en todo el Estado. El empobrecimiento ya no afecta solamente a los sectores que tradicionalmente engrosaban esta estadística, ya que cada día se nutre vorazmente de miles de personas a las que la violencia estructural de la crisis ha abocado a la exclusión social sin que los poderes públicos les garanticen un nivel mínimo de subsistencia.

Se produce pues la incorporación a los umbrales de la pobreza de miles de personas que han hecho lo indecible por integrarse junto a sus hijos en la sociedad del llamado Estado del Bienestar, y que hoy sin embargo, se encuentran sin recurso alguno. Según el Informe del Parlamento Europeo sobre "Cómo evitar el desperdicio de alimentos: estrategias para mejorar la eficiencia de la cadena alimentaria en la UE", cada año se pierden en Europa más alimentos sanos y comestibles – según algunas estimaciones hasta el 50%- a lo largo de los eslabones de la cadena agroalimentaria hasta llegar al consumidor, que se convierten en residuos.
   

En España, más de un 20% de la población activa  está en paro y más de un millón de
personas pasando hambre, según recoge la “Encuesta de Condiciones de Vida” que
realiza cada año el INE, cuyos datos señalan que un 2,4% de los residentes en España “no
puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días”.
De igual modo, informes recientes de organizaciones como la Fundación FOESSA o UNICEF han identificado tendencias parecidas, que afectan de manera particular al bienestar de los niños y de las personas mayores.
   

Las necesidades de alimentos y de otros productos básicos, de limpieza o aseo personal,
se han ido extendiendo a segmentos de la población que no encajan en las categorías
tradicionales de excluidos. Las nuevas necesidades no se concentran sólo en personas sin
techo, sino en familias con un grado considerable de vulnerabilidad a las que la crisis
ha empujado a la pobreza. Esta situación de pobreza, agravada en los últimos meses por los efectos de la crisis, ha llevado a  algunas organizaciones sociales  a denunciar el despilfarro de alimentos aptos para la distribución y el consumo humano.
   

Ante esta realidad, las acciones simbólicas de organizaciones como el Sindicato
Andaluz de Trabajadores (SAT) en las últimas semanas, han reactivado el debate sobre qué deberían hacer los supermercados y grandes superficies con los alimentos a punto de
caducar, y a cuestionarse  el sistema alimentario actual, exigiendo el aprovechamiento
de los alimentos aptos para el consumo en lugar de convertirlos en desperdicios. En este sentido, acciones simbólicas como la expropiación de carros de alimentos básicos para familias necesitadas, han puesto el acento en visibilizar este problema, y el Gobierno no sólo no debe criminalizar acciones de esta naturaleza, sino que ha de tomarlas como caldo de cultivo para diseñar unas políticas acordes y más sensibles con este problema.
   

Según el último informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, la gran mayoría de las cadenas de distribución de alimentos (un 78%) considera como desechos la comida que está a punto de caducar, y tan sólo el 20% se la entrega a un Banco de Alimentos o a una ONG para su aprovechamiento. Estos Bancos de Alimentos existen desde hace tiempo (de hecho, acaban de concederles el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia, véase http://www.fesbal.org), y junto con otras interesantes iniciativas sociales hacen una labor fundamental, pero no llegan a cubrir todo el problema (sólo el año pasado, distribuyeron entre la población necesitada más de 100 millones de kg. de alimentos).

En este sentido, desde la izquierda pensamos que el Gobierno debe tomar la iniciativa para promover en la ciudadanía, las Instituciones y las empresas, no sólo hábitos de consumo razonables en los ciudadanos, sino también este CBP en las cadenas de distribución de alimentos, y un sistema de distribución de los mismos aptos para el consumo, que evite que acaben en la basura convertidos en desperdicios. Visibilizar la labor que llevan a cabo estos Bancos de Alimentos, y proyectarlos hacia la iniciativa pública, de tal forma que haya un compromiso y un empuje por parte de las propias Instituciones.
   

La PNL insta concretamente al Gobierno a promover, en el plazo máximo de 6 meses, la elaboración de este CBP para la distribución de estos excedentes de alimentos, con la participación de todos los agentes implicados, con los objetivos básicos de mejorar la eficiencia de los procesos para reducir los excedentes de alimentos aptos para el consumo pero no para la comercialización, establecer mecanismos para que los excedentes de estos productos sean entregados a organizaciones sociales y distribuidos entre las personas con más necesidades, y contribuir a concienciar a toda la cadena, desde productores a consumidores, de la necesidad de realizar un consumo responsable y de reducir el derroche de alimentos y extender al máximo razonable su aprovechamiento.

