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2 octubre 2017 1 02 /10 /octubre /2017 23:00
Apostasía

Buena parte de la ciudadanía, al alcanzar la mayoría de edad, se encuentra formando parte de una organización religiosa que jamás han escogido y que no se corresponde con sus ideas. Fue “bautizada” por el mero hecho de haber nacido en un país con determinadas costumbres. Es algo que no pudieron decidir en su momento y que les ha obligado a formar parte de una institución que, por una razón o por otra, simplemente no les representa. Porque, aunque sean personas ateas convencidas, o agnósticas, el hecho de estar bautizadas les mantiene como parte del "colectivo" católico

Fragmento del artículo de las autoras citadas

El medio digital Rebelion acaba de publicar recientemente un fantástico artículo, titulado "Apostasía", escrito conjuntamente por Obdulia Díez Álvarez (de la asociación León Laica), Encina Gutiérrez Iban (de Comisiones Obreras), Marta Madruga Bajo (de Flora Tristán), Ana Para Carmuega (de Podemos), Eloina Terrón Bañuelos (de Izquierda Unida), y Jean Pierre Lohrer (de Anticapitalistas). Rescatan, como evidencia su título, el interesante y poco tratado asunto de la apostasía, aportando claridad y puntos de vista muy significativos. Considerando por tanto muy interesante este tema, poco divulgado y menos practicado por el conjunto de la ciudadanía que no sigue los postulados de la Iglesia Católica, vamos a reproducir a continuación el contenido integral de dicho artículo, cumpliendo con la función eminentemente divulgativa de nuestro Blog:

 

“La verdad os hará libres”. Por eso pedimos a la jerarquía católica de León, que en aras de la verdad y de la libertad, facilite como en Finlandia tramitar el derecho de apostasía por Internet. Es decir, que toda persona, en el ejercicio de su derecho a la libertad de culto, que recoge la Constitución Española y los derechos humanos, pueda dejar constancia con total libertad que no quiere formar parte de esta organización y no quiere que ésta utilice su pertenencia para sus fines.

 

La Iglesia Católica y otras confesiones cristianas se aprovechan de una tradición secular, como es la celebración de los nacimientos, para incrementar de forma ilegítima su implantación social. En la mayoría de nuestra geografía, especialmente en zonas rurales, sigue estando mal visto no bautizar a la criatura recién nacida. Pero el bautizo católico no es una simple celebración, es un “sacramento” que presupone el ingreso en una comunidad religiosa.

 

Buena parte de la ciudadanía, al alcanzar la mayoría de edad, se encuentra formando parte de una organización religiosa que jamás han escogido y que no se corresponde con sus ideas. Fue “bautizada” por el mero hecho de haber nacido en un país con determinadas costumbres. Es algo que no pudieron decidir en su momento y que les ha obligado a formar parte de una institución que, por una razón o por otra, simplemente no les representa. Porque, aunque sean personas ateas convencidas, o agnósticas, el hecho de estar bautizadas les mantiene como parte del "colectivo" católico.

 

La apostasía es el acto de darse de baja de la Iglesia Católica. Implica que se deje constancia, en los registros, que no formamos parte de esta organización. La apostasía sería una especie de “desbautismo”. Con la apostasía nadie renuncia a creer en lo que cada persona quiera, sea Jesús de Nazaret o que hay una divinidad, sino que deja constancia únicamente que no quiere pertenecer a la organización de la Iglesia Católica y no quiere que ésta se aproveche de su pertenencia para sus intereses.

 

Apostatar es un derecho que tiene cualquier persona católica en base a la libertad de culto que recoge la Constitución Española y, como tal, se puede ejercer con total libertad. Solo afecta a su condición de católico o no católico. No supone ningún ataque a la Iglesia. Respecto a la Iglesia, el efecto es solo estadístico, ya que pierden un adepto. Por otra parte, la Ley Orgánica 1/2002 del 22 de marzo, que regula el Derecho de Asociación, estipula que “nadie puede ser obligado a constituir una asociación o a permanecer en su seno”. Incluso el propio Código Canónico señala en sus cánones 1.086 y 1.024 que la apostasía se debe realizar mediante acto formal. De ello se desprende que apostatar no es algo inventado, sino que son la propia Iglesia Católica y nuestra Constitución las que regulan dicho acto.

 

Actualmente la Iglesia católica intenta poner trabas para apostatar, dependiendo claro está del obispado/arzobispado que te toque. No es como en Finlandia, por ejemplo, donde te facilitan tramitar la apostasía por Internet. Para hacerlo en España se tiene que rellenar una carta en la que se exprese que “me sea reconocida por la Iglesia Católica la condición de apóstata, dejando de contarme entre sus fieles y de considerarme católico a todos los efectos —incluso estadísticos—, e incluyendo la correspondiente anotación de apostasía en el Libro de Bautismos, el Archivo Histórico Diocesano y en cualesquiera otros registros eclesiásticos existentes. Asimismo, que me sea comunicada por escrito la resolución tomada con respecto a la presente petición”. Esta carta se envía, por correo certificado, a la sede de la diócesis a la que pertenezca el lugar de tu residencia, indicando en el exterior del sobre “Referencia: apostasía” y adjuntando una fotocopia del DNI.

 

Habitualmente la Iglesia te envía una declaración de abandono. Se pasa así a formar parte de la mayoría de la población en la que, según los datos del CIS, la proporción de católicos practicantes (23%) es muy inferior a la de ateos, agnósticos y católicos no practicantes (77%). Por lo demás, seguirás siendo la misma persona, ni mejor ni peor, aunque quizá más coherente con tus creencias. Pero hay que tener en cuenta que apostatar no equivale a ser una persona atea. También hay creyentes que apostatan porque, a pesar de creer en dios, no siguen los preceptos del catolicismo moderno. Es como el que anula su afiliación a un partido político que le defrauda: no por ello la persona deja de lado su ideología.

 

Hay suficientes razones para apostatar:

 

– No ser creyente: a la mayoría les bautizaron al nacer sin su consentimiento y ya como personas adultas no sienten atadura alguna a la religión o a la iglesia.

 

– Creer en dios de manera libre sin sentir ataduras hacia la institución de la Iglesia.

 

– Ideología ultraconservadora de la Iglesia: su posición extremista respecto a temas como el aborto, la homosexualidad, los métodos anticonceptivos, la abstinencia u otros preceptos implica que la ciudadanía se sienta cada vez más alejada de esta institución. También es sexista y patriarcal, y mantiene una ideología política que no comparten.

 

– Privilegios de la Iglesia: no estar de acuerdo con los privilegios jurídicos y fiscales que el Estado confiere a la Iglesia también es motivo para muchos para desligarse de dicha institución. La financiación de la Iglesia por parte del Estado que supone una sangría a los recursos públicos de 11.000 millones de euros anuales. Además, la Iglesia está exenta de pagar el IBI de sus inmuebles, se ha apropiado de más de 4.000 bienes públicos (como la Mezquita de Córdoba o el Monasterio de San Miguel de Escalada) gracias a las inmatriculaciones, cuenta con el privilegio de tener una casilla propia en la declaración de la renta y recibe millones de euros por los conciertos con centros educativos religiosos, por nombrar unos cuantos privilegios.

 

– Los escándalos públicos que sacuden a la Iglesia: los abusos sexuales a niños por parte de curas ya son de sobra conocidos y constituyen el ejemplo más sangrante, pero no es el único. En el seno de la Iglesia Católica ha habido casos de corrupción, de espionaje, de malversación de fondos, de robo de bebés con mojas como cómplices, de maltratos físicos a niños y un larguísimo etcétera. Están todos a un golpe de ratón.

 

Por eso apostatar es para esta parte de la ciudadanía que comparte algunas de estas razones la opción lógica y coherente para acabar con los lazos que les unen a la Iglesia Católica. Para que estas personas puedan regularizar su situación y evitar que ninguna confesión religiosa obtenga provecho de su pertenencia impuesta, es posible ejercer el legítimo derecho a la apostasía por coherencia con las propias convicciones. Para la Iglesia Católica toda persona bautizada es católica y está de acuerdo con sus doctrinas, y por lo tanto utiliza la cifra de personas bautizadas (muy alta porque el bautismo se transformó en una cuestión cultural) para imponer sus puntos de vista en la legislación. Si te han bautizado, no importa si criticas la institución católica. La jerarquía católica en tu nombre condena la interrupción voluntaria del embarazo, la eutanasia, la homosexualidad, boicotea los intentos del estado por generar una política de educación sexual, condena y se opone al uso y reparto de anticonceptivos, al divorcio. En nombre tuyo intenta censurar expresiones artísticas y gracias a tenerte entre sus integrantes, se asegura que el estado la sostenga y le otorgue privilegios especiales.

 

Es hora de que la iglesia católica practique aquello que predica: “la verdad os hará libres”. 

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1 octubre 2017 7 01 /10 /octubre /2017 23:00
Viñeta: Hugo Chávez y uno de sus pensamientos sobre la unidad cívico-militar

Viñeta: Hugo Chávez y uno de sus pensamientos sobre la unidad cívico-militar

Contrariamente al mensaje que se da en televisiones y prensa, el gran peligro para la libertad, no son sus “fabricados” terroristas de importación, inventados por sus servicios secretos, el gran peligro son los gobiernos, la derecha recalcitrante atrincherada en sus múltiples negocios corruptos despojando a las constituciones de sus garantías y a los ciudadanos de sus derechos y libertades. Han diseñado un mundo sin otra razón que el negocio especulativo y la voz de las bombas y los cañones matando inocentes

Lucas León Simón

Y precisamente por eso, por el motivo que apunta Lucas León en su cita de entradilla, no podemos permitir que nuestras Fuerzas Armadas, en general las FAS de cualquier país, continúen siendo cómplices de los planes de las élites gobernantes. De ahí nuestro mensaje de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se deban al pueblo, poniendo en práctica ese principio de la "Unidad Cívico-Militar" a la que hemos aludido en entregas anteriores. Necesitamos una revolución militar en este sentido, siguiendo las directrices que ya hemos señalado en las últimas entregas de esta serie, y necesitamos también una evolución hacia lo que podríamos denominar (así lo hacen los militares demócratas del Colectivo ANEMOI en su artículo de referencia, que estamos siguiendo aquí) "el militar ciudadano", es decir, una plena integración de los militares con los deberes y derechos del conjunto de la ciudadanía, sin ningún tipo de restricción. Veamos más a fondo en qué consiste dicho concepto. En un nuevo escenario republicano, los siguientes principios deben constituir los fundamentos de unas Fuerzas Armadas plenamente democráticas:

 

1.- El militar es un/a ciudadano/a con el derecho y la obligación de participar en el debate público con todas las garantías. El derecho a la libre expresión de los militares debe ser escrupulosamente respetado, siempre que no ponga en riesgo la ejecución de sus misiones operativas legalmente emprendidas. 

