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17 diciembre 2015 4 17 /12 /diciembre /2015 00:00

El ataque al modelo social europeo no viene sólo de la Troika, sino también del impulso de tratados como este, que son alabados por populares, socialdemócratas y liberales, aunque suponen un giro de 180 grados en regulación europea e incluso en la cultura de protección social y ambiental

Laia Ortiz y Ernest Urtasun

Y otro gran caballo de batalla del TTIP lo constituye la agroindustria, representada en el Tratado, cómo no, por las grandes corporaciones agroalimentarias, sin representación de las respectivas asociaciones de agricultores y ganaderos, de cada país (futuro, en su caso) suscriptor del mismo. Como nos cuenta Javier Guzmán, Director de VSF Justicia Alimentaria Global, estas corporaciones llevan años pleiteando ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), contra diversas normativas europeas que protegen elementos clave de nuestra seguridad alimentaria. Sus intereses en el TTIP no son, por tanto, abrir fronteras a los productos alimenticios estadounidenses, sino abrir los órganos reguladores agroalimentarios europeos. Quieren sentar las bases de lo que pudieran ser los fundamentos de la nueva etapa de liberalización alimentaria mundial, profundizando la desregulación alimentaria, y la hegemonía de sus grandes empresas. Los aranceles en este área no son en realidad ningún problema, ya que si analizamos los derechos arancelarios sobre el comercio agrícola bilateral entre EE.UU. y la UE, comprobaremos que  no han hecho otra cosa que reducirse durante las últimas décadas, sin necesidad alguna de un gran acuerdo comercial. 

 

Así, los Estados Unidos han pasado en 6 años de un arancel agrícola medio respecto a los productos europeos de un 9,9% al 6,6%, y en la UE se ha pasado de un 19,1% a un 12,8%. Para poder entender la magnitud de este dato, como nos señala Javier Guzmán, hay que señalar que el arancel agrícola promedio a nivel mundial está en un 60%. El problema, por tanto, no está aquí, sino en el conjunto de leyes, normas, regulaciones o políticas de ciertos países, que pueden afectar a determinados productos agroalimentarios, y que son distintas a las de otro país. Si finalmente se alcanza un acuerdo, los efectos en la salud alimentaria y en los derechos de los consumidores serán inmensos, pero aún lo serán más desde el punto de vista de la producción del mundo rural. Mirémonos en el espejo de México, donde después de 20 años de la ratificación del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), dos millones de campesinos han abandonado sus cultivos, emigrando a los Estados Unidos. De ser un gran exportador de maíz, ha pasado a convertirse en importador de dicho producto, cuyo precio cayó en un 59% tras la firma del tratado. Ello permitió la entrada de maíz de baja calidad a bajo precio en el mercado, acabando con la producción autóctona de calidad, que era fuente del sustento de millones de familias mexicanas. 

 

En el fondo, no se trata tanto de la imposición de un mercado sobre otro, sino más bien del enfrentamiento entre dos modelos de agricultura y alimentación, expresados por el modelo de las grandes corporaciones, frente al modelo de producción campesino y local, de proximidad. El resultado de la batalla está muy claro, arrasando con los modelos de vida y de cultura de millones de familias rurales y campesinas, y convirtiéndose en un modelo de baja calidad, que sirve sobre todo para engordar las cuentas de resultados de las grandes empresas alimentarias. Y ya nos llevan bastante ventaja, ya que, de hecho, la Comisión Europea lleva armonizándose con la Administración norteamericana desde hace varios años. Las sucesivas reformas de la PAC (Política Agraria Común) van, indudablemente, en esta dirección. Sin ir más lejos, la UE acabó hace poco tiempo con las cuotas de producción lechera, que aún protegían a los pequeños ganaderos de multitud de localidades, que podían vivir de su pequeña producción frente a los gigantes de la industria agroalimentaria. La política europea se ha decantado por favorecer a las grandes corporaciones, aunque ello suponga una crisis devastadora no sólo económica, sino también territorial y social de extensos territorios, que llevaban siglos bajo un modelo productivo sostenible. 

 

Las diferencias de tamaño también son evidentes, y nos hemos referido a ellas en anteriores entregas. Estados Unidos posee el triple de superficie agraria que la Unión Europea, pero también tres veces menos explotaciones. Es decir, que cada explotación agraria es mucho mayor, de media, que la europea. En la UE, la media de hectáreas por explotación es de 18, mientras que en EE.UU. esa cifra es de 176. En el caso concreto de nuestro país, más del 50% de las granjas tienen menos de 5 hectáreas. Y mientras que en la UE se considera una gran explotación agraria aquélla que posee más de 50 hectáreas, en Estados Unidos, dicha clasificación se aplica a las que tienen más de 800. Con dichos datos, está claro que el TTIP supondrá en este ámbito para nosotros una dramática reconversión del actual sistema de agricultura y ganadería a menor escala, acabando con la existencia del campesinado. Las fases clave de la producción, transformación y distribución alimentaria pasarán a estar controladas por los grandes oligopolios empresariales, lo que alterará los precios que reciben las pequeñas explotaciones agrarias, rebajándolos cada vez más. Y con unos costes productivos en constante crecimiento, las explotaciones familiares tendrán muy difícil la subsistencia, encontrándose atrapadas en unos márgenes comerciales cada vez menores, siendo empujadas inexorablemente a su desaparición y extinción. 

 

Todo este proceso se vería con el TTIP incrementado y acelerado, y el hostigamiento a dichas pequeñas explotaciones agrarias familiares, típicas en nuestro mundo rural, entrará en una fase crucial y definitiva. Únicamente las mayores, o que puedan asociarse bajo otros paraguas de mayor extensión sobrevivirán, pero el resto se verán abocadas a su cierre y desaparición, lo que acarreará una total ruina no sólo para dichos pequeños productores, sino también para su entorno local, para su ecosistema natural, y para su población cercana. Modelos de negocio locales, sostenibles y necesarios para el medio ambiente, se verán sustituidos progresivamente por la hegemonía de grandes corporaciones, que pueden estar situadas a miles y miles de kilómetros de distancia, y que poseen modelos de negocio y políticas comerciales y medioambientales absolutamente agresivas. La soberanía alimentaria será totalmente eliminada, al tener que disponer de los recursos que los gigantes de dicha industria quieran imponer.  El panorama para el ámbito agroalimentario al que nos conduce el TTIP es absolutamente desolador, bajo un escenario en el que unas pocas grandes empresas multinacionales controlen todo nuestro sistema alimentario, desde las semillas hasta los productos más elaborados. Simplemente bárbaro. Continuaremos en siguientes entregas.

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16 diciembre 2015 3 16 /12 /diciembre /2015 00:00

Es soñando con lo imposible que el hombre ha realizado siempre lo posible. Los que se han conformado con lo que les parecía posible no han avanzado nunca ni un solo paso


Bakunin

Ya no hay nadie que se presente a las elecciones diciendo que no pagamos la deuda, por eso seguimos en la calle, la lucha es el único camino


Víctor Jiménez (Marchas de la Dignidad)

No basta con ganar las elecciones, hay que tumbar al capitalismo, un modelo insostenible en lo social, lo económico y lo ambiental


Manuel Millera (ATTAC-Nafarroa)

PODEMOS es alternativa electoral al bipartidismo. Al poder, me parece mucho decir. El poder no lo tienen los partidos, lo tienen los bancos, el Banco Central Europeo (BCE) y Alemania


Carlos Fernández Liria

Hoy, una España caciquil, corrupta, explotadora, depredadora, destructora de la vida, se está muriendo, pero en los últimos estertores se aferra a lo que todavía posee, arrasando con lo que queda, mintiendo y manipulando; mientras que una España libre, honesta, solidaria, cooperadora y creadora de ilusiones y dignidad, intenta abrirse camino en medio de la adversidad, tratando de dar a luz una mejor vida, más decente y más fértil


Andrés H.

Y así podríamos continuar, citando pequeñas yojas del pensamiento demostrativas del título de nuestro artículo. El hipotético Gobierno de PODEMOS tendría mucho trabajo por hacer. Han de comenzar derogando todas las contrarreformas antisociales que este indecente Gobierno del PP ha llevado a cabo durante los últimos cuatro años, y esto incluye a las leyes que decretan la austeridad a los tres niveles de la Administación Pública, la Reforma Laboral, la Reforma de las Pensiones, las reformas parciales en Justicia, la Reforma Fiscal, La Ley Mordaza, la Ley de Seguridad Privada, la Reforma del Código Penal, la LOMCE, la Reforma Universitaria, y además han de revertir las subidas del IVA, así como reintegrar a los funcionarios y resto de trabajadores públicos todo el poder adquisitivo perdido por medio de todas las oleadas de recortes practicadas. Han de revertir igualmente las privatizaciones de la Sanidad Pública, y todas las reformas parciales llevadas a cabo en el sector energético, no reconociendo el denominado "déficit de tarifa" de las transnacionales eléctricas, y derogando además la Ley de Costas y la Ley de Montes, que abrían la puerta a peligrosas prácticas privatizadoras.

