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26 febrero 2018 1 26 /02 /febrero /2018 00:00
Viñeta: Antonio Rodríguez

Viñeta: Antonio Rodríguez

Los bancos son los que realmente toman las decisiones y –detrás de la cortina de una respetabilidad fingida– son la fuerza motriz detrás de las interminables guerras

Michael Hudson

Nos quedamos analizando en la entrega anterior algunas pinceladas del gasto militar de nuestro país, que vamos a desarrollar a continuación, con ayuda de los informes del Centre Dèlas de Estudios por la Paz, quizá la entidad española de mayor prestigio dedicada a estos asuntos. Lo primero que tenemos que dejar bien sentado al analizar nuestros presupuestos en Defensa es, básicamente, que lo que nos cuentan es mentira. Es decir, no es cierto que los gastos en Defensa sean los que nos cuentan oficialmente, sino que la realidad es otra bien distinta. Como hemos señalado en entregas anteriores, los gastos militares son una excepción a la regla general, en el sentido de que se ocultan y enmascaran en diversas partidas presupuestarias de terceros Ministerios, con lo cual la cifra real es muy diferente a la que se nos ofrece desde las instancias oficiales. Existen toda una serie de argucias presupuestarias que se aplican para ocultar y disfrazar ante la opinión pública el gasto militar real, con la clara intención de que dicho gasto no se conozca. Según el organismo citado, el gasto militar español del año 2017 ascendió a 18.776 millones de euros, una cantidad que representa 51,4 millones diarios, y un 1,64% del PIB, muy por encima del 1% que señala la actual Ministra de Defensa. El principal truco consiste en que el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el de Defensa, decidió desde el año 2012 no incluir el pago de los Programas Especiales de Armamento (PEA) en los PGE, para luego, durante el ejercicio, recurrir a la aprobación en el Consejo de Ministros de un crédito extraordinario para hacer frente a los pagos de esos PEA.

 

Mediante esta argucia (en realidad una clara estrategia para burlar a la opinión pública) se desvían claramente los gastos reales que se van a ejecutar, y se transmite al conjunto de la ciudadanía una información que no es cierta. Porque de esta forma se lleva a cabo un engaño, pues aunque el presupuesto para Defensa aparentemente disminuía, en realidad aumentaba. Pero la incorporación de los pagos de los PEA no es el único ejemplo de ocultación de datos en Defensa, pues existe otra partida, la de las misiones militares en el exterior, a las que se asigna un crédito de 14,3 millones de euros todos los años, cuando en realidad se gastan entre 800 y 1000 millones, que son aportados desde un fondo de contingencia, situado en el programa denominado "Imprevistos y funciones clasificadas" de gastos de Otros Ministerios, que es en realidad un cajón de sastre para imprevistos contemplado en los PGE. Otra falacia que el Gobierno nos transmite en este sentido es el hecho (falso) de que el gasto militar en España se encuentra entre los más bajos de Europa, pues según los datos del Centre Dèlas y del SIPRI (organismo internacional), esto no es cierto. Otra interesante información que normalmente se nos escapa es la comparación entre lo que el Estado invierte en I+D+i (Investigación y Desarrollo) en los campos civil y militar, ya que también aporta una información muy significativa. Según los datos evaluados por el Centre Dèlas en su informe de referencia, la I+D militar representa el 7,1% de la asignación total dedicada a la investigación, el desarrollo y la innovación en los PGE del pasado año 2017. 

 

Pues bien, se trata de un porcentaje que consideramos desmesurado, teniendo en cuenta que la inversión en investigación del Estado Español es de las más bajas de la Unión Europea. Pero comparando la I+D militar con las asignaciones a otras áreas de investigación científicas y sociales (que es lo que nos interesa en este momento), resulta que el presupuesto en I+D militar es 1,7 veces el dedicado a investigación sanitaria, más de cinco veces superior al dedicado a investigación energética, medioambiental y tecnológica, siete veces y media el de la oceanográfica y pesquera, ocho veces y media la agraria, y la mitad de la investigación y desarrollo tecnológico-industrial. Las cifras, por tanto, son tremendamente ilustrativas del gran peso que posee el complejo militar-industrial, y de la clara discriminación positiva que disfruta frente a otros campos de investigación en nuestro país. Pero volviendo a los Planes Especiales de Armamento (PEA), hay que decir que éstos representan un gran lastre de cara a la deuda que están generando, cuyas cifras reales desconocemos. Según el Secretario de Estado de Defensa, los PEA tienen un gasto previsto hasta el año 2030 de más de 20.000 millones de euros, lo que significa que se tendrán que abonar entre 1.000 y 2.000 millones de euros anuales, además de las devoluciones pendientes al Ministerio de Industria de los créditos de I+D. Una enorme deuda que se debe resolver y que representa una grave hipoteca para futuros gobiernos. Hasta ahora, todas las peticiones de auditoría sobre los PEA instadas por los grupos políticos han sido descartadas, y es que los dos partidos que han gobernado alternativamente en nuestro país (el famoso bipartidismo) no quieren que se sepa qué tipos de anomalías rodean los contratos de estos PEA.

 

Los Programas Especiales de Armamento son una clara amenaza para la utilización social de los PGE, y seguirán pendientes del debido esclarecimiento. El secretismo que los rodea algún día saldrá a la luz, y hará aparecer el enorme iceberg de irregularidades que esconden, y que están hipotecando nuestro futuro como país. Además de representar compras de armas que no necesitamos, implica una injusta asignación de recursos públicos, precisamente en años en que deben ser dedicados a las necesidades sociales más básicas y fundamentales. Y es que incluso desde una perspectiva economicista, los PEA continúan siendo una pérdida de oportunidades para las empresas de la economía productiva, y continúan ahondando en la crisis, al producir unos bienes inútiles desde el punto de vista social, pues las armas consumen recursos del Estado que, de ser destinados a la economía real y productiva, tendrían un mayor impacto en la creación de puestos de trabajo. El informe de referencia finaliza en una clara conclusión: "En la coyuntura actual de enorme retroceso en las políticas públicas que ha generado la crisis del capitalismo financiero global, las políticas económicas de los gobiernos deberían inclinarse por proteger el denominado Estado de Bienestar, es decir, aquéllas políticas que proporcionan auténtica seguridad y protección a las personas, así como desarrollar políticas que incentiven la economía productiva, que son las que proporcionan empleo. Ni las armas, ni la industria militar que las produce, ni los ejércitos que las consumen, dado el enorme gasto que originan (18.776 millones de euros en 2017) proporcionan más seguridad que el empleo o las coberturas sociales; por el contrario debilitan el Estado de Bienestar al derivar recursos hacia un ámbito improductivo, la seguridad militar". 

