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19 diciembre 2017 2 19 /12 /diciembre /2017 00:00
Viñeta: Jean-François Rochez

Viñeta: Jean-François Rochez

Puesto que la mayoría de líderes políticos responde a la presión, los científicos, los medios de comunicación y los ciudadanos deben insistir en que sus gobiernos pasen a la acción inmediata, como un imperativo moral hacia las actuales y futuras generaciones, humanas y de otras formas de vida

Fragmento del Manifiesto

Un total de 15.364 científicos de 184 países han publicado recientemente en la prestigiosa revista "BioScience" un Manifiesto de "Advertencia a la Humanidad" que ha sido replicado en diversos medios, y que a continuación nos vamos a hacer eco desde esta humilde tribuna. Se trata del segundo aviso mundial después del realizado el año 1992. Básicamente nos llaman la atención sobre la velocidad a la que avanzamos hacia el abismo, y que pronto será ya demasiado tarde para corregir el rumbo, y poder desviarnos de nuestra trayectoria. Una diabólica trayectoria condenada al fracaso, y que acabará con el concepto de vida tal cual hoy la entendemos.  Reproducimos a continuación el texto completo del Manifiesto:

 

Hace 25 años la asociación norteamericana Union of Concerned Scientists y más de 1.500 científicos independientes, incluyendo la mayoría de los Premios Nobel en Ciencias que vivían entonces, escribieron “La Advertencia de los Científicos del Mundo a la Humanidad”, 1992. Estos profesionales preocupados, reclamaron a la humanidad que frenase la destrucción ambiental y avisaron de que “sería necesario un gran cambio en nuestra forma de cuidar la Tierra y la vida sobre ella, si quería evitarse una enorme miseria humana...”. En su manifiesto, mostraban que los seres humanos estaban en rumbo de colisión con el mundo natural. Expresaron preocupación acerca de daños actuales, inminentes y potenciales sobre el planeta Tierra por: La destrucción de la capa de ozono, la disponibilidad de agua dulce, el colapso de la pesca marina, el incremento de zonas muertas en los océanos, la pérdida de masa forestal, la destrucción de biodiversidad, el cambio climático y el crecimiento continuado de la población. Proclamaron que cambios fundamentales eran urgentes y necesarios para evitar las consecuencias que nuestro actual rumbo podrían acarrearnos.

 

Los autores de la declaración de 1992 temían que la humanidad estaba empujando a los ecosistemas de la Tierra más allá de su capacidad de soportar la red de la vida. Describieron cuán rápido nos estábamos aproximando a muchos de los límites de lo que el planeta puede tolerar sin daños serios e irreversibles. Los científicos alegaron que deberíamos estabilizar la población, describiendo como la enorme cifra - que ha crecido en 2000 millones desde 1992, un incremento del 35 % - ejerce una presión sobre la Tierra que puede aplastar otros esfuerzos para conseguir un futuro sostenible (Crist et al. 2017). Imploraron que redujéramos las emisiones de gases efecto invernadero (en adelante, GEI) y eliminásemos los combustibles fósiles, redujéramos la deforestación y revirtiéramos la tendencia de extinción de la biodiversidad.

 

En el 25º aniversario de su llamada de atención, miramos hacia atrás a su alarma y evaluamos la respuesta humana, analizando la evolución en el tiempo de los indicadores disponibles. Desde 1992, con la excepción de que se ha estabilizado la capa de ozono, la humanidad ha fracasado en hacer suficientes progresos para resolver esos retos ambientales previstos y, de manera muy alarmante, en la mayoría de ellos, estamos mucho peor que entonces. Especialmente preocupante es la trayectoria actual del catastrófico cambio climático de origen humano debido a las crecientes emisiones de GEI procedentes de la quema de combustibles fósiles (Hansen et al. 2013), la deforestación (Keenan et al. 2015) y la producción agrícola - principalmente por la ganadería de rumiantes y el consumo de carne (Ripple et al. 2014). Además, hemos desatado un evento de extinción masiva de especies, la sexta en unos 540 millones de años, mediante la cual muchos de las actuales formas de vida podrían ser aniquiladas o, como poco, comprometidas a la extinción hacia el final de este siglo.

 

Por la presente, damos un Segundo Aviso a la Humanidad (...). Estamos poniendo en peligro nuestro futuro por nuestro desproporcionado consumo material y por no darnos cuenta de que el alocado crecimiento de la población mundial es el principal impulsor detrás de la mayoría de amenazas ecológicas e, incluso, societales (Crist et al. 2017). Con su fracaso en limitar adecuadamente el crecimiento de la población, en reevaluar el papel de una economía enraizada en el crecimiento permanente, en reducir la emisión de GEI, en incentivar la energía renovable, en proteger el hábitat, en restaurar los ecosistemas, en parar la extinción de fauna, en frenar las especies invasivas, la humanidad no está tomando los pasos urgentes que necesitamos para salvaguardar nuestra muy amenazada biosfera.

 

Puesto que la mayoría de líderes políticos responde a la presión, los científicos, los medios de comunicación y los ciudadanos deben insistir en que sus gobiernos pasen a la acción inmediata, como un imperativo moral hacia las actuales y futuras generaciones, humanas y de otras formas de vida. Con una marejada de esfuerzos desde organizaciones surgidas desde el pueblo, la obstinada oposición puede ser superada y los líderes políticos se verán obligados a hacer lo correcto. Es también el momento de reexaminar y modificar nuestros comportamientos individuales, incluyendo nuestra propia reproducción (idealmente, al nivel de reemplazo, 2 hijos por mujer, como máximo) y reducir drásticamente nuestro nivel de consumo per-cápita de combustibles fósiles, carne y otros recursos.

 

La rápida reducción mundial de las sustancias que destruían la capa de ozono nos muestra que podemos hacer cambios positivos cuando actuamos de manera decidida. También hemos hecho avances importantes para reducir la pobreza extrema y el hambre (www.worldbank.org). Otros progresos notables incluyen: rápida reducción de las tasas de fertilidad en muchas regiones mediante políticas educativas entre mujeres y jóvenes (www.un.org/esa/population), la prometedora reducción de la tasa de deforestación en algunas regiones y el rápido despliegue de energías renovables. Hemos aprendido mucho desde 1992, pero el progreso de los cambios necesarios y urgentes en políticas ambientales, comportamiento humano y reducción de las inequidades globales está, todavía, lejos de ser suficiente.

 

Las transiciones hacia la sostenibilidad se pueden producir de diferentes maneras, pero todas requieren presión de la sociedad civil y argumentaciones basadas en evidencias, liderazgo político, políticas adecuadas, mercados y otras consideraciones. Ejemplos de acciones diferentes y efectivas que la humanidad puede tomar para la transición a la sostenibilidad incluyen (sin presumir orden de importancia o urgencia):

 

Priorizando la promulgación de grandes reservas protegidas de una proporción significativa de los hábitats terrestres, marinos, de agua dulce y aéreos de todo el mundo;

 

Mantenimiento de los servicios ecosistémicos de la naturaleza parando la conversión de selvas, bosques, pastizales y otros hábitats naturales;

 

Restaurar comunidades con plantas autóctonas a gran escala, principalmente, bosques;

 

Devolver a la naturaleza salvaje zonas con especies nativas, especialmente con depredadores ápice, para recuperar procesos y dinámicas ecológicos;

 

Implementar políticas adecuadas para remediar la extinción de especies animales, la caza furtiva y la explotación y comercio de especies amenazadas;

 

Reducir el desperdicio de alimentos mediante educación y mejores infraestructuras;

 

Promover un cambio hacia dietas más vegetales y menos animales;

 

Promover la reducción adicional de los índices de fertilidad procurando que mujeres y hombres tengan acceso a la educación reproductiva y a los servicios voluntarios de planificación familiar, especialmente, en lugares donde falten tales recursos;

 

Aumentar la educación ambiental para niños y fomentar un mayor aprecio por la naturaleza por parte de la sociedad.

 

Desinvertir en inversiones monetarias e invertir en iniciativas que promuevan cambio ambiental

 

Idear y promover tecnologías no contaminantes y adoptar masivamente energías renovables y, simultéaneamente, eliminar subvenciones a la producción de energía con combustibles fósiles.

 

Revisar nuestra economía para reducir desigualdades y asegurarse que precios, impuestos y sistemas de incentivos tengan en cuenta los costes reales que nuestro patrón de consumo imponen en nuestro medio ambiente; y

 

Evaluar de manera científica el tamaño de población humana sostenible a largo plazo y pedir a las naciones y a sus líderes que apoyen ese objetivo vital.

 

Para prevenir pérdidas catastróficas de biodiversidad y un deterioro generalizado de las condiciones de vida humana, la humanidad debe poner en práctica una forma de vida más sostenible ambientalmente que la actual (“business as usual”). Esta receta ya fue bien articulada hace 25 años por los científicos del mundo, pero en la mayoría de los temas, no hemos escuchado su llamada de atención.

 

Pronto será demasiado tarde para cambiar el rumbo de la actual trayectoria que nos lleva al fracaso y nos estamos quedando sin tiempo. Debemos reconocer, en nuestras vidas diarias y en nuestras instituciones de gobierno, que la Tierra con toda su vida es nuestro único hogar.

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18 diciembre 2017 1 18 /12 /diciembre /2017 00:00
Por la senda del Pacifismo (81)

¿Cuántas vidas más, cuántas ciudades bombardeadas, cuántos pueblos destruidos para que despertemos? ¿Cuánto tejido social tiene que ser calcinado para que el mundo reaccione? ¿Cuándo seremos capaces de detener a la OTAN y a Estados Unidos?

Ilka Oliva

Como venimos afirmando, la Unión Europea es un actor fundamental en todo el entramado imperialista y de la OTAN, y una de sus actuaciones principales en este campo tiene que ver con las exportaciones de armas que lleva a cabo. De entrada, la ausencia de un control democrático sobre este espinoso asunto nos pone en guardia sobre el mismo. La Red Europea Contra el Comercio de Armas (ENAAT, por sus siglas en inglés) ha criticado fuertemente al Consejo de Europa en este contexto. En este artículo del medio Rebelion se han publicado a fecha de mayo de 2016 algunos datos que vamos a reproducir a continuación. Las cifras muestran que la primera zona de destino geopolítico por parte de los sistemas militares de los países de la UE ha sido Oriente Medio, lo cual significa que los países miembros de la UE siguen vendiendo una extensa cantidad de armas a las áreas del planeta donde concurren un mayor número de conflictos y regímenes autoritarios. Lo peor de todo es que los países miembros de la UE han otorgado conscientemente licencias de armas a países donde se vulneran los derechos humanos y que participan activamente en guerras, como es el caso de Arabia Saudí (3,9 billones en volumen de exportación de armas), Qatar (11,5 billones), Egipto (6,15 billones) o Israel (998 millones). Detrás de las buenas palabras y de las declaraciones de intenciones de los líderes europeos, se sigue encontrando el papel de bombero pirómano que Europa desempeña y que, por desgracia, nunca reconoce. La sociedad civil y el Parlamento Europeo realizan continuos llamamientos a la transparencia y al control democrático sobre las exportaciones de armas, pero el poder del complejo militar-industrial y los intereses de las grandes empresas transnacionales se imponen de facto. 