 

2.- Los militares no respaldan opciones políticas concretas, pero tienen el derecho y la obligación de apoyar, de palabra y por escrito, de forma pública, la libre expresión de la soberanía popular. Insistimos en que las Fuerzas Armadas se deben al pueblo, y este punto lo refrenda claramente. 

 

3.- Los presupuestos ideológicos sobre los que deben asentarse las nuevas Fuerzas Armadas son los del antifascismo (en cualquiera de sus variantes o manifestaciones), republicanismo, democracia popular, laicismo, pluralidad ideológica (excluyendo discursos de odio), y oposición a la utilización de la coacción, la amenaza o la fuerza contra el pueblo o cualquiera de sus representantes. 

 

4.- Jamás se recurrirá a la fuerza más que como una defensa ante la clara, evidente y flagrante agresión armada contra el pueblo que desea manifestarse libre y pacíficamente. Las FAS se deben al pueblo, al que deben defender en todo momento de cualquier tipo de amenaza, y no únicamente de la supuesta amenaza armada de cualquier otro Ejército extranjero, sino de cualesquiera otros tipos de amenazas, que también hemos expuesto en entregas anteriores (en general, cualquier amenaza a los derechos humanos fundamentales, de cualquier etiología).

 

5.- La desobediencia a las órdenes ilegales es un deber militar, y en consecuencia, es obligada en los casos de represión antidemocrática. Deben crearse los mecanismos que aseguren la depuración de responsabilidades en las órdenes ilegales, independientemente de la cadena de mando. Un caso actual lo tenemos en las aspiraciones del pueblo catalán a ser consultado: en casos como éste, las FAS (que se deben al pueblo y a sus libertades y derechos, como estamos repitiendo) deben proteger que el conjunto de la ciudadanía pueda expresarse con libertad en un referéndum. Evidentemente, no es asunto ni competencia de las FAS las vinculaciones o consecuencias que dicha consulta pudiera tener posteriormente (porque esa es ya una esfera política donde las FAS no deben entrar), pero sí garantizar siempre la libre expresión del pueblo, sin coacciones, restricciones ni amenazas. 

 

6.- Es preciso dotar a las FAS de mecanismos internos de supervisión democrática y de rendición de cuentas ante la ciudadanía. Las FAS se deben al pueblo, sus actuaciones y explicaciones también. Por tanto, es el pueblo quien debe fiscalizar y controlar sus actuaciones.

 

7.- Todos los servicios de información y espionaje del Estado deben ser sometidos al escrutinio soberano. Y así, todo tipo de escuchas, vigilancias, seguimientos, o cualquier tipo de intromisión en la privacidad o en el ámbito de la intimidad de cualquier persona deben ser autorizados por la ley y supervisados por el poder judicial. Las FAS no están por encima de las leyes, ni pueden abusar impunemente de ellas. Su código de valores y de conductas debe estar al mismo nivel que el del conjunto de la ciudadanía. Su órbita deontológica también.

 

8.- Es preciso revisar el Código de Justicia Militar para purgarlo de todos los delitos que no sean específicamente militares, cometidos por sus componentes. Debe asímismo eliminarse el sistema procesal militar para encuadrarlo en un sistema único de Justicia, salvo en los casos de guerra, garantizando entonces la independencia del tribunal. 

 

9.- Todas las posibles violaciones de los derechos humanos cometidas por los miembros de las Fuerzas Armadas deben excluirse de la jurisdicción militar, y juzgarse por tribunales civiles. Este principio está en consonancia con la revisión que hay que llevar a cabo sobre la dimensión y alcance de la disciplina militar y de la obediencia debida, que ya expusimos en entregas anteriores. 

 

10.- El Régimen Disciplinario de las FAS debe revisarse para definir con precisión lo que constituye o se asocia al concepto de disciplina, y por consiguiente, qué se considera lícito establecer como limitaciones a los derechos civiles de los militares. 

 

11.- Debe dotarse a las FAS de sistemas de funcionamiento y organización que garanticen su absoluta transparencia. En este sentido, es necesario terminar con la utilización ilícita de la Ley de Secretos Oficiales como tapadera para encubrir los abusos, la corrupción y toda suerte de prácticas antidemocráticas que puedan ocurrir dentro del seno de las Fuerzas Armadas. 

 

12.- Las asociaciones militares que se puedan crear deben contar con capacidad reconocida y efectiva de defensa de los intereses colectivos y profesionales de sus componentes, gozando de todas las posibilidades de cualquier otra organización civil. 

 

13.- Todos los valores democráticos deben ser asumidos por las FAS como cauce de expresión de la soberanía popular. Su defensa a ultranza debe residir en su ideario e imaginario colectivo. 

 

14.- Las FAS tienen que ser purgadas de todos los elementos simbólicos e ideológicos de la tradición franquista, como antecedente de manifestación de un régimen fascista en nuestro país. Se necesitan militares demócratas, y no militares fascistas ni golpistas. Las FAS han de ser aliadas del pueblo, y no del imperialismo estadounidense.

 

15.- La diversidad en todos sus órdenes (étnica, religiosa, de nacionalidad, de identidad afectivo-sexual, etc.) debe ser explícitamente respetada y reconocida en el seno de las FAS, y aceptada y entendida como un elemento enriquecedor del propio colectivo. 

 

Las Fuerzas Armadas han de despertar ya de su profundo letargo, de sus valores antidemocráticos, y de sus viejas concepciones sobre la obediencia debida. Las FAS se deben al pueblo, del cual nacen, en el cual están integrados, y al cual deben defender ante cualquier amenaza a sus derechos humanos (civiles, políticos, económicos, culturales y sociales). Y la sociedad civil, por su parte, también tiene que rearmarse moralmente, y comprender y apoyar esta evolución democrática, inclusiva e integradora de las FAS. Los profesionales de las Fuerzas Armadas (y lo hacemos extensible al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) han de denunciar los abusos de poder por todas las vías posibles, y exigiendo un Proceso Constituyente hacia una verdadera democracia social, participativa, inclusiva, transparente y fraternal, sin el mito del temor hacia la fuerza represiva. Las FAS deben estar a la altura de lo que se espera de ellas en un contexto plenamente democrático. Sólo unas FAS configuradas como hemos expuesto pueden ser una pieza clave en la senda del Pacifismo. Continuaremos en siguientes entregas.

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28 septiembre 2017 4 28 /09 /septiembre /2017 23:00
Arquitectura de la Desigualdad (57)

El capitalismo es la asombrosa creencia de que los hombres más perversos harán cosas por el mayor bien común

John Maynard Keynes

Esta "cultura de la escasez", civilización de la pobreza, globalización de la desigualdad, o como lo queramos llamar, genera, como estamos comentando en los artículos precedentes, toda una serie de peligrosas manifestaciones en la salud (entendida en todas sus posibles dimensiones), que concurren en una merma de la calidad de vida de las personas afectadas. Seguimos a continuación este interesante artículo de Aníbal Garzón, que nos muestra algunos ejemplos de dichas manifestaciones. El autor ha documentado en dicho artículo las referencias a los informes citados en el mismo, y a él nos remitimos. Por ejemplo, tomemos como variable el desempleo de larga duración, y la impotencia de las personas implicadas para conseguir realizarse en sus respectivas profesiones. Pues bien, en base a un informe elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) de febrero de 2012, el desempleo es una variable que acaba provocando un aumento de la mortalidad general, suicidios y hábitos y costumbres insanas como el tabaquismo, o el consumo de alcohol y drogas. Además se ha probado la relación entre la situación de desempleo y la presencia de migrañas o de la enfermedad de Chorn. En resumidas cuentas, la exclusión social generada por la situación de desempleo continuado (sin perspectivas de su finalización) acaba provocando graves problemas de salud en los/as afectados/as. Otra variable que puede ser considerada es la vivienda, o mejor dicho, la falta de ella. Pues bien, según un estudio de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) titulado "Procesos de desahucio y salud", todas las personas que sufren en sus propias carnes un proceso de desahucio acaban con problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, dermatológicos, digestivos, u otras enfermedades crónicas. 

 

Y respecto a la salud psicológica, acaban padeciendo estados depresivos, ansiedad, insomnio, alteración del apetito, desmotivación, tristeza, apatía, sentimiento de culpa y la disminución del cuidado personal, provocando efectos indeseados en su vida social y familliar. Tomemos ahora la variable de la alimentación. En relación con la alimentación insuficiente, los problemas de nutrición y la pobreza infantil, otro estudio de la Asociación Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) concluye que una pobre alimentación infantil acaba provocando no sólo problemas de crecimiento en los niños y niñas, sino depresiones y deterioros en el desarrollo cognitivo. Además, potencia el riesgo de enfermedades contagiosas como la meningitis, trastornos como la diabetes y problemas cardiovasculares. En el ámbito educativo, otra investigación llevada a cabo por Cruz Roja sobre su incidencia en el rendimiento escolar con una muestra de más de 1.000 jóvenes entre 14 y 24 años sobre el total de más de 82.000 que recibieron asistencia en el año 2012 por vivir en situación de riesgo al padecer problemas económicos en sus hogares, confirma que el abandono escolar juvenil es del 72% en el perfil de familias con riesgo de exclusión, más del doble de la media nacional. Una situación de pobreza creciente proyecta una generación de jóvenes excluidos que exponencialmente ven roto su proyecto de vida, y a muchos de ellos/as les provoca profundos traumas psicológicos que afectan peligrosamente a su desarrollo saludable. La arquitectura de la desigualdad es, pues, tremendamente perniciosa, y extiende sus tentáculos a prácticamente todas las manifestaciones humanas. Potencia sociedades desequilibradas, y proyecta generaciones perdidas de cara a su aprovechamiento social. 