 

Está claro por tanto que la senda pacifista debe invertir estas prioridades, y devolver los recursos necesarios a las arcas públicas para apostar por dichos modelos de seguridad, más humanos y reales. Las amenazas que podamos sufrir no se resuelven con fragatas ni aviones de combate, sino con empleos decentes, protección social, rentas dignas, cotizaciones justas y amplios sistemas de protección y seguridad social. Ahí es donde se demuestra la capacidad de un país para proteger a sus ciudadanos y ciudadanas. Los gastos militares deben ser reducidos, los presupuestos para Defensa deben ser recortados, y el resto de presupuestos para inversiones, gastos e investigaciones sociales deben ser aumentadas. Es decir, hay que invertir la actual tendencia. Pero desgraciadamente, nuestros gobiernos están muy presionados, y no solamente por el enorme poderío del complejo militar-industrial, sino por las propias directrices del imperialismo estadounidense y la OTAN, su brazo armado, de los cuales ya hemos hablado largo y tendido en el anterior bloque temático, al cual remito a mis lectores/as. No es posible un país justo y avanzado si éste dedica los presupuestos que deben incidir en el bienestar de las personas, a una industria militar, a la exportación de armas, y a la participación de misiones militares en terceros países. No es posible un país justo y avanzado si la perversión de los gastos militares llega a nublar la debida asignación a otras partidas que garantizan los servicios públicos y los derechos fundamentales del conjunto de la ciudadanía. No es posible una senda pacifista que dedique gastos militares en escalada, porque dichos gastos no son sino un reflejo de la actividad de la sociedad en la que se vive. Continuaremos en siguientes entregas.

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23 febrero 2018 5 23 /02 /febrero /2018 00:00
Viñeta: ENEKO

Viñeta: ENEKO

Las Empresas Transnacionales (ETN) se han convertido en una suerte de entidades intocables, en organizaciones descentralizadas, deslocalizadas, ramificadas en largas cadenas de suministro en las que se diluye la responsabilidad y se multiplican y diversifican las formas de explotación, relocalización, evasión y elusión de normas laborales o fiscales

Adoración Guamán

BLOQUE V. EL PODER DE LAS EMPRESAS Y EL MERCADO LABORAL.

 

En este quinto bloque temático de la serie que comenzamos, uno de los más importantes de la misma, vamos a incluir muchos temas que tienen como nexo común al mundo del trabajo y de las empresas. La arquitectura de la desigualdad se ha desplegado de forma especialmente cruel y despiadada en este ámbito, y hoy día el mundo laboral está salvajemente desregulado y precarizado, y mientras los altos directivos de las entidades cobran sueldos astronómicos y tienen garantizados sus elevados emolumentos de por vida, el grueso de los trabajadores y trabajadoras que se dejan su piel vendiendo su fuerza de trabajo para sus empresas llevan una vida cada vez más mísera y pobre. Indecentes empleos, abusiva temporalidad, sueldos miserables, escasa o nula protección social, etc., inundan un "mercado" (el nombre ya es en sí mismo muy ilustrativo) laboral donde la desigualdad se proyecta a marchas forzadas. Por tanto, muchos temas abordaremos en este importante bloque temático, tales como el nuevo imperialismo de las élites económicas, el poder de los lobbies empresariales, la vulneración de los derechos laborales, la trama empresarial y su relación con la política, el poder de las grandes cadenas distribuidoras, la precariedad laboral, los trabajadores pobres, el terrorismo laboral de las grandes empresas, las estrategias de explotación a los trabajadores y trabajadoras, las falacias del paradigma del emprendimiento, las vertientes de la precariedad, el debate sobre la evolución del trabajo, el trabajo formal e informal, la influencia de las nuevas tecnologías en el mundo laboral, la renta básica universal, o los planes de trabajo garantizado, entre otros muchos asuntos. 

 

Algunas series de artículos previas ya publicadas en este Blog pueden servir de orientación para nuestros lectores y lectoras, tales como "Filosofía y Política del Trabajo", o la más reciente "Contra los Tratados de Libre Comercio", entre otros muchos artículos aislados donde hemos analizado el comportamiento y las actitudes del mundo empresarial. Algunos de los más destacados han sido "Sobre la Reforma Empresarial", "¿En qué consiste el empleo digno?", "¿Debe existir el Derecho a No Trabajar?", ..... También  hemos dedicado varios artículos independientes a exponer el tremendo peligro de la actividad de muchas empresas, auténticos paradigmas del funcionamiento del capitalismo más descarnado, tal como hicimos, entre otras, con la consultora PriceWaterhouseCoopers (PWC), el grupo textil Inditexla petrolera Repsol, etc. Igualmente recomendamos a nuestros seguidores y seguidoras la lectura de la serie de artículos "Una Reforma Laboral desde la izquierda", también publicada en este Blog. Bien, podemos comenzar entonces por algunas pistas que nos ofrezcan la auténtica dimensión del poder empresarial en nuestro país, y en general, en todos los países de nuestro entorno. En este artículo del pasado verano firmado por Aitor Riveiro y Rodrigo Ponce de León para eldiario.es se nos informa de que la CEDE (uno de los más poderosos lobbies empresariales) volvió a acudir al almuerzo opaco que el Congreso de los Diputados les ofrece, desde hace más de 20 años. Una reunión no publicitada oficialmente, donde la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) se reúne con diversos diputados del Parlamento, previa invitación de su Presidente/a. 

 

En dichos encuentros estos altos ejecutivos y directivos empresariales les ofrecen a nuestros representantes políticos sus soluciones para asuntos tan importantes como las pensiones, la fiscalidad o la educación, y ya podemos intuir el carácter de sus "recomendaciones". Normalmente no se da información sobre los asistentes a dicho almuerzo ni de los temas de la supuesta agenda, por ser una reunión "de carácter privado". Podríamos pensar que reuniones de este tipo son absolutamente normales, correctas y deseables para trasladar el pensamiento de las organizaciones de la sociedad civil en torno a los grandes asuntos sociales, pero este pensamiento sería algo ingenuo, de entrada porque no es equilibrado, en el sentido de que el Parlamento no se reúne (al menos hasta ahora) con las asociaciones de presos, con las Kellys que limpian los hoteles, con las organizaciones del precariado, con los sindicatos minoritarios, o con las mareas defensoras de los servicios públicos, por citar tan sólo algunos ejemplos. ¿Es que lo que estas asociaciones puedan aportar no es tan importante como lo que pueda aportar la CEDE? Pues parece que al Parlamento le interesa más lo que la Confederación de Directivos pueda aportar, una organización cuya Junta Directiva está presidida por Isidro Fainé, y que cuenta con una Fundación en cuyo Patronato aparecen los Presidentes o Consejeros Delegados de varias grandes empresas como Bankia, Repsol, Telefónica, Abertis, Deloitte, Fujitsu, Caixabank o Bankinter. Por si los lectores y lectoras no lo sospechan, daremos algunos ejemplos de sus ideas: en 2014, durante un encuentro con diputados sobre desempleo propusieron rebajar las cotizaciones empresariales y subir el IVA, mientras que en una reunión sobre pensiones expusieron a los parlamentarios implementar un sistema mixto, es decir, planes de pensiones públicos y privados. Sin más comentarios.

