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7 agosto 2017 1 07 /08 /agosto /2017 23:00
Viñeta: Sabela Arias

Viñeta: Sabela Arias

La crisis del capitalismo no disminuye, se multiplica exponencialmente, amenazando con destruir ya no sólo a la clase trabajadora sino a todo el planeta, su cultura y su civilización

Néstor Kohan

En la primera entrega de esta breve serie de artículos ya poníamos en debate el auténtico significado de ciertos vocablos hoy día asociados como positivos en el imaginario colectivo, pero que el neoliberalismo se había apropiado de forma inteligente durante las últimas décadas, para imponer su visión torpe, injusta y despiadada de "progreso", "bienestar", "prosperidad", "modernidad", etc. Lo que tenemos que hacer ahora es intentar distinguir claramente, incluso en sus posibles estadíos o escalas, el verdadero significado de dichos términos, para intentar hacer ver hasta qué punto un proyecto político enmarcado en el "desarrollismo" o en el "progresismo" no tiene por qué adscribirse como un proyecto político socialista. Intentemos establecer en primer lugar un orden secuencial entre dichos tipos de proyectos políticos:

 

1.- Un proyecto desarrollista es aquél que no se plantea más allá del propio desarrollo en sí mismo. En este sentido, no tiene en cuenta las posibles consecuencias de ese desarrollo, ni sus efectos secundarios o colaterales, ni la gestión sobre los mismos, etc. Simplemente, atiende al crecimiento como un fín en sí mismo. Los proyectos desarrollistas pueden llevarse a cabo bajo todo tipo de gobiernos, incluso bajo los más fascistas o totalitarios. Pueden abordar nuevos proyectos extractivistas (de recursos naturales, como gas, petróleo, minerales, etc.), o de construcción de infraestructuras, etc. Únicamente se preocupan del desarrollo, simplemente porque puedan crear riqueza, típicamente medida en crecimiento del PIB, en beneficios empresariales, o en número de puestos de trabajo creados. No se cuestiona la ética, conveniencia o sostenibilidad de dicho "desarrollo". Y tampoco se incide en una redistribución justa de la riqueza generada. En ese sentido, en nuestro país, pueden ponerse como ejemplos de proyectos desarrollistas la construcción de un complejo como Euro-Vegas (que fue desestimado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid) o Barcelona-World (hoteles, casinos, campos de golf, etc.), del Hotel Algarrobico (en la costa almeriense, a pie de playa, con orden de demolición), o la construcción de un ATC (almacén de residuos nucleares, con los inconvenientes derivados de su almacenamiento durante largos períodos de tiempo). 

 

2.- Un proyecto "progresista" es aquél que se plantea el asunto de la redistribución de la riqueza obtenida desde un proyecto desarrollista previo. Ello no lo convierte aún en un proyecto socialista, pues el proyecto supuestamente "progresista" no cuestiona las bases del propio desarrollismo, sino que simplemente utiliza éste para que revierta en logros y conquistas para una sociedad más justa, cohesionada y avanzada. Por ejemplo, un proyecto de este tipo utilizaría los beneficios de la extracción y exportación del petróleo para invertirlos en servicios públicos, gratuitos y universales para la mayoría social. Podemos poner como ejemplos de proyectos progresistas los implementados en los países de América Latina que han disfrutado de gobiernos de este carácter, tales como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, etc. Estos proyectos, como decimos, han sido únicamente postneoliberales, progresistas, pero aún no realmente de izquierdas, o si se quiere, aún no anticapitalistas. Estos proyectos no han renunciado a los modelos productivos previos, sólo han gestionado de forma más justa, avanzada y social sus beneficios. 

 

3.- Un proyecto socialista, de izquierdas o verdaderamente anticapitalista, es el tercer estadío al que podemos aspirar, pero se separa ampliamente de los dos tipos anteriores de proyectos. Y decimos que se separa de ellos porque se plantea si son éticas y sostenibles las soluciones "progresistas" (lo ponemos entre comillas porque en caso negativo evidentemente dejarían de serlo), y cómo podemos ir sustituyéndolas progresivamente por otras. El proyecto socialista no es tal si no se enfrenta a las propias bases del capitalismo (por supuesto no de un día para otro, sino en un proceso evolutivo que puede durar años, lustros e incluso décadas), es decir, si no es anticapitalista (al menos en algunas de sus tendencias), y si no pone en debate las propias bases del desarrollismo y del progresismo (falazmente vinculadas al bienestar y a la prosperidad), para pasar a enfocarlas desde un punto de vista de la sostenibilidad humana, social y medioambiental. Si por ejemplo partíamos de un proyecto desarrollista que extrae minerales como proceso y fuente de riqueza fundamental de su economía, y luego pasábamos a un proyecto progresista porque utilizaba los beneficios derivados de la venta y exportación de los mismos para fines de avance y cohesión social, el proyecto socialista debería plantearse hasta qué punto es sostenible continuar por la senda extractivista, o bien habría que ir migrando a otro modelo productivo, por supuesto sin renunciar a los beneficios sociales. 

 

Recomendamos a los lectores y lectoras este artículo de Eduardo Gudynas (una de las mayores autoridades mundiales en el tema), donde explica perfectamente los límites entre unos y otros enfoques. Podemos afirmar entonces que el progresismo es la vertiente social del desarrollismo, es decir, consiste en utilizar los efectos y consecuencias del desarrollismo desde un punto de vista ético, atendiendo a la satisfacción de las necesidades de la población, y a rebajar los peligrosos niveles de desigualdad que pudieran existir. El progresismo, por tanto, aún puede continuar dentro de la órbita del capitalismo, aunque es sustancialmente más justo y humano que el simple desarrollismo. Y podemos concluir, desde este punto de vista, que el proyecto en cuestión será más o menos progresista, según se aleje más o menos de los parámetros neoliberales que desgraciadamente fundamentan nuestras sociedades actuales. Como sabemos, el neoliberalismo tiene como Dios supremo al mercado, que se encumbra como la máxima justificación de los objetivos políticos. Todo se supedita al mercado, todo se mercantiliza, todo se expresa en función a una oferta y una demanda. En ese sentido, un proyecto de sociedad progresista intenta cambiar estos parámetros, para atender mejor las necesidades sociales. Un proyecto progresista se distingue de un proyecto meramente desarrollista en tanto en cuanto mejora las condiciones de vida de grandes sectores de la población, los sectores más vulnerables, tales como los bajos salarios, el transporte, la vivienda, la creciente desigualdad económica y social, la insuficiencia de la oferta alimentaria o la baja productividad del sector público, entre otros males de las sociedades capitalistas actuales. Es justo lo que llevan haciendo durante las últimas décadas los gobiernos progresistas de América Latina y El Caribe, que han protagonizado interesantes avances en los ratios de escolarización infantil, de erradicación de la pobreza, y de justicia ambiental. 

 

En cambio, como decíamos, al proyecto progresista aún le falta una vuelta de tuerca adicional para convertirse realmente en un proyecto socialista. Porque el proyecto socialista no sólo aspira a beneficiar de forma justa al conjunto de la población, sino que busca modelos económicos, productivos, sociales y ambientales justos y sostenibles. El proyecto socialista no sólo considera como sujetos de derecho a las personas y a los pueblos, sino también al resto de los animales, y hasta a la propia naturaleza en sí misma. El proyecto de izquierda no se queda únicamente en superar o mejorar los aspectos injustos del neoliberalismo, es decir, no es sólo postneoliberal. El proyecto de izquierda, o verdaderamente socialista, es el que entiende el progresismo y el desarrollismo (y por consiguiente el bienestar y la prosperidad de la sociedad) en función de unos parámetros de riqueza distintos, teniendo en cuenta su sostenibilidad, y la atención a los derechos humanos y de la propia naturaleza. El proyecto de izquierda es la única categoría anticapitalista en sí misma, porque se plantea no sólo las fuentes del desarrollo a implementar, sino la visión ética y sostenible de las mismas, y el escrupuloso respeto a los sagrados valores de la igualdad, la sostenibilidad y la justicia social y ambiental alcanzadas. Un proyecto socialista pone en debate los modelos productivos y el reparto y redistribución de la riqueza proveniente de ellos, pero lo hace teniendo en cuenta además los parámetros ecologistas, animalistas, la perspectiva de género y la perspectiva pacifista. No todo vale para un proyecto socialista, aunque pueda valer para un proyecto progresista, y aún más, simplemente desarrollista. Sólo el socialismo garantiza pues los puntales para una verdadera sociedad avanzada, respetuosa y sostenible. Finalizamos aquí esta breve serie de artículos, esperando haber contribuido al desmontaje de falsos mitos, y a la clarificación de ideas, conceptos y objetivos.

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6 agosto 2017 7 06 /08 /agosto /2017 23:00
Viñeta: Osval

Viñeta: Osval

No hay determinación genética que explique el por qué de la guerra, o del chantaje, de la tortura o del racismo. Estas son posibilidades que sólo encuentran su desarrollo en la dimensión psicosocial en la que el ser humano existe. En el reino animal no se constata ninguna de esas conductas; al menos, no con la significación que tienen entre los humanos

Marcelo Colussi

Y esa dimensión psicosocial a la que se refiere Colussi en la cita de entradilla es la que, unida a la dimensión de la globalización capitalista y neoliberal, nos fuerza a entender la justificación, legitimación o aceptación de ciertas guerras, incluso a distinguir, como nos relata Eduardo Montes de Oca en este artículo para el medio Rebelion, entre cierto "terrorismo bueno" frente a un "terrorismo malo". Hoy día, en el mundo occidental, está satanizado el terrorismo procedente del mundo árabe (mejor dicho, del fundamentalismo islámico, que ya hemos explicado en entregas anteriores de esta serie), mientras se tolera (incluso se asume con entusiasmo) el terrorismo de Estado de ciertos países, o el terrorismo dominador usamericano,o las visiones imperialistas de la OTAN. Mientras nos llenamos la boca maldiciendo a esos terroristas que vienen a "acabar con nuestras libertades", comprendemos y justificamos la constante acción bélica de los Estados Unidos, que promueve invasiones, chantajes, sanciones y Golpes de Estado en todo el planeta. Mientras atacamos a ciertas culturas por "intolerantes", justificamos el tráfico de armas de nuestros Gobiernos, y prestamos un apoyo cómplice a todas las actividades terroristas del "libre y civilizado" Occidente. Este es por tanto un mantra con el que tenemos que acabar: no existe un terrorismo "bueno" y otro terrorismo "malo". No existe una hostilidad comprensible y otra incomprensible. No existen los bloques de países amigos o aliados, los "buenos", para hacer frente a los "malos". 

 

Y mientras no asumamos mentalmente la no existencia de esa diferenciación, mientras no concluyamos que sólo existe un terrorismo, y que éste siempre es malo lo ejerza quien lo ejerza, no adelantaremos en la senda pacifista. No podemos guardar minutos de silencio, o dedicar extensos programas informativos a un suceso ocurrido en Hamburgo, Bélgica, París o Nueva York, mientras ignoramos deliberadamente lo que ocurre diariamente en Mosul, Gaza o Alepo. No podemos consentir por más tiempo que a países pacíficos como Cuba, que jamás invadió ni declaró la guerra a ningún otro, se les someta a crueles castigos como el mayor bloqueo económico que jamás ningún país haya padecido en la Historia. Porque esto también es terrorismo. No podemos ser amigos de países donde ejercen dictadores que no respetan los derechos humanos, como Arabia Saudí o Guinea Ecuatorial, únicamente por intereses económicos, y atacar o ser cómplices de los ataques que sufren países democráticos como Venezuela. No podemos legitimar las carreras armamentistas de las grandes potencias, mientras nos rasgamos las vestiduras cuando terceros países más modestos lo hacen en defensa propia. No podemos declararnos neutrales ante las tropelías que las grandes potencias llevan a cabo en terceros países, asistiendo impasibles a tanta destrucción injustificable. No podemos ser portadores de tanta hipocresía, de tanta doble moral, de tanto cinismo. La senda del pacifismo nos obliga en primer lugar a despojarnos de falsas leyendas, de engañosos mitos, de dobles raseros, de la barata hipocresía imperante. 