 

Asímismo, debe asegurarse la recuperación para el sector público de todas las ayudas a la banca privada que se han venido practicando durante estos años, además de desarrollar los pilares para un sistema de banca pública. De igual forma, ha de dotarse de cuerpo presupuestario a leyes a las que se les ha despojado de fondos, como la Ley de la Dependencia, o la Ley Integral para la Violencia de Género, y han de establecerse nuevas reformas de calado, como la reforma de la Ley Electoral vigente, sobre todo para que el algoritmo que calcula el reparto de escaños atendiendo al número de votos de cada formación política, sea auténticamente proporcional. Igualmente, debe declararse la intención de auditar el conjunto de la deuda pública de nuestro país, y proceder al impago de la parte ilegítima de la misma, así como asumir el compromiso de implantar una renta básica de ciudadanía, para que progresivamente adopte las características de individualidad, incondicionalidad y universalidad, que es la única forma no de consolar a los pobres, sino de que no haya pobreza. 

 

Deberían además definirse de forma más completa y precisa todo un conjunto de medidas que en el anterior Programa para las pasadas Elecciones Autónomicas quedó un tanto confuso, incompleto o desdibujado, perfeccionando los fundamentos del nuevo modelo productivo, o las medidas de corte ecologista y animalista que pensamos deben contemplarse, entre otros aspectos. El Programa Electoral de alcance para las Elecciones Generales debería centrarse, en mi modesta opinión, en el reconocimiento de los tres grandes y principales sujetos de derecho, a saber: los derechos humanos (de todas las personas individualmente, objetiva y subjetivamente), los derechos de los pueblos (como derechos de las colectividades humanas que los forman, atendiendo a su soberanía), y los derechos de la naturaleza (la naturaleza como sujeto de derechos figura ya en algunas Constituciones modernas). Éstos deberían ser los tres grandes pilares sobre los que se asentara todo programa de gobierno de izquierdas que se precie, incluyendo las corrientes de pensamiento feministas, ecologistas, animalistas y pacifistas. 

 

Además de todo ello, han de atacar los diversos frentes que no estuvieron contemplados en los Programas Electorales de las pasadas Elecciones Autonómicas de mayo, simplemente porque no cabían allí, dado el ámbito competencial de las mismas. En este sentido, cabe aquí referirse a una decidida acción contra el inmenso poder de que goza la Iglesia Católica en nuestro país, a medidas para ir desmantelando las bases militares de la OTAN que tenemos instaladas en nuestro territorio, o a medidas para incrementar la acción del Estado en pro de la recuperación de nuestra Memoria Histórica, y así dotar de verdad, dignidad y reparación a los familiares de las víctimas del franquismo. Todo ello, por supuesto, enmarcado dentro de un Proceso Constituyente que ofrezca un camino a la ciudadanía para que pueda finalmente romper con el actual régimen proveniente de la Constitución de 1978, declarando para nuestro país una República (la Tercera), con organización territorial de corte Federal, y con un régimen económico Socialista, reconociendo la plurinacionalidad del Estado Español, así como el derecho de autodetermnación de todos sus pueblos. Y el momento es ahora, ya que, además tenemos muy preparado al líder de CIUDADANOS, Albert Rivera, para ejercer de tercera pata del bipartidismo, dispuesto a contemplar, llegado el caso, una gran coalición con PP y PSOE, que él ya bautizó como una especie de "Pactos de la Moncloa del Siglo XXI". Y el PP, por su parte, se deja querer. No lo podemos permitir. 

 

El problema es que, llegados a este punto, nos damos cuenta de que ninguna formación o coalición política de las que se presentan a los próximos comicios del 20D está por la labor de llevar a cabo todas estas medidas y transformaciones sociales, por lo cual la conclusión está clara: ¿Podemos? Sí, claro que podemos, el problema es que no queremos. No nos lo acabamos de creer. Por su parte, incluso aunque más de 500 ONG's, después de múltiples análisis de los programas electorales de las diferentes opciones políticas que se presentan al 20D, han concluido que el programa de la formación de Pablo Iglesias es el mejor con diferencia (aunque por supuesto, es manifiestamente mejorable en multitud de aspectos), continúa en cuarta posición en las encuestas que todos los medios de comunicación están publicando durante estos días. Y el peor programa con diferencia, el del PP, continúa como opción más votada según las mismas encuestas. No queremos creernos estos datos, porque si nos los creemos, o si se confirman el día de las elecciones, sólo podremos pensar que es lo lógico en un país que cultiva las plazas de toros, las iglesias y los campos de fútbol, mientras que recorta en Universidades, en sanidad, en dependencia o en cultura, que aún no ha alcanzado la madurez intelectual suficiente como para votar a las fuerzas políticas que defienden los intereses de la clase trabajadora, inmensamente mayoritaria. Así nos va. Lo dicho: Podemos, pero no queremos.

 

Y con respecto a esta Unión Europea de la que formamos parte desgraciadamente, la cuestión está clara: es imposible dejar de aplicar políticas de austeridad sin romper con el marco del euro, sin romper con la deuda, sin romper con la hegemonía de la banca privada y de las grandes empresas transnacionales. No es, como sostienen algunos autores, una cuestión de tener euros o pesetas en el bolsillo, es cuestión de estar o no sometidos al control de una serie de Instituciones antidemocráticas, gobernadas por el gran capital, que no rinden cuentas ante nadie, y que sólo buscan permanentemente precarizar la vida de las clases trabajadoras. ¿Y, entonces, podemos? Sí, claro que podemos, el problema es que, como los griegos, no queremos. Es imperativo por tanto expropiar a las empresas que gestionen los grandes sectores estratégicos de la economía (banca, alimentación, energía, transportes, comunicaciones, etc.), para poder poner al servicio del pueblo sus bienes, servicios y productos básicos, y poder así recuperar y garantizar como derechos humanos un conjunto importante de ellos, que hoy día se han convertido en mercancía, accesible sólo para quien puede pagarla. Es absolutamente imprescindible recuperar la soberanía monetaria, para, en base a ella, poder recuperar también la soberanía política, la económica, la energética, la alimentaria, la tecnológica, etc...¿Podemos? Sí, pero no queremos. 

 

Y al no querer, al no estar convencidos realmente de nuestro potencial como pueblo, como país, no disponemos de la fuerza social necesaria para apoyar a la fuerza política concreta que propusiera dichas transformaciones. Las revoluciones no se dictan por Decreto-Ley, sino que nacen "en callejones sin salida" (como dejó dicho Beltolt Brecht), porque la Historia nos enseña que las profundas transformaciones sociales no surgen de la noche a la mañana, sino que se gestan a lo largo del tiempo, durante años de trabajo y esfuerzo, a través de un largo camino no exento de problemas y obstáculos, que podrán vencerse únicamente desde un inmenso apoyo popular. Por tanto, sin la concurrencia de todos estos factores difícilmente podremos, porque no queremos, es decir, porque aún no estamos en el nivel de madurez social y política necesaria para disponer de la fuerza, como sociedad, que nos permita alcanzar dichas metas. Incluso contando con un programa electoral como el que necesitamos, los cambios no tendrían lugar de un día para otro, porque obtener una victoria en las urnas, no implica obtener el poder, porque el auténtico poder fáctico que nos gobierna, que es el poder económico, se resistirá e intentará impedir por todos los medios posibles que dicho programa se lleve a cabo. 

 

Y ello porque dicho poder económico posee las grandes fortunas, es dueño de los grupos financieros e industriales, de los grandes medios de comunicación, de las grandes empresas, de la banca, del gran comercio, de las grandes tecnologías, etc., y todo ello pertenece, es propiedad de una élite de la población, la auténtica "casta" que hay que asaltar. Llevar a cabo un programa de acción popular requiere ir en contra de los intereses de esta élite social, que no está dispuesta a ser desalojada del poder. Y su poder es inmenso. Dicha élite capitalista controla el Estado y todos sus resortes, ya que la clase gobernante (el bipartidismo y sus acólitos) le obedece, y por tanto controla el poder judicial, el poder político, el poder de la comunicación, y por tanto, un nuevo Gobierno que pueda (antes, como hemos dicho, tiene que querer, y  tiene que estar masivamente apoyado por la ciudadanía), debe estar dispuesto a enfrentarse a todos estos resortes del auténtico poder, entrando en conflicto con los intereses del poder económico y de todos sus agentes, y debilitando su capacidad de influencia sobre los grandes medios de producción, de servicios, de comunicación, y sobre todos los aparatos del Estado....La pregunta no es por tanto, ¿podemos?, sino más bien...¿queremos?

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15 diciembre 2015 2 15 /12 /diciembre /2015 00:00

De entre los numerosos y esperpénticos vídeos que se lanzan en estos períodos electorales, nos ha llamado la atención especialmente uno de los últimos publicados por el PP, que responde al eslogan "Somos el partido más votado, porque nos vota gente muy diferente". En efecto, describe una escena dentro del hogar de una típica familia "hipster", donde al parecer, uno de sus miembros se está pensando votar al PP, y los demás no salen de su asombro. Vamos a lo que nos interesa, porque además toca con la conciencia animalista y ecologista, que muchos movimientos sociales están intentando inculcar en la ciudadanía, para que ahora venga un partido de estas características, a apropiarse su lucha en dicho ámbito, precisamente tratándose de un partido que preconiza su absoluta insensibilidad para con estos asuntos. Vamos a la frase concreta que nos interesa, que es la que, en un momento de la conversación, el personaje comenta: "...Y que yo sepa, Rajoy...no tiene nada en contra de las ballenas". Una inocente frase, si no fuera porque está terriblemente manipulada, en el afán de este partido de obtener el voto de todos los sectores. 