Finalizaron la pasada semana las Convenciones Republicana y Demócrata en Estados Unidos, donde se han lanzado oficialmente las respectivas candidaturas de Mitt Romney y Barack Obama para la Presidencia, para las próximas Elecciones de Noviembre. Pero más allá de esta función principal, parece mentira en lo que se ha convertido la política en el país más poderoso de la Tierra, que precisamente debería dar lecciones a los demás. Pero desgraciadamente, no sólo no da estas lecciones, sino que constituye un decadente escaparate que entiende la política como un mero espectáculo, y donde todo vale para presentar la función más glamurosa.

La política espectáculo. Esto es lo que vende. Los candidatos se limitan a un exiguo papel, ya que el máximo protagonismo se lo llevan las esposas, sus familias, su intimidad, y los artistas invitados a la ceremonia. Todo un despilfarrador despliegue de medios, los cuales son sufragados por las grandes empresas y fortunas estadounidenses, así como sus campañas, para levantar un reality show en torno a la figura del actual Presidente y del candidato. Por tanto, parece ser que lo de menos son los discursos de ambos, ya de por sí conocidos por sus incondicionales, sino la presentación de los mismos, y el abundante arrope proporcionado por la gente del espectáculo que se alinea con una u otra opción.

Por su parte, el papel sentimentaloide de las esposas es fundamental. Es denigrante y produce auténtica vergüenza ajena el comprobar cómo las esposas pronuncian un discurso intimista, que a nadie debería interesar, desvelando aspectos, sentimientos y reacciones pertenecientes a la más estricta intimidad. Su papel de padres, de esposos, sus preocupaciones cotidianas, su ambiente familiar más íntimo, todo ello sale a relucir en los discursos, y todo ello lo cuentan ante un gigantesco auditorio repleto de gente, para destacar la faceta más humana de los candidatos. Un absurdo despropósito que sólo a una sociedad tan conservadora y decadente como la norteamericana se le ocurre organizar.   

Y por lo demás, como decíamos, actores, directores, actrices, estrellas del espectáculo en general intervienen en el multitudinario acto, decantándose públicamente por una u otra opción política (en realidad son suaves variantes de una misma opción política, la estadounidense). Pero lo malo no es ello. No estamos en contra de que la gente del arte y la cultura en general se moje en política hasta donde haga falta. De hecho, ocurre aquí en España y en todos los grandes países avanzados del mundo, porque el mundo del arte, de la intelectualidad y de la cultura no puede ignorar el mundo de la política, es natural que tome partido en ella, que no sea un mero actor secundario (y valga esta expresión, que tanto casa con lo que estamos defendiendo). Pero esto debe hacerse desde una participación racional, educada, inteligente y respetuosa, y no desde el ridículo mítin intimista, o desde la farsa de un guión intencionado ante la multitud ávida de espectáculo. Insisto: lo malo no es que el mundo de la cultura tome partido en el mundo político (fondo), sino el modo de hacerlo, ante todo un festival mediático (la forma).

Números musicales, intervenciones humorísticas, despliegue de medios, escenarios, iluminación, discursos de las esposas, y de toda la pléyade del mundo artístico convierten la Convención en un detestable acto, que transforma la política en una actividad de grotesco bodevil, más que en la profunda y respetable tarea de dirigir los destinos de una nación. Al final, lo que marca la Convención es el desfile de estrellas de ese reality-show mediático-televisivo, de ese guión-espectáculo en que se transforma la proclamación del candidato a las próximas presidenciales. Nada que envidiar a su famosa gala de los Oscar. Un gran acto de consolidación del candidato, un acto de propaganda y de publicidad de ese concepto-espectáculo en que se ha convertido la política en Estados Unidos.

A la vista de todo ello, no hay que tener una mente muy avispada para concluir que la sociedad norteamericana representa la sociedad más clasista, conservadora, mediatizada, capitalista y decadente del mundo occidental. Son el espejo de todo aquéllo que no hay que hacer. Personajes como Sheldon Adelson (EuroVegas) donan más de 100 millones de dólares a la campaña republicana, y apoyan públicamente y sin fisuras al movimiento Tea Party, el extremo más conservador de la opción que representa Mitt Romney, ese gran empresario y defraudador de la Hacienda Pública que opta a la presidencia de los Estados Unidos.

