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4 enero 2016 1 04 /01 /enero /2016 00:00

No habrá resolución alguna de la crisis que nos agobia si no se pone en funcionamiento una estrategia que limite efectivamente el despotismo de los mercados y la primacía de los oligopolios y el imperialismo

Atilio A. Borón

Todo lo cual es, como estamos explicando, el auténtico fenómeno que explica la existencia y expansión del sistema-deuda a nivel mundial, y por supuesto, también en nuestro caso español, que estamos analizando. Y lo estamos haciendo tomando como referencia e intentando explicar la gravedad de la última reforma constitucional ejecutada por el bipartidismo, en torno al cambio del artículo 135, para asegurar desde dicho rango constitucional el pago de la deuda frente a cualquier otro gasto social. Este cambio constitucional, tal como lo hemos presentado durante las últimas entregas, representa un duro golpe contra la democracia, no teniendo justificación alguna para ningún gobierno decente que se precie. Porque incluso entendiendo que los poderes supranacionales que en el fondo ordenaron el cambio (que no fueron otros que los representados por la Troika) tuvieran demasiado poder para nuestro Gobierno de turno, su Presidente (Zapatero en este caso) y todo su Gobierno en bloque deberían haber dimitido, ante la imposibilidad de llevar a cabo su programa electoral, o si se quiere, ante la obligación externa de tener que implementar medidas contrarias a su ideario. No obstante, el Presidente Zapatero cambió la Constitución, aplicó las medidas de recortes y de austeridad, consagró el pago de la deuda, no dimitió, y hoy día sigue siendo un vivo referente de su partido, el PSOE.

 

Pero como estamos viendo hoy día, alrededor de todo el mundo, los Gobiernos auténticamente decentes y honestos brillan por su ausencia. El caso es que este cambio constitucional sigue vigente hoy día, y además de constituir un claro precepto ilegítimo, según toda la jurisprudencia sobre el tema que hemos analizado en entregas anteriores de la serie, y además de chocar contra los preceptos de la propia Carta Magna española, contraviene a las leyes internacionales. Vamos a poner algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas (que lógicamente constituye el orden público internacional, o debería constituirlo), expresa con claridad la supremacía de la Carta sobre cualquier otro compromiso, como muy bien nos advierten Jerome Duval y Fátima Martín en su artículo de referencia, ya que el artículo 103 dice textualmente: "En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraidas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta". Nos encontramos por tanto ante un claro caso de ilegitimidad, que entra de lleno en los supuestos que hemos analizado en artículos anteriores. 

 

Por tanto, está claro que la Constitución vigente de 1978 del Estado Español ha de respetar la Carta de las Naciones Unidas (al igual que el resto de Constituciones nacionales del mundo), y ésta especifica claramente en su artículo primero: "En ningún caso un pueblo podrá ser privado de sus propios medios de subsistencia", y el cambio de nuestro artículo 135 ya referido antepone claramente el interés de los acreedores al del conjunto de la ciudadanía española, toda vez que se vulneran las reglas más elementales de cualquier Estado Democrático y de Derecho que se precie. La Constitución de cualquier Estado miembro de la ONU no puede defender, como hace la nuestra en la actualidad, una violación generalizada de los Derechos Humanos como consecuencia de políticas impuestas por los acreedores extranjeros, priorizando el reembolso de la deuda como especifica dicho apartado 135.3 que destacamos en la entrega anterior. Porque como hemos concluido en reiteradas ocasiones, las deudas contraidas en el marco de acuerdos cuyo objeto es limitar la soberanía de los pueblos y de los Estados, y cuya aplicación conlleva la violación de los DDHH, son ilegítimas. Y según la Declaración Universal de los Derechos Humanos: "Es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión". Como podemos contemplar, hasta esta sagrada Declaración legitima la rebelión contra el poder despótico y las leyes abusivas. 

 

Y por su parte, y según el artículo 1-2 de la Carta de la ONU y en el artículo primero, común a los dos Pactos de 1966 sobre los Derechos Humanos: "Todos los pueblos tienen el derecho de disponer de sí mismos. En virtud de este derecho, éstos determinan libremente su estatus político y aseguran libremente su desarrollo económico, social y cultural. Para conseguir sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y de sus recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones inherentes a la cooperación económica internacional, basada sobre el principio del interés mutuo y del derecho internacional. En ningún caso un pueblo podrá ser privado de sus propios medios de subsistencia". E igualmente, el artículo 2.3 de la Declaración de la ONU sobre el derecho al desarrollo de 1986 es incompatible con los planes de austeridad, y el referido cambio constitucional, ya que reza en los siguientes términos: "Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste", todo lo cual choca abiertamente con las políticas austericidas, con la imposición de la estricta disciplina presupuestaria, y con la obsesiva reducción del déficit público al que se nos obliga desde la Troika (FMI, BCE, CE). 

 

Pero sobre todo, choca abiertamente contra el continuo y progresivo desmantelamiento de todos los sistemas de protección social y del propio Estado del Bienestar, practicado expresamente (bajo la excusa de la crisis) por los gobiernos neoliberales al servicio del gran capital, manifestados en nuestro país por el bipartidismo dominante, y demás fuerzas políticas que les apoyan. Es inconcebible que en un país que se autodenomina democrático y que además presume de ello, puedan ocurrir estas barbaridades políticas, que dan lugar a los crímenes sociales que contemplamos diariamente, fruto de todas estas medidas que obedecen al dogma neoliberal. Es preciso denunciarlas ante todos los foros internacionales, y es preciso llevar a sus máximos responsables ante los tribunales, por la aplicación de estas medidas. Y ya sabemos quiénes son sus cínicos e indecentes responsables: justamente aquéllos que hoy día se llenan la boca diciendo que "las deudas hay que pagarlas", o que "la ley es la ley, y todos tenemos que respetarla". Como bien dice nuestro refranero, "se descubre antes al embustero que al cojo". En resumidas cuentas, disponemos de todo un arsenal normativo, y de toda una serie de precedentes históricos, legales y circunstanciales que legitiman al Estado para que ponga fin a las condiciones impuestas por la Troika, derogue la reforma del artículo 135 de nuestra Constitución, y emprenda un proceso de Auditoría Ciudadana de la Deuda, que declare las partes de la misma que puedan ser ilegales, ilegítimas, odiosas o insostenibles, para rechazar el pago, o bien reestructurar el mismo, en aras al respeto hacia una política social que no vulnere abiertamente los Tratados Internacionales, ni los propios Derechos Humanos. Continuaremos en siguientes entregas.

 

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31 diciembre 2015 4 31 /12 /diciembre /2015 00:00

Del mismo modo que Fausto vendió su alma al diablo, la Comisión Europea vende con este nuevo acuerdo los derechos de los ciudadanos europeos a las grandes empresas estadounidenses y lo mismo hace el gobierno de Estados Unidos con los de sus conciudadanos

Esther Vivas

Otro importante capítulo dentro de las negociaciones del TTIP es el relativo a la energía y las materias primas ("commodities" en inglés), donde a pesar del secretismo general imperante, ya comentado en anteriores entregas de esta serie, y de la falta de transparencia que se ha venido practicando (usando normas propias de la más estricta dictadura), hemos podido tener acceso a ciertas informaciones, que lógicamente van en el mismo sentido que van para otros asuntos, es decir, a eliminar todas las barreras existentes que puedan dificultar sus negocios. Vamos a tomar como referencia las opiniones de Héctor del Prado, Responsable de Clima y Energía de la ONG Amigos de la Tierra, que en este artículo expone sus puntos de vista al respecto. Empecemos por preguntarnos: ¿cuáles son aquí las barreras para sus negocios? Pues evidentemente, tratándose de temas energéticos, ambientales y de materias primas, las barreras las representan toda la batería de prohibiciones expresas y medidas de control y salvaguarda, de interés público o de salud humana, que tanto tiempo y esfuerzo han costado conseguir en las diversas Directivas Europeas sobre Clima y Energía a lo largo de los últimos años. 

 

Hay que tener en cuenta que USA ha pasado, durante la última década, de ser el mayor importador neto de combustibles fósiles del mundo, a ser un exportador neto de petróleo y de productos derivados del mismo. Por tanto, el interés norteamericano en este tema está bien claro. Por ejemplo, a lo largo de 2012, el volumen de negocio entre Estados Unidos y la UE fue de 32.000 millones de dólares. Y por su parte, en el otro lado negociador, tenemos a una UE que se ha ido convirtiendo en importadora neta de combustiles y materias primas y derivados de terceros países, aunque aquí la lista está más diversificada. Tenemos las rutas que llegan desde Rusia, las que llegan desde algunos países del Magreb, o las que pueden llegar desde América Latina. La UE está desde siempre obsesionada por diversificar y asegurar su mix energético, ya que ponerlo en peligro podría suponer dejar sin suministro a un mercado de más de 500 millones de personas. Los intereses, por tanto, a nivel empresarial, son mutuos. 