 

Los atentados terroristas no son mejores o peores según ocurran en Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Líbano, Turquía, España, Alemania o Australia, los atentados terroristas son siempre malos. Punto. Las guerras no pueden estar más o menos justificadas según ocurran en un país vecino o en otro situado a varios miles de kilómetros. Las guerras son siempre injustificables. Punto. Las escaladas nucleares no pueden ser más o menos permitidas según se trate de una gran potencia imperialista, o de un diminuto país sin recursos. Las escaladas nucleares no pueden estar nunca permitidas. Punto. Las sanciones económicas no pueden ser nunca instrumentos unilaterales de presión, sino herramientas consensuadas por la comunidad internacional al servicio de la presión diplomática para la solución de los conflictos. Y sobre todo, los Estados no pueden ser maquinarias donde se instale mayoritariamente una visión fundamentalista religiosa, sino que han de permanecer en la más absoluta independencia y neutralidad. La inmensa mayoría de los conflictos, incluso los acontecidos en el mundo occidental, ocurren gracias a la perversión de los hechos que provocan las visiones y los enfoques fundamentalistas. Las religiones, en sentido general, han sido y continúan siendo la causa de fondo fundamental para las guerras tribales, los atentados terroristas y los choques y enfrentamientos entre las diversas etnias o corrientes religiosas que habitan países y continentes. Y el complejo militar-industrial, siempre al servicio del capitalismo más abyecto, se ha valido de esta influencia religiosa, instrumentalizándola para alinearla y ponerla al servicio de sus intereses. Y en cuanto algún país ha intentado emanciparse de esta dependencia religiosa, que anula las mentes y bloquea los razonamientos y las aspiraciones para visiones igualitarias y justas del mundo, el imperialismo ha venido a conspirar para levantar conflictos, guerras y enfrentamientos, todo con objeto de que continúen gobernando las visiones fundamentalistas. 

 

Por tanto, para fomentar el pacifismo, es imprescindible una defensa a ultranza del Estado laico, tanto en el mundo oriental como occidental, como modelo que no alberga el fanatismo religioso desde ninguna de sus instancias públicas. La Historia de la Humanidad nos demuestra cómo las religiones y sus diversas corrientes han sido causa principal de los numerosos enfrentamientos entre países y civilizaciones, incluso entre habitantes de un mismo país. Y así, Golpes de Estado, grandes matanzas, expulsiones, persecuciones, genocidios, represiones masivas, guerras fratricidas, y multitud de atentados terroristas han ocurrido en el mundo por conflictos causados por las diferentes visiones sectarias provenientes de las religiones, y la complicidad de los gobernantes o representantes públicos en torno a ellas. Cuando la religión se instala masivamente y ocupa las diversas instancias públicas hablamos de que existe una Teocracia, es decir, un mandato de la religión sobre el pueblo, y una dirección, guía y tutela de los asuntos públicos desde el punto de vista religioso. La antropología y la psicología social nos explican hasta qué punto la religión es causa fundamental de que se produzcan enfrentamientos entre quienes respetan y quienes se oponen a dicha visión religiosa, y hasta qué punto los países y sus gobernantes, sus instancias públicas en general, justifican, amparan e incluso promueven dichos enfrentamientos. No queremos ni podemos prohibir el culto religioso privado, es decir, el que pertenece únicamente al ámbito exclusivo de la intimidad de los fieles, de sus iglesias, de sus lugares de reunión, ni de sus prácticas religiosas, tanto individuales como colectivas. Pero como decimos, infinidad de conflictos y de episodios bélicos o terroristas no tendrían lugar (no hubieran de hecho tenido lugar en el pasado) si dichas religiones no hubieran estado amparadas por el propio Estado, que toma partido ante las mismas y se declara como el primer actor fervientemente religioso.

 

En este sentido, Coral Bravo lo ha expresado magníficamente en este artículo para el medio El Plural, del cual rescatamos sus palabras a continuación: "¿De qué estamos hablando? Los representantes públicos deben estar informados, deben saber, como poco, lo que es la laicidad. Parece que muchos no lo saben. Su obligación a ese respecto es respetar y exigir respeto a la asepsia confesional del Estado y de lo público. De eso se trata. No se trata de satisfacer las demandas voraces de todas las religiones y sectas que se asienten en el país, no se trata de financiarlas ni de atender sus "necesidades"; no se trata de destinar recursos públicos para promover supersticiones privadas. Se trata justamente de lo contrario; de defender a la sociedad del pensamiento totalitario religioso, de exigirles a las confesiones respeto a la diversidad social y se trata de impedir que promuevan el fanatismo, siempre, por supuesto, respetando las creencias personales y el derecho de todos a tenerlas en libertad. No se puede confundir la laicidad con un multiconfesionalismo que supone el sometimiento del Estado no a una sola religión, sino a varias. Una locura inasumible para un país que pretenda ser democrático. Porque, como decía el filósofo Karl Popper, lo que debemos reclamar en nombre de la tolerancia es el derecho y el deber de no tolerar a los intolerantes. Y los políticos, en lugar de agasajar a las religiones y sectas, tendrían que pensar, parafraseando a Chomsky, en incluir en los contenidos del currículo educativo herramientas de defensa intelectual". Bien, finalizado en esta entrega número 62 todo lo que hemos querido exponer en cuanto al terrorismo internacional, sus causas y sus posibles soluciones (evidentemente, siempre quedarán asuntos en el tintero), a partir de la siguiente entrega de esta serie comenzaremos con el segundo bloque temático de la misma, dedicado al papel de los Ejércitos y las Fuerzas Armadas, así como a las nuevas amenazas del mundo actual. 

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3 agosto 2017 4 03 /08 /agosto /2017 23:00
Viñeta: Peña Morán

Viñeta: Peña Morán

El desastre ecológico, junto con las grandes desigualdades sociales, las guerras, el hambre, las enfermedades crónicas que podrían erradicarse si se distribuyeran los medicamentos ya existentes por todo el mundo, son las pruebas más palpables del fracaso de nuestra civilización

José López

Se tiene por costumbre desde las clases dominantes, cuando desean ocultar una realidad social concreta, el hecho de mentir de forma descarada y cínica. Es justo lo que ocurre en nuestro país cuando desde las más altas poltronas se nos vierte el discurso de la "recuperación económica". Simplemente, no es posible que haya recuperación si no hay redistribución de la riqueza, y de eso, sabemos que no hay. A una década del comienzo de la crisis, el día a día de cientos de miles de familias españolas transcurre en la desesperanza, lejos de la complacencia derivada de la positiva evolución de las principales magnitudes macroeconómicas. El Presidente del Gobierno tuvo incluso la desfachatez de afirmar, en su discurso de balance veraniego, que "hemos recuperado los niveles de riqueza previos a la crisis". Que se lo pregunten a los millones de personas que han perdido su trabajo, que han perdido sus viviendas, que han perdido sus ingresos, que dependen (en el mejor de los casos) de sus familias, y que han perdido toda esperanza de poder llevar a cabo un proyecto de vida digno. En promedio, el conjunto de la ciudadanía española vive hoy peor que hace una década. Y nos dirán: "Es que el PIB ha crecido", "Somos la economía europea que más crece", "Se están recuperando los niveles de empleo", y mil falacias por el estilo. Pero la realidad social es muy distinta al crecimiento de dichos indicadores. Esta paradójica situación refleja cómo la evolución del PIB, principal indicador para examinar la salud económica de un país según el dogma neoliberal, nos ofrece un diagnóstico incompleto y equivocado sobre el bienestar de la población. 

 

Ello pone de manifiesto, lo hemos reseñado en otras muchas ocasiones, la necesidad de encontrar, definir y utilizar formas alternativas para medir eso que llamamos "el progreso". Porque el crecimiento económico expresado por este indicador puede provenir únicamente, como de hecho ocurre en nuestro caso, de un mayor volumen de producción y exportación de nuestras empresas, pero eso no tiene porqué verse reflejado en los niveles de vida de las clases populares y trabajadoras. Los gráficos que aparecen en los sucesivos informes de Intermón Oxfam demuestran claramente cómo los deciles inferiores de la población han perdido peso en sus niveles de renta, mientas los deciles superiores los han aumentado, lo cual indica una concentración de la riqueza en las clases más pudientes, y por tanto, una mayor desigualdad. Los datos son concluyentes: de acuerdo con la OCDE, la renta media en España cayó un 9% entre 2009 y 2014, pero la caída de la renta del 10% más pobre de la población fue de más del doble: un 21%. Somos, por tanto, un país más desigual. Insistimos en todos estos datos y explicaciones para refutar la continua complacencia de los gobernantes, desmontar su discurso y comprender mejor a qué se deben sus mentiras y sus manipulaciones. Ellos, como fieles servidores de los intereses de las clases dominantes, tienen que ofrecer datos manipulados y sesgados, y llegar a conclusiones igualmente falsas, para mantener la ilusión y el nivel de aceptación y legitimación de su Gobierno. Por ello ocultan lo que no les conviene que se sepa, manipulan la realidad, u ofrecen únicamente conclusiones desde un prisma, ignorando otros que también conforman la realidad social del país. La crisis no ha afectado a todos por igual, ni la "recuperación" está generando las mismas oportunidades para todos. 

 

Lejos de dicho panorama, las desigualdades se ahondan y retratan un país que avanza a dos velocidades, conformando una sociedad cada vez más polarizada. De un lado, el precariado, que ha de soportar unos empleos cada vez más inestables, inseguros y temporales, carentes de derechos, y que no les permiten vivir con dignidad. Ello incluye desde las profesiones fuertemente precarizadas, pasando por la feminización de la pobreza, hasta la exclusión laboral de ciertos sectores de la población, como las personas mayores de 50 años. Si a todo ello unimos el endurecimiento de las prestaciones por desempleo, y la ausencia de una renta básica de protección social, el panorama es ciertamente desolador. En el polo opuesto, se encuentran las élites sociales adineradas y poderosas, los grandes empresarios, las grandes fortunas, y los cuadros intermedios que se sitúan a su servicio. Estas personas son las que han visto cómo aumentaba su riqueza y su patrimonio, ya que la arquitectura de la desigualdad que estamos explicando durante toda esta serie de artículos les favorecía de forma indecente y descarada. Y así, la concentración de la riqueza se consolida en las capas superiores, mientras se intensifica la caída de ingresos en los niveles más bajos. Y de ahí que el crecimiento económico que tanto nos anuncian a bombo y platillo sigue beneficiando esencialmente a los que más tienen y a los que más ganan. Esta realidad pone de manifiesto la creciente vulnerabilidad de un tercio de la población española, y la importancia de poner en marcha mecanismos de redistribución para evitar que esta parte de la población quede fuera del sistema. De hecho, muchos segmentos de población han quedado ya absolutamente excluidos. 

