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10 noviembre 2015 2 10 /11 /noviembre /2015 00:00

¿Qué fue primero, la gallina o el huevo?

(Popular)

Vaya por delante el hecho de que las opiniones y aspectos que voy a exponer en el presente artículo no nacen desde el fervor independentista, ya que no me considero como tal. Sí en cambio están hechos desde lo que entiendo debe significar un pleno y absoluto respeto a la democracia, pero no a la de los "demócratas de toda la vida", sino a los demócratas que pensamos que es la esencia del socialismo, porque como afirmó Hugo Chávez: "Socialismo es democracia sin fin". Y frente a las críticas que se están vertiendo desde todos los flancos, por arriba y por abajo, a derecha y a "izquierda", en torno al proceso que se está viviendo en Cataluña, lo primero que me pregunto es lo siguiente, para intentar demostrar que no medimos los acontecimientos con el mismo rasero: ¿Es democracia lo que ha hecho Rajoy en la presente legislatura que acaba, en contra del resto de fuerzas políticas, y de la inmensa mayoría de la ciudadanía, con un 44% de los votos en las Elecciones Generales de 2011, y no es democracia lo que intentan hacer Junts Pel Sí (agrupación de varios partidos y movimientos sociales) y la CUP en Cataluña, con casi el 49%?

 

De entrada, la que ha sido claramente antidemocrática ha sido la propia campaña electoral, que ha recordado bastante la hostilidad desplegada hacia el pueblo griego antes de que éste se manifestara en referéndum, sobre la aplicación de los planes de la Troika. Para el caso catalán, amenazas de salida del euro, de salida de la Unión Europea, de pérdida de la nacionalidad española, incluso de búsqueda activa de apoyos a nivel internacional para que respaldaran el voto a los partidos no secesionistas (se manifestaron a este respecto bastantes líderes europeos e internacionales, tales como Merkel, Hollande, Obama, Martin Schultz, Jean-Claude Juncker, y un largo etcétera) se dieron cita en esa campaña feroz, que evidentemente, han perdido, porque el pueblo catalán, como el griego, ha defendido valientemente sus posiciones. Incluso llegó a aprobarse deprisa y corriendo una reforma del reglamento del Tribunal Constitucional (el guardián jurídico del régimen), para que éste pudiera proceder a la inhabilitación de los gobernantes que no obedecieran sus sentencias. Todo un despropósito, aunque para ellos, todo esto sí es democrático...¿pero qué esperaban? ¿Que después de sacar 62+10=72 escaños en el Parlamento catalán renunciaran a poner en marcha su programa? ¿Quizá eso hubiese sido más "democrático"?

 

Nos agarramos al carácter plebiscitario de las pasadas elecciones catalanas sólo cuando nos sirve a nuestros intereses, y cuando no, argumentamos que han sido unas elecciones autonómicas normales y corrientes. Rajoy y toda su camarilla, esa que aboga por la "soberanía nacional" (que hace ya varios años que hemos perdido) y por la "unidad de España" (les falta poner los adjetivos "una, grande y libre", como en los tiempos franquistas) dijeron por activa y por pasiva que dichas elecciones no serían plebiscitarias, que eso era un cuento de Artur Más y su camarilla, pero ahora, cuando dichas fuerzas políticas han obtenido mayoría absoluta de escaños, resulta que miramos los porcentajes de voto entre los bloques que han apoyado a los partidos independentistas, y a los que no, y les echamos en cara que son "antidemocráticos". Para la señora Rosa Díez, que ha llevado a su partido a un esperpento residual en la política española, "lo que está ocurriendo en Cataluña es cosa de unos golpistas que no respetan la democracia"...¿qué democracia no respetan, señora Díez? ¿La democracia que a usted le interesa? Incluso VOX ha convocado a una campaña para reclamar al Gobierno que aplique el artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión de una Autonomía cuyas decisiones vayan contra el interés general.

 

Y por supuesto, la terminología creada a tal fin es bastante ilustrativa, con expresiones como "desafío soberanista", "ataque a la democracia", "pulso al Estado", y otras muchas, que revelan el gran déficit democrático que sufrimos en nuestro país. El cóctel de planteamientos y de declaraciones esperpénticas está servido...Rajoy y Pedro Sánchez siguen a vueltas con sus hipócritas visiones de la "unidad de España" y de la "soberanía nacional", Albert Rivera, encumbrado recientemente por las encuestas como tercera fuerza política nacional, no pierde oportunidad, y solicita "un gran pacto de Estado por España" para defender ambos conceptos, e incluso Pablo Iglesias, representante de un PODEMOS absolutamente descafeinado, declara que no le gusta que "los territorios declaren Repúblicas"...a lo mejor Pablo Iglesias debiera detenerse a pensar que dicha República Catalana, si alcanza a existir alguna vez, puede actuar como punta de lanza para que los poderes fácticos de nuestro país se vayan disolviendo, porque actúe como prueba del algodón de que no tenemos porqué seguir con un Rey impuesto en dinastía desde la dictadura, contribuyendo a modo de revulsivo popular para desencadenar, con más fuerza, el nuevo Proceso Constituyente que tanto necesitamos, y que antes tanto defendía Pablo Iglesias. 

 

Pero volvamos a la cita con la que abríamos el artículo, porque creo que ahí radica el nudo gordiano del asunto. Desde las fuerzas políticas del llamado "bloque constitucionalista", opuestas incluso a que se convocara un referéndum con todas las garantías legales en Cataluña, se argumenta que "nadie puede estar por encima de la ley", y que "la democracia no puede existir sin leyes". Vamos a obviar el hecho de que precisamente quienes apelan a estas consignas son quienes llevan incumpliendo las leyes, tanto la propia Constitución, como las ulteriores leyes de ámbito nacional, autonómico y local. Si aplicamos ese famoso dicho popular a nuestro caso, la pregunta podría ser la siguiente: ¿Qué fue primero, la democracia o la ley? Evidentemente, para que haya leyes tiene que haber pueblo, comunidad, ciudadanía, que manifieste su deseo de construir un marco de convivencia común, respetado por todos, es decir, tiene que existir democracia. La democracia es un fin en sí misma, no así las leyes, que únicamente están pensadas para garantizar la democracia. No es por tanto la democracia la que se tiene que supeditar a las leyes, sino al contrario, las leyes a la democracia. En nuestro caso, el pueblo catalán lleva manifestándose y queriendo ser consultado sobre la independencia desde hace mucho tiempo, sin ser oído por el resto de Instituciones del Estado, es decir, la democracia viene siendo ignorada. 

 

Se apela por otra parte al clásico recurso de que al mencionar la Constitución que "la soberanía nacional reside en el pueblo español", todo éste ha de ser consultado, en expresión de Rajoy: "Lo que sea España tienen que decidirlo todos los españoles". Pero la reciente jurisprudencia de experiencias llevadas a cabo en otros países (Canadá, Escocia,...) indica que se podría haber pactado con el Estado Español la celebración del referéndum, o bien haber permitido que la Ley de Consultas aprobada en el Parlamento catalán hubiera dado marco jurídico legal a dicho referéndum. El PP es muy dado a poner símiles entre el Estado y la familia, así que vamos a devolverle la pelota: esto es como si en una familia con varios hijos, uno de ellos quiere independizarse...¿tienen que consultar los padres a todos los hermanos para que éstos den su consentimiento a la emancipación? Evidentemente, no. Por tanto, si el pueblo catalán hubiera visto satisfecho su deseo democrático de ser escuchado en las urnas (lo que eufemísticamente se ha denominado como "derecho a decidir"), ahora no estaríamos en esta situación, e incluso posiblemente se hubiera manifestado mayoritariamente en contra de la independencia.

 

Pero es el continuo impedimento a ejercer este derecho democrático por parte de las Instituciones del Estado y del Gobierno Central el que provoca que la situación se vaya complicando y deteriorando, se vaya calentando, las posturas se vayan alejando, la ciudadanía se vaya rebelando y radicalizando, y que las Instituciones estatales y autonómicas se vayan distanciando, hasta provocar el tremendo conflicto que hoy se vive en Cataluña, y en consecuencia, en el resto de España. Porque como indica Josep Rexach, politólogo y miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional: "Creo que hay un elemento central, que es el principio democrático. Ha habido unas elecciones que han dado una mayoría parlamentaria absoluta a dos formaciones que llevaban precisamente esta concreción en los programas electorales, y por tanto, están plenamente legitimadas para poner en práctica su programa electoral. Es la legitimidad emanada del principio democrático de un proceso electoral. Esta es la mejor baza". En definitiva, volvamos a los fueros democráticos, porque si no somos capaces de canalizar legal, legítima y democráticamente las aspiraciones del pueblo catalán de ser escuchados, el enfrentamiento de Cataluña con el Estado está servido, y no ha hecho más que empezar.

