Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Las evidentes dificultades económicas que los y las jóvenes padecen, como consecuencia de su situación precaria y discriminada dentro del mercado laboral, se trasladan al otro gran polo de la emancipación económica: el acceso a una vivienda, ya sea en régimen de alquiler, ya sea en el casi inaccesible régimen de compra. Así, gran parte de las personas jóvenes pasan muchos años de su vida de un trabajo a otro, teniendo que optar por vivir en casa de sus padres, sin posibilidad real de emancipación, escuchando además el falso mito de vivir acomodadas y condenando al país a una de las tasas de natalidad más bajas del mundo.

IU considera que cualquier estrategia de actuación en política urbanística ha de partir del doble eje que representa la lucha contra la especulación por una parte, y por otra parte el deber de hacer realidad el derecho constitucional a la vivienda, con el reforzamiento de los mecanismos de control y el endurecimiento de las penas, por un lado, y la potenciación de la puesta en uso de las viviendas vacías, mediante políticas de acción positiva, a través de una fiscalidad que grave el mantenimiento del desuso y que incentive su puesta en el mercado, preferentemente de alquiler, por el otro.

El objetivo claro de la actuación en materia de vivienda por parte de la política juvenil es sencillo: garantizar el derecho constitucional también a las personas jóvenes. Y el mejor indicativo de ese éxito vendrá dado por la reducción de la media de edad emancipatoria de la juventud.

Pero además de las evidentes carencias en materia de vivienda juvenil, los déficits urbanisticos de nuestros municipios van mucho más allá. Nuestras ciudades y pueblos son desiertos de infraestructuras juveniles, sin espacios jóvenes de autogestión, ni espacios deportivos, ni casas de juventud, ni centros culturales...

Nuestras calles tienen una infraestructura cada vez más individual, menos socializadora, con el claro objetivo de sacar a la gente de la calle para enviarla donde interesa: centro comercial-bar. El urbanismo municipal parece claramente construido en esta misma línea de expulsar de los espacios públicos y comunes a la gente. Ocio público no, ocio privado sí. Pensemos cada uno de nosotros y nosotras qué espacios públicos nos han ofrecido entre los 6 y los 30 años de edad, qué espacios hemos ocupado, y sólo encontraremos como respuesta bares, cafeterías, centros comerciales y discotecas. Quizás algún parque.

Frente a ello construimos nuestro programa. Queremos reconquistar la calle, los espacios, lo público. Apostamos por la educación no formal tanto como por la formal. Creemos en la cultura de la participación como verdadera generadora de ciudadanía. Creemos en las personas jóvenes como seres autónomos, capaces de decidir cuáles han de ser las políticas de juventud de sus municipios, y cómo han de gestionarse sus espacios públicos. Creemos en ciudadanos y ciudadanas que sean considerados como tales, y no como delincuentes o como clientes.



Necesitamos por tanto una nueva relación de los y las jóvenes con el urbanismo y el medio. La protección y cuidado del medio ambiente, la ciudadanía y sus necesidades como habitantes del municipio, y los espacios urbanos han de ser abordados globalmente. Por todo ello, realizamos las siguientes propuestas:

1.- Articular un plan de emancipación que tenga como objetivo adecuar los precios de la compra de la primera vivienda y/o alquiler al SMI, recordando tanto el derecho constitucional a la vivienda como la realidad salarial que padecen los y las jóvenes en general. También es importante incrementar la cesión del suelo para VPO. Experiencias de municipios gobernados por IU muestran cómo el principal problema de la vivienda continúa siendo la especulación en torno al suelo. Incremento de la cesión de suelo público para la construcción directa de VPO. Debe garantizarse (y serviría como freno a su vez para la acción especulativa privada) una importante bolsa de VPO en todas las nuevas construcciones y rehabilitaciones de cada Comunidad Autónoma.

2.- Concesión de créditos blandos por parte de la Administración para el acceso a la primera vivienda de los y las jóvenes.

3.- Apuesta decidida por el fomento del alquiler como alternativa viable y positiva para la emancipación juvenil. Para ello deben impulsarse alquileres de renta baja en viviendas gestionadas por la Administración (nuevas o restauradas), compatibles con la renta de los y las jóvenes. Otra vía ha de ser el fomento del cooperativismo juvenil de gestión de vivienda pública en alquiler. Proponemos la creación de bolsas de viviendas sociales de alquiler equivalentes al 5% del parque residencial, con un precio que en ningún caso supere el 20% de los ingresos netos de quienes accedan a vivir.

