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4 septiembre 2017 1 04 /09 /septiembre /2017 23:00
Viñeta: Kike Estrada

Viñeta: Kike Estrada

Los habitantes somos figurantes y mano de obra barata, el territorio una plataforma de inversión privada y el país una marca

Jorge Moruno

En efecto, no hace falta ser un avispado analista para darse cuenta de que nuestro Gobierno no posee (a pesar de que se llene la boca con el nombre de "España" y de "los españoles") ningún proyecto de país, simplemente se limitan a ser los ayudas de cámara de los intereses de las grandes corporaciones, de los bancos, de la clase empresarial, de los grandes agentes económicos. ¿Y cuál es el gran objetivo de toda esta ralea? Pues está muy claro: privatizar (es decir, hacer pasar a su propiedad privada) todo lo que se pueda. Vender el país al mejor postor, saquear y expoliar todo lo que se pueda, practicar una política de la desposesión y del despojo, y una transferencia de bienes y servicios desde las clases populares y trabajadoras hacia el gran capital. Se trata de esto. No existe otro objetivo. Y en la consecución de dicho objetivo se enmarcan prácticamente todas las estrategias políticas y mensajes que se hacen llegar a la ciudadanía para intentar legitimarlas. Cuanta más privatización, mejor. La privatización es el gran objetivo. ¡Hay que privatizarlo todo, hasta el aire que respiramos! Hay que privatizar costas, montes y bosques. Hay que privatizar infraestructuras. Hay que privatizar servicios públicos. Hay que privatizar los agentes que garantizan los derechos fundamentales y las libertades públicas (para luego proceder a sus recortes, claro está). La privatización es el pan nuestro de cada día. Es una práctica enfermiza, obsesiva y compulsiva. El tsunami neoliberal lleva décadas creciendo, y cada vez crece más esa gran ola. Una ola que lo arrasa todo a su paso, contribuyendo a disparar la desigualdad, destrozando lo público y engordando lo privado. Una ola que es muy difícil de parar, pero que hay que parar como sea, porque es una ola que no se detendrá ante nada, y que no descansará hasta no haber privatizado absolutamente todo. 

 

Pero para que toda esta obsesión privatizadora pueda estar mínimamente legitimada, la clase y el pensamiento dominante tienen que encargarse en primer lugar de difundir bien los mantras y dogmas en los que el neoliberalismo se basa, y que ya presentamos profundamente en este otro artículo. Hay que difundir el consumismo desaforado, el culto social hacia los ricos y poderosos, la legitimación de la desigualdad, la competitividad, el individualismo egoísta, la mercantilización de todos los aspectos y facetas de la vida humana, el rechazo a los mecanismos de reparto, el paradigma del emprendimiento, la normalización de la corrupción, el desprecio a la naturaleza, o la negación de ciertos derechos (así como la exaltación de otros), entre otros muchos valores, para que el neoliberalismo imperante disponga de los bienes públicos que contribuyen al bien común y los vaya privatizando progresivamente, en aras de todos estos valores y objetivos. Y una vez que las mentes de la inmensa mayoría social están preparadas, será más fácil proceder, sin prisa pero sin pausa, a la paulatina privatización de todos los aspectos de nuestra vida social, económica y política. Estas prácticas privatizadoras se habrán legitimado entonces por la mayoría de la población, que entenderá que es lo correcto, que es lo que hay que hacer. Y en esas estamos. Abundando en la cita de entradilla de Jorge Moruno, el objetivo final es que la clase dominante se haga cada vez más rica a costa de los de abajo (que pasa a ser mano de obra semiesclava y alienada), que el territorio se convierta en un parque temático especializado en determinadas inversiones rentables (eso sí, con "garantías jurídicas" para dichos inversores), y que el propio país deje de ser patria, deje de ser pueblo, para pasar a convertirse en una marca comercial más al uso, la famosa "Marca España" en nuestro caso, a la cual "perjudican" ciertos acontecimientos, porque "dañan la imagen exterior" de dicha marca. 

 

Un panorama aberrante y desolador al que caminamos a marchas forzadas, y que resulta cada día más imparable. La puntilla final nos vendrá de la mano de los Tratados de "Libre Comercio", que intentan además (por si acaso viene por la vía de la soberanía popular algún Gobierno que intente revertir todo este edificio de la privatización) blindar todas estas prácticas, convertir en irreversible todo este proceso de privatización a mansalva, impidiendo mediante determinadas cláusulas de dichos tratados (incluso recurriendo a procesos de arbitraje internacional privado, al servicio de las grandes empresas transnacionales) la posibilidad de que algunos bienes, productos o servicios puedan volver al ámbito de lo común, de lo estatal, de lo público. Los agentes públicos (el propio Estado, sus diversas Administraciones, sus empresas y agencias públicas) son absolutamente demonizados, mientras se preconizan las ventajas y bondades de los agentes privados. Y ello ocurre en todos los sectores. Podríamos poner muchísimos ejemplos. Tomemos el caso de Correos, la otrora gran empresa pública dedicada a los servicios postales, que está celebrando su tercer centenario con pérdidas record, y un recorte de personal de casi 10.000 empleados y empleadas en los últimos cinco años. Recojo datos e informaciones de Antonio M. Vélez publicados en eldiario.es, que nos recuerda que tras ocho ejercicios de reducciones de plantilla, el peso de los funcionarios públicos ha caído hasta el 27,2%, suponiendo diez puntos menos que en el año 2011. Toda una calculada estrategia para anular la capacidad de servicio público de esta gran joya de la corona, y ponerla paulatinamente al servicio del gran capital privado. Correos era la mayor empresa estatal de España por número de empleados, y gozaba de solvencia financiera y de capacidad de servicio sobradas. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 han reducido casi un 70% la aportación pública para el funcionamiento de la empresa. 

 

La asfixia de financiación pública aboca a la empresa a una caída en picado, reduciendo su capacidad y productividad, disminuyendo el personal, y criminalizando a los trabajadores de plantilla en campañas de claro acoso y derribo para justificar la disminución de su tamaño. Correos es sólo un ejemplo del depredador modelo que la privatización nos muestra. Podríamos poner muchísimos ejemplos más de empresas públicas que han recorrido o están recorriendo este camino. Un camino que primero deslegitima socialmente la misión pública, para sembrar posteriormente el camino del hostigamiento a los trabajadores públicos, terminando por privatizar por partes (hasta llegar al todo) la empresa, y convertirla en un instrumento más del gran capital, sometido a su control y a sus principios corruptores. Necesitamos imperiosamente detener este infernal camino privatizador. Porque la privatización de cualquier empresa o servicio público no consiste sólo en un cambio en la titularidad de la propiedad, o en una "externalización" de la gestión de algunos de sus aspectos, sino que también implica la introducción de la perspectiva comercial y de búsqueda de beneficios de los proveedores privados, es decir, implica el cambio de filosofía en su propia actuación, en su misión, sus valores y sus objetivos. Por tanto, se trata de interrumpir todo este proceso, para volver a recrear o reintroducir el sentido público en la administración de estas empresas y servicios, de volver a introducir el compromiso con el acceso universal, público y gratuito, de volver a recuperar la calidad en los mismos, de proporcionar servicios más asequibles para el conjunto de la ciudadanía, con mayor transparencia y democracia en su propio funcionamiento, promoviendo en ellos la participación ciudadana. 

 

¿Podemos impedir el demencial avance de esta ola privatizadora? Podemos, si nos concienciamos sobre el peligro de la senda que llevamos, y si poseemos como pueblo la valentía y la voluntad política para revertir los efectos. Aún estamos a tiempo. Necesitamos en primer lugar denunciar la falacia de los dogmas neoliberales, la ausencia de fundamentación que explique sus efectos, la demostración de su fracaso, para a continuación proceder a impulsar una serie de mecanismos, medidas y decisiones que contribuyan a darle a la iniciativa y a la intervención públicas el sitio que nunca debieron perder. Hemos de devolver al ámbito público la actividad relacionada con los servicios públicos fundamentales (alimentación, energía, transporte, agua, gestión de puertos y aeropuertos, banca, sanidad, educación, pensiones, empleo, vivienda, justicia, seguridad...), garantizando que ningún derecho humano queda al albur del ámbito privado, sino que es atendido desde el sector público. Como norma general, y para su respectivo cumplimiento, cada derecho fundamental deberá estar cubierto por un servicio público que lo garantice. Ello requerirá devolver al ámbito público (ya sea estatal, autonómico o municipal) los servicios, recursos, actividades y empresas privatizadas. Pero para que todo ello culmine con éxito, también hemos de dar la batalla individual, la batalla personal, la batalla de los principios y de los valores, abandonando los valores imperantes del capitalismo y de la filosofía neoliberal, para que podamos aprender a convivir en armonía, fomentando el multiculturalismo, la diversidad, el respeto y la tolerancia, la convivencia y el compañerismo, y en este sentido, los aberrantes valores citados más arriba deben ser sustituidos por los valores de solidaridad, de justicia social, de igualdad, de cooperación, de culto a la propiedad social, a la propiedad colectiva y al bien común. Detengamos esta peligrosa deriva privatizadora, que terminará por derribar todo lo que existe y que nos cohesiona como sociedad. 

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3 septiembre 2017 7 03 /09 /septiembre /2017 23:00
Por la senda del Pacifismo (66)

Al menos 60.000 personas mueren cada día de hambre por el terrorismo económico-político

Nazanín Armanian (Politóloga)

Parece claro, por tanto, que las actuales amenazas que sufrimos, derivadas de la demencial globalización capitalista y del ansia imperialista de los bloques militares (aliados del complejo militar-industrial), lejos de poder ser defendidas por ningún Ejército, obedecen a otros planteamientos, a otras causas, a otras etiologías, y han de ser combatidas, por consiguiente, de otros modos. Sin pretender agotar la lista, las actuales amenazas son de tipo económico (el paro, las reducciones salariales, los trabajadores pobres, la terrible desigualdad...), alimentarias (no disponer de alimentos, escasez de materias primas, privatización de semillas, ausencia de soberanía alimentaria, dependencia de las importaciones...), sanitarias (propagación de epidemias, privatización de los servicios sanitarios, inaccesibilidad a los medicamentos, deterioro constante de la cobertura y protección a la salud, nuevas enfermedades derivadas de nuestro caótico modo de vida...), sociales (violencia física, represión política, violencia de género, existencia de mafias descontroladas que trafican con armas, drogas, personas, explotación infantil, discriminación étnica, xenofobia, racismo, fascismo...), comunitarias (deterioro del tejido cívico, involución y decadencia institucional, cultivo del individualismo egoísta, predominio de los valores del neoliberalismo, conflictos religiosos...), medioambientales (deterioro de los ecosistemas locales y mundiales, agotamiento de los recursos naturales, agresivo extractivismo, desastres naturales provocados por la contaminación y el cambio climático, éxodos migratorios provocados por dichos efectos...), políticas (falta de respeto a los derechos humanos, falta de protección a las libertades públicas básicas, estados de excepción, controles intimidatorios a la población, restricción de movimientos, invasión de la privacidad...). Podríamos continuar, pero creo que ya hemos enumerado una pequeña muestra. 

 

¿Pueden nuestros Ejércitos, con sus actuales estructuras, formación y misiones, defendernos de todas estas amenazas? Las guerras son sólo una pequeña parte de nuestro caótico mundo globalizado, y además forman parte de las consecuencias de la estructura y las correlaciones de poder de nuestro mundo, nunca de sus causas. Las rígidas estructuras militares del pasado, aún latentes en nuestras Fuerzas Armadas, no tienen ni la capacidad ni los medios para enfrentarse a dichas amenazas. Los enemigos están camuflados. Los verdaderos enemigos de los pueblos son los que los atacan mediante estas amenazas, y los Ejércitos no hacen nada para defenderlos, es decir, son hoy día absolutamente inútiles. Debemos reconvertir nuestras Fuerzas Armadas en el sentido en que venimos insistiendo en las entregas anteriores, y que pasa por una mayor orientación de estos brazos armados en defensa del pueblo hacia la protección de los derechos fundamentales y de las libertades básicas de la ciudadanía, en vez de constituirse en fuerzas defensoras del Estado, un Estado que hoy día torna hacia un cariz autoritario y represor. El Estado representa la maquinaria del poder, de las élites que nos gobiernan, tanto nacionales como supranacionales, y que se alejan cada vez más del pueblo, y de las clases trabajadoras, como lleva sucediendo desde hace décadas. En este sentido, los Cuerpos de Seguridad no pueden convertirse en sus cómplices, sino que se deben siempre a la defensa de la integridad de las personas (entendiendo la integridad en todos sus ámbitos y dimensiones), así como a la garantía del libre ejercicio de sus derechos fundamentales y de sus libertades básicas. Esta es básicamente la reconversión que nuestros Ejércitos necesitan. Nuestras FF.AA. no responden hoy día a estas amenazas, ni velan por estos objetivos.

