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19 noviembre 2015 4 19 /11 /noviembre /2015 00:00

El sistema capitalista ha conseguido engañar masivamente al pueblo (haciéndole creer que tiene el poder) a través de democracias “controladas” donde no tiene miedo de preguntarle qué piensa porque previamente se encarga (mediante una práctica continua de “lavado de cerebros”) de hacer que piense lo que él quiere

José López

Habíamos enunciado, ya en el anterior artículo de la serie, la importancia del principio de la duda, al igual que ocurre en los niños cuando se enfrentan por primera vez a todo lo que les rodea, y al no comprender lo que ocurre, enseguida preguntan: ¿por qué? Y lo hacen además repetidas veces, cuestionándose y volviéndose a cuestionar cada una de las respuestas que los adultos les damos, simplemente porque no quedan convencidos. Quizá este principio de la duda nos lleve a derrumbar de paso el principio que podemos llamar de "determinismo social". Este principio es básicamente el que niega cualquier alternativa al pensamiento dominante. Según este principio, el mundo es así porque sí, porque no puede ser de otra manera, o como mucho, es así porque las alternativas al mismo no serían viables, o serían mucho más costosas o complicadas. Por tanto, y bajo la influencia de este peligroso principio, damos por válidos multitud de pensamientos, que aceptamos socialmente, cantidad de acepciones y de explicaciones, de comportamientos y de decisiones, simplemente porque (nos hacen creer que) no existen otras alternativas. 

 

Por ejemplo, no cuestionamos las decisiones sobre rescatar con dinero público a las entidades financieras quebradas, o no ponemos en cuestión que hay que pagar nuestra deuda pública. También, por ejemplo, nos parece muy extraño que el Estado deba pagar una prestación monetaria a cada persona, sin más, por el hecho de serlo, aunque no trabaje. O por ejemplo, nos cuesta poner en cuestión la existencia de Dios, de algún Dios. Podríamos poner muchos más ejemplos. Como vemos, este principio nos nubla la vista, nos anula todas las posibilidades restantes, nos determina a aceptar las soluciones propuestas por el sistema según sus parámetros, que son los que determinan lo que es posible o imposible, lo que es justo o injusto. De esta forma, la manera en que funciona el mundo nos parece la única válida, real y posible, porque otras formas nos parecerían muy raras, absurdas o imposibles. En el fondo, es el efecto de muchos años de influencia del pensamiento dominante, que como ya explicamos en su momento, pone un dogal a nuestra mente para determinarla a pensar como a sus promotores les interesa. 

 

Pues bien, hay que romper con este principio. Hay que abrir la mente, hay que discernir con voluntad libre y abierta, y explorar otras posibles vías, otros caminos alternativos al campo de visión sobre el que observamos los diferentes problemas. Hay que cambiar el chip mental, hay que intentar desterrar (no es un ejercicio fácil, ya lo hemos dicho) toda la gama de prejuicios que nuestra mente interpone en nuestros razonamientos, y observar nuestro mundo y nuestra sociedad sin ningún filtro, sin ninguna miopía. Y bajo esta actitud, podremos pasar de la actitud de pasividad que nos permite sólo analizar y describir la realidad de nuestro mundo, aceptándolo sin más, a la actitud activa, inconformista, rebelde, que no se conforma sólo con describir la realidad, sino que opta por cambiarla. Más que describir cómo es el sistema, debemos pasar a describir, a pensar en términos de cómo quisiéramos que fuera el sistema. ¡Ojo!, porque enseguida nos comenzarán a llamar utópicos, irresponsables, ilusos, idealistas, etc., pero no debemos caer en estas trampas. Dicho cambio de actitud sentará un precedente para mirar bajo otro prisma, y nos colocará al principio de la rampa de lanzamiento idónea para pasar del "determinismo" al "voluntarismo". Esto es, a comprender el poder de la voluntad humana, la fuerza de nuestra voluntad, y con ello, a replantearnos los límites de lo posible y de lo imposible, que normalmente lindan con los propios límites de nuestra voluntad. 

 

Vivimos una época de cierta concienciación social. Algunos movimientos sociales y fuerzas políticas han surgido recientemente en esta línea. Los movimientos sociales de protesta, las concentraciones masivas, las manifestaciones, las proclamas, las huelgas, etc., cumplen dicha función social. El movimiento de izquierda, los manifiestos, la acción política, van polinizando el pensamiento social, y constituyen, evidentemente, grandes armas de lucha contra el pensamiento dominante. Pero si profundizamos, nos daremos cuenta de que no cuestionan radicalmente el sistema. Por ejemplo, si observamos nuestro panorama político actual, salvo alguna rara avis, ningún partido, coalición, plataforma o movimiento cuestiona los grandes paradigmas del sistema, los grandes principios donde éste se asienta. Se limitan, pues, a reivindicar mejoras o avances en determinados aspectos, o como mucho, asumen que ciertas facetas de nuestra sociedad podrían funcionar de otra manera, pero no ponen en crisis, en debate, los grandes pilares de nuestras bases sociales y de convivencia. Y ello es así porque, aún cuando las personas que protagonizan dichos actos se enfrentan al mismo, sólo se enfrentan de forma puntual, no completa. Sólo nos enfrentamos al sistema para parchearlo, para arreglarlo, para corregirlo, pero no para cambiarlo, no para transformarlo o sustituirlo completamente por otro sistema, que funcione bajo otras bases sociales distintas. Nuestro enfrentamiento con el sistema ha de ser total, para erradicarlo, para sustituirlo. Entonces, la siguiente pregunta podría ser...¿pero realmente estamos preparados para ello?

 

Quizá un simple ejemplo nos ayude a entenderlo. Vamos a pensar en los medios de comunicación dominantes, concretamente en la prensa escrita. Pensemos por ejemplo en medios como ABC, La Razón, La Vanguardia, El País...El Mundo. Pensemos en El Mundo. Nos pudiera parecer a simple vista un medio distinto. Un medio diferente, un medio valiente y arriesgado (no hace mucho tiempo destituyeron a su antiguo fundador y director), capaz de denunciar y de "poner en entredicho" el sistema, sacando a la palestra un montón de casos de corrupción del mismo, denunciándolos y contribuyendo a una campaña mediática de desprestigio de los políticos y empresarios actuales. Parecería por tanto que se trata de un medio que cuestiona al sistema, pero...¿realmente lo hace? Pues para responder a esa pregunta, quizá no debiéramos tener sólo en cuenta sus denuncias de corrupción, sino si apoya los verdaderos puntales del sistema capitalista y neoliberal que nos gobierna. Bien, veamos entonces...¿Apoya la Ley Wert de Educación (LOMCE)? ¿Apoya la privatización de la sanidad? ¿Apoya la actual política antiterrorista? ¿Apoya la celebración de la consulta soberanista en Cataluña? Podríamos seguir, pero creo que nos bastarán estas preguntas para comprender cómo El Mundo, en el fondo, es otro medio más del sistema, no es en realidad un medio alternativo. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Psicología
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18 noviembre 2015 3 18 /11 /noviembre /2015 00:00

Los interrogadores militares de la Bahía de Guantánamo han utilizado medidas agresivas de contra-resistencia de modo sistemático a fin de presionar a los detenidos para que cooperen. Estas medidas han incluido, según se informa, privación del sueño, reclusión en solitario, posiciones corporales dolorosas, sofocación ficticia y palizas. Otras tácticas de inducción de estrés han incluido presuntamente provocación sexual y manifestaciones de desprecio hacia los símbolos islámicos. […]. Desde fines de 2002, psiquiatras y psicólogos han formado parte de una estrategia que emplea extremo estrés, combinado con recompensas para modificar la conducta, para extraer información justiciable de cautivos que oponen resistencia

M. Gregg Broche y Jonathan H. Marks (sobre el campo de concentración de Guantánamo)

En el artículo anterior ya adelantábamos que el tema de las torturas empleadas por USA en los centros de reclusión iban a ser el próximo tema que íbamos a tocar en nuestro repaso por todas las facetas donde los Estados Unidos perseveran en su estado de guerra permanente. Y en efecto, existen hoy día múltiples fuentes que lo avalan. En diciembre de 2014, el Comité de Inteligencia del Senado estadounidense hizo público un informe sobre las prácticas de tortura que llevó a cabo la CIA durante la pasada década en Europa y Asia. Y, entre otros muchos, en este artículo del medio argentino Pagina 12 se comenta dicho informe, que vamos a tomar como referencia. Dichos métodos de tortura se practicaron contra personas sospechosas de haber cometido actos de terrorismo, lo cual nos muestra claramente el sentido del Estado de Derecho y de la dignidad de las personas que el Gobierno y las Instituciones estadounidenses poseen, ellos que, precisamente (repitámoslo una vez más, y lo haremos hasta la saciedad, hasta que nuestro mensaje llegue a todos los rincones del mundo) presumen de "respetar los derechos humanos". 

