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9 noviembre 2011 3 09 /11 /noviembre /2011 00:00

Continuando con las propuestas enmarcadas en la Revolución Ambiental, relataremos en este artículo las relativas al Transporte y la Movilidad Sostenibles, así como las relativas a la gestión pública del agua. De todos modos, queremos anunciar a los lectores que incluso después de las Elecciones Generales del 20-N, continuaremos con la publicación no sólo de los planteamientos de las 7 grandes revoluciones (de cara a una continuidad del proceso de Convocatoria Social), sino también de otros aspectos del Programa Electoral de IU y del Programa para la Juventud.

 

transporte_sostenible.JPGEntrando en materia, diremos que la función del transporte es garantizar la accesibilidad a los bienes, servicios y contactos con las demás personas, independientemente del lugar donde vivan, renta, edad o género. Pensando en un sistema de transporte y movilidad sostenible, debemos ser capaces de crear la máxima accesibilidad con la mínima movilidad (es decir, sin generar más movilidad que la necesaria), con un sistema de transporte universal y público.

 

La época de energía barata ha provocado una forma de vida basada en el “más rápido y más lejos”, incrementando los desplazamientos de personas y mercancías y las distancias recorridas en cada desplazamiento, por lo cual se ha incrementado la movilidad. Nosotros apostamos por que:

 

1.- El ferrocarril es el modo de trasporte público colectivo que, junto a la marcha a pie y la bicicleta, nos puede ayudar a reducir las emisiones.

 

2.- Es necesario sustituir los desplazamientos realizados en los medios de transporte de mayor impacto (automóvil) por desplazamientos en transporte público colectivo, y reducir la demanda de desplazamientos. Para ello planteamos tres estrategias: reducir la necesidad de desplazamientos de grandes distancias, crear condiciones para los desplazamientos a pie y en bicicleta, e implantar transporte público colectivo entre todos los núcleos urbanos y estaciones ferroviarias.

 

3.- A pie, en bicicleta y en tren normal, como modos y medios de transporte fundamentales, y automóvil, moto, furgoneta, camión, autobús, avión, tren de alta velocidad (AVE), como modos y medios complementarios.

 

Y en cuanto al otro tema que nos abordaba, lo que entendemos es que el agua es un bien común que debe gestionarse como un recurso público no mercantil, un bien universal con acceso garantizado como un derecho humano. La nueva cultura del agua reclama el principio de la recuperación de costes, incluidos los ambientales en todos los servicios relacionados con el agua, según la Directiva Marco del Agua.

 

El agua es más que un recurso aprovechable, es un bien público, una parte del paisaje y el elemento fundamental para el soporte de la vida y los ecosistemas. En este sentido, una política de uso social, racional y sostenible del agua debe primar la eficiencia, el ahorro, la reutilización y la depuración integral; y mantener la capacidad de renovación de los ríos, humedales, aguas costeras de transición, y acuíferos, asegurando los caudales ecológicos y los planes de cuenca.

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8 noviembre 2011 2 08 /11 /noviembre /2011 00:00

Voy a trasladar a los lectores en dos artículos el Plan Trienal de Empleo propuesto por Izquierda Unida y su coalición electoral para el 20-N, plan que ha sido sometido para su aprobación y sugerencias a la Convocatoria Social, e incluido finalmente en el Programa Electoral. Antes que nada quiero decir que es un plan realista, objetivo, y absolutamente lleno de propuestas concretas, completamente documentadas, no sólo en cuanto a su intencionalidad, sino en cuanto a su financiación. Nos diferenciamos claramente de otras opciones políticas que sólo enuncian sus intenciones en esta materia, cuando no sus "aspiraciones" (recuérdese la famosa declaración de Esteban González Pons en este aspecto).

  

Desde la izquierda, como no podía ser de otra manera, reclamamos que en la próxima legislatura, EL EMPLEO ESTÉ POR ENCIMA DE TODO. Sabemos que es un eslógan ya enunciado por otras fuerzas políticas, pero como ya hemos indicado muchas veces, a nosotros nos diferencia la forma en la que entendemos el empleo, refiriéndonos siempre a un empleo digno y de calidad, no a un empleo precario, como defienden las fuerzas neoliberales que nos han gobernado hasta ahora. El empleo por encima de todo significa:

  

1.- Crear empleo desde el ámbito público. 

 

2.- Redistribuir y racionalizar el empleo existente.

 

3.- Apoyar a las pequeñas empresas y autónomos para que estén en condiciones de crear empleo.

 

plan_empleo_1.jpgLas medidas que proponemos constituyen un Plan Trienal de Empleo 2012-2015, constituido por un Plan de Choque para el año 2012, primer año de la legislatura, y dos Planes de Ampliación para los años 2013 y 2014.

 

El objetivo es reducir el desempleo en el conjunto del período hasta el 8% de la población activa (cifra ligeramente inferior a la del inicio de la crisis). En total, representa la creación de 3 millones de puestos de trabajo. El Plan de Choque para el año 2012 requiere una inversión de 40.000 millones de euros.

 

Los Planes de Ampliación se financiarían con los retornos de ingresos públicos producidos por la aplicación del Plan de Choque 2012. Los retornos vía IRPF, cotizaciones sociales, otros impuestos y ahorro en prestaciones de desempleo pueden estimarse en unos 20.000 millones de euros.