 

Pero hemos de tener en cuenta, siempre que hablamos del tema energético y extractivo, del peligroso asunto del cambio climático, al que hasta ahora no se ha concedido la importancia debida. La reciente Cumbre de París ha avanzado algo en ese sentido, pero de nuevo, de forma tibia e incompleta, sin garantizar unos objetivos cuantificables que puedan alejar la idea del colapso climático. Pues bien, en lo que se refiere al TTIP, está claro que este acercamiento UE-EEUU pondría en jaque cualquier tipo de acción climática regional o internacional que se iniciara desde ambos continentes, unilateralmente o bajo el paraguas de los recientes Acuerdos de la COP21 de París. Y entonces, la expansión del negocio de los combustiles fósiles por parte de Estados Unidos, no sólo serviría para incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que además aumentaría el número actual de permisos de exploración y de explotación en ese país. Y a nivel europeo, se certificaría de nuevo nuestro elevado nivel de dependencia hacia las energías contaminantes durante muchos años más, pero ahora con mayor gravedad, pues el TTIP blinda a las empresas en sus inversiones transnacionales, y les protege frente a futuras decisiones de los Estados. 

 

La situación nos llevaría a un posible estancamiento del uso e implantación progresivas de las energías renovables, las únicas capaces de frenar los terribles efectos del cambio climático. Y también se frenaría el crecimiento y afianzamiento de cualesquiera iniciativas energéticas locales o comunitarias (individuales, cooperativas o municipales). En palabras de Héctor del Prado: "La llegada masiva de buques con gas natural licuado y productos petrolíferos a las costas europeas nos alejaría de un futuro europeo cien por cien renovable al tiempo que agravaría el cambio climático". Por tanto, el TTIP, también en este tema, supone una amenaza a la justicia social y ambiental, suponiendo un riesgo para los ecosistemas y las personas que los habitamos, que nos veremos seriamente perjudicados en beneficio, como siempre, de las grandes empresas. De ahí que hayamos llamado especialmente la atención, porque si en algún tema se ve claro la total contradicción entre el argumentario y las buenas intenciones que expresan los líderes mundiales en las Cumbres sobre el Clima y las secretas negociaciones que llevan a cabo con las grandes empresas, es en el asunto energético. Mientras alardean de sus acuerdos de alcance en acción climática, están permitiendo que se negocie a puerta cerrado un obsceno y vergonzante tratado que convertirá todos los posibles logros en agua de borrajas, y que pasará por encima de todo en aras a los absolutos beneficios empresariales. En definitiva, el TTIP será totalmente incompatible con las políticas climáticas y energéticas necesarias, impidiendo que el cambio de modelo se haga factible. Continuaremos en siguientes entregas.

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30 diciembre 2015 3 30 /12 /diciembre /2015 00:00

En otros muchos artículos hemos presentado la Renta Básica desde múltiples puntos de vista, relativos a su utilidad, su financiación, y sobre todo, a desmontar las infundadas críticas que se hacen contra la misma, desde los sectores de las clases dominantes, lógicamente contrarias a una medida de este calado. Pero en el presente artículo vamos a centrarnos en escenarios concretos que la existencia de una Renta Básica contribuiría a paliar, a hacer desaparecer, a extinguir, pues no tienen cabida en cualquier sociedad democrática, justa y avanzada que se precie. Antes de exponer dichos escenarios, vamos a puntualizar (porque aún se dan bastantes malentendidos sobre el tema) el modelo de Renta Básica al que nos referimos, que no es otro que el propugando en nuestro país por la Red Renta Básica (inserta en la Iniciativa Ciudadana Europea por una Renta Básica). 

 

Pues bien, según la propuesta de referencia, la Renta Básica (en adelante, RB) consistiría en una prestación económica indefinida por parte del Estado a todos los ciudadanos por el hecho de serlo, distinguiendo lo que sería la RB completa, para adultos mayores de 18 años, y la RB para menores de dicha edad. La cuantía de dicha prestación sería la mínima imprescindible para que se erradicara la pobreza, suponiendo unos ingresos mínimos inembargables que sirvieran para el sustento mínimo de las personas, y la satisfacción de sus necesidades básicas. Podemos estar hablando, actualmente, en la horquilla entre 600 y 700 euros, y un porcentaje inferior para la RB de los menores. Las características de dicha prestación básica obedecerían a los tres siguientes pilares:

 

1.- Universalidad: Se manifiesta esta idea en el sentido de que la RB es una prestación que recibe absolutamente todo el mundo, desde la persona más rica del país hasta la más pobre (que con la RB, deja de serlo, evidentemente). Precisamente ha sido este enfoque uno de los más discutidos y utilizados demagógicamente por los detractores de la medida, pero si analizamos profundamente cómo se financia la RB (desde una profunda reforma fiscal progresiva, aunando prestaciones económicas diseminadas, y erradicando otras que dejarían de tener sentido), comprobaremos que, aunque los ricos también la cobren, la RB no les beneficia, pero en cambio sí beneficia muchísimo a las clases populares, trabajadoras o más vulnerables. 

 

2.- Individualidad: Se manifiesta esta idea en el sentido de que la RB se concede a las personas a título concreto, íntimo, personal e intransferible, sin tener en cuenta otros factores como las "unidades familiares", los tipos de convivencia, si existen hijos o cónyuges, o el modelo de familia al que pertenece el/la beneficiario/a en cuestión. Por ejemplo, si en una familia viven un padre, una madre, y un hijo menor, se recibirían dos RB completas y una reducida. Pero si dicha pareja se separa, el hijo se emancipa, alguno de ellos comienza a trabajar, o enviuda, entre otras múltiples situaciones, las citadas RB no se verían afectadas.

 

3.- Incondicionalidad: Se manifiesta esta idea en el sentido de que la RB no necesita de ningún condicionante (si acaso, únicamente la demostración de residencia por un tiempo para los migrantes) para ser adquirida, puesto que es un derecho de ciudadanía. Así, y con diferencia sobre toda la gama de prestaciones y subsidios actuales, no hace falta haber trabajado, o estar en paro durante un tiempo, o tener familiares a cargo, o haber pasado cierto tiempo desde que se cobró la última vez, y un largo etcétera de requisitos que actualmente se adscriben al cobro de dichas prestaciones. La RB se cobraría siempre, desde el nacimiento hasta la muerte, en todo momento, y en toda circunstancia. Ello contribuiría, como decíamos más arriba, a que no tendríamos "subsidios para pobres", como actualmente, sino y simplemente, a que no existiera la pobreza.

 

Pues bien, a tenor de dichas circunstancias que rodean el concepto de la RB, vamos a distinguir (entre otros muchos, pero entonces el artículo sería interminable) cuatro escenarios típicos de nuestra sociedad, que la presencia de una RB erradicaría por completo. Por supuesto, tampoco debemos entender la RB como la panacea que vendría a solucionar todos los problemas, pero al menos, sí que contribuiría a gozar de una sociedad que ofreciera mayor dignidad a las personas. Pues bien, los cuatro escenarios (insisto, pueden distinguirse muchos más, entre ellos el más típico de todos, consistente en el parado o parada que necesita ingresos, y ya ha acabado todo el "itinerario" de prestaciones, quedándose absolutamente desamparado/a) podrían ser los siguientes:

 

1.- Existencia de pobres: La RB contribuiría no al soslayo ni a la reducción de la pobreza, sino a su completa erradicación, dejando de existir todos los colectivos "sin techo", sin comida, o viéndose obligados a malvivir de las limosnas que el resto de la ciudadanía tenga a bien regalarles. Dejarían de existir las clásicas estampas de gente rebuscando en los cubos de basura, o rellenando extensos formularios para "demostrarle" a la Administración competente que son más pobres que las ratas. 

 

2.- Pensionistas que cobran 300 euros: Como las pensiones mínimas serían también absorbidas por la RB, dejaríamos de contemplar escenarios como los pobres pensionistas que cobran pensiones de miseria (200, 300, 400, 500 euros), incluyendo a las pensiones de viudedad u orfandad, que se verían todas ellas actualizadas a la cantidad de la RB. Por supuesto, las pensiones superiores a la RB se mantendrían igual. Pero no sólo acabaríamos con el gran porcentaje de ancianos y ancianas, jubilados y jubiladas que han de hacer malabares para llegar a fin de mes, sino que por extensión, la RB también les libraría de tener que soportar las cargas de sus hijos/as o nietos/as, muchos de ellos también en situación de precariedad, que necesitan de las pensiones de los abuelos y abuelas para sobrevivir.

 

3.- Mujeres sin independencia económica sobre sus maridos maltratadores: Escenario éste muy típico dentro de toda la casuística de la violencia de género, ocurre cuando la mujer víctima de dicha violencia (por parte de su pareja o ex pareja), se ve en la limitación de no poder dejar la vivienda conyugal, ya que no poseen recursos económicos por sí mismas. Entiéndase bien: no estamos queriendo decir que la RB sea por sí misma una medida contra la violencia de género, ya que éste es un fenómeno muy complejo, resultado de la implantación de los valores de nuestra sociedad patriarcal, que ha de ser abolido desde numerosos frentes. Pero lo que sí decimos es que la RB sería un medida que proporcionaría a las mujeres maltratadas la independencia económica mínima que necesitarían para poder liberarse del dogal de la vivienda conyugal, independientemente de que además tuvieran o no un trabajo digno. 