 

El dominio corporativo en todas las esferas de la vida se desarrolla cada vez más en el escenario de globalización capitalista y neoliberal que sufrimos, y esta dictadura del empresariado se manifiesta en demasiadas vertientes de nuestra vida. El enfrentamiento entre la democracia y los mercados se viene saldando en favor de éstos últimos, y básicamente cada batalla se vence aportando un grado más de desregulación. Y ello no sólo se manifiesta en un ataque frontal contra los más elementales derechos de la clase trabajadora y contra sus históricas conquistas, sino también en el fraude y el robo corporativo, el desprecio hacia los consumidores, y en los crímenes medioambientales, entre otros frentes de actuación. El desaforado poder corporativo ha convertido el trabajo humano en una despiadada selva, y ha vuelto más ciertos que nunca todos los postulados que ya enunciara Marx en sus famosos escritos y trabajos. Las formas actuales de gobernar (salvo en algunos honrosos casos) consisten cada vez más en someter todas las esferas de la vida humana a las lógicas de la maximización del beneficio. Hoy día se han instalado como mantras indiscutibles la eficacia empresarial, la autonomía del mercado, la desregulación ilimitada, la seguridad jurídica y la ineficiencia de lo público, con tal fuerza que los que nos esforzamos por desmontar dichos mantras hemos de enfrentarnos a una feroz resistencia. Tal fuerza poseen dichos mitos en el pensamiento dominante, que incluso tras la debacle social provocada por la crisis de 2007, las grandes corporaciones han salido reforzadas. En consecuencia, una concentración aún mayor de este poder empresarial gobierna casi todos los aspectos de nuestras vidas. 

 

Y como decimos, todo ello se traduce en una arquitectura de la desigualdad absolutamente impregnada de dichos mitos, falacias y mantras, preñados a su vez de un dogma neoliberal profundo y casi incuestionable. Las empresas son hoy día las que gobiernan el mundo, y el resto de actores políticos y sociales se ponen a su servicio. Las leyes, normas y decretos a nivel global están repletas de procesos de privatización, mercantilización, flexibilidad laboral y desmantelamiento del sector público, todo ello para favorecer el campo de acción de las empresas. Estas grandes empresas están detrás de la entrada de capital privado en los hospitales públicos, el copago sanitario, la exclusión sanitaria de las personas migrantes, las contrarreformas laborales y educativas, el encarecimiento de la formación universitaria (lo cual ha provocado la expulsión del sistema de muchos estudiantes),  la subida continuada de tasas para suministros básicos, y así sucesivamente, hasta dibujar un panorama ciertamente desolador y excluyente. En la actualidad el poder de bancos, empresas de comunicaciones, mediáticas, energéticas, sanitarias, etc., es absolutamente desmesurado e irracional, y constituye un hecho que socava profundamente los cimientos de nuestras democracias. Los abusos de poder y el dominio y control sobre los mercados de estos grandes actores económicos llegan a ser tales que el conjunto de la ciudadanía experimenta un sometimiento injusto a sus dictados, y una situación insostenible de dependencia hacia las mismas. La desigualdad está servida, y se manifiesta fundamentalmente en la desregulación de los mercados laborales, y en la impunidad de estas megacorporaciones. Continuaremos en siguientes entregas.

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21 febrero 2018 3 21 /02 /febrero /2018 00:00
Viñeta: Kalvellido

Viñeta: Kalvellido

La idea predominante de España, sus símbolos representan al antiguo régimen, al nacional-catolicismo, a la oligarquía, la opresión y lo peor de la historia de España. La suya es la España de la inquisición, la que luce banderola y evade impuestos, la que vende la soberanía energética, alimentaria, política, económica y militar a la Troika, a la UE, a los mercados, al capital y nos subordina a la OTAN. La que pisotea los derechos nacionales y la cultura de los pueblos de España

Alejandro Martínez

Volvemos a retomar esta serie de artículos, una vez hemos ido finalizando algunas otras que nos quedaban en el tintero. En primer lugar, recordar que todos los lectores y lectoras que así lo deseen pueden buscar y acceder a las 20 primeras entregas de esta serie desde el buscador del propio sitio de OverBlog, es decir, desde esta misma página, en el marco derecho de la pantalla. En su momento ya tratamos en dichas primeras 20 entregas muchos asuntos que nos parecieron interesantes, y que además fueron (en su vertiente) el germen de la posterior serie, recientemente acabada, titulada "Hacia la superación del franquismo". En efecto, la plena y real superación del franquismo es hoy en día un hito absolutamente necesario de alcanzar en nuestra sociedad, pero ahí no acaba todo. Mejor dicho, es ahí donde comienza todo. Porque esa superación del franquismo por la que abogamos nos deberá llevar (eso al menos es lo deseable) a la celebración de un nuevo Proceso Constituyente, después de un previo Proceso Destituyente. Y los lectores y lectoras podrán preguntarse: ¿Por qué? ¿No es ya bastante revolución la plena superación del franquismo en una sociedad aún configurada bajo los moldes de la actual? La respuesta es no. No es bastante porque con ello sólo hubiésemos conseguido alcanzar, digamos, la mitad del recorrido. Necesitamos recorrer la otra mitad, esto es, basándose en una sociedad liberada del dogal franquista, proceder a llevar a cabo todas las grandes transformaciones que nos conviertan de verdad en una sociedad culta, libre, avanzada, justa y democrática.

 

Y para ello el andamiaje actual, los modos y formas de gobernar, los intereses prioritarios, las configuraciones y relaciones de poder hoy vigentes tienen que ser reconfigurados desde abajo. Por ello necesitamos un Proceso Destituyente en primer lugar, y un nuevo Proceso Constituyente en segundo lugar, capaz de dotarnos de las relaciones y estructuras que cohesionen nuestra sociedad de manera justa y democrática. Evidentemente, el Proceso Constituyente debe allanar el camino hacia la III República, pues la Monarquía es básicamente contraria a cualquier planteamiento democrático, desde el punto de vista de arrebatar al pueblo su auténtica soberanía. Éste es el norte del proceso, que nunca debemos perder de vista. Nunca debemos nublar su objetivo, renunciar a alcanzar dicho fin. Hace pocas fechas nuestro actual Rey Felipe VI se jactaba de hablar de democracia en varios foros internacionales (a raíz del conflicto catalán, o con él como fondo), obviando de forma obscena que él es una figura que no ha sido votada por el pueblo, y que lo representa al más alto nivel. Pero hemos de luchar contra las bases políticas, culturales y sociológicas de este Régimen de la Constitución de 1978, que concentra en un sólo paquete la monarquía, el bipartidismo y la política neoliberal, y que además nos pone cada vez más al servicio de los Estados Unidos, uno de los países más salvajes del planeta (quizá el mayor salvaje de todos). Frente a tanta barbarie, tenemos que alcanzar la República para abordar los graves problemas que nos aquejan desde la perspectiva de una sociedad moderna y avanzada, desde unos valores de solidaridad, fraternidad e igualdad. 