  

I.- Plan de Choque por el Empleo 2012

 

Su objetivo es reducir en un año la tasa de desempleo en 6 puntos (es decir, crear un total de 1,5 millones de puestos de trabajo durante el primer año de la próxima legislatura).

 

Transcurrido el primer año se reevaluaria la aplicación del Plan; se prorrogarían los programas no suficientemente desarrollados y se planificarían en concreto los Planes de Ampliación en función de la experiencia de ejecución.

 

El Plan de Choque por el Empleo 2012 comprende:

 

1.- Crear empleo desde lo público, con especial atención al empleo juvenil:

 

a. Plan de Empleos Verdes que comprende reforestación, explotación y mantenimiento de superficie forestal:

 

Empleos: 300.000

Inversión: 10.500 mill. €

 

b. Programa de rehabilitación sostenible de viviendas residenciales:

 

Empleos: 200.000

Inversión: 3.000 mill. €

 

c. Plan de Empleos Sociales, para asegurar el pleno desarrollo de la Ley de Dependencia y mejorar salud, educación (especialmente de 0 a 3 años) y determinados servicios de la Administración:

 

Empleos: 170.000

Inversión: 6.000 mill. €

 

2.- Un Plan de Formación/Empleo para atender la situación de parados que hayan agotado sus prestaciones. En colaboración con los Ayuntamientos y combinando trabajo y formación:

 

Empleos: 350.000 (incluye 20.000 formadores)

Inversión: 4.500 mill €.

 

3.- Reducir por Ley la Jornada Laboral a 35 horas (manteniendo igual retribución), en el marco de un Programa de Redistribución del Trabajo, reducción de la jornada laboral, racionalización de los horarios, reparto del trabajo y conciliación efectiva de la vida laboral y familiar.

 

a. La compensación de la reducción de jornada en las empresas y las Administraciones Públicas generaría 400.000 puestos de trabajo, según nuestras estimaciones.

 

b. Para ayudar a la pequeña y mediana empresa y a los trabajadores autónomos a crear el empleo compensatorio derivado de la disminución de la jornada laboral, se establece una exención de las cotizaciones patronales a la Seguridad Social por un importe de 8.000 millones de euros:

 

Empleos: 400.000

Inversión: 8.000 mill. €

 

4.- Un Acuerdo-Marco con empresas suministradoras de servicios básicos (agua, gas, electricidad, etc.):

 

Empleos: 50.000

Inversión: privada

 

5. Un Plan de Inversión en infraestructuras de proximidad:

 

Empleos: 80.000

Inversión: 7.000 mill. €

 

Continuaremos en el segundo artículo de esta serie con el resto de las propuestas relativas a nuestro Plan de Empleo.

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7 noviembre 2011 1 07 /11 /noviembre /2011 00:00

Continuamos en este artículo con las propuestas de Planificación Urbana, concretamente con las ligadas al Alquiler Social de la Vivienda, dentro de las propuestas incluidas en la Revolución Ambiental. Enmarquemos de entrada el tema de la vivienda como un derecho constitucional, fuera de todo negocio, y fuera de todo proceso especulativo, como se ha venido planteando hasta ahora, razón por la cual además la tasa de deshaucios en España se ha elevado tanto últimamente. Por tanto, es otro sector donde el Estado y la iniciativa pública deben intervenir decididamente. 

 

vivienda_1.JPGEn este sentido, pensamos que es necesario democratizar la ordenación del territorio y establecer su planificación política con participación del tejido social, que defina las necesidades industriales, agrícolas, ganaderas, turísticas, de servicios, etc. Debemos favorecer estrategias para generar una red de ciudades medias y un mundo rural productivo, y para evitar la concentración de grandes aglomeraciones urbanas, que son insostenibles.

 

La ciudad es un espacio de relación, de encuentro entre las personas, donde es importante definir la localización de las viviendas, las actividades productivas y las infraestructuras, los usos del suelo, la proximidad y accesibilidad a los bienes, servicios y contactos con las demás personas, y la protección del medio físico.

 

Como ya comentábamos en nuestros artículos titulados "La cadena de producción", el capitalismo ha generado procesos de polarización social y de polarización territorial, es decir, territorios de acumulación de capital, población y medios de producción, frente a zonas destinadas a la explotación de los recursos naturales y al vertido de residuos.

 

Mientras la concentración financiera y empresarial se efectuó bajo el prisma de la "competitividad", en la política territorial se aludía a la competitividad entre ciudades, pueblos y territorios, relacionándola con el comercio internacional para promover el desarrollo. Pero la realidad ha sido muy diferente, y la urbanización intensiva ha mostrado sus efectos más negativos: sobreexplotación de recursos, saturación de sumideros, exceso en el consumo de energía y cambio climático.

 

vivienda_2.jpgParecería lógico que las economías de aglomeración, las economías de escala, favorecieran, frente a la dispersión rural, menores agresiones ambientales en la edificación, la construcción de infraestructuras, transporte y distribución de energía. Pero es todo lo contrario. En el transporte la efectividad depende del uso del suelo y de la proximidad de las viviendas a los lugares de trabajo, estudio, compras, servicios, etc., dependiendo mucho más de esto que de las infraestructuras o las características tecnológicas de los vehículos...Por tanto, y concretando:



1.- La ciudad debe ser compacta, equilibrada, destinada a la vida social, diseñada de forma participada y con criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental, donde además se garantice la calidad de vida, la libertad y el ejercicio de los derechos humanos desde la corresponsabilidad, recuperando espacios para un proyecto de libertad, solidaridad y responsabilidad ecológica. Se trata de configurar ciudades para vivir, con un óptimo equipamiento colectivo, dotadas de servicios públicos de calidad y amplias zonas verdes que unan campo y ciudad.