 

Y otra de las dimensiones sociales estudiadas es la violencia de género. Según un estudio de la Fundación Adecco llevado a cabo sobre un total de 300 mujeres víctimas de dicha violencia, el 91% de las mujeres encuestadas ven la crisis (y por tanto, la desigualdad que ella ha proyectado bajo las políticas neoliberales) como un freno para denunciar la situación de violencia de género que sufren. Por temor a no encontrar empleo o a que ella o su pareja lo pierdan, y así verse sin recursos económicos para poder subsistir, estas situaciones se ocultan de la realidad y de la estadística social. A ello hay que sumar los propios recortes efectuados sobre los recursos (económicos, humanos y materiales) que garantizan las políticas públicas de igualdad de género, con lo cual la gravedad de la situación se dispara aún más. Esta violencia no sólo provoca consecuencias físicas (algunas de ellas muy graves), sino también psicológicas, desde depresiones o ansiedad, hasta reducción de la autoestima. Como estamos viendo, todo un corolario de perversos efectos y consecuencias se despliegan peligrosamente cuando la arquitectura de la desigualdad se implanta de forma obscena y generalizada. ¿Se rescata a estas personas de su terrible situación cotidiana? ¿Se apoyan sus proyectos de vida? ¿Se garantizan unos mínimos de subsistencia vital? Pues parece que no. ¿Cuál es el motivo que argumentan los gobernantes para no dedicar más recursos a dichas labores? Que no hay dinero. Pero más bien debiéramos concluir que no quieren dedicar dinero para resolver dichos problemas, porque estamos acostumbrados a contemplar cómo las grandes empresas reciben (y de forma continuada y sostenida si es necesario) ingentes ayudas públicas de organismos e instituciones (tanto nacionales como europeas), mientras los más desfavorecidos sólo ven recortadas sus posibilidades, oportunidades, recursos y prestaciones. 

 

Una buena prueba de ello la tenemos en este artículo del medio La  Marea, de junio de 2016, donde el economista Eduardo Garzón nos documenta sobre el reparto del BCE (Banco Central Europeo) de 470 millones de euros en ayudas públicas a grandes empresas (antes públicas, ahora privatizadas) como Telefónica, Gas Natural, Red Eléctrica, Enagás, Abertis, Mapfre, Redexis, Iberdrola o Repsol. Es decir, nuestras instituciones no tienen ningún problema en abrir el grifo a mansalva para permitir que las grandes empresas se financien de la forma más barata posible, pero mantiene (incluso prohíbe o sanciona) cerrada la posibilidad de rescatar las situaciones vitales deficitarias de cientos de miles (incluso millones) de personas. De esta forma, las familias, los autónomos y las pequeñas empresas (que son precisamente los actores económicos más necesitados) observan con estupor cómo son excluidos de las ayudas y prácticamente ignorados por los poderes públicos europeos, mientras se continúa apoyando vergonzosamente a los gigantes económicos. ¿Cómo pueden continuar sosteniendo el indecente argumento de que no hay dinero para el rescate personal, familiar y de las pequeñas empresas, cuando a la vez conceden estas ayudas públicas de dimensiones mastodónticas a las grandes empresas, que son quienes menos las necesitan? La arquitectura de la desigualdad es así de despiadada, injusta e irracional. Hemos de recordar, para más inri, que el BCE es una institución pública europea, es decir, que sus recursos salen del conjunto de los contribuyentes europeos. Es decir, que entre todos/as nosotros/as estamos sufragando estas enormes ayudas públicas que reciben las grandes empresas. Absolutamente intolerable. 

 

Y es que el afán privatizador es insaciable, una de las grandes reglas y valores del neoliberalismo, y responsable directo de la arquitectura de la desigualdad. Porque básicamente, la privatización de cualquier empresa, actividad, bien o recurso pùblico es una transferencia desde el sector público (es decir, desde el ámbito de lo que es de todos y a todos pertenece) al sector privado (es decir, el ámbito de lo que es y está controlado por unos pocos). En el ámbito privado desaparece la democracia y el concepto de bien común, y se sustituye por la regla del interés particular y del beneficio privado de sus dueños y gestores. Recomendamos nuestro reciente artículo "Privatización a marchas forzadas", así como la serie de tres artículos de Ana Tudela aparecidos en el medio Contexto y Acción, titulados "Privatizaciones: como si no hubiera un mañana", que nos explican perfectamente la naturaleza y el alcance de este peligroso fenómeno. Toda una estrategia calculada de desposesión de las grandes empresas del Estado, junto al flujo de políticos y altos cargos de la Administración Pública en los Consejos de Administración de las mismas (las llamadas "puertas giratorias"), han proyectado una estructura económica donde los grandes bienes, recursos y suministros públicos se encuentran en poder de los grandes agentes económicos privados del país. Es decir, hoy día los fundamentales derechos humanos tienen que ser solicitados "por favor" (y siempre que podamos pagarlos) a las empresas transnacionales que los gestionan (vivienda, alimentación, trabajo, educación, sanidad, etc.), porque han sido retirados de la órbita del control público, y por tanto, de su posible esfera de democratización. Todos los recursos gestionados por estas empresas han pasado del Estado al mercado, de la órbita de los derechos humanos a la órbita de la oferta y de la demanda, de la óptica de la democracia a la óptica de la maximización del beneficio. Continuaremos en siguientes entregas.

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27 septiembre 2017 3 27 /09 /septiembre /2017 23:00
¿Existe un Estado de Excepción en Cataluña?

Hoy por hoy en Catalunya se cumplen todas las condiciones de un Estado de Excepción, y que el Gobierno del PP no lo haya declarado solo muestra su debilidad política. No se atreven, ni ante la comunidad internacional ni ante la sociedad catalana. Evidentemente, eso no quiere decir que no lo vayan a hacer. Si algo demuestra la experiencia vasca es que su falta de cultura democrática les hace ciegos al cálculo político más básico. Y que no reparan en crueldad

Fragmento de Editorial de Gara

Los acontecimientos se están produciendo tan rápidamente en Cataluña estos días, que es posible que tengamos que contar nuevas noticias cuando este artículo se publique. Pero atengámonos, de momento, a lo ocurrido hasta ahora. La claridad de ideas y de conceptos, y la detección de las hábiles manipulaciones del lenguaje llevadas a cabo por la derecha política, social y mediática es fundamental para no caer en sus sucias trampas, y no perder el norte. La razón última de todo lo que está ocurriendo se soporta sobre la escasez de cultura democrática de nuestro país, hecho lógico y explicado por los cimientos de una sociedad postfranquista proveniente de la época de la Transición y del régimen de la Constitución de 1978. De ahí surgen una clase política y unos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que únicamente entienden de represión, de la ley entendida como preservación del orden público, y de unas Fuerzas Armadas entregadas a la élite gobernante, representante a su vez de los grandes poderes económicos. Cualquier observador entenderá que hablar de democracia real con estos mimbres se antoja, cuando menos, extraño. Unos gobernantes que no están acostumbrados a atender a la democracia participativa, ni entienden el concepto  de soberanía popular, sino únicamente el de soberanía nacional, que aunque la aplican al pueblo español, llevan muchos años cediéndola a las condiciones impuestas por la Troika europea. 

 

Todo ello derivado, como decimos, de un régimen asentado en la Carta Magna de 1978, y de la cual hablan en tiempos verbales recientes, como si la hubiéramos refrendado el mes pasado. Una Constitución no puede ser inmovilista, fosilizada, momificada, alabada como si de un texto sagrado se tratara. Una Constitución es hija de su tiempo, y por tanto, obedece a la concepción del mundo que poseen los líderes y los pueblos que las refrendan. Y también, obviamente, son hijas de las circunstancias que rodean a ese tiempo, y por consiguiente, cuando dichas circunstancias cambien (primero hay que propiciar que cambien) también deben adaptarse las leyes, y en última instancia, su Constitución como ley suprema. Para el caso que nos ocupa, mucho se está criticando la ausencia de garantías del referéndum del próximo día 1 de octubre, y que precisamente por esto no puede ser comparado con los referéndums de Escocia o Québec, pero se olvida decir que fueron precisamente los Estados correspondientes (el británico y el canadiense) los que negociaron con dichos pueblos las condiciones y el reconocimiento de dichas consultas vinculantes. Pedir al Gobierno catalán que ofrezca garantías cuando quien debe ofrecerlas es el Estado Español, es un ejercicio de claro cinismo. El Gobierno del PP ha tenido muchas oportunidades para frenar las ansias independentistas (desde el proyecto de Estatut del año 2006), y también, muchas ocasiones para pactar con el Gobierno catalán las condiciones para un referéndum con garantías. Nunca ha querido hacerlo. Y no porque no quepa en la Constitución, ni porque sea ilegal, ni porque quiebre la soberanía nacional, ni porque vaya a romper España, sino simplemente porque ellos no entienden la democracia en su amplia dimensión, la democracia real. Sólo entienden la democracia como el marco de expresión de las leyes vigentes, unas leyes que ellos (el bipartidismo imperante) llevan controlando desde los últimos 40 años. 

 

A raíz de este escenario, absolutamente patético e impropio de un Estado que se autodenomina "Social y democrático de Derecho", estamos asistiendo a una escalada de tensión progresiva que ya ha alcanzado matices preocupantes. Una escalada de tensión que se ha trasladado como era de prever a la propia sociedad civil, a las organizaciones sociales, al pueblo llano, que sin duda provocarán un profundo impacto de huellas impredecibles. El Gobierno del PP está provocando un bochornoso y lamentable espectáculo, más propio de dictaduras que de regímenes democráticos del siglo XXI. Se nos había dicho que cualquier idea podía defenderse por medios pacíficos, pero parece ser que nos engañaban. Porque las únicas ideas que pueden defenderse son las que no pongan en peligro el estatus quo de los gobernantes, de los poderes fácticos y del régimen que los sostiene. Sostener y difundir cualquier otra idea ya roza la ilegalidad, y está expuesta al hostigamiento y al cerco a la libertad ideológica que vivimos desde los últimos años. El Gobierno de Mariano Rajoy está llevando a cabo una serie de medidas de profunda represión desproporcionada, absolutamente centradas bajo el mantra de que el referéndum "no se puede celebrar". Pero están equivocados. El referéndum se puede y se debe celebrar. Lo que no existe es voluntad política para celebrarlo. Y ante ello, los ataques ideológicos van dirigidos enmascarados en la fuerza de la justicia, y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. La Real Academia Española de la Lengua (RAE) define Estado de Excepción como "...el que declara el Gobierno en el supuesto de perturbación grave del orden y que implica la suspensión de ciertas garantías constitucionales". ¿No es esto exactamente lo que está ocurriendo en Cataluña, simplemente porque el pueblo catalán quiere votar? 