 

Necesitamos por tanto, si queremos abordar la senda pacifista de una manera seria, no sólo escapar de los planteamientos belicistas, sino preparar a nuestras Fuerzas Armadas para que sean lo que deben ser: los protectores de la soberanía popular, y para ello, la integridad absoluta del conjunto de la ciudadanía (en su defensa ante estas amenazas de nuestro mundo) es el verdadero epicentro. Nos basamos a continuación en un artículo publicado en mayo de 2016 en el medio InfoLibre por Jorge Bravo, Secretario General de la AUME (Asociación Unificada de Militares Españoles), donde incide en la necesaria democratización de nuestras Fuerzas Armadas. Porque en efecto, este asunto representa hoy día una asignatura pendiente. Sería en primer lugar necesaria una reforma constitucional para dejar de endosar a las Fuerzas Armadas las actuales misiones, como punto previo y fundamental. Los militares, como miembros de las FAS, pero como ciudadanos/as, son también partícipes de nuestro Estado de Derecho, y por ello han de participar también en él, así como gozar totalmente del alcance de dicho sistema. En ese sentido, de entrada, ciertas restricciones y prohibiciones de algunos derechos fundamentales a nuestros militares, deben ser abolidas. También ha de desterrarse su carácter sexista y machista, así como controlar cualquier actitud discriminatoria hacia el colectivo LGTBI. Como explica Jorge Bravo: "Las Fuerzas Armadas llegaron tarde a la puesta en marcha de la transición democrática, en cierto modo porque fueron apartadas de las reformas profundas. Sólo en los últimos diez años se han comenzado a poner en marcha las transformaciones necesarias para dotarlas de una estructura en consonancia con los usos democráticos y con plena integración en la sociedad. Los militares han estado sometidos, incluso en democracia, a reglamentos y normas preconstitucionales que regulaban derechos ya recogidos en la Constitución. Fue con la Ley Orgánica de la Defensa Nacional de 2005 con la que se diseñaron las primeras transformaciones de calado en la democratización interna de las FAS". 

 

En efecto, con el fin del franquismo, las Fuerzas Armadas fueron uno de los colectivos que no se actualizaron, y donde todavía anidaba, en alguna parte de sus estructuras y de sus mandos, una concepción fascista de la sociedad y del país. Esto, como sabemos, culminó con la intentona golpista del 23 de febrero de 1981. Pero más allá de ello, los Ejércitos han estado caracterizados por un blindaje de sus estructuras, de sus normativas y de sus prácticas, que los han convertido prácticamente en inexpugnables de cara a la democratización de su funcionamiento. Una claro ejemplo son las condiciones laborales: horarios abusivos, retribuciones injustas, inexistencia de la prevención de riesgos, son, entre otros muchos, ejemplos del resultado de una actividad laboral sin control democrático, sin participación del trabajador (ya que el militar no se entiende ni se identifica como tal), y con grandes carencias en protección y asistencia profesional. La renovación pendiente de nuestros Ejércitos no atañe sólo, por tanto, a las misiones a desarrollar (bajo un nuevo enfoque de la seguridad), sino también a sus propios valores y normas de funcionamiento. No obstante, la perspectiva actual ha cambiado con las últimas normativas. La Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, de julio de 2011, estableció las bases para el avance democrático de la organización armada. Se reguló el asociacionismo profesional de los militares, se creó el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS) y el Observatorio de la Vida Militar, además de regularse las reuniones de militares en los cuarteles y de activar de forma decidida los servicios de protección de riesgos laborales. Pero aún necesitamos muchos más esfuerzos, ya que la escasez de cultura democrática de muchos de sus miembros, el tradicional sistema clasista y de privilegios, consolidado como acervo histórico, y sobre todo, la falta de impulso político por parte de las instituciones públicas, son parte del freno a la necesaria, definitiva y completa instalación del sistema democrático en la organización militar. 

 

También se han llevado a cabo una reforma del Régimen Disciplinario y del Código Penal Militar para que puedan experimentar una actualización, pero aún con todo ello, continúa latente la escasa profundidad de la democratización de las Fuerzas Armadas. Las FAS necesitan una mayor transparencia y un funcionamiento y organización más orientados a la protección de los derechos humanos de sus miembros. Nuestros Ejércitos necesitan, si pretenden modernizarse de verdad, la renuncia a una serie de parámetros de organización y funcionamiento anquilosados y anacrónicos, comenzando por el famoso artículo 8 de nuestra Constitución (que afirma que "Las Fuerzas Armadas (...) tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional"), ya que no puede permanecer por más tiempo la ambigüedad, la falta de control y la amenaza latente (aunque cada vez más alejada) de una posible actuación autónoma de la organización armada. Hemos de alcanzar "la plena permeabilización del Estado de Derecho en las FAS" (en palabras de Jorge Bravo), con igual alcance al del resto de la sociedad, cubriendo todos sus aspectos, renovando sus misiones y objetivos, pero también su organización interna, sus estructuras y normas de funcionamiento. Todo ello se conseguirá con una mayor educación democrática en su seno. La normalización democrática de nuestras Fuerzas Armadas es, pues, para la senda pacifista, un objetivo de vital trascendencia. Es un reto para la organización armada, pero también para el conjunto de la sociedad que requiere unos Ejércitos plenamente integrados y en absoluta armonía con los derechos del resto de la ciudadanía. Continuaremos en siguientes entregas.

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31 agosto 2017 4 31 /08 /agosto /2017 23:00
Viñeta: Cilencio

Viñeta: Cilencio

La concentración del poder es una enfermedad que solo se cura con justicia y democracia

Carolina Vásquez Araya

En la entrega anterior nos quedamos haciendo una crítica a los sistemas de medición del supuesto "progreso" de los Estados, países y naciones, en general de cualquier comunidad humana, centralizados en el famoso indicador del PIB. Ya hicimos allí un poco de historia, y destacamos los errores e imprecisiones de dicho indicador, debidos fundamentalmente a esa concepción equivocada del progreso que la filosofía neoliberal nos impone. Bien, ¿qué debemos hacer? De entrada, recomiendo a los lectores y lectoras interesadas la pequeña serie de dos artículos, publicada recientemente en nuestro Blog, y titulada "¿En qué se diferencia un proyecto progresista de un proyecto socialista?", donde debatimos ampliamente sobre los conceptos de progreso, bienestar, prosperidad, etc., y realizamos un estudio comparativo a modo de conclusión sobre los aspectos que diferencian a ambos tipos de proyectos políticos. Y ello viene a cuento de lo que hablamos sobre el PIB, porque al igual que hay que cambiar la propia filosofía, los propios valores donde se asientan los proyectos políticos, hay que cambiar igualmente sus indicadores de medición, de progreso y de bienestar. Hay que valorar y medir lo que realmente nos importa. Hay que medir el progreso real, no el crecimiento de determinados indicadores sesgados e interesados, o que simplemente nos proporcionan un enfoque distinto al que necesitamos. Centrarse en el crecimiento del PIB para medir el supuesto crecimiento económico es simplista, reduccionista, falaz e improductivo, pues no nos proporciona los resultados deseados. Por tanto, una economía más humana como la que perseguimos, al servicio del 99% de la población (en lugar de estar al servicio del 1% más rico, como ocurre actualmente) colocaría al PIB en el sitio que le corresponde, es decir, como un simple aunque imperfecto indicador económico. 

 

Pero este indicador no debería estimarse como el principal, sino que debería matizarse con otras mediciones que reflejaran mejor la calidad de vida de las personas, su bienestar, su progreso real (es decir, la mejora del conjunto de sus calidades y expectativas vitales), y las posibilidades de las personas de satisfacer sus necesidades humanas fundamentales. Los indicadores económicos no pueden desvincularse de la garantía de los propios derechos humanos. Por tanto, hay que buscar unas mediciones y unos indicadores alternativos, que respondan a otros cálculos, y que se coloquen (desplazando al PIB) al frente de las decisiones políticas. ¿Están diseñados esos indicadores? Pues tenemos buenas referencias del Indicador de Progreso Genuino, el Indice para una Vida Mejor o el Indice de Progreso Social, elaborados por la OCDE. En su construcción, según Oxfam, el Indicador de Progreso Genuino internaliza las externalidades y toma en consideración la violencia, las emisiones de efecto invernadero, la polución y la extracción de recursos. Cuando las familias gastan dinero en filtros y agua embotellada, este gasto se considera un coste pues es una acción defensiva. Por el contrario, los humedales, los ríos y los lagos se valoran positivamente. Por su parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ofrecen un menú de medidas relevantes y una oportunidad para alcanzar consensos mundiales para priorizar objetivos más importantes para las personas, que sean capaces de complementar los del crecimiento económico. Al empleo hemos de aplicarle los mismos razonamientos, y en vez de quedarnos únicamente en los fríos datos mensuales de una típica encuesta o estadística estatal, que nos dice únicamente los puestos de trabajo creados, sin atender a más indicadores, hemos de aplicarle una serie de informaciones que nos ofrezcan datos de estabilidad en el empleo, de garantías de continuidad, de protección social, de tipos de contratación, de satisfacción de las personas, de idoneidad sobre una carrera profesional, de nivel de ingresos, de condiciones laborales, etc. 

 

De todos modos, y sean cuáles sean los indicadores y mediciones empleadas, bajo unos parámetros para una economía más humana, la redistribución del ingreso nacional debe reemplazar a las simples medias, incluso a nivel de los hogares. La desigualdad y la reducción de la brecha entre ricos y pobres deben reflejarse en cómo medimos el progreso de nuestras sociedades. Pero también deben reflejarse la ética de los negocios y de las empresas existentes, sus niveles de inclusión para los diversos colectivos sociales, su respeto por las leyes laborales, su apuesta por la integración social, y sus objetivos de igualdad salarial y de condiciones entre hombres y mujeres. El progreso también debe medirse por el respeto que nuestros agentes sociales dedican a la naturaleza y a los animales. Bajo una economía más humana, la economía sumergida deja de tener sentido. Por ejemplo, todo el trabajo que realizan las mujeres debe ser contabilizado. Medir el trabajo de cuidados no remunerado en términos del PIB es un primer paso para lograr el cambio necesario de normas sobre lo que se valora, tendiendo a valorar el trabajo real, es decir, la totalidad del mismo, incluyendo horas dedicadas a actividades no remuneradas. Una economía dedicada a la gente, al 99% de las personas, bajo enfoques más humanos, dirigida a desmontar toda la arquitectura de la desigualdad que estamos exponiendo aquí, debería garantizar el reconocimiento, la reducción y la redistribución de las responsabilidades frente a los cuidados, desmontando la división sexual del trabajo, y apoyando a todas estas actividades mediante el desarrollo de los servicios públicos adecuados, desarrollando Planes de Trabajo Garantizado, y promoviendo la voluntad social para invertir y pagar por empleos de calidad en los servicios públicos. En ese sentido, una economía más humana debería, entre otras muchas cosas, promover escuelas públicas infantiles de 0 a 3 años, aumentar el catálogo sanitario cubierto por el sistema público de salud (incluyendo las enfermedades mentales o bucodentales, por ejemplo), o potenciar los sistemas públicos de defensores legales de oficio. 