Si lo consigue, entre otras muchas cosas, tirará por la borda los tímidos avances que para la consecución de un sistema sanitario público ha conseguido el Presidente Obama, pero incluso aunque los demócratas vuelvan a alcanzar la Casa Blanca, las grandes políticas norteamericanas no cambiarán: seguiremos teniendo Guantánamo, seguiremos teniendo un planteamiento neoliberal de su economía, seguiremos asistiendo a grandes actos de violencia masiva, a ejecuciones y torturas en la mayoría de los Estados americanos, a la política de justificación para la posesión de armas, a la sociedad del miedo, de la guerra y de la hegemonía colonial. Ya sabemos: aunque la mona se vista de seda...Por cierto, para ese viaje no hacían falta tantas alforjas...¿en todo esto consiste el orgullo y el sueño americano? 

Al principio no sabíamos qué extremo de veracidad había en aquél comunidado que habíamos recibido en un correo masivo, sólo pudimos encontrar un vídeo en YouTube que explicaba al completo el Manifiesto. En esta Bitácora publicamos el 2 de Agosto pasado un primer llamamiento a la ciudadanía para la ocupación pacífica del Congreso de los Diputados para el próximo 25 de Septiembre, sin tener todavía claro qué punto de formalidad había en la propuesta, ni qué plataformas o asociaciones estaban detrás. Además, la censura de los medios de comunicación convencionales había sido total, por lo cual todavía era mayor el oscurantismo ligado a la misma.

No obstante, con el paso de los días y las semanas, hemos podido ir confirmando todos estos puntos, y tenemos ya a día de hoy completa información sobre la iniciativa que hemos bautizado como 25S, ligada a la toma del Congreso. En un reportaje de César Pérez Navarro aparecido en Tercera Información el 31 de Julio, el autor analizaba la trayectoria al completo de esta iniciativa. Y comenzaba afirmando: "Normalmente el nivel de censura o manipulación en los medios de mayor difusión es directamente proporcional al miedo que se tenga a una determinada protesta ciudadana. En este caso, ningún canal de televisión, cadena de radio o periódico de amplia difusión, ya sea impreso o digital, ha publicado nada al respecto desde la fecha de la convocatoria del evento a fin de evitar fomentarla. Ni tan siquiera el ya sólo diario digital Público".

Tan sólo noticias previas en El Confidencial Digital y en Periodista Digital habían avisado de la Convocatoria, pero todavía de forma confusa y engañosa. Se publican después otros artículos en Kaos en la Red, y se forma el grupo "Ocupa el Congreso - Agora" en FaceBook, así como referencias en ATTAC, El Economista, Alasbarricadas, Insurgente, etc. El 15 de Julio la convocatoria logra un primer empujón al publicarse en Tercera Información: "Movimientos sociales de toda España pretenden ocupar el Congreso el 25 de septiembre" donde la noticia sobrepasa las 50.000 visitas gracias -en parte- a que fue compartida en el facebook de "Ocupa el Congreso" miles de veces . Pero sin embargo, los grandes periódicos de tirada nacional, como El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, etc. siguen sin publicar ni una miserable nota pese a que la noticia de Tercera Información es la más leída con diferencia del portal menéame. Rebelión difunde también la noticia,  y otras webs alternativas como Iniciativa Debate o Kaos en la Red  publican análisis o repiten la convocatoria. La fecha se difunde también en blogs diversos, foros de Internet, a través de twitter (#25S, #OcupaElCongreso), bitácoras y otras redes sociales, con lo cual, se puede afirmar que a finales de Julio ya son cientos de miles los españoles que han oído hablar del movimiento "Ocupa el Congreso" a pesar del silencio de los medios corporativos.