 

Arabia Saudí sigue siendo el destino más destacado de las armas fabricadas en la Unión Europea durante los últimos 15 años, y entre los grandes clientes de armas europeas también podemos encontrar a Qatar, Argelia, Marruecos, Egipto, la India, Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Teniendo en cuenta la pobreza que muchos de estos países soportan, la continua violación de derechos fundamentales que su población sufre, o su participación en conflictos, sus presuntos vínculos con grupos terroristas, es sorprendente comprobar cómo nuestros "civilizados" y "libres" gobiernos occidentales los consideran destinos legales para emprender una política responsable de exportación de armas. El colmo del desatino es la continua victimización que se realiza cuando algunos de dichos atentados terroristas estalla en suelo europeo, y nuestros dirigentes alegan vergonzosos motivos para explicarlos. En vez de contribuir a la seguridad mundial, la venta de armas en la UE está, más bien, para alimentar y reproducir conflictos, como el de Yemen (uno de los más cruentos de las últimas décadas), o para confirmar la connivencia con regímenes represivos, como los de Arabia Saudí, Israel o Egipto. Por otra parte, como también hemos discutido en otros artículos de este Blog, dichos conflictos aumentan los flujos de migración y la presión de los refugiados en las fronteras mismas de la Unión Europea, es decir, justo lo antagónico a unas funciones de fomento de la paz, de las vías diplomáticas y de la reconstrucción de los países devastados. Ni qué decir tiene que, desde una óptica pacifista, las exportaciones de armas deberían estar absolutamente prohibidas, pues se trata de un negocio (al igual que algunos otros) ilícito que obtiene sus beneficios de la muerte y la destrucción. 

 

Pero vamos a otro asunto donde la OTAN también posee un significado importante, como es la crisis que se lleva gestando en la frontera con Rusia. No es un asunto menor, pues las intenciones de la Alianza son las de aislar cuanto más a la Federación Rusa, hostigando militarmente sus fronteras, y atrayendo a su mundo occidental a cuantos países satélites sean posibles. El conflicto está larvándose desde hace ya varios años, y puede estallar en cualquier momento. Occidente no da importancia a la continua expansión de la OTAN, pero ha de respetar que otros actores sí se la den. Básicamente lo que está en debate y en el fondo de este hostigamiento de la OTAN es el hecho de poder conseguir (o no) una Europa más amplia, que responda a una visión continental, que abarcara desde Lisboa a Vladivostok, con múltiples centros en Moscú, Ankara o Bruselas. A Estados Unidos siempre le ha aterrado esta posibilidad, así que desde el final de la Guerra Fría lleva hostigando y cercando los límites fronterizos de Rusia, atrayendo hacia la OTAN a los antiguos satélites de la URSS, es decir, a los países bálticos y la de Europa del Este. De ahí que desde hace varios años la expansión de la OTAN esté siendo imparable, incluso violando las garantías verbales que se le habían prometido en su día a Mijail Gorbachov de que las fuerzas de la OTAN no se trasladarían jamás hacia el Este, después de que Rusia accediera a que la Alemania unificada pudiera convertirse en miembro de la OTAN. Pero como decimos, la realidad es que la OTAN no ha dejado de avanzar hasta las fronteras de Rusia. Especialmente preocupantes para la Federación Rusa son los planes de ampliar la OTAN hasta Ucrania. 

 

¿Existen de verdad estos planes? Pues según las filtraciones, estos planes se trazaron explícitamente durante la Cumbre de la Alianza Atlántica que tuvo lugar en Bucarest en abril de 2008, cuando a Georgia y Ucrania se les prometió un eventual ingreso en la organización armada. De ahí podemos deducir que las inquietudes de Rusia son fáciles de comprender, al igual que lo son, por ejemplo, las de Corea del Norte. La crisis de Ucrania estalló con este conflicto de fondo, pues subyacía según muchos analistas el compromiso de Washington de apartar a Ucrania de la órbita histórica de Moscú y de su completa influencia cultural y dependencia económica, e integrarla completamente en Occidente. Los recelos de Rusia son, por tanto, totalmente comprensibles. El imperialismo norteamericano y su brazo ejecutor, la OTAN, están demostrando ser el elemento esencial de la estructura bélica del imperio occidental, donde se encuadran los países más desarrollados y ricos del planeta, y de la estructura de dominación de clase a escala planetaria. Y en este sentido, las ansias dominadoras y expansivas de la OTAN son incesantes, obsesivas, y no se detienen ante nada. Para ello la OTAN genera una continua demanda de inversiones en armamento, potencia una ingente industria militar, y fomenta una cultura de la guerra y un militarismo exacerbado que difunde los peores instintos del ser humano. Por otra parte, la OTAN impide la emancipación de los pueblos que deseen emprender caminos alternativos al imperialismo, caminos de independencia energética y económica, y que intenten implantar sistemas económicos distintos al fracasado, brutal y despiadado capitalismo globalizado. 

 

Hemos de impedir este continuo proceso de expansión planetaria de la OTAN, paralelo a las otras iniciativas de expansión económica y comercial, pues todo forma parte de la misma estrategia dominadora de la globalización capitalista. Ello cursa de modo tácito o expreso con una absoluta traición y renuncia a la soberanía de los pueblos, que se explicita en la entrega incondicional de sus gobiernos a la OTAN y su sometimiento a los dictados de los Estados Unidos. Y para garantizar todos estos objetivos, la OTAN y el propio imperialismo llevan a cabo un estricto control de la disidencia interna, una militarización de la sociedad, una generalización del miedo, una evolución hacia modelos sociales y políticos de excepción y hacia Estados policiales, lo que puede llegar incluso al establecimiento de alianzas con movimientos fascistas y servicios secretos en actividades terroristas en el interior de los países aliados. La OTAN es un terrible monstruo de mil cabezas del que es necesario alejarse, al que no se debe alimentar, y que se constituye por sí mismo en amenaza mundial. La OTAN se autoproclama como una organización defensiva, cuando su actividad ha sido esencialmente ofensiva durante los últimos 25 años. La OTAN alimenta peligrosamente el discurso cultural con contenidos ideológicos, tanto en los medios de comunicación como en la industria cultural. Promociona constantemente una cultura de la guerra que admite su existencia como algo inevitable, y que lleva a tolerar y a aceptar el recurso a la violencia, ocultando y minimizando sus aspectos rechazables. Todo ello favorece en el fondo la impunidad de que esta peligrosa organización goza, y en general de quienes ejercen la violencia contra los pueblos del mundo. Continuaremos en siguientes entregas. 

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15 diciembre 2017 5 15 /12 /diciembre /2017 00:05
Arquitectura de la Desigualdad (68)

En todos lados, el pago de la deuda pública es el pretexto invocado por los gobernantes para justificar políticas que atacan los derechos económicos y sociales de una aplastante mayoría de la población. Si los movimientos sociales y, entre ellos, los sindicatos quieren afrontar victoriosamente esta devastadora ofensiva, es necesario atacar la cuestión de la deuda pública de forma radical con el fin de sacarle al poder su argumento principal

Eric Toussaint (Portavoz de CADTM Internacional y miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia)

Continuando con el tema de la deuda pública y su importancia como obstáculo para poder revertir la desigualdad, veamos el caso español en cifras como ejemplo más cercano. En junio de 2016 la deuda pública española representaba el 100,9% del PIB y, del monto global (1,1 billones de euros), más de 938.000 millones de euros correspondían a la Administración estatal, más de 273.000 millones de euros correspondían a las Comunidades Autónomas, y sólo algo más de 35.000 millones de euros a los Ayuntamientos, según los datos del Banco de España. El informe "Análisis de la Deuda del Estado Español", de junio de 2015 (que puede consultarse y descargarse gratuitamente en el enlace http://www.cadtm-org/IMG/pdf/Analisis_Deuda_EE_PACD_Definitivo.pdf) arrojaba ya entonces conclusiones demoledoras. El Estado asumió como consecuencia del "rescate" bancario una deuda "indirecta" de más de 165.000 millones de euros, al ayudar y avalar a las entidades financieras (créditos fiscales, préstamos del BCE, avales del Estado a la emisión de deuda bancaria y a la deuda "senior" emitida por la SAREB o banco "malo"); y además una deuda "oculta" por valor de 1.069.941 euros (avales implícitos del Estado a los depósitos bancarios, garantías del FROB en los procesos de privatización o los esquemas de protección de activos). La suma de estas dos deudas, la "indirecta" y la "oculta" por las ayudas al sector bancario ascendía a 1,2 billones de euros, lo que equivalía al total de la deuda pública directa (a datos de diciembre de 2013). El problema de tener una deuda pública de más de un billón de euros es que la partida anual de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se resiente en unos 30.000 millones de euros en pago de intereses. 

 

Lo explica perfectamente Eduardo Bayona en este reciente artículo para el medio Publico, donde destaca el dato de que, en menos de seis años, el Gobierno (el PP de Mariano Rajoy, en este caso) ha disparado la deuda en 370.000  millones de euros. Eso supone en intereses, y en el mismo plazo, la friolera de 170.000 millones de euros. Evidentemente, con una cantidad como esa inhabilitada anualmente de los PGE es prácticamente imposible llevar a cabo ciertos proyectos de enorme interés social, ya que necesitan ser financiados de forma masiva. Así es muy fácil argumentar que "no hay dinero" cada vez que cualquier fuerza política o asociación o colectivo ciudadano solicitan al Ejecutivo la puesta en marcha de alguna medida para paliar la enorme desigualdad social. Y así, se resienten fundamentalmente los principales servicios públicos que conforman el ya debilitado Estado del Bienestar, lo cual, unido a otro tipo de medidas para favorecer a los más ricos y poderosos (como la permisividad hacia la evasión fiscal y los paraísos fiscales, de los que ya hablaremos a fondo en el siguiente bloque temático), no hacen sino fortalecer la senda de la aberrante desigualdad social que padecemos. De esta forma, los Gobiernos como el nuestro se endeudan continuamente, ya que además esto es barato por los bajos tipos de interés que se derivan de la política "ultraexpansiva" (en expresión de Eduardo Garzón) del BCE (en nuestro contexto europeo). Mecanismos como las Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones, a diferentes plazos, se emiten de forma masiva y descontrolada. Todo ello además no son medidas aisladas, sino que se enmarcan en un conjunto de decisiones de política fiscal, económica y financiera que delimitan profundamente los posibles marcos de actuación. 