 

Por ejemplo, controvertidos procesos de interrogatorio a sospechosos y miembros de Al Qaeda retenidos en instalaciones secretas en diferentes lugares de Europa y Asia, durante los ocho años posteriores a los ataques terroristas del 11 de Septiembre de 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York. Y es que el Comité de Inteligencia del Senado, después de una investigación que ya duraba 5 años, decidió en abril del pasado año desclasificar un resumen de 480 páginas del informe de 6200, recopilado por los representantes demócratas de dicho Comité. Según fuentes familiarizadas con el documento, citadas por el diario The Washington Post, el texto concluye que la CIA exageró ante el Congreso norteamericano y el Departamento de Justicia la utilidad de ciertas técnicas de tortura, tales como el ahogamiento simulado, consistente en verter ingentes cantidades de agua en la cara de un detenido para provocarle sensación de asfixia. Según la Presidenta del Comité de Inteligencia, la senadora demócrata Dianne Feinstein, "El informe expone una brutalidad que está en contra de nuestros valores como país, es una crónica de una mancha en nuestra historia que no debemos permitir que vuelva a suceder (...). La CIA cometió errores muy serios que nos persiguen hasta el día de hoy". Y nosotros nos preguntamos...¿a quiénes pretenderán engañar? ¿prácticas contrarias a sus valores como país? ¿Errores muy serios? Pero si los Estados Unidos han demostrado a lo largo de toda su historia (y lo estamos relatando y demostrando en esta serie de artículos) que sus valores son los de la barbarie, el capitalismo y la guerra...¿de qué nos está hablando esta señora?

 

Por supuesto, la CIA defendió absolutamente y justificó todas sus prácticas de tortura llevadas a cabo en el pasado, e incluso acusó a los senadores de haber accedido a información secreta de forma ilegal. Luego, por tanto, es público y notorio que dichas prácticas se han llevado a cabo con la total complicidad y autorización de todas las instancias gubernamentales implicadas. Néstor Kohan, en su obra "Cultura, ideología y revolución", y sobre la obsesión vigilante y militarista del gigante norteamericano, nos cuenta: "A tal punto llega el keynesianismo militarista norteamericano de nuestros días y su obsesión por controlar, vigilar y castigar cualquier mínima disidencia o rebeldía frente al sistema capitalista globalizado que, según datos oficiales, el número de militares en estado de servicio activo para el 31/1/2012 ascendía en EE.UU. 1.458.219, a los cuales se deben sumar unos 225.000 "contratistas" (o sea, mercenarios). A esa cifra descomunal debe agregarse la existencia en Estados Unidos de 1.271 organizaciones gubernamentales y 1.931 empresas privadas dedicadas a la inteligencia y el llamado "contraterrorismo" utilizando a 854.000 empleados que realizan sus actividades en 10.000 localizaciones diferentes y producen 50.000 informes de inteligencia al año. Una verdadera parafernalia vigilante y represiva sin guerras mundiales y en tiempos de supuesta "paz", hipertrofiada, parasitaria e improductiva, que haría sonrojar a los más fanáticos burócratas militares del fascismo europeo de mitad del siglo XX". 

 

Por su parte, este artículo del medio latinoamericano TeleSur, entre otros muchos, nos relata las brutales técnicas de interrogatorio ejecutadas por la CIA, realizadas en centros de detención y reclusión clandestinos o en la base militar estadounidense de Guantánamo, entre las que se incluyen la ya citada simulación de ahogamiento o "waterboarding", los golpes, las humillaciones, la exposición al frío, la privación del sueño, amenazas con un taladro eléctrico, o amenazas sexuales con un palo de escoba. La CIA argumentó que aunque cometió "errores" en su aplicación del programa, éste produjo información útil, y que el sometimiento de los sospechosos a dichas técnicas de tortura fue "crucial" para entender el pensamiento de Al Qaeda, y sigue siendo útil en la actualidad para los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo internacional. Como vemos, el disparatado, demencial y provocador discurso de siempre, justificando en su nombre todo el despliegue represor de que son capaces, con tal de alzarse como los líderes mundiales en dicha lucha antiterrorista. Parece ser que estos "paladines de los derechos humanos" estadounidenses no conocen la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (aquí la tenemos en castellano) publicada por ACNUR (la Organización dedicada a los refugiados, bajo auspicio de la ONU), un tratado de 1984 (aunque entró en vigor en 1987) que recoge en 11 páginas y 33 artículos todo el contexto, prácticas, circunstancias y actos que quedan expresamente prohibidos en aras a la protección de los derechos humanos fundamentales ante los casos de detención o sospecha de comisión o participación en determinados delitos. Pero como siempre, USA está por encima de cualquier convención o tratado, ellos están por encima del bien y del mal. Continuaremos en siguientes entregas.

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17 noviembre 2015 2 17 /11 /noviembre /2015 00:00

El movimiento feminista DENUNCIA que las violencias machistas suponen la manifestación más violenta de LA DESIGUALDAD DE GENERO Y SUPONEN la más grave violación de los DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES que padece nuestra sociedad.

 

Desde el año 1995, 1378 mujeres han sido asesinadas por el terrorismo machista. En lo que llevamos de año se han contabilizado 70 feminicidios y otros asesinatos de mujeres cometidos por hombres: solo en el verano de 2015 han sido asesinadas 37 mujeres y 8 menores a manos de sus parejas, padres o parejas de sus madres. Mujeres y menores sufren violencia patriarcal en múltiples formas. Y esto sólo es la punta del iceberg.

 

En los últimos años hemos padecido los recortes sistemáticos en los recursos públicos generales, en los derechos sexuales y los derechos reproductivos, recortes en la interrupción voluntaria del embarazo de las menores de entre 16 y 17 años y recortes en los recursos especializados contra las violencias machistas. La cultura patriarcal nos culpabiliza sin que la sociedad, los medios de masas y los poderes públicos se enfrenten a los mitos misóginos y anti feministas.

 

El movimiento feminista considera que las violencias, que vivimos en distintos ámbitos, suceden en una sociedad que tolera la desigualdad, y resta credibilidad y autoridad a las mujeres. El machismo alimenta nuestra desvalorización, la cosificación de nuestros cuerpos y la falta de respeto a nuestras decisiones. Igualmente, estas agresiones son inseparables de las que sufren las personas que no responden a la masculinidad hegemónica.

 

Por todo ello, el movimiento feminista convoca la Marcha contra las violencias machistas el 7N para EXIGIR:

 

 Que la lucha contra el terrorismo machista sea una cuestión de Estado.

 

 Que se desarrolle e implemente el Convenio de Estambul y el cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW, y se reforme la ley 1/2004 para que estén reflejadas todas las formas de violencia contra las mujeres.

 

 Que toda la sociedad y sus organizaciones e instituciones se comprometan en esta lucha.

 

 Que la lucha y los recursos incluyan tanto la violencia que ejerce la pareja o ex pareja como las agresiones sexuales, el acoso sexual en el ámbito laboral, la trata con fines de explotación sexual/laboral de mujeres y niñas y todas las violencias machistas.

 

 Que todas las instancias de gobierno se comprometan realmente en la prevención y erradicación de las violencias machistas, así como en la asistencia y reparación de todas las mujeres en situación de violencia, independientemente de la situación administrativa en que se encuentren las mujeres.

 

 Que el acento se ponga en la protección de las afectadas, facilitando diferentes salidas que impliquen una verdadera recuperación vital, económica y social de ellas así como de sus hijos e hijas.

 

 Que la prevención sea una política prioritaria, que incluya un sistema coeducativo en todos los ciclos, la formación específica para todo el personal profesional que interviene en los procesos, los medios de comunicación, la producción cultural y la sociedad civil en la lucha contra las violencias machistas.

 

 Que los medios de comunicación se comprometan a hacer un tratamiento adecuado de las diferentes violencias machistas, visibilizándolas, evitando el sensacionalismo morboso en su tratamiento y utilizando un lenguaje y unas imágenes no sexistas.

 

 La eliminación de la custodia compartida impuesta y el régimen de visitas a los menores de los maltratadores condenados. La retirada y no cesión de la patria potestad a los maltratadores. Tomemos conciencia de una vez que el Machismo Mata y hace imposible la convivencia exigible en una democracia.

 

Estamos aquí presentes para hacer un llamamiento a cada persona, a cada institución, a cada partido político, a cada gobierno para no ser cómplices de esta barbarie. La mitad de la humanidad tiene que seguir viviendo, no podemos permitir ni un asesinato más. Por ello os esperamos el próximo 7 de Noviembre en Madrid, donde realizaremos una Marcha que saldrá desde el Ministerio de Sanidad en el Paseo del Prado, a las 12 h, hasta Plaza de España.

 

¡¡¡NOS QUEREMOS VIVAS!!! ¡¡¡BASTA YA!!! 

 

Fuente: http://marcha7nmadrid.org/wp-content/uploads/2015/08/Manifiestopdf.pdf

 

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16 noviembre 2015 1 16 /11 /noviembre /2015 00:00

Hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación: una es con la espada, la otra es con la deuda

John Adams (2º Presidente de Estados Unidos, 1797-1801)

Continuando con las posibles orientaciones que podemos tener en cuenta a la hora de catalogar una deuda pública como ilegítima, hemos de referirnos a una casuística fundamental, como es el típico caso donde el Gobierno de un país se encuentre al servicio de una minoría, de una élite rica y poderosa, que suele representar un porcentaje ínfimo de su población, no más del 5-10% de la misma. Lógicamente, las preguntas que la ciudadanía puede hacerse en estos casos pueden ser: ¿el Gobierno defiende nuestros intereses, o los de una minoría dominante? ¿el Gobierno privilegia con sus políticas a alguna clase social o estamento? ¿Quiénes se benefician de estas políticas? ¿Quiénes son los agentes consultados para tomarlas? Sin ir más lejos, quiero recordar a mis lectores que cuando ganó las Elecciones Generales de 2011, incluso antes de que se formara el primer Consejo de Ministros, el Presidente Rajoy ya estaba reuniéndose con algunos banqueros, lo cual ya daba enormes pistas de por dónde iban a ir sus políticas. Por otra parte, la ausencia de transparencia sobre las cuestiones relativas al endeudamiento público constituye, por sí sola, un claro indicio de ilegitimidad del mismo. Y recordemos también a este respecto que, en cualquier sociedad democrática que se precie, el derecho a la información pública debe poder ejercerse sin ningún tipo de impedimento. 