 

Si repasamos brevemente la reciente historia de España, nos daremos cuenta de que desde la muerte del dictador, el Estado Español siempre ha optado por la vía de sofocar el deseo de reconocimiento nacional, democracia y libertad: cierre de medios de comunicación, Ley de Partidos, reformas jurídicas represivas, violaciones de derechos humanos denunciadas por organismos internacionales, endurecimiento del Código Penal, supresión de derechos políticos y civiles, recortes en derechos y libertades públicas básicas, etc. Y ahora, el régimen del 78 está mostrando más que nunca su faz autoritaria, su condición de régimen heredero de la dictadura. Y como siempre en estos "grandes asuntos de Estado", PP y PSOE van juntos, se apoyan y se complementan. En este caso, además, con la nueva muleta de Ciudadanos, aún más fanático que el propio PP para ciertos asuntos. Los síntomas son claros: detención de altos cargos electos, persecución de alcaldes catalanes que han ofrecido locales públicos para votar, requisa de urnas y papeletas mediante registros en diversas naves industriales, intervención de las cuentas públicas de la Generalitat, limitaciones a la libertad de expresión y reunión, secuestro de propaganda política, cierre de sitios web, prohibición de actos públicos donde se iba a debatir sobre el derecho a decidir, utilización de la Fiscalía General del Estado (y por ende, de la Fiscalía Superior de Cataluña) con fines políticos y partidistas, asalto de la Guardia Civil a las instituciones catalanas, llegada masiva en Ferrys de ingentes operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad...En fin, todo un corolario de actos, decisiones y medidas al más puro estilo fascista y represor, desplegado en cuanto el Estado ve peligrar sus intereses.

 

Un conjunto de acciones impropias de una democracia, y que son una clara muestra de la incapacidad de un régimen injusto, obsoleto, caduco y anacrónico, que aún mantiene una Monarquía o unos privilegios indecentes a la Iglesia Católica, por citar sólo dos características muy significativas. Un régimen incapaz de entender el pluralismo político, la plurinacionalidad del Estado y la visión de una España diversa y heterogénea, en vez de la visión rancia y uniforme que ellos preconizan. Se reprocha a los dirigentes catalanes que adopten vías radicales y unilaterales, pero no se dan cuenta de que mientras el Gobierno del Estado Español esté ocupado por la horda neofranquista, será absolutamente imposible pactar ningún tipo de referéndum, ni celebrar cualquier consulta popular con garantías vinculantes. Jamás van a permitir eso por las buenas, porque eso supone resquebrajar la consistencia del régimen, abrir una brecha por donde puedan celebrarse otros procesos constituyentes, y abrir paso a una República delante de sus narices, que ponga en cuestión la solidez y garantías de sus privilegios. ¿Cuál es la solución entonces? Empujar, presionar, desobedecer, insistir...Es decir, la vía de la fuerza, contra la vía de la represión. La vía de la desobediencia y la movilización popular frente a la vía de la intolerancia y de la imposición. No cabe otra. Y en este sentido, la historia siempre ha jugado a favor de los pueblos. La voluntad popular siempre acaba imponiéndose a los regímenes que quieren oprimirla. Seguramente no dejarán votar en libertad al pueblo catalán el próximo 1 de octubre, pero la movilización y la protesta popular, lejos de disminuir, continuarán aumentando y demandando mayores cotas de democracia y de participación. El reto y el desafío al régimen del 78 no ha hecho más que empezar. 

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26 septiembre 2017 2 26 /09 /septiembre /2017 23:00
Viñeta: ENEKO

Viñeta: ENEKO

El franquismo está ahí. Es real y auténtico y saca pecho. Tiene que ser considerado como ilegal y perseguido como tal

Bonifacio Sánchez (Portavoz de la ARMH)

En nuestra entrega anterior nos quedamos comentando los diversos aspectos criticados por la ONU (concretamente por su Grupo de Trabajo sobre las  Desapariciones Forzadas) a nuestro país, en lo tocante a la inacción en torno a los crímenes del franquismo. Aún nos quedaban algunos aspectos incluidos en el informe (y en nuestro artículo de referencia) por comentar, tales como por ejemplo la reforma última del Código Penal. El informe del Grupo de Trabajo de la ONU dice textualmente: "La tipificación de la desaparición forzada incluida en la reforma no es plenamente compatible con la Convención para la protección de todas las personas forzadas". Por tanto, la conclusión es que no se contempla en nuestro país de forma homologable dicha situación como una casuística protegida de forma integral por la ley. El informe se refiere sobre todo a la imprescriptibilidad de este delito, no incorporada en la reforma, y convertida en uno de los argumentos en los que se ampara la justicia española para rechazar las innumerables denuncias de los particulares y familias al respecto. Por ejemplo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Soria se negó por este motivo a investigar el caso de Abundio Andaluz, fusilado en 1936. El documento de recomendaciones que emitió el referido Grupo de Trabajo en el año 2013 tras la visita de sus miembros a España urgía a "eliminar los obstáculos jurídicos de orden interno" que impiden investigar y juzgar estos crímenes, o "asumir sus obligaciones internacionales y comprometerse de manera más activa y urgente en la determinación del paradero de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura", poniendo especial énfasis en la "urgencia y celeridad" debido a la "edad avanzada de muchos de los familiares y testigos" referidos en dichas denuncias. 

 

Nuestros gobernantes, pasados algunos años desde entonces, continúan absolutamente pasivos, incluso poniendo obstáculos al avance de determinadas querellas e investigaciones. Por tanto, cuatro años después de aquél informe y de aquéllas recomendaciones, la situación es la misma, agravada aún más por el paso del tiempo. Y ante este reiterado incumplimiento, el informe más reciente del Grupo de Trabajo de la ONU da un plazo de 90 días al Estado Español para que "presente un cronograma actualizado en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo para implementar las recomendaciones aún pendientes y las fechas previstas para cada una de ellas". Se trata, como vemos, de una situación vergonzante, pues vivimos en un país reiteradamente cuestionado en lo que se refiere a las garantías de los derechos humanos fundamentales. Hoy día, en 2017, en pleno siglo XXI, a más de 40 años de la muerte del dictador, y bajo una supuesta "democracia", las fosas de la memoria siguen existiendo. Pero ya que también hubo crímenes cometidos (en lógica defensa propia y de la República) por los republicanos, cabría preguntarse también: ¿Y qué ocurrió con los familiares de las víctimas del mal llamado "bando nacional"? Pues vamos a basarnos a continuación en este artículo de Alejandro Torrús para el medio Publico, que tomaremos como referencia. Pues lo que ocurrió básicamente es que, mientras los caídos republicanos y sus familiares siguen esperando justicia, el franquismo exhumó a sus caídos en la Guerra Civil y reparó a sus familiares incluso antes de finalizar la contienda. Incluso hoy día, nuestra asqueante sociedad tolera homenajes en recuerdo a los "caídos por España" (en su particular apropiación de la patria), mientras prohíbe actos en recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo. Y como venimos contando, la ONU, el Consejo de Europa y el Comité contra la Tortura han exigido a España en numerosas ocasiones el fin de la impunidad de la dictadura. 

 

El doble rasero es evidente. El franquismo reparó inmediatamente a sus caídos y familiares. El dictamen contra los vencidos fue desolador. El franquismo exhumó a sus muertos y entregó pensiones y reconocimientos a sus familiares. El dictador tuvo memoria y agradecimiento con los que le habían ayudado a alcanzar el poder. La "democracia", en cambio, tuvo que esperar 30 años para aprobar una tímida e insuficiente Ley de Memoria Histórica (2007), y 40 años después de aquélla Transición la mayor parte de los muertos (republicanos) siguen en las cunetas. En efecto, el dictador aprobó en abril de 1938, en plena Guerra Civil, un decreto que concedía pensiones extraordinarias a las viudas y huérfanos/as de los militares sublevados muertos en cautiverio. Dos años después, con la Guerra finalizada, aquél decreto se extendió a las viudas, huérfanos/as y padres/madres de los militares que lucharon con los franquistas y fueron detenidos, ejecutados o murieron en la contienda. En 1941 una nueva ley ampliaba estos beneficios a los padres de los sacerdotes "muertos como consecuencia de la Guerra de Liberación". El franquismo también exhumó a los suyos. Concretamente, según la orden aprobada en mayo de 1940, "toda persona que desee exhumar el cadáver de alguno de sus deudos que fueron asesinados por la horda roja, para inhumarlos de nuevo en el cementerio, puede solicitarlo al Gobernador Civil de la provincia correspondiente". Además, en 1939 se reguló el acceso preferente a la función pública por parte de mutilados, excombatientes y excautivos, así como a los familiares de las víctimas de la guerra. Todas estas personas disponían incluso de un carnet que los identificaba en dicha situación, de cara a las autoridades del régimen franquista, y que les concedía ciertos privilegios. 

 

Por tanto, y como estamos viendo, la reparación a una parte de las víctimas durante la dictadura fue considerable. Pero en cambio, la otra parte, la republicana, la que defendió la legalidad vigente que otorgaban las urnas quedó ignorada, excluida y castigada. Su reparación debía esperar a la llegada de un nuevo régimen democrático que, en teoría, apreciaría los esfuerzos de los que defendieron la democracia y la legalidad republicanas. Y en un principio, las perspectivas eran buenas. La ONU, en el año 1946, en la Resolución 39 (I) de la Asamblea General sobre la cuestión española establecía que "en origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini", y que, por lo tanto, "no representa al pueblo español por ser un régimen impuesto por la fuerza". Sin embargo, el contexto internacional cambió. El franquismo se convirtió en un régimen aliado contra el comunismo, y la justicia quedó en un segundo plano. Después llegó la Transición y la infame Ley de Amnistía de 1977, que en la práctica funcionó como una ley de punto final. Y hace una década, se promulgaba una Ley de Memoria Histórica que, entre otras tropelías, descargaba sobre las familias la responsabilidad de la exhumación de sus familiares, y ni siquiera era capaz de declarar nulas las sentencias de los tribunales franquistas que seguían señalando como delincuentes a personajes tan ilustres como Miguel Hernández. Y en esas estamos, con los muertos republicanos aún en las cunetas, y sus familiares, como en 1939, esperando verdad, justicia y reparación. Casi 115.000 desaparecidos/as continúan esparcidos en alrededor de 2.500 fosas comunes aún por exhumar, procesos en los que el Estado Español ni está ni se le espera. Y más de 30.000 niños y niñas fueron robados y entregados a familias que apoyaban al régimen o al Auxilio Social, sin que se haya realizado ninguna investigación oficial (al contrario, más bien se han obstaculizado), ni aquéllos niños y niñas, hoy adultos, hayan podido recuperar su identidad, aspecto éste que ya fue tratado a fondo en entregas anteriores de esta serie. 