 

Todas las medidas (control del déficit, mecanismo de endeudamiento, etc.) forman lo que comúnmente se ha venido en denominar "Regla de Gasto", y que delimita una de las mayores tiranías en el campo económico que despliega el dogma neoliberal. Amparados en sus famosos y falaces mantras ("las deudas hay que pagarlas", "no se puede gastar más de lo que se tiene", etc.), diseñan todo un indecente sistema que acota las posibilidades de maniobra de cualquier Gobierno en beneficio del interés general de su población. Lo han explicado Isidro López y Raúl Camargo en este artículo para la revista Viento Sur, que seguimos a continuación. Básicamente, el tronco común de todas estas políticas que consagran la desigualdad consiste en elevar a rango de ley lo que ellos llaman "políticas de austeridad" (de nuevo, se trata de un uso incorrecto e interesado del lenguaje). La verdadera austeridad no les interesa en absoluto, sino que simplemente lo que buscan es el sometimiento del poder político al poder financiero. En palabras de los autores: "Los rescates no fueron sino la fase más agónica de esta lógica de sumisión de las economías y las sociedades europeas al poder de las finanzas mediante la prioridad absoluta del pago de la deuda". Y así, el blindaje legal del pago prioritario de la deuda, obliga a los Estados y a sus Administraciones Públicas en general a poner en segundo plano el gasto productivo o social que beneficia a las clases trabajadoras. Pero además este endiablado sistema-deuda cumple una segunda función muy importante, puesto que el blindaje del pago de la deuda obliga primero a las Administraciones a recortar en cualquier tipo de gasto que no sea el servicio de la deuda y sus desorbitados e insostenibles intereses, y luego, a privatizar o externalizar los mismos servicios públicos que el pago de la deuda ha convertido en inviables. 

 

Se intenta de este modo legitimar todo un acoso a las funciones y servicios públicos gratuitos y universales, pretextando para ello su insosteniblidad debido a su alto "coste" presupuestario, e instando a su derivación hacia el mundo de la iniciativa privada. Los autores del artículo de referencia concluyen de forma contundente: "La regla de gasto (...) es posiblemente una de las regulaciones económicas más brutales y contraproducentes de cuantas se inscriben en el de por sí irracional e injusto universo económico de la austeridad". En la práctica, cuanto más crecen los ingresos de una determinada Administración Pública y cuanto más alto es el superávit en sus cuentas, más dinero se destina para el pago de la deuda. Todo ello se calcula en relación a un modelo económico (ideológico en el fondo), que tiene por objeto inhabilitar de forma constante y en grado creciente cierto porcentaje de los recursos de las arcas públicas, precisamente para que las Administraciones no puedan dedicarlos a gasto social. En la práctica, esto significa que ninguna Administración (Estado Central, Ayuntamiento o Comunidad) puede realizar políticas económicas expansivas, y el intentar hacerlo puede costarle caro (que se lo digan, sin ir más lejos, al Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena, que ha sido sancionado precisamente por esta causa). En Madrid, después de haber reducido gran parte de la deuda del Ayuntamiento, el Gobierno de Ahora Madrid ha intentado desarrollar políticas sociales hacia su población y revertir hacia el pueblo madrileño dicha situación de "bonanza" (relativa) económica, pero la tiranía del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro ha tirado para atrás dicho intento. 

 

El bienestar de las mayorías sociales se ve indefinidamente sacrificado en aras a un supuesto "saneamiento de las cuentas" que no es tal, sino simplemente una fijación u obsesión política para cumplir esa demencial e injusta "regla de gasto". Y así, las posibles inversiones sociales y productivas quedan interceptadas, los intentos de implementar políticas de justicia fiscal, social o económica quedan abortados, y las ansias de dedicar más recursos a los servicios públicos que disfrutan el conjunto de la ciudadanía quedan anuladas. Es una forma "legal" de consagrar la desigualdad, un mero mecanismo pseudoeconómico (pues se basa en puros preceptos ideológicos cuya veracidad nunca se ha demostrado) para atar los proyectos, objetivos e intenciones de cualquier Administración, Estado o Gobierno, para que nunca sea posible dedicar recursos públicos a reducir las tremendas desigualdades, y a diseñar políticas de justicia social. Necesitamos planificar una racionalidad económica y presupuestaria diferente, más eficiente, pero sobre todo más justa, que abandone de una vez por todas los mantras de una regla de gasto que en realidad obedece a serviles dogmas del neoliberalismo económico más fanático. Necesitamos enfrentarnos decididamente contra quienes, usando la deuda como un pretexto, aniquilan las posibilidades de disfrutar de servicios públicos gratuitos, universales y de calidad, para contribuir únicamente a la espiral de una deuda infinita que sólo beneficia a los más poderosos. La deuda ata de pies y manos a cualquier Administración que desde planteamientos políticos y sociales justos intente diseñar políticas y medidas que contribuyan a paliar y a reducir las desigualdades. Habrá desigualdad mientras no existan recursos, y no existirán recursos mientras el pago de las deudas y de sus intereses sigan copando una parte importante de los presupuestos públicos. Continuaremos en siguientes entregas. 

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13 diciembre 2017 3 13 /12 /diciembre /2017 00:00
Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

A veces el problema radica en el tipo de historia que se explica. (…) La historia tiene otra función además de recordar el pasado: educarnos en nuestro propio presente. (…) Es que además la historia no es algo que se transmita solo en las aulas, también se trasmite en el seno de las familias, en el callejero, en las plazas… es todo lo que nos rodea. Y si la que se pretende mantener es aquella que ensalza a los golpistas frente a los que defendieron el régimen legítimo de su país, poco puedes hacer en un aula

Leandro Álvarez Rey

En la entrega anterior nos quedamos haciendo un breve recorrido por la propuesta de Ley de Memoria Histórica que ha aprobado recientemente la Comunidad Autónoma de Andalucía, como buen referente de una ley que se precie de tal, ayudados de este magnífico artículo de Olivia Carballar para el medio La Marea. Continuaremos con él, pues nos quedan aún algunos aspectos que comentar. Otro asunto que impulsa el texto andaluz son los lugares de memoria, una figura creada por la Junta de Andalucía con anterioridad a la confección y aprobación de esta ley, y mediante la que se han protegido más de medio centenar de enclaves, que tendrán que ser señalizados e incluidos en un inventario creado a tal efecto. Según la normativa aprobada, las legislaciones referentes a la ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente tendrán que respetar en todo caso y en todo momento estos lugares, y las posibles actuaciones necesitarán un informe preceptivo antes de la aprobación definitiva de las mismas. Asímismo, las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de los terrenos o inmuebles reconocidos como "lugares de la memoria" tienen el deber de conservarlos y mantenerlos. La falta de este cumplimiento facultará a la Administración para la expropiación total o parcial del lugar por causa de interés público o social. De igual modo, la Junta también podrá descatalogar los lugares "cuando hayan desaparecido las circunstancias que motivaron su inscripción". En cuanto al movimiento asociativo, la normativa andaluza reconoce explícitamente el papel y la relevancia del mismo, ya que fue una de las reivindicaciones del colectivo en la tramitación del texto. 

 

Para la ley andaluza, "las entidades memorialistas contribuyen a la concienciación social para la preservación de la Memoria Democrática de Andalucía y a la defensa de los derechos de las víctimas". Durante todos estos años de recuperación y defensa de la memoria, han sido sobre todo las entidades memorialistas las que han hecho el trabajo que ahora asume la Administración con esta ley. Por ello, dichas entidades son reconocidas en la normativa como titulares de intereses legítimos y colectivos de las víctimas. Por lo demás, el texto recoge la creación de un registro de entidades de memoria democrática, un censo de la represión, un Consejo de la Memoria Democrática de Andalucía y un Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía. Será responsabilidad de la Administración recoger, reunir y recuperar los fondos documentales, testimonios orales, etc. Todo el acceso a dichos documentos queda garantizado. Otro importantísimo asunto que la ley andaluza recoge es el relativo a la educación. Los contenidos sobre la memoria democrática serán recogidos e incluidos en el currículum de primaria, secundaria, bachillerato y en el educación permanente de personas adultas, pero no como una asignatura específica. Por su parte, la Consejería de Educación incorporará a los planes de formación del profesorado "la actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la Memoria Democrática de Andalucía". Además, se impulsará su incorporación en los estudios de nivel universitario donde proceda. Por tanto, y como ha quedado resumido, la ley andaluza nos parece un buen punto de referencia, aunque por supuesto no es perfecta, y adolece aún de varios aspectos que pudieran estar mejor tratados. Aún así, es quizá la mejor punta de lanza a nivel nacional que podemos observar, y por eso la hemos explicado en esta serie de artículos. 

 

Bien, finalizada ya la exposición del primer referente, nos quedan aún dos detallados programas de acción política dedicados a la plena superación del franquismo. El primero figura como anexo en este artículo (cuyos puntos anteriores ya hemos repasado en anteriores entregas) del medio Eco Republicano. En lo que sigue vamos a relatar los sucesivos puntos que conforman la Propuesta de programa contra la impunidad y de fortalecimiento democrático. Se trata de un catálogo de 18 puntos programáticos, extraídos y resumidos de la Federación Estatal de Foros por la Memoria y FAMYR. Vamos a ir exponiéndolos y comentándolos:

 

1.- Ratificación de la "Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad". Como ya hemos afirmado en otros puntos de esta serie, es fundamental acogerse a este enfoque para desarmar el argumento principal que utilizan los que aún sostienen la impunidad, que es basarse en la Ley de Amnistía de 1977, como ley de punto final. 

 

2.- Declarar por Ley la nulidad de todas las acciones legales del régimen franquista, haciendo mención expresa a las Resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por unanimidad por la Asamblea General de la ONU el 9 de febrero de 1946 (Res. 32 (I)) y el 12 de diciembre de 1946 (Res. 39 (I)), y a su carácter criminal según las normas de derecho internacional. Si algún lector o lectora tiene dudas de la necesidad de declarar la nulidad de las mismas, que vuelva a las entregas anteriores de esta serie donde se relataban la gravedad, indefensión y falta absoluta de respeto a los derechos fundamentales que recibían los encausados durante los juicios sumarísimos del franquismo. 

 

3.- Declarar la nulidad de todos los juicios penales y militares por arbitrarios e ilegales, adoptando las medidas adecuadas para el resarcimiento proporcional y actualizado de las víctimas, así como la reconstrucción de los archivos penales y judiciales afectados. Este punto viene a complementar el anterior. 