 

Tenemos que construir la III República desde lo común, desde los bienes públicos, desde la defensa escrupulosa de lo público y con vocación de pleno y profundo respeto a los derechos sociales, culturales, económicos, cívicos, políticos y medioambientales, mejorando y ampliando nuestra democracia, y desde el feminismo, el pacifismo y la redistribución de la riqueza. Una República laica, que separe las órbitas de la Iglesia y del Estado, y luche contra la pobreza y la desigualdad. Una República que vuelva a recuperar el trabajo digno, las pensiones dignas, los servicios públicos dignos, universales y gratuitos, que respete el medio ambiente, y consagre la soberanía alimentaria, económica, política y ciudadana. Una República y una Constitución que reflejen nuevos sujetos de derechos, como la propia naturaleza y el resto de los animales que la habitan. Un Proceso Constituyente que alcance todos estos objetivos y delimite los moldes de una sociedad con esos mimbres no se consigue de un día para otro, necesitamos grandes dosis de concienciación popular y de difusión del pensamiento alternativo, que se enfrente al pensamiento dominante y a todos sus adalides. Un Proceso Constituyente que acabe con tanta corrupción, no porque vaya a acabar con la perversidad muchas veces inherente al propio ser humano (lo cual sería ilusorio por nuestra parte), sino porque defina y desarrolle los mecanismos de democracia participativa que controlen que dichos actos de corrupción puedan producirse. Para ahondar en las características del modelo de República que proponemos, los seguidores del Blog pueden acceder a la serie de artículos "¿Qué República queremos?", donde planteamos a fondo todos los aspectos del modelo social republicano por el que apostamos.

 

Un Proceso Constituyente que acabe con la angustia y la precariedad de la clase trabajadora, que recupere y dignifique el empleo público, que acabe con las indecentes leyes mordaza, que impida llevar a cabo reformas laborales que desmantelen de forma encubierta las conquistas sociales emprendidas desde hace décadas, incluso siglos. Un Proceso Constituyente que recupere la auténtica dimensión de la cultura, de la educación, de la sanidad públicas, de los servicios sociales, de los pilares del Estado del Bienestar, y los engrandezca y consolide. Un Proceso Constituyente que acabe de una vez por todas con la inmensa influencia y poder de la Iglesia Católica, y que anule su radio de acción y de proyección sobre la sociedad civil. Porque como asegura César Alfonso Viñas en su Ponencia para el Encuentro de Andalucía Laica en Antequera, cuyos pasajes transcribimos a continuación: "La democracia se construye en el marco de un Estado laico, pero también esa misma democracia tiene que construirse en el marco de un Estado republicano". Y ello porque todos estos aspectos van de la mano, representan flecos de un mismo paño. La Transición, en palabras de César Alfonso Viñas, fue un proceso donde el franquismo se lavó la cara, se recicló para poder entrar en la OTAN y en la Unión Europea. Una suerte de modernización para que nada cambiara en el fondo. De este modo, la tan manida Constitución de 1978 no fue fruto de un Proceso Constituyente, sino una carta otorgada por parte de las potencias imperialistas vencedoras en la Segunda Guerra Mundial. Las primeras elecciones "libres" del año 1977 fueron ilegítimas, pues los partidos republicanos no pudieron concurrir a las mismas. 

 

La Ley para la Reforma Política impulsada por el Presidente Adolfo Suárez estuvo viciada en la forma y en el fondo, y él mismo lo confesaba en una entrevista a la periodista Victoria Prego en el año 1995: "Pusimos las palabras "Rey" y "Monarquía", y así no hubo que hacer el referéndum". Y es que daba verdadero miedo consultar al pueblo español, al igual que ahora da miedo consultar al pueblo catalán. En pleno siglo XXI aún no se han derogado los Concordatos entre el Estado Español y la Santa Sede, lo que (junto con la ingente financiación que el Estado proporciona a la Iglesia y su liberación de cara a los impuestos) confiere a la Iglesia Católica un inmenso poder en la sociedad actual. Ya no tenemos un "Caudillo por la Gracia de Dios", pero tenemos una horda católica igual de conservadora que en los tiempos del franquismo, que ante los avances sociales para determinados colectivos, aduce que estamos siendo víctimas de la "ideología de género". Sólo un nuevo Proceso Constituyente puede anular y desmantelar todo este ilegítimo y desequilibrado poder social que aún conserva la confesión católica en nuestro país. Republicanismo y Laicismo son dos principios básicos y elementales que van estrechamente unidos. Encarnan los valores humanos más progresistas, se centran en el hombre, en la sociedad y en su entorno. Son dos conceptos que van unidos intrínsecamente, ya que la República que queremos debe ser el imperio de la democracia, y el Laicismo es el imperio de la autonomía moral y la libertad de conciencia para todos los seres humanos. Ya es hora de deshacer la estrecha unión entre la cruz y la espada, es decir, entre los símbolos religiosos (católicos, en este caso, con toda su cruzada de intolerancia) y los símbolos que representaban el poder militar del Rey y de su Corte, y que oprimían sistemáticamente al pueblo. Aún continúan haciéndolo. Continuaremos en siguientes entregas.

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19 febrero 2018 1 19 /02 /febrero /2018 00:00
Viñeta: Rice Araujo

Viñeta: Rice Araujo

Las guerras existen, se perpetúan y se repiten porque existe una extensa empresa que se llama «planificación», integrada por cinco elementos: la partida presupuestaria destinada a armamento, la existencia de ejércitos, la investigación científica con finalidades militares, la industria de armamentos y el comercio de armas

Arcadi Oliveres

Nos quedamos en nuestra última entrega analizando los datos e informaciones de este artículo del medio "El Salmón Contracorriente", editado por el colectivo antimilitarista "Utopía Contagiosa", relativo a los fundamentos del entramado armamentístico público-privado, tal como funciona en nuestro país (y suponemos extrapolable al resto de países, al menos de nuestro entorno). Pues bien, según el esquema general que recogen los autores de la citada fuente, resultan ser cuatro los Ministerios implicados en dicho entramado, a saber: Ministerio de Defensa (a través de organismos autónomos y empresas mercantiles), Ministerio de Hacienda (a través del CDTI o Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, y la SEPI o Sociedad Española de Participaciones Industriales), Ministerio de Industria (a través de los PEA's o Planes Especiales de Armamento, los créditos a interés 0 y los presupuestos para I+D+i), y el Ministerio de Economía (a través de la deuda militar, los Presupuestos Generales del Estado, el sobregasto militar, el comercio de armas, y los créditos al ICO o Instituto de Crédito Oficial). Por su parte, y desde el mundo privado, las principales empresas españolas implicadas en el complejo militar-industrial son Hispasat, Indra, Instalaza, Navantia, Izar, Airbus o Alestis, entre otras. Por supuesto, la casta política apoya sin fisuras la existencia de este entramado militar-industrial, y usan sobre todo la coartada cómplice y manida de la "política de Estado" y la consabida "responsabilidad" a la hora de apoyar, mantener y aumentar los presupuestos para todo esta peligrosa trama. 