 

Tampoco existe ninguna investigación oficial sobre los alrededor de 400.000 presos políticos que fueron utilizados como trabajadores forzados, ni sobre las empresas que los emplearon (remito también a los/as lectores/as a artículos anteriores de esta serie, donde comentamos más a fondo las terribles situaciones a las que se vieron sometidos). Las miles de personas que sufrieron torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias continúan figurando como delincuentes para la justicia española, así como los que fueron "ajusticiados" por los franquistas durante la Guerra y los primeros años de la represión. La lista de víctimas, pues, es casi infinita. A ellos hay que añadir el ensañamiento con las mujeres, y la discriminación social practicada contra la comunidad LGTBI de aquélla época, que fueron tratados y reprimidos como enfermos, además de las continuas vejaciones, incluso en el propio seno familiar. Pero el Estado Español continúa mirando hacia otro lado para no ver la impunidad de la dictadura franquista. Y aún hoy, hemos de soportar vergonzosas declaraciones de algunos dirigentes de la derecha, todos ellos anidados en el Partido Popular, que aún se ven protegidos por la impunidad de esta sociedad postfranquista. Pero esta política de impunidad practicada por el Estado Español ha estado acompañada de severas críticas por parte de la comunidad internacional. Los reproches, las condenas y las recomendaciones de los Organismos internacionales encargados de velar por el respeto a los Derechos Humanos han sacado los colores a los Gobiernos españoles una y otra vez durante estas últimas décadas. En el año 2006, con el Gobierno del PSOE del ex Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, la Comisión Permanente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó por unanimidad la primera gran condena internacional del régimen franquista. El organismo, en el que están representados 43 países, instó al Ejecutivo español a crear una Comisión de Investigación sobre los delitos del franquismo, y a presentar un informe al Consejo de Europa. También instó a las autoridades a abrir los archivos civiles y militares a los historiadores, a abrir una exposición permanente sobre la represión en el Valle de los Caídos y a erigir monumentos a las víctimas del franquismo. Nada de eso se ha llevado a cabo. Continuaremos en siguientes entregas.

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25 septiembre 2017 1 25 /09 /septiembre /2017 23:00

Vídeo de la Presidenta Internacional de MSF, Joanne Liu

Recientemente, la ONG internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) acaba de denunciar la terrible, degradante e inhumana situación que viven los refugiados y migrantes en Libia, dentro de los centros de detención habilitados al efecto en Trípoli. Hemos incluido un breve vídeo donde la Presidenta Internacional de MSF, la Doctora Joanne Liu, expone su estremecedor testimonio al respecto. Un relato donde se asegura que "Los encierran en habitaciones oscuras, sucias y sin ventilación. Los hacinan unos encima de otros. A las mujeres las violan y después las obligan a llamar a sus familias para que paguen por su liberación. La desesperación es abrumadora", entre otros sobrecogedores pasajes del relato. MSF presta asistencia médica en estos centros desde hace más de un año, y están acostumbrados a ver la desolación de los migrantes, pero ya se ha llegado a una situación absolutamente aberrante y desesperada. En palabras de la Doctora Liu: "Es la encarnación de la crueldad humana en su forma más extrema". Miles de personas retenidas en condiciones atroces, y por supuesto, bajo la complicidad de nuestros Gobiernos europeos. Desde esta humilde tribuna, por tanto, queremos denunciar y alertar del sufrimiento humano que las políticas migratorias europeas están fomentando en Libia, un Estado fallido desde la intervención de ese país por una coalición internacional, para el derrocamiento de Muammar El Gadaffi. 

 

Incluimos también el enlace a una carta pública abierta dirigida a los líderes de los Estados miembros de la Unión Europea, así como a las propias instituciones y organismos de la UE, para concienciar de la gravedad extrema de lo que está sucediendo en dicho país con las personas migrantes y refugiadas, y que se basa en mantenerlos retenidos a cualquier precio, dejando en evidencia su complicidad con el daño que miles de mujeres, hombres y niños padecen. Se ha implantado un violento sistema represivo, abusivo y criminal para el tratamiento de estas personas, mediante el que, además, los Gobiernos europeos están ayudando, con su financiación, a detener la salida de embarcaciones desde Libia. Lo que ocurre en este país no es más que un vil sistema de secuestro, tortura y extorsión, que está podrido hasta la médula. Los migrantes capturados y allí hacinados sufren arresto arbitrario, extorsión, abusos físicos y privación de servicios básicos. La situación es absolutamente desesperada. Hay que actuar urgentemente para desmantelar todo este aberrante sistema, y proporcionar a estas personas el trato debido, y la correcta atención a sus derechos humanos fundamentales. En Libia, migrantes y refugiados son tratados como sucia mercancía para ser salvajemente explotada. Incluimos a continuación el texto íntegro de la carta abierta a los líderes de la UE, que puede consultarse también en este enlace, y que está firmada por el Presidente de Médicos Sin Fronteras en España, David Noguera:

 

Estimado Sr. Presidente del Gobierno:

 

El sufrimiento que los migrantes y refugiados están viviendo en Libia debería agitar las conciencias de los líderes electos y de los ciudadanos de Europa.

 

Cegados por su obtuso objetivo de mantener a estas personas al otro lado de sus fronteras, los Gobiernos europeos están ayudando, con su financiación, a detener la salida de embarcaciones desde Libia. Pero esta política también alimenta un sistema abusivo y criminal.

 

El sistema de detención de migrantes y refugiados en Libia está podrido hasta la médula: no es más que una próspera empresa de secuestro, tortura y extorsión. Y los Gobiernos europeos han optado por dejar a estas personas en manos de tal sistema.

 

Los refugiados y migrantes no pueden ser devueltos a Libia, ni permanecer retenidos en ese país. Médicos Sin Fronteras lleva más de un año asistiendo a estas personas en los centros de detención de Trípoli y ha sido testigo directo del régimen de arresto arbitrario, extorsión, abuso físico y privación de servicios básicos que hombres, mujeres y niños sufren en estas instalaciones.

 

La presidenta internacional de nuestra organización, Joanne Liu, visitó la semana pasada varios centros oficiales de detención y podemos decir que estos son solo la punta del iceberg.

 

Los migrantes y refugiados son tratados como mera mercancía para ser explotada. Los encierran en habitaciones oscuras, sucias y sin ventilación. Los hacinan unos encima de otros. Algunos hombres nos contaron que los obligan a correr en grupo en el patio, desnudos, hasta caer exhaustos. A las mujeres las violan y después las obligan a llamar a sus familias para que paguen por su liberación. Todas las personas con las que mi compañera Joanne pudo hablar pedían entre llantos que las sacaran de allí. La desesperación es abrumadora.

 

El número de personas que parten de las costas libias rumbo a Europa se ha reducido y esto se ha presentado como un éxito en la prevención de la pérdida de vidas en el Mediterráneo y como un duro golpe a las redes de traficantes.

 

Pero, sabiendo lo que ocurre en Libia, hablar de éxito es, en el mejor de los casos, pura hipocresía y, en el peor, una cínica complicidad con los traficantes que tratan a estos seres humanos como mercancía.

 

Las personas atrapadas en esta bien documentada pesadilla necesitan una salida. Necesitan que se les facilite protección, asilo y procedimientos mejorados de repatriación voluntaria desde Libia. Necesitan huir del peligro mediante vías seguras y legales; pero, hasta la fecha, solo unos pocos han podido hacerlo.

 

Esta terrible violencia debe cesar. Es necesario que se respeten sus derechos humanos, incluyendo el derecho a recibir comida, agua y atención médica.

 

A pesar de las declaraciones de los Gobiernos sobre la inmediata necesidad de mejorar las condiciones en que se encuentran estas personas, hoy por hoy esto no está sucediendo.

 

En lugar de afrontar el círculo vicioso que están creando sus decisiones, los políticos se esconden tras infundadas acusaciones contra las ONG y contra las personas que intentan ayudar a quienes sufren esta situación desesperada. Durante sus operaciones de búsqueda y rescate en el mar, MSF ha sido blanco de disparos de una Guardia Costera libia que Europa financia; también hemos sido acusados reiteradamente de complicidad con los traficantes. ¿Pero quién está aquí en connivencia con los criminales, quienes tratan de rescatar a estas personas o quienes permiten que sean almacenadas y vendidas como una mercancía?

 

Libia es solo el ejemplo más reciente y extremo de unas políticas migratorias europeas que se remontan a años atrás y cuyo objetivo primordial es expulsar a migrantes y refugiados allí donde no se les vea. Tanto el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía de 2016, como lo que hemos visto en Grecia, Francia, los Balcanes y más allá, marcan una tendencia al alza de cierres fronterizos y expulsiones.

 

La consecuencia es que a las personas que buscan formas legales y seguras de venir a Europa se les acaban las opciones y esto las empuja más y más hacia las mismas redes de tráfico que los líderes europeos dicen querer desmantelar. Se necesitan vías legales y seguras para cumplir los objetivos de control fronterizo y al mismo tiempo acabar con los incentivos perversos que permiten prosperar a los traficantes.

 

No podemos decir que no sabíamos lo que estaba sucediendo. La depredación que se alimenta de la miseria y del horrible sufrimiento de quienes están atrapados en Libia debe terminar ya.

 

En sus esfuerzos por frenar el flujo de migrantes y refugiados, los líderes europeos están aceptando que la gente sea arrojada a la extorsión, la violación, la tortura y la esclavitud. Nos preguntamos si es este el precio que Europa, y más en concreto el Gobierno que Vd. preside, están dispuestos a asumir.

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24 septiembre 2017 7 24 /09 /septiembre /2017 23:00
Imagen: ex Teniente Luis Gonzalo Segura (expulsado del Ejército por denunciar casos de corrupción)

Imagen: ex Teniente Luis Gonzalo Segura (expulsado del Ejército por denunciar casos de corrupción)

La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen, para el provecho de gentes que si se conocen pero que no se masacran

Paul Valéry

La cita de entradilla de Paul Valéry es ciertamente interesante, pues pone encima de la mesa la propia ontología de las guerras, desde que el hombre pisa el planeta. Para dichas guerras se utilizan los Ejércitos, las Fuerzas Armadas, pero...¿es que son acaso los militares los profesionales de las guerras? Estamos seguros de que ningún militar que se precie gustaría de ser llamado así...entonces, la solución es, como siempre, la senda del Pacifismo. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de reorientar las funciones, capacidades y objetivos de las propias FAS, que podrían ser resumidas, como indica el Colectivo ANEMOI en nuestro artículo de referencia, con esta simple frase: "Las FAS con el pueblo". Porque sólo unas Fuerzas Armadas que se deban absolutamente y estén comprometidas con su pueblo por encima de todo, dejarán de ser unos Ejércitos para la guerra, en el sentido en que Paul Valéry establecía en su magnífica definición.

 

En este sentido, y refiriéndonos ya más concretamente a nuestras Fuerzas Armadas, es preciso abordar una urgente y radical modificación de las mismas, en sus misiones, valores y objetivos, bajo las siguientes premisas:

 

1.- La soberanía corresponde al pueblo, como quiera que ésta se exprese. Su defensa también. Las FAS son del pueblo, se deben al pueblo y obedecen al pueblo. El pueblo es el sujeto soberano por excelencia. Debemos olvidarnos del anacrónico concepto de "soberanía nacional", referente a los países y defendida desde siempre por los monarcas absolutistas, para centrarnos en la soberanía popular. 