 

Por su parte, los recursos naturales y su defensa de cara a la sostenibilidad medioambiental deberían ocupar un lugar relevante en los balances financieros, sirviendo de estímulo al Gobierno, al sector privado y a la sociedad civil, para innovar y colaborar a fin de reducir la cantidad de residuos, custodiar los recursos, y a la vez favorecer la innovación y la generación de puestos de trabajo decentes, éticos, estables y de calidad. Además, se reconocería el valor inherente de la naturaleza por encima de su utilidad económica, y se haría hincapié en los derechos de las generaciones futuras a disfrutar y a beneficiarse de la naturaleza. Bajo una economía más humana e igualitaria, la naturaleza, sus recursos y el resto de especies animales dejarían de ser expoliados en beneficio de las empresas, y se constituirían en propios sujetos de derecho. Una economía enfocada al 99% de la población y buscando su prosperidad e igualitarismo, debería renovar sus fuentes fósiles, limitadas, escasas, peligrosas, caras e insostenibles de energía, para reconvertirlas a las fuentes renovables, limpias y sostenibles, que contribuyen a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero (reduciendo los graves efectos del cambio climático), y respetan el medio ambiente. Necesitamos por tanto un conjunto de indicadores más holísticos y definitorios del progreso que los que ahora se utilizan, centralizados en aquéllos que miden el crecimiento aislado del PIB, o el aumento del consumo de los hogares. Necesitamos indicadores de cohesión social, de armonía con la naturaleza, de consumos energéticos sostenibles, de felicidad individual y colectiva, de bienestar social comunitario, de progreso sobre los colectivos más desfavorecidos, de calidad de vida, de esperanza de vida, y de disfrute de la misma. Sólo el conjunto de todos estos indicadores nos darán una semblanza real de hasta qué punto estamos disminuyendo la desigualdad, y progresando hacia sociedades más avanzadas, justas y equitativas. 

 

Pero tampoco podemos ver únicamente los niveles absolutos de renta como la solución al problema de la desigualdad. Sólo con aumentar los salarios o recuperar el poder adquisitivo no acabaremos con el problema de los trabajadores pobres, o de la exclusión social. Hemos de incidir también en la disminución de las desigualdades. El alto nivel de renta en general de los países, no mitiga sus problemas sociales y de salud. En diversos estudios se ha demostrado que no es el nivel de renta, sino la desigualdad económica, dentro de un mismo país, lo que provoca los problemas sociales. Y ello porque como estamos viendo, el crecimiento económico y el aumento de la renta media, han dejado de contribuir al bienestar real de la población de los países ricos. Vivimos hoy día en sociedades paradigmáticas, donde a la vez que hemos conseguido llegar a altos grados de producción material, productividad, uso de nuevas tecnologías o avances médicos y científicos, sufrimos cada vez mayores fracasos en lo que se refiere a la cohesión social (unida a la integración, a la supervivencia, al estatus, a la competencia, a la ansiedad o a la pérdida de identificación), a la calidad de vida (condicionada por nuestro grado de estress y de padecimiento de otras enfermedades, como el insomnio o la depresión), y a la felicidad individual y colectiva (manifestada por el grado de insatisfacción generalizada, o el abuso de estimulantes como las drogas o el alcohol), todo lo cual es fruto del terrible aumento de las desigualdades. Los niveles de suicidios o de personas reclusas también contribuyen a ofrecernos un perfil más o menos completo del progreso de una sociedad, donde el nivel de desigualdad en todas sus vertientes se nos presenta como el auténtico corazón o motor de la misma. Continuaremos en siguientes entregas.

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30 agosto 2017 3 30 /08 /agosto /2017 23:00
Contra los Tratados de Libre Comercio (47)

Hoy, los grandes TLC mega-regionales impulsados tanto por EEUU como la UE y China (TPP, TTIP, CETA, TISA y RCEP) implican un avance en los derechos y privilegios de las grandes corporaciones transnacionales, pretendiendo la apertura y privatización en todos los sectores económicos que aún se encuentran regulados. Avanzan también en la protección de los inversores y del capital extranjero, garantizando su capacidad para demandar a los Estados ante tribunales de arbitraje internacional ante cualquier política que consideren afecta sus ganancias esperadas. Lo que pone de manifiesto que el “libre comercio” no es más que una máscara que oculta los intereses de las corporaciones, que pretenden garantizarse mayores ganancias a costa de los derechos sociales, laborales y medioambientales de nuestros pueblos

CADTM

Los Organismos e instituciones que controlan el comercio internacional están gestionadas por personas, personas que se apoyan en una serie de ideas, conceptos y creencias que ellos presentan como hipótesis científicas, pero que no lo son porque no han sido establecidas con métodos empíricos, ni están contrastadas por la experiencia y la historia (de algunas de ellas más bien se constata lo contrario de lo que proclaman). Por ejemplo, defienden de forma entusiasta y convencida que el sector privado funciona mejor que el sector público, ya que (según ellos) los funcionarios ahogan cualquier iniciativa y despilfarran el dinero público. Creen que se debe librar al pueblo y a la industria de las cargas del Estado, un Estado que pretenden llevar a su mínima expresión, a un Estado residual, que sea lo menos intervencionista posible. De ahí que los TLC incluyan típicamente entre sus cláusulas alguna variante de los ISDS (mecanismos de arbitraje privado internacional), mediante los cuales las grandes empresas transnacionales puedan "defenderse" de la acción de los Estados y de sus gobernantes (confesando un absoluto desprecio a la democracia), cuando éstos deciden alguna medida que pueda ir en contra de los intereses de estos grandes actores económicos. Creen también que los niveles de vida aumentan con el libre comercio, ya que sostienen que, a pesar de los desequilibrios y las desigualdades que genera el libre mercado, al final todos saldrán beneficiados. Piensan también que el libre comercio da a los consumidores más posibilidades de elección y una mayor información, lo que les permite tomar decisiones más acertadas. 

 

Piensan también los líderes de estos organismos internacionales que el libre comercio fomenta el uso más eficaz de los recursos naturales, de las personas y del capital. Esto es un completo absurdo que se puede demostrar experimentalmente y de forma constante, ya que el efecto que los TLC han tenido sobre los países firmantes de los mismos siempre ha sido libertad y protección para el capital, a la vez que desprecio y desprotección para las personas y para el medio ambiente. La guerra voraz por el control sobre los recursos naturales la gana siempre, evidentemente, quien más tamaño y poder posea, y en esta cruenta guerra, es el propio medio ambiente y el planeta los que siempre salen perdiendo, mientras el gran capital termina beneficiándose de forma obscena y desaforada. Los países y territorios que poseen grandes reservas de recursos naturales son literalmente invadidos por las grandes empresas transnacionales, que los saquean y expolian de forma cruel y despiadada, y acaban con toda resistencia que puedan ofrecer las poblaciones locales, los grupos indígenas y los activistas por el medio ambiente. Desde hace años se cuentan por decenas los líderes sociales y activistas que han sido asesinados por ejercer un gran liderazgo e influencia en la defensa de los territorios y de sus recursos naturales. Quizá en este caso es donde se vea más claramente la certera afirmación de que "El capitalismo mata". Los defensores del libre comercio concluyen, a tenor de todas las falacias que hemos relatado, que cualquier medida proteccionista que se adopte por parte de cualquier país o asociación de los mismos (aranceles, cuotas, especificaciones técnicas, normativas, etc.) sólo sirve para reducir la riqueza mundial como resultado de producir unos bienes y servicios más caros, al dejar que funcionen industrias sin capacidad de competir, que tendrán que sobornar a los funcionarios para seguir recibiendo la protección. 

 

Estos defensores de los TLC se oponen a cualquier "obstáculo" o "barrera" proteccionista, pero a lo que se oponen en el fondo es a cualquier impedimento que una sociedad democrática pueda interponer en el camino hacia la multiplicación exponencial de sus beneficios. Y de entre todos los organismos defensores a ultranza de estas ideas, destaca la Organización Mundial del Comercio (OMC). La OMC es de hecho la gran impulsora de la liberalización del comercio internacional. Sus orígenes se remontan al final de la Segunda Guerra Mundial. Concretamente, en la Cumbre de Bretton Woods de 1944 se decidió crear dos organismos internacionales que preservaran el orden en los terrenos monetario y financiero: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Y respecto al comercio internacional, también se había previsto la creación de algún organismo que permitiera la negociación de acuerdos comerciales y mecanismos que garantizaran su cumplimiento. La idea fundamental era tratar de prevenir la ola de medidas proteccionistas unilaterales que los distintos gobiernos aplicaron durante los años 30 como medida de reactivación económica, y que contribuyeron a que determinados países trataran de conquistar determinados mercados por la fuerza (lo que supuso la causa inmediata para la Segunda Guerra Mundial). Se había pensado en principio en fundar un organismo multilateral para este fin: la Organización Internacional del Comercio (OIC). Sin embargo, no llegó nunca a crearse, principalmente por el boicot ejercido por los Estados Unidos, que participaron de las negociaciones, pero que al momento de quedarse obligado jurídicamente, no ratificó los tratados (¿nos suena de algo esta historia?). Los estatutos originales de la OIC preveían ciertos estándares laborales, mecanismos de compensación y de condiciones de producción que se contraponían a determinados intereses económicos de los Estados Unidos (¿nos sigue sonando esta historia?). 

 

Por eso, cuando los tratados internacionales que formaban la OIC fueron llevados al Congreso estadounidense, recibieron las quejas de los fuertes lobbies locales que presionaron para que fuese finalmente rechazada la propuesta. Este rechazo fue fundamental para que el proyecto de la OIC muriera sin llegar a ver la luz. No obstante, algunos capítulos de los tratados previos fueron aprobados, y se utilizaron como referencia hasta 1994, marcando las reglas del comercio internacional identificado estrictamente como el intercambio de productos manufacturados y las cuestiones arancelarias. Quedaban fuera de su esfera todo lo que tenía que ver con productos agrícolas, el comercio de servicios, y otros temas que hoy día sí están incluidos dentro de las típicas negociaciones de los TLC, y que marcan un punto diferencial, para nada menor, entre los actuales marcos jurídico-institucionales de los TLC y las normas anteriores. Durante varias décadas se fueron perfilando acuerdos de liberalización comercial, reducción de tarifas, propiedad intelectual y otros aspectos, todas ellas cuestiones de gran interés para los grandes países industrializados, pero que poco aportaban al desarrollo de los demás. Las nuevas coyunturas mundiales propiciadas a finales de los años 80 y primeros de los 90 (caída del muro de Berlín, implosión de la antigua URSS, etc.), más la imparable expansión del neoliberalismo impulsado por los gobiernos norteamericano y británico propiciaron de nuevo la ocasión perfecta para volver a retomar la idea del gran organismo internacional que velara por el comercio internacional, creándose finalmente la OMC en 1994. A partir de su fundación se incluyeron nuevos temas en las negociaciones comerciales comúnmente no tratados dentro de la agenda del comercio internacional, y se extenderían los TLC bilaterales y multilaterales por todo el mundo. La OMC tiene su sede en Ginebra (Suiza), y actualmente cuenta con 153 países miembro, y unos 30 en calidad de observadores, si bien los países de la Unión Europea negocian con una sola voz. 