 

2.- El alquiler social es el principal camino para la satisfacción del derecho constitucional a la vivienda. La crisis económica que sufrimos desde 2007 ha hecho que el número de desahucios supere las 140.000 viviendas. La ONU asegura que los embargos en España fueron en 2010 un 197% más que los de 2007, y que 180.000 familias fueron afectadas por este fenómeno en 2009. En especial, aquellas familias en las que uno o varios de sus miembros estaban en paro o habían agotado la prestación por desempleo. Con los desahucios se niega expresamente el derecho a la vivienda establecido en la Constitución, al poner por delante los derechos al beneficio de la entidad financiera o de la propiedad del inmueble.

 

Paradójicamente, hoy existen en el territorio español 4.000.000 viviendas vacías, siendo un millón de ellas viviendas nuevas. El conflicto está servido, pero tenemos la solución en nuestras manos. Sólo hace falta, como siempre, una buena dosis de voluntad política para querer abordarlo en serio.

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4 noviembre 2011 5 04 /11 /noviembre /2011 00:00

Comenzamos en esta entrega número 12 de la serie de artículos titulados "Las 7 revoluciones necesarias" con la tercera de ellas, la Revolución Ambiental, una vez que ya hemos finalizado con las dos primeras revoluciones, la Económica y la Democrática.

 

Recuerdo a mis lectores que todo esto se enmarca en las propuestas iniciales de Programa Electoral que la coalición Izquierda Unida está realizando para llevarlas como guión de propuestas a la Convocatoria Social, que puede sufrir (y de hecho está sufriendo) muchas y nuevas aportaciones de la base social convocada, afín a la izquierda política de este país, o bien simplemente que se rebela ante el actual estado de cosas en nuestra sociedad, y quiere aportar ideas y soluciones para una salida social y por la izquierda (la única salida posible para nosotros) de la crisis.

 

revolucion_ambiental.jpgCentrándonos ya en la revolución que nos ocupa, que iremos desarrollando a través de varios artículos, lo primero que hemos de hacer es cambiar las tendencias de creciente consumo de recursos naturales, de incremento de emisiones de gases con efecto invernadero y aumento de trabajo en precario, para lograr el desarrollo social y ecológicamente sostenible, dentro de un modelo económico concebido para atender las necesidades básicas de los seres humanos. Precisamos una sociedad que impulse el desarrollo humano, un territorio que cumpla sus funciones y una relación de los seres humanos con la naturaleza que garantice la integridad de los ecosistemas.

 

Para ello es fundamental la propiedad y la gestión pública de los recursos naturales estratégicos: agua, energía, aire y suelo, evitando que se conviertan en mercancías. Se han de impulsar las energías renovables, el “empleo verde” y el apoyo a nuevas fórmulas de economía solidaria.

 

Tenemos que cambiar las reglas de juego de los sistemas de valoración de bienes y servicios y de financiación, para evitar que estos métodos sigan estableciendo una separación cada vez mayor entre las grandes aglomeraciones urbanas, o los estados industrializados (que actúan como núcleos de atracción de población, capitales y recursos), y el mundo rural, o el Tercer Mundo, que se han convertido en áreas de apropiación de recursos y vertido de residuos. A los lectores interesados en una mayor información sobre todo este proceso, los remito a mi serie de artículos bajo el título "La cadena de producción", "El Consumo Responsable" y "El Comercio Justo".

 

Es preciso replantear en su raíz la contabilidad del sistema económico y usar la “Huella Ecológica”, el Índice de Progreso Efectivo o el Índice de Desarrollo Humano. Los tributos ambientales son parte de la necesaria reforma de la contabilidad con criterios ecológicos, y de una nueva orientación del gasto público. Esta fiscalidad verde no tiene por finalidad la recaudación, sino incentivar cambios profundos en la producción, distribución y consumo, de tal forma que debe gravar las actividades que perjudican el medio ambiente, e incentivar las que tengan efectos favorables para el mismo.

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3 noviembre 2011 4 03 /11 /noviembre /2011 00:00

Quiero hablar en este artículo, ahora que se acerca la fecha de una convocatoria electoral, y de las más importantes (unas Elecciones Generales), de la importancia de un Programa Electoral, del compromiso que supone frente a la ciudadanía que una Organización Política se presente a un proceso de elecciones con un Programa Electoral...¿y si gana? ¿Y si consigue gobernar? ¿Qué ocurre con el Programa Electoral? Parece ser que estamos acostumbrados a que una cosa es lo que se propone en un Programa Electoral, para que quede bonito y pueda captar votos en uno u otro sector, y otra cosa es lo que realmente se hace cuando se llega al Gobierno, cuando los políticos tienen de verdad la obligación de llevar a cabo todas las medidas que han propuesto en su programa.