 

2.- Las FAS están para defender la soberanía popular, nunca para condicionarla, reprimirla o doblegar su voluntad de cambio real. La criminalización de las legítimas protestas populares y la intervención represiva de las FAS son absolutamente intolerables. La democracia y la soberanía popular están por encima de cualquier otra consideración. 

 

3.- En situaciones como la actual, en las que existe un conflicto abierto entre las Instituciones y las aspiraciones del pueblo, es preciso convocar a un nuevo Proceso Constituyente en el que descanse la legitimidad democrática. Este proceso debe ser absolutamente respetado, defendido y apoyado por la institución militar en su conjunto (así como por el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado).

 

4.-La obediencia de las FAS al Rey debe ser definitivamente quebrada. En este sentido, únicamente es aceptable que la Jefatura suprema de las Fuerzas Armadas recaiga en quien haya sido democráticamente elegido, esto es, un Presidente de la República. La Tercera República es, pues, inaplazable. 

 

5.- La defensa de nuestra soberanía exige la salida de nuestro país de todas las alianzas militares (la OTAN y todo el sistema de alianzas ad hoc que los Estados Unidos y sus aliados están utilizando para la proyección de su política imperialista) y la eliminación inmediata de todas las bases militares e instalaciones extranjeras en nuestro territorio. 

 

6.- La llamada "Guerra Global contra el Terrorismo" constituye una burda manipulación propagandística, sembrada y difundida desde los diversos centros de poder económico-financieros y militares, que justifica la represión contra la disidencia política legítima en todos los órdenes. Sólo una verdadera política pacifista contribuirá a la erradicación en nuestro suelo de cualesquiera atentados terroristas. Remito a mis lectores y lectoras a los artículos del primer gran bloque temático de esta serie de artículos, donde hemos abordado a fondo la problemática del terrorismo internacional.

 

7.- El único principio que puede garantizar la paz y las buenas relaciones internacionales es el de buena vecindad, y la solución diplomática y negociada de los conflictos. Para eso elegimos a nuestros políticos. Las FAS no deben intervenir jamás en ningún conflicto armado extranjero, ni siquiera aquéllos que son calificados como "humanitarios". El humanitarismo es un concepto completamente distinto, que se ejerce desde la solidaridad, la cooperación y la ayuda al desarrollo, y no imponiendo democracias a la fuerza, por medio de la devastación previa de los países "enemigos", con las consiguientes matanzas de civiles inocentes.

 

8.- El recurso a la fuerza (es decir, a la intervención armada) está únicamente justificado en caso de agresión armada abierta o encubierta. Es decir, sólo es justificable el recurso a la defensa propia, ante un flagrante ataque a nuestra soberanía, a nuestros/as ciudadanos/as o a nuestros territorios. Debe adoptarse como principio el consagrado en la Constitución republicana de 1931, y que decía literalmente: "España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional". Pero con ello no basta para que las FAS y el pueblo renuncien de verdad a las guerras. Hace falta una educación en la paz y para la paz, y olvidarse del viejo aforismo que rezaba: "Si quieres la paz, prepárate para la guerra".

 

9.- Ningún tratado internacional podrá dotar de impunidad a militares, agentes o funcionarios extranjeros dentro del territorio del Estado Español, especialmente por los delitos definidos en el Tratado de Roma y perseguidos por el derecho internacional humanitario. 

 

10.- Ningún tratado otorgará impunidad a los militares y funcionarios españoles, como aliados de potencias que se nieguen a acatar las normas del derecho internacional humanitario referidas a los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. El Tribunal Penal Internacional (TPI) tendrá plena jurisdicción en el Estado Español. Continuaremos en siguientes entregas.

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21 septiembre 2017 4 21 /09 /septiembre /2017 23:00
Viñeta: Martirena

Viñeta: Martirena

En España hay 57.218 millonarios, personas que declaran tener una base imponible en el impuesto sobre patrimonio superior a 1,5 millones de euros. Han aumentado un 1% respecto a 2014 y un 28% desde 2011. En concreto, el número de superricos ha crecido un 24% desde el inicio de la recuperación económica. Son las 549 personas que declaran tener un patrimonio superior a 30 millones

Cive Pérez

En el anterior artículo de esta serie ya comentábamos algunos aspectos relacionados con la denominada "cultura de la escasez", implantada por esta aberrante arquitectura de la desigualdad, y que se manifestaba en multitud de aspectos sociales: escasez de suministros básicos, de trabajo, de tiempo, de salud, y también escasez de educación, como vamos a comentar a continuación, siguiendo el magnífico artículo de Armando B. Ginés. La educación, ya lo hemos comentado en otros muchos artículos de nuestro Blog, es pieza fundamental y puntal básico en la proyección de una sociedad. La educación como el medio de inserción social, donde se manifiesta el acceso a la cultura de una comunidad, y su aprendizaje previo en ciertos valores es, como decimos, pieza clave del sistema. Si este modelo educativo, en vez de usarse para los fines lícitos, es usado para el adoctrinamiento seguidista del sistema, no estaremos formando a futuras personas críticas, libres e iguales, sino a meros continuadores acríticos del injusto sistema proyectado. Esto es lo que lleva ocurriendo en muchos países, incluida España, y que también legitima en cierto modo la arquitectura de la desigualdad. Nos venden un mundo maravilloso de alta tecnología, de la comunicación, de investigación y desarrollo, todo ello bajo la moderna e idílica globalización, mientras existen en el mundo más de 750 millones de personas que aún no saben leer ni escribir, y a los que hay que insertar en el mundo digital. De dicha obscena cifra, las dos terceras partes son mujeres, y el resto (unos 115 millones aproximadamente) lo protagonizan niños, niñas y jóvenes adolescentes entre 15 y 24 años de edad. La mitad viven en el Oeste y el Sur de Asia, y en torno al 20% en el África Subsahariana. 

 

El analfabetismo funcional es todavía hoy un gran problema de nuestro mundo, de ahí que muchos Gobiernos postneoliberales de América Latina se plantearan en su momento sacar de la pobreza, de la marginalidad, pero también del analfabetismo, a millones de niños y niñas de sus respectivos países. Y en palabras de Armando B. Ginés: "En el epígrafe educativo es donde es más verdad que en ningún otro rubro el aserto de que la escasez provoca aún más escasez en las personas que la padecen". De ahí que la escuela (desde la escuela primaria a la Universidad) sea tomada por el capitalismo como plataforma de lanzamiento para sus futuros cachorros defensores del mismo sistema que los maltrata y que los margina. Romper con la arquitectura de la desigualdad implica también romper con este modelo educativo, y fomentar la paulatina y progresiva inmersión en un modelo educativo público, universal, inclusivo, gratuito, laico, democrático, solidario y multicultural, que incluso contemple no solamente las enseñanzas regladas, sino que también incluya y valore las tradiciones seculares de muchos pueblos indígenas que aún subsisten en muchas partes del mundo, y a los cuales el arrasador e implacable capitalismo neoliberal sumerge en las profundidades del abismo hasta su completo exterminio. En vez de ello, hoy día padecemos modelos educativos aberrantes, dedicados únicamente a formar mano de obra poco cualificada, es decir, ejércitos de obreros a los que sólo hay que formar en lo imprescindible para su futuro trabajo, es decir, las mínimas habilidades técnicas para que puedan desempeñar sus cometidos concretos, sin plantearse ni un ápice más allá de ello. Se huye de la formación integral, de la formación humanística, de la formación filosófica, pues todo lo que huela a aprender a pensar es censurado implícitamente por el sistema. 

 

El objetivo del sistema está claro en este sentido: crear escasez intelectual, cultural e ideológica, para que los individuos no sean capaces de cuestionarse los grandes puntales de la sociedad en que viven, y que por tanto, no pongan en debate la arquitectura de la desigualdad de la que son víctimas. Al sistema le preocupa únicamente formar a futuros trabajadores/as de la masa, que sean excelentes técnicos en sus respectivas materias, en sus parcelas de trabajo, porque así serán piezas más fácilmente manipulables, dóciles y explotables que aquéllos/as que adquieran otro tipo de destrezas intelectuales más abiertas o creativas. De ahí que las tendencias en el mundo educativo sean privatizar los centros, anular la democracia en la comunidad educativa, mantener la educación religiosa, mercantilizar los resultados educativos, fomentar el mecenazgo de las grandes empresas en los centros y las Universidades, derivar al alumnado hacia los itinerarios formativos lo antes posible, eliminar recursos y personal educativo, e invertir en educación cuanto menos mejor, ya que todo ello conduce a un modelo educativo funcional al beneficio empresarial. Y por fin, todo ello confluye en lo que pudiéramos llamar la escasez de la felicidad, manifestada (como también hemos comentado en entregas anteriores de esta serie) en multitud de aspectos. La felicidad es el grado de inserción vital de las personas y las comunidades, el grado de disfrute que las personas pueden obtener del mundo en el que viven, y evidentemente, dado el panorama que estamos describiendo, parece que no contribuimos a un incremento de la felicidad mundial. Los datos demuestran que la globalización nos ha hecho más infelices, y existen infinidad de trabajos, encuestas, informes y estudios que así lo manifiestan. La tendencia en cuanto a convivencia social va evolucionando hacia los hogares de personas solas, lo cual revoluciona muchos parámetros sociales. 

 

Hoy día, parámetros como la esperanza de vida, la empatía social, la participación en movimientos u organizaciones sociales, la generosidad, la solidaridad, o la libertad para tomar decisiones privadas de cualquier tipo son valores a la baja. En cualquier caso, medir la felicidad es ardua y compleja tarea, pues confluyen en esta medición gran cantidad de factores objetivos, pero también subjetivos. ¿Cómo se mide la escasez de felicidad? ¿Cuánta felicidad significa la plenitud? ¿En qué factores se manifiesta la ausencia de ella? La felicidad más bien parece un concepto etéreo, una pregunta sin respuesta o un problema sin solución, antes que un concepto a debatir con argumentos concretos, valorables y convincentes. Pero lo cierto es que está ahí como aspiración vital y humana, tal como incluso recoge la Constitución de Ecuador del año 2008. La arquitectura de la desigualdad es la responsable de toda esta cultura de la escasez, proyectada por los verdaderos amos del mundo, empeñados en convencernos de ridículas, absurdas y vacías proclamas, mientras continúan ignorando y fomentando la pobreza, la exclusión y la marginación, a la par que la obscena abundancia y opulencia. El legado de las últimas décadas de feroz neoliberalismo es desolador, provocando este tsunami de la escasez, y de la destrucción casi total de derechos sociales, y de la calidad de vida de las poblaciones. Sufrimos no sólo las consecuencias de dicha escasez multifacética, sino también una profunda involución social, civil, cultural y política. El incremento de las desigualdades no admite duda desde ningún punto de vista, ni resiste cualquier intento de minimizarlo. Sus dimensiones y alcances son gigantescos y están dejando una impronta brutal en las mayorías sociales de nuestros países. 