 

La OMC, lógicamente, fue fundada bajo el marco ideológico del neoliberalismo imperante, y sus dogmas y principios se proyectan a cada uno de los acuerdos y negociaciones que se suceden bajo su amparo. Sus máximas son el acceso libre a los mercados, la facilitación al comercio, y el fomento de los flujos comerciales. Las reglas de la OMC impiden subsidiar la producción nacional, restringir la importación de productos, o dar un trato legal diferente a los productos vernáculos que a los foráneos  (todo ello se considera competencia desleal). La OMC también es ferviente defensora de los principios de "seguridad jurídica", que se traducen en una protección para los inversionistas, sin importar que ello signifique no otorgar el mismo nivel de "seguridad jurídica" para los derechos y estándares sociales instalados y reconocidos localmente. Detrás de todos estos principios y marcos de actuación se esconde un ataque a todo lo público y estatal, así como una visión condescendiente hacia los principales motores del libre comercio, que son las corporaciones transnacionales. La OMC también funciona bajo el principio de la liberalización progresiva, que implica el constante avance dentro de las negociaciones, no permitiendo nunca una marcha atrás en las mismas. Y con el fin de garantizar plenamente el cumplimiento de sus acuerdos, la OMC ha diseñado toda una serie de mecanismos vinculantes para las partes, y una vez que un país ingresa en este organismo, los acuerdos adoptados en su seno se convierten en vinculantes para todos (salvo los acuerdos multilaterales adoptados por un grupo de países). La OMC impone los acuerdos a sus países miembro, e incluso aquéllos acuerdos que puedan revelarse como desfavorables con el tiempo, no pueden rectificarse posteriormente, incluso si el pueblo soberano no ratifica el acuerdo y cambia al gobierno firmante. El desprecio a la democracia es pues absoluto, pues la OMC constituye el sostén fundamental donde se apoyan las teorías liberalizadoras del comercio, y el apoyo sin reservas a los grandes agentes económicos. Continuaremos en siguientes entregas.

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29 agosto 2017 2 29 /08 /agosto /2017 23:00
Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

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¿Harán falta otros cuarenta años para que España deje de tener un enorme mausoleo dedicado a un dictador, fosas comunes en las cunetas y torturadores impunes?

Ignacio Escolar

En la entrega anterior ya habíamos comenzado a comentar, siguiendo este artículo de Alejandro Torrús para el medio Publico, las sustanciales diferencias entre las Constituciones de 1931 (republicana) y de 1978 (del régimen actual), y habíamos hablado de lo relativo a la intensidad de la democracia reflejada en ellas, como primer gran punto de un total de cinco. Vamos a continuar hablando sobre el subdesarrollo en derechos de la actual Carta Magna frente a la republicana de comienzos de los años 30 del siglo pasado. Como ya dejamos sentado desde el primero de los artículos de esta serie, el levantamiento militar fascista (con el apoyo de los sectores más reaccionarios y conservadores de la sociedad) tuvo lugar precisamente en contra de los avances sociales y de las conquistas en derechos que la República había venido a consagrar. Porque en efecto, la II República trajo consigo la incorporación de los llamados derechos económicos y sociales (esos que el mundo occidental capitalista no acaba aún de reconocer), incluyendo específicas referencias a los grupos y colectivos más desfavorecidos de la sociedad de la época, como las mujeres, los trabajadores o la tercera edad, entre otros. El resultado fue la constitucionalización (es decir, el reconocimiento al más alto nivel) del elenco de derechos más amplio que ningún Gobierno de la historia española había alcanzado. ¿Hace lo mismo nuestra actual Carta Magna? Pues digamos que lo hace relativamente: la Constitución de 1978 introduce y reconoce un extenso catálogo de derechos económicos, sociales y culturales, ordenados según el nivel de protección que el Estado les otorga. En el tercer y último escalón de derechos, el régimen del 78 hace referencia a los "Principios rectores de la política social y económica". Dentro de estos principios, el texto constitucional incluye el "progreso social y económico y para una distribución de la renta regional", la garantía de la "asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo", el derecho a "la protección de la salud", el "acceso a la cultura" y la promoción "de la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general". 

 

Pero a pesar de su inclusión en el texto constitucional, estos supuestos derechos de la ciudadanía no gozan de amparo judicial, dado que sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las ulteriores leyes que los desarrollen. Por tanto y en la práctica, estos derechos económicos y sociales quedan reducidos a determinados principios o valores que inspirarán (o no) las políticas del Poder Ejecutivo, pero sin que ningún precepto constitucional les obligue a implementarlos. Esto implica que en realidad la Constitución del 78 no prevé mecanismos de control de la inacción del Gobierno, salvo los propios derivados de la responsabilidad política que se manifiesten en las urnas. Son por tanto derechos subjetivos, no implementados ni reconocidos realmente, al no disponer de normativas concretas que los explicitan y definen su marco de garantías. Y en la práctica, si no generan obligaciones que puedan ser exigidas ante un tribunal, las referencias de la Carta Magna son únicamente retóricas. Por el contrario, la Constitución republicana contempló una visión integral de los derechos, sin establecer diferentes grados de protección de los mismos en función de una mayor o menor relevancia, otorgando a todos ellos el mismo estatuto jurídico. Por tanto, la plasmación real y tangible de estos derechos pone de relieve la distinta filosofía que inspiran ambos textos, el de 1931 mucho más completo y garantista que el de 1978. Otra gran diferencia entre ambas Constituciones es la relativa al Estado Laico frente al supuesto Estado aconfesional. Como sabemos, la actual regulación constitucional en materia religiosa está presidida por el principio de aconfesionalidad del Estado Español. La CE de 1978, si bien afirma que "ninguna confesión tendrá carácter estatal", señala también que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones". 

 

En una palabra, se renuncia claramente al laicismo, que consiste precisamente en que el Estado no debe tener en cuenta ni cooperar con ninguna confesión religiosa, dejando este asunto para el ámbito estrictamente privado y de los fieles de cada confesión determinada. En la práctica, esas "relaciones de cooperación" contempladas en la Constitución de 1978 son las responsables de la abusiva posición que la Iglesia Católica ocupa en el escenario político y social diseñado desde la Transición (que aún era peor en el franquismo, claro está). Fue voluntad de los "padres" de la CE 1978 garantizar la presencia activa de la Iglesia Católica en los foros públicos y contribuir decididamente a su financiación. Pero la normativa favorable a la religión católica en el actual texto constitucional no viene reflejada sólo en este punto, sino que la incorporación en el texto de la "libertad de enseñanza" y el supuesto "derecho de los padres" a que sus hijos/as reciban la formación religiosa y moral acorde a sus convicciones, se ha convertido, en opinión de Escudero Alday, que nosotros suscribimos, en la mejor garantía de un sistema de centros educativos religiosos, privados o concertados, subvencionados éstos últimos con fondos públicos, y basados en el ideario religioso del centro en cuestión, que fomenta un adoctrinamiento a los estudiantes, así como un peso de la religión como asignatura evaluable y computable. La llegada de la II República, sin embargo, se celebró como la ocasión para terminar con la excesiva influencia de la Iglesia, tanto en la vida pública como en la educación. La Constitución republicana "trató de cambiar radicalmente el status quo, y situar a la Iglesia en los márgenes propios de su misión espiritual", en palabras de Escudero Alday. De esta forma, la CE 1931 sentaba las bases del Estado Laico en nuestro país. De ahí que la jerarquía católica, enemiga acérrima del laicismo, que evidentemente le hace perder poder y privilegios, bendijera el salvaje Golpe de Estado de julio de 1936. 

 

El Art. 3 de la CE de 1931 recogía expresamente que "El Estado no tiene religión oficial", artículo que fue acompañado de otros dos, el 26 y el 27, que regulaban la libertad de conciencia, religiosa y de culto. De hecho, la II República disolvió la Compañía de Jesús en enero de 1932, y en junio de 1933 aprobó la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, mediante la cual la Iglesia debía rendir cuentas por su actividad económica, y se le impediría ejercer la enseñanza. Como vemos, el breve período republicano supo avanzar en este asunto mucho más que lo que ha avanzado nuestra "democracia" en más de cuarenta años desde la muerte del dictador. Bien, otro cuarto aspecto donde ambas Constituciones resultan muy distintas es el relativo a la soberanía popular defendida por la Carta Magna de 1931, frente a la soberanía "nacional" reflejada en la de 1978. Las dos constituciones recogen en su articulado el principio de la soberanía popular. La Constitución republicana establece en su primer artículo que todos los poderes de la República emanan del pueblo, y por tanto, en el pueblo reside la potestad de crear leyes y en el Presidente de la República, la personificación de la nación. Establece, por tanto, el principio fundamental de la soberanía popular. Por su parte, la actual Constitución señala que "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". Aunque ambos textos aluden con diferentes términos al principio de soberanía popular, según Escudero Alday, los términos utilizados marcan la diferencia entre el espíritu de los dos textos constitucionales. Esta diferencia, explica Escudero, sirve para que desde la Constitución del 78 se insista, ya desde el inicio, en la idea de la "unidad de España" como fundamento del orden constitucional, poniendo por tanto un límite sustantivo a la soberanía popular. La unidad de la nación se coloca por delante de las bases democráticas. Según la CE 1978, la voluntad popular nunca podrá romper la unidad de España, o si no se respeta la unidad nacional, no habrá democracia. Proyéctese este escenario a la actualidad y al caso catalán, y se comprenderá mejor el supuesto conflicto jurídico generado. 

 

A su vez, la actual Constitución sustrae o elimina también a la Jefatura del Estado de cualquier principio democrático. Se afirma que la figura del Rey es inviolable, lo cual nos retrotrae a pasados escenarios, absolutamente anacrónicos y antidemocráticos. En cambio, para la Constitución republicana, en su primer artículo, "España se constituye en una República democrática de trabajadores de toda clase", lo cual deja bien claro el carácter social y democrático del país. Asímismo, en lo tocante al carácter pacifista del texto republicano, ya hemos destacado en otros artículos el hecho de que la CE de 1931 declaraba que "España renuncia expresamente a la guerra como instrumento de política internacional". Y en sintonía con todo ello, la Constitución republicana intentaba construir los moldes de una sociedad más libre, igualitaria, solidaria, participativa y responsable. En todo ello fue pionera, suponiendo una Carta Magna totalmente transformadora. Frente a ella, el texto constitucional del 78 tenía por objetivo salir del franquismo de la manera más airosa posible. Ya lo hemos contado en entregas anteriores. El ambiente  de la Transición no era aún favorable a un aperturismo total de nuestra sociedad, pues los sectores más recalcitrantes del anterior régimen aún poseían mucho poder. Además de todo ello, la Carta Magna de 1978 declara el sistema económico capitalista como el vigente en nuestro país, ya que reconoce expresamente "la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado", además de ser claramente insuficiente en lo relativo a la organización territorial del Estado, siendo por tanto una Constitución continuísta, en lugar de transformadora. La superación completa del franquismo, por tanto, requerirá también, desde este punto de vista constitucional, una clara superación del actual marco constitucional, mediante la apertura de un nuevo Proceso Constituyente que vuelva a definir los parámetros básicos de funcionamiento y organización del país. Continuaremos en siguientes entregas.

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28 agosto 2017 1 28 /08 /agosto /2017 23:00
Terrorismo en Europa: sus causas

Gobernados por un puñado de psicópatas que predican el odio -incluso como leit motive de campaña-, expuestos a la ilusión de un mundo de malos y buenos que la prensa nos ha fabricado, influenciados por ese relato perverso que sale de la boca de los dueños de la democracia, faltos de criterio, desinformados… el terreno es fértil para sembrar tan inconmensurable ignorancia que nos imposibilitará discernir entre una tragedia y un horror evitable

Walter C. Medina

Las propuestas de la derecha para frenar la violencia islamista son evidentes: más insistencia en el supremacismo cristiano y occidental, más represión interna y externa, más sospechas sobre la sociedad, más ley mordaza, más desconfianza y descalificación ante los que piensen diferente y, por supuesto, más castigo militar en las sociedades rotas de Irak, Siria, Libia, Yemen o Afganistán (al tiempo que no se dirá nada sobre, por ejemplo, el gobierno de Marruecos o el de Arabia Saudí). En cambio, la derecha no estará de acuerdo en acabar con los paraísos fiscales, en dejar de vender armas a gobiernos dictatoriales, en invertir para revertir la influencia cultural del islamismo radical, en recuperar económicamente a los países donde el islamismo radical aprovecha la pobreza para extenderse y en aumentar el gasto en inteligencia y prevención como forma de prevenir atentados. Ni en reconocer que desde que se decidió invadir Irak, el mundo está mucho más roto

Juan Carlos Monedero

El último de ellos, en Finlandia, después del brutal atentado de Barcelona y de Cambrills, donde ya se contabilizan 15 víctimas mortales (puede que aumente este número, pues aún hay heridos críticos) y casi 100 personas heridas de diversa consideración. ¿El modus operandi? Variante del mismo que viene ocurriendo en las principales ciudades europeas desde hace varios años, que consiste en el uso de armas elementales (cuchillos, etc.) y de arrojo de vehículos sobre la muchedumbre que se encuentra paseando, para causar una masacre lo más amplia posible. El uso de vehículos como arma terrorista ya es una técnica consolidada en los atentados yihadistas, en los últimos 13 meses hubo ataques similares en diversas ciudades de Francia, Alemania, Suecia o Reino Unido. Todas ellas han sido reivindicadas por el Estado Islámico, esa perversa organización terrorista de ideario fundamentalista (wahabita), alimentada al calor de los Estados Unidos, y con el apoyo y colaboración inestimable de Arabia Saudí y sus adláteres, esos mismos que están perpetrando una masacre continua y una tragedia humanitaria en Yemen de escandalosas proporciones, guerra de la que por cierto no se habla diariamente en nuestros programas informativos (de ninguna cadena pública ni privada), ni por cuyas víctimas guardamos minutos de silencio. Una guerra silenciada, una cruel invasión sistemática, y un genocidio despiadado el que se está llevando a cabo en Yemen, por cuyas víctimas no organizamos manifestaciones populares, ni atraen a nuestros dirigentes políticos. Esos mismos que tampoco se manifiestan por las víctimas de Gaza o de Mosul, de Raqqa o de Alepo, lugares donde diariamente ocurren masacres que quintuplican las víctimas de Barcelona. 