 

4.- Contratos precarios (de días, de horas y de minutos): En efecto, y como medida anticapitalista, la RB posee un gran efecto de fortalecimiento de la capacidad negociadora de la clase trabajadora con respecto a la patronal, por lo cual, es evidente que gran parte de la precariedad que existe hoy día en los "empleos" que se crean desaparecería con la RB, pues los/as trabajadores/as no tendrían la "necesidad" de aceptar trabajos sumamente precarios, que llegan en la actualidad incluso hasta a minutos para ciertas profesiones (como las limpiadoras). Erradicaríamos también, por tanto, todas las situaciones de injusticia y precariedad en el trabajo, potenciando el trabajo digno, la estabilidad y la protección laboral. 

 

Hemos querido retratar, por tanto, varias situaciones típicas, escenarios concretos con nombres y apellidos, que se multiplican en nuestro país diariamente, a tenor del desmantelamiento de las estructuras públicas de protección social, del empleo y del Estado del Bienestar. Pero por supuesto, la RB como medida social, política y económica es importantísima, pues concebida como un derecho de ciudadanía, exigible al más alto nivel, está relacionada con el trabajo, con la pobreza, con las mujeres, con la salud, con las migraciones, con los jóvenes, y con el propio Estado del Bienestar, entre otras muchas facetas. La Red Renta Básica ha demostrado experimentalmente que esta medida es posible, que puede ser financiada, e implantada en nuestro país, aunque para ello, como decíamos arriba, necesitamos romper la resistencia que hacia ella vuelcan las clases dominantes, divulgar y difundir la medida en todos los ámbitos políticos y sociales donde tengamos oportunidad, y desmontar y rebatir las continuas falacias que se vierten contra ella. 

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29 diciembre 2015 2 29 /12 /diciembre /2015 00:00

El PSOE huele a cadáver desde hace tiempo, prisionero de sus apegos latentes al poder y sin capacidad para revertir una imagen de entreguismo al sistema que le incapacita para liderar un proyecto alternativo a la derecha nacional

Armando B. Ginés

En efecto, muchas veces se le ha visto el plumero al PSOE, pero las maniobras, declaraciones, estrategias y argumentario que están desarrollando estos días posteriores a las Elecciones Generales, les hacen mostrar su más definitivo plumero...pero vayamos por partes. Lo primero que tenemos que decir es que bajo los efectos de un cálculo proporcional de escaños a tenor del porcentaje de votos, dentro del contexto de una Reforma de la Ley Electoral, la distancia entre PSOE y PODEMOS hubiese sido mucho menor, del orden de 77 para el PSOE y 72 para PODEMOS, por lo cual el miedo de los "barones socialistas" no ha tardado en escenificarse. Evidentemente, han de cerrar el paso como sea a la formación política de Pablo Iglesias, toda vez que una medida que dicho partido llevaría a cabo si gobernara sería la Reforma de la Ley Electoral, para que todos los votos valiesen lo mismo para conseguir escaño. Pero vayamos a los hechos. 

 

Después del muy ajustado resultado electoral, y de varios días en silencio, el líder "socialista" Pedro Sánchez salió en rueda de prensa a decir que los tiempos en democracia han de ser respetados. Eso significa que, en primer lugar, la fuerza política más votada, en este caso el PP, es la que tiene en primer lugar la responsabilidad de intentar formar Gobierno, y que sólo en el caso de que no pudiera hacerlo, le tocaría al segundo de la lista, es decir, al PSOE. Pero teniendo en cuenta la dificultad de Rajoy para ser investido Presidente, incluso con la abstención de CIUDADANOS, todas las miradas comenzaron a fijarse sobre un posible pacto PSOE-PODEMOS, más terceras fuerzas, que pudiera garantizar un Gobierno progresista. Y ello, por supuesto, contando con que tanto Sánchez como otros líderes del PSOE (Luena, Hernando, etc.) ya se habían manifestado categóricamente en el NO rotundo a Mariano Rajoy, como de hecho ya se produjo en la primera reunión que tuvieron ambos líderes del PSOE y del PP. Pero lo cierto es que mientras todo este itinerario discurría, los "barones" (y baronesas) del PSOE comenzaban a contemplar como muy "peligrosa" la opción del pacto con PODEMOS.

 

Por supuesto, la formación de Pablo Iglesias había ya lanzado su propuesta de acuerdos mínimos a los que habría de apoyar el PSOE si quería un pacto con ellos, entre los cuales se situaba, como no puede ser de otra manera en un contexto democrático, la realización de un referéndum en Cataluña en torno a su encaje en el Estado Español. Y ésta es justamente la piedra de toque donde los "socialistas" se apoyan para denostar al partido morado, e intentar hacer ver a la sociedad que no se puede llegar a pactos con "formaciones políticas que plantean la ruptura de España". Es el caso de Susana Díaz, la lideresa andaluza del PSOE, una de las agrupaciones con más fuerza en toda España, que mientras asegura que "los ciudadanos nos han situado en la oposición" (respaldando así la legitimidad de la opción que finalmente creemos que van a tomar), ha llegado a plantear otro esperpéntico argumentario, consistente en difundir el mensaje de que "PODEMOS no quiere llegar a un pacto, lo que quiere es hundir al PSOE". Es un argumentario que ya desarrollaron durante la campaña, creemos que basado en la idea (muy correcta, por cierto, y experimentalmente demostrable) de que cuando el PSOE está más fuerte que sus oponentes por la izquierda, su tendencia es a virar y a acordar con las fuerzas políticas de la derecha. 

 

No descubría nada nuevo Pablo Iglesias con dicha afirmación, que llevamos contemplando durante más de 30 años, durante los cuales no sólo se han aliado y votado junto al PP en numerosas propuestas, sino que incluso cuando IU lanzaba alguna proposición, casi nunca era apoyada por el PSOE. Y ello es porque, en realidad, los "socialistas" del PSOE tienen de socialistas como el que suscribe tiene de Obispo de Mondoñedo, es decir, absolutamente nada. Destapemos su careta de una puñetera vez, y hagamos ver su auténtico rostro, que viene siendo, desde siempre, la usurpación fraudulenta del espacio político de la izquierda, para a continuación prostituirlo y abandonarlo una vez están en el Gobierno. Por tanto, digámoslo alto y claro: ¡NO SON SOCIALISTAS! Se pasan la vida diciendo "Los socialistas queremos...", "Los socialistas decimos...", "Los socialistas proponemos...", ¡BASTA YA! Socialista es palabra sagrada, para utilizarla con tanto descaro, con tanto cinismo, y con tanta hipocresía como la utilizan ellos...Tiene mucha gracia, porque Pedro Sánchez, en una entrevista pocos días antes de las Elecciones, recomendaba a Pablo Iglesias que saliera del armario, y reconociera que es comunista...pero sin embargo, es más bien Pedro Sánchez quien debiera salir del armario, y reconocer que él no es socialista (ni nadie en su partido), que nunca lo ha sido, y que probablemente nunca lo sea...Asímismo, Rodríguez Zapatero, en otro mítin de campaña, recomendaba a Pablo Iglesias "que no perdiera el tiempo", porque poco menos que la patente de corso del socialismo en España la tiene el PSOE...Sin más comentarios. 

 

El caso es que, visto lo visto, y con tantos plumeros que se le han visto al PSOE, pensamos que pronto vamos a verle el plumero definitivo, que no es otro que permitir que Gobierne el PP mediante una vertiente suavizada de la gran coalición bipartidista que incluso muchos barones del partido aprobarían. Pero creemos que están preparando una versión dulcificada de esa idea, que excluiría cualquier tipo de coalición o acuerdo explícito con el PP, para no manchar mucho su imagen, y que consistiría en la abstención (no sabemos si en primera votación o en sucesivas) del PSOE a la investidura de Rajoy, lo que permitiría a éste, junto a la abstención del partido de Albert Rivera, formar un Gobierno en minoría, y poder, al menos, arrancar la legislatura. Todas las pistas nos conducen a ello, basándonos en la constante actitud de los barones del PSOE, restando autoridad a Pedro Sánchez a la hora de pactar con otras fuerzas políticas, como asegura este artículo de El País, y en las declaraciones de Susana Díaz o de Felipe González, que verían con buenos ojos una situación de oposición del PSOE, con lo cual están advirtiendo solapadamente que van a permitir que vuelva a gobernar la derecha pura y dura. 

 

Pero no son sólo los barones "socialistas" los que están empujando en esa dirección, sino que se están viendo también apoyados, como no podía ser de otra manera, por los grandes empresarios y banqueros mejor conectados a la actual dirección del PSOE, como asegura Federico Castaño en este artículo del medio VozPopuli. Básicamente, el IBEX-35 estaría empujando al PSOE a un pacto con el PP en aras de garantizar "la estabilidad", ese falaz mantra al que se recurre tantas veces en estas ocasiones, por parte de la clase dominante. Ha existido incluso una reunión de dichos empresarios con Jordi Sevilla, el gurú económico del PSOE, para hacerle ver la necesidad de apuntalar la tan cacareada como falsa "recuperación económica". Es la hora de las hipócritas llamadas a la "responsabilidad", a la "altura de Estado", y todas esas falacias que se argumentan en momentos donde dicha "estabilidad" se ve cuestionada, lo cual quiere decir, simplemente, que los poderosos entienden que su chiringuito se puede venir abajo, o al menos, verse seriamente tocado. Y así, hacen llamamientos contra el "aventurismo político", y sus terribles consecuencias, intentando hacer aparecer al PSOE como un "partido responsable y de Estado". La historia se repite, porque dichas situaciones ya las hemos vivido con anterioridad, y ya sabemos a dónde nos conducen dichos llamamientos, a saber: más recortes, más empobrecimiento para la clase trabajadora, y más privilegios para los ricos y poderosos. 