El 23 de Julio se publica desde el facebook de Ocupa el Congreso una información más completa sobre el evento, surgido del grupo de personas autobautizado como Plataforma "¡En pie!", donde se profundiza en los objetivos antes descritos y se define el movimiento con similar amplitud: "de carácter social, antineoliberal, anticapitalista y democrático", por la soberanía, una democracia directa y participativa, donde las necesidades básicas de las personas estén cubiertas y donde caben valores como: el reparto de la riqueza equitativo, el rechazo rotundo a la Guerra, la convivencia con el medio ambiente, la denuncia de la explotación, la justicia y reparación histórica, la no mercantilización de la totalidad de los recursos, el apoyo a la emancipación y soberanía de los pueblos, la defensa a las personas migrantes y la oposición a políticas de alianzas con el liberalismo capitalista, recogiendo diversas corrientes ideológicas que convergen en el Manifiesto: corrientes de pensamiento izquierdistas, republicanas, anticapitalistas, antineoliberales, sindicalistas, feministas, anarquistas, ecologistas, y por supuesto, ligadas al Movimiento 15M.

Pero ¿quiénes son esta Plataforma En Pie? Según su propia definición ideológica: "Somos personas reunidas en un movimiento de carácter social, antineoliberal, anticapitalista y democrático. Hemos confluido en este momento porque creemos que la sociedad debe dar un paso al frente en la determinación de su soberanía y porque creemos que ha llegado la hora de exigir una democracia directa y participativa. Queremos vivir en una sociedad verdaderamente democrática y que satisfaga las necesidades básicas de las personas. Creemos en un estado no monárquico, porque nunca una monarquía es elegida por el pueblo y por tanto carece de legitimidad democrática, y abogamos por la participación del pueblo en la elección de todos los poderes, desde la Jefatura del Estado al Poder Judicial, limitando al máximo, y en todo lo posible, el poder de los representantes y ejerciendo un verdadero control de los mismos por el pueblo".

Algunos diputados de Izquierda Unida, como Gaspar Llamazares o Juan Manuel Sánchez Gordillo, han expresado ya públicamente su apoyo a esta acción ciudadana. Y desde la última reunión de la Plataforma a últimos del mes de Agosto, ha pasado a crearse y denominarse Coordinadora 25-S. A pesar de que las voces discorformes son inevitables, es difícil encontrar una declaración de intenciones tan clara, radical -en el sentido de ir a la raíz del problema- y aglutinadora -en cuanto a sensibilidades políticas y sociales- como la Convocatoria del día 25 de Septiembre. Su difusión es ya imparable en Internet, y es de esperar que el tema salte más pronto que tarde a los medios de gran difusión. Es insostenible que se mantenga la censura. También es de esperar que éstos medios jueguen sucio e intenten desvirtuar el mensaje profundamente democrático del Manifiesto, dividir y enfrentar y, en definitiva, desmovilizar a través de la intervención policial, el miedo y los métodos a los que nos tienen tan tristemente acostumbrados. No caigamos en su juego. La Convocatoria debe ahora fluir desde Internet a la calle a través del boca a boca. Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía del país, de todos los puntos geográficos del mismo, para que esta movilización constituya un tremendo éxito, y esta iniciativa auténticamente popular, convergente e integradora pueda cumplir sus objetivos y cambiar de una vez por todas el panorama político y social de nuestro país, superando esta grave crisis sistémica que nos afecta, y alcanzando una sociedad más libre, justa y democrática.

Realmente las propuestas de la señora De Cospedal no tienen desperdicio. A vueltas con su machacona idea de cargarse la democracia representativa (pues los demás tipos de democracia simplemente no existen en nuestro país), vuelve a la carga y realiza hace pocos días un par de propuestas en el pleno del Parlamento de Castilla-La Mancha. Siempre bajo la bandera manipulada del supuesto ahorro de recursos públicos, propone reducir a la mitad el número de parlamentarios autonómicos, y además que éstos no cobren ningún sueldo, para (esto es muy gracioso) "poder dedicarse a sus respectivas profesiones".

Realmente, como decimos, la osadía y el descaro de esta mujer no conocen límites. Creo que le está ganando el puesto en el ránking de personajes rancios incluso a la mismísima presidenta madrileña, Esperanza Aguirre (y mira que hay que correr para esto). Pero entrando en el contenido y el significado político de las propuestas, no hay duda de que estamos ante medidas de corte totalitario, pues los auténticos objetivos de dichas medidas no son el supuesto ahorro en el gasto de las Instituciones públicas (en este caso el Parlamento castellano-manchego), sino la abolición de la propia democracia poco a poco, mediante cortos pasitos.