 

Nos dicen que la responsabilidad de estos atentados es únicamente de sus asesinos, y es cierto. Pero...¿quién es realmente el Estado Islámico? ¿Cómo se origina? ¿Quiénes lo respaldan? ¿Cómo se extienden sus seguidores por el mundo? El Estado Islámico, ISIS o Daesh fue un producto creado y patrocinado por la CIA, el MOSSAD y el MI6 (servicios secretos estadounidense, israelita y británico, respectivamente) para disponer de una coartada perfecta para sus intervenciones, creando (bajo la complicidad de países locales como Arabia Saudí) un perverso engendro que fuera capaz de captar la militancia de jóvenes de todo el mundo para la corriente musulmana más fundamentalista y violenta, el wahabismo. Recomendamos, entre otros muchos, este artículo del Profesor Michel Chossudovsky publicado en el medio Insurgente, que explica perfectamente el origen y la razón de ser de este monstruo terrorista. Se tiene constancia que los soldados de ISIS dentro de Siria trabajan a las órdenes de la alianza militar occidental. Su mandato tácito es causar los mayores estragos posibles y las acciones más devastadoras y criminales en Siria e Irak. El trasfondo geopolítico determina la motivación para todas estas guerras y conflictos armados, dándose incluso la paradoja y aparente contradicción de que fuerzas chiítas que luchan contra ISIS en Irak, así como miembros del propio ejército iraquí, han denunciado repetidamente las ayudas militares suministradas por Estados Unidos a los terroristas de ISIS, mientras a la vez, combatían contra ellos. En el fondo, el complejo militar-industrial necesita un poco de acción para continuar creciendo, obteniendo beneficios para sus empresas de armamento, para lo cual necesita justificar estos horrores en nombre de la "democracia, la libertad y los derechos humanos". La hipocresía y el cinismo llevados a su máxima expresión. 

 

¿Participan los países europeos en toda esta barbarie? ¿Participa España? Pues veamos: más de 400 soldados españoles participan de la misión imperialista contra el ISIS en Siria e Irak, formando parte de la coalición internacional (CJTF-OIR, por sus siglas en inglés), que es el mando central militar creado y liderado por Estados Unidos para frenar el avance del Estado Islámico. Cuando nuestros Ministros de Defensa se desplazan a estos campamentos, y son recibidos por nuestras tropas, brindando y proclamando elocuentes discursos, están contribuyendo a toda esta escalada irracional de violencia, terror y devastación. Una escalada que, como estamos comprobando, se vuelve contra nosotros cada cierto tiempo, haciendo pagar a personas inocentes con su vida la irresponsabilidad de nuestros indecentes y belicistas gobernantes. Por su parte, nuestro Rey Felipe VI se sitúa a la cabeza de todos ellos, pues mientras se coloca en primer plano de una manifestación popular y guarda un minuto de silencio por las víctimas, cada cierto tiempo visita y se reúne con sus reyes "hermanos" de la sátrapa dinastía saudí, viajando con una pléyade de Ministros y Secretarios de Estado, así como un buen grupo de grandes empresarios, interesados en la construcción de las grandes obras civiles e infraestructuras del país arábigo, así como ingentes cantidades de munición y armamento militares. Nuestro monarca se convierte así en el mejor representante de la "Marca España", sin importarle su colaboración con regímenes absolutistas y despóticos que no respetan mínimamente los derechos humanos. De hecho, las abominables prácticas de los soldados del Califato están inspiradas en los inhumanos, crueles y degradantes tratos a los que el Gobierno saudí somete a sus súbditos, sobre todo mujeres y homosexuales, además de personas críticas con el régimen. Se tiene constancia igualmente que Arabia Saudí mantiene vínculos con organizaciones yihadistas que siembran el terror en Siria, a las que financia y proporciona armas compradas a países occidentales, esos mismos que luego se manifiestan "contra el terrorismo", que llaman "a la unidad de los demócratas" contra el terror y la intolerancia, y demás absurdas y falaces proclamas. Y con la mayor hipocresía, cuando se comete un atentado como el de Barcelona, nuestros Reyes se dedican a visitar a las víctimas en los hospitales, y a guardar minutos de silencio.

 

De hecho, los bombardeos estadounidenses y aliados no están apuntando a ISIS, sino que tienen el objetivo de bombardear la infraestructura económica de Irak y Siria, incluyendo sus fábricas y refinerías de petróleo. El famoso proyecto del Califato de ISIS también forma parte de la agenda estadounidense de política exterior para la región. Nuestros países nos venden la idea de que estamos ante una "guerra contra el terrorismo", ante un choque de civilizaciones, ante una guerra de valores y religiones, que intenta acabar con nuestro sistema occidental de valores, democracia y libertades. Nada más lejos de la realidad. Se trata únicamente de una guerra para controlar los recursos naturales de los países de la región, de una guerra de conquista, guiada por objetivos geoestratégicos y económicos. Por tanto, la propia Unión Europea y Estados Unidos, en general los países de la OTAN, son los verdaderos causantes de la oleada de terrorismo que asola nuestras ciudades, y que viene de lejos. No podemos extrañarnos, ni señalar a los terroristas como la encarnación del mal, mientras continuamos hipócritamente apoyando las tropelías que nuestros Gobiernos perpetran en países de Oriente Medio y Próximo. Los culpables de los atentados son los propios terroristas, evidentemente, pero...¿son también ellos los últimos responsables? Los verdaderos responsables se sientan en los lujosos despachos de la Casa Blanca, el Pentágono, el Palacio del Elíseo, el 10 de Dawning Street, la Casa al Saúd, El Palacio de la Moncloa, o la sede de la OTAN, entre otros muchos. Y por la otra parte, la propia desestabilización de nuestras sociedades occidentales, marcadas por el capitalismo más despiadado, representa también un caldo de cultivo para que muchos jóvenes musulmanes sean fácilmente radicalizados, para convertirse en "Soldados de Alá". A ello contribuyen también la enorme cantidad de imanes que desde las mezquitas de nuestras ciudades europeas (construidas con capital saudí en una gran parte) ejecutan un adoctrinamiento salvaje sobre sus jóvenes huestes. 

 

¿No deberemos concluir entonces que todos estos atentados terroristas ocurridos en suelo europeo son en realidad un efecto boomerang, resultado de las perversas polìticas exteriores llevadas a cabo por todos estos países occidentales, "libres" y "civilizados"? El odio, la destrucción y la barbarie sólo engendran más de lo mismo. Nuestro país y el resto de países europeos colaboran activamente (incluso de forma entusiasta en muchas ocasiones, como ocurrió con la invasión de Irak en 2003) con las guerras "preventivas", "humanitarias" y desestabilizadoras patrocinadas por Estados Unidos y los países de la OTAN, cercando a Rusia, hostigando a China y a Corea del Norte, destrozando Siria, y antes Afganistán, Libia, Irak, Líbano, y un largo etcétera. Es de todo punto lógico pensar que toda esa barbarie, más tarde o más pronto, ha de rebotar en nuestros propios territorios. El propio fundamentalismo islámico es un producto cultural patrocinado por Estados Unidos, y promovido con la ayuda de los países musulmanes más abyectos, como Arabia Saudí, para controlar a terceros países de la región donde sus pueblos querían elegir y organizar Estados laicos, y sociedades democráticas, emancipándose del dominio y del control norteamericano. Ahora estamos pagando las terribles consecuencias. Pero como todo esto no puede ser reconocido por nuestros indecentes gobernantes, se instrumentaliza a la opinión pública, mediante simplistas y falaces mensajes como que "los terroristas vienen a destruir nuestro sistema de libertades", "venceremos al terror con la unidad de todos los demócratas", "no tenemos miedo", y otros muchos por el estilo. De paso, también aprovechan para fomentar en la ciudadanía las posturas islamofóbicas, racistas y xenófobas (incubando una especie de fascismo popular y de odio al extranjero), y aprovechando los atentados para recortar aún más los derechos fundamentales y las libertades públicas (cosa que ya hace el neoliberalismo por sí mismo), militarizando cada vez más nuestras sociedades, instalando estados de excepción, y todo ello en nombre de la seguridad colectiva. 

 

Si queremos dejar de sufrir atentados terroristas en Europa, hemos de ser pacifistas y coherentes. Es el único camino. En primer lugar pacifistas, y ello implica (entre otras muchas cosas)  retirar nuestros ejércitos de todos los países en conflicto, retirarnos de los países que integran la "coalición internacional" liderada por Estados Unidos que bombardea indiscriminadamente en Siria, abandonar nuestra amistad (e intereses comerciales) con países como Arabia Saudí (auténtico baluarte del fundamentalismo wahabita, que no respeta los más elementales derechos humanos y extiende y financia los imanes y mezquitas yihadistas por todo el mundo), dejar de vender armas a estos países, reducir nuestro gasto en Defensa, salir de la OTAN, y conseguir que los Estados Unidos retiren todas sus bases militares de nuestro territorio. En segundo lugar coherentes, y ello implica (entre otras muchas cosas) alejarse de la reduccionista y falaz retórica de los "buenos" (nosotros) y los "malos" (los musulmanes), dejar de alimentar el odio racial, la xenofobia, la islamofobia, la discriminación hacia el diferente, acoger a todos los refugiados de las guerras que nos sea posible, llorar y apoyar a todas las víctimas por igual, y abandonar la hipócrita "neutralidad" en conflictos como el que enfrenta históricamente a Israel y Palestina. Nosotros, los europeos en general, jamás hemos sido pacifistas ni coherentes, más bien al contrario, hemos fomentado nuestro propio imperialismo (que aún perdura en muchas colonias africanas y asiáticas), hemos apoyado el imperialismo estadounidense (responsable de las mayores matanzas de la historia), y lejos de poseer y defender una política exterior, de defensa y de seguridad autónomas, hemos seguido como perritos falderos al indecente imperio del norte. Mientras todo ello no cambie, seguiremos siendo blanco de atentados terroristas. 