 

4.- Elaborar una ley de exhumaciones e identificación de víctimas que tenga en cuenta los tipos de delitos, el necesario conocimiento de la verdad, y que fije los procedimientos acordes con el derecho internacional de los derechos humanos. En parte, esta tarea es lo que ha concretado la ley andaluza que hemos examinado en la anterior entrega y más arriba. Básicamente, la Administración Pública es la que debe asumir todas las funciones y responsabilidades en lo relativo a la búsqueda, recuperación y exhumación de restos de fusilados y represaliados por el franquismo, tanto en lo tocante al presupuesto público para afrontarlo como al despliegue de medios humanos y materiales necesarios. Dicha ley ha de tener en cuenta además los diferentes tipos de enterramientos clandestinos, oficiales, etc., y resolver el caso de las fosas comunes producto del plan de exterminio, de los enterramientos ilegales y de las fosas comunes de las tropas regulares en los frentes de batalla. 

 

5.- Elaboración de un Manual de Antropología Forense adaptado a las normas internacionales de derechos humanos, crímenes de guerra y a la situación histórica de la Segunda República y del régimen franquista, que permita ordenar los desenterramientos en orden a la instrucción penal correspondiente en función del tipo de delitos y las víctimas, sean éstas civiles o soldados regulares en los frentes de batalla. Sólo de esta forma podrá contribuirse en mayor grado a la verdad y al conocimiento riguroso de los hechos. Continuaremos en siguientes entregas.

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11 diciembre 2017 1 11 /12 /diciembre /2017 00:00
Por la senda del Pacifismo (80)

“Estamos en guerra” no es una proclama, es una descripción de la realidad. Una realidad que nos negamos a aceptar para evitar reconocer que somos cómplices, o admitir el riesgo que implica permanecer pasivos frente a la escalada belicista de la coalición occidental de la que formamos parte

Foro contra la Guerra Imperialista y la OTAN

Y lejos de lo que podría parecer (en el sentido de sospechar que España posee un papel muy difuso y secundario dentro de las actividades de la OTAN), nuestro país participa hoy día de una forma muy activa en los diversos conflictos internacionales donde la OTAN decide y organiza. Aproximadamente (pues es una cuestión muy cambiante en el tiempo) estamos hablando de unos 14 escenarios bélicos a lo largo y ancho de todo el mundo, con unos 3.000 soldados aproximadamente desplazados a los lugares de conflicto. El total de fondos que el Estado Español dedica a estos conflictos (entre presupuesto de Defensa y aquéllos otros que están disfrazados, pero que también sirven al mismo objetivo) en torno a unos 32.000 millones de euros (¡cuánto bueno podríamos hacer con ese dinero!). Además de ello, poseemos varias bases militares instaladas en nuestro territorio, y en nuestra base de Rota se está construyendo un búnker para albergar a la plana mayor de la Alianza Atlántica. ¿Necesitamos más razones para concluir que nuestra pertenencia a la OTAN (en general la de cualquier país) no tiene absolutamente ningún sentido? ¿Cuántos argumentos más necesitamos para entender que la pertenencia a la OTAN es justo lo contrario a emprender una senda pacifista, o a que es absolutamente imprescindible abandonar dicha deriva de apoyo y soporte al belicismo más descarnado? Organizaciones como la OTAN son hoy día anomalías del pasado, por más que sus más beligerantes países, con Estados Unidos al frente, se empeñen en mantenerla. La senda pacifista no puede ser cómplice del mantenimiento de estas perversas organizaciones. 

 

Augusto Zamora, Profesor de Relaciones Internacionales y autor del sugerente texto "Política y geopolítica para rebeldes, irreverentes y escépticos" (Ed. Akal, 2016), en este artículo para el medio Rebelion, nos explica sobre la OTAN lo siguiente: "La OTAN carece de sentido. Su existencia se basa en una premisa que no resiste el más básico análisis: defender Europa de una agresión rusa. Los hechos indican lo contrario: es Rusia la que debe defenderse de la OTAN que, desde 1999, no cesa de ampliarse (este 2017 ingresará Montenegro) y de acumular contingentes y medios militares del Báltico al Mar Negro. El peligro y sinsentido de esta política tardo-imperialista queda desnudo con una simple y elemental pregunta: Si la Unión Soviética en la cúspide de su poder, cuando contaba con el Pacto de Varsovia y un crecimiento económico potente, no invadió Europa Occidental ¿Por qué habría de hacerlo ahora Rusia, que tiene menos territorio, menos población y menos recursos militares que la URSS en su apogeo? Las guerras se hacen, decía Tucídides, por "el honor, el temor y el interés". ¿Qué ganaría Rusia con una guerra, cuando su mayor objetivo es el desarrollo económico? ¿Qué beneficio obtendría de invadir una región en declive que es, además, su mayor mercado energético? Como ha señalado Vladimir Putin, Rusia tiene 140 millones de habitantes y la OTAN 700 millones. ¿Quién debe temer a quién? Tal desigualdad lleva a una conclusión elemental: Rusia, por sí misma, no podría sostener una guerra regular sin ser derrotada, lo que la obligaría --en caso de conflicto-- a recurrir a su arsenal nuclear, lo que llevaría a la desaparición en horas de Europa y a poner fin a todos los debates". Parece que el análisis de Augusto Zamora desmonta a la perfección todas las maldades que se le atribuyen a Rusia, que no son en realidad más que pretextos para continuar engordando el tamaño y presupuesto de una OTAN cada vez más determinada a emprender una agresión bélica. 

 

Los intereses económicos del complejo militar-industrial funcionan igual que cualquier otro, y no se detienen ante nada para conseguir sus terribles objetivos, lo que convierte a la OTAN en una peligrosa amenaza para la paz mundial. Al igual que otros sectores, no dudan en publicar informes y datos falsos para justificar sus hostiles campañas, mediante las cuales intentan crear situaciones de un cierto riesgo, que en realidad no existe, para de esa forma legitimar sus acciones bélicas. Circulan en los ambientes del sector un montón de falsas amenazas, de situaciones infundadas, dirigidas a crear alarmas para justificar la existencia de la OTAN, el gasto militar, la militarización de Europa y la omnipresencia de Estados Unidos. Las medidas de cerco militar sobre Rusia se llevan desarrollando desde hace décadas, y se han recrudecido durante los últimos años. La crisis de Ucrania elevó el conflicto hasta cotas insospechadas, y bajo ese pretexto y la rebeldía de las regiones de Crimea, Donestk y Lugansk, la OTAN ha emprendido acciones aún más ofensivas y temerarias. Pero antes, desde los años 90, ya se estaban creando las diversas situaciones para apoyar todo este tinglado. Con la guerra de Yugoslavia se aseguraron el control de la Europa del Este (con el ingreso de Polonia, Hungría y Chequia en la OTAN) y la sumisión de la Unión Europea, que abandonó sus proyectos de autonomía militar y de defensa (como la creación de un Euroejército o de una política exterior propia) para plegarse a los intereses de EE.UU. De hecho, la complicidad europea con el gigante norteamericano en los diversos escenarios internacionales es total, aunque a veces exista alguna voz divergente. En 2004 ingresan también a la OTAN Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia y las ex Repúblicas Bálticas (Estonia, Lituania y Letonia). 

 

Y al ir aplicando todas estas políticas, y generando todos esos conflictos, no han dejado de crearse nuevas bases militares y dependencias estadounidenses, desde Rota a Estonia, cubriendo el Viejo Continente de un extremo a otro. Pero en el sudeste asiático la evolución no ha sido muy distinta. Seguimos de nuevo al Profesor Augusto Zamora en este artículo, donde nos cuenta que Estados Unidos ha promovido el rearme de Japón, reabierto la base Clark en Filipinas, aumentando su presencia naval y firmando un acuerdo con Corea del Sur para el establecimiento, en este país, de una base más del Escudo Antimisiles, bajo las advertencias en contra de China y Rusia. Estas otras dos potencias, evidentemente, no se han quedado de brazos cruzados, y también han emprendido una peligrosa escalada armamentista, en respuesta a la amenaza del gigante estadounidense. En el caso de Rusia, desde 2002 ha emprendido un poderoso proceso de modernización de su ejército, armada, aviación, misiles y poder nuclear, que estará concluido en 2020. Y China, por su parte, lleva 20 años realizando multimillonarias inversiones en la modernización de sus capacidades militares, preparando lo que muchos analistas en China consideran una inevitable confrontación con Estados Unidos por el control del Mar de China, los estrechos malacos y el Mar de Japón. Y además, conscientes de que comparten un adversario común, Rusia y China mantienen, desde hace tres lustros, un acelerado proceso de cooperación al más alto nivel y en diferentes facetas, que abarca desde el campo alimentario hasta la colaboración espacial. Recientemente se han firmado multitud de acuerdos dirigidos a multiplicar el poder y desarrollo económico, comercial, energético, militar y estratégico entre ambos países. En palabras de Augusto Zamora: "Una alianza que junta los inmensos recursos económicos y comerciales chinos con la enorme capacidad científico-técnica y los recursos materiales y humanos de Rusia. Hablamos (...) de países que, juntos, suman 35 millones de Km2, 1.500 millones de habitantes y que se extienden desde el Mar Báltico hasta el Extremo Oriente". 

 

En fin, que el panorama es ciertamente preocupante. Una escalada hostil de ambas potencias frente a Estados Unidos destruiría el planeta en cuestión de segundos, debido a la potencia nuclear de todas ellas. Pero es que además Rusia y China no están solos, sino que son los adalides más potentes de la Organización de Cooperación de Shangai (OCS), creada en 2002 con el objetivo de que los Estados de la región resolvieran por sí mismos sus conflictos, sin injerencias externas de ningún tipo. La OCS es, posiblemente, la organización más importante jamás creada en Asia, a la que se incorporarán, en este año 2017, India y Pakistán. Irán será el siguiente miembro de esta lista. Estados Unidos ha intentado en vano cooptar a India para su política contra China, pero India es aliada de Rusia desde los años 50, y Pakistán de China. De hecho, ambas ingresarán en la OCS como fruto de la creciente concordia entre ambas potencias. Augusto Zamora concluye de una forma muy gráfica: "Al lado de esas alianzas, la OTAN es un pigmeo envejecido y reumático, sin posibilidad alguna de triunfar en ningún frente". Y entre tanto, nuestra Europa, lejos de emanciparse de cualquier bloque militar y ejercer una valiente y decidida política pacifista en el escenario internacional, es un socio inquebrantable de Estados Unidos y lleva el fango hasta las rodillas, y la vergüenza por los suelos. La obsesión europea por sostener el delirio estadounidense de dominio mundial puede que nos cueste muy cara. La única decisión aceptable en esta perversa contienda es la de apostar por la erradicación de todo imperialismo, así como la desaparición de cualquier bloque militar o geoestratégico. Continuaremos en siguientes entregas.