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9 noviembre 2015 1 09 /11 /noviembre /2015 00:00

El oficio de banquero es demasiado serio para ser dejado en manos del sector privado. Es necesario socializar el sector y ponerlo bajo control ciudadano, pues debe estar sometido a normas de un servicio público y las rentas que su actividad genere utilizadas para el bien común. La deuda pública contraída para rescatar los bancos es claramente ilegítima y debe ser repudiada

Eric Toussaint (Presidente del CADTM)

Continuando con la exposición de las posibles causas de ilegitimidad de una deuda pública, que ya comenzamos a enunciar de forma general en el artículo anterior, vamos a ir profundizando un poco en cada una de ellas, tomando como referencia, sobre todo, el ya citado artículo de Renaud Vivien publicado en el sitio de CADTM. Bien, la primera causa que citamos como gran apartado era la relativa al régimen del prestatario, y se refiere a tener en cuenta la naturaleza del propio régimen que solicitó el crédito mediante el cual se endeudó. Lógicamente, hay que centrarse en la legitimidad de dicho Gobierno, investigando si fue un régimen auténticamente democrático, si representaba fielmente los intereses de su población, si fue (o es) un régimen corrupto, si respetó mínimamente los Derechos Humanos, y si fue (era, es) verdaderamente soberano. Evidemente, esto hay que documentarlo con informes procedentes de fuentes fiables, serias y respetables, tales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las resoluciones adoptadas por los Parlamentos nacionales, la conducta del régimen una vez en el poder, etc.

 

Evidentemente, las deudas procedentes de regímenes considerados despóticos, autoritarios, dictatoriales o antidemocráticos serán consideradas deudas odiosas, según la doctrina de Alexander Sack de 1927, que argumenta al respecto lo siguiente: "Si un poder despótico contrata una deuda, no para las necesidades y los intereses del Estado, sino para reforzar su régimen despótico, para reprimir a la población que lo combate, etc., esta deuda es odiosa para la población del Estado entero (...). Esta deuda no obliga a la nación; es una deuda del régimen, deuda personal del poder que la contrajo, en consecuencia dicha deuda desaparece con la caída de este poder". Suelen corresponder, como decimos, a típicos regímenes dictatoriales. Es evidente que el apoyo financiero a cualquier poder dictatorial, aún siendo destinado a hospitales o colegios, contribuye a consolidarlo, a permitir que se mantenga, y por tanto, no se puede obligar a que la nación liberada de dicho poder despótico asuma dichas deudas. Obsérvese también que no podemos concluir que un régimen sea democrático por el simple hecho de haber salido de las urnas, es decir, de unas elecciones "libres", pues la Historia ha demostrado que algunos Gobiernos elegidos democráticamente han cometido crímenes contra la humanidad. 

 

La conclusión es que cualquier préstamo otorgado a un régimen, aun habiendo sido elegido democráticamente, que no respete los principios fundamentales del derecho internacional es nulo. Se podría alegar al respecto que los acreedores no tenían conocimiento de que, en el momento del préstamo, el régimen prestatario violaba estos principios fundamentales, pero ante eso hay que decir que los prestamistas tienen una obligación de vigilancia, y que existen varios informes de organizaciones en defensa de las libertades y de los derechos humanos, así como numerosas resoluciones de la ONU, que les permiten informarse sobre la situación de los DDHH en los diferentes países. Otro tanto ocurre con las denominadas deudas coloniales, que son aquéllas que se otorgan a las potencias coloniales para financiar proyectos que permitan a las metrópolis maximizar la explotación de sus respectivas colonias, y su posterior intento de ser transferidas a los países que acceden a su independencia. También deben ser consideradas deudas odiosas. Incluimos también en este apartado a las deudas de los gobiernos bajo control o dominación extranjera, porque, tal y como establecen la Carta de la ONU y los Pactos de 1966 sobre DDHH: "Todos los pueblos tienen el derecho de disponer de sí mismos. En virtud de este derecho, éstos determinan libremente su estatus político y aseguran libremente su desarrollo económico, social y cultural. Para conseguir sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y de sus recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones inherentes a la cooperación económica internacional, basada sobre el principio del interés mutuo y del derecho internacional. En ningún caso un pueblo podrá ser privado de sus medios de subsistencia". 

 

Tenemos recientemente muchos casos que cuadran perfectamente con estos supuestos, y a cuyas deudas pueden aplicarse estas conclusiones. Los Gobiernos de los países del Sur (sobre todo de América Latina) llevan aplicando desde los años 80 los diversos programas de "ajustes estructurales" (claro eufemismo para indicar transferencias de rentas desde el sector público al privado) dictados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como los países europeos que han pasado a estar bajo la tutela de la Troika se sitúan claramente en este apartado. La deuda contraída por estos Gobiernos bajo dominación extranjera es claramente ilegítima, ya que los pueblos no pueden disponer de sí mismos. Se antepone claramente el interés de los acreedores (tenemos el sangrante y reciente caso de Grecia) al de la ciudadanía, a la vez que se vulneran las más elementales reglas de todo Estado democrático que se precie.  En los casos más extremos, se procede a la sustitución de los dirigentes elegidos democráticamente por gobiernos tecnócratas al servicio de los acreedores, se interfiere en la soberanía nacional de sus Parlamentos, se interviene su economía, y se dictan contratos con reglas abusivas que someten la soberanía de dichos pueblos a los intereses de los acreedores. Continuaremos en siguientes entregas.

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6 noviembre 2015 5 06 /11 /noviembre /2015 00:00

Una sociedad moderna, entendiendo como tal aquella que goza de un sistema democrático estable y un elevado nivel de desarrollo, precisa que la razón se sitúe por encima de las creencias religiosas, que el conocimiento científico se imponga sobre las antiguas verdades que dejaron de serlo, que las costumbres, los viejos hábitos y las tradiciones dejen paso a nuevas formas de convivencia. Y en este sentido la acción política no debe quedar al margen, si no queremos una sociedad embrutecida

Laureano Gómez

Bien, llegamos al final de esta serie de artículos con esta entrega, la número 16, esperando haber recogido una radiografía lo más completa posible sobre el inmenso poder de la Iglesia Católica en nuestra sociedad, y lo que es más importante, la necesidad de abolirlo, de erradicarlo, si es que queremos gozar de un Estado Laico, uno de los sostenes fundamentales de las auténticas sociedades democráticas. Y retomamos un tema que hemos ido exponiendo en entregas anteriores, pero que por su tremenda importancia, hemos de volver a insistir: se trata del tema del catolicismo en la escuela pública, y tomaremos como referencia una reciente obra de Francisco Delgado (Presidente de Europa Laica), publicada por Akal, que lleva por título "La cruz en las aulas". En este artículo, Enric Llopis nos hace una semblanza de dicho texto, del cual extraemos alguna información interesante. 

 

Francisco Delgado define a la CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos) como la organización familiar que fue "la gran aliada de la jerarquía católica y de la dictadura hasta la llegada de la democracia". A partir de 1979, la CONCAPA actuó como punta de lanza para que la Conferencia Episcopal no perdiera sus privilegios, y además pudiera seguir difundiendo el catolicismo en las aulas. En las últimas décadas se han sumado a esta labor organizaciones como los "Kikos" (Camino Neocatecumenal). El autor da noticias sobre una reunión de la CONCAPA en Burgos (octubre de 1936), con proclamas nacionalcatólicas, y según las actas de la misma, peticiones a Franco para que se repudiaran las escuelas de la Segunda República. Quizá sea una de las organizaciones más reaccionarias de todas las que podamos encontrar en nuestra actual sociedad, que además pone en cuestión los actuales modelos de familia, la cuestión del aborto, y muchos otros temas, por supuesto desde su punto de vista fundamentalista católico. 

 

Y como ya hemos explicado, la base fundamental donde se apoya y descansa la existencia de centros educativos de carácter concertado y de ideario católico son los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, aunque Francisco Delgado nos puntualiza que "dichos Acuerdos no expresan en ningún momento que el Estado esté obligado a financiar los centros de ideario católico", y así lo avalan algunas sentencias judiciales de los años 80. Pero a pesar de todo, el PSOE (ese mismo partido cuyo actual líder propone la salida de la religión del currículum escolar, con absoluta hipocresía), en el Gobierno entre 1982 y 1996 (por no incluir la posterior etapa de Zapatero, que insistió en la misma línea), creó este régimen de conciertos con la enseñanza privada, bajo el pretexto de la falta de recursos estatales para la atención de todo el alumnado. Hoy día, la financiación de la enseñanza privada católica supera los 4.000 millones de euros anuales, según Europa Laica y diversas organizaciones sindicales. Todo ello ha contribuido a que dicha situación se normalice, se legitime ante el conjunto de la ciudadanía, y sea cada vez más complicado poder revertirla sin cierta parte de oposición social (además de la oposición de la propia Iglesia, como es natural).