 

Cuando se da esta situación, es decir, cuando la dirigencia gobernante apuesta claramente por favorecer a una determinada élite política, económica, social o mediática, estamos ante un claro caso de ilegitimidad, ya que como enunciábamos en anteriores entregas, las deudas públicas deben ser contraídas en interés de la colectividad. En consecuencia, un endeudamiento basado en un sistema que privilegia a una minoría rica y poderosa en detrimento de la inmensa mayoría social es absolutamente ilegítimo. Por ejemplo, las deudas contraídas por la aplicación de políticas fiscales que favorecen a los más ricos y a las grandes empresas son claramente ilegítimas, ya que no benefician al interés general. En nuestro caso, y para el caso de las empresas energéticas y eléctricas, que forman un oligopolio privado en nuestro país, parece ser que hemos contraído con ellos una deuda (que es de todos los ciudadanos, ya que todos somos consumidores, y por tanto pública) basada en un engañoso invento que han denominado "déficit de tarifa", que es claramente una estafa hacia la ciudadanía. Lo hemos explicado en este artículo, al que remito a los lectores que quieran más información sobre el tema. Bien, pues es un claro caso de deuda que podría y debería ser completamente repudiada por un gobierno decente, y por una ciudadanía responsable. 

 

O por ejemplo, la legitimidad de las deudas procedentes de los rescates bancarios (cuando más si vienen de la misma mano que ha ahogado los servicios públicos y la inversión en gasto social para la inmensa mayoría de la población) han de ser puestas en cuestión drásticamente. También debe ser evaluado, para estos fines, que los dirigentes políticos hayan sido diligentes y responsables en cuanto a la estricta aplicación de su programa electoral, pues de lo contrario, incurriríamos en otra ilegitimidad, al incumplir el contrato comprometido con el conjunto de la ciudadanía. El hecho de que el mandato democrático surgido de las urnas sea flagrantemente incumplido (lo cual podría y debería ser demostrado si tuviéramos procesos participativos de democracia decisoria y revocatoria) representa un claro desprecio hacia la ciudadanía (tanto votante de dicha formación política como no votante de la misma), provocando que las políticas que emanen de dicha situación sean claramente ilegítimas, y en consecuencia, también las deudas resultantes.

 

Otro caso lo tenemos en los regímenes que son derrocados por su propio pueblo, pues a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, puede considerarse que las deudas procedentes de regímenes derrocados popularmente (ya sean éstos democráticos o no) son de todo punto ilegítimas, ya que el derrocamiento de un régimen por su propio pueblo (no estamos incluyendo aquí lógicamente a los Golpes de Estado militares, de índole fascista) indica que éste ya no le representa, y que el Estado de Derecho dejó de estar garantizado. En consecuencia, las deudas de dicho Gobierno, ya derrocado, no comprometen a la población que se ha liberado de la opresión del mismo. Otro gran capítulo lo constituyen las razones que convierten a una deuda pública en ilegítima como consecuencia de la ausencia de consentimiento de las partes. Es decir, nos centramos aquí en la capacidad de los propios contratantes, y nos preguntamos cuestiones como las siguientes: ¿Tenían las partes capacidad jurídica plena para contraer y adjudicar el préstamo? Y si fue así, ¿su consentimiento para la firma del mismo fue ejercido libremente? Si durante el proceso de auditoría se consigue demostrar que las disposiciones de derecho internacional y nacional han sido violadas en el momento de cerrar el acuerdo del préstamo cuya deuda se está auditando, existirán fundamentos legales para repudiar dichas deudas como ilegales. 

 

Pero vayamos por partes. Los modernos Estados democráticos se fundamentan, entre otras cosas, en la división de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Dicha separación de poderes está frecuentemente garantizada por las propias Constituciones nacionales. Sin embargo, algunas deudas han sido contraídas violando estos principios constitucionales, por personas u organizaciones que no tenían competencia para ello. Es el caso, por ejemplo, de deudas contraídas sólo por el Gobierno, sustrayendo al Parlamento de su legítimo derecho al debate y deliberación sobre las oportunas decisiones,. Estaríamos ante casos de gobiernos que, aunque elegidos democráticamente, ejercen una clara práctica autoritaria, despreciando al Parlamento, y por tanto, a la propia soberanía popular. Últimamente, muchas figuras legales previstas para ciertos casos generalizaron su práctica y su imposición por parte de estos Gobiernos autoritarios, a los que les molesta la democracia, y que se creen en su derecho, como salvadores de la patria, a conducir a su nación por derroteros no respaldados democráticamente. Hay que tener en estos casos también en cuenta otras cuestiones menores, pero importantes, tales como si se trataba de un Gobierno en funciones, si había dimitido, etc. En conclusión, las deudas que no provengan de decisiones encauzadas claramente mediante los conductos democráticos habilitados para ello, serán también claramente ilegítimas. Continuaremos en siguientes entregas.

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13 noviembre 2015 5 13 /11 /noviembre /2015 00:00

CIUDADANOS viene para salvar los muebles de la pérdida de votos del PP. La derecha ha creado una virgen blanca y de sana sonrisa para tapar la cara del monstruo Rajoy. Alguien sin historia aparente, alguien sin personalidad propia más allá del personaje que interpreta. Rivera asume a la perfección este rol neutro de belleza pasiva

Armando B. Ginés

Porque, en efecto, la continua demagogia de la que hace gala este personaje es abrumadora. Mucha presencia, mucha palabrería hueca, vacía, barata, pero si vamos a los hechos, han votado en contra o se han abstenido en todas las mociones que han tenido que ver con la memoria histórica (porque argumentan que no quieren "reabrir las heridas"), con la retirada de símbolos franquistas, o con el reconocimiento absoluto de los derechos humanos. Y como reza el dicho popular: "Por sus obras los conoceréis". Un líder y un partido encumbrados por las organizaciones empresariales, un "PODEMOS de derechas" como dijo el Presidente del Banco de Sabadell, un grupo de gente, "todos perfectos, muy guapos y muy presentables" (en palabras de Ada Colau), pero que sólo esconde detrás el mismo ideario retrógrado y reaccionario de la derecha más clásica, a la cual incluso superan en algunos aspectos (por ejemplo, ahí podemos verlos reclamando "un gran pacto por España", y por escrito, con las demás fuerzas políticas, a tenor de lo que está ocurriendo en Cataluña). 

 

Son conservadores en lo institucional,  reaccionarios en lo territorial, y retrógrados e involucionistas en lo que se refiere a derechos humanos. No en vano, su programa económico, liderado por Luis Garicano, disfruta de la simpatía de los grandes agentes económicos, de las grandes empresas del IBEX-35, y hasta del mismísimo Joan Rosell. El PP ya comienza a tratarlo con respeto, aunque todavía lanza al aire sus dudas sobre a dónde irá en realidad el voto a C's de las próximas Elecciones Generales de diciembre. Aunque sin adscripción ideológica formalmente definida, navegan en un  mar de propuestas que ellos tildan de "sensatas", "razonables", "de sentido común", o de "regeneración democrática", aunque también en éste último aspecto comienza a vérseles el plumero, como algunos medios ya han destacado. Su nicho fundamental de voto proviene del desencanto de ex votantes a izquierda y derecha, y sobre todo, del electorado más joven. No obstante, como decimos, hay que analizar bien sus propuestas, ya que bajo un halo de falso progresismo, incorporan una peligrosa letra pequeña que hay que interpretar. Y así, bajo el falso disfraz de progresismo, en realidad presentan medidas y propuestas al más puro estilo neoliberal. 

 

Y además, todo ello lo apoyan con el despliegue de un lenguaje moderno y conciliador, diciendo por ejemplo que ellos no están por "el revanchismo", que no quieren alimentar los bandos, que ya no hay "rojos ni azules", que su enemigo no son el PP ni el PSOE sino el paro, o que no ven al resto de fuerzas políticas como adversarios, sino como compatriotas. Demagogia y más demagogia, porque detrás de toda esta parafernalia y de toda esta vacía verborrea, se esconde el clásico ideario defendido por el PP durante décadas. Su súbita aparición en el escenario nacional, su irrupción en todas las encuestas hasta encumbrarse como tercera fuerza política (a veces segunda, e incluso algunas encuestas ya lo han situado como la primera), obedece claramente a una maniobra artificial de los poderes fácticos, ávidos de fabricarse otra alternativa que equilibre un poco el auge de la izquierda, pero que pueda aparecer como una opción regeneradora de la tremenda situación de corrupción que vive el país. Por eso CIUDADANOS representa para ellos la opción perfecta, y lo peor es que también lo están representando para miles de votantes desencantados de PP y PSOE, que ven en el joven líder catalán a una persona equilibrada, limpia y sensata. 