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27 agosto 2017 7 27 /08 /agosto /2017 23:00
Por la senda del Pacifismo (65)

Mi patria es una patria que no maltrate, expulse y abandone a sus soldados y que estos puedan trabajar en unas condiciones dignas (y, también, que sus misiones sean loables y no las actuales: neocolonialismo, estados fallidos, ejércitos al servicio de las industrias y las empresas,…)

Luis Gonzalo Segura (ex Teniente del Ejército de Tierra, y miembro del Colectivo ANEMOI)

Necesitamos por tanto unas Fuerzas Armadas muy diferentes a las actuales, unas FAS que se transformen tanto en su fondo (ideario y organización de las mismas), como en su forma (visión y misiones encomendadas). Y venimos indicando que en el epicentro de todo ello, lo que debemos colocar es el convencimiento de que la senda pacifista nos lleva a combatir con otras amenazas distintas a la guerra clásica. En mayo de 2013 ya publicamos en nuestro Blog un extenso artículo titulado "Por un Nuevo Modelo de Seguridad y de Defensa", donde exponíamos detenidamente en qué consisten estas amenazas. Vamos a retomar lo fundamental de lo explicado en aquél artículo, para situar en su contexto las nuevas funciones de nuestros Ejércitos. En primer lugar, partimos de la base (que actualmente sólo es un deseo por el que luchamos desde la izquierda transformadora) de superación de nuestra actual Carta Magna de 1978, para mediante un Proceso Constituyente alcanzar una nueva Constitución, donde entre muchos asuntos, se declare la renuncia a la guerra como instrumento de política internacional, como de hecho ya hacía la Constitución de la República de 1931. En este sentido, el nuevo papel de nuestros Ejércitos debe insertarse en las relaciones de paz, desde una perspectiva de salida de la OTAN y de cualquier otro bloque militar, y de la expulsión de las bases norteamericanas de nuestros territorios. El debate principal, en torno al cual gira ese proyecto de "unidad cívico-militar" al que ya nos hemos referido en entregas anteriores, es preguntarnos quién es el sujeto político de la defensa y de la seguridad: ¿las personas, el Estado, las élites que nos gobiernan? Y en base a ello: ¿Cuáles son las amenazas que hay que afrontar hoy día? ¿Siguen siendo las mismas que las de hace 50 años? ¿Qué naturaleza tienen, y cómo podemos abordarlas? 

 

En nuestro primer bloque temático de esta serie de artículos, dedicado al Terrorismo Internacional, ya hemos dejado bien claro que los verdaderos intereses de las guerras y de los conflictos armados son de tipo geopolítico y económicos, y que por tanto, la senda pacifista nos obliga a alejarnos de ellos. Por tanto, abandonando ese prisma, concluimos que el concepto de Seguridad debe entenderse en un contexto moderno, amplio, complejo y multidimensional, pero siempre bajo la premisa del pacifismo en toda su extensión. Por otra parte, la clásica defensa de los valores de soberanía, independencia, integridad territorial, etc., chocan hoy día con la presencia de las estructuras políticas y económicas supranacionales a las que pertenecemos (Unión Europea, Espacio Shengen, OCDE, Eurozona, etc.) y en las que delegamos algunas funciones comunes. Pero sobre todo, tenemos que poner el énfasis en que, frente a los modelos clásicos de seguridad y de defensa, donde priman los territorios (antaño incluso el de los imperios), tenemos que acercar dicha seguridad a los ciudadanos, a las personas, a la población en general, es decir, tenemos que pensar en una seguridad más humana. La seguridad pública es un concepto muy debatido actualmente, amenazado por muy diferentes contextos, que están en plena evolución. Hay que adaptarse por tanto a estas nuevas amenazas, y abandonar los prismas y enfoques obsoletos de las Fuerzas Armadas tradicionales. Ni qué decir tiene que los tipos de amenazas que sufrimos en pleno siglo XXI son de índoles muy distintas a las del pasado, y van ocupando los primeros puestos y pasando a tener mayor relevancia las amenazas de tipo social, global, económico o medioambiental. Los problemas que aquejan hoy día a los pueblos suelen ser de esta naturaleza, y son este tipo de amenazas las que deben centrar la agenda de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, incluyendo por supuesto a los Ejércitos. 

 

En última instancia, el concepto de seguridad debe estar sujeto a un componente humano fundamental, donde la defensa convencida de los valores, de los principios y de los Derechos Humanos (individuales y colectivos, objetivos y subjetivos, clásicos y emergentes) queda inextricablemente unida al bienestar social de las personas, implicando que toda la población pueda ejercer sus derechos básicos y fundamentales, así como sus libertades públicas y la satisfacción de sus necesidades, bajo un entorno seguro, social, político y medioambiental. La seguridad extiende sus facetas, pues, y no se queda únicamente en el clásico ámbito del orden público, sino que afecta a la seguridad alimentaria, económica, sanitaria, medioambiental, personal, política y comunitaria. Y las Fuerzas Armadas deben ser el brazo ejecutor, aliado al pueblo, que garantice que siempre y en todo momento, circunstancia o situación, todos estos derechos y garantías se cumplen para el conjunto de la población. Porque en nuestro mundo actual, globalizado (bajo una equivocada óptica de la globalización neoliberal), interdependiente, tecnológico, insolidario, materialista, egoísta, competitivo, despiadado, belicista y depredador, las amenazas que estamos destinados a sufrir (mientras no consigamos cambiar este contexto a nivel mundial, y no sólo en un determinado país) se refieren al terrorismo internacional (cuyas causas ya han sido debatidas en el primer bloque temático), a la delincuencia organizada (mafias o sectas que trafican con drogas, armas, personas, etc.), a la ciberdelincuencia (los mismos delitos, pero utilizando medios tecnológicos y atacando a los sistemas de información), la violencia directa, los desastres naturales, las catástrofes medioambientales, el cambio climático, las hambrunas, las sequías, la desertización, la escasez de alimentos, los accidentes de tráfico, la violencia de género, etc. Pero también amenazas sociales como los desahucios, el desempleo, o la privatización de los servicios públicos, donde también los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado deben estar al servicio de la población, y no contra ella. 

 

Éstas y no otras son las amenazas que sufren nuestras sociedades actuales, y resulta a todas luces absolutamente ridículo pensar que todo un Ejército al estilo clásico (dotado con aviones de combate, misiles, bombas, buques de guerra, submarinos, tropa terrestre, etc.) sea de verdadera utilidad contra el crimen organizado, la ciberdelincuencia, los robos, las mafias, los desastres naturales, los accidentes o el terrorismo. Los Ejércitos tienen que ser adaptados a estas nuevas realidades sociales, y a estas nuevas amenazas. Por tanto, más allá del debate estéril sobre su existencia, lo debates que debemos plantearnos sobre el Ejército deben girar en torno a cuáles podrían ser sus funciones, sus procesos de adaptación, cuáles son las auténticas amenazas de nuestro mundo, y cómo podemos luchar y enfrentarnos más eficazmente contra ellas. La senda pacifista no anula pues la existencia de unas Fuerzas Armadas, lo que hace es ligarlas indisolublemente al pueblo al que defienden, y canalizarlas para que sean efectivas ante las nuevas amenazas de nuestro mundo capitalista y neoliberal. Parece más bien, por tanto, que fomentando una política de desarme nuclear a nivel internacional, respetando los protocolos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y desarrollando redes internacionales de colaboración más potentes entre policías y jueces, así como promoviendo el desmantelamiento de los paraísos fiscales, seríamos más efectivos a la hora de luchar contra todas estas nuevas amenazas a nuestros pueblos. Es más lógico pensar que la lucha contra todas ellas se hará de forma más efectiva potenciando dichos medios, invirtiendo en ellos, y a la vez también reduciendo los gastos en Defensa, reduciendo el potencial bélico de nuestros Ejércitos, dejando de fabricar y de exportar armas, y en general, intentando reducir el carácter militarista, belicista e imperialista de las grandes potencias. 

 

Tenemos que migrar por tanto hacia un nuevo concepto de Seguridad, que bien pudiéramos llamar Seguridad Humana. Básicamente, consiste en romper los prismas actuales, abandonar las visiones guerreristas (incluso las "humanitarias" y de "reconstrucción" de los países en conflicto), renunciar a los planteamientos de alineación del Ejército con el Estado y las élites que lo controlan, y optar por un planteamiento de unidad cívico-militar de carácter popular. Se trata de situar al conjunto de la ciudadanía (y la defensa de sus intereses populares) en el centro mismo de todo el desarrollo de las políticas integrales de derechos humanos, nacionales e internacionales, de seguridad y de defensa, de completa garantía en el desarrollo de su protección, y de su integridad a todos sus niveles. En último término, una Seguridad que se dirija a resolver las auténticas necesidades de millones de personas afectadas por las inseguridades, por las incertidumbres, por las tragedias derivadas de la globalización capitalista en los ámbitos político, económico, social, cultural y medioambiental. Esto es exactamente lo que pone en jaque la seguridad de nuestras sociedades actuales, en todas partes del mundo. Un nuevo modelo de Seguridad y Defensa debe ser coherente con todo ello. Y las Fuerzas Armadas son su brazo ejecutor principal. Esta es la seguridad que hay que cultivar, y todo lo demás vendrá como un añadido natural. Porque evitando estas causas, evitando los motivos que son la fuente de la inseguridad, irán disminuyendo progresivamente los ataques a la seguridad que sufren personas y colectividades a nivel mundial. Hemos de conceder mayor relieve a las políticas de cooperación y de ayuda al desarrollo (fuente de la solidaridad entre países), luchando contra el paradigma obsoleto y anacrónico de la seguridad centrada en su punto de vista exclusivamente militar, y de protección de las fronteras nacionales y del territorio frente a supuestos ataques o invasiones externas. El mundo ha cambiado, y necesitamos adaptarnos a las nuevas amenazas, porque hoy día los antiguos planteamientos militares no tienen sentido, y además son excluyentes y contradictorios con el pleno desarrollo y la cooperación entre los pueblos. Continuaremos en siguientes entregas.

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24 agosto 2017 4 24 /08 /agosto /2017 23:00
Arquitectura de la Desigualdad (52)

De esta crisis nadie saldrá como antes. Lo que nos espera es, o bien un horizonte feudal con un aumento brutal de las desigualdades, una concentración sin precedentes de las riquezas, nuevas formas de precariedad para la mayoría de la ciudadanía; o, por otro lado, una revolución democrática, en la que participan miles de personas para cambiar el final de la película

Ada Colau

Porque en efecto, para revertir la desigualdad, hay que desmontar muchos privilegios, privilegios (de unos pocos) que niegan derechos (de muchos). Hay que desmontar estrategias fiscales (mediante las cuales los ricos llevan a cabo toda una ingeniería fiscal para tributar menos), hay que desmontar paraísos fiscales (nos ocuparemos de ellos ampliamente en su correspondiente bloque temático), hay que desmontar el mecanismo de la deuda pública de los países, hay que desmontar la tremenda hegemonía empresarial y la brutalidad desregulada de los mercados de trabajo, y también hay que desmontar las indecentes normas  que regulan el comercio internacional (las estamos contando también en nuestra serie de artículos dedicados a la lucha contra los tratados de libre comercio). Los aparatos estatales son claros aliados y cómplices de los súper ricos, y compiten entre ellos para atraerlos, cediendo incluso la propia soberanía. Hay que denunciar y desmontar todos estos intereses aliados, si pretendemos demoler toda esta arquitectura social consagrada a la desigualdad. Los continuos informes de Oxfam Intermón lo dejan muy claro al respecto: "Este tipo de lobby político proactivo por parte de los súper ricos y sus representantes es causa directa del incremento de la desigualdad, ya que contribuye a reforzar un círculo vicioso que se retroalimenta, y en el que los grandes ganadores obtienen aún mayores rentabilidades y privilegios que a su vez les permiten obtener cada vez más beneficios". La diferencia entre las clases sociales se incrementa notoriamente, los límites se vuelven obscenos e indecentes.