 

Y para colmo, en esta época de crisis, las cifras hablan por sí solas. El presupuesto público para educación pasó de 53.092 millones de euros en 2009, a 46.606 millones de euros en 2013, suponiendo una reducción de un 12%. Sin embargo, en ese mismo período la caída de la inversión pública para los conciertos educativos fue solo de un 3%. Se van eliminando, poco a poco y muy sutilmente, recursos de la enseñanza pública, mientras que van aumentando para la privada, preferentemente si es católica. Y mientras, en la escuela pública continúan proliferando crucifijos, imágenes, carteles, misas, y otros muchos rituales, lo cual continúa sin desvincular realmente la escuela pública de las confesiones religiosas, sobre todo de la Católica. Se argumenta que el Estado no hace más que reflejar la fotografía sobre las creencias de nuestra sociedad (mayoritamente católica), cuando es justamente al contrario, es decir, la sociedad es mayoritariamente católica porque las Instituciones inducen a ello. Si se fuera desmontando progresivamente este inmenso poder y privilegiada presencia de la Iglesia en todos los ámbitos de nuestra sociedad, no desde el hostigamiento hacia ninguna confesión, sino desde la obligada neutralidad de un auténtico Estado Laico, al cabo del tiempo, otro gallo nos cantara. 

 

Pero aún no acaban aquí las manifestaciones sociales, de toda índole, donde la influencia de la Iglesia Católica se manifiesta en todo su esplendor. Hemos de referirnos también al ámbito de lo que pudiéramos llamar la "religiosidad popular", incluyendo bajo este capítulo todo el conjunto de manifestaciones de nuestra cultura y de nuestro folklore donde tengamos alguna manifestación que tenga que ver con esta vertiente religiosa. Recomiendo a mis lectores, en este sentido, este artículo del siempre magnífico Armando B. Ginés, que realiza un buen repaso sobre dichas manifestaciones. Destacamos, por ejemplo, la existencia de nuestro calendario festivo, con continuas referencias a vírgenes, santos, santas, patrones, patronas mártires, beatos y beatas por doquier. Como sabemos, la influencia cristiana y católica sobre los nombres masculinos y femeninos es absoluta, aún en nuestra época. Las fiestas patronales siempre aluden a un personaje cristiano. Como nos recuerda Armando Ginés: "Si un partido de izquierdas solicitara una democratización del calendario de fiestas, su defunción electoral sería inminente y rotunda. Sólo se hizo en la Revolución Francesa, pero la experiencia duró menos que un suspiro". 

 

La Semana Santa es otra manifestación, quizá la más popular de todas, donde la vertiente religiosa se manifesta en su mayor ámbito. Hasta el Vaticano ha reparado en la tremenda influencia que el calendario semanasantero tiene sobre las costumbres sociales, proponiendo recientemente una asignación fija para la Semana Santa, que ya ha tenido sus defensores y detractores. No hay localidad o pueblo, por pequeño que sea, que no programe en dichas fechas, al menos una procesión católica, dando la típica imagen de pueblo devoto fiel a sus tradiciones ancestrales. Retomo el retrato que Armando Ginés nos hace de ella: "La ciudadanía se agolpa en las calles de manera entregada o curiosa a un ritual antediluviano donde los protagonistas (nazarenos, portaestandartes y figuras similares) representan el sometimiento a una irracionalidad espesa a la vez que espectacular". Y es tal el fervor cofrade que sienten muchos fieles, que cuando el tiempo (atmosférico, se entiende) impide la salida de algún paso, estos "hermanos" se ponen a llorar desconsoladamente ante dicha tregedia. Entiéndase bien: no estamos realizando ninguna burla ni caricatura de dicha situación, sólo retratando la tremenda influencia popular que estas manifestaciones llegan a proyectar. 

 

Las romerías son tarmbién  otra manifestación, quizá dentro de la misma órbita de la Semana Santa, pero con connotaciones y paisaje distinto. Se trata, como sabemos, del recorrido en peregrinaje de diversas hermandades hasta la localidad donde se encuentra el santuario de tal virgen o santo, patrón o patrona, para disfrutar en el camino, durante la estancia, y sobre todo, durante el acto de procesión del santo en cuestión. Todo un imaginario colectivo de vivencias, de sentimientos y de experiencias recorren y dan vida a estos actos, que se mantienen año tras año, y que aglutinan a miles de personas durante varios días. Y cómo no, no puede faltar en este recorrido que estamos haciendo sobre las manifestaciones de esta religiosidad popular, la mención obligada a la cita de fin de año por excelencia, como es la Navidad. Como nos recuerda Armando Ginés, "el período navideño obliga a adoptar un rol determinado en el que las relaciones sociales están fijadas en un ideario normativo cerrado y sin posibilidad alguna de enmienda". Es la época del turrón, del pavo, del cava, de la lotería, de los regalos, del consumo, de la vuelta de los familiares que tenemos lejos, de las citas íntimas y recogidas, y de la hipócrita solidaridad que desplegamos hacia los más necesitados, de los cuales nos olvidamos el resto del año. Y por supuesto, lo que en el fondo se celebra tiene evidentes connotaciones religiosas, aunque estén superadas por la costumbre y el folklore. Quizá llegue un día donde la sociedad en su conjunto entienda que podemos prescindir de estas ridículas celebraciones, para concentrarnos, de verdad, en la cooperación, el amor al semejante y la solidaridad durante todo el año, no sólo durante dos semanas del mismo. 

 

En fin, en esta serie de artículos, que aquí acaba, hemos pretendido exponer, lo más clara y ampliamente posible, la enorme serie de privilegios políticos, jurídicos, tributarios, económicos y patrimoniales concedidos por el Estado a la Iglesia Católica, situación que, desde la izquierda transformadora, entendemos de todo punto desorbitada, injustificada y antidemocrática. Esperemos que los lectores hayan tomado conciencia del grave problema, y finalizamos con el diagnóstico que sobre dicha situación realiza José A. Nal Valverde, Miembro del Colectivo Prometeo y de Córdoba Laica: "Involución en la práctica hacia un "Estado Católico", incumpliendo a diario y reiteradamente el mandato constitucional de aconfesionalidad. Los ejemplos son muchos, graves y en aumento: la LOMCE, nueva ley de educación, plantea por primera vez la Religión como materia evaluable en todos los niveles educativos, compitiendo con Cultura Científica, y con más horas que muchas materias académicas; la reiterada presencia genuflexa en actos religiosos del Jefe del Estado, de Ministros, Alcaldes, presidentes de Autonomías; las rotativas de cargos públicos, como la ministra de Empleo, pidiendo en público y de manera oficial a la Virgen o al Patrón que solucione los problemas; la condecoración y nombramientos de alcaldes y alcaldesas de honor a vírgenes y santos en todo el territorio; la proliferación de procesiones, que reproducen el mismo cuadro del franquismo: autoridades religiosas, civiles y militares presidiendo, y la legión desfilando delante al ritmo del himno nacional. Y esto se defiende por "la tradición". Precisamente ese es el peligro, el origen y la naturaleza de esas manifestaciones, y manteniéndolas e incrementándolas se fomenta y perpetúa una historia, la de los vencedores, y sirve para ocultar la memoria de la historia real". Esperemos ser capaces, como sociedad, de revertir algún dicha esta situación. 

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5 noviembre 2015 4 05 /11 /noviembre /2015 00:00

Hoy lanzamos una llamada a la acción: la campaña “la Sareb es Nuestra” para destapar una estafa, para denunciar que continua el expolio de la vivienda que debería ser nuestra, de los ciudadanos, pagada con dinero de todas pero utilizada para especular y enriquecer a unos pocos.

Como bien sabemos todas, la burbuja inmobiliaria estalló en 2008. Aunque el gobierno decía que teníamos «el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional», pronto se hicieron visibles las grietas.

Entre 2010 y 2012, el estado español inyectó más de 61 millones de euros de dinero público – de nuestro dinero – para rescatar a la banca. Teníamos 45 cajas de ahorros y 8 bancos antes de la crisis. Ahora, después de fusiones y reestructuraciones, tenemos 2 cajas de ahorros y 15 bancos.