 

Pero si miramos más allá de todo ello, nos encontramos con la continua y permanente demagogia que expresan sus palabras, y con el auténtico peligro que representan sus propuestas. Votar a C's implica no alterar la correlación de fuerzas existentes, no eliminar la desigualdad, no dejar de apoyar a los ricos y poderosos, no renovar los cimientos democráticos de este país, en una palabra, votar a C's implica continuar como estamos. Otros líderes, fabricados en serie, más pendientes del cuello de su camisa que de su ideario político, más pendientes de su percha que de ponerse en la piel de los necesitados. En última instancia, las mismas políticas de siempre. CIUDADANOS sólo representa una falsa solución, un engendro político para canalizar la hemorragia de votos que sufre el bipartidismo (que ahora podría pasar a ser tripartidismo), porque la formación de Albert Rivera y sus líderes, como muy acertadamente los definía Armando B. Ginés, son mercancía de diseño, un producto elaborado para cumplir fielmente su cometido, un prototipo multiuso, una formación política que pretende llevar a lo público las políticas y técnicas empresariales (no en vano sus líderes son en su inmensa mayoría profesionales liberales), un objeto de deseo masivo y compulsivo, un engañabobos político, una marca blanca, las nuevas generaciones para seguir haciendo lo mismo que las viejas generaciones, un nuevo recambio para continuar con las mismas políticas, una moda pasajera que sólo existirá mientras pesista el engaño que representan. 

 

Esperemos que haya mucha gente el 20D dispuesta a decirle a Rivera que sí, que hay dos bandos, que siempre han existido, desde que existe el capitalismo, y que mientras éste no quede erradicado, siempre existirán. Habrá que explicarle al señor Rivera que existe un bando de la clase obrera, de la clase trabajadora, de la gente humilde y sencilla, que intenta trabajar para vivir, y que está cansada de sufrir la explotación al que el otro bando los somete. Un bando que reclama simplemente los derechos humanos, un trabajo decente, una vivienda, una renta básica que les libre de los intentos de explotación de los del otro bando, una educación y una sanidad gratuitas y de calidad, unos servicios públicos fundamentales gratuitos y universales, un bando que necesita para ello que las grandes empresas que comercian con dichos productos y servicios básicos sean públicas, para que puedan ser de todos. Un bando que reclama democracia plena y auténtica. Un bando que no puede vivir bajo la asfixia de la deuda, ni del cumplimiento del déficit que el otro bando emplea como justificación para despojar de todo lo anterior a este bando. Este bando es el 90% de la población.

 

Y luego está el otro bando. El bando perverso, de la vergüenza, del poder político, económico, social y mediático. El bando de los ricos y poderosos, de los dueños de dichas empresas privadas que comercian con lo fundamental, y que impiden que dichos productos y servicios sean públicos, gratuitos, universales y de calidad. Un bando que forma una élite fáctica, un 10% que exprime al otro 90%, porque le priva de lo mínimo necesario para poder vivir con dignidad, y sólo le otorga pobreza, rabia, exclusión, discriminación, exilio, barbarie. Este otro bando niega al anterior los derechos humanos, el trabajo, la vivienda, la sanidad, la educación, la dignidad, hasta el aire para respirar si pudieran. Un bando al que le molesta la democracia, al que no le importan las personas, ni la igualdad, ni la redistribución de la riqueza, porque la quieran toda para ellos solos, un bando que vive de chupar la sangre al otro bando, que desprecia al medio ambiente, un bando consagrado a la incesante producción de más y más beneficios, un bando que necesita la corrupción y la mentira para sobrevivir, un bando que utiliza la crisis en su provecho. Esta es la única dualidad con la que hay que acabar en nuestra sociedad. La pregunta es...¿entenderá esto alguna vez Albert Rivera?

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12 noviembre 2015 4 12 /11 /noviembre /2015 00:00

Lobistas al servicio de una empresa o de un sector, PDG (Presidentes Directores Generales) de trasnacionales cuya cifra de negocios es superior al PIB de varios países en los que están implantadas, instancia cuasi estatal cuyas redes tentaculares se despliegan bastante más allá de las fronteras nacionales: toda una cohorte de individuos y de empresas que no han sido elegidos, que no rinden cuentas a nadie y cuyo único objetivo es amasar beneficios están en vías de tomar el poder y orientar la política oficial

Susan George

Habíamos entrado en el artículo anterior de esta serie en el tema del secretismo con el que se llevan a cabo las negociaciones de estos Tratados de Libre Comercio, y vamos a demostrarlo ahora con la referencia a un documento confidencial que lo ilustra, publicado recientemente por el medio Diagonal. En este documento, filtrado recientemente, la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea señala los límites para la consulta de algunos aspectos de las negociaciones que están teniendo lugar. En dicho documento, se propone la creación de nuevas salas especializadas para la lectura secreta de los diversos aspectos del TTIP que se negocian, completando las funciones de las salas de lectura del Parlamento Europeo, a las cuales sólo pueden acceder los europarlamentarios acompañados de personal de seguridad, sin dispositivos que permitan hacer fotografías o escaneados de las páginas consultadas. En el documento también se realizan amenazas veladas a los Estados miembros que permitan las filtraciones no autorizadas de los documentos en cuestión. 

 

Entre los documentos hurtados por completo al escrutinio de los miembros del Parlamento y los Estados miembro están los que recogen el resultado de los contactos con los negociadores de la Comisión Europea con los representantes de la industria (lobbies) y las actas de dichas reuniones, o las posturas que la Comisión Europea ha mantenido en algunos de los aspectos más controvertidos de las negociaciones. Sufrimos una política antidemocrática de absoluta opacidad respecto a las negociaciones, los aspectos que se someten a las mismas, las deliberaciones y sus posteriores resultados, recogidos en los documentos de debate que cada semana negociadora se emiten. Se desprecia absolutamente al conjunto de la ciudadanía, cuyas vidas cotidianas se van a ver afectadas por estos oscuros tratados, en prácticamente todas sus facetas. Y todo ello a pesar de que el artículo 128 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que toda esta información será de libre consulta por cualquier ciudadano que resida en cualquier país miembro de la Unión. Y es que los lobbies copan absolutamente las reuniones que tienen lugar desde el principio de las negociaciones, e imponen sus reglas y sus normas. 

 

Como nos informa este otro artículo publicado recientemente en el medio Diagonal, los lobbies de empresas y corporaciones, especialmente del sector agroalimentario, de telecomunicaciones y farmacéutico, son los absolutos protagonistas de las reuniones con los interlocutores de la Comisión Europea en torno al TTIP. Según un informe del Corporate Europe Observatory, en los dos primeros años de negociación del TTIP, la Comisión Europea ha mantenido un total de 597 reuniones con grupos de presión, la inmensa mayoría de ellos formados por empresas y corporaciones. Sólo el 9% de dichas reuniones tuvieron como protagonistas a diversas asociaciones o miembros de la sociedad civil, como sindicatos, colectivos ecologistas o de derechos humanos, entre otros. Y así, gigantes del sector de la alimentación (como Coca-Cola o Nestlé), entidades financieras (como HSBC), empresas del sector del automóvil (como Ford o BMW), o empresas farmacéuticas (como Roche o Novartis), así como otras transnacionales, como Repsol o Telefónica, estuvieron representadas en las negociaciones, sin respaldo para los diversos colectivos que representan al conjunto de la ciudadanía. ¿Puede considerarse justo y democrático un tratado que ignora completamente a los sectores ciudadanos? ¿Puede esperarse algo positivo del mismo? 

 

Y en cuanto a la nacionalidad, las empresas británicas, españolas, alemanas, francesas, suecas, danesas y holandesas copan la gran mayoría de las reuniones en torno al Tratado, junto a las empresas de fuera de la Unión Europea, en su mayoría estadounidenses. Por el contrario, parece ser que las empresas provenientes de la Europa del Este están siendo prácticamente invisibles en las referidas negociaciones secretas. Pero claro, más tarde o más temprano, las respuestas a nuestras preguntas comienzan a aparecer, como es natural. Los secretos, y más a estos niveles, no pueden ser mantenidos durante mucho tiempo. Y así, nos enteramos, por ejemplo, de que Bruselas admite que el TTIP permitirá a los Estados Unidos comercializar en Europa más de mil productos cosméticos prohibidos por la Unión Europea, y entonces, las piezas se van colocando en su sitio, y las preguntas comienzan a tener su explicación. Bajo el falaz argumento de "trasladar la responsabilidad al consumidor", y otros por el estilo, entraremos en esta peligrosa espiral que nos conducirá por los caminos de la absoluta desregulación de las normas y estándares que hoy día velan aún por nuestra seguridad en todos los niveles, para entrar en una absoluta selva comercial, que sólo beneficiará a estas grandes empresas transnacionales.

 

Todos estos datos dejan entrever que lo que Bruselas negocia con Washington supone tolerar el comercio de miles de bienes, productos y servicios hasta el momento vetados en el contexto europeo, dejando "a la elección del consumidor" la decisión de comprarlos, siempre que éstos aparezcan debidamente etiquetados. Un cambio que implica acabar, como ya indicamos en su momento, con el denominado "Principio de Precaución", por el que se rige la UE, y según el cual prevalecen las medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías puedan suponer un grave riesgo para la salud pública o para el medio ambiente (ahora además hemos de extrapolarlo al conjunto de los servicios públicos, y en última instancia, a los derechos humanos). Ante la duda, actualmente en Europa, prevalece la norma del veto comercial. Pero con el TTIP, esto podrá cambiar, y como estamos viendo, hay muchos actores interesados en ello. Continuaremos en siguientes entregas.