 

Para desmontar esta frase, hay que comenzar desde el principio, y no dejarse llevar por las perogrulladas. Porque claro, si nos preguntamos: "¿Tiene Rajoy algo en contra de las personas sin hogar?", en principio podríamos llegar a la misma conclusión, así como si nos preguntáramos: "¿Tiene Rajoy algo en contra de los palestinos?", preguntas inocentes, a las que de entrada, también podríamos responder que no. Pero las cosas no son tan sencillas. Se me viene a la mente la famosa frase de aquéllas dos amigas que estaban conversando, y la una le decía a la otra: "Pues mi marido, en el fondo, es bueno...", y la amiga le respondía: "¿Por qué es bueno, porque todavía no ha matado a nadie?"...Hemos de distinguir por tanto la inocentada, la pregunta y la respuesta de perogrullo, del razonamiento profundo e inteligente, que es el que nos permite alcanzar las auténticas conclusiones. Centrándonos en el caso que nos ocupa, efectivamente, y si nos atenemos a la pregunta en cuestión, es cierto que ni Rajoy ni su gobierno han tenido jamás una mala palabra contra las ballenas, lo que nos llevaría a concluir que, efectivamente, no tienen nada en su contra. Pero los que hemos estudiado algo de lógica y de filosofía, sabemos que el famoso aforismo "Si P, entonces Q", no es tan fácil como  nos lo pintan. 

 

Porque en efecto, no basta con haberse pronunciado sobre un aspecto concreto, para colegir que tenemos o no algo en contra (o a favor) de dicho aspecto. Tomemos la misma pregunta, pero formulada en sentido inverso: "¿Tiene Rajoy algo en favor de las ballenas?", lo que equivaldría a preguntarse: "¿Ha hecho Rajoy algo positivo para las ballenas?". Si lo comparamos con otro de los ejemplos que poníamos más arriba, concretamente con el de los palestinos, la pregunta podría ser la misma, con diversas variantes, tales como las siguientes: "¿Apoya Rajoy al pueblo palestino?", o bien "¿Se ha pronunciado alguna vez Rajoy a favor del pueblo palestino?", o bien, "¿Se ha mojado alguna vez Rajoy por Palestina?", lo cual nos llevará indefectiblemente al NO en todas las respuestas, aunque en principio, Rajoy "no tenga nada en contra de los palestinos". Y es que existen diversos temas en los que no se puede ser, digamos, completamente neutral, pasivo, porque entonces, dicha pasividad o neutralidad va a engordar a los que están en contra, activa o pasivamente, de dicha causa o de dicho colectivo. Ya nos dejó dicho Desmond Tutu que ante la causa del opresor no se puede ser neutral, porque entonces, estaríamos en contra del débil. Por tanto, la siguiente pregunta podría ser: ¿Quién es aquí el débil? La respuesta está bien clara: las ballenas.

 

Y a partir de aquí, todo el razonamiento se nos altera. Porque si las ballenas son el agente débil, el agente que hay que proteger activamente, la pregunta ya no es "¿Tiene Rajoy algo en contra de las ballenas?", sino que la pregunta se transforma en: "¿Qué ha hecho Rajoy por las ballenas?", lo cual nos lleva a su vez a muchas variantes, como las siguientes: "¿Se ha pronunciado alguna vez Rajoy sobre las ballenas?", "¿Le han importado las ballenas en algún momento?", y otras tantas. Pero avancemos un poco más. En realidad, la causa de las ballenas es una concreta dentro de una causa mayor que es la causa del animalismo, es decir, la causa de la lucha por los derechos de los animales, por su reconocimiento, y por alcanzar una sociedad, también en este aspecto, más justa, sensible y avanzada. Y entonces, la nueva pregunta que se nos plantea es: "¿Está Rajoy por la causa del animalismo?", "¿Le ha importado alguna vez esta causa?". La conclusión, de nuevo, está clara, como las aguas fluyentes de un arroyo cristalino, porque el hecho es que jamás en los programas electorales del PP ha aparecido reflejada la causa del animalismo en su total extensión (cosa que desgraciadamente, también tenemos que extender a otras fuerzas políticas), y si ha aparecido, ha sido mínimamente, y en la práctica, no se ha hecho absolutamente nada por dignificar el mundo animal, ni por el reconocimiento de sus derechos. 

 

Es más, la causa de Rajoy y del PP está claramente en contra del animalismo, puesto que proponen (y actúan donde gobiernan) desde un enfoque claramente antianimalista, con medidas como, entre otras muchas, el apoyo a la tauromaquia, y el mantenimiento de todos nuestros salvajes festejos populares donde se torturan y se maltratan animales. Difícilmente puede importarles el mundo de las ballenas, cuando a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional, sobre todo en verano, alardean de una "cultura popular" que se basa casi en su totalidad en la más cruel práctica con todo tipo de animales. Pero aún tenemos que subir, para acabar con nuestro razonamiento, y llegar a las conclusiones finales, un último escalón. Porque en realidad, la causa del animalismo hay que entenderla en un contexto más amplio, que no es otro que el propio contexto de nuestra naturaleza, de nuestro entorno natural, de nuestros ecosistemas. Difícilmente puede afirmar una persona que le gusta (o está interesada, o es activista por) el mundo animal, desde posiciones antinaturalistas, antiecologistas, incluso antipacifistas. Y así, llegamos a la causa del ecologismo, entendido como el respeto y la conservación de la armonía natural, de la coexistencia plena del Hombre con su entorno, como la suprema manifestación del respeto que hemos de tenerle al resto de los seres vivos y de los sistemas naturales que existen en nuestro planeta. 

 

La conclusión final, ahora, está clara como la misma luz: "¿Es ecologista el PP?", "¿Apuesta por la aplicación de unas políticas de conservación del medio ambiente, y de respeto a los entornos naturales?". Podríamos poner, de nuevo, muchos ejemplos que avalan las respuestas: su apoyo al fracking, su apoyo a las energías fósiles, su negativa a potenciar las energías renovables, y su reticencia a implementar políticas de reconversión energética, o de simple evolución hacia las energías no contaminantes, entre otros muchos temas, nos dan las respuestas. Quizá la mayor y más clara expresión, en coherencia con los temas que argumentamos, sea la lucha contra el cambio climático, precisamente donde en las filas del PP tenemos, desde siempre, a sus mayores negacionistas. Porque la fuerza política por antonomasia en nuestro país que niega el cambio climático y sus efectos, o le resta credibilidad, sin duda alguna, es el Partido Popular. Sonados han sido en un pasado reciente los comentarios de Rajoy ridiculizando estas afirmaciones, y el activismo para luchar y minimizar los efectos de dicho cambio climático. Simplemente, no le conceden ninguna credibilidad al discurso científico que alarma sobre la peligrosa deriva climática y ambiental que sufrimos, a nivel de todo el planeta....A tenor de todo ello, nos volvemos a preguntar: "¿Tiene Rajoy algo en contra de las ballenas?". Quizá si el resto de la familia le hubiera razonado en estos términos al personaje del vídeo, su voto no hubiese ido al PP.

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14 diciembre 2015 1 14 /12 /diciembre /2015 00:00

Los trabajos del comité que auditó la deuda griega revelaron que los rescates no eran para salvar al pueblo o a la economía griega, sino a los bancos franceses y alemanes

Zoe Konstantopoulou (expresidenta del Parlamento griego)

Bien, vamos a abordar ya el cuarto y último apartado donde habíamos clasificado las posibles causas de ilegitimidad de las deudas públicas, relativo a la utilización de los fondos prestados. Es decir, este apartado se refiere a estudiar todos los posibles casos donde los fondos adquiridos por el préstamo mediante el cual se adquirió la deuda, se dedicaron a actividades, financiación o presupuestos ilícitos, ilegales, odiosos o ilegítimos. Y es que un préstamo cuyo objeto respeta en apariencia el derecho puede ser ilegítimo, cuando es utilizado con fines ilícitos, poco éticos o inmorales. En consecuencia, hay que comprobar, mediante el oportuno proceso de auditoría ciudadana de la deuda, que el préstamo ha sido utilizado de una manera adecuada, y para los fines para los cuales la deuda fue adquirida. En caso contrario, deberíamos hablar de causa ilícita o inmoral del contrato, situación que se encuentra respaldada en numerosas legislaciones civiles y comerciales. 

 

También podemos observar y analizar a este respecto la conducta del supuesto acreedor, y preguntarse por la legitimidad del reembolso....¿quién debe a quién? Recordemos que los prestamistas tienen una obligación de vigilancia y que el reembolso de las deudas está limitado concretamente por los principios generales del derecho, los cuales se imponen a todos los actores que intervienen en el proceso de endeudamiento. Entre estos principios, se encuentra la inequidad, la buena fe, o también el enriquecimiento sin causa. En consecuencia, una deuda contraida de una manera legal puede ser ilegítima cuando el acreedor obra de mala fe o se comporta de manera injusta, exigiendo por ejemplo el reembolso de una deuda que no ha sido utilizada para el interés general de la ciudadanía. Tenemos casos históricos que lo avalan, como por ejemplo la sentencia que se dictó en 1923 por la Corte Suprema de Estados Unidos a favor del Gobierno de Costa Rica, que había denunciado al Royal Bank of Canadá (un banco inglés) por un préstamo suscrito bajo el régimen del dictador Federico Tinoco. La sentencia fue especialmente edificante y ejemplarizadora, ya que en su argumentación, el juez afirmó que "...el Banco Royal debió probar que el dinero fue prestado al gobierno para usos legítimos. Y este banco no lo hizo". 