El resultado ha sido una concentración de capital en manos de pocos. El objetivo principal de la nacionalización de varias entidades – Catalunya Caixa, Bankia, Unnim, Nova Caixa Galicia, Banco de Valencia – no ha sido el bien común o el beneficio de los ciudadanos si no el beneficio de la banca.

Por ejemplo, después del rescate vimos cómo BBVA compró a Unnim por un euro en 2011, y La Caixa se quedó con el Banco de Valencia por el mismo precio en 2012. El robo sigue hasta hoy. Con la venta de Catalunya Caixa a BBVA hemos perdido 12.000 millones de euros. Y estamos a la espera de ver lo que perderemos con la venta de Bankia. En otras palabras: gracias al bolsillo de la ciudadanía, los ricos se están haciendo más ricos, mientras que nosotras, la gente de a pie, vivimos la austeridad, los recortes y los desahucios, entre otros males, para asegurar que paguemos nosotros por el rescate. Las pérdidas son de todos, y las ganancias de muy, muy pocos.

Parte del proceso de “limpiar” o “sanear” el sistema financiero ha sido la creación de la Sareb. La Sareb es conocida como el banco malo, pero en realidad es una inmobiliaria de “activos tóxicos” con los despojos de la burbuja inmobiliaria, de las entidades rescatadas con dinero público. Estos “activos tóxicos” son viviendas acabadas o medio acabadas sin vender y la deuda de promotores y constructoras fallidas.

Con más de 106.000 propiedades, la Sareb es la inmobiliaria más grande de Europa. Encima, es una entidad que es 45% pública mientras el otro 55% es de las entidades rescatadas (por lo que la mayor parte de su dinero también es de todas). Pero en vez de garantizar el derecho a la vivienda para cientos de miles de ciudadanos que se encuentran en la calle, su objetivo es vender sus activos con un 15% de beneficio antes de 2027. Gracias a la presión ciudadana, la Sareb ha cedido 2.000 viviendas a las comunidades autónomas en 2014. Pero decimos que es demasiado tarde, y sobre todo demasiado poco. 2.000 viviendas sólo son el 2% de todas las viviendas que tienen. ¡Las queremos todas!

En vez de rescatar a la gente, se rescató a la banca con nuestro dinero. Estamos sufriendo recortes en educación, sanidad y otros servicios públicos para asegurar el pago del rescate. Denunciamos esto como un expolio, y con este objetivo lanzamos la campaña “la Sareb es Nuestra”, para retomar lo que es nuestro.

Ante esta situación, la campaña de la Obra Social de la PAH se basa en la movilización y autoorganización, siendo conscientes que solo organizadas y con apoyo muto podemos plantar cara a la injsuticia que supone la acumulacion de vivienda vacía junto con el drama de los desahucios, recuperado así esas viviendas que son nuestras y que la banca con la inseparable ayuda del gobierno nos ha arrebatado. Hemos realojado hasta el momento a unas 3.000 personas y recuperado cerca de 40 edificios, de los que 18 son propiedad de la Sareb, que además se niega a escuchar a las familias que vivien en ellos.

De estos bloques casi 40 bloques contamos con importantes victorias, los dos casos más evidentes, las cesiones de la Sareb a la Generalitat del Bloc Gracia ( Sabadell ) y el Bloc Bages 2 ( Manresa). Los dos bloques estan en proceso de firmar contratos de alquiler social para 3 años para las familias que los estan ocupando, 40 en el Bloc Gracia y 17 en el Bloc Bages 2. Victorias sin precedentes que nos ayudan a seguir sabiendo que SI SE PUEDE.

La PAH ha utilizado todas las vias posibles. 136 Ayuntamientos de Catalunya han aprobado laMoción de la Pah para multar a los Bancos que acumulan vivienda vacía y no le dan a ella un uso social, y en junio el Parlament de Catalunya aprobó la ILP de Las Pahs Catalanas, donde también se exige la movilizacion de la vivienda vacia para un uso social. Ahora con las Exigencias PAHinterpelamos a los partidos para que apruben una ley que de una vez por todas acabe con esta injusticia. Y ahora, además, interpelamos a la SAREB y sus responsables políticos y económicos a que nos escuchen y cedan a las personas, a quienes ya las hemos pagado, las viviendas vacías como muestra el mapa tienen por todo el territorio español.

Exigimos a los grandes propietarios de vivienda, en particular a la SAREB, vacia su movilización urgente y que la vivienda responda basicamente a su funcion social, es impossible entender que despues de los miles de millones de rescate publico a la banca, esta siga maltratando a las personas que necesitan una respuesta habitacional, es inadmisible que la sareb siga actuando como si de una mafia se tratara, con total impunidad y sin respetar los derechos humanos.

Por eso hoy lanzamos la campaña la Sareb es Nuestra. En esta campaña hacemos publica la pagina web: www.lasarebesnuestra.com. En ella hemos mapeado unas 30.000 viviendas de la Sareb usando información de las immobiliarias que gestionan sus activos una buena parte de viviendas de la Sareb. Mientras no vemos atisbo de respuesta por parte de la Sareb ni la banca en general, creemos que es nuestra obligacion compartir nuestras herramientas, para que sea la gente organizada quien de respuesta a esta situción.

Las cuatro entidades que gestionan los activos de la Sareb, tres de ellas fondos de inversión norteamericanas, están beneficiando directamente del rescate a la banca, mientras que nosotros, la gente de a pie, pagamos la cuenta. Y mientras que sufrimos más de medio millón de ejecuciones hipotecarias y cientos de miles de desahucios, menos que el 2% del parque inmobilario en el estado español esta dedicado a la vivienda social.

Considerando que ya lo hemos pagado los ciudadanos, exigimos que la vivienda de la Sareb sirva NO para la especulación pero para que viva la gente. Basta de especulación, queremos vivienda digna para todas. Un parque de vivienda en manos de la ciudadanía, con alquileres estables y asequibles.

Fuente: http://afectadosporlahipoteca.com/2015/10/21/la-sareb-es-nuestra/

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4 noviembre 2015 3 04 /11 /noviembre /2015 00:00

La pluralidad ideológica es aún más falsa. Presentan polémicas y debates que no son reales porque siempre son mantenidos dentro de coordenadas que no afectan lo esencial. El lector, o la audiencia, cree estar asistiendo a una discusión que muestra pluralidad y riqueza de opiniones cuando en verdad está siendo engañado con una discusión que se mantiene en un espectro ideológico y un escenario muy limitado

Manuel E. Yepe

Bien, hasta aquí hemos expuesto cómo el capitalismo, haciendo uso de los múltiples mecanismos de que dispone, de los medios y estrategias a su alcance, nos impone sus modos y sus formas de pensar y de actuar. Unas formas y un estilo de vida, así como unos valores imperantes, que son aceptados socialmente como "la normalidad", denostando todo aquéllo que se salga de este marco ideológico. El pensamiento dominante nos somete de esta forma a los límites de su irracionalidad (en expresión de un texto fundamental de Antonio José Gil Padilla, que recomiendo a mis lectores). El frente de actuación para conseguir emanciparse de este pensamiento dominante, de esta alienante influencia, es, como no podía ser de otra manera, un pensamiento alternativo. Un pensamiento alternativo que se podrá difundir, para las próximas generaciones, desde la propia escuela pública, cuando nuestra escuela pública llegue a poseer la relevencia que siempre debió tener. Porque la escuela es el auténtico foro donde los estudiantes deben aprender a pensar, a enfrentarse al mundo, a cuestionarlo, a comprenderlo, a analizarlo, y también a transformarlo. 

 

Pero...¿qué pasa con las actuales generaciones? ¿Qué hacemos con los adultos actuales, del mundo de hoy, total o parcialmente alienados por el sistema, que piensan y actúan bajo sus dogmas y paradigmas? Pues como ya avanzamos en la última entrega, en esta segunda parte de esta serie de artículos, vamos a reflexionar y a exponer nuestros puntos de vista para intentar ser útiles en esta tarea, y ofrecer a los lectores algunas pautas interesantes para poder enfrentarse a la tremenda influencia del pensamiento dominante. En su obra "Manual de Resistencia Anticapitalista" (otra obra de referencia, de la que vamos a tomar algunas reflexiones), José López afirma lo siguiente: "Evidentemente, el capitalismo, cualquier sistema social, no puede ser combatido por ninguna persona por sí sola. Se necesita una lucha organizada, colectiva, sindical y política. Pero cada individuo puede, al margen de lo anterior, contribuir particularmente al cambio aportando su granito de arena. Es más, la revolución social está abocada al fracaso si no se ve acompañada de la revolución individual. No es posible transformar la sociedad en su conjunto si los individuos no aprendemos también a pensar y a comportarnos de otra manera. La revolución colectiva, social, se nutre y a su vez posibilita la revolución individual, de cada individuo. (...) El sistema hace al individuo, y a su vez, el individuo hace al sistema".