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11 noviembre 2015 3 11 /11 /noviembre /2015 00:00

La Constitución que tanto defienden los principales grupos políticos del Estado Español es fruto de una "ruptura pactada" con el franquismo, y no de una "ruptura democrática" con éste, que es lo que se demandaba masivamente en la calle

Paco Azanza

Orgullosos de la Constitución, no pretendemos abrir un proceso constituyente sino mantener los principios e instituciones esenciales de la misma, fortalecer los derechos reconocidos a los ciudadanos y adecuar su texto a las transformaciones experimentadas por nuestra sociedad

Documento de Propuesta "Socialista" de Reforma Constitucional

Tiene bastante gracia que uno de los dos partidos (el otro fue el PP) que propuso la última reforma constitucional, cambiando el artículo 135 para que dictara la inexcusable obligación del Estado de pagar sus deudas antes que ningún otro gasto social, ahora nos venga con esta propuesta "federal" de reforma de la Constitución de 1978. Llevan toda la vida (más de 30 años) afirmándola y defendiéndola, pero ahora, cuando los vientos de federalismo, de autodeterminación, de tercera república y de proceso constituyente soplan más fuertes que nunca, aparece el PSOE con su propuesta de Reforma Constitucional. Vamos a intentar exponerla en sus puntos fundamentales, para comprobar hasta qué punto se trata, en el fondo, de intentar cambiar algunas cosas para que, al final, nada cambie. Vamos a tomar como fuentes de referencia el propio documento original completo publicado por el PSOE con los términos de la reforma propuesta, un documento resumen elaborado por varios profesores universitarios de derecho, que proponen algunas otras modificaciones interesantes, y una web del PSOE dedicada a exponer los puntos principales de la referida reforma. 

 

En cuanto al aspecto de mejoras democráticas, se pretenden implantar algunos cambios, tales como limitar el aforamiento, rebajar las condiciones para poder presentar una ILP (Iniciativa Legislativa Popular), o fortalecer la transparencia y la organización de los partidos políticos, pero en general, este apartado dista mucho de completar nuestros mecanismos democráticos y de participación ciudadana, como pueden ser la democracia participativa, la democracia revocatoria, y sobre todo, la más importante, y que siendo el PSOE un partido que se autodenomina "socialista" debiera fomentar: la democracia económica. La propuesta de reforma constitucional del PSOE también recoge la transformación del Senado para que éste se convierta en lo que debe ser en un auténtico Estado Federal, que no es otra cosa que una Cámara de Representación Territorial. Estamos de acuerdo por tanto en la redefinición de sus funciones, para vincularlas a las que se derivan de su dimensión territorial, en vez de actuar como lo hace ahora, es decir, como el "cementerio de elefantes" de las diferentes fuerzas políticas. Y con respecto a la Ley Electoral, sólo se propone "incrementar la proporcionalidad del sistema electoral para el Congreso de los Diputados". En fin, un planteamiento bastante pobre. 

 

En cuanto al aspecto de la organización territorial, la propuesta de reforma contempla una clarificación de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, la mejora del actual sistema de financiación autonómica (proponiendo que este nuevo sistema quede fijado en la Constitución, y que las CC.AA. asuman la responsabilidad de su gasto), y el reconocimiento constitucional de los municipios y las provincias, así como la garantía de su autonomía. No se propone, como entendemos desde la izquierda transformadora que debe hacerse, la supresión de las actuales Diputaciones Provinciales, por ser unidades administrativas caducas, ineficaces, anacrónicas y corruptas. Bien, en este apartado, echamos de menos una auténtica transformación en sentido federal de nuestro Estado, reconociendo la plena autonomía de los distintos entes (pueblos, comunidades,...) federados, estableciendo el Estado Federal unos mínimos blindajes en cuanto a garantía del cumplimiento de los derechos humanos básicos, y de un amplio rango de servicios públicos, que a su vez, los Estados, pueblos o comunidades federados podrían ampliar (nunca reducir). Y por supuesto, si apostamos por un auténtico federalismo, entendemos que el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de todos los pueblos que formen el Estado Federal Español es algo absolutamente irrenunciable, porque de lo contrario estaríamos hablando de simple unionismo. Pero en vez de ello, lo que el PSOE se limita a proponer es "el reconocimiento de las singularidades de distintas nacionalidades y regiones, y sus consecuencias concretas: lengua propia; cultura; foralidad; derechos históricos; insularidad; organización territorial o peculiaridades históricas de derecho civil". 

 

La reforma propuesta por el PSOE también aboga por la incorporación de un derecho fundamental a la asistencia sanitaria de forma blindada, esto es, que imposibilite la eliminación por ley de la sanidad universal, gratuita y de calidad para el conjunto de la ciudadanía. En lugar de reformular por completo el artículo 135, se propone "incorporar las condiciones de salvaguarda de la Estabilidad Social del Estado", lo cual resulta claramente insuficiente. Proponen también "el reconocimiento del derecho a una renta o ingreso mínimo vital ante situaciones de carencia efectiva", por lo cual no avanzamos nada hacia una renta básica con las características de universalidad, incondicionalidad e individualidad, que son las que de verdad imposibilitarían que existieran pobres en nuestra sociedad. Sobre el derecho a la vivienda, únicamente se indica su garantía "mediante la previsión de obligaciones concretas para los poderes públicos, especialmente en casos de desahucio". Como se puede ver, todo ello está en la clásica línea PSOE, es decir, nadando entre el reconocimiento y la timidez, entre la exigencia y la cobardía, es decir, en la más clara ambigüedad. Como hemos indicado en otros muchos artículos, lo único que debe indicar la nueva Constitución es la exigencia absoluta del cumplimiento de todos los Derechos Humanos, individuales y colectivos, objetivos y subjetivos, frente a los continuos intentos de mercantilización de los mismos por parte del Gran Capital. En cuanto a la naturaleza como sujeto de derechos (cosa que no se reconoce en ningún momento), únicamente se incluye una tímida intención para "Reforzar los derechos medioambientales". 

 

Algunos puntos positivos tiene, no obstante, la propuesta de Reforma Constitucional del PSOE. Por ejemplo, estamos bastante de acuerdo cuando proponen "Incorporar en la Constitución una regulación expresa y específica de la igualdad entre mujeres y hombres que se extienda, entre otros ámbitos, al empleo y las condiciones de trabajo, al derecho de las mujeres a su salud y a su vida, a la protección frente a la violencia de género, a la libertad de decidir sobre sí mismas [entendemos que se refiere al derecho al aborto], al desarrollo de una educación en valores cívicos y en igualdad, libre de sesgos de género, y a la participación política". También es bastante positivo la propuesta sobre "Abolir la pena de muerte, incluso para tiempos de guerra", aunque echamos en falta una renuncia expresa a la guerra como mecanismo de resolución de conflictos, en cualquier situación, si es que queremos, al menos, reconocernos mínimamente como un Estado pacifista. Muy tibio nos parece, en cambio, el apartado que indica "Actualizar y consolidar el principio de laicidad, incluyendo el sometimiento de los representantes públicos al principio de neutralidad religiosa en sus actuaciones". Entendemos que dicho principio de laicidad debe incluir bastantes cosas más. Y por su parte, tiene bastante gracia que se incluya en la reforma la propuesta de "Facilitar el voto de los ciudadanos extranjeros", cuando viene siendo el PSOE, junto con el PP, quienes lo impiden permanentemente. 

 

Pero sin lugar a dudas, el enunciado de su web sobre la reforma que más gracia tiene es aquél que indica "Adecuar y reforzar nuestra articulación con la Unión Europea y colocar a España a la vanguardia de una Europa Social. Reforzar nuestros lazos con los países hermanos de Iberoamérica". Este párrafo destila un cinismo y una contradicción realmente impresionantes, porque no hace falta ser un analista político de primera magnitud para darse cuenta de que una mayor articulación con la actual Unión Europea es diametralmente opuesto a situarnos en la vanguardia de una Europa Social. Pero incluso más allá de eso, nos parece una completa aberración incluir en nuestra Carta Magna las referencias a nuestra pertenencia a esta Unión Europea neoliberal, consagrada al Gran Capital, y obsesionada con implantar el permanente austericidio a los pueblos de los Estados miembros que la forman. Y por otra parte, nos parece muy bien reforzar nuestros lazos con América Latina, pero acercándonos más al bloque antiimperialista que puedan representar, entre otros países, Cuba, Venezuela, Ecuador o Bolivia, en vez de al bloque neoliberal de México, Colombia, o Panamá, por citar algunos ejemplos. De todos modos, deducimos que este acercamiento a América Latina no pretende hacerse muy en serio, ya que se indica que sólo se hará "en el preámbulo de la Constitución". Pero ya puestos, si queremos acercanos más a Iberoamérica, una primera medida podría ser abolir nuestra Fiesta Nacional del 12 de Octubre, que rememora y festeja nuestro oscuro pasado colonial en dichos países. 