4.- Apuesta por un urbanismo sostenible, que respete nuestro entorno natural y cultural, de acuerdo con los recursos existentes. El potenciamiento del alquiler joven puede cumplir la doble función social de ayudar a los y las jóvenes en su emancipación y desarrollo personal, implicar a la juventud en la historia y la cultura de su ciudad, y servir como herramienta en la rehabilitación de barrios históricos de los diversos municipios, donde la Administración ha de intervenir y crear bajo su control directo un parque público de viviendas restauradas y rehabilitadas, potenciando una alternativa al modelo actual de urbanismo.

5.- Creación de una red de residencias para estudiantes de bajo coste. Dotación de residencias públicas, albergues y viviendas para los y las estudiantes de todos los grados académicos.

6.- Construcción/Rehabilitación de edificios comunitarios (residencias para la emancipación) con servicios compartidos y régimen de autogestión.

7.- Creación de un banco de viviendas vacías temporalmente para la utilización o intercambio, que faciliten los desplazamientos temporales de los y las jóvenes por motivos profesionales, académicos, etc.

8.- Impulso de programas de convivencia intergeneracional, potenciando en nuestros municipios la experiencia de compartir piso entre jóvenes y personas mayores, como una opción más de emancipación del domicilio familiar y un mecanismo complementario, pero nunca sustitutivo, a la Ley de Dependencia.

9.- Despenalización de la ocupación de viviendas abandonadas y en desuso con fines colectivos o emancipatorios, ya que en muchas ocasiones la ocupación es una respuesta a la especulación o a la falta de espacios sociales en nuestros municipios.

10.- Apoyo a la creación de cooperativas de vivienda, con gestión democrática. Estas viviendas deberán venderse al precio de coste, y en caso de venderse posteriormente quedaría regulado su precio de venta para evitar la caída en la especulación.

11.- Crear una red de transporte interurbano no motorizado. La potenciación del carril-bici, de las zonas peatonales y la racionalización del transporte, favoreciendo el transporte público frente al privado, han de ser el eje de toda actuación política general en materia de transporte.

12.- Aprobación y desarrollo de planes de cooperación intergeneracional de cultivo ecológico y tradicional.

13.- Consultas en procesos de construcción de las ciudades y municipios a menores de 16 años. Se pueden desarrollar en centros educativos y tienen como fin trabajar un eje temático de la construcción simbólica y física de la ciudad, que se materialice en un conjunto de medidas que los jóvenes implicados, después de haberlas trabajado durante un año con el profesorado, entregan al alcalde, como mayor autoridad de la ciudad, quien se compromete mediante acuerdo formal al cumplimiento de una serie determinada de peticiones.

14.- Impulsar, en colaboración con los municipios, una bolsa de conductores y vehículos, de "coches compartidos" para desplazamientos urbanos e interurbanos por trabajo, estudios...

15.- Desarrollo de un sistema público de transporte de calidad (que sirva como alternativa al transporte privado), que además de avanzar progresivamente hacia la gratuidad plena, lo sea ya para personas jubiladas, estudiantes y paradas. Refuerzo de los transportes públicos nocturnos, especialmente en las zonas urbanas e interurbanas que desarrollen un alto volumen de tráfico y demanda. Además debe avanzarse en la progresiva peatonalización de los barrios históricos, y en la transformación energética de dichos medios de transporte, con energías alternativas al petróleo, durante los próximos cuatro años.

Efectivamente, seis son las revoluciones necesarias, entendemos desde la izquierda, para volver a situar a nuestro país en la senda adecuada, y desandar tanto camino andado últimamente en la línea de las políticas neoliberales, conservadoras (del PP) y de falso izquierdismo del PSOE. Dichas revoluciones serían, y tendremos ocasión de ir desgranándolas sobre la marcha de varios artículos, la económica, la democrática, la ambiental, la de los servicios públicos, la de la igualdad y la de la cultura.