 

Se puede también invocar la doctrina sobre la deuda odiosa para estos casos, que incluye en la categoría de las mismas a "los préstamos contraídos con fines manifiestamente interesados y personales por parte de los miembros de un gobierno o de personas y grupos relacionados con el gobierno, fines que no tienen ninguna relación con los intereses del Estado", apostillando que "las deudas del Estado deben ser contraídas y los fondos procedentes de las mismas, utilizados para las necesidades y por el interés del Estado". Bien, sobre la base de todos estos elementos expuestos, pueden considerarse ilegítimas bajo este apartado los siguientes siete casos o variantes, que exponemos a continuación:

 

1.- Las deudas que hayan servido para el enriquecimiento personal. Situación muy típica por ejemplo durante las dictaduras, cuyos regímenes suelen incurrir en deudas absolutamente arbitrarias que sirven únicamente para el enriquecimiento personal de sus dirigentes, como ocurrió en el caso de la deuda argentina contraída bajo la junta militar entre 1976 y 1983. 

 

2.- Las deudas generadas por los rescates bancarios. Este caso ya lo hemos encuadrado también en supuestos expuestos en artículos anteriores, pero caben también en éste, ya que estas deudas descansan sobre una causa inmoral o ilícita en la medida en que el conjunto de la mayoría social del país en cuestión no es responsable de los errores cometidos por los banqueros. 

 

3.- Las deudas generadas por medidas fiscales y sociales injustas. Como sabemos, la deuda de los Estados europeos ha aumentado durante las últimas décadas debido principalmente a la bajada de los ingresos fiscales procedentes del impuesto sobre los beneficios de las grandes empresas, así como del impuesto sobre la renta y el patrimonio de las familias más ricas, en una clara ofensiva neoliberal por parte de la clase dominante. Esta situación ha sido conscientemente mantenida (mientras se quejaban hipócritamente de los pocos recursos que recaudaba el Estado) a través de una sucesión de reformas fiscales que han favorecido a las grandes fortunas y las grandes empresas privadas, en perjuicio de la inmensa mayoría social (son las famosas políticas para la élite del 1%, en contra del 99% restante). Estas políticas han sido las responsables de los tremendos niveles de desigualdad social, del enorme endeudamiento público (por socializar las pérdidas y privatizar los beneficios), así como de la existencia de mecanismos (incluso legales) para evadir impuestos, y de la propia existencia de los paraísos fiscales.

 

4.- Las deudas reclamadas por los denominados "Fondos Buitre". Designamos así a los fondos de inversión especulativos, que obtienen sus beneficios basándose en que los propios Estados han puesto los derechos humanos como objetos de mercantilización. Este sobrenombre les viene a propósito de sus prácticas odiosas, que consisten básicamente en recomprar a muy bajo precio las deudas de los Estados en dificultad, para más adelante, obligarlos por vía judicial a que les reembolsen la deuda a precio fuerte, es decir, por el importe inicial de las deudas, aumentado por los intereses y los diversos recargos de los propios procesos judiciales. Para una mayor información, los lectores interesados pueden consultar los artículos de esta serie dedicados al capitalismo del siglo XXI. Es evidente que su actuación viola de manera flagrante los principios generales del derecho, tales como la equidad, la buena fe o el enriquecimiento sin causa, a todo lo cual se añade la propia violación de los DDHH cuando los bienes, productos o servicios objeto de su especulación se consideran como tales, como en el caso de la vivienda.

 

5.- Los intereses reclamados por los bancos que han recibido fondos prestados del Banco Central Europeo (BCE). Situación muy típica, avalada por los propios Tratados de la UE, mediante la cual la banca privada puede exigir tipos de interés elevados a los Estados, cuando estos bancos han recibido fondos del BCE sólo al 0,75% o al 1%, enriqueciéndose gracias a dichas prácticas de manera indebida. Todo ello ha sido y es posible porque el BCE en realidad nunca ha actuado como un verdadero Banco Central (al estilo de la Reserva Federal estadounidense, el Banco de Inglaterra o el Banco de Japón), sino como un auténtico lobby de la banca privada europea. Por tanto, aunque en principio legal, es una situación absolutamente repudiable. 

 

6.- Las deudas externas de los países del Sur. También se puede hablar aquí de enriquecimiento sin causa, en la medida en que estos países han reembolsado varias veces sus deudas a sus países e instituciones acreedoras, como ya dejamos constancia en artículos anteriores de la serie. 

 

7.- Las  deudas que sirven para pagar antiguas deudas ilegítimas. Así, el hecho de contraer deudas para reembolsar antiguas deudas reconocidas como ilegítimas constituye de por sí una causa inmoral e ilícita. Podemos también argumentar que una deuda no pierde, incluso bajo un proceso de renegociación o reestructuración, su carácter de ilegal, ilegítima u odiosa. Por tanto, la deuda conserva su vicio de origen, que perduda en el tiempo, y no puede ser ocultado bajo nuevos endeudamientos. Continuaremos en siguientes entregas.

 

 

Fuente principal de referencia: Artículo de Renaud Vivien para CADTM

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11 diciembre 2015 5 11 /12 /diciembre /2015 00:00

(…) lo único que aumenta más rápidamente que nuestras emisiones es la producción de palabras de quienes prometen reducirlas

Naomi Klein

Vamos a enumerar los principios generales por los que deberían regirse, según las organizaciones de referencia, las políticas sociales y ambientalmente sostenibles:

 

1.- Creación de "empleo verde" para alcanzar una economía baja en carbono. En este sentido, hay que potenciar todas las profesiones u oficios ligados con el sostenimiento medioambiental, pero también hay que tenerlas en cuenta en los Planes de Empleo Público, así como en los Planes de Trabajo Garantizados que desde los estamentos y poderes públicos se puedan patrocinar. Los nichos de empleos ligados a las famosas "R" (Reparar, Reciclar, Reformar) deben orientar gran parte de las políticas públicas orientadas a la generación de puestos de trabajo.

 

2.- Conservación de la naturaleza, protegiendo, gestionando y restaurando la biodiversidad y los ecosistemas como un gran patrimonio común, y la base que sustenta nuestro entramado social y económico. Es el puntal fundamental, y los que apostamos por un Proceso Constituyente y una nueva Constitución estamos convencidos que la propia naturaleza debe reconocerse en ella como sujeto de derechos, como ya ocurre en las Constituciones más avanzadas del mundo.

 

3.- Eficiencia en el uso de los recursos naturales, reducción de residuos y de contaminación, apoyando la explotación local, ecológica y renovable, y asegurando que el consumo de recursos naturales (agua, suelo, materiales biológicos y minerales, y atmósfera) esté dentro de unos límites sostenibles. Estamos convencidos de que ello implica, más tarde o más temprano, poner en práctica políticas decrecentistas, que cambien el modelo productivo y consuman de otra forma.

 

4.- Asignación de dinero público para bienes públicos, asegurando que todas las ayudas públicas supongan un beneficio para la sociedad y el medio ambiente, y eliminando todos los elementos perversos para la biodiversidad y el medio ambiente. Ello implica acabar con las corruptelas a todos los niveles, y gestionar lo público desde otro paradigma, abandonando el principio de rentabilidad económica, para sustituirlo por el de rentabilidad social. 

 

5.- Cumplimiento del principio de que "Quien contamina, paga", huyendo de los mecanismos de compensación. Pero tenemos dos importantes observaciones que hacer aquí: la primera tiene que ver con el montante en sí de las multas, ya que las que se han impuesto hasta ahora a las grandes empresas transnacionales, han sido absolutamente ridículas en comparación con sus niveles de beneficio, y de esta forma, las multas y sanciones no cumplen su función disuasoria. Por otra parte, entendemos que tampoco el paradigma enunciado es la solución, sino sólo un apoyo, porque la imposición de sanciones a los agentes contaminantes no restaurará los efectos dañinos que producen. Véase este artículo de referencia, donde explicamos esta problemática con profundidad. 

 

6.- Modernización de las estructuras de gobierno y procesos de gobernanza, sobre todo en lo tocante a la transparencia y participación pública en el diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas ambientalistas. 

 

Bien, vamos a adentrarnos ya en las propuestas del primer gran bloque, que trata sobre la necesidad de que el combate contra el cambio climático y sus terribles efectos sea el epicentro de las políticas ambientalistas. La urgencia y gravedad del cambio climático requieren del compromiso público y privado, y de la acción política a todos los niveles, pues nos estamos jugando, en última instancia, la propia supervivencia de la especie humana en el planeta. Pero no sólo desde el Estado, sino que las Comunidades Autónomas disponen de una gran cantidad de oportunidades para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de medidas ambientales en áreas como el transporte, la energía, la producción agraria, la gestión de los residuos o la potenciación de la industria. Es necesario que todas las regiones, de mayor o menor entidad, hagan del cambio climático un eje político transversal a todas las decisiones que se tomen. En este sentido, hay que establecer legislaciones a todos los niveles (Estatal, Autonómica y Local) en materia de mitigación de las emisiones basadas en presupuestos de carbono de acuerdo a las competencias de cada Administración Pública, en áreas como el transporte, los recursos forestales, la agricultura o el medio ambiente, con objetivos de reducción de emisiones de obligado cumplimiento en todos estos sectores. 