 

Por su parte, la nueva figura del llamado "trabajador/a pobre" no sólo no soluciona la situación, sino que actúa como un peligroso detonante que hace estallar la cohesión social, y pone en riesgo la sostenibilidad de los sistemas públicos de protección social (desempleo, rentas condicionadas, pensiones, etc.). En efecto, como sabemos, las cotizaciones a la Seguridad Social de trabajadores/as y empresarios/as son los que mantienen los sistemas de remuneración directa (salarios) y diferida (pensiones) para la clase trabajadora, y garantizan la financiación de los servicios públicos que definen nuestro Estado del Bienestar. Pero si atacamos directamente la línea de flotación de los puestos de trabajo dignos y con derechos, y por tanto, con garantías estables de cotización, tanto en cuantía como en plazos, resulta que estaremos dinamitando todo el andamiaje de dicho Estado del Bienestar. Es la forma que tienen las clases dominantes de apoyar su indecente discurso de la "insostenibilidad" de dichos sistemas públicos, y lo hacen más y mejor precisamente aprovechando contextos y situaciones de crisis como la actual. En este sentido, las Reformas Laborales llevadas a cabo durante los últimos años inciden en agravar esta situación, pues (entre otros muchos efectos negativos) retroceden en las conquistas obreras, abaratan el despido, precarizan el trabajo, lo vuelven inestable e inseguro, fomentan la temporalidad, rebajan sueldos y salarios, conceden hegemonía al poder empresarial, disminuyen las cotizaciones sociales, y hacen estallar por los aires la garantía de sostenibilidad presente y futura de dichos sistemas. Y todo ello también forma parte de esta arquitectura de la desigualdad. No queremos insistir mucho más en la faceta laboral, pues será estudiada detenidamente en su bloque temático correspondiente. 

 

Lo que no nos cuentan nuestros gobernantes en sus discursos es que desde el inicio de la crisis, España se ha convertido en el segundo país de la Unión Europea, tras Chipre, donde más ha crecido la desigualdad de renta, concretamente 20 veces más que el promedio europeo. Desde el año 2007, el Indice de Gini aumentó en un 15,6%, muy por encima del promedio del continente (0,8%). Todo ello pone de manifiesto la incapacidad del crecimiento económico para reducir la desigualdad en nuestro país. La explicación es bien sencilla: una empresa podrá crecer y exportar todo lo que quiera, pero si antes de la crisis poseía una plantilla de 5.000 personas (pongamos por ejemplo) disfrutando de puestos de trabajo estables y con derechos, que les permitían cotizar a niveles aceptables, y poder desarrollar un proyecto de vida digno, contribuyendo tanto los empleados/as como los empleadores/as al sostenimiento de los servicios públicos del Estado del Bienestar, y ahora (después de las "reformas estructurales para salir de la crisis", como alegan) posee únicamente 1.000 personas en plantilla, porque las otras 4.000 proceden de subcontratas concéntricas que precarizan el trabajo, impidiendo toda la situación que antes hemos comentado, ese crecimiento no es deseable. Hay que romper por consiguiente el discurso dominante, para explicar que más que crecimiento, necesitamos reparto y redistribución, pero son dos conceptos que no quieren escuchar las poderosas élites que nos gobiernan en la sombra. El crecimiento económico no es inclusivo, pero este es uno de los objetivos del neoliberalismo, que legitima de esta forma las desigualdades, y es el responsable del corpus teórico y dogmático que proyecta la arquitectura social que las propugna y las tolera. Continuaremos en siguientes entregas.

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2 agosto 2017 3 02 /08 /agosto /2017 23:00
¿La renuncia de Nicolás Maduro?

Sin el control del poder político o con él, la derecha ha demostrado que la violencia, el autoritarismo y la intolerancia son parte de su génesis y que, por más que se disfrace de democrática, sus intereses se contraponen con los de las grandes mayorías y, por ende, con la esencia de la democracia real

Héctor Bernardo

El modo en que tratan nuestros medios de comunicación dominantes la situación en Venezuela está llegando al desatino. No hay noticiero, tertulia o debate donde no salga a relucir el asunto venezolano, y por supuesto, las opiniones que se escuchan (salvo alguna rara avis) están todas cortadas por el mismo patrón. No es por tanto la primera vez que nos vemos obligados a salir al paso de la desinformación, manipulación e intoxicación mediática en torno a Venezuela (aquí tienen nuestros lectores y lectoras un índice de todo lo publicado en nuestro Blog al respecto), así que volveremos a insistir una vez más. A lomos del tándem formado entre el Gobierno y el sector privado estadounidense, con la inestimable colaboración de toda la derecha política y mediática internacional, se llevan ejecutando en Venezuela una serie de estrategias que obedecen a una clara injerencia mediante diferentes vías paralelas, que pueden ser la guerra mediática, la presión política, la presión diplomática y la guerra económica, cuya finalidad es el derrocamiento del Gobierno legítimo que representa la Revolución Bolivariana. Como muy bien explica Héctor Bernardo en este artículo para el medio Rebelion, del cual hemos extraído la cita de entradilla, derecha y violencia son dos términos inseparables a lo largo de la historia, y en América Latina y El Caribe no son una excepción: Golpes de Estado (duros o blandos, es decir, militares o parlamentarios), desestabilización económica, asesinato de líderes sociales, desaparición de estudiantes y periodistas, o represiones de la protesta social, todo ello aderezado con la constante manipulación de los medios, son el cóctel diario bajo el que se ataca a los gobiernos progresistas de América Latina. 

 

Solicitan cínicamente diálogo y negociación, debate y respeto a la democracia, cuando lo único que les interesa a las derechas locales (bajo la batuta de la derecha estadounidense) es la defensa de sus retrógrados sectores. En Venezuela los líderes de la derecha se disfrazan de inocentes corderitos, mientras profesan el autoritarismo, la violencia, la intolerancia y la mentira hasta límites insospechables. Una derecha criminal empeñada en vender los recursos naturales del país, y defender sus intereses de clase, es presentada sin embargo por los medios de comunicación como una oposición democrática, a la que le interesan la paz, el diálogo y la democracia. Pero acto seguido, están animando a sus huestes callejeras para que cometan todo tipo de tropelías en las calles, a costa de provocar el mayor caos social posible, y la mayor destrucción. Y es que la derecha nunca acepta por las buenas perder el control político de sus regiones, y en cuanto ve peligrar los intereses de sus miembros, de sus empresas y de su oligarquía, no duda en organizar violentas acciones para usurpar el poder mediante formas nada democráticas. Se dedican igualmente a destruir la imagen pública de los dirigentes, gobernantes, mandatarios o líderes sociales populares, mediante todo tipo de engaños, manipulaciones y mentiras. Así las cosas, Venezuela se ha convertido, gracias a la resistencia de su líder Nicolás Maduro, en el objetivo a derribar por el poder político, económico y mediático internacional, y las ofensivas y manipulaciones son constantes y van en aumento. 

 

Los Estados Unidos no se resignan a que los gobiernos de amplia acción popular, de corte socialista o únicamente postneoliberales, alejen a América Latina de la función que siempre tuvo para ellos, que no es otra que la de ejercer como su "patio trasero". Según el Informe de 2016 de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), durante las casi dos décadas de gobiernos bolivarianos, Venezuela ha pasado a ser uno de los tres países con menor desigualdad social en todo el continente. Pero los medios dominantes influidos y controlados por el gran capital jamás nos contarán estas cosas. No les interesan. Es más, estos datos son dañinos para ellos, pues muestran el camino a otros sobre lo que hay que hacer. Jamás se informó por parte de estos indecentes medios sobre los logros sociales, sanitarios, educativos, en el ámbito de la vivienda, de las leyes laborales, de la justicia, de la democracia, etc., que se han producido bajo el chavismo. Tampoco nos contarán que durante todo este período en Venezuela, se han desarrollado hasta un total de 19 procesos electorales, valorados, entre otras instituciones, por la Fundación Carter como los más transparentes del mundo. Pero a la derecha le da igual. Ellos seguirán afirmando que en Venezuela no existe la democracia.

 

Y en este contexto de profunda confrontación para hacer caer al Gobierno, haciendo estallar un caos social que legitime una intervención extranjera, la "pacífica" oposición está llevando a cabo una estrategia de desestabilización del Gobierno, basada en los tres siguientes pilares: a) el colapso económico (consistente en el desabastecimiento de la población a través de políticas de acaparamiento, especulación económica, o la quema de los depósitos estatales de distribución de productos básicos), b) el terrorismo urbano (consistente en la instigación a violentas manifestaciones, en las cuales las calles son tomadas por bandas financiadas por la oposición para generar situaciones de inseguridad y violencia, con muertos y heridos, provocando además quema de vehículos, ataques a las instituciones del Estado, centros de salud, guarderías, escuelas, etc.), y c) la desinformación sistemática (consistente en mentir sistemáticamente, manipular hechos e imágenes, ocultar las manifestaciones de apoyo al gobierno, difundir información falsa, o apoyar subrepticia y subliminalmente a la oposición, mientras se demoniza al Gobierno, presentándolo como una pandilla de irresponsables y de dictadores). Desde esta humilde tribuna volvemos a llamar a nuestros lectores y lectoras al continuo contraste de toda la información suministrada, y a la defensa de la Revolución Bolivariana que comenzara el Presidente Hugo Chávez, y nos hacemos eco para finalizar de este breve pero muy sugerente e ilustrativo artículo de F. Roque R. desde Caracas, recogido por el medio Eco Republicano, y que reproducimos a continuación en su totalidad:

 

La derecha apátrida y sus jefes imperiales quieren que Nicolás Maduro renuncie a la Asamblea Nacional Constituyente. Yo les respondo por Nicolás:
 
1.-Que Santos renuncie a las 7 bases militares gringas invasoras. Que ponga fin a su política de exterminio contra los combatientes de las Farc y ELN.
 
2.-Que Macri renuncie a sus políticas hambreadoras contra el pueblo y ponga en libertad a la diputada del Parlatino.
 
3.-Que Temer renuncie a sus cuentas millonarias producto de la corrupción y devuelva el Poder a Dilma.
 
4.-Que Peña Nieto encuentre a los 42 estudiantes de Ayotzinapa y atrape a los asesinos y se enfrente a Trump e impida la construcción del muro infame.
 
5.-Que Trump renuncie a sus ínfulas imperiales, devuelva el territorio de Guantánamo y ponga fin al bloqueo contra Cuba.
 
6.-Que Rajoy deje en paz a los catalanes y les permita definir libremente su destino como pueblo autónomo que es.
 
7.-Que el Parlamento Europeo renuncie a su política xenófoba contra los refugiados y respete los derechos humanos de los inmigrantes.
 