La reducción a la mitad del número de diputados autonómicos (Rajoy ya lo propuso para los concejales de las entidades locales) supone un hachazo de tal dimensión a la representatividad popular que podemos decir que la política autonómica dejaría de tener gestión, administración y capacidad legislativa propias, para pasar a ser un protectorado o delegación del Gobierno Central. Efectivamente, creo que la tendencia es esa, y que una vez conseguido, podrían continuar proponiendo que las funciones de la política autonómica sean llevadas a cabo por la Delegación del Gobierno en la Comunidad de que se trate (Castilla-La Mancha, en este caso). Incluso podrían proponer la recuperación de los antiguos Gobernadores Civiles, esas figuras plenipotenciarias de los tiempos del franquismo.

No caigamos por tanto en las trampas de la derecha más reaccionaria que tan bien representa la señora De Cospedal. Pero sigamos con el razonamiento, porque como decimos, no tiene desperdicio. Con la segunda parte de la propuesta, esto es, que los diputados autonómicos no cobren retribución alguna por su cargo, entrevemos dos trasfondos muy interesantes: en primer lugar, el desprestigio de la propia acción política y de la dedicación a lo público, porque si se dedican a sus profesiones, ¿la política se convierte en un hobby? ¿En una actividad secundaria, a la cual se le dedica el tiempo que les sobra a algunos profesionales aficionados a ella?

Pero tenemos una segunda vertiente, que es que sólo los grandes empresarios, los representantes de las empresas transnacionales, la Banca, los señoritos, las grandes fortunas, la aristocracia, los terratenientes, etc., sean los únicos que puedan dedicarse a la política con dedicación plena, ya que la ciudadanía en general lo tendría muy difícil, porque entonces para ejercer determinados cargos públicos se tendría que disponer de un respaldo económico muy importante, para poder dedicarse a la gestión pública de forma completa y con total disponibilidad. Precisamente este es el escenario que se busca. Este es el destino final de las propuestas "made in Cospedal". Estas propuestas representan, por tanto, la liquidación directa de la soberanía popular, la abolición de la democracia representativa tal y como la conocemos, representan un atentado directo a la Constitución, y por tanto, son el germen fascista y populista del sector más conservador del Partido Popular.

Señora De Cospedal, a ver cuándo se entera usted de que la política es un profesión en sí misma, tan respetable como cualquier otra, y que los únicos que llevan muchos años ensuciando la política son ustedes y sus aliados bipartidistas (el PSOE), con sus prácticas, su corrupción y sus abusos de poder. Lo que hace falta para ahorrar en recursos es hacer políticas efectivas, eficientes, dignas y justas para toda la población, y no sólo para la camarilla que usted y su partido representan. Deje usted ya de secuestrar y recortar la democracia, y ya puestos, aplíquese esa medida de no cobrar ningún sueldo a usted misma, que es una de las políticas mejor pagadas (por no decir la mejor pagada) de España. Y deje que se dediquen a la política las personas honradas y decentes, tengan o no tengan cualquier otra profesión.

Muchas han sido las veces que nos hemos referido en nuestros artículos a la perversidad de la amnistía fiscal que el Gobierno aprobó a favor de los grandes defraudadores, de esos ladrones de cuello blanco, de esos de los que el Gobierno podría sacar muchos más ingresos para la sociedad, por el simple principio de la redistribución de la riqueza, que contribuiría a una mayor justicia fiscal. Pero claro, los gobernantes del PP no están por estas causas, eso lo dejan para algunas altruístas ONG's, porque lo suyo es practicar el principio de que los ricos sean cada vez más ricos, y los pobres sean cada vez más...¡gilipoyas! (y perdón por la expresión).

Con esa excusa de que se impida la expatriación de capitales, y de obtener algunos míseros ingresos para el Estado, el Gobierno renuncia a una auténtica política de lucha contra la evasión y el fraude fiscal, así como contra la economía sumergida en nuestro país (a este respecto, lo único que se ha hecho es tomar unas cuantas tímidas y ridículas medidas, pero no abordarlo desde la valentía que dicho asunto merece). Pues bien, en 2011, el flujo de inversiones hacia los paraísos fiscales en la Unión Europea se multiplicó por once respecto al año anterior, según un reciente informe de Eurostat, la oficina estadística europea. Y frente a este contundente y miserable dato, el Estado (democrático y de derecho, según nuestra Constitución) pondrá a los evasores de impuestos el paraíso fiscal aquí, en casa, en su propio país, a cambio de una humillante limosna para el conjunto de la sociedad. Una auténtica vergüenza y un escándalo social intolerable, toda vez que vivimos, de cara a la clase obrera, una ofensiva sin límites hacia el derrocamiento de todos sus derechos y conquistas sociales.