 

Así que a estas alturas ya no engañan a nadie. Pero no nos quepa duda: el PSOE lo intentará por enésima vez, volviendo a defraudar y a traicionar la voluntad de sus votantes, y sus promesas electorales. Parece que esta vez se ha elegido a figuras como Susana Díaz y Felipe González para intentar reconducir al redil de los pactos con la derecha pura y dura, a este esperpéntico PSOE, para que no pacte con fuerzas más a su izquierda, y no provoque en Bruselas otra reacción de espanto, como la que protagonizó Angela Merkel cuando se enteró de que PODEMOS podía llegar a ser segunda fuerza política. Su expresión era auténticamente un poema, que reflejaba el peligro que las propuestas de izquierda representan para esta indecente Unión Europea. No descartamos incluso que se avenga a un pacto tripartito entre PP, PSOE y CIUDADANOS, ya que estos últimos también están esperando protagonismo, a pesar de haber dicho hasta la saciedad en campaña que no querían "ni a Rajoy ni a Sánchez". Pero las cosas son como son, y "los intereses de Estado y la unidad de España" deben estar por encima de todas las cosas. El resultado final lo podemos resumir de esta forma: si nada lo impide, tendremos otros cuatro años más de Gobierno del PP de Mariano Rajoy, gracias a la abstención de este partido autodenominado "socialista". Juzguen ustedes mismos. Como suele decir mi muy admirado Vicenç Navarro: ¡Así de claro!

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28 diciembre 2015 1 28 /12 /diciembre /2015 00:00

Bajo el relato optimista de la superación de la crisis de deuda se esconde también la farsa del éxito de las políticas de austeridad. Lo cierto es que la deuda sigue lastrando los derechos y el bienestar de la mayoría de la población española. Los más de 700 mil millones de deuda emitida desde 2013 podrían haber servido para invertir en economía productiva y generar puestos de trabajo. Pero han ido a pagar la deuda, a rescatar los bancos o financiar grandes infraestructuras de dudosa utilidad social y viabilidad económica. Los pagos de deuda y sus intereses, realizados en base a nuevo endeudamiento, siguen siendo aún hoy la razón para seguir aplicando recortes, teóricamente para hacer frente a unos límites de déficit fijados desde Bruselas. Unos límites y una austeridad definidas con el único objetivo de desmantelar el Estado del bienestar, generando así mayores márgenes de beneficios para los propietarios del capital

Yolanda Fresnillo (Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda)

En el artículo anterior de esta serie comentábamos, dentro del contexto de la necesidad de auditoría de la deuda, el caso de nuestro país, en el sentido de la reforma constitucional del artículo 135, cambiado por las fuerzas del bipartidismo (PP-PSOE) para consagrar la ineludible obligación del pago de la deuda, antes que ningún otro gasto social. En el último artículo habíamos discutido los aspectos de forma, y ahora vamos a discutir los aspectos legales. Seguimos este artículo de Fátima Martín y Jerome Duval, cuya lectura recomiendo, para más información. Porque para empezar, por haber reformado de manera unilateral y sin consulta popular ni debate público nuestra Carta Magna en un asunto relevante como el que nos ocupa, el Gobierno del Presidente Zapatero violó también la propia Constitución Española, que recoge en su artículo primero, apartado 2, que "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". Y si resulta que ahora invocan tantas veces dicha soberanía y su ruptura ante la posible celebración de un referéndum en Cataluña...¿porqué no se aludió entonces al debido respeto a la soberanía nacional?

 

El cambio constitucional choca también con el artículo 158, que especifica la importancia de la garantía de los servicios públicos, lo que va justamente en dirección opuesta a los recortes practicados en dichos servicios, que afectan a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para priorizar el pago de la deuda. Dicho artículo se refiere exactamente a "...la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español". También tiene que ver con el artículo 128, que abre el Título VII de la Constitución, rotulado "Economía y Hacienda", y que subordina al interés general toda la riqueza del país, de forma que nadie puede ser privado de sus bienes y derechos si no es por causa justificada de utilidad pública o interés social. Y bajo este nuevo redactado, está claro que una gran parte de la riqueza del país (casi un tercio del PGE) va hacia afuera para llenar los bolsillos de los acreedores de nuestra deuda, léase grandes instituciones financieras, de seguros, bancarias, y grandes fortunas. De hecho, el apartado 2 del referido artículo 128 prevé "...acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general", lo cual parece ser una extrema medida comunista o bolivariana. Debe ser que los padres redactores de la Constitución eran todos unos peligrosos extremistas. 

 

De igual forma, el artículo 131 aboga por una distribución justa de la riqueza para atender a las necesidades colectivas, ya que reza que "El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza, y su más justa distribución". Pero plantear hoy día estas cosas en cualquier debate (es decir, la intervención del Estado en la economía y en una justa redistribución de la riqueza) también resulta de extrema izquierda, de radicales y de antisistema. Bien, vayamos al nuevo redactado del artículo 135, el que fue aprobado en agosto de 2011, en un claro ejercicio de obediencia ciega a los postulados de la EuroAlemania, y a los designios del gran capital que gobierna esta Unión Europea. En su apartado 3, se dice textualmente (la mayúscula es nuestra): "El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos Y SU PAGO GOZARÁ DE PRIORIDAD ABSOLUTA. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el Producto Interior Bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea".

 

Un apartado servil que nos consagra a tener que depender del prioritario pago de los intereses de la deuda, aunque el país esté necesitado de implementar cualesquiera otros servicios públicos fundamentales para el conjunto de la ciudadanía, y a redistribuir justamente la riqueza, como proclaman otros artículos de la Carta Magna. Nos sumamos así al carro de otros cambios constitucionales que han ocurrido en el mundo bajo los dictados y los dogmas neoliberales instaurados por el gran capital, al amparo de la presión de organismos internacionales como el FMI, que son auténticos nidos de fanáticos economistas neoliberales, que están en realidad al servicio de los intereses de la gran banca privada y de las grandes empresas transnacionales. Y así, se cambian las Constituciones para imponer un techo de déficit público, un equilibrio presupuestario o un techo de gasto público, pero no para cultivar realmente la importancia de dichos logros, sino para utilizar dichos objetivos como pretexto y excusa perfecta para la intervención económica de los países, con la clara meta de socializar las pérdidas de las grandes empresas deficitarias, privatizar los beneficios de las empresas rentables, e instalar toda una serie de medidas del ideario neoliberal, que implican desmantelamiento del Estado del Bienestar, precarización del mercado laboral, y privatización de los servicios públicos. Éste es el verdadero itinerario que se persigue, como podemos observar claramente tomando nuestro país como ejemplo. 

 

Estos principios, como muy bien señalan los autores del artículo de referencia, van justamente en dirección opuesta a otras Constituciones modernas del mundo, como la de Ecuador, que pone de relieve la prohibición de socializar deudas privadas (lo que exactamente está ocurriendo en España) o que prevé que el Estado sólo puede recurrir "...al endeudamiento público si los ingresos fiscales y los recursos procedentes de la cooperación internacional son insuficientes" (artículo 290, párrafo 1). La Constitución ecuatoriana proclama también a la propia naturaleza como sujeto de derechos, algo de lo que también deberíamos aprender. Otro ejemplo lo tenemos en la Constitución de Bolivia, que prohíbe expresamente la privatización del agua, o la de Costa Rica, que obliga a que el gasto público en Educación no sea inferior, en ningún caso, al 8% del PIB. Estos logros han sido posibles gracias a las movilizaciones sociales, a la tremenda presión ciudadana, e incluso a la organización de una Asamblea Constituyente, como en los casos referidos de Ecuador o Bolivia. Al contrario, el cambio constitucional del Estado Español impone la obligación de pagar deudas, aunque sean ilegítimas. Por si fuera poco, se prevé también multar al Estado si éste no cumple con los compromisos adquiridos de déficit o endeudamiento. Pero aún tenemos otros puntos de vista muy interesantes que resaltar. Continuaremos en siguientes entregas.