Cuando hagan todo esto, entonces conversamos.
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1 agosto 2017 2 01 /08 /agosto /2017 23:00
Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

El franquismo no fue una dictadura que acabara con la muerte del dictador, sino una estructura de poder que se integró en la monarquía

Alfredo Grimaldos

Bajo la Transición, la figura del Rey se fue aceptando socialmente, creándose incluso los seguidores "juancarlistas", y legitimándose su presencia y la del propio régimen surgido de la Constitución de 1978. El fallido intento de Golpe de Estado de febrero de 1981 nos ofrece aún hoy muchísimas dudas, en torno al desarrollo de la propia trama, y al verdadero papel que jugó en el mismo la figura de Juan Carlos I. Pero la realidad, como venimos comentando, es que la Transición, con la figura del Rey a la cabeza, fue toda una operación pensada para asegurar las estructuras de poder procedentes del franquismo. El Rey se convirtió en los cerca de 40 años que se mantuvo como Jefe del Estado, en un agente central al servicio de las clases dominantes, del empresariado, de todos aquéllos que antes, durante y después de la II República conspiraron y patrocinaron el Golpe de Estado del 18 de julio de 1936, y que tiempo más tarde se valieron de su privilegiada posición para generar inmensas fortunas, aunque fuera con el trabajo esclavo de los presos políticos republicanos. Hoy día, en 2017, todo continúa "atado y bien atado". El bipartidismo reinante durante más de 35 años, con un PSOE y un PP alternándose en el poder, lo han garantizado. Ambos han sido fieles servidores de los mismos poderes fácticos, esos que en realidad nos gobiernan sin presentarse a ningunas elecciones, como muy bien asegura Manolo Monereo. Al pueblo se le vendió la idea de que habíamos pasado de la dictadura a la democracia, sobre todo gracias a la figura del Rey, y a la inteligencia y capacidad de una serie de señores que estuvieron a la altura, que fueron capaces de olvidar sus diferencias, y de consensuar los pilares para un nuevo régimen democrático. 

 

Pero en realidad, llevamos 40 años de democracia tutelada por los mismos benefactores del franquismo. Lo hemos explicado en este artículo reciente de nuestro Blog, y lo han explicado muy bien en este artículo del medio Eco Republicano, a los que remitimos a los lectores y lectoras interesadas. Para empezar, ¿cómo es posible pasar a una democracia sin reconocer la vileza y brutalidad del régimen dictatorial anterior? Pues en vez de eso, las palabras del monarca sobre Franco en su primer discurso de finales de 1975 fueron las siguientes: "Una figura excepcional entra en la Historia. El nombre de Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea". Con estas credenciales, ¿se evidenciaba de verdad un cambio de régimen, cuando ni siquiera era posible condenar el anterior? La primera en la frente. Pero sigamos. Las elecciones "democráticas" del 15-J de 1977 no permitieron votar en libertad. Dos de los ex Ministros franquistas, concretamente Manuel Fraga Iribarne (a la sazón fundador de Alianza Popular) y Rodolfo Martín Villa, vetaron la participación en dichas elecciones a los partidos republicanos que luchaban por el restablecimiento de la República en nuestro país. Asímismo, durante ese corto período, los líderes de Acción Republicana Democrática Española (ARDE) fueron perseguidos y encarcelados por exhibir banderas republicanas y distribuir pasquines en pro de la República durante reuniones clandestinas celebradas en 1977. ¿Podemos pensar que dicho panorama había cambiado cuando casi 40 años después el Rey Juan Carlos abdicó en su hijo Felipe? La respuesta es NO. De hecho, el día de su proclamación como Felipe VI las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establecieron un cordón para impedir las manifestaciones de ciudadanos/as republicanos/as, y se detuvo a toda aquélla persona que exhibiera banderas o insignias con los colores de la República. 

 

Tras las elecciones de 1977, y con Adolfo Suárez ya en el poder (UCD), las fuerzas políticas con representación parlamentaria prefabricaron una nueva Constitución a medida de la Monarquía, en la cual venía ya impuesta (sin haber convocado al pueblo a referéndum) la figura del Rey como Jefe del Estado, y donde además, la Carta Magna concedía enormes privilegios a la Corona. La Transición iba avanzando, pero iba exigiendo un alto precio para su implantación. El precio de la Transición para el "regreso a la democracia" fue la pervivencia del franquismo, que se convertiría en un tumor maligno irreversible, haciendo de España un país dominado por sus benefactores, sometido a la corrupción y gobernado por serviles políticos pertenecientes a una derecha clásica (Alianza Popular, que aglutinó a todas las fuerzas fascistas de la época, y que luego se refundaría como Partido Popular), y a una falsa izquierda domesticada y servil al capitalismo y a la Monarquía (Partido Socialista Obrero Español). Estas fuerzas políticas continúan a día de hoy siendo las más votadas, lo cual da buena cuenta y explica la pervivencia de los mismos poderes fácticos que las vienen apoyando desde entonces. En este contexto, la extrema derecha española asumió la representación ideológica del neofranquismo residual, mientras que los partidos de izquierda de entonces (PSOE y PCE) moderaban sus discursos renunciando a la República, aceptando la Monarquía impuesta por el dictador y alabada por sus benefactores, y amnistiando en 1977 los crímenes del franquismo y a toda su pléyade de torturadores y viles políticos a su servicio. Como puede comprobarse, el famoso "consenso" de la Transición no fue más que un reparto del poder, una democracia limitada, vigilada y tutelada, sin libertad constituyente, y que bajo el ruido de sables y la permanente amenaza de volver a los tiempos oscuros, permitió la pervivencia del legado ideológico franquista, del nacionalcatolicismo de la jerarquía eclesiástica y de los mismos poderes económicos a los que se había privilegiado durante la dictadura. 

 

Conviene preguntarse en este punto qué había ocurrido con los Gobiernos republicanos en el exilio, que habían pervivido durante toda la dictadura franquista, a través de varios Presidentes, y cómo reaccionaron ante la nueva situación surgida después de la muerte del dictador y de aquéllas primeras elecciones "democráticas". Hagamos primero un breve repaso histórico. Los Gobiernos de la Segunda República Española en el exilio fueron los gabinetes que se formaron fuera de España, y que continuaron representando al Estado Español emanado de la Constitución de 1931 después de la victoria de los militares golpistas. Tras el golpe militar, el Gobierno republicano no abdicó en ningún momento de su soberanía. Asistido por una gran parte del pueblo español que se levantó en armas contra el fascismo, las instituciones republicanas fueron garantes de la legitimidad y la legalidad que le habían dado las urnas y la Constitución de 1931. En febrero de 1939 tuvo lugar la que sería la última sesión de las Cortes republicanas en territorio español. Las armas le dieron la victoria a Franco, pero no la legitimidad. Finalizada la Guerra Civil comenzaría un largo y doloroso exilio republicano, que sólo terminaría con las elecciones de 1977 a las que nos hemos referido más arriba. En síntesis, los Gobiernos republicanos en el exilio estuvieron dirigidos por Juan Negrín (1939-1945), José Giral (1945-1947), Rodolfo Llopis (1947), Álvaro de Albornoz (1947-1951), Félix Gordón (1951-1960), Emilio Herrera (1960-1962), Claudio Sánchez Albornoz (1962-1971) y Fernando Valera Aparicio (1971-1977), que fue el último Presidente. Diego Martíinez Barrio fue asímismo Presidente de la República en el exilio durante varios mandatos y gabinetes, y las principales fuerzas políticas a las que pertenecían sus dirigentes eran el PSOE, IR (Izquierda Republicana) y UR (Unidad Republicana). También hubo Ministros de la CNT, de la UGT, del PCE, del PNV, del PSUC o de ERC. 

 

Pues bien, después de las elecciones del 15J de 1977 y tras casi 38 años de permanencia fuera de España, el Gobierno republicano en el exilio se disolvió oficialmente junto con todas sus instituciones, sin reconocer expresamente a la Monarquía reinstaurada en 1975, pero aceptando la validez de las elecciones de 1977 y la democracia surgida de ellas. El último Presidente de la República en el exilio, Fernando Valera, junto con el último Presidente del Consejo de Ministros, emiten una Declaración de la Presidencia y del Gobierno de la República Española en el exilio el 21 de junio de 1977, en París. En su comunicado, Fernando Valera decía cosas como las siguientes: "Erróneamente, a nuestro juicio, el pueblo español se ha avenido a expresar su voluntad actual concurriendo mayoritariamente a una consulta electoral que no reunía las condiciones previas de autenticidad, ni por el Poder ilegítimo que la convocaba, ni por el marco legal en que había de desenvolverse; pero lo cierto es que el consenso general de la opinión pública, quizás intoxicada por una hábil propaganda dirigida de la prensa monarquizante, la ha aceptado como válida". Y más adelante proclamaba: "El soberano es el pueblo; quédese, pues, el pueblo con su soberanía, que es suya, y yo me quedaré a solas, una vez más, con mi dignidad de ciudadano, con mi manera de entender el patriotismo, y con mi lealtad a la República". Y finalizaba glosando las palabras de Emilio Castelar: "Jamás serviré a la monarquía, aunque ahora se muestre en concordia con la democracia; porque, si la monarquía no me excluye de su seno, me excluyen la historia, el honor y el patriotismo". Ni durante la "modélica" Transición, ni durante todos los años siguientes, hasta nuestros días, se ha rendido homenaje nacional a los Presidentes de aquélla República, abruptamente interrumpida, y cuyos gobernantes tuvieron que permanecer en el exilio. Otra asignatura pendiente para superar el franquismo. Continuaremos en siguientes entregas.

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31 julio 2017 1 31 /07 /julio /2017 23:00
Baleares: toros sin muerte

Consideramos salvajes a los leones y los lobos porque matan, pero tienen que matar o morirse de hambre. Los humanos matan a otros animales por deporte, para satisfacer su curiosidad, para embellecer sus cuerpos y para dar gusto a sus paladares. Los seres humanos matan también a los miembros de su propia especie por codicia o por poder. Además, los humanos no se contentan simplemente con matar. A través de la historia han mostrado una tendencia a atormentar y torturar, antes de darles muerte, tanto a sus iguales los humanos como a sus iguales los no-humanos. Ningún otro animal muestra demasiado interés por hacer esto

Peter Singer

La Tauromaquia justifica y argumenta falazmente desde sus inicios históricos que, para que toro y torero estén "en igualdad de oportunidades" ante el combate, el toro se vea sometido a una serie de ataques en secuencia, que van mermando sus fuerzas, a base de ir provocándole una serie de heridas mediante los rejones, las puyas, las banderillas, etc. Todo ello contribuye a un sangriento y bárbaro espectáculo, que finaliza, como sabemos, con la muerte del toro mediante la espada y, en su caso, el descabello. Pero hasta que llega ese momento, el animal va sufriendo continuas y progresivas heridas en su lomo y cuello, por las que se va desangrando lentamente, provocándole un terrible sufrimiento. La lucha de los animalistas ha conseguido, en el Parlamento balear, que el toro deje de sufrir en la arena, mediante la prohibición de toda suerte de ataques al animal durante la faena, que tampoco podrá acabar con la muerte del astado. Por tanto, los toreros sólo podrán emplear el capote y la muleta en sus faenas, que además se verán recortadas en su duración hasta un máximo de 10  minutos, y a 3 toros en vez de los 6 actuales. La votación de esta ley de toros "a la balear", como ya es popularmente conocida, fue bien previsible. Los grupos de la izquierda parlamentaria han votado a favor (PSOE-PSIB,  MÉS y Podemos), mientras que el PP y Ciudadanos lo han hecho en contra. Sabemos cuál es el sitio de cada uno. 

 

Esta iniciativa legislativa contempla muchos aspectos interesantes, más allá de los relativos a la prohibición del maltrato. Tanto toros como toreros se verán sometidos a controles antidopaje antes de que comiencen las corridas, y los toros al finalizar las faenas volverán a los corrales y después a sus ganaderías de origen, no sin antes ser sometidos a un reconocimiento veterinario para comprobar su estado sanitario. La Ley balear también regulará las características de las enfermerías que serán obligatorias en las plazas, así como las condiciones que tendrán que cumplir las ganaderías en lo que se refiere al transporte de los animales, por lo cual cubre varios aspectos necesarios que garantizan el bienestar de los toros en todo lo que incumbe a la celebración de las corridas. La nueva normativa también prohíbe la entrada de menores de 18 años a los espectáculos taurinos (actualmente era de 16), así como la venta y el consumo de alcohol en el recinto. Por tanto, configura una iniciativa legislativa ciertamente completa e interesante, que puede constituirse en referente, y marcar un antes y un después en la regulación autonómica de la tauromaquia en nuestro país. Fuera ya de los aspectos reguladores de lo taurino, la ley balear también prohíbe el tiro al pichón y a la codorniz, aspectos ante los cuales la Federación Balear de Caza ha mostrado su total desacuerdo. 