 

 

Y en cuanto a la figura del Jefe del Estado, lo único que propone el PSOE en su reforma constitucional es eliminar la discriminación de la mujer en el acceso a la Corona, modificación bastante pobre después de más de 35 años de Monarquía, consolidando la figura anacrónica y antidemocrática por naturaleza del Rey. Discrepamos absolutamente y nos oponemos a todo este conjunto de reformas, porque se limitan a parchear, sin solucionar clara y definitivamente, los problemas derivados del régimen surgido de la Constitución de 1978, y por tanto, no se garantiza un nuevo marco de convivencia con plenas y absolutas garantías democráticas. La figura del Rey simplemente habría que eliminarla, previo Proceso Constituyente que permitiera, mediante un procedimiento de participación ciudadana, transformar nuestro país en una nueva República Socialista, Federal, Solidaria, Participativa, Laica y de Pleno Derecho. De esta forma, el Jefe del Estado sería elegido mediante sufragio popular, es decir, democráticamente, y no tendría ningún tipo de privilegio añadido. Los derechos sociales, laborales, cívicos, políticos, participativos, económicos y culturales deberían blindarse por completo en esta nueva Constitución Republicana, en vez de andar con medias tintas, como hace la propuesta de reforma que estamos analizando. Y con respecto a la Iglesia Católica, lo que debería hacerse es derogar todos los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, y proceder a la eliminación de todos los privilegios de tipo social, tributario y patrimonial de los que la Iglesia viene disfrutando, convirtiendo nuestro país en un verdadero Estado Laico, donde no quede ni rastro de simbología ni de presencia religiosa en las aulas, en los actos oficiales, y en las dependencias e instalaciones públicas. Por supuesto, también deberían eliminarse las obsoletas referencias a la "unidad de España" y al papel de las Fuerzas Armadas.

 

En fin, como hemos podido comprobar, la propuesta de Reforma Constitucional del PSOE es puro maquillaje, de cara a la galería, una reforma incompleta, parcheada, limitada, que no entra en profundidad en la ruptura democrática a la que Paco Azanza se refería en la cita inicial. Una propuesta descafeinada, que sólo aborda algunos aspectos limitados, desde una posición de pactismo, de no romper de verdad el marco constitucional de 1978, sino simplemente de adaptarlo y corregirlo en algunos aspectos. Pero lo que necesitamos es un nuevo Proceso Constituyente, que a través de un modelo participativo de cara a la ciudadanía, pueda abordar asuntos tan relevantes como la Jefatura del Estado, el modelo territorial, la auditoría de la deuda, el blindaje de los derechos humanos, el reconocimiento de los nuevos sujetos de derechos (los pueblos y la naturaleza), la nacionalización de los sectores económicos estragégicos, la renta básica universal, o nuestra salida de la OTAN, así como el debate sobre nuestra permanencia en las estructuras de esta Unión Europea neoliberal, entre otros muchos aspectos fundamentales, que nos conduzcan a un nuevo modelo de convivencia, rompiendo los privilegios de los actuales poderes fácticos, y devolviendo el poder a la ciudadanía bajo un marco absolutamente democrático. No queremos por tanto ninguna reforma de la actual Constitución, sino una Constitución nueva para un nuevo proyecto de país. Pero parece que todo esto nunca serán propuestas del PSOE. 

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10 noviembre 2015 2 10 /11 /noviembre /2015 00:00

¿Qué fue primero, la gallina o el huevo?

(Popular)

Vaya por delante el hecho de que las opiniones y aspectos que voy a exponer en el presente artículo no nacen desde el fervor independentista, ya que no me considero como tal. Sí en cambio están hechos desde lo que entiendo debe significar un pleno y absoluto respeto a la democracia, pero no a la de los "demócratas de toda la vida", sino a los demócratas que pensamos que es la esencia del socialismo, porque como afirmó Hugo Chávez: "Socialismo es democracia sin fin". Y frente a las críticas que se están vertiendo desde todos los flancos, por arriba y por abajo, a derecha y a "izquierda", en torno al proceso que se está viviendo en Cataluña, lo primero que me pregunto es lo siguiente, para intentar demostrar que no medimos los acontecimientos con el mismo rasero: ¿Es democracia lo que ha hecho Rajoy en la presente legislatura que acaba, en contra del resto de fuerzas políticas, y de la inmensa mayoría de la ciudadanía, con un 44% de los votos en las Elecciones Generales de 2011, y no es democracia lo que intentan hacer Junts Pel Sí (agrupación de varios partidos y movimientos sociales) y la CUP en Cataluña, con casi el 49%?

 

De entrada, la que ha sido claramente antidemocrática ha sido la propia campaña electoral, que ha recordado bastante la hostilidad desplegada hacia el pueblo griego antes de que éste se manifestara en referéndum, sobre la aplicación de los planes de la Troika. Para el caso catalán, amenazas de salida del euro, de salida de la Unión Europea, de pérdida de la nacionalidad española, incluso de búsqueda activa de apoyos a nivel internacional para que respaldaran el voto a los partidos no secesionistas (se manifestaron a este respecto bastantes líderes europeos e internacionales, tales como Merkel, Hollande, Obama, Martin Schultz, Jean-Claude Juncker, y un largo etcétera) se dieron cita en esa campaña feroz, que evidentemente, han perdido, porque el pueblo catalán, como el griego, ha defendido valientemente sus posiciones. Incluso llegó a aprobarse deprisa y corriendo una reforma del reglamento del Tribunal Constitucional (el guardián jurídico del régimen), para que éste pudiera proceder a la inhabilitación de los gobernantes que no obedecieran sus sentencias. Todo un despropósito, aunque para ellos, todo esto sí es democrático...¿pero qué esperaban? ¿Que después de sacar 62+10=72 escaños en el Parlamento catalán renunciaran a poner en marcha su programa? ¿Quizá eso hubiese sido más "democrático"?

 

Nos agarramos al carácter plebiscitario de las pasadas elecciones catalanas sólo cuando nos sirve a nuestros intereses, y cuando no, argumentamos que han sido unas elecciones autonómicas normales y corrientes. Rajoy y toda su camarilla, esa que aboga por la "soberanía nacional" (que hace ya varios años que hemos perdido) y por la "unidad de España" (les falta poner los adjetivos "una, grande y libre", como en los tiempos franquistas) dijeron por activa y por pasiva que dichas elecciones no serían plebiscitarias, que eso era un cuento de Artur Más y su camarilla, pero ahora, cuando dichas fuerzas políticas han obtenido mayoría absoluta de escaños, resulta que miramos los porcentajes de voto entre los bloques que han apoyado a los partidos independentistas, y a los que no, y les echamos en cara que son "antidemocráticos". Para la señora Rosa Díez, que ha llevado a su partido a un esperpento residual en la política española, "lo que está ocurriendo en Cataluña es cosa de unos golpistas que no respetan la democracia"...¿qué democracia no respetan, señora Díez? ¿La democracia que a usted le interesa? Incluso VOX ha convocado a una campaña para reclamar al Gobierno que aplique el artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión de una Autonomía cuyas decisiones vayan contra el interés general.

 

Y por supuesto, la terminología creada a tal fin es bastante ilustrativa, con expresiones como "desafío soberanista", "ataque a la democracia", "pulso al Estado", y otras muchas, que revelan el gran déficit democrático que sufrimos en nuestro país. El cóctel de planteamientos y de declaraciones esperpénticas está servido...Rajoy y Pedro Sánchez siguen a vueltas con sus hipócritas visiones de la "unidad de España" y de la "soberanía nacional", Albert Rivera, encumbrado recientemente por las encuestas como tercera fuerza política nacional, no pierde oportunidad, y solicita "un gran pacto de Estado por España" para defender ambos conceptos, e incluso Pablo Iglesias, representante de un PODEMOS absolutamente descafeinado, declara que no le gusta que "los territorios declaren Repúblicas"...a lo mejor Pablo Iglesias debiera detenerse a pensar que dicha República Catalana, si alcanza a existir alguna vez, puede actuar como punta de lanza para que los poderes fácticos de nuestro país se vayan disolviendo, porque actúe como prueba del algodón de que no tenemos porqué seguir con un Rey impuesto en dinastía desde la dictadura, contribuyendo a modo de revulsivo popular para desencadenar, con más fuerza, el nuevo Proceso Constituyente que tanto necesitamos, y que antes tanto defendía Pablo Iglesias. 

 

Pero volvamos a la cita con la que abríamos el artículo, porque creo que ahí radica el nudo gordiano del asunto. Desde las fuerzas políticas del llamado "bloque constitucionalista", opuestas incluso a que se convocara un referéndum con todas las garantías legales en Cataluña, se argumenta que "nadie puede estar por encima de la ley", y que "la democracia no puede existir sin leyes". Vamos a obviar el hecho de que precisamente quienes apelan a estas consignas son quienes llevan incumpliendo las leyes, tanto la propia Constitución, como las ulteriores leyes de ámbito nacional, autonómico y local. Si aplicamos ese famoso dicho popular a nuestro caso, la pregunta podría ser la siguiente: ¿Qué fue primero, la democracia o la ley? Evidentemente, para que haya leyes tiene que haber pueblo, comunidad, ciudadanía, que manifieste su deseo de construir un marco de convivencia común, respetado por todos, es decir, tiene que existir democracia. La democracia es un fin en sí misma, no así las leyes, que únicamente están pensadas para garantizar la democracia. No es por tanto la democracia la que se tiene que supeditar a las leyes, sino al contrario, las leyes a la democracia. En nuestro caso, el pueblo catalán lleva manifestándose y queriendo ser consultado sobre la independencia desde hace mucho tiempo, sin ser oído por el resto de Instituciones del Estado, es decir, la democracia viene siendo ignorada. 