 

programa_electoral.jpgEl caso más claro del poco respeto que se le tiene a un Programa Electoral y a la ciudadanía, lo tenemos en los dos grandes partidos de nuestro arco parlamentario, el PP y el PSOE. Al Partido Popular ni se le conoce programa ni propuesta alguna, pues siempre que se le pregunta por propuestas concretas, evaden la respuesta. Sospechamos que el PP mantiene en su Programa Electoral unas medidas "edulcoradas" de lo que de verdad se propone hacer, simplemente porque son medidas tan impopulares (en contra de su nombre) que si las fueran proponiendo a las claras restarían muchos más votos. El otro caso lo tenemos en el PSOE, donde el actual candidato Rubalcaba pregona ahora programas, políticas y medidas de izquierda, cuando han tenido los 8 últimos años (y eso sin contar con los años de Felipe González) para hacerlas, y han practicado justamente las políticas contrarias. Y yo me pregunto, ¿qué credibilidad puede ofrecer su Programa Electoral? Ninguna.

 

Efectivamente, desde la izquierda creemos en el compromiso que representa para una Organización Política su Programa Electoral. Para nosotros no es un canje de tales puntos por otros, ni una moneda de cambio para poder conseguir más o menos poder, o más o menos representantes en las Instituciones. De hecho, siempre nos hemos referido a nuestro Programa Electoral a la hora de negociar con otras formaciones políticas, y hemos optado por dejar que gobierne la opción más votada, que es a la que legítimamente le corresponde hacerlo. Porque un Programa Electoral es algo muy serio.

 

En un Programa Electoral se marcan los objetivos de gobierno para los próximos cuatro años, y a ellos debe ceñirse, aunque el proyecto político de que se trate (como el nuestro, de transformación política profunda, desde los pilares de la economía hasta la organización del Estado) sea un proyecto a mucho más largo plazo. Incluso estamos de acuerdo con la limitación de mandatos de los Presidentes, a una o dos legislaturas, porque entendemos que un proyecto político puede llegar mucho más allá que un determinado Presidente, equipo de Gobierno, o legislatura, ya que se enmarca para su culminación completa en un período de tiempo mucho mayor. Y mucho más en nuestro caso si cabe, pues si ganara una opción política de auténtica izquierda, como la que representa Izquierda Unida, tendría que desandar el camino de toda la política conservadora y neoliberal que se ha venido practicando hasta ahora. 

 

Pero como decimos, un Programa Electoral es un gran compromiso con toda la ciudadanía, con los votantes y con los no votantes, y los partidos debieran tomáselo más en serio. En mi opinión, y dado que abogamos por la Democracia Participativa, debiéramos exigirle a los políticos un cumplimiento casi íntegro del Programa Electoral (pongamos del orden de un 80-85% de la totalidad del Programa), pues de lo contrario dicho gobierno debería ser censurado. De esta manera conseguiríamos que las Organizaciones Políticas se tomaran mucho más en serio sus programas, y no propusieran muchas cosas que no pueden cumplir, con el objetivo de conseguir más votos.

 

Es decir, después de disolver el Parlamento ante una próxima cita electoral, el Gobierno de turno debería dejar su evaluación a los ciudadanos, para que sean éstos los que determinen el grado de compromiso del Programa Electoral que se ha cumplido y el que no, para poder demandarlo. Esto podría realizarse a través de una Comisión Ciudadana multidisciplinar encargada de ello, y que realizara su trabajo con total autonomía. Es un  principio básico de la Democracia, que es el gobierno del pueblo, pero también es un principio básico de la dignidad humana, del honor y de la honestidad, y del profundo respeto al ciudadano que la clase política ha de profesar.

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2 noviembre 2011 3 02 /11 /noviembre /2011 00:00

En este artículo vamos a finalizar con las propuestas enmarcadas en la segunda gran revolución (Democrática), hablando sobre la Laicidad del Estado. El laicismo supone la existencia de las condiciones políticas, jurídicas y sociales que permiten garantizar el derecho al pleno ejercicio de la libertad de conciencia en cualquiera de sus manifestaciones y en un plano de igualdad.

 

Tal como intento significar en la figura adjunta, lo que pensamos desde la izquierda es que Religión y Política han de estar completamente separadas, y que mientras que la Política es algo público que rige los destinos de ciudadanos, países y estados, la Religión es algo privado que concierne únicamente al ámbito del dogma de fe. Por tanto, no sólo es que no se puede imponer la Religión en el plano público, sino que no se puede apoyar, incitar, privilegiar, ni siquiera mencionar. Mi opinión personal es que tendríamos que ampliar la actual Ley de Partidos, de tal manera que igual que prohíbe que se apoyen tácita o expresamente actividades terroristas, se debería prohibir también cualquier intento de basar el programa político en ideas religiosas, que ni tan siquiera se debieran mencionar. Como ejemplo, simplemente porque un partido político se denominara "Acción Demócrata Católica" debiera ilegalizarse inmeditamente.

 

Evidentemente, laicidad.jpghoy en día no existen tales condiciones porque el carácter aconfesional del Estado aludido en la Constitución Española de 1978 viene negado con la afirmación del Art. 16.3 de que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Esas relaciones se sustentan en: Concordato del año 1953, los Acuerdos con la Santa Sede en 1979, y en la Ley de Libertad Religiosa de 1980, que amparan subvenciones, privilegios fiscales, presencia y simbología religiosa en Instituciones públicas...,negando el principio de separación entre Iglesias y Estado. Por todo lo cual, y dado el actual panorama, proponemos las siguientes medidas:

 

1.- Eliminar cualquier tipo de financiación pública, exención fiscal o administrativa, donación de suelo público o subvención directa a Instituciones Religiosas (de cualquier confesión).

 

2.- Suprimir todo tipo de simbología religiosa en los actos y espacios públicos.