 

Al día siguiente de su aprobación, el Partido Popular y sus organizaciones afines (en este caso la Fundación del Toro de Lidia) han presentado recurso ante el Tribunal Constitucional, alegando que dicha Ley vulnera las competencias del Estado, ya que sólo éste puede regular los aspectos relacionados con la tauromaquia. Por su parte, las Comunidades Autónomas tienen entre sus competencias la de regular todos los festejos (incluidos los taurinos), así que no sabemos en qué quedará todo esto. De momento, lo más previsible es que el Alto Tribunal ordene la suspensión cautelar de la entrada en vigor de dicha Ley, tal y como ya han solicitado los instigadores del recurso. Pero en cualquier caso, se trata de toda una victoria de los grupos y partidos animalistas, de las organizaciones que luchan por la liberación animal, y contra el maltrato a los animales en todo tipo de "festejos populares". En el caso concreto de la Tauromaquia, resulta además que estamos ante una actividad reconocida oficialmente como Bien de Interés Cultural, y por tanto, perteneciente al patrimonio cultural de todos los españoles, por lo cual el asunto se complica enormemente. Las subvenciones públicas y al apoyo a nivel institucional están aún muy arraigados para la tauromaquia, lo cual dificulta enormemente su desmontaje dentro de nuestro país. De ahí el intento del Parlamento balear de regular las corridas, de tal manera que, aunque la prohibición expresa no pueda aún llevarse a cabo legalmente, se proteja a los toros para que no sufran durante las faenas. 

 

No se consigue por tanto el objetivo último y final, pero hay que valorar los pasos hacia adelante que se están dando, en la lucha por erradicar todos los festejos populares donde se produzca muerte o tortura de cualquier tipo de animales. Los taurinos en cambio argumentan otras razones rocambolescas, tales como que es "un intento nacionalista de rechazar lo español", según aparece en este artículo de Ricardo F. Colmenero para el diario El Mundo, o bien que es una clara desvirtuación de la tauromaquia, ya que, según ellos, el toro bravo es una especie criada para tal fin, y ha de morir en el ruedo. Argumentan que el sentido último de su existencia es la muerte digna en la arena, porque de todos modos habrá muerte en la soledad del corral, pero no se dan cuenta de la abismal diferencia que hay entre una muerte y otra dentro del contexto de una sociedad avanzada, ya que la muerte en el corral no está sirviendo de cruel espectáculo de tortura para nadie. Esa es la diferencia que no ven. Pero existe. Sólo hay que poseer un poco de sensibilidad para apreciar la diferencia entre una muerte y otra. El propósito de nuestra sociedad debe ser erradicar la crueldad y minimizar el sufrimiento, y no excusar el apoyo a este tipo de "espectáculos" bajo cualquier pretexto cultural, tradicional o económico. En el artículo donde defendimos la ILP "Pan y Toros" desmontamos también todos los falaces argumentos que el mundo taurino aduce para mantener "la fiesta". 

 

Hoy día, la decadencia y el declive social de estos espectáculos es más que evidente. La actividad de la tauromaquia dejó de ser rentable hace muchos años, y se constata desde el año 2007 la tendencia negativa en cuanto al número de espectadores que acuden a las corridas de toros. Pero los grandes empresarios de la tauromaquia no se dan por vencidos. Por ello el lobby taurino pretende que esta actividad se considere y se mantenga como un producto cultural oficialmente reconocido, para poder beneficiarse de las cuantiosas subvenciones públicas y privilegios fiscales asociados, y lo reclaman asegurando que las corridas de toros son el segundo espectáculo de masas en España, aunque según datos del propio Ministerio de Cultura, dista mucho de ser considerado como tal. De ahí la especial inquina que se levanta cuando cualquier iniciativa legislativa, como ahora la del Parlamento balear, intenta restar fuerza al mundo taurino, en base a limitar o transformar la propia estructura del "espectáculo" del toreo. Pero afortunadamente el ejemplo está cundiendo, y ya son muchas las iniciativas legislativas y consultas ciudadanas que se están poniendo en marcha en la misma línea, en diversas Comunidades y Ayuntamientos, por lo cual parece ser una cuestión de tiempo que veamos la total abolición de la tauromaquia en nuestro país. 

 

Pero aún nos costará mucho despojarnos de las crueles prácticas y costumbres atávicas, que tan arraigadas se encuentran en el suelo patrio. Amparados en la historia, la tradición, la cultura y el arte, los defensores de estos festejos justifican la celebración de estos crueles eventos con los animales (en este caso con el toro bravo), sin darse cuenta de que la Humanidad está evolucionando en el sentido contrario, es decir, en el de proteger la vida y los derechos de todos los animales, y de no considerar ocio, tradición, cultura, deporte, festejo, espectáculo, arte o diversión toda aquélla actividad que se base en el maltrato, la tortura o la muerte de animales. Parece no obstante que aún estamos muy lejos de conseguirlo, pero leyes como la que estamos comentando del Parlamento Balear nos acercan más a dicho objetivo. Animamos desde aquí a los grupos y asociaciones animalistas, e instamos a las fuerzas políticas con sensibilidad ecologista y animalista a que continúen por esta senda. Deseamos también que cunda el ejemplo para el resto de Comunidades Autónomas del Estado Español, y que sigan el ejemplo balear para impedir de este modo que los toros sufran tortura y muerte en los ruedos de toda la geografía nacional. Es posible que dentro de no mucho tiempo podamos conseguir un escenario legal de absoluta protección y respeto hacia el mundo animal. Habremos dado un gran paso como Humanidad. 

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30 julio 2017 7 30 /07 /julio /2017 23:00
Viñeta: Antonio Rodríguez

Viñeta: Antonio Rodríguez

Hasta que el Trío de las Azores (Bush, Blair y Aznar) aprobó ir a la guerra contra Irak, el 15 de marzo de 2003, España había sido considerada por sus “primos musulmanes” el mediador ideal entre Europa y el Islam. Con la sonrisa de hiena de Aznar abrazando al emperador yanqui, Madrid perdió toda su credibilidad y pasó, a lo bobo, de amigo a enemigo

Javier Cortines

Todos los focos de violencia y de conflicto están generando, últimamente, el desplazamiento de personas a un máximo sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. La guerra, la violencia, el hambre, la falta de horizontes vitales y la persecución están llevando a cientos de miles de personas (millones en todo el planeta) a abandonar sus lugares de residencia, donde han nacido, se han criado y tienen a sus familiares y amigos, buscando otros lugares donde poder asentarse y desarrollar nuevos proyectos de vida dignos. No nos ocuparemos en esta serie de artículos sobre las políticas de fronteras, ya que este asunto tiene entidad y problemática suficiente como para dedicarle una serie de artículos separada (de hecho, ya la tenemos en preparación). Pero por su estrecha relación con los diversos conflictos armados, hemos de hacer siquiera una breve referencia. Según ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, son ya 65,6 millones de personas (era la cifra al término de 2016) las que se encuentran a nivel mundial en situación de desplazamiento forzado. Dicha cifra representa un aumento de 300.000 personas sobre el año anterior. Del global de la cifra anterior, hemos de distinguir tres componentes. En primer lugar, las propias cifras de refugiados, que con 22,5 millones de personas son las más altas de las que se tiene constancia. De éstos, 17,2 millones se encuentran bajo el mandato de ACNUR, y el resto son refugiados palestinos registrados ante la organización hermana UNRWA, especializada en el conflicto palestino-israelí. Las personas que huyen de las guerras son una consecuencia directa y dramática de ellas, como es evidente, y ello a su vez genera múltiples conflictos en otros órdenes. 

 

El conflicto de Siria sigue siendo el que genera más refugiados a nivel mundial (5,5 millones), aunque en 2016 el principal país afectado fue Sudán del Sur, donde la desastrosa ruptura de los esfuerzos por la paz en julio de ese año contribuyó a la salida de casi 740.000 personas hasta finales de diciembre de 2016 (actualmente 1,87 millones). Los desplazamientos forzados de personas son unas de las consecuencias directas de las guerras, los conflictos armados y el terrorismo internacional, desplazamientos que desestructuran y empobrecen los recursos de los lugares de éxodo, abandonándolos al pillaje, al caos y al desorden. Por su parte, los desplazados y refugiados sufren el tener que adaptarse a los ambientes locales y culturales de los países que les ofrezcan acogida, que dicho sea de paso, es un proceso cada vez más penoso y limitado. La globalización neoliberal ha establecido completa libertad para los movimientos de capitales, pero establece enormes restricciones para los movimientos de personas, desde sus visiones excluyentes de la sociedad. Hoy día, por tanto, el racismo, la xenofobia y los programas basados en la "identidad" nacionalista forman parte de los típicos idearios de las formaciones políticas de nuevo cuño que surgen por doquier en los países de la Unión Europea, y de otros lugares del mundo. Se trata de formaciones con evidentes tintes neofascistas, que propugnan la expulsión de los extranjeros, y una serie de absurdas políticas culturales de "identidad". Poseen fanáticas visiones de su civilización y de su cultura, y por tanto, entienden como un "peligro" la llegada de inmigrantes, refugiados o extranjeros en general. Se da una curiosa paradoja: precisamente los países que más contribuyen a los conflictos armados son los que albergan mayor número de fuerzas políticas y sociales racistas y xenófobas. Saquen los lectores y lectoras sus propias conclusiones. 

 

Tenemos también la vertiente del desplazamiento de personas dentro de su propio país, los llamados éxodos locales o interiores, cuyo número llegaba a 40,3 millones de personas al término de 2016. Siria, Irak y el todavía muy considerable desplazamiento de personas en Colombia, fueron los principales lugares para este desplazamiento interno. No obstante, el desplazamiento interno es un problema de ámbito mundial y representa casi dos tercios del desplazamiento forzado total en el mundo. En tercer lugar tenemos el contingente de los solicitantes de asilo, que son personas que han tenido que huir de su país de origen (debido a riesgo o persecución por motivos políticos o ideológicos) y solicitan protección internacional como refugiados. Al concluir el pasado año 2016, el número de personas que habían solicitado asilo en el mundo era de 2,8 millones. Esto agrava el inmenso coste humano de la guerra y la persecución en el mundo: la cifra de 65,6 millones significa que, por término medio, una de cada 113 personas en el mundo se halla en situación de desplazamiento forzado, es decir, una población mayor que la del Reino Unido, que es el 21º país en el mundo por número de habitantes. Fillippo Grandi, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ha declarado al respecto: "Desde cualquier punto de vista, esta cifra es inaceptable, y plantea con más fuerza que nunca la necesidad de mayor solidaridad y un propósito común para prevenir y resolver las crisis y para garantizar entre todos que los refugiados, desplazados internos y solicitantes de asilo del mundo reciben protección y atención adecuadas, al tiempo que se buscan soluciones. Tenemos que hacerlo mejor por estas personas. En un mundo en conflicto, lo que se necesita es determinación y valor, no miedo". 