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24 diciembre 2015 4 24 /12 /diciembre /2015 00:00

La tortura no sólo degrada y destruye la humanidad de quien la sufre; también degrada y destruye al régimen político que ordena ejecutarla, la justifica o la consiente

Atilio A. Borón

Y volviendo a hablar de Derechos Humanos, y de las torturas practicadas por la Administración estadounidense, asunto que ya hemos abordado en entregas anteriores de la serie, tenemos el actual y flagrante caso de la emblemática prisión situada en el contexto de la base naval de Estados Unidos en Guantánamo. Seguiremos, entre otros, este artículo de Carlos Penedo para ilustrar la tremenda situación que se vive en dicho enclave, que además es reclamado por la Administración cubana, como parte de su territorio, como una de las condiciones que se han de dar para poder proseguir las conversaciones que retornen la normalidad diplomática entre ambos países, además de, por supuesto, el fin del bloqueo económico del gigante norteamericano hacia la pequeña isla caribeña, situación que dura ya más de medio siglo. Abierta a comienzos de 2002, la terrible prisión de Guantánamo sirve para mantener detenidas y en prisión extrajudicial a cientos de personas, a las que además se les somete a crueles torturas, ya descritas en artículos anteriores. 

 

La ONG AI (Amnistía Internacional) define la situación en Guantánamo bajo los siguientes términos: "Detenidos privados de libertad año tras año sin cargos ni juicio. Torturas y malos tratos, desaparición forzada, detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza, alimentación forzada, un puñado de enjuiciamientos en un sistema de comisiones militares que no cumple las normas internacionales para la celebración de juicios justos". Ahí es nada. Cuando el Presidente George W. Bush terminó su segundo mandato en enero de 2009, todavía había 245 personas detenidas en Guantánamo. El Presidente Barack Obama se comprometió a que su Gobierno cerraría dicho centro de detención ilegal "inmediatamente", y lo más tardar, antes de enero de 2010. Actualmente sigue habiendo 127 personas detenidas en esta macabra prisión, la mayoría de ellas sin cargos ni juicio. Pocos días antes de redactar este artículo, hemos sabido de la expresa intención de Obama de cerrar esta aberrante, inhumana e indecente prisión antes de que finalice su mandato, incluso aunque se encuentre con la oposición de la Cámara de Representantes, y tenga que recurrir a su capacidad ejecutiva para ordenar dicho cierre. Lo celebraremos en su caso, pero mucho nos tememos que no será así. 

 

Sólo durante el último año, como señala Carlos Penedo, hasta tres órganos de la ONU responsables de la supervisión de los derechos humanos han reclamado una solución para este espinoso asunto. En abril de 2014, tras analizar el historial de EE.UU. en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Estados Unidos en 1992, el Comité de Derechos Humanos de la ONU hizo un llamamiento a dicho país "para que pusiera fin al empleo de la detención administrativa sin cargos ni juicio" en Guantánamo. Instó a la Administración norteamericana para que llevase a cabo los enjuiciamientos de los detenidos bajo el sistema ordinario de justicia penal, no en un sistema de comisiones militares, que incumple claramente las normas internacionales para la celebración de un juicio justo. En agosto de 2014, también hizo lo propio el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, exhortando al cierre de las instalaciones de detención de la Bahía de Guantánamo sin más demora, así como a que los detenidos que no fueran acusados de un delito formal y juzgados quedaran en libertad de forma inmediata. Y en noviembre de 2014, el Comité de la ONU contra la Tortura reiteró a EE.UU. lo que le había dicho 8 años antes, en 2006, en relación con las detenciones en Guantánamo, a saber, que "la detención indefinida constituye en sí misma una violación de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes", un Tratado también ratificado por Estados Unidos en 1994. 

 

Dicho Comité expresó asímismo su preocupación por "el efecto acumulativo que las condiciones de detención y trato en Guantánamo han tenido sobre la salud psicológica de los detenidos". Y es que los detenidos en dicha base naval fueron sometidos a torturas y otros malos tratos de forma constante, tanto en la prisión como antes de llegar allí. En Guantánamo así como en otros lugares del sistema de detención estadounidense se llevaron a cabo detenciones prolongadas en régimen de incomunicación y desapariciones forzadas. Durante años, a cientos de detenidos de Guantánamo se les negó el derecho a que un juez emitiera un fallo sobre la legalidad de su detención. Anecdóticamente, el Gobierno estadounidense sólo ha trasladado a un detenido al sistema ordinario de justicia penal para ser sometido a juicio en un Tribunal Federal del país, y eso ocurrió hace cinco años. Pero la regla, como decimos, es que este régimen de detención ilegal y despiadada viola flagrantemente el derecho a la vida y a la dignidad humanas, precisamente por la potencia que se erige en paladín mundial para la defensa de los derechos humanos, situación que hemos denunciado y hecho notar en multitud de ocasiones, y para infinidad de asuntos. 

 

No obstante, hay que recordar el pequeño programa de expulsión y reagrupamiento en terceras cárceles para presos de Guantánamo, que se llevó a cabo durante 2013. Y así, un total de 28 presos fueron trasladados de la base durante 2014, además de los 11 que ya habían sido trasladados durante 2013 a diversas cárceles de terceros países que quisieron participar en dicho programa de realojamiento. En diciembre de 2014, el Comité de Inteligencia del Senado confirmó que la CIA utilizó Guantánamo para detenciones secretas durante los años 2003 y 2004. Así que de nuevo, hacemos un llamamiento a la comunidad internacional, a la ONU y al resto de Organismos para que obliguen a Estados Unidos, el país del estado de guerra permanente, mediante la presión diplomática necesaria, no sólo a poner fin a las detenciones en Guantánamo de acuerdo con el derecho internacional, a poner fin a las torturas y al cierre inmediato de dicho centro de detención, sino también a garantizar las investigaciones exhaustivas e inparciales sobre todas las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos, hacer comparecer ante la Justicia a todas las personas responsables, y a garantizar el acceso real a una reparación para todas las personas que sufrieron dichas violaciones de sus derechos fundamentales. No es aceptable que en pleno siglo XXI, la mayor potencia mundial continúe siendo un referente de práctica habitual de torturas y detenciones ilegales, algo que no está justificado desde ningún punto de vista, ni bajo ninguna situación de emergencia. Continuaremos en siguientes entregas.

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23 diciembre 2015 3 23 /12 /diciembre /2015 00:00

El principio de la igualdad de los seres humanos no es una descripción de una supuesta igualdad real entre ellos: es una norma relativa a cómo deberíamos tratar a los seres humanos

Peter Singer

Muchas veces hemos hablado del capitalismo, de sus devastadores efectos, y de sus múltiples consecuencias a todas las escalas de la vida de las personas. Hemos afirmado que el capitalismo deshumaniza, en tanto en cuanto es un sistema económico y social que basa su existencia en la constante lucha del hombre contra sí mismo. En el presente artículo hablamos sobre otro de sus productos típicos, como es la constante presencia, incluso subliminal, del odio al diferente, catalogado en los diferentes delitos que nuestra sociedad contempla. En este artículo de Actualidad Humanitaria, Esteban Ibarra, Presidente del Movimiento contra la Intolerancia y Secretario General del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio, nos presenta una buena introducción hacia dichos delitos, que seguiremos como referencia. Pese a que no se habla de ellos diariamente en tertulias ni en programas informativos o de debate, más allá del estallido de cada caso puntual, hay que recordar que cada año se producen miles de agresiones relacionadas con este tipo de delitos, y desde principios de los años 90, se han cometido cerca de 90 homicidios racistas, xenófobos, homófobos y demás variantes de intolerancia social. 

 

El panorama es ciertamente preocupante, ya que según datos del último Informe Raxen, cada año en España se cometen 4.000 agresiones o delitos de odio, y apuntan a la existencia de grupos racistas y xenófobos en todas las Comunidades Autónomas, de la existencia de más de 10.000 ultras y neonazis en nuestro país, de la presencia de más de 1.000 sitios web xenófobos en Internet, así como de la organización de decenas de conciertos de música neofascista cada año. En la actualidad, quizá el sitio web crimenesdeodio.info, con la colaboración de Movimiento Contra la Intolerancia, sea el mejor escaparate que muestra la memoria de 25 años de olvido y desamparo institucional de estos crímenes. En su apartado de marco teórico, muy recomendable, podemos ver las diferencias que se marcan entre los diversos conceptos que pueden albergarse bajo el paraguas de los denominados como crímenes o delitos de odio, tales como la intolerancia criminal, el racismo, la xenofobia, la homofobia, la transfobia, la disfobia, la romafobia, el antisemitismo, la islamofobia, la aporofobia, y otras expresiones de intolerancia (donde podemos incluir el odio ideológico, la intolerancia por aversión estética, o por obesidad, entre otros). Es interesante también aclarar que, en realidad, el racismo no existe como tal, pues solamente existe (como afirmara Albert Einsten) una raza, la raza humana. Nos referimos aquí, entonces, al esclavismo, el apartheid, el holocausto, la limpieza étnica o el genocidio racial. 