 

Y continúa: "Hay una relación dialéctica, dinámica, mutua, entre el individuo y la sociedad. Sin esperar a que la gente salga a la calle a levantar barricadas, cada uno de nosotros tenemos ciertas posibilidades de pensar y de comportarnos de otra manera en nuestra vida cotidiana. Cada uno de nosotros tenemos parte de responsabilidad en el funcionamiento de la sociedad. Si aspiramos a ser libres debemos empezar por asumir nuestra parte de responsabilidad, debemos empezar por explotar el limitado margen de libertad que tenemos. Podemos practicar una revolución a pequeña escala, en nuestros particulares ámbitos locales. Podemos, como individuos, protegernos frente al sistema, minimizar su influencia sobre nosotros. Si aspiramos a una sociedad más libre, más responsable, debemos empezar por practicar, cada uno de nosotros, sin esperar a que otros lo hagan o no, sin esperar a que otros nos tutelen, la libertad que tanto perseguimos. Debemos empezar por estirar al máximo las pocas posibilidades que nos brinda el sistema para ejercer nuestra soberanía personal".

 

Y en efecto, este concepto de rebelión o "revolución individual" que nos presenta José López es tremendamente interesante, y podemos sacarle mucho partido, aunque como nos advierte, también es un ejercicio muy difícil, que nos requerirá grandes dosis de paciencia, inteligencia y valentía. No existe ningún manual que podamos comprar o bajarnos de Internet, al estilo de los famosos "manuales de autoayuda", que muchos psicólogos han explotado últimamente, así que sólo podemos establecer una serie de pautas genéricas que nos ayuden en esta titánica tarea. Existe para ello una primera pregunta mágica, esencial, fundamental, originaria, principal: ¿POR QUÉ? Observemos que coincide con la pregunta fundamental que se hacen los niños, cuando van descubriendo el mundo que les rodea, y todas las cosas les llaman poderosamente la atención, y entonces se preguntan: ¿por qué? Su mente, aún vacía de convencionalismos sociales, de pensamiento dominante, de reglas de reflexión, no acierta a comprender la causa de muchos fenómenos que ocurren a su alrededor, y entonces se preguntan: ¿por qué? Preguntarnos el porqué de las cosas, de (casi) todas las cosas, nos llevará, en principio, a un estado de duda, que pondrá en crisis y en debate muchos de los principios que damos por sentados, que establecemos sin más, sin cuestionar realmente su validez. 

 

Pongamos un simple ejemplo para que se entienda: ¿Alguien nos ha explicado alguna vez, de una forma entendible y completa, bien fundamentada y justificada, por qué debemos reducir nuestro déficit público hasta el 3% del PIB? Es algo que se acepta como una verdad absoluta, como un deber inexcusable, sin embargo, nadie nos ha explicado realmente porqué hay que reducirlo hasta esa cifra exactamente, y porqué hay que hacerlo en determinado plazo de tiempo. Quizás no encontremos respuestas (al menos, en un estadío inicial) para nuestros "porqués", en cuyo caso, la inmensa mayoría de las veces, será porque no existe tal respuesta. Para nuestro ejemplo, quizá la pregunta inicial nos lleve a cuestionarnos más preguntas, como por ejemplo: ¿Por qué hay que reducir el déficit público, sin más? ¿Y por qué hay que reducirlo ahora? ¿Y por qué hay que reducirlo bajo los plazos que nos imponen? Y otras tantas. Como decimos, el principio de la duda es bueno en sí mismo (es el que nos recomendaron los primeros filósofos de la Historia), y debe ser cultivado sin miedo. Este es un primer paso de obligada referencia para un cambio en nuestra actitud mental ante el sistema: dudar de sus reglas, de sus normas, ponerlas en cuestión, no aceptarlas como un dogma absoluto, preguntarse a quién/quiénes les puede interesar que esa norma exista, etc. Continuaremos en siguientes entregas.

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3 noviembre 2015 2 03 /11 /noviembre /2015 00:00

Allí donde pone «disturbio» debemos leer «violencia estructural», y allí donde leemos «violencia estructural» debemos leer «pobreza», «injusticia», «abandono», «represión», «abuso de fuerza», «desigualdad» y «discriminación». He escuchado el mejor resumen de lo sucedido [en Baltimore] en palabras de un periodista satírico: «Señores, el estado de emergencia debió declararse hace cinco décadas, cuando se dispararon los indicadores de desigualdad social»

Alicia García (Profesora de la UB)

Habíamos introducido ya en el último artículo de esta serie, en relación con el tema del racismo institucional estadounidense, el tema del negocio carcelario en USA. En efecto, desde comienzos de la década de los 80 (1983) se comienzan a construir estas cárceles privadas, y para ponerlas en marcha con total dedicación, las empresas implicadas en el nuevo "negocio" crearon un lobby que presionó al respecto, incluso compró a determinados parlamentarios de la época, con el fin de que aprobasen leyes que permitiesen detener y encarcelar a un mayor número de personas, la mayoría negras, de ahí que Estados Unidos pasase progresivamente de tener 150 presos por cada 100.000 habitantes, un ratio más acorde con el resto de países, a tener en sus cárceles 750 presos por cada 100.000 habitantes, según las cifras ofrecidas por los observatorios carcelarios. Las empresas del negocio carcelario han construido desde entonces 150 nuevas prisiones.

 

Desde Ronald Reagan (uno de los presidentes más incultos y patéticos de su historia), todos los presidentes han aprobado programas carcelarios que han contribuido, en mayor o menor medida, a aumentar el número de cárceles privadas, y progresivamente, el número de encarcelados, porque como afirmábamos en nuestro último artículo, el negocio ha de ser rentabilizado. Estamos ante una política de Estado en USA, en lo relativo a este asunto. Incluso el Presidente Obama tiene su propio programa al respecto. Y como decimos siempre, esto ocurre en el país que se cree paladín mundial de los derechos humanos, y que los utiliza como pretexto para criticar y atacar a otros países. Tomo pie a continuación en un estupendo artículo de Silvia Arana, que explica la vertiente esclavista del negocio carcelario estadounidense, basado a su vez en una entevista a los fotógrafos Chandra McCormick y Keith Calhoun, que llevan tres décadas documentando la experiencia afroamericana en Nueva Orleáns y otras áreas del Estado de Louisiana. Allí existe el Complejo Industrial-Carcelario llamado "Angola", construido entre 1980 y 2013. 

 

Silvia Arana nos informa de que la Penitenciaría Estatal de Louisiana, conocida como "Angola", es la cárcel de máxima seguridad más grande de Estados Unidos. Ubicada a unos 250 km. de Nueva Orleáns, fue fundada en 1869 en terrenos donde originalmente había extensas plantaciones de algodón y de caña de azúcar, cultivadas por esclavos. La más extensa de ellas recibió el nombre de Angola, por la procedencia de los esclavos que en ella trabajaban. Desde su origen, la cárcel se rigió por un brutal sistema de trabajos forzados de los presos (mayoritariamente negros), bajo la supervisión de capataces (mayoritariamente blancos), montados a caballo, escena típica que aparece en varias fotografías de la serie que han expuesto dichos autores. El Estado sureño de Louisiana ha sido bautizado como "capital de las prisiones del mundo", por poseer el mayor ratio de presos del planeta. Se creó también la expresión "cárcel-granja", para referirse a este sistema carcelario que explota el trabajo forzado de los presos, en su mayoría de ascendencia afroamericana. Vamos a recoger literalmente un texto que consta en dicha exposición, de una esclava que estuvo seis años y medio presa antes de escapar de una prisión de alta seguridad de Nueva Yersey, en 1979. Desde 1984 está refugiada en Cuba.