 

Y lo peor de todo es que el pensamiento dominante llega a legitimar con tal rotundidad estas aberrantes situaciones, que incluso una gran parte de las clases populares y más vulnerables entienden como algo lógico que esto sea así. Sólo hay que presenciar la cantidad de aficionados que se dan cita a las puertas de los tribunales donde se va a juzgar por delitos fiscales a los grandes astros del fútbol, y escuchar los gritos de apoyo a sus ídolos, a los cuales les importa poco que dicho as del deporte rey haya defraudado varios millones de euros al erario público. Evidentemente, a los que se concentran allí poco les importa que un señor que da patadas a un balón pueda ganar en un mes lo que ellos no ganarían ni en varias vidas que vivieran. Incluso las directivas de sus respectivos clubs emiten comunicados oficiales "de apoyo" a sus delincuentes jugadores, demostrando que bien poco les interesa el hecho de que hayan defraudado o no a la hacienda pública, sino los beneficios que les procuran, y la pasión que levantan en sus aficiones. Si organizamos mañana una manifestación popular contra la desigualdad seguro que tendremos menos asistencia que la que concurre a las plazas públicas cuando su equipo preferido gana la liga. Así de triste. Es una clara muestra de la alienación masiva que sufre nuestra sociedad, y una prueba evidente del poder del pensamiento dominante, que legitima y justifica estas aberrantes desigualdades. El pensamiento económico (incluso el que se enseña en facultades y escuelas de negocios) admite sin fisuras (y la población lo asume masivamente) falacias como que el mercado nunca se equivoca, que hay que minimizar el papel de los Gobiernos, que las empresas tienen que maximizar sus beneficios a toda costa, que la riqueza individual extrema no es perjudicial sino síntoma de éxito, que la desigualdad no es relevante, que el crecimiento del PIB debe ser el principal objetivo de la política económica, o que los recursos de la naturaleza y de nuestro planeta son ilimitados. 

 

Mientras la mayoría social piense de esta forma, no sólo es que la desigualdad va a seguir aumentando, sino que está proyectándose y conformándose de manera inequívoca el colapso social y económico, incluso en última instancia, civilizatorio. Por tanto, lo que debemos hacer es desterrar profundamente estas premisas, y debemos hacerlo rápido. Son presupuestos equivocados, injustos, antisociales, retrógrados, incorrectos, reaccionarios, y no han servido para alcanzar la prosperidad ni la estabilidad de las sociedades, sino que, por el contrario, nos están arrastrando al abismo. Necesitamos urgentemente una alternativa a este demencial modelo económico, es hora de construir una economía más humana. Hoy día, el modelo económico no es que sea capitalista, sino que ha derivado hacia un capitalismo depredador, rentista, parasitario, especulador y cortoplacista. Los intereses de los inversores se han convertido en un elemento determinante de las decisiones empresariales. La práctica de retribuir a los directivos con acciones como parte de su paquete de remuneraciones vincula directamente la toma de decisiones empresariales con los beneficios a corto plazo, y hace que los directivos actúen a favor de los intereses de los accionistas (es decir, de ellos mismos) en lugar de dar prioridad a la actividad productiva, a las ventas y a los intereses a más largo plazo. Se deja de invertir en innovación, en puestos de trabajo cualificados, todo lo cual socava los planes de sostenibilidad, tanto para las propias empresas como para sus empleados, los consumidores y el medio ambiente. Típicamente, estas empresas que se rigen por el principio del beneficio rápido no están generando un crecimiento inclusivo, pues la mayoría de dichos beneficios se quedan en sus propios directivos y sus grandes accionistas e inversores. 

 

Este capitalismo también se caracteriza por ser clientelar, ya que desde 1990 se ha producido un enorme incremento de la riqueza de los milmillonarios derivada de su actividad e inversión en sectores económicos que requieren una relación muy estrecha con los Gobiernos, como es el caso de la construcción y la minería. Ello determina importantes focos y prácticas de corrupción ligados a estas actividades, gracias a los cuales también aumenta inusitadamente la riqueza de estos agentes económicos, en detrimento del volumen de las arcas públicas. A este sector del capitalismo clientelar también se apuntaron empresas farmacéuticas, de las telecomunicaciones, de la energía, del sector financiero, de la sanidad, etc. Los análisis de Oxfam revelan que el 43% del patrimonio de las grandes fortunas del mundo procede o está vinculado a estas relaciones clientelares. Las grandes empresas son veneradas por los Gobiernos, y de hecho, el capitalismo neoliberal se viene esforzando durante estas últimas décadas en privatizar total o parcialmente las grandes empresas públicas (y rentables) de todos los países, con objeto de consolidar una estrategia de desposesión social, en favor del gran capital. Su mejor propaganda es que ellas contribuyen (por su tamaño, nivel de exportaciones, etc.) a incrementar el PIB, que como sabemos, es el indicador macroeconómico por excelencia. Ya hemos explicado en entregas anteriores básicamente en qué consiste este indicador: el Producto Interior Bruto fue creado por Simon Kuznets en 1937, sumando la totalidad de la producción acumulada de personas, empresas y Gobiernos, es decir, intentando representar la totalidad de la riqueza de un país. Y así, el PIB se convirtió poco a poco en una herramienta estándar para dimensionar la economía, así como en un indicador comparativo de primer nivel entre los diferentes países. El PIB también se extrapoló al ámbito continental e incluso al mundial, para que dichas comparaciones pudieran ofrecer otros puntos de vista. 

 

Es evidente que el PIB se ha convertido, gracias a la propaganda neoliberal y al pensamiento económico dominante, en un indicador poderoso para medir la calidad de vida y muchos resultados relativos al desarrollo humano, pero esto no es realmente cierto, y además, su uso se ha extendido más allá de la utilidad para la que fue concebido inicialmente. El PIB es un indicador sesgado, limitado y poco flexible, que únicamente se centra en contabilizar el volumen de producción de un país, sin pararse a distinguir de dónde proviene esa riqueza, ni cómo se redistribuye. Actualmente, la mayor parte de los políticos, economistas y medios de comunicación lo utilizan de forma "maximalista" como el gran indicador para medir el desempeño de una nación (y por lo tanto de sus líderes). Y así, se habla de que "creceremos más que el año anterior", "somos el país que más crece", o de las "previsiones de crecimiento" de tal o cual institución, gobierno u organismo. En política internacional, el poder e influencia de un país también se definen invariablemente en función del tamaño de su PIB. En abril de 2016, hasta una publicación tan conservadora como The Economist afirmó que el PIB "es un indicador de prosperidad profundamente deficiente, y sigue empeorando con el tiempo". El PIB per cápita (el PIB intrapolado a cada habitante) no tiene en cuenta la desigualdad, al tratarse de una simple media aritmética, y de hecho, como hemos referido en entregas anteriores, la mayor parte de los beneficios de este "crecimiento" ha ido a manos de los más ricos, es decir, ha provocado un crecimiento no inclusivo. El PIB no tiene en cuenta los trabajos no remunerados (como por ejemplo los trabajos de cuidados), realizado típicamente por mujeres, y que constituyen un enorme apoyo para la economía de un país. Incluso con cálculos conservadores, se estima que el tiempo que las mujeres dedican a llevar a cabo el trabajo de cuidados no remunerado tiene un valor aproximado de 10 billones de dólares anuales. Continuaremos en siguientes entregas.

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23 agosto 2017 3 23 /08 /agosto /2017 23:00
Viñeta: Sofía Mamalinga

Viñeta: Sofía Mamalinga

Los acuerdos de libre comercio (TLC), ya sean bilaterales o multilaterales, están todos diseñados para garantizar las ganancias de las grandes empresas. Estas acaparan los recursos, los servicios públicos, las tierras agrícolas de los campesinos y destruyen el medio ambiente. Destruyen puestos de trabajo, reducen los salarios introduciendo competencia entre los asalariados y aumentan el desempleo. Controlan cada vez mas los países del Sur profundizando su dependencia estructural alimentaria, financiera y tecnológica

Fragmento de la Declaración Final de la Conferencia “Tratados de Libre Comercio, Tratados coloniales contra los pueblos”

Las posibles alternativas a los TLC han de poner en debate, en primer lugar, las grandes normas y las funciones de los Organismos mundiales que regulan el comercio internacional. Unas normas que se basan en la propia desigualdad y el poderío hegemónico de las grandes empresas transnacionales, así como en los intereses comerciales de las grandes potencias. Vamos a exponer una revisión muy generalizada de dicho panorama, basándonos en el texto "Comercio internacional: exclusión y privilegios", de varios autores, editado junto a otros libros de su colección por la Plataforma "2015 y más". Los países ricos y sus defensores y aliados se empeñan en afirmar que la mejor forma de organizar las relaciones comerciales internacionales es mediante la plena libertad de intercambios, y obligan a los países más pobres a respetar leyes estrictas que les imponen una completa apertura de sus fronteras, gracias a lo cual los productos de los países ricos y de sus empresas penetran sin dificultades en los mercados de los países pobres, aplastando sus economías locales y a su tejido empresarial pequeño y mediano. Pero, justo al mismo tiempo, los ricos se protegen y mientras también prohíben a los pobres que adopten cualquier tipo de defensa o protección de sus intereses nacionales. De esta forma, la balanza se vuelve completamente desigual y los países ricos lo son cada vez más a costa de los pobres. Igual ocurre cuando la fabricación de determinados productos o servicios depende de la presencia de ciertas materias primas que se localizan fundamentalmente en los países pobres. Entonces dichos países son vilmente expoliados, sufriendo agresivos procesos de extractivismo, ante la pasividad de estos organismos internacionales que han de velar para que se cumplan las reglas del comercio. 

 

El escenario es, pues, como vemos, bastante injusto. Los TLC se aprovechan de este escenario, y es por ello por lo que decimos que las posibles alternativas a los mismos han de poner en solfa toda esta estructura en la que se basa el comercio internacional. Y mientras desde sus poderosas atalayas proclaman las bondades del "libre comercio", tratan igual a los desiguales, y retiran para ellos la escalera que supone poder alcanzar también altos niveles de desarrollo económico. La desigual organización del comercio provoca escasez, especulación, impide a los pueblos disponer de sus propios recursos, reduce sus ingresos y da lugar a esa gigantesca aberración que supone que quienes producen más caro sean los que dominan los mercados, excluyendo del consumo a cientos de millones de personas. Necesitamos en el mundo una mayor justicia comercial, y como siempre, ha de venir de la regulación que los Estados a nivel nacional, pero también por supuesto todas las organizaciones supranacionales dedicadas al comercio, pongan en marcha de manera armónica para alcanzar ese objetivo. Como indican los autores en el texto de referencia: "El proteccionismo por el que hay que abogar no es el que deriva de reaccionarios sueños nacionalistas, sino de un profundo y sincero sentido de la equidad que nos impone a todos la obligación de apoyar a los débiles y de controlar a los fuertes para que todos estemos en semejantes condiciones de vivir y de satisfacer nuestras necesidades". Y como ya indicábamos en nuestra entrega anterior, lo primero que hay que cambiar en este injusto escenario son sus protagonistas, haciendo disminuir la presencia de los grandes lobbies empresariales y de los representantes de estos organismos internacionales, y haciendo destacar la presencia de activistas altermundistas, feministas, en defensa de los derechos humanos, cooperantes de ONG's de desarrollo, ecologistas, pacifistas, sindicalistas, o colectivos de agricultores, de mujeres o de indígenas. 

 

El organismo internacional por excelencia dedicado a este asunto es la OMC, siglas de la Organización Mundial del Comercio. Tal como entiende el comercio la OMC, se trata básicamente de una extensión del antiguo colonialismo, es decir, un medio para obtener recursos naturales y humanos a bajo precio, en beneficio del gran capital. Es un planteamiento que lleva siglos ocurriendo, puesto en marcha desde la Edad Media por las grandes potencias e imperios mundiales. Algunos datos de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo) son terriblemente ilustrativos al respecto:

 

1.- Un total de 65.000 empresas transnacionales y sus 850.000 filiales controlan el 27,5% de la actividad económica global, pero sólo absorben el 0,74% de la fuerza laboral empleada. 

 

2.- Las 500 mayores megaempresas del mundo son las responsables del 25% de la producción mundial, y del 70% del comercio mundial, aunque sólo aportan el 1% de la población activa. 

 

3.-  Las cinco mayores empresas transnacionales (ETN) controlan el 50% de la industria automovilística, aeroespacial, electrónica y del acero, además del 70% de los bienes de consumo duradero. 

 

4.- En el año 1990 el volumen de ventas nacionales y el de las exportaciones de las filiales de estas empresas transnacionales coincidían, mientras que en el año 2001 las ventas nacionales duplicaron a las exportaciones, es decir, que las filiales de las multinacionales se están apoderando de los mercados nacionales. 