 

Como siempre, las confusiones conceptuales y terminológicas empañan un asunto tan delicado, y es menester poner un poco de orden en el caos. Para empezar, hemos de afirmar, como puntualiza Esteban Ibarra, que el delito de odio no es un delito de sentimiento. Dicha circunstancia puede acontecer a diario en toda clase de delitos comunes, y no por ello podemos catalogarlos como delitos de odio. Así, se puede sentir odio hacia la víctima de cualquier delito por motivos de vecindad, relaciones laborales, de parentesco, afectivas, y un largo etcétera de variantes que los psicólogos analizan constantemente, pero no dejan de pertenecer al acervo de delitos comunes. ¿Dónde está, pues, el "plus delictivo" que marca un delito de estas características? Pues en que además de concitar prejuicios, ideologías, doctrinas, etc., se envía un mensaje de amenaza a personas semejantes al colectivo de referencia de la víctima, un mensaje de advertencia, de temeridad, de declaración de guerra. Aún, por tanto, se debe avanzar mucho en la legislación internacional, que no posee una definición exacta e inequívoca para este tipo o categoría delictiva. 

 

¿Qué motiva, por ejemplo, a agredir a un homosexual, o a un indigente, o a un inmigrante? Pues básicamente la intolerancia hacia el diferente, o si se quiere, el "miedo social" a la existencia de personas que no se ajustan, digamos, a los patrones o cánones que delimitan dónde se encuentra la "normalidad" social. Son, por tanto, producto de una sociedad enferma, que no tolera la diferencia, que insta a la uniformización de sus miembros, que preconiza la supervivencia de patrones de imagen, comportamiento y actitudes que entran en sus raseros de la "normalidad", excluyendo cualquier otra manifestación. En palabras de Esteban Ibarra: "Los delitos de odio (...) refieren a la negación delictiva de la igual dignidad intrínseca de la persona y la universalidad de derechos humanos en base al rechazo de nuestra diversidad, hacia personas o grupos a los que, desde una profunda intolerancia, se puede llegar a concebir como subalternos e incluso prescindibles". Son, por tanto, muestra del rechazo hacia lo diferente, y representan una clara muestra de comportamiento totalitario y excluyente. Suponen justo lo contrario del principio de tolerancia, basado en el respeto, la aceptación, la integración, la inclusión y la valoración de la diversidad humana, resquebrajando los universales principios de igualdad y libertad de todos los seres humanos. 

 

Cada legislación penal en cada país asocia una serie de disposiciones en cuanto a la protección de una serie de características (origen étnico, sexo, orientación sexual, religión, ideología, discapacidad, etc.), a los que añaden una serie de colectivos humanos diferenciados, de especial protección por su relevancia social. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, al colectivo de personas sin hogar, o a los de determinado origen territorial, o a los de determinado aspecto físico. Y así, el Comité de Ministros de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, 2003) vino a definir como delito de odio a "toda infracción penal, incluidas las infracciones contra las personas y la propiedad, cuando la víctima, el lugar o el objeto de la infracción son seleccionados a causa de su conexión, relación, afiliación, apoyo o pertenencia real o supuesta a un grupo que pueda estar basado en la raza, origen nacional o étnico, el idioma, el color, la religión, la edad, la minusvalía física o mental, la orientación sexual u otros factores similares, ya sean reales o supuestos". Definición que no cubre todos los flancos, pero sí se nos aparece bastante ilustrativa. Pero insistimos en que los delitos de odio no se deben confundir con la discriminación, que se sitúa sobre todo en el ámbito administrativo, y tienen más que ver con la negación del principio de igualdad ante la ley, de igualdad de trato, o de oportunidades. Los delitos por discriminación son otra consecuencia-efecto, otra conducta de intolerancia, como puedan serlo la segregación, la marginación, el hostigamiento, el homicidio, e incluso, los crímenes de lesa humanidad. 

 

Tampoco podemos incluir en este tipo de delitos a los crímenes por violencia de género, ya que éstos tienen su origen y casuística en la existencia de relaciones de desigualdad entre hombre y mujer, bajo el imperio desde hace siglos de una sociedad patriarcal que impone sus formas y sus modos. La violencia de género obedece únicamente al terrorismo machista derivado de los postulados del sistema heteropatriarcal dominante, y que ha de ser erradicado de toda sociedad moderna y avanzada que se precie. Los casos más típicos de delitos de odio están relacionados con el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia, la homofobia, el antigitanismo, la disfobia, la aporofobia (fobia a los indigentes) u otras formas de odio basadas en la intolerancia, y justificadas desde una perspectiva retrógrada y totalitaria. Un caso típico y especialmente significativo lo constituye la violencia en el deporte en general, y en el fútbol en particular, mediante la existencia de los grupos ultra, de hooligans o hinchas de determinados equipos, que practican la extrema violencia en algunos casos, llegando a matanzas indiscriminadas de seguidores de equipos contrarios. Y también aquí, la mano del capitalismo también "mece la cuna" de este tipo de conductas, mientras sigamos consintiendo, como sociedad, que ciertos deportes salgan de su esfera natural, para convertirse en auténticos fenómenos de masas, y sus jugadores y directivos cobren sueldos exhorbitados, y representen un modelo social a imitar, y una referencia para los más jóvenes. 

 

Pero quizá hoy día su mayor frecuencia ocurre contra el grueso de la población inmigrante, desde una perspectiva y un discurso intolerante que propugna la invasión de nuestra civilización occidental, y la pérdida de nuestros valores. Pero más bien deberíamos pensar qué aportamos al mundo con nuestros valores, y dónde descansa la supremacía de nuestra "civilización occidental". Incluso desde los discursos de los líderes políticos mundiales mejor valorados surgen llamamientos a la defensa de nuestro "mundo libre y civilizado", enfrentado a un supuesto mundo preso, inferior, anticuado, o a una civilización del mal, a la que tenemos que erradicar. Es ahí donde podemos ver más claramente la influencia que el modelo capitalista, y su conjunto de valores sociales, morales y cívicos, han proyectado sobre nuestras mentes y nuestros comportamientos. El capitalismo es también la explicación última para la existencia de estos fenómenos, pues una buena inserción social de este tipo de personas, en vez del constante hostigamiento que practican nuestras Administraciones Públicas contra ellos, sería la base para la erradicación de todos estos comportamientos. Un buen ejemplo típico de ello lo podemos encontrar en la persecución que se realiza al colectivo de los llamados "top manta", desde la hipócrita óptica de que representan un peligro y una amenaza para el "comercio legal", cuando este comercio legal de los productos originales se nutre de las mismas fuentes de explotación que el comercio de la falsificación y de la imitación. 

 

Como siempre, la punta de lanza para la erradicación de todos estos delitos y conductas ha de descansar sobre la base educativa, la auténtica base de la pirámide que nos proyecta hacia una nueva sociedad con un nuevo conjunto de valores. Una educación inclusiva e integradora, que desde una perspectiva de ampliación y cultivo de nuestros valores democráticos, estudie y propague la enseñanza del humanitarismo y del total, completo y absoluto respeto hacia los Derechos Humanos, entendidos en su perspectiva más universal. Y en el marco normativo, hace falta de forma urgente e imprescindible disponer de una Ley Integral Contra los Delitos de Odio, que contemple perspectivas de prevención de la criminalidad y proyecte responsabilidades humanitarias, y líneas estratégicas y transversales de intervención contra esta terrible lacra del siglo XXI. El destino es conseguir un modelo de sociedad plenamente democrática, que excluya toda forma de conducta, pensamiento o comportamiento de intolerancia, y donde se respeten, acepten y apliquen universalmente y con garantías todos los Derechos Humanos. 

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22 diciembre 2015 2 22 /12 /diciembre /2015 00:00

Los grandes medios ya han demostrado que son acríticos y que siguen incondicionalmente al poder. La aparente pluralidad y el debate que creemos percibir en ellos es una farsa: para los asuntos relevantes el consenso es absoluto, y la discusión se circunscribe a lo intrascendente y dentro del pensamiento dominante

Pascual Serrano

Y así, lo acabamos de ver mediante los múltiples y variados ejemplos que hemos puesto en entregas anteriores de esta serie, el pensamiento único nos domina, nos aliena, nos embrutece, nos uniformiza. Nos impide enfrentarnos ante los grandes problemas de nuestra vida de una forma independiente, crítica, sin prejuicios, porque nos somete a unas ataduras y esquemas mentales muy difíciles de romper. Hemos pues de liberarnos de él, como piedra angular para liberarnos, al nivel íntimo, individual, del pensamiento capitalista. José López lo expresa en los siguientes términos: "Lo primero de todo, lo más básico, es aprender a pensar de forma más libre. El control que ejercen las élites sobre la sociedad se sustenta en el control ideológico. Controlan la sociedad haciendo que la mayoría de sus miembros piense como a ellos les conviene. En cuanto pierdan el control ideológico, perderán el poder, tarde o pronto. No es por casualidad que los grandes medios de comunicación estén controlados, directa o indirectamente, por el poder económico. Son los modeladores de la opinión pública. La piedra angular de la oligocracia es el pensamiento único. Para ser más libre es imprescindible desarrollar nuestra independencia. Primero nuestra independencia intelectual. Actuamos en base a cómo pensamos. Si pensamos de forma más libre, actuaremos también de manera más libre".