 

Bien, la senda del pacifismo contribuiría bastante a reducir estas cifras, hoy día vergonzosamente engrosadas debido a los diferentes puntos calientes existentes en el planeta. Si los conflictos armados y el terrorismo internacional van disminuyendo, y los poderosos esfuerzos diplomáticos se consolidan, es evidente que este nuevo escenario repercutirá muy positivamente en la generación de las cifras de personas en situación de desplazamiento forzoso. Todo ello además con los innumerables efectos secundarios que genera, y que básicamente obligan a millones de personas a establecerse en países de otra cultura a la original, y a sufrir persecuciones, maltrato, discriminación, a ser víctimas de mafias dedicadas al tráfico de personas, y un largo etcétera. Y si las cifras de desplazados en el mundo remiten, es evidente que ello contribuirá a una situación de mayor calma internacional. Porque una de las principales conclusiones del citado informe de ACNUR es que las cifras de nuevos desplazamientos en particular siguen siendo muy altas. Del total ya referido de 65,6 millones de personas, 10,3 millones se convirtieron en desplazados forzosos durante el pasado año 2016, de las que aproximadamente dos tercios (6,9 millones) habían huido en el interior de su propio país, sin cruzar una frontera internacional. Al mismo tiempo, los retornos de refugiados y desplazados internos a sus lugares de origen, unidos a otras soluciones como el reasentamiento en terceros países, permitieron que, para algunos, 2016 trajera una perspectiva de mejora. Unos 37 países admitieron conjuntamente a cerca de 190.000 refugiados para su asentamiento. Más o menos medio millón de refugiados pudieron retornar a sus respectivos países de origen, y aproximadamente 6,5 millones de desplazados internos lo hicieron a sus zonas de origen, aunque en muchos casos en condiciones que distaban mucho de ser las ideales, y con unas perspectivas inciertas. 

 

En todo el mundo, la mayoría de los refugiados (el 84%) estaban en países de ingresos bajos o medios a finales de 2016, y uno de cada tres (4,9 millones) eran acogidos por los países menos desarrollados. Este enorme desequilibrio refleja varias cosas, entre ellas la persistente falta de consenso internacional en lo relativo a la acogida de refugiados y la proximidad de muchos países pobres a regiones de conflicto. También ilustra la necesidad de que los países y comunidades que apoyan a los refugiados y otras personas desplazadas reciban más recursos y apoyo, cuya ausencia puede generar inestabilidad, tener consecuencias para la labor humanitaria que puede salvar vidas, o dar lugar a desplazamientos secundarios. Por su parte, los menores, niños y niñas, que representan la mitad de los refugiados del mundo, siguen soportando una carga desproporcionada de sufrimiento, principalmente por su extrema vulnerabilidad. Lamentablemente, se recibieron 75.000 solicitudes de asilo de menores que viajaban solos o separados de sus progenitores, aunque la cifra real podría ser incluso superior. Estos niños y niñas son especialmente carne de cañón para las perversas mafias que comercian con ellos/as, y que pueden truncar desgraciadamente sus vidas para siempre. La senda pacifista debe complementarse por tanto con una adecuada política sobre fronteras, y en cuanto a asilo, refugio y reasentamiento de personas, que garantice que en tanto en cuanto estos conflictos no se solucionen y las vías pacíficas no se instalen, disminuyendo el tráfico de personas a nivel mundial, el total de las personas desplazadas forzosas son perfectamente integradas en sus nuevos lugares. Y ello pasa igualmente por fomentar políticas de integración multicultural y de cohesión social, desterrando las visiones excluyentes, discriminatorias o xenófobas. Continuaremos en siguientes entregas.

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27 julio 2017 4 27 /07 /julio /2017 23:00
Arquitectura de la Desigualdad (48)

A menos que se adopten soluciones políticas valientes que pongan freno a la influencia de la riqueza en la política, los gobiernos trabajarán en favor de los intereses de los ricos, y las desigualdades políticas y económicas seguirán aumentando

Intermon Oxfam

Tenemos que transformar la actual arquitectura de la desigualdad, que trabaja para favorecer al 1% de la población, en la arquitectura de la equidad y la cohesión, que trabaje para el 99% restante. Sin ir más lejos, nuestro país contiene dos realidades antagónicas que muestran la radiografía de la desigualdad. Desde el año 2014 crece el PIB de nuestro país, pero los resultados de esta reactivación económica sólo benefician a una minoría. La desigualdad se cronifica e intensifica, mientras escuchamos impávidos los indecentes mensajes de nuestros gobernantes, comunicándonos que "lo peor de la crisis ya ha pasado", y otras sandeces por el estilo. La crisis, como tantas veces hemos indicado en esta serie de artículos y en otros artículos independientes de nuestro Blog, ha sido utilizada como una oportunidad, como un pretexto para en base a ella, aprovechándose de ella, los mismos agentes económicos que la habían causado, y sus voraces representantes, continuaran agrandando las diferencias y desigualdades. Los ricos cada vez lo son más. Los pobres también. Durante la última década, el Indice de Gini en España no ha dejado de empeorar, y la situación actual de las familias y las personas más golpeadas por la crisis contradice el optimismo en torno a los principales datos macroeconómicos. Se cuentan por cientos de miles los casos de personas a las cuales la crisis desatada por el insaciable capitalismo ha dejado tiradas en el camino, sin posibilidad de volver a restablecer sus mínimas condiciones vitales. No sólo han perdido trabajo, sino que han perdido ingresos, han perdido viviendas, han perdido vehículos, han perdido parejas y amistades en un mundo que ha globalizado el horror del consumismo y del neoliberalismo. En los peores casos, la indigencia o el suicidio han sido los caminos finales.

 

La realidad es que España sigue siendo el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido la desigualdad desde que estalló la crisis, y donde ésta ha seguido aumentando a pesar de los últimos años de crecimiento económico. No obstante, como decimos, a nuestros gobernantes les importa bien poco la desigualdad, así que los únicos mensajes que nos difunden es que somos un referente, todo un ejemplo a seguir en cuanto a recuperación económica...y nosotros nos preguntamos: ¿para quién? Este continuo aumento de la desigualdad se debe a una progresiva concentración de la riqueza en menos manos, a la vez que se produce un deterioro de la situación de las personas más vulnerables. Durante el último año, existen 7.000 nuevos millonarios en España, y la fortuna de tan sólo 3 personas equivale ya a la riqueza del 30% más pobre, es decir, de 14,2 millones de personas. Mientras en 2015 este 30% más pobre vio reducida su riqueza en más de una tercera parte (-33,4%), la fortuna de las tres personas más ricas del país aumentó un 3%. La brecha de ingresos se ha profundizado, al tiempo que los salarios más bajos se han desplomado desde el inicio de la crisis. Entre 2008 y 2014, los salarios más bajos cayeron un 28% mientras los más altos apenas se contrajeron. Ello ha incidido en la transformación de ciertas actividades y profesiones, hasta deteriorarlas por completo, convirtiéndolas en actividades absolutamente precarias, tales como el colectivo de "Las Kellys" (limpiadoras de habitaciones en los hoteles), el colectivo del servicio doméstico, o bien las típicas subcontratas de las grandes empresas (telecomunicaciones, mensajería, etc.). A ello hay que sumarle los grandes conflictos laborales que han dejado en la calle a cientos de miles de empleados procedentes de empresas insignia (Coca-Cola, Panrico, etc.), cuyas estructuras se han transformado precisamente aprovechando las nuevas oportunidades que la crisis les entregaba en bandeja de plata. 

 

En el año 2015 se llegó a un nivel en el que la remuneración del ejecutivo con el salario más elevado multiplicaba por 96 (no es una errata ¡por 96!) la del trabajador promedio en las empresas del IBEX-35, y por 51 en el total de las empresas cotizadas. Mientras los beneficios de las grandes empresas han recuperado los niveles anteriores a la crisis, una de cada cinco personas en edad de trabajar no encuentra empleo. Y quienes lo encuentran, lo hacen en condiciones de altísima inestabilidad y precariedad, mientras los salarios siguen 9 puntos por debajo de los niveles que se habían alcanzado en 2008. Por su parte, la perversión de nuestro sistema fiscal viene provocando que sean las familias las que todavía soportan la mayor parte del peso tributario, aportando un 84% de la recaudación total, frente a un 13% de las empresas. A tenor de lo que venimos comentando, es preciso recapitular y concentrar en los 7 grandes puntos siguientes las orientaciones generales, de absoluta justicia y sentido común, para poder revertir esta indecente situación:

 

1.- Los Gobiernos deben trabajar para el 99% de la población, y no sólo para una minoría acaudalada y sus grupos de presión. Sabemos que no es fácil. Cualquier Gobierno que pretenda tomarse en serio esta orientación se verá sometido a crueles presiones de los Organismos internacionales alineados con la globalización neoliberal, así como a feroces campañas de desprestigio por parte de los grandes medios de comunicación, que lo atacarán sin piedad. Y todo ello si consigue siquiera obtener el poder político, ganando unas elecciones. Si decide además enfrentarse a los poderes económicos que garantizan y proyectan la arquitectura de la desigualdad, el enfrentamiento con ellos deberá ser terrible si se pretenden obtener resultados positivos. Dudamos incluso de que un sólo Gobierno aislado lo consiga. 

 

2.- A nivel global, los Gobiernos deben cooperar, y no sólo competir, para evitar la carrera a la baja de los impuestos y los salarios de los trabajadores y trabajadoras, que sólo benefician a la minoría más rica. Se deben garantizar salarios dignos, controlar los topes mínimos y máximos tanto de salarios públicos como privados, y armonizar al mínimo común digno el nivel de rentas básicas, pensiones y cualquier otro tipo de prestación. La legislación debe proteger al trabajador/a frente a la precariedad, y en ese sentido, una Renta Básica Universal (RBU) es un elemento clave de protección y garantía para evitar la pobreza, y reducir los escandalosos niveles de desigualdad, proporcionando a los trabajadores una interesante caja de resistencia frente a situaciones de desempleo, conflictos laborales o períodos de inactividad. Así mismo, se debe volver a recuperar la función del Estado como último garante del empleo estable y con derechos, potenciando planes de Trabajo Garantizado que recuperen y dignifiquen la función social del mismo, así como fomentan los trabajos de rentabilidad social. 

 

3.- Las empresas deben trabajar para todos, no únicamente para sus propietarios y accionistas, y para ello deben pagar salarios justos y dignos. En efecto, que las empresas trabajen para todos implica una mayor concienciación y responsabilidad social de las mismas, situación de la cual estamos a años luz de distancia. Necesitamos profundas reformas empresariales (que no laborales) para transformar no sólo nuestros modelos productivos, sino la propia filosofía empresarial, profundamente imbuida en los peligrosos e insolidarios valores del neoliberalismo. En ese sentido, pensamos que el actual modelo laboral ha sido pieza esencial del modelo productivo al que hemos estado sometidos durante las últimas décadas, modelo que ha demostrado ser totalmente depredador con el empleo, con los recursos naturales, y con la redistribución de la riqueza. Hay que acabar con el modelo de relación laboral actual, que funciona bajo unos parámetros bien definidos: salarios bajos, gran índice de temporalidad, escasa protección social, un elevado porcentaje de economía sumergida, y unos procesos nada transparentes de la clase dirigente empresarial hacia la clase trabajadora. Hay que evolucionar hacia los parámetros del empleo digno, así como hacia niveles de participación y de democracia interna en las empresas. 