 

La Comisión Parlamentaria de Defensa no suele ejercer ningún control político sobre los presupuestos en esta materia, ni plantear propuestas alternativas. El bipartidismo (PP-PSOE) es el responsable de haber creado y mantenido todo este entramado, ante el cual es hora de rebelarnos activa y profundamente. Porque como explican desde Utopía Contagiosa: "Existen, sin embargo, capacidades desde la sociedad más que suficientes para enarbolar una verdadera agenda de cambios sociales y políticos basados en la idea de desmilitarizar la defensa y de ejercer una defensa social y de la seguridad humana transfiriendo el enorme gasto destinado al militarismo a otras necesidades sociales y transformando los actuales modelos de defensa hacia una defensa de la seguridad humana: quitar poder a lo militar y dotarnos en paralelo de una defensa alternativa". Pero lógicamente, el poder del entramado industrial-militar-tecnológico que estamos describiendo es tal, que enfrentarse a él en estos términos es una tarea harto difícil. No obstante, si de verdad estamos convencidos como sociedad de que debemos tomar la senda del pacifismo, es absolutamente necesario elegir representantes políticos que posean la voluntad política necesaria como para desarmar todo este complejo. Y si no existieran dichas fuerzas políticas, es nuestra obligación moral como sociedad empujar en dicha dirección, a través de todo tipo de movilizaciones, asociaciones, organizaciones, colectivos y acciones de todo tipo, encaminadas a forzar a los Gobiernos a tomar decisiones en este sentido. Y precisamente, la desobediencia civil de las campañas de objeción fiscal militar (de las que hablaremos en su momento más a fondo) siguen siendo un referente de lucha social contra el gasto militar que puede dar muy buenos frutos. 

 

Porque la realidad es ciertamente desoladora en lo relativo al gasto militar y al comercio de armas en nuestro país. En diciembre de 2016, Carlos del Castillo redactó este artículo para el medio Publico titulando que "Las exportaciones de armas españolas se multiplican un 400% desde 2006". Según el autor, en el año 2015 se batió el récord de autorizaciones, con 10.000 millones de euros. Arabia Saudí continúa siendo el principal socio de la industria militar española (546 millones de euros), a pesar de que existen pruebas evidentes de que el armamento que España le vende acaba siendo usado en las sangrientas guerras de Siria y Yemen, ésta última muy silenciada, pero incluso más devastadora que aquélla. El autor se basa en datos del informe "Exportaciones españolas de armamento 2006-2015", elaborado por el Centre Dèlas con estadísticas oficiales. En dicho informe se afirma que el 24,5% de nuestras exportaciones de armas van a parar al polvorín en el que se ha convertido Oriente Medio, contribuyendo por tanto a una mayor inestabilidad en la zona. Durante la última década, las exportaciones de armas españolas se han incrementado hasta representar un 4,4% del total de las exportaciones mundiales, y el 1,5% del total de la balanza comercial española. Los autores del informe llegan a afirmar que "estas exportaciones pueden considerarse ilegales si nos atenemos a la propia legislación española y europea sobre comercio de armas debido a la situación de inestabilidad existente en la región de Oriente Medio". A nivel internacional, sólo las grandes potencias exportadoras superan a España en ventas de armas, como son Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, China y Reino Unido. Detrás estamos nosotros. Un triste honor y un terrible ránking. 

 

Y ello es así porque la Ley 53/2007, sobre el control del comercio exterior de material de defensa, prohíbe expresamente la concesión de licencias de exportación de armas cuando éstas "puedan ser empleadas en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y a la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos". Esta es la ley, y la incumplen sistemáticamente los mismos que se llenan la boca con ella cuando algo va en contra de sus intereses, tal como pasa con este tema del comercio de armas, con la ley de la memoria histórica, o con el soberanismo catalán, entre otros muchos ejemplos que se pueden citar. Para los actuales gobernantes, la ley no tiene ningún significado, es sólo un instrumento al servicio de sus propios intereses. La invocan descaradamente, cuando son los primeros que la incumplen sistemáticamente. Se aferran a ella como una lapa cuando la ley viene a salvarles el cuello, pero la desprecian cuando no defiende sus intereses. Por eso desprecian el pacifismo, y jalean nuestra participación cada vez más activa en la OTAN y en cuantos foros internacionales concurran los intereses dominantes. Así que ahí está nuestra actual Ministra de Defensa, lanzando elocuentes discursos en favor de la "seguridad", pero comprometida a aumentar nuestros gastos en Defensa, tal y como ha reconocido en numerosas ocasiones.

 

De hecho, como explicaba Marcos Pinheiro para eldiario.es en este artículo, Defensa ha disparado su presupuesto un 32% debido al gasto en armamento. El autor ofrece algunos datos y detalles que vamos a comentar a continuación. La inversión real que no depende de créditos ha pasado de 404 millones de euros en 2016 a 2.190 millones para el pasado año 2017. Un motivo para ello ha sido que el Ministerio de Defensa se ha visto obligado a incorporar los PEA's (Programas Especiales de Armamento, que hasta ahora se pagaban con créditos extraordinarios) fuera del presupuesto. Estos programas suponían a la fecha la friolera de 1.818 millones de euros, y como decimos, se abonaban anteriormente con créditos extraordinarios aprobados por la vía del Real Decreto-Ley, pero el Tribunal Constitucional prohibió esta práctica, porque como sabemos, está reservada a los casos de urgencia o especial gravedad o excepcionalidad. El presupuesto de Defensa pasó entonces de 5.734 millones de euros en 2016, a los 7.576 millones para 2017. Este hecho supone que la inversión militar represente el 41,1% del total de la inversión real del Estado, que para el año 2017 ascendió a 5.330 millones de euros, aumentando un 46,8% respecto al año anterior. Y es que los pagos a la industria armamentística, como recoge el autor del citado artículo, tienen hipotecado al Gobierno al menos hasta el año 2030. Estos PEA's son un instrumento inaugurado por el ex Ministro de Defensa Pedro Morenés (personaje al que nos hemos referido en numerosos artículos como paradigma de las puertas giratorias en el ámbito de la defensa) cuando ostentaba el cargo de Secretario de Estado de Defensa (período 1996-2000, coincidiendo con la primera legislatura de José María Aznar), destinados típicamente a la adquisición de submarinos, aviones, carros de combate, fragatas o armamento pesado. En total, esos programas "especiales" ascienden a 30.000 millones de euros, y aún restan por pagar algo más de 20.000 millones. De media, cada año, deben abonarse unos 1.350 millones de euros. Continuaremos en siguientes entregas.

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16 febrero 2018 5 16 /02 /febrero /2018 00:00
Viñeta: Vasco Gargalo

Viñeta: Vasco Gargalo

Defraudar al fisco no se limita a ahorrar gastos, sino que consiste en perjudicar la financiación de las instituciones públicas y, en consecuencia, la noción misma de bien público, para constituir polos de decisión offshore ocultos sobre cuestiones de envergadura histórica

Alain Deneault

Hemos de ir finalizando ya este cuarto bloque temático de la serie, dedicado a los paraísos fiscales, y vamos a detenernos en esta entrega en las posibles medidas y decisiones que se pueden y se deben tomar desde nuestras instancias políticas más cercanas, como son los Ayuntamientos. Quizá la más inteligente de ellas sea la de incorporar los criterios éticos como requisitos en su contratación, y sus convocatorias y contratos de licitación. Lo que se persigue es discriminar negativamente a las empresas que tengan sedes en paraísos fiscales, y premiar a aquéllas que sean fiscalmente responsables. De esta forma, además de obligar a las empresas a que se comporten de forma responsable ante la justicia fiscal, estaremos fomentando la puesta en marcha de políticas económicas que reviertan en los bienes comunes más cercanos. Y es que los municipios deben convertirse en el primer eslabón contra los paraísos fiscales, como está ocurriendo ya en muchas ciudades de Europa, y aquí también en nuestro país. Pero para ello, la declaración o adhesión a la causa no puede quedarse en una mera declaración de intenciones. Los consistorios deben comprometerse firmemente a asegurar que los concursos públicos que convoquen favorezcan a las empresas que practiquen conductas fiscales responsables, en detrimento de las que no lo hacen. Si esto se implementa en su total exigencia y además se extrapola al resto de las Administraciones Públicas, habremos dado un gran salto en la lucha contra los territorios offshore y los que los alimentan. 