 

Hay que cuantificar los objetivos de manera más ambiciosa que el actual reparto europeo de la carga, de acuerdo a la capacidad de cada región o Administración y su responsabilidad histórica, para poder alcanzar el nivel de "Emisiones Cero" en el año 2050. Hay que incorporar y apoyar a nivel regional medidas recogidas en la Hoja de Ruta de los sectores difusos 2020 para transporte, eficiencia energética, residuos y agricultura. Debemos establecer una política y una planificación para la progresiva adopción de medidas de adaptación al cambio climático, coordinadas y coherentes con otras regiones y países de nuestro entorno, y en consonancia con los compromisos adquiridos en los Planes Nacionales contra el Cambio Climático. Hay que declarar a los diversos territorios, después de la erradicación de ciertas prácticas, como "territorios libres de extracción y generación de combustiles fósiles y nucleares", por ejemplo libres de prospecciones de hidrocarburos y de fracking, y contra la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares, introduciendo también en la legislación de planificación territorial medidas de salvaguardia ambientales que impidan el uso del suelo para la exploración y extracción de gas de esquisto. Continuaremos en siguientes entregas.

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10 diciembre 2015 4 10 /12 /diciembre /2015 00:00

Las leyes del capitalismo, invisibles para el común de las gentes y ciegas, actúan sobre el individuo sin que éste se percate…

Ernesto Che Guevara (“El Socialismo y el Hombre en Cuba”, 1965)

La conclusión que sacamos de las últimas discusiones que hemos expuesto en los últimos artículos de la serie está bien clara, y no es otra que debemos enfrentarnos al sistema de forma radical para poder vencerlo, no podemos parchearlo o intentar "arreglar" parcialmente alguno de sus aspectos, porque entonces, simplemente el sistema se recompone y continúan sus efectos. Debemos entender que los criterios economicistas nunca pueden imponerse a los criterios políticos. Debemos luchar por una sociedad donde la política se imponga a la economía. Porque al final, si es al contrario, es decir, si es la economía la que se impone a la política, ésta siempre obedecerá a la clase que posea el capital y los medios de producción, es decir, a la clase dominante, que forzará a la sociedad a tender hacia la consecución de sus intereses, esto es, obligará a llevar a cabo las políticas que mejor satisfagan sus intereses. Aunque como estamos viendo, todo ello se hace mediante eslóganes, disfraces, frases huecas y vacías, y mensajes subliminales, para que al final pensemos que lo están haciendo por nuestro bien, por el bien del país, y porque, en realidad, no había otra alternativa.

 

Un buen ejemplo de todo esto lo tenemos en los Informes que constantemente plantean la supuesta "insostenibilidad" de los servicios públicos, enviándonos el mensaje de que "nada puede ser gratis", de que eso no es sostenible: la Educación Pública no es sostenible, la Sanidad Pública no es sostenible, el Sistema Público de Pensiones no es sostenible, el Sistema Público de Dependencia no es sostenible...No es verdad (entre otras cosas porque el propio concepto de la "gratuidad" también se tergiversa, puesto que no son gratis al ser sufragados con nuestros impuestos), pero incluso aunque así fuera, tenemos dos argumentos fantásticos para rebatir dichas opiniones: en primer lugar, que han dejado de ser sostenibles desde que se aplican las políticas de la clase dominante (es decir, que son éstas políticas las que los vuelven insostenibles), y en segundo lugar, que si es así, entonces se debe luchar por su sostenibilidad, para recuperarla desde el punto de vista público, en vez de por sus recortes, por su eliminación, o por su privatización. Hoy día tenemos un ejemplo de rabiosa actualidad: en París se está celebrando la COP21 (Conferencia de las Partes para la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático), donde básicamente (una vez supuestamente convencidos los líderes de las naciones de que hay que luchar contra él) se está desarrollando una lucha entre los intereses económicos y los intereses políticos, de tal forma que alcanzar un buen acuerdo mundial va a depender de hacia dónde se incline más la balanza. 

 

José López nos lo explica en los siguientes términos: "No debemos someternos a la falacia de que el destino de la Humanidad sólo puede ser uno, el que nos marquen las élites que nos dominan en la actualidad. Por la forma que tienen ellas mismas de actuar, puede deducirse justo lo contrario. Ellas que nos dicen que la economía, que el sistema social, sólo puede evolucionar de una sola forma, "casualmente" de la manera que a ellas más les conviene, ¡bien que se guardan de no perder el control!, ¡bien que se empeñan en forzar los cambios que a ellas les interesan!, ¡bien que insisten en que la sociedad evolucione como ellas dicen que, inevitablemente, sólo puede evolucionar! Ellas que nos venden un futuro que ya está escrito, ¡bien que se empeñan en escribirlo!, ¡bien que procuran, por todos los medios, que sólo puedan escribirlo ellas!". Ya se instala incluso una especie de "respeto social", una especie de legitimación del poderío de dichas élites, empresas e instituciones, que causa auténtico pavor. Pondremos un ejemplo actual: se hacen llamamientos al respeto incondicional y absoluto a la ley, mientras que a las formaciones políticas de izquierdas (típicamente a PODEMOS) se les pregunta con todo el descaro: "¿Y cómo van a convencer ustedes a los bancos y a las grandes empresas para que hagan esto?", a lo que cabe únicamente una respuesta: ¡con la ley!. Pero obsérvese el mensaje subliminal, que legitima el enorme poderío que tienen dichos agentes en nuestra perversa sociedad. 

 

Pero aún debemos resistir a más falacias, y desmontarlas progresivamente. Por ejemplo, aquélla que nos recubre casi todas las acciones y decisiones políticas bajo el manto de la tan cacareada "responsabilidad": las decisiones se toman "por responsabilidad" (da igual si son malas o buenas, basta con que sean "responsables"), las dimisiones se hacen (cuando se hacen) "por responsabilidad", las medidas políticas se diseñan "por responsabilidad", incluso las que representan las medidas más impopulares (que se toman "en contra de su voluntad", añadiendo que "no había otra alternativa")...todo ello son pruebas de la "responsabilidad" de nuestros líderes y dirigentes. La palabra "responsabilidad" (y los llamamientos a la misma) no sólo se realiza de forma descontrolada, hipócrita y maniquea, sino que su auténtico concepto es alterado, prostituido, canalizado hacia los intereses de quienes proclaman a los cuatro vientos su supuesta "responsabilidad" ante ciertos actos, hechos o decisiones. Para enfrentarnos al pensamiento dominante, debemos darle una vuelta a la tan manida palabra, y concluir que, en política, la única responsabilidad, la verdadera, la auténtica, es la que tiene un gobernante en la medida en que ha de cumplir sus compromisos electorales, y respetar la voluntad popular. 

 

La paradoja reside en el profundo desprecio que nuestra sociedad profesa a la democracia. Al igual que el pacifismo, no hemos acabado de creernos la democracia, quizá porque nuestra democracia jamás ha sido una democracia plena y completa. Y desde este punto de vista, cualquier decisión que democráticamente hubiera de haber sido tomada, pero no se toma, porque en su lugar se toman otras medidas (evidentemente más interesadas), se disfrazan bajo el manto de la responsabilidad. Sin ir más lejos, Rajoy admite abiertamente no haber cumplido con su programa electoral, porque ha tenido que atender a la "responsabilidad" de haber sacado al país de la crisis. No cabe más demagogia, más cinismo ni más desprecio a la democracia. No existe más que un acto responsable políticamente hablando: cumplir el compromiso con la ciudadanía (o dimitir si no puede ser cumplido por alguna causa de fuerza mayor). Ninguna otra versión de la responsabilidad nos interesa. Ninguna otra acepción. Ningún otro uso de este concepto, ni ninguna otra aplicación de la misma que no sea la derivada estrictamente del contexto democrático. Por tanto, cualquier llamamiento a la ·"responsabilidad" hemos de traducirlo a la asunción de las reglas democráticas, que se reducen a cumplir los compromisos obtenidos con la ciudadanía, o bien dimitir en su caso, ante la imposibilidad de llevarlos a cabo. Por tanto, la inmensa mayoría de las veces que se usa (además, muy solemnemente) el concepto de "responsabilidad", es usado justamente por la gente menos responsable, o que menos idea tiene de lo que, en política, significa este término. Continuaremos en siguientes entregas.

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9 diciembre 2015 3 09 /12 /diciembre /2015 00:00

Fue lo que se llamó los escuadrones de la muerte, comandos que arrestaron a miles de jóvenes suníes [en Irak], muchos de los cuales aparecían semanas después muertos en las calles de ciudades como Bagdad, con orificios de bala en la cabeza, pies o pulmones, con huesos rotos, cráneos aplastados, piel quemada o arrancada, signos de descargas eléctricas u ojos fuera de sus órbitas

Olga Rodríguez

Y la tortura, el odio, la masacre, la destrucción, el sufrimiento y la barbarie, no nos engañemos, sólo pueden engendrar más de lo mismo...Al horror no se le puede responder con más horror, y es algo que la Historia de la Humanidad nos ha enseñado en multitud de ocasiones. Y lo peor de todo, es que el imperio estadounidense ha "legitimado" la tortura, ha blindado ante la justicia a los altos mandos militares responsables, agentes y mercenarios, construyendo una auténtica "impunidad imperial", tal y como afirma en su libro Roberto Montoya, y del que enlazamos a los lectores mediante esta reseña. Naturalmente, no lo hacen solos, sino que poseen una extensa red de países, distribuidos por todo el globo, que colaboran con el programa de torturas de la CIA, para documentarnos sobre los cuales recomendamos este artículo, que detalla el listado de países con prisiones secretas de la CIA, los países con prisiones aliadas, así como la extensa lista de países que permitieron las entregas. Todo un extenso entramado internacional dedicado a la complicidad con el beligerante y salvaje imperio norteamericano. 