 

3.- Los actos confesionales no tendrán carácter “oficial”. Ningún funcionario público participará en ellos con su condición de tal. No debe haber ninguna ostentación de fe en la Jefatura del Estado.

 

4.- Respetar en la escuela el pluralismo ideológico y la libertad de conciencia de alumnado y profesorado, suprimiendo el adoctrinamiento religioso o la exhibición de símbolos confesionales. La formación religiosa, para quien la desee, debe quedar fuera de la enseñanza oficial.

 

5.- No puede haber financiación pública para los centros educativos con ideario religioso u otro que  suponga exclusión y segregación ideológica o de cualquier otro tipo para el alumnado.

 

6.- Suprimir la obligación de declarar sobre las creencias, o sobre la ausencia de ellas, en cualquier tipo de documentación civil.

 

7.- Excluir de los centros públicos la presencia institucional de clérigos.

 

8.- Facilitar que cualquier ceremonia civil pueda celebrarse dignamente, al margen de cualesquiera connotaciones religiosas.

 

Para fortalecer la convivencia en un plano de igualdad también reivindicamos los siguientes cambios: incorporar las conmemoraciones civiles al calendario laboral y escolar, permitir designar con nombres de personas ilustres de todas las tradiciones al callejero municipal, usar denominación neutra de las vacaciones escolares, y fomentar la igualdad de acceso a los medios de comunicación públicos, eliminando el privilegio de trato concedido a sectores confesionales. Para los lectores interesados en ampliar este tema, les remito a mi serie de artículos denominados "Caminando hacia un Estado Laico", del cual he publicado algunas entregas en este mismo Blog.

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1 noviembre 2011 2 01 /11 /noviembre /2011 00:00

Por mi condición de profesor, es un tema (ya lo hemos tratado en otros artículos de este Blog) que trato con especial cariño, éste de la Educación Pública, pues me parece pilar fundamental de todas las sociedades justas y avanzadas, y ha de ser considerada al más alto nivel de las inversiones públicas del Estado. En ese sentido, los recortes educativos que se están perpetrando en los últimos meses en diferentes Comunidades Autónomas, con el pretexto de la crisis y el control del déficit, están suponiendo el mayor ataque a la educación pública desde la dictadura franquista.

 

educacion_publica.JPGSemejantes ataques al servicio público educativo han tenido graves consecuencias para el normal inicio del curso, especialmente en Educación Secundaria, y han desencadenado una gran movilización del profesorado, ampliamente apoyado por la comunidad educativa y por la ciudadanía en su conjunto, como lo demuestran las masivas manifestaciones celebradas en Madrid, Navarra, La Coruña, Toledo y en otras muchas ciudades del Estado. A ello se suma la convocatoria de huelgas, encierros, concentraciones y otras acciones reivindicativas en los propios centros, o en los barrios y plazas de múltiples ciudades.

 

Por recordar la secuencia de hechos ocurridos, inició la ofensiva el gobierno de CiU en Cataluña con una disminución cercana al 8% del presupuesto de educación, recortando el gasto corriente en los centros y poniendo en peligro miles de empleos. Y posteriormente en Madrid, el gobierno de Esperanza Aguirre ha llevado a cabo un despido masivo de personal interino (más de 3.000 docentes), al proponer elevar de 18 a 20 el número de horas lectivas del profesorado, a la par que ha intentado desacreditarlo con insultos y burdas mentiras sobre su jornada de trabajo (que incluso se vio obligada a desmentir, ante la avalancha de críticas suscitada).

 

Recordemos sus ignorantes y despreciativos comentarios, aludiendo a que "la inmensa mayoría de los madrileños trabajan más de 20 horas a la semana", queriendo trasladar la idea de que no se les estaba pidiendo un gran esfuerzo, pero ocultando que realmente lo que conlleva dicha medida es dejar sin trabajo a miles de profesores interinos, con el agravante además de que se deja a miles de estudiantes sin clases de apoyo, tutorías o refuerzos, o bien se impone la necesidad de que muchos profesores tengan que impartir materias que no son para nada afines a sus especialidades, como que por ejemplo, un Profesor de Plástica tenga que impartir Nuevas Tecnologías.

 

Aún hoy día, tanto Esperanza Aguirre como su Consejera de Educación, Lucía Figar, siguen manteniendo el argumento de que no se están implantando recortes en la Educación Pública madrileña. Asímismo, otros gobiernos autonómicos, como Galicia, Navarra o Castilla-La Mancha, han adoptado medidas que conducen al despido de miles de docentes. Si se llevan a efecto todos los recortes anunciados en el conjunto de las CC.AA., se privará a la escuela pública de unos 15.000 profesores, además de imponerle una importante reducción en el gasto corriente de los centros.

 

Y simultáneamente a todo ello, se apoya con total descaro a la enseñanza privada, tomando medidas tan escandalosas como las protagonizadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que con su imparable tendencia a privatizar la educación, ha aprobado nuevas subvenciones millonarias a la patronal de la Escuela Concertada para supuestas actividades extraescolares, así como cuantiosas desgravaciones fiscales a quienes optan por llevar a sus hijos a colegios privados.

 

Y no olvidemos que no es la primera vez que Esperanza Aguirre hace propuestas de este tipo ligadas al campo educativo, pues algunos meses atrás ya había propuesto la implantación de unas Escuelas de Élite, con centros físicamente separados del resto, para segregar al alumnado de mayor inteligencia y/o aprovechamiento. El coste de estos recientes regalos, que supera con creces el tijeretazo impuesto a la educación pública madrileña, permitiría renovar el contrato a los miles de interinos que ha dejado en la calle, y mantener la oferta y servicios educativos que venían prestando los centros públicos de la Comunidad de Madrid.