 

Pero hoy día, desgraciadamente, los Gobiernos locales practican unas adjudicaciones públicas bajo controles poco democráticos, y en altas concentraciones de poder. Este es un aspecto fundamental, ya que el volumen de la contratación pública en nuestro país representa el 18,5% del PIB, dado lo cual no estamos hablando precisamente de cifras menores. Pero como venimos recalcando, necesitamos cambiar esta situación a nivel internacional, pues es relativamente poco lo que un determinado país de forma aislada puede conseguir en este campo, de ahí que el problema de los paraísos fiscales requiere una amplia coordinación global, es decir, aunar las necesarias voluntades políticas para acabar con esta lacra, que hoy por hoy no se posee. Sería necesaria que todos los Gobiernos se comprometieran a lanzar nuevas generaciones de reformas fiscales justas y progresivas, que pongan fin de manera efectiva a las prácticas fiscales regresivas que actualmente funcionan (véase la última reforma fiscal de Donald Trump en EE.UU. como ejemplo de lo que NO hay que hacer), y hay que lograrlo si queremos disponer de fondos en nuestras arcas públicas para poder acometer la financiación y sostenibilidad de nuestros servicios públicos. Entre los compromisos concretos que deben recogerse están:

 

1.- Consensuar una lista definitiva y única del conjunto de los paraísos fiscales internacionalmente reconocidos, a partir de una definición universal de los mismos. Este aspecto es absolutamente fundamental (lo hemos resaltado en anteriores entregas) para aunar los esfuerzos en las medidas a implementar sobre los territorios offshore que hayan sido reconocidos como tales. 

 

2.- Medidas definitivas contra los paraísos fiscales y los regímenes fiscales perjudiciales que facilitan la evasión y la elusión fiscal, poniendo fin a la carrera a la baja en la fiscalidad empresarial. Este enfoque requiere que todos los países participen en pie de igualdad. 

 

3.- Poner fin a la carrera a la baja y a la proliferación de incentivos fiscales improductivos que resultan perjudiciales, mediante una mayor transparencia de los incentivos ofrecidos a las empresas multinacionales (incluyendo exenciones y exoneraciones fiscales, y todo tipo de rebaja fiscal que afecte al Impuesto de Sociedades, el IVA y los aranceles aduaneros).

 

4.- Promover la transparencia fiscal en todo el mundo exigiendo a las compañías multinacionales que elaboren informes en cada país, accesibles públicamente, para cada país en donde operen, incluyendo una relación de sus empleados, activos físicos, ventas, beneficios e impuestos (debidos y pagados), de manera que pueda realizarse una valoración precisa de si están pagando su parte justa de impuestos allí donde operan internacionalmente. 

 

Para finalizar con la era de los paraísos fiscales en los que domina la opacidad y el secretismo, los Gobiernos deberían garantizar:

 

1.- El establecimiento de registros públicos de los beneficiarios reales y últimos de todas las empresas, fundaciones, holdings, corporaciones, entidades, cuentas bancarias y fondos fiduciarios. 

 

2.- La puesta en marcha de un sistema multilateral de intercambio automático de información fiscal internacional, que acabe de una vez con el secreto bancario y los procedimientos derivados de la existencia de dicha limitación. 

 

3.- En última instancia, todos los Gobiernos a todos los niveles administrativos de los Estados deben sentar las bases para crear un organismo fiscal mundial en el que participen todos los países en igualdad de condiciones, y para hacer la vida cada vez más difícil a aquéllas empresas que mantienen sedes y operaciones en paraísos fiscales. 

 

En resumidas cuentas, creemos sinceramente que el mundo funcionaría mejor y sería más justo si se pusiera coto seria y decididamente a los paraísos fiscales y todo su entramado relacionado. Si así fuera, las grandes fortunas, las empresas multinacionales y los fondos de inversión mundiales pagarían los impuestos que les corresponden en sus respectivos países, sería más difícil evadir capitales, los beneficios de la economía global se repartirían más equitativamente, disminuirían en gran medida las tremendas desigualdades sociales, se acotaría severamente la arquitectura de la desigualdad, y existirían más fondos en las arcas públicas de los Estados para reactivar la economía, para crear puestos de trabajo estables y con derechos, para garantizar los derechos humanos fundamentales, para sostener los servicios públicos básicos, para financiar las prestaciones sociales, y todo ello al mismo tiempo que el dinero criminal (procedente de actividades ilegales, ilícitas o delictivas) tendría muchas más dificultades para moverse por el mundo e instalarse en el seno de estos territorios offshore. Es cuestión, como siempre, de voluntad política. Continuaremos en siguientes entregas, abordando ya el siguiente bloque temático.

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14 febrero 2018 3 14 /02 /febrero /2018 00:00
Fuente Viñeta: https://democraciaenlared.wordpress.com/

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Así funciona la lex mercatoria, el ordenamiento jurídico global basado en las normas sobre comercio e inversiones que protege los intereses de las grandes empresas por todo el mundo. Un entramado de contratos privados, tratados comerciales, acuerdos de inversión, políticas de ajuste, préstamos condicionados, disposiciones internacionales y laudos arbitrales que blindan los negocios de las multinacionales y sitúan los beneficios empresariales por encima de cualquier otra consideración. Un Derecho duro —vinculante, sancionador, coercitivo— que se basa en una idea de la seguridad jurídica únicamente vinculada a los intereses comerciales

Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro

Nos quedamos en la última entrega distinguiendo entre los diversos tipos de crímenes internacionales que las empresas transnacionales (ETN) llevan a cabo típicamente, y que el Tratado Internacional de los Pueblos (TIP) recoge en las tres variantes siguientes:

 

1.- Crímenes económicos contra la Humanidad. Se refieren a prácticas de las personas físicas o jurídicas que violen los derechos económicos, sociales o culturales regulados en la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y demás convenios a aplicar, cuando además concurran circunstancias acordes con el genocidio o el etnocidio. 

 

2.- Crímenes corporativos internacionales. Se refieren a las prácticas de las ETN o de las personas que actúen en su nombre que puedan calificarse como corrupción, soborno, crimen organizado, tráfico de personas, malversación de fondos, blanqueo de dinero, fraude fiscal, tráfico de información privilegiada, manipulación de mercados, estafa organizada contra clientes, pequeños accionistas y accionariado público, falsedad de estados financieros, y otros que puedan calificarse como tales. 