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8 diciembre 2017 5 08 /12 /diciembre /2017 00:00
Arquitectura de la Desigualdad (67)

El sistema de las deudas ilegítimas es igualmente utilizado por el sistema capitalista para someter las políticas de los poderes públicos a los deseos del Gran Capital. Mientras que la deuda pública podría servir para financiar un vasto programa de transición ecológica… es utilizada para imponer políticas antisociales, políticas extractivistas, productivistas, políticas que favorecen la competición entre los pueblos

Eric Toussaint (Portavoz de CADTM Internacional y miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia)

Está claro que si la banca privada es el mayor agente gestor e intermediario con la deuda pública de los países (además de los propios organismos internacionales garantes del orden neoliberal), hay que atacar a éstos si pretendemos reducir los niveles de desigualdad generados por el propio sistema-deuda. En este sentido, hay que socializar al sector bancario (es decir, hay que llevar a cabo una expropiación de las acciones privadas y transformar los bancos en un servicio público bajo control democrático y ciudadano), hay que tomar medidas estrictas sobre los flujos de capitales, recaudar un impuesto a la riqueza sobre el 1% más poderoso de la población, rechazar los préstamos condicionados a la adopción de medidas de austeridad y de privatizaciones, y rechazar (en cualquiera de sus múltiples formas) el pago de una deuda ampliamente ilegítima, ilegal, insostenible y odiosa (términos que comenzaremos a definir enseguida). Como avance (pues suponemos que volveremos a estos conceptos más adelante y en varias ocasiones) podemos ir dejando una clara y rápida definición de estos tipos o calificativos aplicables a la deuda pública:

 

1.- Deuda ilegítima: deuda contraída por los poderes públicos sin respetar el interés general o en favor del interés particular de una minoría privilegiada. Por ejemplo y para nuestro país, la generada por proyectos faraónicos o inútiles, como el aeropuerto de Castellón...¿hay que pagar estas deudas?

 

2.- Deuda ilegal: deuda contraída en violación del orden jurídico o constitucional aplicable. Por ejemplo, la originada en casos de corrupción de los que poseemos en nuestro país tan amplio catálogo ("Taula", "Punica", "Lezo", "Malaya"...)...¿hay que pagar estas deudas?

 

3.- Deuda odiosa: deuda contraída en base a créditos ligados a la implementación de políticas que violan los derechos sociales, económicos, culturales, civiles o políticos de las poblaciones afectadas por el pago de dicha deuda, con el conocimiento de los acreedores. Por ejemplo, la deuda contraída para rescatar a la banca española implementando a cambio políticas diseñadas por la Comisión Europea para imponer medidas de austeridad, violando derechos sociales y económicos de la ciudadanía...¿hay que pagar estas deudas?

 

4.- Deuda insostenible: deuda cuya devolución impide a los poderes públicos garantizar los derechos humanos fundamentales. Como hemos comentado en entregas anteriores, el pago de la deuda supone en la actualidad una de las mayores partidas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que impide destinar miles de millones de euros a servicios públicos básicos, algo que es absolutamente insostenible, ya que no se refiere a una situación coyuntural o excepcional, sino a una evolución permanente del sistema-deuda y su influencia sobre el destino de las arcas públicas...¿hay que pagar estas deudas?

 

Parece claro y justo que en cualquiera de las situaciones que acabamos de describir, los Estados en cuestión objeto de las mismas no se empeñen en el falso mantra de que "las deudas hay que pagarlas", sino que adopten medidas de realización e implementación de una auditoría integral, ciudadana, pública y democrática, a fin de determinar por qué motivos el endeudamiento aumentó de manera tan exagerada, alcanzando niveles tan aberrantes. Y sobre todo, y ligado a ello, desvelar posibles irregularidades, encuadrando el montante de la deuda (si es el caso) en alguna(s) de las modalidades descritas más arriba. Si los acreedores o el contexto legal o normativo referido a los Estados no lo permite, se deben adoptar estas medidas en cualquier caso, como medidas unilaterales de autodefensa frente a las imposiciones injustas de los organismos internacionales o de los países o instituciones acreedoras. Hay que desobedecer a los acreedores si queremos realmente salir de este demencial sistema-deuda que nos oprime, denunciando las posibles irregularidades que se puedan detectar, y fundando y argumentando tales medidas en la necesidad de justificar unos pagos que están impidiendo revertir a las arcas públicas los ingresos y la riqueza que proceden del propio país y del conjunto de su población. 

 

Pero como también hemos afirmado en entregas anteriores, la deuda pública externa del sur no debería considerarse sólo como un problema financiero y económico, aunque por supuesto lo es, sino más bien como una herramienta política que ha sustituido ampliamente durante las últimas décadas al antiguo colonialismo y al imperialismo. Y ello porque la deuda es una estrategia mucho más útil que el colonialismo o el imperialismo, puesto que éstos requieren todo un ejército y una costosa administración que acaba además provocando ciertos niveles de resistencia política y social. La deuda, por el contrario, es el mecanismo que hace que los países del sur se comporten de forma obediente, y se avengan a aplicar las medidas y políticas neoliberales que salvaguardan los intereses de los países del norte. La globalización capitalista ha llegado de esta forma a tal grado de sofistifación que ha conseguido que los países (y sus poblaciones) hagan suyos sus propios preceptos de manera natural, colonizando el pensamiento en vez de los territorios, y expoliando los recursos públicos para de esta forma saquearlos y ponerlos a disposición de las clases dominantes por todas partes del mundo. Ello ha dado lugar, por ejemplo, a que un rico de Miami tenga más en común con un rico de Amsterdam o de Bangladesh, ya que se ha globalizado el pensamiento neoliberal, y con él la defensa de los intereses de esta élite dominante. Y la deuda, como pieza esencial, se ha convertido en un sangrante mecanismo de bombeo de parte de la renta de los asalariados y pequeños productores del sur hacia los capitalistas del norte y del sur. 

 

Pero el sistema-deuda se diversifica desde sus fuentes para adquirir cada vez mayor versatilidad y potencia. Así, la deuda externa tiene muchos componentes y se divide o disecciona de varias formas: en relación a los acreedores, el 11% es multilateral (deuda que se debe a las instituciones financieras internacionales, o IFI), el 8% es bilateral (deuda que se debe a los Estados), y el 80% restante es deuda privada (deuda que se debe a la banca internacional). En la composición de los deudores, el 40% es deuda pública (negociada y adquirida por los poderes públicos), y el 60% restante es deuda privada (deuda de familias y empresas). La deuda también es muy dispar por regiones planetarias. En cualquier caso, la deuda externa es uno de los factores que mejor explica cómo la globalización neoliberal y capitalista ha acentuado la pobreza y la desigualdad en el mundo. Las cifras de todos los estudios en este sentido así lo avalan, y explican hasta qué punto la progresión y escalada de la deuda constituye pieza fundamental de tan perverso sistema proyectado para perpetuar esta arquitectura de la desigualdad. El discurso dominante se empeña no obstante en avalar y justificar el pago incondicional de la deuda, aún a costa de causar enormes daños a las arcas públicas de los Estados, y en última instancia, a las mayorías sociales que son las más afectadas. Las clases populares y trabajadoras son las principales beneficiadas por el conjunto de las políticas sociales adoptadas por los países, pero ello se impide si un mecanismo como el de la deuda se coloca interceptando el destino de dichos recursos. En los casos más graves, como el de España, el pago de la deuda a nuestros acreedores se eleva hasta el marco legal más alto, es decir, la Constitución, y así, la CE de 1978 fue modificada en 2011 para introducir la referencia al pago inexcusable de la deuda por encima de cualquier otro gasto social, por imperativo de la Unión Europea. Continuaremos en siguientes entregas. 

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6 diciembre 2017 3 06 /12 /diciembre /2017 00:00
Fuente Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

Fuente Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

Cuando el PP se manifiesta radicalmente contrario a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, rehúsan cambiar nombres dedicados a calles franquistas, reconocimientos meritorios a los golpistas, dificultan las exhumaciones de los asesinados por el franquismo o persiguen a jueces que buscan justicia, no hacen sino responder a sus auténticos orígenes ideológicos

Luis Egea

Nos encontramos ya en la recta final de esta serie de artículos, aunque aún nos queda lo fundamental. Sí, porque hemos intentado revisar todos los aspectos principales derivados de nuestro pasado franquista, que aún se manifiestan en nuestra actual sociedad. Seguramente se nos habrán quedado otros muchos aspectos en el tintero, pero hemos intentado ser lo más exhaustivos posible, dedicando especial atención a los temas que hemos considerado de vital comprensión y explicación. Hemos contado con detenimiento en qué consistió el franquismo, cómo se manifestó y evolucionó, y hasta qué punto nuestro modelo de sociedad del siglo XXI aún sigue arrastrando muchas facetas del pasado siglo XX. Y decimos que nos queda lo fundamental, que son las propuestas definitivas. Es decir, después de explicar todo lo relativo al franquismo, y de reflexionar en cada aspecto que nos queda por superar como sociedad, hemos de proponer alternativas concretas, reflejadas en proyectos de ley que nos introduzcan a nuevos modelos sociales superadores del franquismo sociológico que aún padecemos. Ello por tanto se plasmará en propuestas finales que iremos desgranando en esta serie de artículos, como colofón final, y que están basadas en profundas propuestas que determinados partidos, grupos y coaliciones políticas han expuesto en los foros oportunos. En esta entrega vamos a comenzar revisando la propuesta andaluza, ya en vigor, de Ley de Memoria Histórica, llamada en Andalucía de Memoria Democrática, y que puede considerarse un buen referente en este sentido. Fue aprobada hace pocos meses por el Parlamento Andaluz, es bastante completa en todos sus aspectos, y recoge las principales demandas de los grupos políticos y de los principales foros memorialistas. 

 

Nos basaremos para su exposición en este magnífico artículo de Olivia Carballar para el medio La Marea, que recoge los aspectos fundamentales de la reciente ley andaluza. Esta norma fue impulsada por Izquierda Unida y fraguada durante el gobierno de coalición con el PSOE, experiencia fallida en sentido general, pero que dejó algunas buenas experiencias. Como era de esperar, el PP y Ciudadanos se abstuvieron en la votación final. Es una ley mucho más avanzada que la estatal (que recordemos se aprobó en 2007 bajo el gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero), y gira en torno a tres cuestiones clave. La primera se refiere a la obligación del Estado de dar a conocer la verdad, hacer justicia y reparar a las personas que fueron represaliadas por el franquismo. Es decir, la ley reconoce al Estado (en este caso la Junta de Andalucía) la responsabilidad de asumir y ejercer las políticas públicas en relación a la recuperación de la memoria, y en concreto, las exhumaciones, tal como venían reclamando el colectivo memorialista, el derecho internacional y la ONU. La segunda cuestión clave se refiere a la aceptación de esa parte de la historia (silenciada, ninguneada e incluso negada con insistencia durante los últimos años) a través de una especie de Comisión de la Verdad, incluida a propuesta de Podemos. Y el tercer aspecto fundamental que la norma andaluza recoge tiene que ver con la extensión de ese relato a las aulas. En su preámbulo el texto legal expresa el cuestionamiento a la Ley de Amnistía de 1977, tal y como nosotros y otros muchos autores hemos expresado en nuestros artículos. La ley andaluza parte de la base de que los crímenes franquistas son imprescriptibles y debe asegurarse, en consecuencia, su persecución universal. 