 

Tanto en términos de diferencia de bienestar, como en los grados de disfrute y manifestación de los derechos democráticos, la arquitectura de la desigualdad deja su rastro perverso. Hoy día, quien no quiera ver que estamos ante un sistema que ha creado, diseñado y perpetuado un mecanismo estructural y sistémico de transferencias permanentes de recursos desde las mayorías más desfavorecidas hacia una élite globalizada, es que es un perfecto ingenuo, o un cómplice (consciente o no) de dicho sistema. Todo un mecanismo voraz basado en lógicas extractivas, tanto en términos sociales como políticos e incluso medioambientales, se despliega ante nuestras narices, sin que seamos incluso capaces de llegar a ver sus límites. A la vez, todo un complejo sistema de valores son inculcados desde los púlpitos educativos neoliberales, que se manifiestan desde la más tierna infancia hasta los foros universitarios más prestigiosos. Ambas grandes piezas (políticas que favorecen la desigualdad, y conjunto de valores e imaginarios colectivos que las legitiman) actúan al unísono, conformando una tipología social despótica, salvaje, injusta e insolidaria, perfectamente "aceptada" y soportada por gran parte de nuestra sociedad. Hemos alcanzado los moldes para una sociedad que nos domina y nos somete, que nos vuelve más desiguales, pero que a su vez las propias víctimas legitiman, excusan y sostienen. De esta forma, el capitalismo neoliberal ha llegado a tal grado de perfección formal y a un grado de implementación globalizada, que es muy difícil enfrentarse a él sin ser víctima de sus feroces ataques, que llegan incluso a destruir cualquier atisbo crítico contra el mismo. Incluso países enteros con Gobiernos legítimos elegidos democráticamente sufren injustos y perversos ataques desde diversos frentes, sólo por quererse enfrentar y desmontar, aunque sea levemente, esta arquitectura de la desigualdad. Y así nos va. Continuaremos en siguientes entregas.

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20 septiembre 2017 3 20 /09 /septiembre /2017 23:00
El legado de Salvador Allende

¡Aquí está el pueblo! ¡Aquí late el corazón de Chile, porque es el corazón del pueblo! ¡Aquí se siente la historia! ¡Aquí estamos afianzando nuestro derecho a construir un porvenir de justicia y libertad, de abrirnos paso hacia el socialismo!

Salvador Allende (fragmento del discurso ante el pueblo de Santiago de Chile, el 22 de junio de 1973)

La estrategia de la extrema derecha chilena, con la complicidad de partidos de centro, se basó en una campaña mediática masiva y el bloqueo económico interno, al establecer alianzas con ciertos sindicatos como el del transporte terrestre que hoy también amenaza a la estabilidad de Chile, y el gran socio de aventuras golpistas: el Departamento de Estado, con Henry Kissinger a la cabeza, en una urdimbre de tácticas efectivas que acabaron con el ensayo del socialismo en libertad

Carolina Vásquez Araya

En otros artículos de nuestro Blog nos hemos ocupado de la egregia figura de Salvador Allende, pero lo vamos a volver a hacer una vez más, trayendo el texto íntegro del editorial del medio chileno Punto Final, en su edición nº 883, de septiembre de 2017, porque nos parece un fabuloso texto cuidado en sus formas y en el fondo, y que cuenta los pormenores de la lucha del malogrado Presidente chileno, de sus esfuerzos hacia el socialismo, y de cómo fue derrocado por la derecha más vil y violenta. Para los lectores y lectoras interesadas, les dejo también el enlace a un reciente artículo de Carolina Vásquez Araya, donde cuenta su propia experiencia personal sobre el día en que derrocaron al Gobierno legítimo de Salvador Allende mediante un Golpe de Estado, que traería a continuación la salvaje dictadura del General Augusto Pinochet. Por último, también les dejo el enlace al medio El Viejo Topo que recoge el discurso completo que el Presidente Allende dirigió al pueblo en Santiago de Chile, el 22 de junio de 1973, donde aseguraba: "¡Combatiré implacablemente el fascismo!". Recordamos a Salvador Allende como una figura excepcional en la política internacional de todos los tiempos, un hombre bueno que quiso traer a su pueblo el socialismo de forma pacífica, y que fue violentado y asesinado por las hordas fascistas al servicio del imperialismo norteamericano. El texto íntegro del editorial de Punto Final es el siguiente:

 

Derrocado el 11 de septiembre de 1973 mediante un cruento golpe militar que ni su gobierno ni los partidos populares estaban en condiciones de enfrentar, Salvador Allende entró en la historia, sin embargo, con el talante de un líder victorioso. Su legado político y moral entrega enseñanzas valiosas para los revolucionarios de hoy. En primer lugar, su consecuencia política y su coraje personal, que le hicieron empuñar un fusil para resistir en La Moneda junto a un puñado de valientes. En sus propias palabras: pagaba con su vida la lealtad del pueblo. Su inmolación fue un acto consciente de rebeldía para no humillarse ante la traición y felonía de losgenerales y almirantes. En otras circunstancias seguramente habría encabezado la resistencia de un pueblo armado y de unidades militares constitucionalistas. Lo único que no pasó por la mente de Allende en el palacio en llamas fue rendirse y negociar las condiciones de un exilio honorable. Sus últimos mensajes por radio y su decisión final, lo cubrieron de gloria y a la vez sepultaron en el oprobio a los golpistas cuya ruindad moral confirmaron suscrímenes y el enriquecimiento ilícito de los terribles años que siguieron.

 

No solo fue su valor y consecuencia. Salvador Allende dejó también numerosas otras enseñanzas. Por ejemplo su incansable perseverancia para forjar la unidad de los sectores populares entendida como factor esencial de un proceso revolucionario. También durante muchos años Allende planteó la nacionalización del cobre como un tema vinculado al ejercicio efectivo de la soberanía nacional. Esa reivindicación estaba lejos del debate político cotidiano cuando Allende la levantó como bandera de lucha. Durante largo tiempo la suya fue una voz en el desierto.

 

Allende rehusó ocultar sus ideas o mimetizarse en el centro político que permite todo tipo de transacciones. Los revolucionarios de hoy deben estudiar su trayectoria política y las coaliciones político-sociales que encabezó hasta llegar a La Moneda con la Unidad Popular. Su victoria en1970 fue estrecha y tuvo que someterse al veredicto del Congreso Pleno. La Democracia Cristiana lo apoyó a cambio de un Estatuto de Garantías Democráticas que el presidente Allende respetó escrupulosamente. Sin embargo, ese Estatuto se convirtió en un cepo que impidió el libre desarrollo de las capacidades revolucionarias del pueblo. Esas limitaciones motivaron las contradicciones que surgieron entre los partidos de la Unidad Popular. Obligó a utilizar los “resquicios legales” para impulsar diversas iniciativas. A la vez tomó fuerza una corriente independiente y crítica desde la Izquierda que impulsó el poder popular de los pobres del campo y la ciudad bajo la consigna “avanzar sin transar”.

 

Allende había declarado sin ambages que el objetivo de su gobierno era un socialismo adecuado a las características socio-políticas y culturales del país. La “vía chilena hacia el socialismo” fue explicitada en su primer mensaje al Congreso Pleno el 21 de mayo de 1971. La nacionalización de la gran minería del cobre y la Reforma Agraria, la estatización de la banca y la intervención de diversas industrias, confirmaron que se había iniciado un proceso revolucionario inédito que atrajo la atención del mundo y despertó una ola de simpatía en América Latina. En efecto, era el primer intento en la historia de construir el socialismo por una vía pacífica y con absoluto respeto a una Constitución burguesa.

 

No obstante, la conspiración golpista se había iniciado incluso antes que Allende asumiera el mando. La oligarquía pidió la intervención norteamericana y el presidente Richard Nixon ordenó a la CIA y al Pentágono “hacer chillar” la economía y crear las condiciones para el derrocamiento de Allende. La fuga de capitales, el bloqueo del crédito internacional, el mercado negro, la especulación, la escasez y la inflación se dispararon. Los camioneros paralizaron durante dos meses el transporte de alimentos y demás artículos de primera necesidad. Los mineros de El Teniente se declararon en huelga y marcharon a Santiago. Embarques de cobre fueron embargados en Hamburgo y otros puertos. Las mujeres de la burguesía salieron a las calles a tocar cacerolas. Los medios de desinformación internacionales y nacionales -que gozaban de absoluta libertad, incluso para insultar y calumniar al mandatario- desataron la guerra sicológica. Acusaban a Allende de pretender instaurar la “dictadura del proletariado” y convertir a Chile en una segunda Cuba. Comenzaron los sabotajes a la electricidad y las comunicaciones por bandas terroristas de extrema derecha asesoradas por oficiales de las FF.AA.

 

En octubre de 1972, por iniciativa democratacristiana, el Congreso aprobó la Ley de Control de Armas. Su propósito era eliminar toda capacidad del pueblo para enfrentar el golpe de Estado que estaba en marcha. Allende y sus ministros socialistas José Tohá (Defensa) yJaime Suárez (Interior), se vieron obligados a promulgar una ley que facultaba a las FF.AA. para efectuar allanamientos y detener militantes de Izquierda acusados de poseer o fabricar armas caseras y explosivos. La oposición -derecha y Democracia Cristiana- controlaba el Congreso Nacional. En julio de 1972 formaron la Code (Confederación de la Democracia) con la intención confesa de derrocar al presidente mediante un golpe parlamentario. Para eso necesitaban alcanzar los dos tercios de la Cámara de Diputados en las elecciones de marzo de 1973. No lo lograron, porque la Unidad Popular sacó fuerzas de flaquezas y consiguió el 43,4% de los votos. El fracaso del golpe por vía parlamentaria despejó el camino al golpe militar.

 

(Hasta aquí a los lectores debe parecerles que estamos relatando lo que sucede en Venezuela. En efecto, ese plan desestabilizador es casi idéntico al que Washington implementó en Chile. La diferencia más notable consiste en que en Venezuelaexiste la alianza pueblo-fuerzas armadas, legado político del presidente Hugo Chávez que el imperio no ha conseguido romper).