 

Se apela por otra parte al clásico recurso de que al mencionar la Constitución que "la soberanía nacional reside en el pueblo español", todo éste ha de ser consultado, en expresión de Rajoy: "Lo que sea España tienen que decidirlo todos los españoles". Pero la reciente jurisprudencia de experiencias llevadas a cabo en otros países (Canadá, Escocia,...) indica que se podría haber pactado con el Estado Español la celebración del referéndum, o bien haber permitido que la Ley de Consultas aprobada en el Parlamento catalán hubiera dado marco jurídico legal a dicho referéndum. El PP es muy dado a poner símiles entre el Estado y la familia, así que vamos a devolverle la pelota: esto es como si en una familia con varios hijos, uno de ellos quiere independizarse...¿tienen que consultar los padres a todos los hermanos para que éstos den su consentimiento a la emancipación? Evidentemente, no. Por tanto, si el pueblo catalán hubiera visto satisfecho su deseo democrático de ser escuchado en las urnas (lo que eufemísticamente se ha denominado como "derecho a decidir"), ahora no estaríamos en esta situación, e incluso posiblemente se hubiera manifestado mayoritariamente en contra de la independencia.

 

Pero es el continuo impedimento a ejercer este derecho democrático por parte de las Instituciones del Estado y del Gobierno Central el que provoca que la situación se vaya complicando y deteriorando, se vaya calentando, las posturas se vayan alejando, la ciudadanía se vaya rebelando y radicalizando, y que las Instituciones estatales y autonómicas se vayan distanciando, hasta provocar el tremendo conflicto que hoy se vive en Cataluña, y en consecuencia, en el resto de España. Porque como indica Josep Rexach, politólogo y miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional: "Creo que hay un elemento central, que es el principio democrático. Ha habido unas elecciones que han dado una mayoría parlamentaria absoluta a dos formaciones que llevaban precisamente esta concreción en los programas electorales, y por tanto, están plenamente legitimadas para poner en práctica su programa electoral. Es la legitimidad emanada del principio democrático de un proceso electoral. Esta es la mejor baza". En definitiva, volvamos a los fueros democráticos, porque si no somos capaces de canalizar legal, legítima y democráticamente las aspiraciones del pueblo catalán de ser escuchados, el enfrentamiento de Cataluña con el Estado está servido, y no ha hecho más que empezar.

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9 noviembre 2015 1 09 /11 /noviembre /2015 00:00

El oficio de banquero es demasiado serio para ser dejado en manos del sector privado. Es necesario socializar el sector y ponerlo bajo control ciudadano, pues debe estar sometido a normas de un servicio público y las rentas que su actividad genere utilizadas para el bien común. La deuda pública contraída para rescatar los bancos es claramente ilegítima y debe ser repudiada

Eric Toussaint (Presidente del CADTM)

Continuando con la exposición de las posibles causas de ilegitimidad de una deuda pública, que ya comenzamos a enunciar de forma general en el artículo anterior, vamos a ir profundizando un poco en cada una de ellas, tomando como referencia, sobre todo, el ya citado artículo de Renaud Vivien publicado en el sitio de CADTM. Bien, la primera causa que citamos como gran apartado era la relativa al régimen del prestatario, y se refiere a tener en cuenta la naturaleza del propio régimen que solicitó el crédito mediante el cual se endeudó. Lógicamente, hay que centrarse en la legitimidad de dicho Gobierno, investigando si fue un régimen auténticamente democrático, si representaba fielmente los intereses de su población, si fue (o es) un régimen corrupto, si respetó mínimamente los Derechos Humanos, y si fue (era, es) verdaderamente soberano. Evidemente, esto hay que documentarlo con informes procedentes de fuentes fiables, serias y respetables, tales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las resoluciones adoptadas por los Parlamentos nacionales, la conducta del régimen una vez en el poder, etc.

 

Evidentemente, las deudas procedentes de regímenes considerados despóticos, autoritarios, dictatoriales o antidemocráticos serán consideradas deudas odiosas, según la doctrina de Alexander Sack de 1927, que argumenta al respecto lo siguiente: "Si un poder despótico contrata una deuda, no para las necesidades y los intereses del Estado, sino para reforzar su régimen despótico, para reprimir a la población que lo combate, etc., esta deuda es odiosa para la población del Estado entero (...). Esta deuda no obliga a la nación; es una deuda del régimen, deuda personal del poder que la contrajo, en consecuencia dicha deuda desaparece con la caída de este poder". Suelen corresponder, como decimos, a típicos regímenes dictatoriales. Es evidente que el apoyo financiero a cualquier poder dictatorial, aún siendo destinado a hospitales o colegios, contribuye a consolidarlo, a permitir que se mantenga, y por tanto, no se puede obligar a que la nación liberada de dicho poder despótico asuma dichas deudas. Obsérvese también que no podemos concluir que un régimen sea democrático por el simple hecho de haber salido de las urnas, es decir, de unas elecciones "libres", pues la Historia ha demostrado que algunos Gobiernos elegidos democráticamente han cometido crímenes contra la humanidad. 

 

La conclusión es que cualquier préstamo otorgado a un régimen, aun habiendo sido elegido democráticamente, que no respete los principios fundamentales del derecho internacional es nulo. Se podría alegar al respecto que los acreedores no tenían conocimiento de que, en el momento del préstamo, el régimen prestatario violaba estos principios fundamentales, pero ante eso hay que decir que los prestamistas tienen una obligación de vigilancia, y que existen varios informes de organizaciones en defensa de las libertades y de los derechos humanos, así como numerosas resoluciones de la ONU, que les permiten informarse sobre la situación de los DDHH en los diferentes países. Otro tanto ocurre con las denominadas deudas coloniales, que son aquéllas que se otorgan a las potencias coloniales para financiar proyectos que permitan a las metrópolis maximizar la explotación de sus respectivas colonias, y su posterior intento de ser transferidas a los países que acceden a su independencia. También deben ser consideradas deudas odiosas. Incluimos también en este apartado a las deudas de los gobiernos bajo control o dominación extranjera, porque, tal y como establecen la Carta de la ONU y los Pactos de 1966 sobre DDHH: "Todos los pueblos tienen el derecho de disponer de sí mismos. En virtud de este derecho, éstos determinan libremente su estatus político y aseguran libremente su desarrollo económico, social y cultural. Para conseguir sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y de sus recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones inherentes a la cooperación económica internacional, basada sobre el principio del interés mutuo y del derecho internacional. En ningún caso un pueblo podrá ser privado de sus medios de subsistencia". 

 

Tenemos recientemente muchos casos que cuadran perfectamente con estos supuestos, y a cuyas deudas pueden aplicarse estas conclusiones. Los Gobiernos de los países del Sur (sobre todo de América Latina) llevan aplicando desde los años 80 los diversos programas de "ajustes estructurales" (claro eufemismo para indicar transferencias de rentas desde el sector público al privado) dictados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como los países europeos que han pasado a estar bajo la tutela de la Troika se sitúan claramente en este apartado. La deuda contraída por estos Gobiernos bajo dominación extranjera es claramente ilegítima, ya que los pueblos no pueden disponer de sí mismos. Se antepone claramente el interés de los acreedores (tenemos el sangrante y reciente caso de Grecia) al de la ciudadanía, a la vez que se vulneran las más elementales reglas de todo Estado democrático que se precie.  En los casos más extremos, se procede a la sustitución de los dirigentes elegidos democráticamente por gobiernos tecnócratas al servicio de los acreedores, se interfiere en la soberanía nacional de sus Parlamentos, se interviene su economía, y se dictan contratos con reglas abusivas que someten la soberanía de dichos pueblos a los intereses de los acreedores. Continuaremos en siguientes entregas.

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6 noviembre 2015 5 06 /11 /noviembre /2015 00:00

Una sociedad moderna, entendiendo como tal aquella que goza de un sistema democrático estable y un elevado nivel de desarrollo, precisa que la razón se sitúe por encima de las creencias religiosas, que el conocimiento científico se imponga sobre las antiguas verdades que dejaron de serlo, que las costumbres, los viejos hábitos y las tradiciones dejen paso a nuevas formas de convivencia. Y en este sentido la acción política no debe quedar al margen, si no queremos una sociedad embrutecida

Laureano Gómez

Bien, llegamos al final de esta serie de artículos con esta entrega, la número 16, esperando haber recogido una radiografía lo más completa posible sobre el inmenso poder de la Iglesia Católica en nuestra sociedad, y lo que es más importante, la necesidad de abolirlo, de erradicarlo, si es que queremos gozar de un Estado Laico, uno de los sostenes fundamentales de las auténticas sociedades democráticas. Y retomamos un tema que hemos ido exponiendo en entregas anteriores, pero que por su tremenda importancia, hemos de volver a insistir: se trata del tema del catolicismo en la escuela pública, y tomaremos como referencia una reciente obra de Francisco Delgado (Presidente de Europa Laica), publicada por Akal, que lleva por título "La cruz en las aulas". En este artículo, Enric Llopis nos hace una semblanza de dicho texto, del cual extraemos alguna información interesante. 