 

Pero vamos a lo realmente interesante. Cualquier país que se precie de ser democrático y de respetar los Derechos Humanos (evidentemente y para empezar, nunca se habrían dado estos casos), en caso de salir a la luz todas estas terribles atrocidades, y si es que pretende ser respetado y continuar manteniendo algo de credibilidad ante la comunidad internacional, lo que hubiese hecho es dirigirse a ella a través de su Presidente, pedir perdón solemnemente, y demostrar la absoluta y total determinación de que cualquier práctica tipificada como tortura no sólo no volverán a ser utilizadas por la CIA o las fuerzas regulares del Pentágono, sino tampoco por el número creciente de mercenarios contratados para defender los intereses del imperio, como afirma Atilio Borón en este artículo. Evidentemente, nada de esto ha ocurrido nunca, ni va a ocurrir, lo cual nos vuelve a demostrar por enésima vez que dichas prácticas están en la propia naturaleza, en la propia idiosincrasia como país de Estados Unidos. La figura de los mercenarios o "contratistas" es igualmente muy curiosa, ya que son bandas organizadas contratadas por Washington para cierto tipo de operaciones especiales, y que actúan absolutamente al margen de toda ley. Atilio Borón los define bajo estos términos: "No tienen prisioneros sino "detenidos", a los cuales pueden mantener bajo su custodia todo el tiempo que consideren necesario, negándoseles el derecho a la defensa y quedando a merced de los maltratos o las torturas que sus captores decidan aplicarles, gozando para ello de total impunidad". 

 

En respuesta a las críticas de toda la comunidad internacional, la Casa Blanca argumentó que sería absurdo obligar a la CIA a respetar los preceptos establecidos por la legislación internacional, ya que sus agentes no se enfrentaban a combatientes legales, fuerzas regulares de un Estado operando de conformidad con los principios tradicionales, sino a terroristas que actúan con total desprecio por cualquier norma ética. De este modo, Bush y su Administración intentaron justificar la permanente violación de los Derechos Humanos bajo el pretexto del "combate al terrorismo". Si observan los lectores, es exactamente el mismo argumento que se ha extendido a la "comunidad occidental", esa que presume de representar el mundo libre, y avanzado y civilizado, pero que en cuanto sufre un atentado en sus propias carnes, como le acaba de ocurrir a Francia, argumenta que estamos en una guerra, que hemos de ser implacables, que con los terroristas no se puede negociar, que los bombardeos masivos son el único lenguaje que entienden, y que vencerá el bien sobre el mal, el Estado de Derecho, la libertad y la democracia, sobre el fanatismo terrorista. En el fondo, como estamos intentando demostrar, se adoptan los mismos argumentos, y se combate a la violencia con más violencia, generando un estado de guerra permanente, y una creciente espiral de odio y devastación, auténticamente imparables. 

 

No se dan cuenta de que, precisamente, si estamos intentando mostrar al mundo la imagen de civilización, de libertad, de justicia y de paz, no podemos responder con la misma moneda. Precisamente, el Estado de Derecho no puede responder con el consabido y famoso "ojo por ojo", ni tomarse la justicia por su mano, ni internamente, ni fuera de las fronteras de cualquier país. En el fondo, lo que todos estos manidos argumentos nos enseñan es que los países que los enarbolan no creen realmente en el `pacifismo, sino en su fuerza militar, y en el convencimiento y la determinación de usarla si llega el caso. Y desgraciadamente son la inmensa mayoría, porque como comentábamos más arriba, es sabido que para poder perpetrar todas estas salvajes aberraciones con seres humanos, USA tuvo que habilitar numerosas cárceles secretas en decenas de países por medio mundo, contando con la colaboración de numerosos países, incluyendo nuestras civilizadas "democracias" occidentales europeas. Según algunas ONG's, el número total de detenidos que pasaron por la cárcel de Guantánamo desde su inauguración fue de casi 800 personas, y un Informe Especial de Naciones Unidas asegura que sólo en Afganistán la CIA detuvo a 700 personas, y a 18.000 en Irak, todos bajo la acusación de "terroristas", por no mencionar las salvajes prácticas llevadas a cabo con los prisioneros del campo de detención de Abu Ghraib, que salieron a la luz pública, causando espanto y vergüenza internacionales. Continuaremos en siguientes entregas.

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7 diciembre 2015 1 07 /12 /diciembre /2015 00:00

La deuda no es, en principio, solo un asunto contable, una relación económica, sino una relación política de sujeción, de control social y objeto de servidumbre. La deuda infinita, inexpiable, impagable, sirve para disciplinar a las poblaciones, para redefinir reformas estructurales, para activar ajustes totalitarios, e incluso para suspender la democracia en beneficio de «gobiernos técnicos» subordinados a los intereses del capital

Maurizio Lazzarato ("Gobernar a través de la deuda")

En el anterior artículo de esta serie, nos quedamos comentando las cuatro variantes que podíamos considerar como deudas ilegítimas relacionadas con las propias condiciones de los préstamos, y vamos a detallarlas más a fondo a continuación. La primera posibilidad se refería a las deudas contraídas en el marco de acuerdos cuyo objeto es limitar la soberanía de los Estados, y cuya aplicación conlleva la violación de los Derechos Humanos. Estas deudas son odiosas según la definición de M. Bedjaoui (y por tanto, ilegítimas) ya que persiguen claramente "fines no conformes al derecho internacional contemporáneo, y más particularmente a los principios del derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas". Y como está siendo demostrado durante estos últimos años, las condiciones impuestas por estos acreedores empobrecen a la población, aumentan las desigualdades, favorecen a las empresas transnacionales y modifican incluso las legislaciones de los Estados según los dictados de los acreedores e "inversores extranjeros" (por ejemplo, mediante "Planes de Ajuste Estructural" que se concretan en reformas laborales, planes de privatización de empresas públicas, liberalización de servicios públicos, etc.).

 

La segunda variante que podemos contemplar en estos casos son las deudas contraídas para adquisición de material militar, y en este sentido, el artículo 26 de la citada Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados que reglamenten el comercio de armamento, y que sólo dediquen un mínimo de sus recursos al material militar. No obstante, la tendencia mundial demuestra que estos gastos van creciendo paulatinamente, mientras los dedicados a cooperación internacional disminuyen. Por ello, consideramos que si un país determinado incurre en determinada deuda derivada de un préstamo para adquirir cualquier tipo de material militar, ésta debe considerarse ilegítima, por no responder a ninguno de los objetivos ya mencionados en anteriores artículos. Por ejemplo, en plena crisis, a principios de 2010, y bajo la presión de las autoridades francesas y alemanas, que querían garantizar sus exportaciones de armas, el Gobierno griego recurrió a numerosos préstamos para financiar la compra de material militar a Francia y a Alemania. Bien, otra tercera variante la habíamos denominado como "deudas ligadas", y responden a la situación en la que determinado país decide repartir poder adquisitivo a otro país, con el fin de incitarlo a comprar determinados productos o servicios producidos por aquél, otorgándole préstamos de Estado a Estado, bajo la forma más común de créditos para la importación. 

 

Esta práctica, que en principio podría parecer beneficiosa y legítima, realmente no lo es, porque normalmente, estos préstamos ligados no corresponden con las necesidades reales del país importador, pero sí con los intereses de las empresas del país exportador. Las deudas públicas resultantes son, en consecuencia, ilegítimas, como lo reconoció el Gobierno noruego en 2006. Concretamente, entre 1976 y 1980, Noruega exportó buques hacia los países del sur, pero no para sostener su desarrollo, sino para ayudar y promocionar a su propia industria de construcción naval, entonces en crisis. En 2006, a raíz de una importante campaña de algunas ONG's del país, Noruega anuló unilateralmente y sin condiciones, sus derechos de crédito sobre cinco países (Ecuador, Egipto, Jamaica, Perú y Sierra Leona), y reconoció su parte de responsabilidad en estos endeudamientos, calificados de ilegítimos. Podríamos enumerar muchos otros casos, donde estas "ayudas ligadas" responden claramente a estos intereses, y no a los de la población de los países importadores. Y la cuarta situación que habíamos encuadrado en esta casuística responde al caso de las deudas contraídas para financiar la construcción de grandes obras y proyectos de infraestructuras no rentables, o que perjudiquen claramente a las poblaciones o al medio ambiente. Este tipo de situación también es muy frecuente hoy día. 

 

Porque en efecto, las empresas constructoras a gran escala se sitúan en la punta del iceberg de toda esta tendencia hacia la creación de obras faraónicas, que no persiguen en realidad el avance y el desarrollo de los pueblos, sino la constante subida de sus cuentas de resultados. Nuestro país es buena prueba de ello, ya que en varios años, nos hemos convertido en líderes mundiales en la construcción de líneas de alta velocidad, de autopistas y autovías, y de otras grandes infraestructuras. Incluso esta variante también la podemos pensar en pequeño, e incluir también las deudas que determinado Ayuntamiento contrae con cualquier empresa, porque al edil de turno se le ocurrió construir una rotonda con pececitos en determinado lugar. Los ejemplos que podemos poner son numerosísimos y abrumadores. Pero volvamos a pensar en grande. Hay que comprobar, por medio de una rigurosa auditoría ciudadana previa, en qué medida dichos grandes proyectos de infraestructuras que generaron dichas deudas sirven realmente al interés general de la ciudadanía, y cuáles no, examinando también su impacto medioambiental.