El documento completo y que me sirve de base para el desarrollo de esta serie de artículos se encuentra en este enlace, y ha sido desarrollado como un primer avance para centralizar el Programa Electoral con el que la coalición Izquierda Unida y toda la Convocatoria Social por ella promovida quieren presentarse a las próximas Elecciones Generales del 20N. En este primer artículo, sólo vamos a presentar el sumario general, es decir, el enfoque y enmarque concreto de todas las medidas correspondientes a las referidas seis revoluciones, que iremos desarrollando en próximos artículos de esta serie.

En cuanto a la Revolución Económica, quizá la más urgente de todas ellas, dados los momentos de crisis generalizada que vivimos, se abordarán propuestas para concretar medidas para una reforma fiscal progresiva (incluyendo las medidas referidas al famoso déficit público, que tanto debate han suscitado últimamente, debido a la propuesta de reforma constitucional en la línea ya conocida), las propuestas para la creación de una verdadera Banca Pública, las propuestas de lucha contra la economía sumergida, las dirigidas a impulsar la economía real (puesta al servicio de las personas, y no de los mercados), las propuestas encaminadas hacia el cambio a un nuevo modelo productivo (más justo desde los puntos de vista productivo, humano, social y medioambiental) y las propuestas dirigidas a la protección de las personas desempleadas.

En cuanto a la Revolución Democrática, se abordarán fundamentalmente propuestas para cambiar la actual Ley Electoral (sobre todo en la línea de acabar con las injusticias en torno a la representatividad de las formaciones políticas), propuestas para acabar con la corrupción (que tanto daño hacen a la imagen de la política y de los políticos, contribuyendo a su continuo descrédito y desapego por parte de la ciudadanía), propuestas para una evolución completa hacia una Estado Laico (anulando todos los privilegios actuales de la Iglesia Católica), propuestas para caminar hacia una democracia plena (y por tanto, mucho más participativa que la actual), y como no podría ser de otra manera, propuestas para avanzar hacia la implantación de la III República, y hacia un modelo de Estado Federal.

En cuanto a la Revolución Ambiental, haremos propuestas para mejorar la planificación urbanística, para avanzar hacia una política de alquiler de viviendas sociales, para una mejor planificación y gestión del suelo público, propuestas para la mayor implantación del transporte y la movilidad sostenibles, propuestas para otro modelo energético, que mire de verdad hacia las energías limpias y renovables, propuestas para una gestión pública del agua, y propuestas que protejan el entorno, así como que fomenten la agricultura sostenible.

En cuanto a la Revolución por los Servicios Públicos, realizaremos propuestas para ahondar y mejorar la educación pública y laica, propuestas para una sanidad pública, gratuita y universal, propuestas por unos servicios sociales de calidad, propuestas para incidir en la evolución de los derechos fundamentales, tales como el de la vivienda, propuestas para unas pensiones públicas dignas para nuestros mayores, y propuestas que aborden una reforma y modernización de nuestra justicia.

En cuanto la Revolución por la Igualdad, avanzaremos en las propuestas para conseguir una auténtica y completa igualdad real entre hombres y mujeres, propuestas para garantizar los derechos de los inmigrantes, propuestas para la igualdad de derechos del mundo LGTBI (homosexual), así como una redefinición y ampliación de las propuestas que tienen que ver con la paz, la cooperación y la solidaridad. Por último y en cuanto la Revolución de la Cultura, profundizaremos en propuestas para una democratización de los medios de comunicación (incluyendo Internet), propuestas de inmersión cultural abordadas desde lo público, garantizando la diversidad, y propuestas para una adecuación de los derechos de propiedad intelectual más acordes con el mundo actual y las nuevas tecnologías.

No me resisto, queridos lectores, a seguir escribiendo sobre las muchas falacias que han contado y siguen contando los políticos, sobre todo los del famoso consenso PP-PSOE, en torno a la necesidad de reformar la Constitución en los puntos expresados, y para conseguir el fin expresado. Para los lectores interesados, les proporcionaré algunos enlaces a documentación diversa donde pueden encontrar más amplio material en torno a la explicación y el rechazo a dicha reforma.