 

Un apartado interesante lo constituyen las víctimas. La ley andaluza va más allá en el tiempo y en la propia definición de víctimas que la ley estatal. Temporalmente abarca desde la Segunda República (14 de abril de 1931) hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Andalucía (11 de enero de 1982). La ley reconoce que "El Estado democrático tiene una deuda con quienes fueron víctimas de violencia y represión a causa de su compromiso con la libertad. Esta deuda se extiende al conjunto de la ciudadanía, que ostenta el derecho a la verdad, en relación con el largo historial de persecución llevado a cabo por el franquismo, así como sobre los valores y los actos de resistencia democrática que representan las víctimas". La ley andaluza reconoce como víctimas, además de los familiares directos, a las personas que se exiliaron, a las que sufrieron la confinación, las torturas, y en muchos casos, la muerte en los campos de exterminio nazis, a los familiares de niños robados, a la guerrilla antifranquista, a las personas represaliadas por su orientación sexual, a aquéllos grupos o sectores sociales o profesionales que sufrieron una específica represión colectiva, a los partidos políticos, sindicatos, minorías étnicas, logias masónicas, movimientos feministas y agrupaciones culturales represaliados durante la guerra civil y la dictadura. También a las personas que ejercieron cargos y empleos públicos de la Administración republicana que fueron represaliadas, a aquéllas que sufrieron privación de libertad por su defensa de la República o por su resistencia al régimen franquista dirigida al restablecimiento de un régimen democrático. El texto incluye igualmente la creación de una comisión que, sin consecuencias jurídicas, permita conocer el relato de lo que sucedió. 

 

En lo relativo a las exhumaciones, y según la normativa recientemente aprobada, la localización de las personas desaparecidas será política prioritaria para la Junta de Andalucía, que actuará de oficio (aunque ya lo viene haciendo en determinadas fosas) y determinará sus actuaciones en un Plan Andaluz de la Memoria Democrática cada cuatro años, con informe anual. La Consejería correspondiente será la responsable del seguimiento de la realización de los trabajos de indagación, búsqueda, localización, y en su caso, exhumación e identificación, que serán supervisados por un Comité Técnico, del que formarán parte los y las expertas necesarias que garanticen el suficiente rigor científico. El estado de las exhumaciones en Andalucía es el siguiente: de las más de 600 fosas en total, ya se han exhumado más de un centenar, y se han recuperado alrededor de 3.800 restos, según datos de la Dirección General de Memoria Democrática. En este sentido, lo más importante es que la ley quede dotada presupuestariamente de acuerdo a las actividades planificadas y al ritmo previsto. La Junta asegura que hará todo lo posible para aumentar los recursos destinados a este fin, y evitar los obstáculos que hasta ahora han impedido o dificultado a muchos familiares las tareas de exhumación de sus antepasados. Una de las novedades que contempla la ley es la posibilidad de expropiar temporalmente el uso de terrenos de propiedad privada en caso de que su titular se oponga a la intervención, como ha ocurrido ya por desgracia en algún caso concreto. La ley prevé igualmente la creación de un banco de ADN en colaboración con las Universidades Públicas de Andalucía, que ya se ha conseguido, en el que se registrarán tanto los datos de los restos óseos exhumados como el ADN de personas voluntarias que acrediten su condición de ser familiares de las víctimas. 

 

En lo tocante a la reparación de las víctimas, la ley prevé declarar el 14 de junio de cada año como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del Golpe de Estado y de la posterior dictadura. El motivo de esa fecha es el de la primera exhumación que se completó de manera pública en Andalucía, durante el verano de 2003, en la localidad granadina de Lecrín. La ley no contempla la concesión de indemnizaciones, pero sí la voluntad de "hacer copartícipes de las medidas de reconocimiento y resarcimiento a las organizaciones que pudieron utilizar los trabajos forzados en su beneficio". En cuanto a la retirada de símbolos franquistas, la ley andaluza corrige los artículos más "descafeinados" (en expresión de Olivia Carballar) de la ley estatal. Según la ley, la Junta dará un plazo de 12 meses para que sean retirados (también en los edificios privados con proyección a un espacio o uso público) y eliminará las razones artísticas que la Ley estatal admitía para mantenerlos, en estos tres casos: cuando estén sobre lugares o edificios históricos, desmerezcan la legalidad republicana o aludan a los "participantes, instigadores y/o legitimadores de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura". Además, la Junta no concederá ningún tipo de subvención o ayuda a las personas físicas o entidades públicas o privadas que hayan sido sancionadas por mantener estos símbolos o por cualquier circunstancia que atente, fomente o tolere prácticas en contra de la memoria democrática. Si los titulares se niegan a retirarlos, la Junta podrá retirarlos de manera subsidiaria. Los símbolos pasarán a formar parte del Instituto de Memoria Democrática, organismo igualmente previsto por la ley. En cuanto a la nulidad de las sentencias del franquismo, el texto no aporta nada nuevo al respecto. Traslada al Gobierno central la necesidad de adoptar medidas para hacer efectiva la reparación y reconocimiento personal para quienes "padecieron condenas o sanciones de carácter personal por tribunales, jurados o cualesquiera otros órganos penales o administrativos, civiles o militares, como las sentencias de los Consejos de Guerra (...) por causa de la lucha en defensa de los derechos y libertades del pueblo andaluz". Continuaremos con el repaso a la ley andaluza en la próxima entrega.

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4 diciembre 2017 1 04 /12 /diciembre /2017 00:00
Por la senda del Pacifismo (79)

A la OTAN le gusta creerse una comunidad internacional. En realidad es el club militar intervencionista y expansionista de los Estados más ricos del mundo y sus satélites, que se usa para respaldar los intereses económicos y estratégicos occidentales

Seumas Milne

Llegados a este punto de este bloque temático dedicado a la OTAN y al imperialismo norteamericano como elementos globales desestabilizadores de la paz mundial, quizá convendría preguntarse y aclarar cuáles son las bases militares de la OTAN en el Estado Español. Basándonos en el mismo documento de referencia del Centro de Estudios por la Paz, diremos de antemano que las bases militares son un elemento esencial para llevar a cabo una determinada misión bélica. La existencia de bases militares en un determinado territorio no puede considerarse, por tanto, una actitud pacifista. Su sentido y objetivo es preparar al territorio como punta de lanza para desplegar acciones ofensivas. Por ejemplo, la invasión de Irak o Afganistán no se podrían haber llevado a cabo sin la existencia de las bases militares de Turquía, Alemania o Arabia Saudí, por citar algunos ejemplos. Las bases también son utilizadas como plataformas de lanzamiento para maniobras militares, como centros de coordinación de misiones de inteligencia, como espacios de entrenamiento o para operaciones conjuntas de adiestramiento. Las bases militares se adaptan a los cambios en los campos de batalla. La tendencia actual es la de crear nuevas bases para escenarios internacionales en Asia Central, Oriente Medio o África, y bases más reducidas o centros más pequeños. En 1953, en plena dictadura franquista y en el contexto de la Guerra Fría, España y los Estados Unidos firmaron los Pactos de Madrid (nuestro país no pertenecía a la OTAN por aquéllas calendas), según los cuales España cedería territorio para la instalación de cuatro bases militares norteamericanas, a cambio de ayuda económica y militar. 

 

Estas cuatro bases militares fueron las de Morón (Sevilla, que es la única base que no es de la OTAN, sino de EE.UU.), Zaragoza, Torrejón de Ardoz (Madrid) y Rota (Cádiz). Desde entonces arrastramos la dependencia de los Estados Unidos mediante la actividad de estas bases aéreas (salvo la base de Torrejón, que fue devuelta a España desde 1992, aunque hasta el año 2004 hubo presencia norteamericana en ella), de tal forma que los Pactos de Madrid de 1953 se convirtieron en el símbolo de la cooperación franquista con los norteamericanos, y por lo tanto, romper con nuestro pasado franquista requiere también romper con dichos acuerdos, romper con la OTAN y cerrar definitivamente las bases norteamericanas en territorio español. Pero lejos de abonar este camino, los gobiernos "socialistas" de Felipe González y de  José Luis Rodríguez Zapatero, más los gobiernos "populares" de José María Aznar y de Mariano Rajoy no han hecho más que continuar con nuestro pasado de dependencia y de servilismo frente a las políticas agresivas y prepotentes estadounidenses. Existe la falacia de que estas bases estadounidenses en nuestro territorio son una fuente de creación de puestos de trabajo, pero esto no es así. Se difunde que fomentan la actividad económica y por tanto la riqueza, pero todo ello es muy relativo. Lo cierto es que los datos nos indican que globalmente se ha dado una pérdida de puestos de trabajo ligados a la actividad de dichas bases militares, Y en cualquier caso,  no es positivo que tengamos determinadas localidades, como es el caso de Rota, con una dependencia laboral casi exclusiva de determinadas fuentes de empleo, como es el caso de la base militar allí instalada. Si por cualquier motivo son despedidos en una gran cantidad (hecho que ha sucedido varias veces en el pasado), resulta que estos trabajadores y trabajadoras no pueden ser reabsorbidos en cualquier otro empleo, al carecer la localidad en cuestión de industrias que tengan capacidad para recolocarlos. Y el hecho triste es que, desde la dictadura franquista hasta nuestros días, ninguno de los posteriores gobiernos españoles se ha esforzado en paliar esta grave situación. 

 

Otro peliagudo asunto que tiene que ver con nuestra estrecha relación con el imperialismo norteamericano, con la OTAN y con nuestras bases militares resulta del hecho de que la fuerte implicación de nuestro país en las actividades de la Alianza nos convierte en un objetivo militar de primer orden, con los pertinentes riesgos que ello comporta. Para los potenciales enemigos de Estados Unidos, la OTAN es percibida como una organización militar hostil comandada por USA, pero de la cual responden todos los países aliados, por lo cual la pertenencia a dicho "club" aumenta la posibilidad de sufrir un ataque militar o terrorista, como ya hemos analizado en el primer bloque temático de esta serie. No sólo nosotros opinamos así. Por ejemplo, la memoria de actividad de la Fiscalía General del Estado del año 2011 ya contenía una seria advertencia, ya que en ella se afirmaba que la posibilidad de sufrir un atentado terrorista en territorio nacional había crecido de un tiempo acá, debido fundamentalmente a la instalación del Escudo Antimisiles en la base de Rota. En sentido general, es una manifiesta evidencia y una clara conclusión de sentido común que el hecho de que nuestras bases militares sean el centro de operaciones de multitud de actividades y de maniobras de la OTAN nos coloca en una situación de riesgo potencial ante las posibles represalias de terceros países afectados. Y frente a esta lógica evidencia, nuestros irresponsables y serviles gobernantes han insistido en colocar a nuestro país en el ojo del huracán. De ahí que la senda pacifista nos obligue de forma absoluta a enfrentarnos con esta gravísima situación, a exigir el cierre y desmantelamiento de todas estas bases militares, y nuestro alejamiento del foco de atención de todos estos sistemas, objetivos y mecanismos de funcionamiento de una organización tan peligrosa como la OTAN, y de no menos peligroso "socio" como es Estados Unidos. 