 

4.- Las personas más ricas deben contribuir de manera más justa a la sociedad, pagando los impuestos que les correspondan, sin recurrir a los paraísos fiscales ni beneficiarse de injustos privilegios. Recomiendo a los lectores y lectoras la lectura del primer bloque temático de esta serie de artículos, dedicado en exclusiva a los ricos y poderosos, y a toda la reacción y arquitectura social que les rodea, para comprender mejor cómo podemos y debemos cambiar la orientación política, social y económica hacia estos personajes. Básicamente, debemos desmontar el injustificado culto que a ellos/as dedicamos, debemos dejar de tomarlos como referentes, debemos eliminar todos los sistemas de patrocinio, mecenazgo, filantropía o demás tipos de donaciones donde los más ricos proyecten sus beneficios para contribuir al desarrollo de una sociedad creada bajo su prisma, y debemos implementar toda una serie de medidas para que los más ricos contribuyan en su justa medida al desarrollo equitativo de la sociedad donde viven: mayor control sobre su riqueza, escrupuloso y justo pago de impuestos en relación a sus fortunas y patrimonios, y desmantelamiento de todos los sistemas que permiten hoy día que estos personajes puedan ocultar o evadir sus riquezas al sistema fiscal. 

 

5.- La equidad entre hombres y mujeres es clave, las mujeres deben tener las mismas oportunidades que los hombres, y las barreras que existen para su progreso deben ser eliminadas. Desde este punto de vista, también debemos ir reduciendo la desigualdad de género, manifestada de múltiples formas bajo el modelo patriarcal dominante, tales como la desigualdad económica (división sexual del trabajo, feminización de la pobreza, brecha salarial, etc.) y los comportamientos y actitudes machistas (el micromachismo, la cosificación de la mujer, la violencia de género, etc.). Sólo desde el convencimiento de que hay que gobernar por igual para ambos sexos, será posible una educación desde la base para fomentar la igualdad entre sexos, así como la plena integración de la mujer en la sociedad, y una valoración social igualitaria de hombres y mujeres. 

 

6.- La tecnología, que posee un importante potencial para transformar nuestras vidas, se debe aprovechar para el 99% de la población, y no para aumentar las desigualdades. En efecto, las TIC y las Nuevas Tecnologías forman ya parte de nuestras vidas, tanto laboral como cotidiana. Nuestras relaciones sociales se han revolucionado con el uso de la tecnología, bajo nuevos modos y formas de utilizar y acceder a la información. Acciones y decisiones cotidianas se valoran en nuestros tiempos gracias a la tecnología de un modo casi inmediato. La tecnología ha revolucionado la educación, y prácticamente todos los campos del conocimiento humano. En los países desarrollados, el acceso a Internet es una realidad social cotidiana y universal. Sin embargo, muchas sociedades aún disponen de grandes porcentajes de su población sin una alfabetización digital básica que les permita no sólo comprender el funcionamiento de las nuevas tecnologías, sino también obtener de ellas todo su rendimiento y capacidades. 

 

7.- Se tiene que valorar y medir lo que es realmente importante para el progreso de la Humanidad, y por tanto, resulta necesario ir más allá de los clásicos indicadores como el PIB, que no tienen sensibilidad ni por la redistribución de la riqueza, ni por la sostenibilidad ambiental. Precisamente, la fabricación y elección de buenos indicadores estadísticos y de reparto y evolución es imprescindible si queremos obtener una radiografía social lo más completa y justa posible. Y desde ese punto de vista, hay que ir abandonando los indicadores que se han utilizado hasta ahora de forma mayoritaria, para ir migrando a otros tipos de indicadores que sean más fieles para la consecución de los objetivos sociales que pretendemos conseguir: los índices y coeficientes de desigualdad, los niveles de reparto, los índices de evolución de calidad de vida, de calidad ambiental, de integración y cohesión entre las diversas capas sociales, etc. Continuaremos en siguientes entregas. 

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26 julio 2017 3 26 /07 /julio /2017 23:00
Viñeta: Mena

Viñeta: Mena

El camino [de los Tratados] es solo una vía interesada de los grupos de poder que nada tienen que ver con el desarrollo del libre comercio ni de la economía mundial

Ignacio Muro

De hecho, esta última hornada de Tratados de Libre Comercio (TTIP, TPP, CETA, TISA...) demuestran hasta qué punto esta especie de "autoridad ilegítima" que representan las grandes empresas transnacionales está en claro ascenso, mientras que la democracia está en continuo riesgo de sucumbir ante esta "gran regresión neoliberal" (en expresión de Susan George). Adherirse a estos TLC implica aceptar que las funciones y responsabilidades de los legítimos Gobiernos son paulatinamente asumidas por agentes y organizaciones ilegítimas, no elegidas por nadie, que no tienen que rendir cuentas ni dar explicaciones ante nadie, y que funcionan de forma opaca e interesada. Porque actualmente, ya no son necesarios los ataques violentos al poder legítimo y democrático, las dictaduras, los Golpes de Estado, las violentas represiones ni los asaltos militares, para imponer férreas disciplinas a un poder totalitario. Hoy día, el reinado y absoluto poder de estos grandes agentes económicos y sus poderosas maquinarias de influencias son capaces de tumbar al Gobierno más democrático, mediante crueles chantajes a la población y a las posibles medidas democráticas que en interés general se puedan tomar. Estos entes corporativos orientados al beneficio y sus diversos sirvientes y vástagos (entre los que se encuentran políticos corruptos de toda calaña), llegan hoy a asumir poderes antes reservados a la acción política representativa, y a dirigir en la sombra el destino de países y naciones al completo. Hay que aceptar esta triste realidad, e interiorizarla como sociedad, si queremos enfrentarnos a ella. 

 

La sutileza en el ejercicio de este poder ilegítimo, y su capacidad para actuar tras las bambalinas dificultan su visibilidad, ya que esta plutocracia o "corporatocracia" conoce perfectamente las reglas de la manipulación social y mediática, y dispone de poderosos aliados en los medios de comunicación dominantes. Su estrategia consiste en hacer aparecer estos tratados como inocentes y positivas herramientas para desplegar e incentivar el "libre comercio", algo a lo que sería difícil oponerse, presentándolas como simples acuerdos ligados al desarrollo económico, y por tanto, al crecimiento y al empleo, al bienestar y a la prosperidad. Valores positivos (aunque tergiversados) en nuestra época, y ante los que todo el mundo estaría de acuerdo. Pero cuando se lee la letra pequeña de lo que se acuerda en sus secretas reuniones, cuando se piensa a fondo en sus terribles consecuencias, estos "tratados" se descubren como terroríficas herramientas al servicio de un mundo salvaje y desregulado, siempre a favor de la impunidad y libertad de los más fuertes. Y como dato para la mayor coherencia, son estos instigadores de los TLC los mismos que llevan en todo el planeta a forzar a los Gobiernos para que tomen decisiones en favor del gran capital (amnistías fiscales, leyes laborales regresivas, reformas fiscales en favor de los ricos y poderosos, privatización de empresas y servicios públicos, desmantelamiento del Estado del Bienestar, etc.) y en contra de los trabajadores y de las clases más desfavorecidas (despidos masivos, desregulación de los mercados, precariedad laboral, pérdida de derechos, limitación de libertades, etc.). No hace falta por tanto ser muy inteligente ni perspicaz para darse cuenta de que si los agentes económicos que apoyan los TLC son los mismos que empujan a nuestros Gobiernos para tomar estas decisiones, los TLC (como regla lógica elemental) han de ser negativos para las clases populares y trabajadoras. 

 

Su publicidad es engañosa y torticera. Nos enmarcan en grandes titulares que los TLC crearán millones de puestos de trabajo, que provocarán aumentos del PIB de las naciones, y que promoverán la justicia social, cuando estos efectos son diametralmente opuestos a los que en verdad van a causar, ya que sus fundamentos apoyan una serie de decisiones encaminadas al sentido contrario. Las corporaciones transnacionales representan la quintaesencia de la doctrina neoliberal, cuyos peligrosos valores hemos analizado recientemente en este artículo. Hay que impedirles que controlen la tarea de gobernar, que es precisamente lo que pretenden con la implantación de los TLC, sustituir Gobiernos por "gobernanza", es decir, poder tomar las decisiones sin la presencia de los gobiernos. En última instancia, diseñar modelos de sociedad donde las instancias democráticas sean sustituidas por Consejos de Administración corporativos con la capacidad no sólo de decidir por todos nuestro futuro, sino además sin la obligación de rendir cuentas, y por tanto, de poder exigirles responsabilidad por sus acciones, efectos y consecuencias. Estas corporaciones y sus lobbies y representantes quieren la desregulación absoluta, para poder tomar sus decisiones sin "barreras" democráticas que se lo impidan, estando libres de la vigilancia y restricción gubernamental en la mayor medida posible, y los TLC son las herramientas legales que se lo facilitan. Por eso hay que oponerse a ellos. Quieren un mundo del trabajo debilitado, unos sindicatos débiles, domesticados, desideologizados, y a ser posible, inexistentes. Quieren apoderarse de los servicios públicos, que ellos entienden únicamente como nichos de negocio y fuente inagotable de beneficios. Quieren mercantilizar todas las facetas y actividades sociales, afirmando que su privatización es deseable porque siempre la gestión privada conseguirá mejores resultados que la gestión pública en aspectos de eficiencia, calidad, disponibilidad y precio. 

 

Pero todo ello es falso, y se puede demostrar no sólo empíricamente, sino recurriendo a la propia experiencia de los casos existentes. Dicha experiencia nos indica que a  la iniciativa privada de estas grandes empresas no le interesan las personas ni los derechos humanos, que a sus accionistas no les interesan los beneficios sociales, sino únicamente la rentabilidad económica que puedan obtener, y por tanto, ante esa bandera, sobran la calidad, la universalidad y la gratuidad, y que están dispuestos a eliminar todas estas conquistas para conducirnos a una sociedad salvaje y depredadora de los más fuertes, que exterminan a los más débiles. Para los lobbies empresariales que negocian en secreto los TLC, el gasto gubernamental para estos servicios públicos es intrínsecamente malo (excepto si hablamos de los presupuestos públicos para Defensa y Seguridad Nacional, por la gran ligazón que existe entre el sector público y el complejo militar-industrial, y el beneficio añadido de la exportación de armas y de la inversión en los conflictos bélicos) y debería ser reducido al mínimo, como parte de la reducción general del tamaño del sector público. Dicho en palabras más claras: un TLC puede resumirse como un acuerdo para que el Estado se vuelva más pequeñito, mediante la vía de ceder sus competencias a las empresas privadas, que van a comercializar todas las actividades a las que antes se dedicaba ese Estado (educación, sanidad, pensiones, etc.). Pero además lo va a hacer de forma irrecuperable, ya que los actuales TLC se aseguran en sus documentos que las vías de "armonización", "externalización", etc. (eufemismos típicamente usados para esconder sus verdederas intenciones de privatizar lo público) no tengan vuelta atrás, proponiendo cláusulas que lo prohíben, y creando tribunales privados de arbitraje donde las grandes corporaciones pueden denunciar a los Estados, si aquéllas creen que éstos aprueban leyes que puedan mermar sus beneficios.