De entrada, tenemos una genial carta que dirige Jose Luis Sampedro al presidente del Gobierno, publicada en este enlace, donde, siempre con la talla intelectual y expresiva de uno de nuestros mejores filósofos y escritores, dedica tremendas lindezas al dirigente político, en contra de la susodicha reforma. Pero es que, como decimos, todo lo expresado por ambas fuerzas políticas es una falacia, todo es un tremendo engaño a la ciudadanía para poder conseguir sus objetivos, y responder a las presiones de terceros actores (léase los gobiernos más neoliberales de la UE, los mercados y las Instituciones del mismo cariz) a los que se someten.

Por ejemplo, en este díptico se explica perfectamente el objetivo real de la reforma, y los diferentes enfoques contrarios a la misma, muy bien documentados. En efecto, todo obedece a la necesidad de imponer los criterios reflejados en el consenso de Bruselas, que pudo retrasarse un poco gracias al voto negativo que dieron algunos países (franceses e irlandeses) al referéndum sobre la Constitución Europea, y que ahora intenta burlarse con la adopción de todas estas medidas que sólo benefician a los Mercados Financieros. En efecto, si desde la Constitución se da prioridad absoluta al pago de la deuda, esto quiere decir que ésta se pagará siempre antes que cualquier servicio público, como una pensión o una factura por un trabajo hecho para la Administración Pública. Se resentirán servicios públicos universales, como la educación o la sanidad, pues en tiempos de crisis como los actuales, se necesita más inversión pública para estimular el consumo, salir de la recesión y crear empleo.

Se da la brutal paradoja de que la principal causa del actual déficit público ha venido precisamente por tener que aportar dinero para salir al rescate de Bancos y Aseguradoras, precisamente las empresas que han causado la crisis, y ahora ese capital financiero quiere asegurarse (por eso impone esta norma a los gobiernos) de que va a cobrar el dinero que presta por encima de cualquier otra cosa. Ya advertíamos de la insaciabilidad de estos mercados, y de cómo ninguna medida de las que se están tomando en el seno de la UE va a ayudar a salir de la crisis, pero sí a salvar a los Bancos de sus problemas, que ellos mismos han generado, arrastrando a toda la ciudadanía, y empobreciendo a toda la sociedad.

Hemos de partir de la base de que el déficit es un buen instrumento de política económica, sabiendo manejarlo bien, y no intentando demonizar, como hacen ambos partidos mayoritarios, la situación de excesivo déficit público. De hecho, el déficit es lo que nos permite que podamos invertir en infraestructuras a largo plazo, desarrollar unos servicios públicos de calidad, o hacer inversiones de impacto no tan inmediato, como las de los campos de Investigación y Desarrollo, o protección medioambiental. ¿Cómo llegamos a dichas situaciones de déficit? La situación más normal es que los inversores compran deuda pública soberana del Estado (en forma de Letras, Obligaciones o Bonos), pero estos inversores, que aplican únicamente la lógica del capitalismo, quieren cobrar los mayores intereses, y para lograrlo, especulan (básicamente con operaciones a corto plazo) para debilitar la confianza en un país, y por tanto su deuda. Es así de sencillo, y completamente indignante que los gobiernos hayan "permitido" (favoreciendo y dando cada vez más peso al capital) que se pueda llegar a estas situaciones.

Pero es que además tienen el descaro de intentar convencernos de que no hay otro camino posible, de que no hay alternativas, de que ésa es la única política que se puede practicar. Desde la izquierda afirmamos rotundamente que SE PUEDEN PRACTICAR OTRAS POLÍTICAS, lo que ocurre es que van en la dirección contraria a las propugnadas por el capitalismo: la lucha eficaz contra la economía sumergida y el fraude fiscal, que las rentas del capital tributen como las del trabajo, que los más ricos paguen más impuestos (recuperar impuestos como el de Patrimonio, Sucesiones o Donaciones), que las grandes empresas estén más gravadas que las pequeñas, además de incorporar un impuesto especial para la Banca y para todas las transacciones financieras (ITF). Con todo este plan se reduciría el déficit por la vía del aumento de los ingresos, en vez de por la vía de la disminución del gasto, como tanto propugnan los partidos mayoritarios.