 

La OTAN constituye un peligro en sí misma, ya que su propia existencia insta y contribuye al militarismo norteamericano, europeo y mundial. De hecho, una de las influencias más negativas que ejerce la OTAN sobre Europa es la existencia de los intereses creados incrustados en su estructura militar, es decir, lo que ha venido en llamarse "el complejo militar-industrial", ya citado en anteriores entregas de esta serie, así como en diversos artículos independientes de este Blog. Este complejo militar-industrial ejerce una influencia poderosa sobre las políticas de los gobiernos en temas relacionados, entre otros, con el aumento del gasto militar, la carrera armamentista, el militarismo y el comercio de armas o la utilización de la fuerza armada para resolver los conflictos, así como las secuelas negativas que estos factores ejercen en el desarrollo económico y social tanto de Europa como del resto del planeta. La presencia del lobby militar-industrial es muy patente en la sede de la OTAN en Bruselas, donde todas las grandes industrias de armamento de Europa y Estados Unidos se dan cita, y tienen abiertas filiales y delegaciones. Estados Unidos, como adalid de la OTAN y primera potencia militar mundial, ejerce continuas presiones sobre los países miembros de la Alianza para que aumenten su gasto militar, ya que éste les permitiría (según la potencia estadounidense) participar en mejores condiciones en las diversas misiones en el exterior, y reduciría la dependencia de los países europeos de la OTAN respecto de Estados Unidos. Los datos son escalofriantes: en 2014 el gasto militar total de los Estados miembros de la OTAN fue de más de 880.000 millones de dólares, y si se alcanzan las previsiones de aumento de gasto, superaría por primera vez el billón de dólares. 

 

Un gasto absolutamente irracional, que además ni siquiera se corresponde proporcionalmente con el volumen de la población mundial, pues mientras que la población de los países de la OTAN es un 12,6% respecto de la mundial, el gasto militar de estos países corresponde al 50% del gasto total mundial. Nuestra pertenencia a la OTAN ha dejado de ser, como se definió tras aquél primer (y único) referéndum de 1986 convocado por el PSOE de Felipe González, meramente testimonial ("fuera de la estructura militar integrada de la Alianza", se aseguraba entonces), para pasar a ser un miembro estratégico de la misma. En efecto, en la base aérea de Torrejón de Ardoz se ha ubicado el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN, responsable del espacio aéreo que abarca 12 países del sur y este de Europa, de todo el Mediterráneo, del Mar Negro que baña Crimea, Ucrania y Rusia, y de parte del Atlántico. Por otra parte, la base de Rota se ha incorporado al Escudo Antimisiles, como ya hemos comentado. Se ha modificado el Convenio de Defensa con Estados Unidos, para emplazar de forma permanente en la base de Morón tropas norteamericanas, en concreto el AFRICOM, que es un Mando Combatiente Unificado capaz de poner tropas norteamericanas de intervención rápida en cualquiera de los 53 países africanos en cuestión de horas. En Bétera (Valencia) han habilitado el primer Cuartel General de la OTAN con capacidad para mandar una Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad que permite incrementar la capacidad de respuesta de la OTAN ante cualquier crisis o amenaza. Hace apenas unos meses se celebraron en nuestro país las maniobras militares Trident Juncture, que han sido las más importantes llevadas a cabo por la OTAN después de la Guerra Fría...El peligro está servido. Continuaremos en siguientes entregas.

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1 diciembre 2017 5 01 /12 /diciembre /2017 00:00
Arquitectura de la Desigualdad (66)

Los recursos de los países empobrecidos se destinan ahora a pagar a los acreedores y no se pueden invertir en hacer frente al empobrecimiento de la población, a los impactos del cambio climático o a una sequía prolongada

Yolanda Fresnillo

En entregas anteriores ya hemos realizado una semblanza introductoria al problema de la deuda, para que pueda comprenderse de entrada la complejidad que dicho sistema-deuda representa. En realidad, el sistema-deuda ha existido mucho antes que el propio sistema capitalista, pero se ha mantenido e incluso reforzado con el advenimiento de éste. Si nos remontamos a tiempos pretéritos, veremos que el endeudamiento privado se ha utilizado desde hace milenios como un mecanismo de desposesión: a los campesinos de sus tierras, a los artesanos de sus herramientas, etc. La esclavitud por deudas ha causado estragos en el mundo antiguo durante siglos, como nos recuerda Eric Toussaint en este artículo, que estamos siguiendo en esta exposición. ¿Existe por tanto una deuda privada ilegítima? Existe, y este sistema pasa generalmente por la imposición de ciertas condiciones de préstamos y de reembolso que lo hacen imposible. ¿Las deudas hay que pagarlas? Nos lo preguntábamos al comienzo de este bloque temático...Ya parece que vamos intuyendo la respuesta. La deuda aplicada a los pueblos ha tenido también sus graves repercusiones. De hecho, en el pasado, han tenido lugar múltiples revueltas para liberarse de las deudas privadas ilegítimas, ya sea durante la antigua Grecia o en la Europa del Norte durante la Edad Media. Y esta lucha por las deudas privadas ilegítimas llega hasta nuestros días, en casos como el de los campesinos en su lucha por la anulación de sus deudas en India, la de las mujeres contra los microcréditos en Marruecos, la de los estudiantes contra sus deudas por estudios en Estados Unidos, Chile, Canadá o Reino Unido, o la de las familias víctimas de los créditos hipotecarios abusivos y de los desahucios en España, en Estados Unidos, en Grecia o en Irlanda.

 

Por el endeudamiento privado de las personas se perpetúan las relaciones de semiesclavitud, ya que la gente comienza su emancipación o su relación laboral muy endeudados, es decir, bajo una relación de dependencia total. Pero de entrada, hay que aclarar que el endeudamiento público no sería negativo en sí mismo, si fuese una herramienta finalista destinada a cubrir ciertos aspectos del desarrollo de una sociedad. Es más, el sistema de endeudamiento público es el mejor sistema que los Estados poseen para financiar los proyectos sociales que necesiten para sus respectivos países, y el conjunto de su ciudadanía. Así, los poderes públicos podrían recurrir al préstamo para financiar, por ejemplo, un vasto programa de transición ecológica, y así reemplazar progresivamente las energías fósiles por energías renovables respetuosas con el medio ambiente. El sistema-deuda público puede y debe ser, pues, legítimo si se hace al servicio de proyectos legítimos y que atiendan al verdadero interés general, y si quienes contribuyen al préstamo lo hacen también de manera legítima. Pero desgraciadamente, esto es exactamente lo contrario de lo que ocurre realmente, ya que los Estados y las Administraciones Públicas se endeudan para financiar, la mayoría de las veces, políticas y proyectos ilegítimos, tales como financiar gastos en armamento, financiar proyectos de energía nuclear, financiar el reembolso de anteriores deudas ilegítimas, o financiar rescates bancarios. ¿Estas deudas habría que pagarlas? Dejo al lector o lectora la pertinente respuesta. Pero asímismo, la manera de financiar el reembolso de la deuda es igualmente ilegítima. Las grandes empresas y los hogares más ricos pagan muy pocos impuestos (o ninguno), mientras son las clases populares quienes deben apretarse el cinturón para pagar la deuda.

 

Los bancos privados, como ya hemos denunciado en entregas anteriores, prestan a los Estados a tasas lucrativas para ellos, mientras solicitan dinero al Banco Central Europeo (BCE) a interés cero. Debemos concluir en justicia que si alguno de los eslabones de la cadena del préstamo que formalizará la deuda pública es ilegítimo, dicha deuda se convierte igualmente en ilegítima, y debe eximirse su pago. Pero aunque afirmábamos anteriormente que el sistema-deuda era anterior al capitalismo, es evidente que se revela como un instrumento privilegiado de éste. Porque la deuda, como estamos exponiendo desde diversos puntos de vista, no es sólo un instrumento económico, sino también un arma política. El sistema-deuda es quizá hoy día la principal herramienta de la globalización, que desorienta la economía y permite las exportaciones y el extractivismo. Es el instrumento definitivo para socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, creando un empobrecimiento masivo y fomentando las desigualdades sociales. El sistema-deuda, al pesar como una losa sobre las economías locales, desmoviliza y no genera una resistencia general fuerte en contra de ella. Y ello es así porque el sistema-deuda oculta la propia explotación de las personas, de los recursos y de la naturaleza. El hecho indiscutible es que, tanto en el norte como en el sur, el sistema-deuda es concebido como una forma de control sobre las poblaciones. Bien, llegados a este punto, está claro que el sistema-deuda debe ser abolido, para así contribuir a la concepción de un modelo de sociedad más igualitaria. Pero, quizá en este caso más que en ningún otro, nos encontramos con la poderosa oposición de los propios acreedores, que no son más que los representantes de la clase capitalista. Todo Gobierno que pretenda poner en marcha acciones, medidas y políticas de justicia social, fiscal, económica y medioambiental tendrá que enfrentarse, más temprano que tarde, al sistema-deuda. 

 

El problema es que cuando una coalición electoral o un determinado partido político llegan al Gobierno, no obtienen de hecho el poder real, porque el poder económico (que depende de la posesión y el control de los grupos financieros e industriales, de los grandes medios de comunicación privados, del gran comercio, etc.) permanece en manos de la clase capitalista, es decir, de ese 1% aproximado de la población. Además, esa clase capitalista es también la que controla al Estado, el poder judicial, los Ministerios de Economía (o Finanzas) y Hacienda, el Banco Central del país en cuestión, etc. De ahí que cualquier Gobierno decidido a emprender transformaciones radicales en las estructuras económicas deberá entrar en conflicto con el poder económico real para debilitarlo, reducir su influencia y su poder, expropiar sus posesiones, y así acabar con el control de la clase capitalista sobre los grandes medios de producción, de servicios, de comunicación, y del aparato del Estado. Sólo así los paradigmas que gobiernan el sistema-deuda podrán ser atacados. Sólo así los dogmas neoliberales podrán ser denunciados. Sería absolutamente ingenuo e ilusorio pensar que se puede convencer a las autoridades económicas y monetarias de la bondad de nuestros planteamientos, y de la propia maldad y perversión del sistema-deuda. Ellos lo defenderán siempre, ya que les permite mantener su status quo, como herramienta pensada para fomentar la desigualdad. Quienes desde los púlpitos electorales pretendan difundir el mensaje de que persuadirán a las patronales y a las grandes empresas de que lo mejor es reestructurar la deuda, ejecutar una auditoría o cancelar una parte de la misma, o es un inocente empedernido, o es un redomado embustero. Por tanto, no es bueno hacer caso ni de unos ni de otros. 