 

Y además, podemos extender esta casuística no solamente a las obras de infraestructuras, sino también a los eventos y acontecimientos de todo tipo que se puedan organizar. En este sentido, podemos citar, a título de ejemplo, el escándalo de los Juegos Olímpicos de 2004 en Grecia, en los cuales, mientras las autoridades helenas preveían un gasto inicial de 1.300 millones de dólares, el coste real final sobrepasó la cantidad de 20.000 millones. En nuestro país, por ejemplo en la Comunidad Valenciana, han saltado últimamente varios casos a la palestra mediática que también podrían encuadrar aquí, como los grandes eventos deportivos patrocinados por la Comunidad y el Ayuntamiento, que generaron unas desorbitadas deudas, que han de pagar todos los contribuyentes valencianos. Hay que tener cuidado, por tanto, porque en el fondo, estamos ante un tipo de corrupción muy concreta (del que nuestro país es un buen modelo), donde las deudas que se generan provienen no de la necesidad real de las poblaciones, sino del interés concreto de las empresas para financiar (oscuramente) sus grandes obras, obteniendo millonarios contratos con las Administraciones públicas pertinentes. Continuaremos en siguientes entregas.

 

Fuente principal de referencia: Artículo de Renaud Viven para CADTM

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4 diciembre 2015 5 04 /12 /diciembre /2015 00:00

El próximo día 6 de Diciembre se volverán a reunir los partidos del mal llamado "bloque constitucionalista", con el bipartidismo del PPSOE a la cabeza, para festejar, y ya van 37 veces, el Día de la Constitución, pero realmente...¿hay algo que celebrar? Se supone que la Constitución de un país debiera, en primer lugar, haberse establecido desde una situación de plena normalización democrática, y en segundo lugar, debiera respetarse escrupulosamente, dado su carácter de Carta Magna, o de Ley de Leyes. Veamos, para nuestro caso, si ambas situaciones se dan. En lo que respecta al primer asunto, hemos de recordar que hace poco se han cumplido 40 años de la muerte física del dictador, que instauró un régimen fascista después del Golpe de Estado y posterior Guerra Civil, y que se aseguró de dejarlo todo "atado y bien atado", según sus propias palabras. Básicamente, perpetuando una alternancia en el poder entre la derecha más recalcitrante, heredera directa del franquismo, es decir, el PP, y la izquierda prostituida, es decir, el PSOE.

 

Las viejas estructuras del régimen de poder de la dictadura permanecen en nuestro país, gracias a la alternancia de dicho bipartidismo, que ahora ya parece comenzar a romperse. Al régimen franquista le sucedió un régimen de Monarquía Parlamentaria, primero bajo la figura del Rey Juan Carlos, al que ha continuado su hijo Felipe, ambos sin ser refrendados por el pueblo español, ése que, según el bipartidismo y las fuerzas políticas que les apoyan, ostenta la "soberanía nacional". Pero recordemos, además, que ni el Rey actual, ni su padre, juraron nunca acatar la Constitución, pero sí, en cambio, en el caso de Juan Carlos, su fidelidad "a los Principios del Movimiento Nacional y las Leyes Fundamentales del Reino", tal como hacían los Ministros franquistas. Como nos recuerda Paco Azanza en este artículo, casi tres años después de la desaparición física del dictador, el 18 de julio de 1978, la Casa Real difundió esta reveladora nota: "Hoy se conmemora el Aniversario del Alzamiento Nacional, que dio a España la victoria para llevar la paz y el bienestar a todos los españoles. Surgió el Ejército, escuela de virtudes nacionales, y a su cabeza el Generalísimo Franco, forjador de la obra de regeneración". A finales de ese mismo año, la Constitución refrendó la voluntad del dictador, apuntalando la Monarquía, e impidiendo que el pueblo pudiera debatir y votar sobre la instauración de la Tercera República.

 

A partir de ese instante, comienza el período de la denominada Transición Política, que únicamente consistió en un lavado de cara para aparentar que pasábamos a vivir en democracia, cuando en realidad ni las estructuras del régimen anterior ni sus dirigentes fueron nunca desmantelados. Desde entonces, la Constitución (salvo alguna reforma puntual y casi clandestina, para favorecer como siempre los intereses del bipartidismo) ha sido entendida y blindada como una obra total, acabada y perfecta, intocable, porque, precisamente, aseguraba que el sistema perpetuara la hegemonía de los poderes fácticos consagrados en la Constitución. La ciudadanía española de finales de los años 70 fue ignorada, sus deseos de cambio profundo truncados, y la redacción de la Constitución realizada a sus espaldas por unas fuerzas políticas casi chantajeadas bajo la amenaza de vuelta a la situación anterior. Los grandes poderes de la etapa franquista (léase el Ejército, la Iglesia Católica, la banca y las grandes empresas, fundamentalmente), bajo la tutela exterior estadounidense, se encargaron muy bien de pergeñar un texto constitucional que no fuera demasiado "peligroso". Las fuerzas políticas de la izquierda no tuvieron el coraje de plantar cara a la operación, sino que más bien al contrario, aceptaron los dogmas del nuevo sistema de "convivencia y concordia" plasmado en la Constitución, reconociendo asuntos como la unidad indivisible de España, la Monarquía, o el sistema económico capitalista. 

 

Vivimos por tanto en una pseudodemocracia, viciada desde su propio origen, no culminada, y no cimentada sobre auténticos pilares democráticos. La etapa de la Transición, que podemos situar históricamente entre 1975 y 1982, se nos ha vendido como un período modélico, como una titánica labor llevada a cabo por los "demócratas de toda la vida", que tuvieron el coraje, el temple y el talante de negociar para llevar a nuestros país por los derroteros democráticos, pero como vemos, esto no fue así. Es sólo la imagen que el bipartidismo y las clases dominantes han querido que tuviéramos de dicho período, cuando en realidad sólo consistió en maquillar un poco el sistema, pero apuntalando sus viejas estructuras de poder, y sus retrógradas Instituciones. Esa mal llamada Transición fue vigilada por la CIA y por la socialdemocracia alemana, bajo el beneplácito de los franquistas. Se trataba de evitar la vuelta de la República tras la muerte del dictador, así que había que "domesticar" a la fuerza política de izquierdas mayoritaria, el PSOE, que en su Congreso de Suresnes de 1974 abandona definitivamente los postulados marxistas, y se alinea con la más dócil socialdemocracia. Pero hasta su llegada al poder, tuvimos que soportar la presidencia del falangista Adolfo Suárez, cuyo nombre adorna el del Aeropuerto de Madrid-Barajas, o contemplar cómo varios de los Ministros franquistas fundaban partidos "democráticos", como el caso de Manuel Fraga con Alianza Popular, precursor del PP actual, u otros eran tratados por el nuevo régimen con alfombra roja, como el caso de Rodolfo Martín Villa.

 

Y por otra parte, la recién estrenada etapa "democrática" de la Transición también nos trajo auténticas joyas legales como la Ley de Amnistía, que continúa vigente en nuestros días (aunque es preconstitucional) garantizando la impunidad de los todavía vivos y siniestros torturadores de la época franquista. Gracias a perversas leyes como ésta, se puso punto y final a la dictadura, sin juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, se amparó la hipócrita "reconciliación nacional", sin haberla investigado, sin haber deslegitimado sus consejos de guerra, sus tribunales y sus sentencias, y sin haber reparado convenientemente a las víctimas y a sus familiares. En 2007 el PSOE del ex Presidente Zapatero aprobó la Ley de Memoria Histórica (otra Ley incompleta para parchear la situación), que por supuesto, como era lógico suponer, el Gobierno del PP se ha encargado de desmantelar, asfixiándola financieramente, y dejándola de apoyar desde los estamentos oficiales. La Constitución de 1978 dejó olvidados en la cuneta a cientos de miles de españoles que habían luchado por la defensa de la República, de los derechos y libertades de los trabajadores/as, y de las clases populares en nuestro país, haciendo borrón y cuenta nueva sin traer la debida justicia, dignidad y reparación. 

 

Pero por si todo ello no fuera poco, lejos de disfrutar de un marco político y social que cumpla fielmente la Constitución (aún con los oscuros orígines que hemos comentado), resulta que después de más de 35 años de vigencia del texto constitucional, se incumplen sistemáticamente todos sus títulos y artículos sobre derechos sociales, económicos, ambientales, así como asistimos a un recorte de nuestras libertades públicas fundamentales. De entrada, pensamos que una Constitución de más de 30 años de vida, por perfecta y acabada que sea, debiera al menos ser refrescada bajo un proceso de referéndum popular que permita, como objetivo fundamental, no sólo renovar el compromiso de convivencia, sino y sobre todo, escuchar la voz y la opinión de las personas más jóvenes, que no tuvieron oportunidad de refrendarla en su momento. Pero es que, como decimos, más allá de esta circunstancia, el hecho cierto es que nuestra Constitución no se cumple. Y así, bajo los grandilocuentes llamamientos al Estado de Derecho, a la Ley, a la Democracia, a la Constitución, a la soberanía nacional, o a la igualdad de todos los españoles, se esconde un continuado y planificado incumplimiento de gran parte de su articulado, precisamente el que se refiere a los derechos sociales, laborales, civiles, políticos y culturales de las personas. Vamos a enumerar sucintamente los principales, siguiendo este artículo de Miguel Sebastián Martín. 