Acabamos de asistir hace poco tiempo a la aprobación definitiva por parte del Congreso de los Diputados del llamado "pensionazo", esto es, un recorte del actual Sistema Público de Pensiones, que entre otras varias modificaciones, alarga la edad legal de jubilación dos años más, hasta situarla en los 67 años. Desde Izquierda Unida siempre hemos pensado que dicha Reforma era injusta (de nuevo pagan los trabajadores), innecesaria (pues el sistema era totalmente sostenible) y regresiva para los intereses de los trabajadores, desmontando otra de las grandes conquistas del Estado del Bienestar, como es la jubilación a una edad en la que todavía se pueda disfrutar de la cultura del ocio.

Efectivamente, y tras 25 años de subida garantizada, el Gobierno anuncia que en 2011 no se revalorizan la mayoría de las pensiones. Nos enfrentamos además a otros peligros inmediatos: menos creación de residencias para mayores, y en el campo sanitario, a la hora de extender las recetas, la nueva "adecuación" de envases se convierta en una trampa para rebajar los tratamientos.

Pero el objetivo más importante de estas "reformas" es favorecer a los Bancos facilitando las pensiones privadas. Los verdaderos beneficiados de ello son los Bancos y las gestoras. Nuestros ahorros les reportan enormes beneficios. Es por eso que los bancos y las cajas publican periódicamente informes anunciando el colapso de las pensiones en un plazo de diez años: La Caixa (1998), el BBVA (2005 y 2007), el Banco Santander (1992 y 1999), el Banco de España (1995, 1999, 2002 y 2009). El objetivo: crear alarma social sobre el futuro de las pensiones públicas. Con ello pretenden mandar una señal a los grandes inversores de capital a costa de los pensionistas.

El Sistema Público de Pensiones es fuerte y está consolidado. Los argumentos alarmistas del Gobierno son engañosos y carecen de rigor, por lo que tienen que recurrir a dos mitos falsos sobre las pensiones:

1.- El principal es el aumento de la esperanza de vida. Es incorrecto. Este se debe a que ha descendido la mortalidad infantil y ha mejorado la salud de la población. El Gobierno hace previsiones demográficas sin rigor: no se pueden hacer cálculos serios más allá de 10 años. Además, lo decisivo en un sistema de pensiones de reparto no es el número de jóvenes y adultos que hay por cada pensionista, sino el número de cotizantes y el importe de la cotización por cada uno de ellos.

2.- Dicen que el incremento del gasto en pensiones será excesivo en el futuro. Tampoco es cierto. Puede verse que en 2030 la cifra disponible para factores que no son pensiones será casi 750.000 millones de euros más que en 2010 y en 2060 más del doble.

No hace falta recortar las pensiones (en Italia representan el 14% del PIB), ni elevar la edad de jubilación (Francia la tiene a los 60 años), ni ampliar el número de años para calcular la pensión. Lo que hace falta es reforzar y consolidar el sistema. Nuestro Sistema de Pensiones no corre ningún riesgo. Consideramos que la magnitud alcanzada por este Fondo de Reserva debe utilizarse para garantizar una pensión contributiva mínima de 900 €, una pensión de viudedad no menor del 85% (765 €) y una pensión no contributiva no menor del 75% (675 €).

Estamos en contra de cualquier congelación de las pensiones, y de cualquier modificación para el acceso y cálculo de las mismas, todo lo contrario, por ello proponemos:

1.- Eliminar los topes máximos de cotización y acercar la cotización a los salarios reales.

2.- Que no se aumente la edad de jubilación por encima de los 65 años.

3.- Que no se incremente el período de cómputo para el cálculo de la pensión más allá de los 15 años.

4.- Que las pensiones se revaloricen al menos en el mismo porcentaje del IPC, y más aún para las pensiones más bajas.

5.- Flexibilizar la edad de jubilación de forma voluntaria en determinadas actividades profesionales, incentivando en ese caso la pensión.

En muchas ocasiones las políticas culturales de las Administraciones Autonómicas han estado encaminadas a la promoción de productos de ocio cuya mayoría han estado desviados hacia la iniciativa privada. El resultado de todo eso es, en muchas ocasiones, un dirigismo cultural que promociona actividades elitistas y uniformes, con planteamientos abstractos y programas teóricos, y llegando pocos de ellos a ser una realidad factible y válida.