 

Ello explica, y acabamos de comprobarlo en las recientes Elecciones Generales del pasado domingo, que las fuerzas políticas que responden a los esquemas que marca el pensamiento dominante sean aún las opciones más votadas. No obstante, la liberación y la madurez intelectual de la población ya está ocurriendo, en la medida en que las opciones que ponen en cuestión estos planteamientos, que se enfrentan a ellos, están obteniendo cada vez mayor respaldo ciudadano. Es cuestión de tiempo, de paciencia, y de estrategia bien calculada, para que los cimientos del pensamiento dominante puedan ponerse en cuestión hasta en la mente del último ciudadano o ciudadana. Debemos empezar por cambiar nosotros, nuestra mentalidad, nuestros esquemas mentales, nuestras escalas de valores, para luego ir difundiendo este pensamiento alternativo a los demás, al resto de la sociedad. Es un proceso que lleva tiempo, no se consigue de un día para otro, pues el pensamiento dominante nos lleva siglos de ventaja, y se ha valido de todos los medios a su alcance para inculcarlo. La revolución individual debe propagarse por toda la sociedad, para llegar a convertirse en una revolución social. Sólo cuando estemos en ese estadío, sólo cuando una inmensa mayoría social sea capaz de pensar de otra forma, sea capaz de poner en cuestión los dogmas del pensamiento dominante, seremos intelectualmente maduros, y estaremos capacitados para apoyar a todo Gobierno que intente desarrollar ideas alternativas. 

 

De hecho, así ha ocurrido siempre en la Historia de la Humanidad. Ardua tarea, ya que estamos sometidos, casi desde que nacemos, a miles de mensajes de todo tipo, a todos los niveles y en todas las instancias, que apoyan y legitiman las ideas vertidas por el pensamiento dominante: esa es la forma cómo se transmite todo nuestro imaginario colectivo, nuestras costumbres, nuestras actitudes, nuestras concepciones del mundo y de la vida. Y es lo que nos limita y nos encorseta a la hora de poner en cuestión ciertos asuntos. Nuestros padres, el sistema educativo, nuestras amistades, los medios de comunicación, nuestras actividades y círculos sociales, nuestros vecinos, la cultura dominante en una palabra, nos va poco a poco influenciando a lo largo de toda nuestra vida, especialmente desde los primeros años de nuestra existencia. Los psicólogos sociales afirman sin lugar a dudas que la carga genética que determina nuestro comportamiento es pequeñísima en relación a la carga social que influye sobre nosotros. Somos hijos en último término de nuestro ambiente, de la sociedad en que nos toca vivir. Esto es normal, pero de ningún modo puede legitimar que el pensamiento dominante ejerza una influencia tal en nosotros que nos anule, haciendo del "ser social" humano un "ser robot" social, sin criterios para enfrentar todo aquéllo que el pensamiento único nos vierte. 

 

Por tanto, nuestros estilos de vida, nuestros comportamientos y actitudes, nuestras formas de pensar, se van estableciendo desde pequeños, sin darnos cuenta. Por ejemplo, nuestro culto al trabajo viene potenciado desde dos frentes: el primero, nosotros mismos, bajo la ambición de aspirar a una "vida mejor" bajo los parámetros capitalistas, que no son otros que parámetros consumistas: trabajar para poder poseer una casa, un coche, y un nivel adquisitivo que nos permita no sólo cierta tranquilidad, sino también cierta reserva. Pero el segundo frente, es el propio ámbito laboral. Nuestros compañeros y compañeras de trabajo, y sobre todo nuestros jefes y jefas, nos inculcan, en un claro ejercicio de retroalimentación, el culto al trabajo por el trabajo, el culto a la presencia en el ámbito laboral, el culto a trabajar cuantas más horas mejor, reduciendo cada vez más nuestras posibilidades de una mejor vida, esto es, de una mejor vida social, y de una mejor vida privada. Pero existe todo un mundo más allá del trabajo. Un mundo que se va reduciendo, en cuanto somos abducidos por la creciente necesidad creada de trabajar más y más. Hay muchas más cosas interesantes en la vida que no descubrimos, porque simplemente no nos dejan descubrirlas. Y así, nos vamos poco a poco volviendo esclavos del trabajo, esclavos de una sociedad consumista y alienante que nos impone sus demenciales escalas de valores. Hoy día ya se ve la jubilación como una fase más de nuestra vida, se asume con toda normalidad, pero hasta hace unos cuantos años, dejar de trabajar era sinónimo de envejecer, de no ser útil, de no servir para nada, en última instancia, de morir. Continuaremos en siguientes entregas.

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21 diciembre 2015 1 21 /12 /diciembre /2015 00:00

Porque no se puede pactar con el diablo y con el pueblo a la vez, ni gobernar para “los de abajo” sin meter mano a ”los de arriba”, ni cambiar la sociedad con frases sin una organización preparada para la lucha

Red Roja

Bien, hemos ido exponiendo, durante las últimas entregas de esta serie, las consideraciones y criterios que un Gobierno puede tener en cuenta, por supuesto con el apoyo del conjunto de la ciudadanía, para investigar bajo la organización de un proceso de auditoría ciudadana de la deuda, y declarar toda o cierta parte de la misma como ilegítima, procediendo a su impago, independientemente de que se realice o no para el resto de la deuda, un proceso de renegociación o de reestructuración. Suponemos que los lectores, a estas alturas del asunto, ya tendrán muy claro la estupidez, la trampa y la falacia que encierra la típica afirmación que versa que "las deudas hay que pagarlas". Pero quizá hemos mezclado de varias formas y en diferentes puntos y circunstancias los términos deuda insostenible, impagable, ilegítima, odiosa o ilegal, creando un poco de confusión. Vamos a poner un poco de orden en este caos, siguiendo al Presidente del CADTM, Eric Toussaint, sobre las clasificaciones que podemos otorgar a la deuda:

 

1.- Deuda pública ilegítima: Básicamente, es la deuda contraída por las diferentes Administraciones Públicas sin respetar el interés general de la ciudadanía, o bien en perjuicio del mismo. O si queremos, una deuda contraída para favorecer el interés particular de una élite o minoría privilegiada.

 

2.- Deuda pública ilegal: Es la deuda contraída violando cualesquiera leyes del orden jurídico o constitucional, nacional o internacional, que fuesen de aplicación en el momento de adquirirla. Si la ilegalidad se confirma, el Estado puede declarar la nulidad de la deuda, y cancelar su pago.

 

3.- Deuda pública odiosa: Es la constituida sobre todo por créditos concedidos con la imposición de condiciones que suponen una clara violación de los Derechos Humanos, formados por los derechos sociales, económicos, laborales, culturales, civiles o políticos de las poblaciones concernidas por el pago de dichos créditos. 

 

4.- Deuda pública insostenible: Se puede catalogar así a toda deuda cuyo pago condene a la población de un país al empobrecimiento, a una degradación de las condiciones sanitarias y educativas, al aumento del desempleo, y al cualquier otra circunstancia que menoscabe sus posibilidades de progreso. En resumen, una deuda cuyo reembolso implica que los derechos humanos fundamentales no se respeten. En otras palabras, una deuda cuyo pago impide a los Gobiernos garantizar los derechos humanos fundamentales. Teniendo en cuenta este argumento de insostenibilidad de la deuda, un Estado puede declarar una moratoria de sus pagos, sin que ello genere nuevos intereses de demora. Por supuesto, también se podría hablar de insostenibilidad financiera y económica del reembolso de la deuda. 

 

Tenemos por tanto infinidad de criterios a la hora de considerar a nuestra deuda pública bajo el prisma de los diferentes criterios que hemos expuesto (se pueden cumplir varios de ellos a la vez, incluso todos), y todo ello, extrapolado a nivel mundial, conduce a que el sistema-deuda implantado globalmente, sea uno de los elementos que el nuevo Socialismo del siglo XXI debe erradicar. Pero apliquémoslo a nuestro contexto, al caso del Estado Español. Y podemos comenzar, siguiendo un artículo de Fátima Martín y Jerome Duval, deteniéndonos a profundizar sobre la reforma constitucional que el bipartidismo del PPSOE acordó en agosto de 2011 (sin el debate parlamentario adecuado, ni el refrendo del pueblo, ese al que tanto conminan ahora, porque es donde reside la "soberanía nacional", continuamente pisoteada por los mismos que la abanderan). Básicamente, la operación consistió en lo siguiente: en contra del derecho internacional, y de la legislación nacional, el Artículo 135 de la Constitución Española de 1978 se cambió para dar "prioridad absoluta" al pago de la deuda ante cualquier otra necesidad. De esta forma, el reembolso de la deuda gozaba de mayor prioridad que cualquier otra inversión social que el país pudiera necesitar, incluso en tiempos de crisis, y todo ello en aras del "saneamiento de las cuentas públicas", de la "disciplina presupuestaria", de la reducción del déficit público, y de los mantras ideológicos que aseguran que "no podemos gastar más de lo que ingresamos", y otras variantes más. 