 

Pues bien, el texto en cuestión dice lo siguiente: "¿Sabe que la esclavitud es ilegal? No, está equivocada. La esclavitud fue ilegalizada pero con una excepción, la cárcel. La esclavitud es legal en las prisiones --dijo la guardiana. Investigué y ella tenía razón. La decimotercera enmienda a la Constitución dice: "Ni en Estados Unidos ni en ningún territorio bajo su jurisdicción habrá esclavitud ni trabajo forzado, excepto como castigo de un delito por el cual el responsable haya sido debidamente condenado". Bueno, esto explica muchas cosas. Explica porqué las cárceles de todo el país están repletas de gente negra y del Tercer Mundo, porqué muchas personas negras no pueden hallar trabajo y se ven forzadas a hacer cualquier cosa para sobrevivir. Una vez que uno está en la cárcel, hay mucho trabajo, y si no lo quieres hacer, te dan una paliza y te echan en un hoyo...Las prisiones son un negocio muy rentable. Son una manera de perpetuar legalmente la esclavitud. En todos los Estados se siguen construyendo prisiones. ¿Quiénes irán a estas cárceles? Sin ninguna duda, no será gente blanca. Las prisiones forman parte de la guerra genocida del gobierno contra la gente negra y del Tercer Mundo". Creo que sobran más comentarios. Y del tema del racismo y de las cárceles al tema de la tortura, que comenzaremos a desarrollar en la próxima entrega de esta serie. Llevamos 33 entregas, y aún nos queda por contar mucho sobre el estado de guerra permanente que representa USA.

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2 noviembre 2015 1 02 /11 /noviembre /2015 00:00

El problema no es la deuda en sí misma, sino el orden capitalista, que utiliza a la deuda como mecanismo de chantaje a los pueblos. No alcanza con el impago, ni aquí ni allá, lo que hace falta es ir contra el sistema de la deuda y el capitalismo para crear las condiciones de posibilidad para un orden económico social sustentado en la satisfacción de las necesidades sociales y no en la obtención de ganancias, la acumulación y la dominación. Con el sistema de la deuda ganan las transnacionales, incluidos los bancos y especuladores privados o institucionales, que al acumular esas ganancias intervienen más aún en la regulación de los Estados capitalistas y el sistema mundial para favorecer el sostenimiento de la seguridad jurídica de los inversores capitalistas. Son en definitiva mecanismos para la reproducción de la dominación que recrean las condiciones de la explotación de las/os trabajadoras/es, el saqueo de los bienes, la depredación de la naturaleza y la condena a la vida miserable de los pueblos

Julio C. Gambina

Bien, llegado este punto, cuando ya hemos introducido en las últimas entregas la perversidad del propio mecanismo de la deuda, tanto para los países del norte como para los del sur, procede exponer con detalle las consideraciones generales que podemos tomar como referencia para calificar una deuda pública como ilegítima, lo cual implicaría para un país renunciar a continuar sujeto a los mecanismos que la regulan, y al gran fraude que dichos mecanismos suponen. La declaración de ilegitimidad de una deuda es el principio básico para que los países en cuestión comiencen a desarrollar mecanismos de enfrentamientos al sistema-deuda, y se empiece a poner en cuestión la necesidad del propio mecanismo. La declaración y/o reconocimiento de ilegitimidad sobre una deuda es el germen para iniciar un proceso de rebelión contra el sistema-deuda, que alimenta al capitalismo más salvaje y que somete, domina y controla a los pueblos que la soportan. Es el primer paso para poner una duda razonable al gran dogma de que "las deudas hay que pagarlas".

 

En abril de 2013, Renaud Vivien escribió un extenso y magnífico artículo para el sitio del CADTM, titulado "Algunas pistas jurídicas para calificar una deuda pública de ilegítima", que vamos a tomar como referencia para, resumidamente, exponer la casuística que los expertos estiman en torno a este tema. El autor comienza reconociendo que no existe definición del concepto de "deuda ilegítima" en Derecho Internacional (clásico efecto del pensamiento dominante, no debe extrañarnos), lo cual impide a los poderes públicos utilizar este concepto para fundamentar decisiones soberanas en relación a sus deudas. No obstante, ello no significa que no podamos apoyarnos en numerosos textos jurídicos y políticos existentes que vinculan a los Estados, tales como la Carta de las Naciones Unidas (1945), los Convenios de Viena (1969 y 1986), los Pactos sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), diversas resoluciones de las Naciones Unidas, del Parlamento Europeo, Constituciones y leyes nacionales, principios generales del derecho internacional, etc. A todo ello hay que sumar la jurisprudencia, la metodología y la casuística ya empleada en casos anteriores en la historia. 

 

La deuda ilegítima debe ser por tanto (al menos mientras no se reconozca en otros ámbitos legales) un concepto político, producto de la democracia y de la soberanía popular, cuyo contenido incluso podría variar de un país a otro, en función de los criterios que se tuvieran en cuenta. Con tal fin, es necesario, en primer lugar, un proceso de concienciación ciudadana que se implique en la elaboración de estos criterios, siendo el más usual de ellos la constitución de una Auditoría Ciudadana de la Deuda. Precisamente, éste el primer caballo de batalla al que hemos de enfrentarnos, ya que la derecha política, social y mediática bombardeará con toda su artillería pesada para que dicha concienciación ciudadana no se instale, llamando al "sensato y razonable" principio consabido de que "las deudas hay que pagarlas", y tildando de "irresponsables" a los Gobiernos que no quieran acatar este principio. El objetivo básico es demostrar que dichas deudas son ilegítimas porque han sido contraídas violando el derecho, y/o que no han beneficiado a la población. Éste último sobre todo constituye un criterio fundamental, como han puesto de manifiesto recientemente los casos ecuatoriano y noruego. Porque la obligación de reembolsar una deuda pública no es absoluta, y sólo debe servir en el caso de que sean deudas contraídas por el interés general de la ciudadanía. Por consiguiente, serán ilegítimas todas las deudas públicas acordadas contra el interés general de la población, típicamente en beneficio de ese famoso 1% más rico y poderoso. 

 

Y en ese mismo sentido se pronuncia la doctrina de la deuda odiosa, según la cual "las deudas de Estado deben ser contraídas, y los fondos resultantes utilizados, para las necesidades y el interés del Estado", Estado cuya primera obligación es respetar, proteger y promover los derechos humanos. Claro, cuando los Estados ponen por encima de ellos otros intereses particulares, de terceros actores, contraviniendo o yendo en perjuicio del interés de la población, tenemos el caldo de cultivo servido para la generación de más deudas. Ese proceso es justamente el que hay que atajar, y es el que pone verdaderamente en cuestión la falaz obligación de tener que pagar todas las deudas. Con este fin, se deben investigar diversos aspectos del endeudamiento, tales como las cláusulas del contrato del préstamo, las condiciones impuestas por los acreedores, las circunstancias que encuadran la conclusión de estos acuerdos, las causas originarias del endeudamiento, el destino real de los fondos obtenidos, el impacto de los proyectos financiados por la deuda (sobre las condiciones de vida de la población y sobre el medio ambiente), comprobar si las personas que han endeudado al país tenían la competencia jurídica para hacerlo, etc.

 

Sobre la base de estos elementos a auditar, se pueden establecer cuatro categorías de ilegitimidad de las deudas, a saber: la ilegitimidad ligada al régimen prestatario; la ilegitimidad ligada a la ausencia de consentimiento de las partes; la ilegitimidad ligada a las condiciones del préstamo; y la ilegitimidad ligada a la utilización de los fondos obtenidos mediante el préstamo. Como decimos, todos estos criterios no serán reconocidos por las grandes potencias occidentales (adalides del sistema capitalista neoliberal) ni por los tribunales a su servicio. Ellos se inclinarán más por proteger los derechos de los acreedores que los derechos de la ciudadanía afectada, así que la solución sólo podrá provenir de la presión popular conseguida para tal fin, surgida de la propia concienciación de la ciudadanía, usando criterios políticos, y apoyándose sobre actos soberanos de los Estados, que únicamente serán tomados bajo dicha presión popular. Pero dadas las oportunas circunstancias, un Gobierno responsable, valiente y con voluntad política para ello, podría utilizar los resultados del proceso de Auditoría Ciudadana de la Deuda y los argumentos políticos que vamos a ir desgranando, para desobedecer a los acreedores, desmontando el sistema-deuda, poniéndolo en evidencia, exponiendo sus injusticias, y provocando que la correlación de fuerzas se incline a su favor. Continuaremos en siguientes entregas.