 

Francisco Delgado define a la CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos) como la organización familiar que fue "la gran aliada de la jerarquía católica y de la dictadura hasta la llegada de la democracia". A partir de 1979, la CONCAPA actuó como punta de lanza para que la Conferencia Episcopal no perdiera sus privilegios, y además pudiera seguir difundiendo el catolicismo en las aulas. En las últimas décadas se han sumado a esta labor organizaciones como los "Kikos" (Camino Neocatecumenal). El autor da noticias sobre una reunión de la CONCAPA en Burgos (octubre de 1936), con proclamas nacionalcatólicas, y según las actas de la misma, peticiones a Franco para que se repudiaran las escuelas de la Segunda República. Quizá sea una de las organizaciones más reaccionarias de todas las que podamos encontrar en nuestra actual sociedad, que además pone en cuestión los actuales modelos de familia, la cuestión del aborto, y muchos otros temas, por supuesto desde su punto de vista fundamentalista católico. 

 

Y como ya hemos explicado, la base fundamental donde se apoya y descansa la existencia de centros educativos de carácter concertado y de ideario católico son los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, aunque Francisco Delgado nos puntualiza que "dichos Acuerdos no expresan en ningún momento que el Estado esté obligado a financiar los centros de ideario católico", y así lo avalan algunas sentencias judiciales de los años 80. Pero a pesar de todo, el PSOE (ese mismo partido cuyo actual líder propone la salida de la religión del currículum escolar, con absoluta hipocresía), en el Gobierno entre 1982 y 1996 (por no incluir la posterior etapa de Zapatero, que insistió en la misma línea), creó este régimen de conciertos con la enseñanza privada, bajo el pretexto de la falta de recursos estatales para la atención de todo el alumnado. Hoy día, la financiación de la enseñanza privada católica supera los 4.000 millones de euros anuales, según Europa Laica y diversas organizaciones sindicales. Todo ello ha contribuido a que dicha situación se normalice, se legitime ante el conjunto de la ciudadanía, y sea cada vez más complicado poder revertirla sin cierta parte de oposición social (además de la oposición de la propia Iglesia, como es natural).

 

Y para colmo, en esta época de crisis, las cifras hablan por sí solas. El presupuesto público para educación pasó de 53.092 millones de euros en 2009, a 46.606 millones de euros en 2013, suponiendo una reducción de un 12%. Sin embargo, en ese mismo período la caída de la inversión pública para los conciertos educativos fue solo de un 3%. Se van eliminando, poco a poco y muy sutilmente, recursos de la enseñanza pública, mientras que van aumentando para la privada, preferentemente si es católica. Y mientras, en la escuela pública continúan proliferando crucifijos, imágenes, carteles, misas, y otros muchos rituales, lo cual continúa sin desvincular realmente la escuela pública de las confesiones religiosas, sobre todo de la Católica. Se argumenta que el Estado no hace más que reflejar la fotografía sobre las creencias de nuestra sociedad (mayoritamente católica), cuando es justamente al contrario, es decir, la sociedad es mayoritariamente católica porque las Instituciones inducen a ello. Si se fuera desmontando progresivamente este inmenso poder y privilegiada presencia de la Iglesia en todos los ámbitos de nuestra sociedad, no desde el hostigamiento hacia ninguna confesión, sino desde la obligada neutralidad de un auténtico Estado Laico, al cabo del tiempo, otro gallo nos cantara. 

 

Pero aún no acaban aquí las manifestaciones sociales, de toda índole, donde la influencia de la Iglesia Católica se manifiesta en todo su esplendor. Hemos de referirnos también al ámbito de lo que pudiéramos llamar la "religiosidad popular", incluyendo bajo este capítulo todo el conjunto de manifestaciones de nuestra cultura y de nuestro folklore donde tengamos alguna manifestación que tenga que ver con esta vertiente religiosa. Recomiendo a mis lectores, en este sentido, este artículo del siempre magnífico Armando B. Ginés, que realiza un buen repaso sobre dichas manifestaciones. Destacamos, por ejemplo, la existencia de nuestro calendario festivo, con continuas referencias a vírgenes, santos, santas, patrones, patronas mártires, beatos y beatas por doquier. Como sabemos, la influencia cristiana y católica sobre los nombres masculinos y femeninos es absoluta, aún en nuestra época. Las fiestas patronales siempre aluden a un personaje cristiano. Como nos recuerda Armando Ginés: "Si un partido de izquierdas solicitara una democratización del calendario de fiestas, su defunción electoral sería inminente y rotunda. Sólo se hizo en la Revolución Francesa, pero la experiencia duró menos que un suspiro". 

 

La Semana Santa es otra manifestación, quizá la más popular de todas, donde la vertiente religiosa se manifesta en su mayor ámbito. Hasta el Vaticano ha reparado en la tremenda influencia que el calendario semanasantero tiene sobre las costumbres sociales, proponiendo recientemente una asignación fija para la Semana Santa, que ya ha tenido sus defensores y detractores. No hay localidad o pueblo, por pequeño que sea, que no programe en dichas fechas, al menos una procesión católica, dando la típica imagen de pueblo devoto fiel a sus tradiciones ancestrales. Retomo el retrato que Armando Ginés nos hace de ella: "La ciudadanía se agolpa en las calles de manera entregada o curiosa a un ritual antediluviano donde los protagonistas (nazarenos, portaestandartes y figuras similares) representan el sometimiento a una irracionalidad espesa a la vez que espectacular". Y es tal el fervor cofrade que sienten muchos fieles, que cuando el tiempo (atmosférico, se entiende) impide la salida de algún paso, estos "hermanos" se ponen a llorar desconsoladamente ante dicha tregedia. Entiéndase bien: no estamos realizando ninguna burla ni caricatura de dicha situación, sólo retratando la tremenda influencia popular que estas manifestaciones llegan a proyectar. 

 

Las romerías son tarmbién  otra manifestación, quizá dentro de la misma órbita de la Semana Santa, pero con connotaciones y paisaje distinto. Se trata, como sabemos, del recorrido en peregrinaje de diversas hermandades hasta la localidad donde se encuentra el santuario de tal virgen o santo, patrón o patrona, para disfrutar en el camino, durante la estancia, y sobre todo, durante el acto de procesión del santo en cuestión. Todo un imaginario colectivo de vivencias, de sentimientos y de experiencias recorren y dan vida a estos actos, que se mantienen año tras año, y que aglutinan a miles de personas durante varios días. Y cómo no, no puede faltar en este recorrido que estamos haciendo sobre las manifestaciones de esta religiosidad popular, la mención obligada a la cita de fin de año por excelencia, como es la Navidad. Como nos recuerda Armando Ginés, "el período navideño obliga a adoptar un rol determinado en el que las relaciones sociales están fijadas en un ideario normativo cerrado y sin posibilidad alguna de enmienda". Es la época del turrón, del pavo, del cava, de la lotería, de los regalos, del consumo, de la vuelta de los familiares que tenemos lejos, de las citas íntimas y recogidas, y de la hipócrita solidaridad que desplegamos hacia los más necesitados, de los cuales nos olvidamos el resto del año. Y por supuesto, lo que en el fondo se celebra tiene evidentes connotaciones religiosas, aunque estén superadas por la costumbre y el folklore. Quizá llegue un día donde la sociedad en su conjunto entienda que podemos prescindir de estas ridículas celebraciones, para concentrarnos, de verdad, en la cooperación, el amor al semejante y la solidaridad durante todo el año, no sólo durante dos semanas del mismo. 

 

En fin, en esta serie de artículos, que aquí acaba, hemos pretendido exponer, lo más clara y ampliamente posible, la enorme serie de privilegios políticos, jurídicos, tributarios, económicos y patrimoniales concedidos por el Estado a la Iglesia Católica, situación que, desde la izquierda transformadora, entendemos de todo punto desorbitada, injustificada y antidemocrática. Esperemos que los lectores hayan tomado conciencia del grave problema, y finalizamos con el diagnóstico que sobre dicha situación realiza José A. Nal Valverde, Miembro del Colectivo Prometeo y de Córdoba Laica: "Involución en la práctica hacia un "Estado Católico", incumpliendo a diario y reiteradamente el mandato constitucional de aconfesionalidad. Los ejemplos son muchos, graves y en aumento: la LOMCE, nueva ley de educación, plantea por primera vez la Religión como materia evaluable en todos los niveles educativos, compitiendo con Cultura Científica, y con más horas que muchas materias académicas; la reiterada presencia genuflexa en actos religiosos del Jefe del Estado, de Ministros, Alcaldes, presidentes de Autonomías; las rotativas de cargos públicos, como la ministra de Empleo, pidiendo en público y de manera oficial a la Virgen o al Patrón que solucione los problemas; la condecoración y nombramientos de alcaldes y alcaldesas de honor a vírgenes y santos en todo el territorio; la proliferación de procesiones, que reproducen el mismo cuadro del franquismo: autoridades religiosas, civiles y militares presidiendo, y la legión desfilando delante al ritmo del himno nacional. Y esto se defiende por "la tradición". Precisamente ese es el peligro, el origen y la naturaleza de esas manifestaciones, y manteniéndolas e incrementándolas se fomenta y perpetúa una historia, la de los vencedores, y sirve para ocultar la memoria de la historia real". Esperemos ser capaces, como sociedad, de revertir algún dicha esta situación. 

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Published by Rafael Silva - en Política
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