En muchas administraciones no se presentan políticas culturales verdaderamente democráticas, abiertas, participativas y sostenibles.Como causas de este modelo podemos señalar las siguientes:

1.- Una política cultural exclusivista y demasiado sectorizada a la que suelen tener acceso aquellos que ya cuentan con una situación cultural y social de prestigio o privilegiada.

2.- No se posibilitan vías de participación en la programación, gestión y financiación de las actividades que promueven, tanto a la población en general, como a las asociaciones y grupos de base.

3.- No se fomenta la diversidad de manifestaciones e iniciativas culturales, de grupos (espontáneos y naturales) o colectivos alternativos.

4.- Hay un vacío en el asociacionismo cultural.

5.- La búsqueda de la rentabilidad política se sitúa como uno de los factores principales de la promoción cultural.

Para IU la política cultural debe estar basada en el diálogo intercultural y la educación, creemos que la cultura debe actuar como un instrumento más de la democracia participativa y como un componente decisivo de la calidad de vida. Nuestra posición debe ser absolutamente contraria a la liberalización de los servicios culturales.

Nuestra idea fuerza es la de fomentar todo tipo de iniciativas que den lugar a que cualquier ciudadano y ciudadana, cualquier colectivo, tenga la certeza y la seguridad de que su proyecto cultural y creativo será atendido, estudiado y, si es adecuado, tomado en consideración. En este sentido, desde IU proponemos:

1.- Favorecer el carácter público y colectivo de la cultura, y garantizar la libertad de expresión en cualquier manifestación cultural y artística.

2.- Reconocer y reivindicar el mestizaje cultural con el fin de promover la solidaridad y otras culturas, de manera especial las que han estado introducidas por la población inmigrante.

3.- Participación de la ciudadanía en la decisión y gestión, tanto en la producción como en el goce y disponibilidad de los bienes culturales.

4.- Apoyo a la creatividad, a la innovación, al talento creativo y a los procesos culturales que se desarrollen al margen de las demandas de mercado.

5.- Fomentar, participar y difundir campañas de animación sociocultural en los municipios.

6.- Ayudar a la creación de empresas públicas o cooperativas autogestionadas que oferten productos culturales de calidad.

7.- Intervenir y actuar a favor de la industria cultural pública.

8.- Promover y dar apoyo al mantenimiento y a la ampliación de bienes y servicios culturales, buscar la universalización del acceso a éstos y la ampliación de las capacidades creativas, así como explotar la riqueza que representa la diversidad lingüística, la exigencia artística, la búsqueda de nuevas formas de expresividad y la experimentación con los nuevos lenguajes, la recuperación, la reformulación y la interacción de las tradiciones, y los mecanismos de gestión cultural que detectan los nuevos movimientos culturales.

9.- Respetar y garantizar los derechos de los profesionales (actores y actrices, autores y autoras y artistas en general), y su justa remuneración.

10.- Promover la socialización y el acceso a la dimensión digital de los proyectos y del bagaje cultural local, comarcal y autonómico.

11.- Establecer programas generales para la preservación, rehabilitación y revitalización de los centros históricos de las poblaciones, a través de planes integrales que combinen las medidas urbanísticas con otras de carácter económico, social y cultural.

12.- Aplicar una política redistributiva que facilite las condiciones más favorables de acceso a los eventos culturales institucionales por parte de los sectores sociales con menores recursos económicos.

13.- Que no se financien con fondos públicos festejos donde haya sufrimiento animal.

Y en cuanto a la Propiedad Intelectual, IU apuesta por la democratización del conocimiento y la cultura, por gestionar de forma pública los derechos de autor, por la defensa de las autoras y los autores sin que ello suponga la privatización del conocimiento con objeto meramente recaudatorio. Por ello, proponemos:

1.- Modificación del sistema de defensa de la propiedad intelectual que actualmente se realiza a través de la implantación del llamado canon digital, buscando alternativas más justas en beneficio del interés general, compatibles con el respeto de los derechos de los creadores, los de la industria tecnológica y los de los consumidores.

2.- Cambio profundo del modelo vigente de propiedad intelectual, priorizando los aspectos sociales y colectivos de toda obra, pues el vigente, concebido en un principio para proteger el trabajo del creador individual, se ha convertido principalmente en un instrumento de maximalización del beneficio de grandes empresas de carácter multinacional.