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30 octubre 2015 5 30 /10 /octubre /2015 00:00

Todas las diócesis de España cuentan con al menos una publicación periódica, un programa de radio y una presencia creciente en internet y en las redes sociales. Incluso en algunas diócesis existe presencia en la programación televisiva regional o local

Memoria de Actividades de la Conferencia Episcopal Española (2013)

Y a todo esto, la Iglesia Católica cada vez más prepotente, cada vez más chulesca, cada vez más inhumana. Dos ejemplos podemos poner que nos han demostrado recientemente lo que afirmamos: en primer lugar, las vergonzosas declaraciones del Arzobispo de Valencia, Cardenal Antonio Cañizares, sobre los inmigrantes y los refugiados, de las cuales damos amplia crónica en nuestro artículo "La Iglesia y el trigo". Y en segundo lugar, el revuelo organizado sólo porque el PSOE de Pedro Sánchez (es decir, el mismo PSOE de siempre, embustero y traidor, que promete muchas cosas en campaña electoral para luego hacer lo contrario cuando gobierna) ha manifestado haber incluido en su programa electoral la desaparición de la religión como asignatura para el currículum escolar. Como sabemos, la credibilidad del PSOE para estos asuntos, es nula, pues no sólo es que durante sus gobiernos no se haya avanzado nada en este asunto, sino que incluso la Iglesia ha recibido más favores. Pero el caso es que no sólo las demás fuerzas políticas se manifestaron sobre el tema (el PP asegurando cínicamente que este era un asunto "que había zanjado nuesta Constitución"), sino que hasta el mismísimo portavoz de la CEE advirtió en rueda de prensa sobre la peligrosidad de la medida, incluso de su posible "ilegalidad". La Iglesia se ha vuelto tan poderosa que ya se cree intocable, y esto se lo debemos a las perversas políticas del bipartidismo gobernante.

 

Pero que nadie nos malinterprete. Nos encantaría que el PSOE, si llega a gobernar esta próxima legislatura, sólo, en coalición o con apoyos puntuales de otras fuerzas políticas, cumpliera de una vez su palabra, y recortara este inmenso poder de la Iglesia Católica que estamos relatando en esta serie de artículos. Sólo con hacerlo en el ámbito educativo ya progresaríamos bastante, porque cortaríamos una vía de presencia cultural de la Iglesia extremadamente potente, a la par que erradicaríamos el adoctrinamiento escolar a los menores de edad, sus retrógrados y fanáticos mensajes sobre el aborto, la educación sexual contraria a los anticonceptivos, las campañas en contra de los cuidados paliativos y de una muerte digna, o los mensajes contra el matrimonio o las parejas distintas a la heterosexual. Como se ve, con todo este cóctel fuera de combate, avanzaríamos bastante en recortar la reaccionaria labor "pedagógica" de la Iglesia. Pero no sólo habría que actuar a este nivel en el ámbito educativo, sino derogar completamente la perversa LOMCE del ex Ministro Wert, premiado con un dorado retiro en la capital francesa, como Embajador de la OCDE. En el próximo artículo (y último) de esta serie, comentaremos un poco más a fondo la situación del catolicismo en las aulas. 

 

Pero continuemos con otros temas ya apuntados en entregas anteriores de esta serie, como por ejemplo, el de las inmatriculaciones. En su crítica a la Memoria de la Conferencia Episcopal de 2013, que estamos comentando, Enrique Ruiz afirma: "El proceso de las inmatriculaciones ilegítimas realizadas en estos últimos quince años, al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, modificada por el Gobierno de Aznar en 1998, ha supuesto la apropiación fraudulenta (por decirlo suavamente) de miles de inmuebles y bienes pertenecientes al patrimonio colectivo, algunos de origen histórico, como la Mezquita de Córdoba, otros, sencillos bienes comunales como los más de mil de los que se ha apropiado la Iglesia Católica tan sólo en Navarra, por poner sólo un ejemplo. Todo ello, con la aquiescencia de todos los gobiernos que se han sucedido, tanto del PSOE como del PP". En dicha Memoria se afirma concretamente que mas de 3.000 bienes inmuebles de interés cultural pertenecen a la Iglesia, de los cuales 44 están declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad. Asímismo, disponía en 2013 de 616 santuarios (75 más que en el año anterior), y 332 museos, de los cuales 86 son diocesanos, 170 eclesiásticos y 76 pertenecen a órdenes religiosas. 

 

Y naturalmente, todos los posibles beneficios que puedan generar estos bienes inmuebles no revierten a la sociedad. Pongamos como ejemplo que los 8 millones de euros que se embolsa anualmente la Iglesia por las visitas de la recientemente apropiada Mezquita de Córdoba (que han rebautizado como "Catedral"), no son ingresos para la sociedad, sino para la propia Iglesia. Pero la Iglesia nos continúa bombardeando con su propaganda, con su mercadotecnia, con sus manidos y retrógrados mensajes, con su inmenso poderío social. Qué facil es afirmar, como hizo la Vicepresidenta del Gobierno, que "la Constitución ya señala que España es un Estado aconfesional", y quedarse tan tranquila zanjando el tema, tomándonos por idiotas, mientras sabemos que el Estado contribuye codo con codo con la propia Iglesia, como actores interrelacionados e interesados en un único fin, a la labor de presencia institucional, de financiación económica y de inmenso poder que la Iglesia posee en nuestra sociedad. Debemos reaccionar, y como toda sociedad auténticamente democrática que se precie, desmontar todo el chiringuito que la confesión católica posee en nuestro país, avanzando hacia un verdadero Estado Laico, que no apoye ninguna confesión religiosa, y que las relegue exclusivamente al ámbito privado de las creencias personales de la ciudadanía. Finalizaremos en el próximo artículo de esta serie. 

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29 octubre 2015 4 29 /10 /octubre /2015 00:00

No ha de entenderse la pobreza sólo como falta de recursos, sino principalmente como imposibilidad de ejercer los Derechos Humanos

Cristina Ramón (Plataforma "Pobreza Cero")

Fuente: http://alianzacontralapobreza.org/manifiesto-de-la-semana-contra-la-pobreza/

 

LAS PERSONAS PRIMERO.
EXIGIMOS GOBIERNOS RESPONSABLES CON LOS DERECHOS HUMANOS.

La pobreza es cada vez más extrema, intensa y crónica, por lo que es urgente cambiar este sistema que genera riqueza para el 1% y un empobrecimiento generalizado para el resto de la población, tanto en nuestro país como en el resto del globo. Un sistema que fomenta la guerra para el control geoestratégico de los recursos, la destrucción de la naturaleza y las desigualdades sociales.

Sabemos cuáles son los problemas y conocemos muchas de las causas estructurales que generan desigualdades; pero también sabemos que existen soluciones reales y factibles.

Existen compromisos internacionales, como los recién acordados Objetivos de Desarrollo Sostenible, los protocolos de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, las Convenciones de la OIT o el Protocolo de Kioto, que necesitan ser cumplidos para garantizar un cambio de rumbo y el cumplimiento de los derechos de todas y todos o continuar por la misma senda del aumento de las desigualdades, pobreza y del autoritarismo.

Como Alianza Española contra la Pobreza nos movilizamos un año más, recogiendo y haciendo nuestras propuestas que tratan de poner a las personas primero, exigiendo a los gobiernos el cumplimiento de todos los Derechos Humanos en todo el mundo, y no pararemos hasta conseguir el mundo que queremos, un mundo sostenible, sin pobreza y sin desigualdad.

Por eso, exigimos:

1. POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIALES PARA CUMPLIR CON LOS DERECHOS HUMANOS

Lo público debe seguir siendo el ámbito de actuación privilegiado para abordar los tres grandes desafíos de la nueva agenda de desarrollo hasta el 2030: la pobreza, la desigualdad y la insostenibilidad. Por ello es imperativo que los gobiernos aumenten las inversiones en políticas públicas sociales que garanticen el disfrute de los Derechos Humanos a toda la ciudadanía. Derechos que, no debe olvidarse, son civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, laborales, medioambientales y de género.

Para ello es necesario:

a. Poner en marcha políticas y presupuestos cuyo eje principal sea la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y la garantía de unos servicios sociales básicos de calidad.

b. Ampliar los presupuestos de Educación, Sanidad, Igualdad, Dependencia, Servicios Sociales, Cooperación y políticas de promoción del empleo. La solidaridad es parte de la solución a la crisis.

c. Que el Estado destine el 0,7% RNB a AOD, de acuerdo con los compromisos internacionales adquiridos, ya que la cooperación al desarrollo tiene que seguir siendo una política social que promueva a nivel global la dignidad, la calidad de vida y el bienestar de las personas que sufren las consecuencias de la pobreza.

d. Avanzar hacia un nuevo modelo productivo y económico basado en la ética y la justicia social, en el que un trabajo decente dignamente remunerado sea la base de las estrategias encaminadas a reducir la desigualdad, incluyendo políticas de apoyo a la economía solidaria y un papel activo de los gobiernos como generadores de cambios a través de cláusulas sociales de contratación y compra pública responsable, promoviendo un cambio de modelo de producción y consumo de manera urgente.

2. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

Es necesario que se desarrolle un plan de implementación de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la participación activa de la ciudadanía y un diseño ambicioso de los indicadores para su seguimiento. Las y los representantes políticos, las organizaciones de la sociedad civil y demás grupos de interés, han de estar involucrados en la planificación, el monitoreo y el seguimiento de los avances en el cumplimiento de los objetivos.

Para ello, es necesario

a. Crear mecanismos internacionales que mejoren y amplíen los marcos teóricos y científicos con los que se toman las decisiones políticas globales en el contexto de la nueva agenda. Desde la Alianza, nos sumamos a la propuesta de creación de un Panel Internacional para Erradicar la Pobreza y la Desigualdad que asuma, junto a otras instituciones, esta función.

b. Transparencia, coherencia y rendición de cuentas en éstas y todas las medidas que puedan tener consecuencias en materia del disfrute de todos los Derechos Humanos.

c. Que el gobierno español y los gobiernos autonómicos sean conscientes de que el ejercicio pleno de los Derechos Humanos conlleva obligaciones aquí y más allá de sus propias fronteras.

d. Reivindicamos que se garantice nuestra participación activa en todos los procesos que afectarán nuestra vida y la de nuestros descendientes.

3. POLÍTICAS COHERENTES CON LA JUSTICIA GLOBAL

Ya que la universalidad de los Derechos Humanos y el hecho de que la nueva agenda esté basada en ellos implica que los compromisos han de aplicarse en los países ricos y en los empobrecidos por igual. Esto supone que es necesario un marco de políticas coherentes en todos sus ámbitos (regulación financiera, comercial, AOD, deuda, política ambiental, etc.), promoviendo los sistemas fiscales suficientes, equitativos y progresivos como una de las herramientas más poderosas para afrontar las desigualdades dentro de cada país.

Por eso:

a. Reivindicamos una fiscalidad justa y equitativa, con un sistema tributario y un gasto público que redistribuyan la riqueza y combatan las desigualdades.

b. Demandamos que los recursos públicos sean gestionados con responsabilidad, coherencia y transparencia. Los recursos públicos son de la ciudadanía. Su gestión debe ser totalmente transparente y responsable.

c. Es imprescindible apuntar hacia la completa erradicación de los paraísos fiscales y la lucha contundente contra el flujo ilícito de capitales. A corto plazo es imperativo actuar decididamente contra la impunidad y la opacidad.

d. Es necesario frenar el avance desmedido de la desregulación de los mercados, por los efectos que esto tiene en el mundo entero aumentando las desigualdades y la pobreza.

e. Reclamamos que se frene el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea, que se está elaborando a espaldas de la ciudadanía. Estos tratados atentan contra los principios básicos del Estado de Derecho.

f. Exigimos que se respeten el Medio Ambiente y los Bienes Comunes del planeta. La tierra no aguanta más y no podemos continuar alimentando un consumo desmedido e ilimitado de sus recursos. Necesitamos garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos así como impulsar el Comercio justo.

g. Exigimos que los principios rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos se conviertan en obligatorios y se les dote de mecanismos de supervisión.

Por un mundo sostenible, sin pobreza y sin desigualdad.

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28 octubre 2015 3 28 /10 /octubre /2015 00:00

El TTIP sigue la senda del modelo económico en el que las grandes empresas se hacen más ricas y la brecha de la desigualdad sigue creciendo

Pia Eberhardt

Otro de los aspectos más significativos sobre las negociaciones del TTIP es el oscurantismo, el secretismo y la opacidad con la que se están llevando a cabo, desde sus inicios, allá por el mes de febrero del año 2013. No sólo es que los actores negociadores sean fundamentalmente los lobbies de las empresas privadas de los sectores implicados, sino que existe todo un halo de secretismo en torno a lo que se negocia en cada una de las sesiones, lo cual condujo a las primeras sospechas sobre el contenido de las negociaciones en sí. Porque, claro, si algo es tan bueno como ellos afirman, si va a traer tantas ventajas para todo el mundo, si va a crear tantos empleos, si va a ser un acontecimiento maravilloso...¿porqué se negocia en secreto? Muy mala espina da, por tanto, un proceso de negociación, sea para lo que sea, entre cualesquiera actores políticos y sociales, que se lleve en casi absoluto secreto como el TTIP.

 

Tan sólo algunas filtraciones de Wikileaks han ido saliendo a la luz, por las cuales hemos podido estar informados sobre las propuestas y el avance de las negociaciones, pero la verdad es que ni siquiera los propios parlamentarios europeos tienen acceso al contenido completo de las mismas. Si quieren acceder, se les concede permiso por un tiempo determinado, a personas concretas, y antes de entrar a la sala donde se archiva la documentación, son despojados de todos los útiles de grabación y/o escritura que puedan llevar (dispositivos móviles, libretas, bolígrafos, etc.), para que no puedan dejar constancia de lo que observan, y además, les hacen firmar un documento mediante el cual se comprometen a no divulgar públicamente ninguna información a la que tengan acceso. Es una de las situaciones donde la realidad supera a la ficción, pues pareciera que estuviésemos intentando acceder a altos secretos de Estado, en plan película de James Bond. Es absolutamente intolerable, en sociedades democráticas, como las que supuestamente son las europeas y la norteamericana, que se puedan dar estas aberrantes situaciones. Sabemos además que algunas partes del Tratado no verán la luz hasta que se hayan acordado y deban ser ratificadas definitivamente. 

 

Pero como decíamos, gracias al inestimable trabajo de algunas entidades de la sociedad civil y de algunos grupos políticos, se han conseguido filtrar algunos borradores del acuerdo, y algunos aspectos muy importantes de las negociaciones. Y como afirmó el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz sobre esta negociación clandestina del TTIP: "No se entiende tanto secretismo, a no ser que lo que están tramando sea realmente malo". Después de que un primer borrador del proyecto se filtrara en marzo de 2014, la Comisión Europea lanzó una aplicación para poder consultar determinados aspectos del TTIP a los ciudadanos interesados, aunque sólo sobre un número determinado de cláusulas. Ya entonces el anteproyecto filtrado reveló que el Tratado no permitiría a los gobiernos aprobar ulteriores leyes para la posible regulación de ciertos sectores económicos considerados estratégicos, tales como la banca, los seguros, los servicios postales, o de telecomunicaciones. Se comprende la obsesión por el secretismo, no obstante, si alcanzamos a entender el altísimo concepto que los negociadores poseen sobre la amplitud de la competencia económica, entendida para ellos como una libertad fundamental, suprema e inalienable. Es tal la presión que las grandes corporaciones ejercen sobre los organismos internacionales, que dicho concepto ha conseguido alcanzar tal grado de respeto y de sumisión. 

 

La libertad económica, o si se quiere la economía de libre mercado, es situada por tanto en el máximo escalón posible, en la cima de las libertades, magnificada y sobrevalorada de tal forma que se coloca por encima incluso de los propios derechos humanos, en los que, por supuesto, no creen. Es absolutamente ridículo y paradójico que mientras algunas Comisiones de la ONU avanzan en la definición de normativas para asegurar la Carta de Derechos Humanos Emergentes, o en protocolos para amortiguar el cambio climático, se estén favoreciendo auténticos engendros comerciales como el que nos ocupa...¿acaso no se dan cuenta de que ambos avances son radicalmente opuestos, de que uno van en contra del otro, de que uno no puede conseguirse si no abolimos el otro? Hemos de concluir entonces la incapacidad de la ONU para poner orden en el caos de esta globalización capitalista y neoliberal que nos domina y oprime, así como la necesidad de su urgente refundación y democratización.

 

Las normas a las que afecta esta "libertad comercial" pueden ser de cualquier tipo, y afectar a los diferentes ámbitos donde la sociedad establece sus límites: éticas, democráticas, legales, sociales, referentes a la salud o de naturaleza medioambiental, financieras, económicas o técnicas. Los europarlamentarios de izquierdas Laia Ortiz y Ernest Urtasun, entrevistados para eldiario.es, aseguraron al respecto: "Esto no es sólo comercio. Como dice el profesor canadiense David Schneiderman, esto es un "nuevo constitucionalismo", que garantiza derechos a los inversores por encima de los derechos de los ciudadanos. La institucionalización que necesita el neoliberalismo para consolidar su régimen. En definitiva, la pérdida de la soberanía popular ante unos inversores que ya no respetan ni las normas más básicas del pacto social. El sueño neoliberal, la pesadilla democrática". Es necesario por tanto una ciudadanía bien informada, que sea capaz de ejecutar la presión necesaria para que este Tratado aberrante y antidemocrático nunca vea la luz. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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