 

5.- El comercio que desarrolla el conjunto de estas empresas transnacionales asciende aproximadamente a 8.000 millones de dólares anuales, un tercio de los cuales está constituido por el comercio entre las sociedades de una misma empresa multinacional (comercio intrafirma) y el otro tercio por el comercio entre empresas. 

 

6.- En el año 2008, las exportaciones mundiales de mercancías se habían multiplicado por 57 con respecto a las del año 1969, mientras que el PIB mundial sólo se había multiplicado por 22. El comercio entre las tres regiones más ricas del mundo (América del Norte, Europa Occidental y el Sudeste Asiático) representa el 80% del comercio mundial, y sólo la zona euro protagoniza el 39% de este comercio. 

 

Como vemos, las cifras hablan por sí solas. Es un hecho históricamente demostrado que el libre comercio siempre ha tenido para los países más vulnerables consecuencias abiertamente negativas en los intentos de favorecer su industrialización, e impulsar su crecimiento económico. El texto de referencia también ofrece algunos datos que demuestran la paradójica situación del comercio internacional:

 

1.- Los países más empobrecidos, con graves problemas de desnutrición, son exportadores netos de alimentos...¿cómo es posible que no se utilicen dichos recursos para beneficio propio de las poblaciones locales?

 

2.- En estos países, se cierran empresas locales y los pequeños productores agrícolas abandonan el campo como consecuencia de la importación sin trabas de productos que ya se fabricaban en el propio país, causando paro, emigración y desarraigo local...Es justo lo que ha pasado en México desde que se aprobó el TLCAN (tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México). ¿No es más justo promocionar la producción local y abastecer desde la proximidad a la población de sus propios países?

 

3.- Se proporcionan ayudas millonarias a grandes cadenas de hipermercados y empresas de alimentación pertenecientes a grandes corporaciones internacionales de comercialización que acaban destruyendo el pequeño comercio local y sus puestos de trabajo. Todo ello multiplica los recursos necesarios (producción, almacenaje, transporte, etc.) para que una misma sociedad local se abastezca de sus propios productos

 

4.- Los países más pobres reducen sus gastos sociales para subvencionar la construcción de infraestructuras que acaban utilizando las grandes compañías exportadoras y los grandes terratenientes para realizar sus exportaciones...¿no sería mejor subvencionar la producción y el abastecimiento local antes que las grandes infraestructuras?

 

5.- Las normas comerciales internacionales vigentes ponen dificultades a que estos países regulen las condiciones en que las empresas extranjeras explotan sus recursos naturales no renovables, lo que explica que por ejemplo acaben expoliando sus pesquerías y manglares...¿no es más lógico pensar que sean las empresas extranjeras las que respeten las normas locales de extracción, producción, almacenaje, distribución y comercialización?

 

6.- El 93% del precio del café se lo quedan las empresas transnacionales y los intermediarios, y sólo un 7% va a los campesinos y pequeños productores...¿no sería más justo y sostenible un reparto más equitativo de estos costes y beneficios? Continuaremos en siguientes entregas.

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22 agosto 2017 2 22 /08 /agosto /2017 23:00
Hacia la superación del franquismo (37)

Si se convocara un minuto de silencio por las víctimas del franquismo, estaríamos en silencio 79 días, 6 horas y 6 minutos

Víctor Arrogante

La Transición fue, por tanto, una orquestada operación que para nada respondió al estereotipo que ha sido divulgada de ella. Floren Dimas, del Colectivo de Militares ANEMOI, ha descrito en este artículo dicha etapa en los siguientes términos: "Domesticado el más beligerante y concienciado partido antifranquista, el PCE, y sometida la docilidad política de un PSOE antimarxista y pro-capitalista --desaparecido por cierto en una lucha clandestina de cuarenta años--, refundada la derecha en el nuevo partido de la UCD, fue posible entonces pergeñar una salida airosa al inmenso aparato político-económico-religioso-institucional franquista, sin pedirles explicaciones por las autorías y complicidades inherentes a la responsabilidad de haberse sublevado contra el gobierno legal y legítimo de la II República, haber desencadenado una guerra civil, y haber instaurado en España una cruel dictadura fascista durante más de cuarenta años. Un régimen responsable de cientos de miles de crímenes, saldado con la más absoluta de las impunidades". Impunidad que aún continúa en nuestros días, y la razón es bien sencilla: si comenzamos a tirar del hilo, llegamos a la evidente conclusión de que el propio régimen, la propia Monarquía, fue una imposición del dictador, y por tanto, un régimen ilegítimo que hay que desmontar, o al menos, consultar al pueblo a tal efecto. Por tanto, rompamos también con el mantra de que la Transición fue obra de unos cuantos ilustrados de la época con altos valores democráticos que tuvieron la capacidad de negociación, consenso y acuerdo para establecer las bases de un nuevo marco de convivencia democrática. Nada más lejos de la realidad. 

 

Porque lo cierto es que el ocaso del franquismo, por más que historiadores de la línea oficialista y políticos del régimen insistan en que fue gracias al papel de mediación de una serie de políticos "excepcionales", de alta gama, que supieron anteponer los intereses del país a los suyos propios, y a su capacidad de saber transigir, negociar y acordar, de ceder posiciones, lo cierto es que los verdaderos demócratas fueron los que se jugaron la vida en las calles: estudiantes en las Universidades, obreros en las fábricas, manifestaciones populares masivas, etc. Según Alfredo Grimaldos ("Claves de la Transición 1973-1986", 2013, Ed. Península, pag. 5): "Más de cien militantes de izquierda fueron asesinados, entre 1976 y 1980, en manifestaciones y atentados. Por la policía, la Guardia Civil y la extrema derecha instrumentalizada desde el poder". No obstante, pese a la tenaz lucha de los verdaderos demócratas en la calle contra el franquismo, sería erróneo no darse cuenta del exitoso proceso para las élites franquistas que fue tanto el control de una oposición democrática rupturista devenida en simplemente reformista, como el travestismo político de miembros del aparato franquista reconvertidos urgentemente en "demócratas de toda la vida", lo que le dio un peso gigantesco a éstos últimos en la configuración política del nuevo régimen (el de la Constitución de 1978) creado. Grimaldos cita también en su obra las palabras de José  Luis Mendizábal ("De Franco a Juan Carlos I", Ed. Revolución, 1979), cuando afirma: "Durante la Transición, las nuevas instituciones que van surgiendo coexisten con organismos engendrados por el franquismo. Y los personajes que han hecho carrera en éstos se trasvasan con toda naturalidad a los primeros. La alta burocracia, los jueces, la policía y los mandos militares permanecen en sus puestos. Y con ellos, una gran cantidad de hábitos antidemocráticos y mecanismos represivos". 

 

Y lógicamente, tuvieron que esparcir un barniz lo suficientemente fuerte como para simular que habían hecho limpieza de la dictadura (sin hacerla), y esa fue la Constitución de 1978, una nueva Carta Magna que venía a sustituir a la Constitución Republicana de 1931, pero que como vamos a ir viendo a continuación, difieren mucho en su filosofía y en sus contenidos. La Carta Magna republicana de 1931 era una Constitución abierta, moderna, laica, pacifista y soberanista, solidaria e internacionalista, entre otras características. Frente a ella, nuestro actual marco constitucional es más cerrado, limitado, confesional, capitalista, monárquico y consagrado a los poderes fácticos, determinando una democracia de baja intensidad que llega hasta nuestros días, puesto que ningún Gobierno del bipartidismo ha tenido la voluntad política de ir adaptándola con el paso de los años, más allá de pequeñas modificaciones cosméticas o exigidas por nuestra pertenencia al contexto europeo. Nos vamos a basar a continuación en este artículo de Alejandro Torrús para el medio Publico, que realiza un pequeño estudio comparativo entre ambas Constituciones, a partir del libro "Modelos de democracia en España: 1931 y 1978", de Rafael Escudero Alday. Es un ejercicio absolutamente imprescindible llevar a cabo esta comparación, para que se vean claramente las diferencias entre ambas, y de este modo podamos comprender las limitaciones que el régimen del 78 nos impone. A su vez, esto es determinante para comprender algunos de los problemas fundamentales que arrastra nuestra democracia, y rescatar de la herencia republicana (abruptamente aniquilada por el franquismo) las soluciones y visiones aportadas. Pues bien, el primer gran punto que Torrús destaca en su artículo es el enfrentamiento entre una democracia participativa (CE 1931) frente a una democracia de baja intensidad (CE 1978). Ello es importante porque la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan a la colectividad denota la calidad de todo sistema democrático, y afecta al grado de compromiso que los ciudadanos adquieren con él. 

 

En este sentido, Escudero Alday afirma que "De la mayor o menor distancia entre la ciudadanía y los núcleos de poder, del fomento o no de herramientas democráticas que vayan más allá de elegir a sus representantes políticos cada cierto tiempo, dependerá una mayor implicación e identificación de las personas con el sistema; una mayor cultura democrática, en definitiva". Es precisamente en este punto, señala Escudero, donde mejor se puede apreciar el diferente modelo de sociedad política hacia el que conduce cada una de las Constituciones. Mientras que la CE 1931 parecía buscar una ciudadanía participativa y comprometida con la gestión de la "res pública", el texto de 1978 prefiere limitar la participación ciudadana a la elección periódica de nuestros gobernantes. El texto constitucional republicano buscó consolidar los mecanismos a través de los cuales el conjunto de la ciudadanía pudiera ejercer su soberanía directamente. Escudero Alday señala dos mecanismos, ambos incluidos en su artículo 66: el referéndum sobre leyes votadas en las Cortes y la iniciativa legislativa popular, sin olvidar la extensión de la participación ciudadana a otros ámbitos como la constitucionalización de la libertad sindical, o el jurado popular. La CE 1978, por su parte, no establece la figura del referéndum legislativo que sí contemplaba el texto de 1931. El régimen de 1978 consagra únicamente la figura del referéndum vinculante (como obligatoriedad de consultar a la ciudadanía) en los casos de reforma del núcleo duro de la Carta Magna, así como para la aprobación y reforma de algunos Estatutos de Autonomía de ciertas Comunidades. Ello fue debido al dominio que durante la Transición aún continuaban ejerciendo las fuerzas conservadoras herederas del franquismo. La CE 1978 ofrece, de este modo, muy poco espacio a la democracia directa. 

 

La plena superación del franquismo ha de volver a traernos, y además de forma progresivamente ampliada, todo el reconocimiento y la instalación de las formas y mecanismos que la auténtica democracia pone a disposición de los pueblos para poder dirigir su destino, y tomar sus decisiones de forma colectiva. Nosotros lo hemos desarrollado a fondo en este artículo, que recomiendo a mis lectores y lectoras. Y así, la Tercera República debe conducirnos a avances en la democracia representativa (mejorando aspectos como la Ley Electoral para que el reparto de escaños sea más proporcional), en la democracia participativa (aumentando y definiendo nuevos cauces democráticos de participación ciudadana en la toma real de las decisiones políticas que nos afecten), en la democracia decisoria (ampliación de la figura del referéndum vinculante para dar más fuerza a esta herramienta de soberanía popular), en la democracia revocatoria (mediante la definición de mecanismos populares para poder destituir de sus respectivos cargos políticos e institucionales, electos o designados, ante situaciones de clara ilegitimidad, como es el caso de incumplimiento del programa electoral), e incluso en la democracia económica (definiendo mecanismos de participación de los/as trabajadores/as en los foros y ámbitos de decisión de las empresas, tanto públicas como privadas). Aspiramos por tanto a superar el tímido contexto democrático que la CE 1978 definió, y que claramente nos ha conducido a la democracia tutelada y de baja intensidad que padecemos. El Movimiento del 15-M ya denunció en sus manifestaciones los tremendos déficits democráticos de nuestra sociedad, y la preponderancia en las decisiones políticas de los poderes económicos. La Constitución de 1978 involucionó por tanto democráticamente, y la superación del franquismo ha de conseguir un mayor contexto democrático, incluso superando el contexto establecido en la Constitución republicana de 1931. Continuaremos con este análisis comparativo en siguientes entregas.

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