 

Por tanto, lo que queremos denunciar desde la izquierda es esa falacia que nuestros gobernantes se empeñan en mantener, de que los recortes vienen dados por la necesidad: NO ES CIERTO, los recortes se aplican como una opción política, se aplican en función de aquéllo que se considera más o menos importante, o de aquéllo que se quiere apoyar o descartar.

 

Desde la izquierda nos sentimos comprometidos con la defensa de todos los servicios públicos, y en consecuencia como firmes defensores de la Escuela Pública, única garante del derecho a la educación de todos y todas en condiciones de igualdad. Por todo ello:

 

1.- Rechazamos los recortes educativos que están imponiendo los gobiernos de múltiples Comunidades Autónomas, ante la total pasividad del Gobierno Central, y exigimos una salida social de la crisis que en ningún caso disminuya la calidad de servicios públicos básicos como el educativo, cuyo coste no es un gasto, sino una inversión de carácter prioritario.

 

2.- Apoyamos las reivindicaciones del profesorado en defensa de sus derechos, y nos manifestamos rotundamente en contra del despido masivo de personal interino, cuya labor resulta imprescindible para atender adecuadamente al alumnado que más lo necesita, y asegurar la calidad de la enseñanza pública. Por ello exigimos que se abra un proceso de negociación sindical, al objeto de facilitar el acceso a la estabilidad laboral del personal interino.

 

3.- Exigimos a todas las Administraciones Educativas el debido respeto hacia todas las organizaciones y plataformas sociales que vienen defendiendo la escuela pública desde hace décadas. Y denunciamos también todas las campañas de intoxicación y persecución a organizaciones representativas del profesorado y de las madres y padres de la escuela pública, como viene protagonizando la misma Presidenta de la Comunidad de Madrid y los medios a su servicio.

 

4.- Nos sumamos a las movilizaciones en marcha en defensa de una educación pública de calidad de todos/as y para todos/as, y animamos a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general a participar activamente en ellas.

 

5.- Reclamamos la intervención directa y al más alto nivel de quienes deben velar por garantizar, en todo el territorio nacional, una educación pública de calidad en condiciones de igualdad, impidiendo que se deriven más fondos públicos a entidades privadas en detrimento de la enseñanza pública, o que se bonifique a quienes pueden y quieren escolarizar a sus hijos en centros privados de unas u otras características.

 

6.- Por último, pero no menos importante, reclamamos la eliminación en el ámbito de la escuela pública de todo lo que tenga que ver con el adoctrinamiento o las enseñanzas de tipo religioso, la supresión de toda la simbología religiosa, la eliminación de la asignatura de religión, y de todas las subvenciones públicas a cualesquiera Ordenes Religiosas, comenzando por la Iglesia Católica, y reclamamos la implantación de todas las medidas que nos conduzcan por fin a una Escuela Laica.

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31 octubre 2011 1 31 /10 /octubre /2011 00:00

Continuando con los temas relativos a la Revolución Democrática, hablaremos en el presente artículo sobre las medidas que proponemos para avanzar hacia una Democracia Plena, es decir, la implantación de lo que nosotros consideramos un Sistema Democrático Completo, basado en el pilar de la Participación Ciudadana, lejos de la simple representación (hoy en día no tenemos ni esto siquiera, pues nuestras Instituciones y las europeas no representan a la ciudadanía, sino a otros intereses). Parece mentira, pero estamos aún peor, en cuanto a Democracia Representativa y Participativa se refiere, a como estábamos en las primeras Elecciones de la Democracia, en 1977, cuando nos cantaban el famoso eslogan de "Habla, pueblo, habla".

 

Desde la izquierda proponemos el Estado Social Participativo que, manteniendo la centralidad de lo público, promueva el interés colectivo, la equidad y la solidaridad con vocación de superar los rígidos esquemas burocráticos del Estado del Bienestar, mediante la descentralización del poder y la articulación de mecanismos participativos que permitan un proceso de toma de decisiones más coproducido, más consensuado con los propios ciudadanas y ciudadanos.

 

democracia_participativa.jpgUn modelo de democracia avanzada necesita una sociedad civil fuerte y vertebrada, en la que las organizaciones y colectivos sociales contribuyan a la democratización y transformación de la sociedad.

 

Se trata de avanzar hacia un modelo de Democracia Participativa, que ponga a los ciudadanos en el centro de la política y posibilite su participación en las decisiones de los Gobiernos, en la planificación y ejecución de las políticas públicas y en la gestión de los servicios públicos. Para ello es imprescindible extender la democracia participativa a las empresas públicas y privadas. Queremos cambiar la tendencia actual neoliberal de convertir a los ciudadanos en sujetos pasivos y acríticos, cuyo papel social es el de simples “consumidores” de servicios. Desde este punto de vista, la participación requiere:

 

1.- Potenciar la organización de la sociedad civil.

 

2.- Mecanismos de participación a todos los niveles de la esfera pública.

 

3.- Adecuar la estructura y el funcionamiento de las Administraciones Públicas al proyecto participativo.

 

4.- Fomentar la participación de las mujeres para asegurar una democracia paritaria. Paridad en los ámbitos de representación.

 

5.- Fomentar espacios públicos para la participación.

 

6.- Crear instrumentos de evaluación de las políticas públicas.