 

Las consecuencias, pues, son absolutamente demoledoras para nuestro "Estado Social y de Derecho" consagrado en la Constitución. Porque esta modificación (para la cual sólo hicieron falta un par de llamadas telefónicas, mientras que para otras modificaciones necesitan años de "consenso"), hecha a toda prisa en varios días, permite reducir los gastos en Educación y Sanidad públicas, precarizando aún más a la clase trabajadora, y todo ello para reforzar las garantías a los acreedores de la deuda pública española (básicamente, otros bancos). Se trata, como indican los autores del citado artículo, "de una concesión inédita a los acreedores, un paso más para garantizar su supremacía y satisfacer sus prerrogativas en el edificio constitucional". De hecho, "constitucionalizar" (esto es, elevar a rango constitucional) la prioridad absoluta del pago de los intereses y del capital de la deuda sobre otras inversiones es algo muy grave, ya que mediante esta decisión, quedan sacrificados otros objetivos igualmente constitucionales, tal como la satisfacción de los derechos sociales o laborales de la ciudadanía.

 

Por tanto, introducir dicho criterio en nuestra Constitución (como en cualquier otra Constitución del mundo) no es más que una muestra del carácter fanático, cerrado y dogmático de la ideología neoliberal imperante, excluyendo modelos alternativos y alejándonos de la propia filosofía consagrada en la Constitución y del posible alcance democrático que pudiéramos extraer de nuestra Carga Magna. Fijémonos que incluso en el propio lenguaje que se utiliza y se difunde por la clase dominante, esta filosofía de considerar al país como una empresa, y a sus dirigentes como sus Directores Generales se va imponiendo. De hecho, en el debate "cara a cara" entre el actual Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, el moderador presentó el debate como si fuera "una entrevista de trabajo, para un proceso de selección de personal, que elija a la persona que va a dirigir los destinos de esta gran empresa que se llama España". La perversión del propio lenguaje, que legitima subliminalmente este enfoque, es clara y evidente. Pero como decimos, más allá de la mera interpretación política del asunto, podemos apelar a los aspectos formales y legales. Los expondremos en la próxima entrega.

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18 diciembre 2015 5 18 /12 /diciembre /2015 00:00

La naturaleza en todas sus formas tiene el derecho de existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales. Las personas tenemos la responsabilidad y el deber de conservarla

Carta de Derechos Sociales de Heuskal Herría

Abordaremos a continuación las medidas propuestas por las cinco principales ONG's ambientalistas en lo relativo a impulsar un modelo energético renovable, justo y democrático para la sociedad, pilar fundamental para respetar la naturaleza. Frente a los grandes retos del cambio climático, puestos de manifiesto en la reciente cumbre de la COP21 en París, la dependencia energética del exterior y la pobreza energética, cada vez es más urgente que las comunidades, países, pueblos y territorios contribuyan al fomento de un nuevo modelo energético 100% renovable, justo y democrático para la sociedad. En este sentido, es necesaria la adopción de políticas activas que permitan una rápida transición hacia una plena explotación de las energías renovables, en manos de la propia ciudadanía, así como la promoción y concienciación sobre el ahorro y la eficiencia energética. Con todo ello, las medidas propuestas serían las siguientes:

 

1.- Fomentar, a todos los niveles de la Administración (Central, Autonómica y Local), a través de las respectivas y pertinentes Agencias Públicas, la transición hacia el nuevo modelo energético mediante los respectivos Planes Integrales. Lo ideal y coherente es que dichos planes sólo sean una pieza del puzzle para la consecución de un nuevo modelo productivo, donde el modelo energético es elemento fundamental. 

 

2.- Generar energía limpia mediante renovables en los edificios, tanto públicos como privados (escuelas, bibliotecas, hospitales, bloques de viviendas, etc.), y en el mismo punto de consumo para las instalaciones públicas en municipios rurales, explotaciones agrarias y forestales. Progresivamente, sustituir todas las fuentes de energía fósil para calefacción, por nuevos sistemas renovables y eficientes. 

 

3.- Promover el autoconsumo, mediante una política incentivadora en vez de impositiva como la actual, así como la generación distribuida y comunitaria de energía fotovoltaica, eólica y la recuperación de pequeños saltos de agua. 

 

4.- Dotar del máximo apoyo institucional al conjunto de la ciudadanía, para conocer, promover y hacer posible las opciones de consumo renovable en el hogar. Todo ello mediante campañas informativas, y la puesta a disposición de comunidades de vecinos del conjunto de herramientas necesarias para tal fin. 

 

5.- Dotar del máximo apoyo institucional a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), industria y comercio a nivel estatal, autonómico y local en materia de ahorro y eficiencia energética. 

 

6.- Incorporar las tecnologías más eficientes en los sistemas gestionados por cada nivel de la Administración, tales como el alumbrado público, la climatización de edificios públicos y los sistemas de abastecimiento y depuración de aguas. 

 

7.- Poner en marcha regulaciones para movilizar los fondos para el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación de edificios, la reforma de los mismos, y la reconversión de sus sistemas de alimentación, abastecimiento y control, así como la regeneración y renovación urbanas, que faciliten el acceso a dichos fondos para las Comunidades de Vecinos. Pensamos, además, que todo este proceso es fundamental para la creación de un nuevo nicho de empleo, que se utilice como reconversión profesional de muchos profesionales (sobre todo del mundo de la construcción) que están en desempleo desde el estallido de la crisis, y la explosión de la burbuja inmobiliaria. 

 

8.- Promover, desde todos los ámbitos de la Administración Pública, nuevos modelos de rehabilitación integral y profunda, que lleven progresivamente a una reducción de al menos el 70% del consumo energético de cada edificio. 

 

Por otra parte, pero muy en relación con lo que hablamos, está la necesidad de reducir nuestras necesidades de movilidad y sus impactos, pues constituyen hoy día un factor de consumo irracional de recursos, así como una pérdida de la calidad de vida para el conjunto de la ciudadanía. Durante las últimas décadas, los planes de desarrollo urbanístico únicamente han contemplado la extensión sin límites del territorio urbano y residencial, y su comunicación mediante infraestructuras viarias, lo cual ha contribuido a que una gran cantidad del tiempo invertido en nuestra vida diaria sea consumido por nuestras necesidades de transporte y movilidad, lo cual se traduce en impactos ambientales muy peligrosos para el medio ambiente. Así, nuestro modelo de movilidad genera actualmente graves impactos sobre el medio ambiente y sobre nuestra calidad de vida. De hecho, el transporte público y privado es el principal sector de emisiones de gases de efecto invernadero, provocando además graves problemas de salud, debidos fundamentalmente a la contaminación atmosférica y al ruido, que son dos problemáticas que hoy sufren prácticamente todas las grandes urbes a nivel mundial. 

 

Además, la construcción de infraestructuras conlleva un coste económico muy elevado, y a menudo también un fuerte impacto medioambiental. Por otro lado, el transporte y el volumen de mercancías que han de ser trasladadas a larga distancia crecen a ritmos desmesurados, hasta el punto de que cada día desplazamos más de 85 toneladas/kilómetro por habitante. Es imperiosamente necesario disminuir urgentemente este escandaloso ratio, para todo lo cual las ONG's de referencia sugieren las siguientes medidas:

 

1.- Promover Planes de Movilidad Sostenible a todos los niveles de la Administración, uno de cuyos fines principales debe ser la reducción significativa de la movilidad motorizada, de forma coordinada con la política urbanística (que depende de las Administraciones Locales).

 

2.- Implementar Planes de Fomento de Movilidad No Motorizada, y en el caso de la bicicleta, en combinación con el uso del transporte público. Asímismo, implementar planes de desplazamiento peatonal y de movilidad ciclista regionales y locales. 

 

3.- Decretar una moratoria para las grandes infraestructuras sin justificación por su limitada demanda (Trenes de Alta Velocidad, Autovías, etc.). Aquí es preciso poner en debate el claro conflicto de intereses del Estado por una parte, y de las grandes empresas constructoras por otra, ávidas de cerrar cuantiosos contratos con las Administraciones Públicas. Pero son éstas las que deben evaluar de forma equilibrada el grado de pertinencia en torno a la construcción de dicha infraestructura, así como los impactos sociales, económicos y medioambitales que se generarían. 

 

4.- Promover los medios de transporte más limpios y eficientes, y siempre ajustados a la demanda real, fomentando los sistemas integrados de transporte público metropolitano. Ello debe hacerse incidiendo sobre todo en el factor educacional, concienciando sobre la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, así como de potenciar los transportes públicos colectivos, baratos y menos contaminantes. Hay que potenciar los medios de mayor capacidad, como los ferroviarios (líneas de cercanía, talgos convencionales, etc.), cuando la densidad de población lo justifique.

 

5.- Incentivar el abandono sobre el uso del automóvil privado mediante la implantación de medidas fiscales, de reducción del viario urbano, así como de la prohibición expresa de que los vehículos privados puedan entrar en los cascos urbanos. Lógicamente, todo ello liga con el punto anterior, ya que no podrá realizarse si no existe una red de transporte público fuerte alternativo.

 

6.- Potenciar el coche eléctrico para el servicio público y municipal, y asegurar la existencia de puntos de recarga con energías limpias y autoconsumo. De hecho, durante un tiempo de transición la mejor alternativa es que sólo los vehículos eléctricos (no contaminantes) puedan entrar en los cascos urbanos. No debe perderse de vista el horizonte de que el vehículo eléctrico privado sustituya totalmente al turismo de diésel o gasolina tradicional. Continuaremos en próximas entregas.

 

 

Fuente principal de referencia: Documento "Un Programa por la Tierra"

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