 

Por ejemplo, el artículo 15, que se refiere al "derecho a la vida y a la integridad física y moral", por el que nadie podrá ser sometido a "torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes", artículo respaldado además por la legislación internacional, pero sin embargo, nuestra democracia no ofrece las debidas garantías a los detenidos sospechosos de haber cometido algún delito, a tenor de los diferentes casos denunciados durante los últimos años. De hecho, Amnistía Internacional denuncia en varios informes la impunidad que disfrutan nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ante sus abusivas actuaciones frente a manifestantes e inmigrantes, sobre todo en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde no se respetan mínimamente los Derechos Humanos. Por su parte, en el artículo 20 se "reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones", sin que puedan restringirse mediante ningún tipo de censura previa, y el artículo 21 reconoce el "derecho de reunión pacífica y sin armas", que "no necesitará autorización previa". Ante ellos, la reciente Reforma del Código Penal, y sobre todo, la Ley Mordaza, vulneran claramente estos derechos y libertades, de tal punto que hasta la ONU ha intervenido al respecto, instando al Gobierno español a derogar dichas leyes, que ponen en peligro garantías, derechos y libertades fundamentales. 

 

Tenemos por ejemplo el artículo 31, que declara que "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad", y como sabemos, nuestro sistema tributario dista mucho de ser justo y progresivo, por mucho que nos quieran convencer de lo contrario. La Iglesia no paga impuestos, las grandes empresas y fortunas los evaden a paraísos fiscales, el Impuesto de Sociedades es eludido, las SICAV's de los multimillonarios tributan al 1%, así que los únicos que pagan impuestos son los trabajadores. Por su parte, el artículo 35 proclama que "todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia", que si no fuera por la denigrante y humillante situación que están pasando millones de personas, sería para reírse un rato. No es que se incumpla el derecho al trabajo, sino que también se incumple todo lo demás, porque ya ni siquiera el poseer trabajo cubre para satisfacer las necesidades propias ni familiares, ni se respeta la libre elección de profesión, ni existe promoción, porque lo único que existe es empleo temporal, ocasional, limitado, precario, indecente. También se incumple, desde las últimas Reformas Laborales, el artículo 37, que proclama el "derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios", porque simplemente, la negociación colectiva y los convenios han sido desmontados, en beneficio de la total hegemonía empresarial. 

 

Pero aún hay más. También se incumple el artículo 45, que afirma que "los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente", porque las recientes Ley de Montes, Ley de Costas, así como la defensa de técnicas agresivas contra el medio ambiente, como el fracking, y la negativa a abandonar los modelos energéticos fósiles, en detrimento de las energías renovables, atentan claramente contra este artículo. O el artículo 47, que consagra que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", así como que "los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias, y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho", porque más bien los poderes públicos han actuado en sentido contrario, impidiendo el derecho a la vivienda, especulando con la vivienda como un bien mercantilizado, y apoyando a la banca y las grandes inmobialiarias para crear la famosa burbuja, que al estallar ha provocado los desalojos de centenares de miles de familias sin alternativa habitacional. Y así podríamos seguir, refiriendo artículos dedicados a los derechos fundamentales de las personas, que son vilmente ignorados por el régimen "democrático" actual, que se proclama en los mítines fervorosamente defensor de la Constitución, esa misma que incumplen sistemáticamente, pero que van a volverse a reunir para celebrarla con todo el boato el próximo 6 de Diciembre. Pero como acabamos de exponer, por los vicios de fondo y de forma de la propia Constitución, así como por su flagrante incumplimiento, no tenemos nada que celebrar. 

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3 diciembre 2015 4 03 /12 /diciembre /2015 00:00

ALCA, ¡Alcarajo!

Hugo Chávez Frías (Jornadas de Mar del Plata, 2005)

Y eso es exactamente lo que nosotros debemos hacer con el TTIP, mandarlo al carajo, impidiendo las nefastas consecuencias, muchas de ellas irreversibles, que el peligroso tratado provocaría. Hemos hablado de pasada de muchos aspectos que el TTIP atacaría, pero aún nos quedan por mencionar muchos más, entrando más profundamente en algunos de ellos. Y como dijimos en nuestros primeros artículos de la serie, la recta final la reservamos para la propuesta de lo que, según algunas organizaciones de campesinos y trabajadores, debe ser el auténtico tratado, o si se quiere, el contratratado, que deberíamos conseguir, para proteger todos estos aspectos que el TTIP atacaría. Bien, otro inconveniente que el TTIP nos traerá será la práctica desaparición de nuestros productos (españoles, europeos en general) con "denominación de origen", que como sabemos, garantizan que cierto producto ha sido fabricado en tal sitio, con las garantías y la calidad adecuadas, y lo protege en el mercado. De hecho, Europa cuenta aproximadamente con unas tres mil "indicaciones geográficas" sobre gastronomía y vinos, de modo que tenemos la garantía de que se producen, por ejemplo, Champán francés, Cava catalán, Vino de La Rioja, Jamón de Jabugo o Queso Parmesano en sus localizaciones originales, y con la calidad pertinente. 

 

Pues bien, los negociadores norteamericanos del TTIP pretenden convertir todos nuestros quesos, vinos, jamones, etc., en genéricos, de tal manera que estos productos se puedan producir en cualquier sitio, y seguir denominándose con esos términos. Igualmente, podemos extrapolar los controles de calidad para cualquier otro tipo de productos, fuera de la alimentación, donde las normativas tiendan a homologar los controles, de tal forma que se no se garantice un mínimo de calidad o de seguridad. De hecho, sus intenciones, a un lado y a otro de las negociaciones, es eliminar en lo posible todos los "impedimentos para el comercio", un auténtico cajón de sastre donde cabría absolutamente todo. Ellos lo enuncian como un sistema de "Cooperación Regulatoria", en el que las propias multinacionales se involucren plenamente como "expertos", pero lo que evidentemente pretenden es impedir el establecimiento de nuevos estándares y regulaciones medioambientales, laborales, de salud o de seguridad, que protejan a los ciudadanos. Hemos de tener claro, como ya hemos expuesto en otros artículos de la serie, que el TTIP está pensado para las élites políticas y empresariales, es su herramienta perfecta, es un mecanismo de representación y poderío de estos agentes transnacionales del capitalismo, pero sin que tengan que presentarse a elecciones. 

 

Porque estos agentes, estas grandes empresas transnacionales, junto a los Organismos Internacionales que los defienden y los avalan (FMI, OCDE, BM, CE, BCE...) se representan a sí mismos, imponen su ideología a la fuerza, en palabras de Lola Sánchez (Eurodiputada de PODEMOS), "maquillada de no-ideología", como hace poco se expresaba el Presidente del BBVA, Francisco González, en una entrevista que comentamos en nuestro Blog. Intentan establecer un modelo, consagrar un sistema en el que nunca puedan perder, por eso el TTIP es su herramienta perfecta, el sueño de estas multinacionales, de los fondos de inversión, de los especuladores, de los buitres de la bolsa, en definitiva, de los mercados. El sueño de toda la ralea ultraliberal, para los cuales, todos nuestros males provienen de que tenemos Gobiernos y democracia, cosas que a ellos les estorba bastante. Por eso aprovechan, cada vez que gobiernan, para reducir el ámbito de lo público, y favorecer a lo privado. Su auténtico sueño es que los grandes poderes económicos gobiernen el mundo sin cortapisas, sin limitaciones, sin encorsetamientos, sin tener que rendir cuentas a nadie, y el TTIP les encamina perfectamente en este sentido, es una buenísima autopista para llegar a ese destino. En palabras de Lola Sánchez: "El sueño de los grandes poderes económicos ha sido siempre convertirse en legisladores, poder saltarse los canales y procedimientos democráticos, y no tener que soportar ni respetar más la voluntad popular y los mandatos que emanan de unas elecciones". 

 

Para ellos, por tanto, para los instigadores del TTIP, todo el andamiaje de nuestra sociedad, de nuestros modelos de convivencia, de cohesión social, de derechos sociales y laborales, de servicios públicos, etc., son "barreras e inconvenientes para el comercio", porque simplemente, son impedimentos para que ellos consigan sus auténticos objetivos, que se resumen en poder pisotear a la clase trabajadora, a la naturaleza, y a la democracia. El Tratado supondrá, si es aprobado, cargarse de facto, y por la puerta de atrás, todas las Declaraciones de Derechos Humanos que amparan a la ciudadanía del mundo occidental, instaurando un perverso modelo de desigualdad, tiranía empresarial y eliminación de todo tipo de garantías y derechos. El único mandato supremo al que aspiran es la desregulación, esto es, a desmontar todas las reglas democráticas que nos hemos impuesto, para ser una sociedad mínimamente civilizada, para construir otra cosa muy distinta, una sociedad desregulada, salvaje, imprevisible, una jauría humana que luche continuamente por su supervivencia, una sociedad sin reglas, sin barreras, sin obstáculos, y todo ello para que el comercio, en última instancia el capital, fluyan sin descanso y sin limitaciones. Les importan un pimiento la desigualdad social, la pobreza, la exclusión, el paro, los paraísos fiscales, el medio ambiente, el fraude fiscal, no les importa nada más que la eliminación de cualquier "barrera" que suponga "impedimentos" para sus negocios. La gente que piensa así es la que está detrás del TTIP. 

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