 

Entendemos que se podría complementar la democracia participativa con la democracia deliberativa, y que algunas decisiones deban ser objeto de un debate general en toda la sociedad. La democracia participativa tiene que estar tamizada por el objetivo de perseguir el bien común. En este sentido, debe abordarse la reforma de los mecanismos de participación directa de los ciudadanos (Iniciativa Legislativa Popular, incluyendo la modificación de leyes orgánicas, Referéndum y consultas populares a nivel municipal), a fin de que puedan ser instrumentos adecuados, factibles y vinculantes para canalizar dicha participación.

 

Otro pilar de la participación ciudadana es la elaboración participada y consensuada de los Presupuestos, lo que nosotros denominamos los "Presupuestos Participativos", iniciativa que ya ha sido puesta en marcha en varios municipios con gran éxito, liderados por Izquierda Unida. Los Presupuestos Participativos por Ley deben:

 

1.- Ser autorreglamentados y vinculantes, con elección de delegados con mandato imperativo de la asamblea y democracia directa (un hombre o una mujer=un voto).

 

2.- Contar con espacios deliberativos previos al proceso asambleario.

 

3.- Establecer sistemas de seguimiento de lo aprobado y control social, es decir, establecimiento de rendición de cuentas.

 

4.- Ir encaminados a la inclusión social y a la superación de las desigualdades.

 

5.- Generar información para la aprobación del proceso por parte de la ciudadanía, poniendo al servicio del proceso a las Instituciones y a su maquinaria administrativa.

 

6.- Contemplar la perspectiva de género.

 

7.- Recuperar el papel de los barrios como célula básica de la actividad municipal, con la participación de los movimientos vecinales y sociales y en particular con las organizaciones de mujeres.

 

8.- Crear la figura del Defensor del Ciudadano, para agilizar la respuesta de los Ayuntamientos cuando la ciudadanía considere vulnerados sus derechos.

 

9.- Garantizar las consultas populares vinculantes.

 

Debemos fomentar la participación ciudadana en la gestión de los bienes y servicios públicos. Los bienes comunes exigen formas de propiedad pública socializada. Se trata de crear una nueva forma de gestión pública que permita a los ciudadanos participar en la elección de los modelos de organización, funcionamiento y definición de objetivos de los servicios públicos.

 

Y en cuanto a la Autonomía financiera de las administraciones locales, proponemos cumplir los pactos de la FEMP, en la política de los tres tercios, para hacer efectiva la suficiencia financiera de los Ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía, y garantizar la atención a los vecinos. Pedimos una Ley de Financiación Local que defina los recursos y las competencias de las administraciones locales.

 

Recomponer la actual estructura del gasto, que condena a las administraciones locales a una subfinanciación estructural que deja herida la autonomía local y a la prestación de servicios por los Ayuntamientos, los cuales asumen competencias impropias a causa de la presión social y la dejadez de las otras administraciones.

 

Por fin, proponemos avanzar de cara a racionalizar la estructura administrativa del Estado: eliminación de las Diputaciones Provinciales, y reducción del número de Ayuntamientos mediante procesos de fusión.

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27 octubre 2011 4 27 /10 /octubre /2011 23:00

Continuamos con nuestra serie de propuestas ligadas a la segunda revolución (Democrática), abordando en este artículo las propuestas encaminadas a acabar con la corrupción.

 

Efectivamente, la corrupción política es el mayor cáncer que conduce al descrédito de la clase política, y al desapego ciudadano con respecto a ella. Una buena limpieza en cuanto a los modos, formas y maneras de actuar en política, unidos a una mayor regulación sobre las prácticas, limitaciones e incompatibilidades de los cargos públicos, pueden ayudar a controlar este panorama. Para los lectores interesados, les remito a mis artículos sobre "La imagen de la clase política" publicados en este mismo Blog.

 

Creemos que la corrupción, como práctica moral degenerativa, no podemos soslayarla totalmente, pues depende de la propia naturaleza humana, pero sí que podemos combatirla desde el ámbito educativo, y desde un marco normativo completamente estricto, donde los potenciales corruptos no dispongan de ningún resquicio para el cultivo de sus actividades. Y no ya sólo estamos hablando de las prácticas de Falsedad Documental, Estafa en Documento Público, Tráfico de Influencias, etc., que son los delitos más típicos, sino que el marco normativo nos ha de llevar a un escenario donde las incompatibilidades en lo público sean mucho más exigentes de lo que son en la actualidad.

 

Por ejemplo, se acaba de aprobar en el Parlamento Andaluz que los alcaldes no puedan presentarse para diputados autonómicos, y lo mismo debiera extrapolarse para el resto de las cámaras, para que no se pueda dar la situación actual, donde nuestro Alcalde de Málaga va también en las listas para el Senado por el PP, igual que Alberto Ruíz Gallardón lo hace para el Congreso. Y no hablemos ya de casos como el de María Dolores de Cospedal, que acumula hasta tres cargos simultáneamente, pues comparte la Presidencia de Castilla-La Mancha con las responsabilidades en su partido.

 

Desde la izquierda corrupcion.jpgpensamos que la regeneración de la vida democrática sólo será posible:

 

1.- Reformando las formas de hacer política.

 

2.- Recuperando su concepción de debate de alternativas ante los grandes problemas.

 

3.- Frenando la tendencia a la autonomía de la denominada “clase política”.

 

4.- Reforzando las relaciones representantes-representados.