 

La conclusión que se impone, como afirman Eric Toussaint y Fátima Martín en este artículo para el medio Publico que estamos tomando como referencia, es que no habrá un camino fácil para poner en marcha un programa económico y social que rompa con la austeridad y las privatizaciones, así como que se enfrente radicalmente a continuar con la perversión del sistema-deuda. La única solución para conseguir todo ello será desobedecer a los acreedores, a las instituciones y organismos internacionales que los amparan, y a cualesquiera otras organizaciones, gobiernos o entidades que los financien. Y así, el rechazo a pagar una parte sustancial de la deuda constituirá un elemento clave en la estrategia de todo Gobierno socialista que se precie, así como las decisiones para revertir las privatizaciones llevadas a cabo (devolviendo al control público las entidades privatizadas) y restablecer plenamente los derechos sociales, laborales, económicos y políticos recortados. Es evidente que para paliar los efectos terribles de la desigualdad necesitamos recursos económicos, y para ello (entre otras cosas) necesitamos reducir radicalmente el stock de la deuda y aliviar de manera drástica la parte del presupuesto público dedicado al pago de la misma. Todo ello es una condición sine qua non para poder aumentar masivamente los gastos sociales y garantizar las inversiones necesarias para financiar determinados proyectos públicos de gran alcance, tales como la creación de Planes de Empleo Garantizado (PEG), o la Renta Básica Universal (RBU), dos de las principales herramientas para sacar de la pobreza a la práctica totalidad de la población. Nada de esto puede llevarse a cabo sin renunciar, al menos parcialmente, al pago de la deuda, y esa es precisamente la razón que aluden los que argumentan que es "imposible" financiar dichos proyectos públicos. No nos dejemos engañar. En el fondo es sólo una falacia más. Continuaremos en siguientes entregas.

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29 noviembre 2017 3 29 /11 /noviembre /2017 00:00
Hacia la superación del franquismo (51)

Mañana cuando yo muera
no me vengáis a llorar.
Yo no estaré bajo tierra.
Soy viento de libertad

Txiqui (uno de los 5 últimos fusilados por el franquismo)

En la entrega anterior de esta serie nos quedamos haciendo una resumida exposición de los motivos por los cuales deben considerarse nulos de pleno derecho todos los juicios y sentencias de los tribunales franquistas, por carecer de las mínimas garantías procesales y vulnerarse todos los derechos fundamentales durante su encausamiento. Básicamente, el juez instructor acordaba una diligencia de procesamiento en la que relataba los hechos y su calificación penal, y finalmente, emitía un dictamen que resumía los hechos, las pruebas y las imputaciones, y que elevaba a la autoridad militar superior, que solía ser el General jefe de la división correspondiente. Resumen que prácticamente era el documento que fundamentaba la acusación y la sentencia, ya que las diligencias practicadas por el instructor no se reproducían en el plenario, con una manifiesta infracción del principio de inmediación en la práctica de la prueba y la correspondiente indefensión de los acusados. Miles de republicanos/as fueron juzgados bajo toda esta infame parafernalia, sentenciados y ejecutados por un abyecto régimen exterminador y genocida. Otros instrumentos esenciales de la represión constituidos por la dictadura fueron el Tribunal de Represión de la Masonería y del Comunismo, y los Tribunales de Responsabilidades Políticas, tal como nos recuerda Jiménez Villarejo en su exposición de referencia. Ambos eran radicalmente ilegítimos tanto por su origen como por su composición, y sobre todo, por constituirse en organismos de naturaleza administrativa dotados de competencias penales y por tanto, con facultades para la imposición de sanciones penales. Todos aquéllos tribunales fueron, en definitiva, la máxima expresión de la arbitrariedad jurídica al servicio de la represión ideológica y política. 

 

Los textos legales de la época son un fiel reflejo de lo que aseguramos. Por ejemplo, en el preámbulo de la Ley de 1 de marzo de 1940 se hace constar que dicha Ley tenía como finalidad hacer frente a "la terrible campaña atea, materialista, antimilitarista y antiespañola que se propuso hacer de nuestra España satélite y esclava de la criminal tiranía soviética". En la citada Ley, la conducta delictiva principal se define como "toda propaganda que exalte los principios o los pretendidos beneficios de la masonería o del comunismo o siembre ideas disolventes contra la religión, la patria y sus instituciones fundamentales y contra la armonía social...". Y así se fue desplegando todo un entramado legal para encubrir que su victoria pasaba por la eliminación masiva y sistemática del que fuera sospechoso de ser un mínimo adversario político. Y también hemos resaltado algunas de las declaraciones públicas que los militares golpistas vociferaban por diferentes medios, y que servían como arengas para la horda franquista que comenzó a gobernar el país. Carlos Hernández recoge algunas de ellas en este artículo, que vamos a reproducir a continuación. El General Mola ordenó a un grupo de alcaldes navarros: "Hay que sembrar el terror...Hay que dar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Nada de cobardías". Y Queipo de Llano añadía desde los micrófonos de Radio Sevilla: "Del diccionario quedarán borradas las palabras perdón y amnistía. Se les perseguirá como fieras, hasta hacerlos desaparecer a todos". Y por su parte, el propio Caudillo, como respuesta a un corresponsal extranjero que le cuestionaba si estaba dispuesto a "matar a la mitad de España" si era necesario para conquistar el poder, le respondió sin vacilación: "Cueste lo que cueste". Existen muchos más ejemplos de la chulería altanera, de la prepotencia cruel y de la execrable disposición de los miserables golpistas que acabaron con la Segunda República. 

 

Carlos Hernández añade en el artículo de referencia: "Esta estrategia exterminadora se aplicó con todo rigor. Decenas de miles de hombres y de mujeres fueron asesinados por todo el país por escuadrones de la muerte formados por falangistas, guardias civiles y militares. Paralelamente, los generales montaron un simulacro de justicia encaminada a matar también "de forma legal". Se dictaron bandos, órdenes y leyes que permitían ejecutar a cualquier persona que hubiera respetado la legalidad republicana, incluso antes de producirse la sublevación y a quienes, simplemente, "se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o pasividad grave". ¡Sí!, hasta haber permanecido pasivo te podía conducir "legalmente" al paredón". Y posteriormente añade en cuanto al procedimiento de los juicios sumarísimos: "Los juicios eran un simple trámite burocrático para legalizar el asesinato. A los acusados se los juzgaba colectivamente en un solo consejo de guerra; apiñados de diez en diez, de veinte en veinte, no conocían los cargos que se les imputaban hasta el momento de sentarse en el banquillo; esos cargos, independientemente de cuál hubiera sido el comportamiento real del reo, eran fabricados en base a unos patrones preestablecidos: expandir ideas subversivas, promover la violencia, ser antipatriota, ser anticlerical y/o no ir a misa, haber colaborado con el Frente Popular...No había opción de contrastar los hechos, de cuestionar la veracidad de las acusaciones. Los abogados eran militares, designados por el propio tribunal, que reconocían la culpabilidad de sus defendidos y se limitaban a pedir clemencia. Los acusados ni siquiera podían hablar durante las vistas en que se decidía su destino...". 

 

Unos procesos y unas leyes que, como estamos pudiendo comprobar, respiraban fascismo por todos sus poros. La Transición, como hemos venido explicando en entregas anteriores, no removió el franquismo ni de las conciencias, ni de los estamentos de poder, ni de las instituciones, ni de los propios cargos públicos, ni aún de la filosofía subyacente a muchas leyes que desde entonces se promulgaron. Necesitamos por tanto la Tercera República como eje central de la ruptura democrática que necesitamos emprender con el régimen de la Transición, y por tanto, conseguir la plena superación del franquismo. Los ejes centrales para una ruptura democrática completa y creíble, basada en fundamentos profundos, deben descansar en la reivindicación de la Tercera República. La recuperación de los valores republicanos es imprescindible para contribuir a la plena superación del franquismo, que descansa en los antivalores republicanos de solidaridad, equidad y justicia social. La restauración monárquica ha estado vinculada desde la Transición al bloque capitalista de poder dominante. El pensamiento dominante ha continuado en sus líneas básicas y esenciales. Esa es la explicación de que aún muchas personas en este país continúen demonizando la República. Sólo una Tercera República Federal, Laica, Participativa y Solidaria, realmente democrática, podrá erradicar los valores franquistas que aún perviven en nuestra sociedad. La recuperación de la memoria histórica y democrática no llegará con toda su extensión hasta no alcanzar una sociedad plenamente democrática, y ello no será posible sin superar plenamente el franquismo sociológico en el que estamos inmersos. 

 

Necesitamos, en este sentido y a vuelapluma, la anulación de las sentencias de los tribunales franquistas, la declaración de nulidad de la Ley de Amnistía de 1977, la apertura de las investigaciones sobre todo lo ocurrido durante la Guerra Civil y la posterior dictadura en relación con el recorte de derechos y delitos contra la paz y crímenes contra la humanidad, la aplicación de la normativa internacional sobre Derechos Humanos para el caso español (la ONU ya nos ha llamado a la atención varias veces sobre este asunto), una completa y exhaustiva Ley de Memoria Histórica (y no el sucedáneo aprobado en 2007 por el Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero), la derogación de las últimas reformas de la Justicia Universal, y la equiparación de las víctimas del franquismo a los derechos establecidos para el resto de las víctimas. El franquismo practicó un terrorismo de Estado y como tal debe ser reconocido y penado. Pero como venimos contando desde entregas anteriores, superar el franquismo sociológico también implica despegarnos de los enormes privilegios que aún le concedemos a la Iglesia Católica, profundizar en la naturaleza democrática que han de poseer nuestras Fuerzas Armadas, y recuperar en todos los órdenes, planos y facetas, la filosofía que ya adoptaron muchas leyes republicanas que fueron abortadas por la fuerza mediante el sanguinario Golpe de Estado de julio de 1936: recuperar la igualdad de la mujer con el hombre, recuperar la reforma agraria, recuperar conquistas de la lucha obrera (en este momento desmontando los recortes sociales a los que nos han sometido), recuperar una reforma educativa para todos (con carácter laico), y recuperar avances democráticos, incluyendo el del reconocimiento de la soberanía popular. Continuaremos en siguientes entregas.

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