Asistimos, digámoslo sin paños calientes, a un grotesco pacto entre el Estado (un Estado fallido si recurre a estas prácticas) y unos delincuentes fiscales, para conseguir un pequeño porcentaje de su fortuna como contribución al gasto social de su país. Una exención fiscal impresentable y antisocial, legalmente instalada por el Estado, para dotar todavía de mayores privilegios a esas grandes fortunas, que son las mismas que están presionando, desde sus influencias con los sectores más reaccionarios y conservadores del país, para que se continúe humillando y desprotegiendo a la clase trabajadora. Concretamente, el nuevo Modelo Formulario 250 podrá ser empleado por las entidades sujetas al Impuesto de Sociedades por rentas devengadas en paraísos fiscales, y que sean repatriadas e ingresadas en cuentas bancarias en nuestro país, hasta el 30 de noviembre. A cambio de este patriótico gesto, se les permitirá pagar un exiguo 8% por tales rentas, en lugar de integrarlas en la base del impuesto y tributar, en consecuencia, a un 25 o un 30%.

Por su parte, mediante el otro impreso, el Modelo Formulario 750, se podrán declarar los bienes y derechos obtenidos por personas físicas o jurídicas con anterioridad al 31 de diciembre de 2010, y por los que no se haya tributado ni en el Impuesto de la Renta ni el de Sociedades. El plazo para regularizar estos bienes y derechos pagando un 10% de su valor de adquisición, sin recargos ni sanciones, finaliza, como en el caso de repatriación de capitales, el próximo 30 de noviembre. Y tal y como opina Ricardo Rodríguez: "Nos encontramos aquí con un suculento mecanismo de blanqueo de capitales. Tanto es así que, según han denunciado policías especializadas, las bandas criminales dedicadas al lavado de dinero negro cobran mayores honorarios por sus servicios. A lo que se añade la pavorosa novedad de poder regularizar por esta vía incluso el dinero en efectivo. Si ya era tarea en extremo difícil comprobar el origen de los capitales en el diseño original de la amnistía fiscal, con esta última ocurrencia se torna imposible. ¿Cómo se sigue el rastro del dinero en efectivo? A los narcotraficantes, a los tratantes de esclavas sexuales o a los sicarios de las bandas mafiosas les bastará con depositar en una cuenta bancaria los beneficios de sus quehaceres corrientes, y la Hacienda Pública les cobrará el cómodo 10% sin hacer preguntas".

Un Estado justo y valiente, lo que debería hacer con estos sujetos es darles un ultimátum para regularizar su situación (pagando lo que paga todo el mundo, con sus correspondientes recargos, impuestos y sanciones), y en caso de no hacerlo, ordenar el embargo inmediato de todo su patrimonio, y decretar penas de reclusión por un mínimo de 10 años. Valentía política es lo que hace falta en este país, para este y para otros muchos asuntos. Esta normativa inmoral no va a servir para aumentar los ingresos del Estado, pero es que incluso aunque así fuera, es necesario detestarla, repudiarla, derogarla. Es necesario denunciarla y combatirla. Tenemos que acabar con ella, porque en el otro extremo tenemos gente que está sufriendo, que lo está pasando muy mal, que está siendo deshauciada, enviada al paro, que está cobrando una mísera prestación, o que está cada vez más esclavizada en su puesto de trabajo.

Por tanto, esta amnistía fiscal constituye una práctica ilegítima del Estado a favor de las clases más poderosas, justo de las cuales se debería exigir, más en tiempos de crisis, una mayor dosis de solidaridad y de justicia social. Su perversión por tanto es total, pues no sólo incide en un debilitamiento de los ingresos de la Hacienda Pública, que somos todos, sino que además incide en la pérdida de credibilidad de nuestro sistema democrático, consiguiendo del Estado un papel de vulgar y sucio negociador con los más pudientes, denostando la dignidad del resto de la ciudadanía. Esperemos que sea un Decreto-Ley de corto recorrido, y que la orientación del Estado vuelva a ser la de recaudador de impuestos de forma justa y progresiva, garantizando el equilibrio entre los aportes de las clases populares y trabajadoras, y los aportes de los más ricos. Es un principio de dignidad y de justicia social.