 

5.- Acercando el poder y la capacidad de decisión a los ciudadanos.

 

6.- Desarrollando los distintos sujetos sociales de la sociedad civil.

 

7.- Democratizando los aparatos e Instituciones del Estado.

 

8.- Anteponiendo la legitimidad y la razón jurídica a la razón de Estado y la corrupción.

 

9.- Dignificando la actividad pública.

 

Esta regeneración no será posible sólo con cambios legales o institucionales, deberá acompañarse de un cambio cultural y de una autorreforma de los propios partidos políticos. La corrupción es un cáncer para la democracia y causa de desprestigio de la política y lo público. Es un fenómeno estructural del capitalismo. La corrupción no es sólo un problema moral sino estructural con raíces económicas y sociales. La tolerancia social frente a la corrupción tiene que cambiar. Para ello proponemos las siguientes medidas:

 

1.- Medidas para asegurar el comportamiento ético de los cargos públicos: regulación estricta de incompatibilidades, medidas contra el transfuguismo, declarar los bienes patrimoniales, ley expropiatoria de bienes adquiridos mediante prácticas corruptas, etc. Los cargos públicos deben ser revocables.

 

2.- Reforma del sistema de elección de los órganos de gobierno de las Instituciones

en cuya determinación intervienen las Cortes Generales o los Parlamentos Autonómicos (p.e. el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Administración de RTVE, el Consejo de Seguridad Nacional, etc.) a fin de evitar las cuotas de partido y su permanente politización.

 

3.- Democratización del funcionamiento de las Cortes Generales, de los Parlamentos Autonómicos y de los Plenos Municipales, a fin de asegurar la transparencia en la toma de decisiones, la participación de las minorías y el control de las actividades del poder ejecutivo y la participación de la sociedad en los mismos.

 

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26 octubre 2011 3 26 /10 /octubre /2011 23:00

Recientemente nos hemos enterado de las nuevas propuestas en materia laboral de las patronales CEOE y CEPYME, sus reivindicaciones para los  políticos ante la próxima cita electoral del 20-N, según ellos para salir de la crisis, pero deben referirse más bien a salir de "su crisis", es decir, de la crisis de los empresarios, para poder seguir ganando cuanto más dinero mejor, y continuar explotando al máximo a los trabajadores.

 

Efectivamente, es muy gracioso contemplar cómo todas sus propuestas miran siempre en la misma dirección, son completamente previsibles, y se centran en que les bajen los impuestos, y en el abaratamiento del despido. Parece ser además que están previendo un caldo de cultivo estupendo con el próximo advenimiento de un Gobierno del Partido Popular, que siempre será más proclive a atender sus demandas.

 

ceoe.jpgPues bien, las propuestas, entre otras muchas, tienen que ver con una nueva Ley de Huelga, reducir impuestos y cotizaciones sociales, mayores rebajas en el Impuesto de Sociedades, evitar algunos puentes (para no frenar la producción de las empresas), trasladando los festivos al lunes o al viernes, la creación de un contrato indefinido único, con 20 días de indemnización por año trabajado en caso de despido, y dentro del marco de la negociación colectiva, la CEOE aboga por desvincular las subidas salariales a la inflación (para ligarlas con la productividad), una mayor flexibilidad interna para las empresas, y potenciar las cláusulas de descuelgue, es decir, la posibilidad de que una compañía no cumpla con el régimen salarial previsto.

 

Lo del contrato indefinido único tiene mucha gracia, porque lejos de estar abogando por la contratación indefinida, lo que desean es el despido libre, ya que 20 días de indemnización (en despidos improcedentes) o 12 días (en procedentes) les sale tan barato, que pueden decidirse a contratar tranquilamente, sin ningún "temor", como ellos reclaman. Pero no se enteran, señores empresarios, que lo que un trabajador desea es una cierta seguridad a la hora de ser contratado, mayormente para poder hacer un proyecto de vida, aunque sea a medio plazo, y ustedes, señores empresarios, lo ponen así muy difícil, pues cada vez prima más la inseguridad y la precariedad laboral, por muy "indefinido" que sea el contrato. Esta es la auténtica trampa de su propuesta. 

 

Entre las medidas fiscales, los empresarios también abogan históricamente por la rebaja del Impuesto de Sociedades, así como las coutas empresariales a la Seguridad Social. Además, reclaman un IVA super reducido para el sector del turismo (que no supere el 5%), y una mayor participación privada en sectores como la Sanidad o la Educación. Deben estar muy contentos con políticas como la que está llevando a cabo la Generalitat catalana, que va a trocear el sector sanitario, y a abrirlo al capital privado. Y la Patronal Madrileña todavía pide más, solicitando menor representación de los trabajadores en las empresas, reducir el número de liberados sindicales, etc.

 

En definitiva, están viendo en la crisis la oportunidad perfecta para desmantelar el actual modelo de relaciones laborales, para sustituirlo por otro más precario, y de camino desmantelar también el Estado del Bienestar para sustituirlo por otro del Medioestar, donde además sean implantados sistemas de copago para los Servicios Públicos, porque argumentan que no hay dinero para el "todo gratis" actual. Sencillamente, lamentable. A los lectores interesados, les remito a mis otros artículos publicados en este Blog que abundan en el tema, como por ejemplo "La imagen de la clase empresarial", "Giro a la derecha y presión empresarial", "Sobre la reforma empresarial" y "Nuevas declaraciones de la Patronal".

 

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