 

Para estos grandes agentes corporativos que están detrás de los TLC, los Gobiernos son el problema, no la solución. Su solución es ir disminuyendo su tamaño y su poder, su radio de acción, hasta convertirlos (a ellos y a su democracia) en irrelevantes, cediendo progresivamente el poder a estas instancias supranacionales e ilegítimas, que controlarán todos los aspectos de nuestra vida. Los famosos "programas de austeridad", "planes de ajuste estructural", "memorándums de entendimiento" y demás parafernalia neoliberal que nos imponen desde la Troika, se sustentan también en estas convicciones, cada una de las cuales se ha probado fehacientemente errónea, aunque sean repetidas incansablemente, y los organismos internacionales nos "feliciten" por haberlas seguido al pie de la letra. Sin ir más lejos, esta es la razón por la que hoy día los pensionistas griegos (y si lo permitimos, también los nuestros dentro de algún tiempo) están buscando comidas en los cubos de basura, porque ya no se pueden permitir comprarla. Los TLC llevan desarrollando, en este mismo sentido, una intensa ofensiva contra el modelo de Estado Social y del Bienestar, ofensiva cuya finalidad es eliminar todos los logros obtenidos por los trabajadores durante las últimas 6 ó 7 décadas. Para los neoliberales, es decir, para los magnates de estas grandes corporaciones, y todos sus vasallos, cada aspecto de este modelo social es aborrecible, pues se basa en fijar impuestos a los ricos y a las empresas, que según ellos, son los creadores de toda la riqueza, para dársela a quienes según ellos no la merecen. A los TLC no les importa la ciudadanía, para estos tratados todos somos "clientes" de las grandes corporaciones, se dediquen éstas a lo que se dediquen, aunque sean suministradoras de productos, bienes o servicios fundamentales. Y para ellos, los pobres, incluso los trabajadores pobres, no participan en la creación de valor, son sólo gorrones a los cuales los ricos no les deben absolutamente nada. Tal es el fanatismo neoliberal que se esconde detrás de estas peligrosas herramientas disfrazadas de inocentes tratados. Continuaremos en siguientes entregas.

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25 julio 2017 2 25 /07 /julio /2017 23:00
Hacia la superación del franquismo (33)

Muerto el líder de los africanistas, se inició en España un proceso transitivo que algunos llamaron modélico cuando sólo fue posibilista, proceso que consistía en edificar sobre el olvido de la felonía y del genocidio, una democracia amnésica

Pedro Luis Angosto

En la última entrega de esta serie de artículos ya habíamos comenzado a exponer profundamente los mecanismos que intervinieron en el proceso llamado de la Transición, y por ahí continuaremos. En primer lugar, lógicamente, no hubiera existido dicho período sin un sucesor de Franco. Y ese sucesor ya estaba elegido desde mucho antes. Era el nieto de Alfonso XIII, el Borbón que había tenido que salir huyendo del país en 1931, con la proclamación de la II República. Nos apoyaremos en datos y reflexiones de Mauricio Basterra y Sergio Gálvez Biesca, que nos dejaron en este artículo para el medio Diagonal. En 1931 Alfonso XIII, como hemos dicho, abandona el país y se establece en Roma, donde el régimen de Mussolini acogió a la familia real española. Lean los lectores y lectoras entre líneas el hecho relatado en la frase anterior. Desde entonces, los monárquicos alfonsinos que se quedaron en nuestro país conspiraron contra la República desde el mismo momento en que ésta quedó proclamada. Se tiene constancia de los contratos que los integrantes de Renovación Española (partido de Calvo Sotelo, monárquico alfonsino) firmaron con el régimen fascista italiano para poder derrocar a la República mediante un Golpe de Estado. Después de la Guerra Civil, el dictador tomó los poderes absolutos, pero la idea de la cesión del poder a los Borbones seguía en el aire. En 1947 se celebró un "referéndum" donde se tenía que elegir la sucesión. El resultado (dado de antemano en un mal simulacro de pseudovotaciones, como indican los autores de referencia) sería una Monarquía. Pero de momento, y hasta la llegada de ese sucesor, España sería un Reino sin Rey. El sucesor natural hubiera tenido que ser Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, pero éste no tuvo oportunidad de hacerlo, así que todas las miradas comenzaron a dirigirse a su hijo, Juan Carlos.

 

El que luego sería Juan Carlos I había nacido en pleno exilio de sus padres, en 1938, en Roma. Tras la Guerra Civil, su padre, Juan de Borbón, que nunca reinó, había jugado a varias bandas, estableciendo contacto tanto con dirigentes de la dictadura como de la oposición al franquismo, previendo que la dictadura cayera después de la Segunda Guerra Mundial. No fue así, porque como sabemos, la dictadura franquista (y la de Salazar, en Portugal), fue la única que duró, después de la segunda gran guerra, durante 30 años más, una vez caídos Hitler y Mussolini. Juan de Borbón se entrevista entonces con Franco, a finales de 1948, para solicitarle que su hijo, "Juanito", se eduque en España. Fue el primer paso para su sucesión, no sólo por su cercanía con nuestro país, sino porque Franco ejerció para él como un padre político. La carrera por la sucesión, no obstante, sufrió otros movimientos y diversos intentos fallidos, tales como el intento de unir a la familia Franco con la de los Borbones (matrimonio de Carmen Martínez Bordiu con Alfonso de Borbón), las pretensiones de Juan de Borbón, del nieto del dictador (Francis Franco), o de otros integrantes de la Casa Real. Pero en dicha carrera por la sucesión fue Juan Carlos quien ganó. Una carrera donde los medios justificaron los fines en más de una ocasión, y que, según han narrado algunos autores y periodistas, conllevó el derramamiento de sangre de algún familiar cercano por acción u omisión. En 1947 se promulga la Ley de Sucesión del Estado, mediante la cual se designaría a Juan Carlos de Borbón como sucesor del dictador en 1969, dando juramento "a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino". A partir de ese momento, incluso, en los momentos en los que Franco no podía ejercer como Jefe del Estado, era Juan Carlos quien lo hacía. Y dos días después de la muerte del dictador, ocurrida el 20 de noviembre de 1975, se reúnen las Cortes Generales y proclaman Rey y nuevo Jefe del Estado a Juan Carlos I, destacando éste en su discurso la figura del dictador. 

 

Pues bien, la primera decisión que tomó Juan Carlos I fue ratificar en su puesto a Carlos Arias Navarro. En ningún momento se planteó durante aquéllas fechas ningún atisbo de reforma política que ampliase las libertades en nuestro país. Era el proceso continuista puro, con ampliación y reforzamiento, de todos los resortes de poder del franquismo, así como sus estructuras de Estado. Sin embargo, el clima social iba siendo cada vez más insistente y poderoso en cuanto a la reclamación de un cambio político. La presión popular de una oposición antifranquista cada vez más organizada y activa en las calles hizo replantearse muchas cosas. Lo primero fue cambiar la cabeza visible del Gobierno en la figura de Adolfo Suárez, abriendo un tímido proceso aperturista, donde se legalizaron algunas asociaciones. No obstante, la oposición continuaba creciendo, las revueltas populares y manifestaciones cada vez eran más frecuentes, y había que tomar otras decisiones. Los obreros y estudiantes se manifestaban en las calles pidiendo libertad y reformas, acciones que costaron la vida a muchos de ellos. Pero no obstante, el régimen tenía que controlar que, en el fondo, no cambiara nada de lo fundamental, aunque se hicieran algunas concesiones. Se legalizaron algunos partidos políticos de la oposición de cara a la convocatoria de elecciones de 1977, las primeras tras el franquismo. Pero no todos los partidos fueron legalizados. Quedaron fuera la extrema izquierda (como el PTE, el Partido de los Trabajadores, y su Joven Guardia Roja, a la cual tuve el honor de pertenecer), así como los partidos republicanos (aquéllos que seguían teniendo conexiones con los republicanos en el exilio). Por tanto, en aquéllas primeras "elecciones libres" del 15-J de 1977, no estaban todos. El Partido Comunista (PCE) de Santiago Carrillo y Dolores Ibárruri "La Pasionaria", entre otros dirigentes históricos, fue legalizado, pero otros no tuvieron la oportunidad de poder presentarse a aquéllos comicios. 

 

Hubo también que redactar una nueva Constitución que blindase cuestiones fundamentales, como por ejemplo la propia figura del Jefe del Estado. Una Constitución redactada por unas Cortes que, en principio, no eran constituyentes. La Constitución votada en referéndum y refrendada por el Rey en diciembre de 1978 intentaba sobre el papel "modernizar" nuestro país, pero como decíamos más arriba, sin tocar los poderes fundamentales que habían estado detrás del franquismo durante cuarenta años. En este sentido, se reconocía el papel de la Iglesia Católica y su poderosa omnipresencia, el papel de gendarmes de la soberanía y unidad de la "patria común e indivisible de todos los españoles" se encargaba a las Fuerzas Armadas, se instalaba de facto un régimen económico capitalista, y aunque se reconocían muchos derechos fundamentales de forma expresa, se hacía de forma tímida y abstracta, y prácticamente ninguna norma ulterior los fue desarrollando y garantizando como derechos objetivos. Se promulgó también la famosa Ley de Amnistía de 1977, la cual hemos citado ya muchas veces, que servía como eje central para garantizar la impunidad de los verdugos o promotores de los crímenes cometidos durante el franquismo. Junto a ella, se procuró garantizar la ausencia de depuración de responsabilidades durante la dictadura. La judicatura, la policía y todos los cuerpos pertenecientes al aparato del Estado se mantuvieron durante el proceso de la Transición. De hecho, los militares, policías y funcionarios que habían hecho funcionar todos los resortes de la maquinaria represiva del franquismo permanecieron en sus puestos, e incluso muchos de ellos fueron promocionados y reconocidos públicamente, en un acto de grosera y extrema desfachatez. Pero no hay que irse a la Transición, incluso hoy día continúan recibiendo honores dirigentes franquistas de la época, como el ex Ministro Rodolfo Martín Villa. 

 

A pesar de presentarla como una Transición "modélica" (incluso referente para terceros países), el período entre noviembre de 1975 y octubre de 1982 (aunque algunos autores llevan estas fechas hasta 1986, con la entrada de España en la OTAN y en la CEE) fue un período sangriento, que se cobró numerosas víctimas mortales por crímenes cometidos por las Fuerzas de Seguridad y numerosos grupos paramilitares de extrema derecha. Se calcula que hubo 200 víctimas directas, a las que habría que sumar otras agresiones y amenazas de numerosos ciudadanos/as y colectivos. Son de destacar el crimen de los abogados laboralistas de Atocha, o de algunos ciudadanos anónimos o relevantes, sólo por asistir a determinadas manifestaciones. Y es que a pesar de haber muerto el dictador, el régimen le continuaba siendo fiel, y seguía reprimiendo y asesinando. Fueron dictadas sonadas penas de muerte, que provocaron la solidaridad de numerosos colectivos, tanto dentro como fuera de nuestro país. Pero como decimos, el franquismo continuaba todavía muy vivo. La resistencia de muchos sectores franquistas, sobre todo de una parte del Ejército, se palpaba en el ambiente. Su expresión máxima fue el intento fallido de Golpe de Estado de febrero de 1981, abortado en el último momento, pero del cual quedan muchos interrogantes abiertos. Y a todo esto, el Rey Juan Carlos jamás se planteó, durante todo su reinado, siquiera la posibilidad de abrir un proceso contra crímenes cometidos durante el franquismo. De hecho, jamás tuvo el menor gesto hacia las víctimas del franquismo. Ha tenido que ser su hijo, el actual Rey Felipe VI, quien nombre a la dictadura como "dictadura" (lo cual es algo absolutamente escatológico), y además la califique como una "enorme tragedia", durante el discurso de celebración del 40 aniversario de aquéllas primeras elecciones de 1977. Absolutamente vergonzoso. Continuaremos en siguientes entregas.

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