 

3.- Crímenes ecológicos internacionales. Se refieren a la provocación de conflictos ecológicos distributivos, generados por las prácticas de estas ETN o sus representantes, que incluyan el acaparamiento de tierras y territorios, la privatización y contaminación de fuentes de agua y la destrucción del ciclo hidrológico integral, el arrasamiento de selvas y de la biodiversidad de cualquier región, la biopiratería, el cambio climático, la contaminación masiva de los mares o de la atmósfera, y el ecocidio, entre otros. La devastación natural se configura a partir de los impactos, la contaminación y el avasallamiento de los territorios. Todo esto tiene relación directa con los crímenes y atentados contra los derechos de la naturaleza y a su vez con los derechos humanos y la posibilidad de gozar de un ambiente sano, premisa ésta última fundamental para la garantía de los demás derechos consagrados en las normas nacionales e internacionales. 

 

Otro aspecto que el Tratado de los Pueblos refuerza es el relativo al papel de los Estados, ya que toma como misión restablecer o volver a dar fuerza y poder a los Estados (que representan a sus respectivas sociedades) frente al poder de las grandes empresas multinacionales. En este sentido, el TIP recoge que los Estados deben garantizar el cumplimiento del Derecho Internacional sobre los Derechos Humanos, en su ámbito jurisdiccional y la tutela judicial efectiva de las personas ante las ETN. Los Estados deben también aprobar normas internas que regulen la responsabilidad extraterritorial por las prácticas de las ETN, y que permitan a las comunidades afectadas por dichas prácticas efectuar demandas en los tribunales del Estado matriz. Se propone para todas estas tareas de control la creación de un Centro Público para el Control de las Empresas Transnacionales, encargado de analizar, investigar e inspeccionar sus prácticas.

 

Este Centro se gestionará conjuntamente mediante la participación de gobiernos, movimientos sociales, sindicatos y pueblos autóctonos. Su función primordial será investigar las denuncias interpuestas por todos estos agentes. Cualquier colectivo u organización afectada podrá presentar la denuncia correspondiente ante este Centro. El Tratado contempla además la creación de una Corte Mundial sobre Corporaciones Transnacionales y Derechos Humanos, que complemente los mecanismos universales, regionales y nacionales, y garantice que las personas y comunidades afectadas tengan acceso a una instancia judicial internacional independiente, para la obtención de justicia por violaciones de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales.

 

La instancia de esta Corte Mundial será la encargada de aceptar, investigar y juzgar las denuncias interpuestas contra las empresas transnacionales, los Estados o las Instituciones Internacionales Económico-Financieras, por las violaciones de los derechos humanos y por la responsabilidad civil y penal de la supuesta comisión de crímenes económicos, corporativos y ecológicos internacionales. Los conflictos entre empresas transnacionales y Estados no podrán ser recurridos ante paneles arbitrales internacionales. Quedan por tanto excluidos los actuales Tribunales Inversor-Estado definidos en todos los Tratados de Libre Comercio de última generación (TPP, TTIP, TISA, CETA...). Los tribunales nacionales serán los competentes para resolver tales conflictos.

 

Por su parte, los conflictos comerciales entre diferentes Estados firmantes del Tratado de los Pueblos deberán solventarse por vías diplomáticas, o mediante la mediación de terceros Estados elegidos por las partes. El Tratado también fomenta como alternativas la remunicipalización de los servicios públicos privatizados, la implementación de la soberanía alimentaria, la reforma agraria y los derechos campesinos, la construcción de marcos alternativos para las inversiones, la supresión de los privilegios de los inversionistas extranjeros, o la exigencia de una economía solidaria, entre otras muchas. Recomendamos a nuestros seguidores y seguidoras la lectura completa del documento de referencia del Tratado de los Pueblos, ya que se incluyen en él muchas experiencias exitosas de implementación de todos estos conceptos y orientaciones. Con ello finalizamos la exposición del Tratado Internacional de los Pueblos, la que hemos considerado la alternativa más completa, íntegra y exigente a los Tratados de Libre Comercio que hoy día se llevan a cabo. Continuaremos en siguientes entregas.

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13 febrero 2018 2 13 /02 /febrero /2018 00:00
Imagen: https://www.elrinconjuridico.com

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La cadena perpetua abandona toda esperanza en la capacidad de regeneración del individuo, se sustenta en una visión antropológica pesimista y desecha la reinserción social como fin primordial de las penas, el único que recoge la Constitución. Porque los condenados tienen derecho a regresar a la comunidad en condiciones de interactuar como ciudadanos. De lo contrario, la marea punitivista nos lleva a consolidar la cárcel como contenedor de basura humana, como depósito de personas desechables

Julián Ríos (autor de "La Prisión Perpetua en España: razones de su ilegitimidad ética y de su inconstitucionalidad")

La polémica ha vuelto a la palestra, sobre todo a raíz de los últimos descubrimientos en torno al terrible asesinato de Diana Quer, que ha devuelto también a la memoria los no menos terribles asesinatos de Mari Luz Cortés, Marta del Castillo (cuyo cadáver aún no ha sido hallado), Sandra Palo, Jeremy Vargas y otros tantos de nuestra historia reciente. Se ha avivado el debate sobre la denominada eufemísticamente "prisión permanente revisable" (en realidad cadena perpetua), y las posiciones parecen enconarse día a día. Se habilitó hace pocas semanas una petición en el sitio web Change.org para que firmaran los ciudadanos que estuvieran a favor de mantenerla, es decir, de no derogarla, que ha sobrepasado los dos millones de apoyos populares. El argumento principal para mantenerla es que exista una pena excepcional para criminales excepcionalmente peligrosos, como pueden ser los autores de estos horrendos crímenes. Pero a día de hoy, sólo el Partido Popular la defiende sin fisuras, mientras que Ciudadanos prefiere ponerse de perfil, y tanto el PSOE como Unidos Podemos se oponen a dicha pena, y defienden su derogación inmediata. El PP ha hecho de este asunto un nuevo pelotazo electoral, y ha celebrado recientemente mítines y convenciones a las que han asistido los familiares de estas víctimas. El asunto es peliagudo, y levanta las más fervientes pasiones encontradas. Porque de entrada, si cualquier persona se pone en el lugar de estos padres y madres, cuyos hijos e hijas murieron tan salvajemente en manos de estos criminales, es humano y lógico pensar que deseen para sus execrables autores el cumplimiento de las penas más extensas, incluso la indefinida reclusión.

 

Pero el problema es que el Estado (representado por los legisladores) no puede ponerse en el lugar concreto de ningún familiar de víctima, debe ponerse en el lugar de toda la sociedad, de la sociedad al completo, velando por lo que la sociedad de su tiempo entiende que es lo más justo, social, humano y avanzado. Legislar en caliente para estos asuntos, a golpe de noticia, de caso concreto, por vil y cruel que nos parezca (que nos parece), no responde a una ponderación serena y equilibrada que es la que el Estado debe ofrecer a su sociedad. Por otra parte, hay que desarmar algunos mitos y falacias que aún se comentan y se creen firmemente, como la falsa sensación de impunidad para los criminales, o como que las penas ejemplares consiguen mitigar los delitos. Esto no es así, y tenemos como ejemplo paradigmático a los Estados Unidos, donde a pesar de poseer la población reclusa más grande del mundo (sobre porcentaje de población real), y poseer la pena de muerte vigente en muchos Estados, los más crueles y detestables delitos no cesan de producirse en dicho país. No podemos perder el norte, ni dejarnos llevar por opiniones de café que no resisten el más elemental y riguroso análisis. Y como nos cuenta Daniel Amelang en este artículo para El Salto Diario, han sido consultados muchos expertos y expertas en Derecho Penal (incluido el Consejo General de la Abogacía Española), que concluyen que dicha pena en nuestro país es absolutamente innecesaria, pues España posee la mayor tasa de personas reclusas de Europa occidental, una media de 10 meses de cumplimiento en las cárceles (superior a la de la UE) y penas de hasta 40 años en prisión, mucho más elevadas en el tiempo efectivo de cumplimiento que las de los países de nuestro entorno que sí cuentan en sus códigos penales con la cadena perpetua. Pues aún con todo ello, el PP pretende ampliar en tres nuevos casos las posibilidades de aplicación de esta pena. 