 

Repasar nuestra historia, y en particular la experiencia de la Unidad Popular, es indispensable en cualquier futuro proyecto de cambios democráticos con justicia social. Allende supo fijar un norte alproceso de acumulación de fuerzas sociales y políticas. La nacionalización del cobre fue el eje movilizador del programa ante el cual hasta la derecha tuvo que ceder en el Congreso. La contrarrevolución deshizo ésa y otras conquistas que es necesario retomar para asegurar un proceso revolucionario. La nacionalización del cobre (y del litio) fortalecería la soberanía nacional y entregaría enormes recursos al Estado. Hay numerosas otras reivindicacionescapaces de convocar fuerzas sociales. Por ejemplo el fin de las AFP y el derecho a salud y educación de calidad; el reconocimiento de la autonomía del pueblo mapuche; el freno al daño al medioambiente de las empresas forestales, eléctricas, mineras y frutícolas; limitar las ganancias desorbitadas de bancos e Isapres; estatizar el transporte público…

 

Ninguno de esos objetivos es posible sin acometer un proceso ideológico que permita liberar las conciencias sometidas a la dictadura cultural e ideológica del neoliberalismo. La batalla de las ideas está en primer lugar porque es allí donde la Izquierda sufrió su peor derrota. El camino para superar este sistema inhumano y depredador pasa por una Asamblea Constituyente que proponga al pueblo la Constitución Política que permita -por fin- contar con la institucionalidad de una república democrática y participativa. La convocatoria a la Constituyente abriría el espacio para conquistar a las fuerzas armadas y contar con su participación en un programa democratizador y patriótico.

 

Avanzando en esta dirección, con la Asamblea Constituyente como llave maestra del cambio, se recogería lo fundamental de la lección que nos dejó el presidente heroico.

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19 septiembre 2017 2 19 /09 /septiembre /2017 23:00
Imagen: The Huffington Post

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La Transición fue la gran ocasión de los traidores, la sublimación de los desertores, el cénit de los cínicos, el momento estelar de los caraduras, que se olvidaron de sus fidelidades, de sus juramentos, de sus compromisos, de su pasado, al servicio y a la sombra del dictador, para mirar a otro lado, inaugurar otras traiciones y prolongar sus privilegios

Luciano G. Egido

La Transición fue, en efecto, todo eso y mucho más. Una suerte de pactismo conciliador donde no se rompía con el régimen anterior, sólo se nos instaba a olvidarnos de él, a recomenzar una nueva "etapa democrática", como si durante los últimos cuarenta años nada hubiera pasado. Jaime Richart, en su artículo "Entre el absolutismo, la tiranía y la trampa", comenta la Transición en los siguientes términos: "Desde que se liquida formalmente la dictadura, empieza el engranaje tramposo. Primera fase: un ministro del dictador, atendiendo a la voluntad post mortem de éste, pone en marcha un proceso de democratización trucado. Siete personas elegidas secretamente por él urden la constitución y entronizan la monarquía, de acuerdo a las previsiones del propio dictador y de la ley de sucesión (1947) que él había promulgado 31 años antes. Contaba para ello con una circunstancia psicológica fundamental: el pueblo aprobaría cualquier documento político con tal de sacudirse de encima el temor a un ejército, que conservaba intacto, más bien potenciado, el espíritu dictatorial. Segunda fase: otro montaje, el golpe de estado. Si la monarquía había sido introducida por la puerta trasera de la política, había que robustecerla a cualquier precio. Y la mejor manera era convertir en héroe al propio monarca haciéndole aparecer ante el pueblo como el salvador de los golpistas, que no podían ser si no cómplices, unos voluntarios y otros ignorantes, de la propia trama. Tercera fase, tercera maquinación: asentada en el imaginario del pueblo la figura del rey que el dictador había preparado al efecto durante prácticamente toda su satrapía, comienzan las clases superiores --aristocracia y clase alta-- a ir readueñándose del poder político, del poder económico, del poder judicial y del poder religioso que hasta entonces habían detentado y por tanto nunca habían perdido, dotándole de legitimidad democrática. La clave estaba en ir dando entrada por vía política a figuras procedentes del pueblo llano, a través de los dos partidos políticos que representaban a una progresía amaestrada. Y hasta hoy". 

 

Magistral definición la que Jaime Richart nos relata en su artículo, ya que además de situarnos sobre la pista de los diversos hitos de la Transición y de la posterior etapa democrática, nos sirve como perfecta explicación de las bases sociológicas de la inmensa mayoría social actual. Cada vez comprendemos mejor, por tanto, que lejos del carácter impecable que intentan vendernos desde las clases dominantes, se impuso un modelo de transición, promoviendo un punto de equilibrio interesado entre la estabilidad del antiguo régimen y sus prácticas fascistas, y el proceso de cambio y apertura hacia un sistema democrático de bajo nivel, de baja intensidad, donde pervivieran aún las fuerzas vivas y los poderes fácticos procedentes de la dictadura. Mirándolo desde este punto de vista, es lógico deducir que la fórmula en que fue planteada la Transición impidió un verdadero desmontaje de la dictadura. Y por ello, aún vivimos sumergidos en un postfranquismo económico y social muy potente. Aún seguimos dominados y controlados por los familiares y descendientes de políticos franquistas, y aunque las nuevas generaciones sean ideológicamente más aperturistas, acaban copando todos los lugares estratégicos de decisión política, económica, administrativa, judicial y de los medios de comunicación y grandes empresas. El control de las clases dominantes y de sus estamentos de poder es aún muy fuerte. Con lo cual, una posible revisión profunda de nuestro pasado, al modo en que lo han hecho otros países, sigue siendo aún un tema tabú en nuestra sociedad. Pero no se trata sólo de esto. Seguimos, en pleno siglo XXI, incumpliendo con total descaro leyes, convenios, recomendaciones, tratados y normas internacionales (sobre derechos humanos, sobre torturas, sobre memoria histórica, etc.), y aquí no pasa nada.

 

Nos han sancionado un montón de tribunales y organismos internacionales, pero nuestros gobernantes ignoran todas sus sentencias. Y esta es la explicación de que (al igual que por ejemplo para los desahucios) las autoridades y las administraciones se tomen pocas molestias en garantizar los derechos humanos, criminalizar a los culpables, e impartir justicia y reparación para las víctimas. Y a estas alturas, desgraciadamente, vivimos en una sociedad que aún no ha llegado a comprender que no podemos tener democracia si tenemos a gente enterrada en fosas comunes, en las cunetas, si tenemos a miles de ciudadanos/as que aún siguen buscando su identidad, si la gente es torturada impunemente en dependencias policiales, o si la gente es detenida, procesada o encarcelada por defender los derechos humanos (reunión, opinión, asociación, manifestación...), la paz o la justicia, o si no se les garantiza a las personas la completa satisfacción de sus necesidades básicas. No podemos hablar y afirmar a la ligera que disfrutamos de un sistema democrático si aún poseemos todas estas carencias sociales, todas ellas derivadas de no haber superado el franquismo, aquél fantasma terrorífico que recorrió España durante más de cuarenta años. Expondremos sólo la última muestra de crítica que hemos recibido desde la ONU, por mantener un patrón de impunidad sobre las desapariciones del franquismo. Lo relataba recientemente Sofía Pérez Mendoza para el medio eldiario.es, artículo al que remitimos a nuestros/as lectores/as, y del que tomamos la siguiente información. Por enésima vez, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de la ONU considera que nuestro país ha hecho pocos avances en la implementación de las recomendaciones que sobre el particular le había hecho el citado grupo. 

 

De esta forma, la ONU vuelve a tirar de las orejas al Gobierno español por seguir ignorando las recomendaciones que se le hicieron cuando dicho Grupo de Trabajo visitó España en el año 2013. En un reciente informe del 7 de septiembre, los expertos se muestran preocupados al "constatar que la mayoría de las recomendaciones para que los familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura puedan tener acceso a la verdad, a la justicia y a reparaciones no han sido plenamente implementadas", lo que mantiene a los descendientes de las víctimas "librados a su propia suerte". Y continúa el citado informe: "Se observa con preocupación la permanencia de un patrón de impunidad (...) contrario a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España". Se critica por este Grupo la falta de acción de los tribunales españoles en este sentido. Asegura la ONU en el documento de seguimiento remitido al Gobierno que no sólo el Estado está faltando en su obligación de investigar las desapariciones forzadas, sino que, además, se dan "constantes obstrucciones al procedimiento judicial excepcional llevado a cabo por la justicia argentina". Se refiere a la querella contra el franquismo conducida por la jueza argentina María Servini de Cubría, que dictó en 2014 una orden internacional de detención preventiva y extradición contra el ex Ministro franquista Rodolfo Martín Villa (y otros 19 imputados por crímenes durante la dictadura y la Transición) que hoy, tres años después, no se ha hecho efectiva. A este bloqueo judicial, argumenta el citado informe, ha contribuido el Estado Español con decisiones como la que tomó la Audiencia Nacional cuando denegó un exhorto diplomático librado el 23 de junio de 2016 para interrogar a varios encausados (entre ellos Martín Villa) sobre un "pliego de preguntas". De hecho, el ex Ministro franquista ha logrado finalmente su propósito de viajar a Buenos Aires para declarar sin riesgo de ser detenido. 

 

Este Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU, que lleva comunicándose con España desde el año 2002, enfoca las críticas más duras al Gobierno del PP por "no actuar con la debida urgencia y celeridad, ni asumir un rol de liderazgo para asegurar una política de Estado en este tema, como se había recomendado en el informe de visita". Se refiere en concreto, y no es la primera vez, a la financiación de exhumaciones y procesos de identificación de los restos, para que "éstos no dependan exclusivamente de algunas Comunidades Autónomas, así como de particulares o asociaciones privadas". Y el caso es que desde que Rajoy llegó al Gobierno en 2011, los Presupuestos Generales del Estado no han destinado ni un sólo euro (cosa de la que además Rajoy se jacta incluso en público) a cuestiones relacionadas con la Memoria Histórica, pese a que existen una serie de obligaciones recogidas en la ley de 2007, cuya existencia recuerda además el propio informe de la ONU. Entre las medidas puestas en marcha por el Gobierno del ex Presidente Zapatero  y que ahora se encuentran sin suerte de continuación está el mapa de las fosas comunes, que lleva desde el año 2011 sin actualizarse. Este registro contabilizaba entonces unas 2.000 fosas sin abrir, aunque estos datos les parecen muy optimistas a las asociaciones de víctimas y memorialistas. La lista que recibió el ex juez Baltasar Garzón para estudiar si era competente o no para investigar los crímenes del franquismo alcanzaba los 130.000 desaparecidos. El informe también hace mención al Valle de los Caídos, y lamenta que el Estado haya hecho caso omiso a las "recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión de Expertos para el Valle de los Caídos de 29 de noviembre de 2011". El Congreso de los Diputados instó en el pasado mes de mayo a exhumar de allí los restos del dictador, con la oposición (por motivos muy distintos) del PP y de ERC. Continuaremos en siguientes entregas.

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