 

Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reprochado a través de las redes sociales que el Gobierno lleve a cabo este anuncio, en lugar de dedicarse desde el Ministerio a dotar a la Administración de Justicia de mayores medios materiales (sobre todo tecnológicos) y humanos, que contribuirían a poder ofrecer respuestas penales más ágiles y adecuadas. Y es que como decimos, la legislación sobre estos asuntos ha de hacerse en frío, pues de lo contrario, asistimos a una legislación "que sale de las entrañas, es más emotiva que reflexiva" (en palabras de Daniel Amelang). Es muy comprensible que los familiares de las víctimas de estos horrendos crímenes clamen justicia de la forma más aplastante y efectiva posible que el sistema pueda ofrecer, pero el sistema debe tener en cuenta muchos más factores a la hora de decantarse por una figura jurídica como la que estamos haciendo referencia. Se instala a raíz de estos casos un sentimiento de inseguridad ciudadana que no obedece a motivos reales, una consideración de cierta laxitud de nuestro sistema penal, y algunos partidos políticos manipulan de forma obscena el dolor de los familiares de las víctimas, y utilizan de forma oportunista y populista dichos sentimientos, legítimos pero equivocados, porque no tienen en cuenta otros datos de la realidad penal ni jurídica de nuestro país. Porque la realidad de los datos nos revela claramente que hay que poner de manifiesto el bajo índice de criminalidad existente en España en relación a otros países de nuestro entorno. Y en última instancia, no podemos perder el norte de la razón de ser, la auténtica naturaleza, de la pena de prisión, que no es otra que la reeducación y reinserción social de los penados. Es una de las bases de la justicia reflejadas en nuestro sistema constitucional. 

 

La pena de prisión permanente revisable (por muy reservada que se encuentre a ciertos delitos excepcionalmente graves) asegura ser revisable en la teoría, pero en la práctica ofrece pocas garantías efectivas de que no se vaya a provocar el encierro de por vida de estos condenados. Necesitamos por tanto un llamamiento a la reflexión serena y colectiva, con calma y sosiego, y al margen de los ritmos de las agendas políticas y de los titulares mediáticos, que más pretenden sacar tajada electoral y apoyos ciudadanos a sus causas desde un punto de vista visceral e irracional. Por más que podamos encontrarnos con casos aberrantes y con individuos execrables, que cometan abominables crímenes, no podemos caer en la tentación de trasladar su lógico duelo personal en leyes que regulen nuestro sistema garantista de justicia y nuestro derecho penal, que han de seguir sustentados en el profundo respeto hacia todos los derechos humanos fundamentales. Hacer populismo barato con estos asuntos suele salir muy caro, manipular las conciencias hacia la decantación de figuras penales anacrónicas basadas en la venganza, olvidándose de los propios principios constitucionales que inspiran el derecho, sólo contribuirá a involucionar hacia una sociedad más salvaje. Nuestros referentes deben seguir siendo el profundo respeto a la dignidad humana, así como al rechazo a penas inhumanas o a tratos crueles o degradantes. Definitivamente, hay que erradicar de nuestro imaginario las condenas eternas a prisión, y entender ésta siempre como un medio y nunca como un fin. Ello no obsta para refinar, mejorar y perfeccionar en todo lo posible los mecanismos empleados para comprobar el grado de reinserción de un reo determinado, que siempre serán la herramienta fundamental para proteger a la sociedad de que éste vuelva a cometer los delitos por los que fue condenado. 

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12 febrero 2018 1 12 /02 /febrero /2018 00:00
Fuente Viñeta: http://www.gentiuno.com

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Aceptando que el capitalismo no puede existir sin guerra, cuyos perjuicios recaen sobre las masas trabajadoras del planeta y de cada país, sobre los pueblos, la alternativa a la guerra no puede ser otra que superar el capitalismo

Juan Rafael Lorenzo

Guerras y capitalismo. Capitalismo y guerras. Dos caras de una misma moneda. Dos dimensiones de una misma realidad. Dos manifestaciones de un mismo mundo. La influencia del capitalismo globalizado es tal que justifica las guerras hasta en los mayores foros internacionales, y en las más prestigiosas convenciones. Sin ir más lejos, los mayores exportadores de armas se sientan en el Consejo de Seguridad de la ONU, tal como nos cuenta Lyndal Rowlands en este artículo para el medio internacional IPS, traducido por Verónica Firme para el medio digital Rebelion.org. Y nosotros nos preguntamos: ¿podemos imaginar una desfachatez mayor? Seguimos a continuación datos e informaciones del artículo de referencia. En efecto, y hasta mediados del presente año 2018, 9 de los 10 mayores exportadores de armas a nivel mundial ocupan un asiento en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Entre los nueve, hay cuatro que son miembros rotativos europeos del máximo órgano de seguridad de la ONU, como son España, Holanda, Italia y Ucrania, además de los cinco países permanentes con derecho a veto, como son China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Y como decimos, basándonos en datos del SIPRI (Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo), dichos nueve países son los mayores exportadores de armas del mundo. Alemania, que figura en el lugar número 5 de la lista, es el único de los 10 que no ha integrado en el pasado reciente el Consejo de Seguridad de 15 miembros, ni está previsto que lo haga en el futuro inmediato. 

 

El panorama es, por tanto, absolutamente catastrófico. Hablar de pacifismo bajo esta surrealista situación, siquiera intentarlo, es algo absolutamente utópico, mientras no cambiemos esa nefasta realidad. Que sean las potencias militares más fuertes las que integren el mayor foro internacional sobre seguridad es como poner al zorro a cuidar de las gallinas. Sólo dos de ellos, Estados Unidos (con el 33%) y Rusia (con el 25%) fueron responsables del 58% de las exportaciones mundiales de armas en el año 2015, según el citado organismo sueco. China y Francia se ubican en tercero y cuarto lugar, pero con una participación bastante menor que las otras dos grandes potencias. Los actuales conflictos en Yemen y Siria son ejemplos vivos y evidentes de la influencia que poseen estos exportadores de armas que integran el Consejo de Seguridad. La situación es tan paradójica como absurda, ya que las crisis mundiales que aborda el Consejo están precisamente provocadas por las irresponsables actitudes de los países que se sientan a su mesa. Pero aún llega a más el contrasentido, ya que precisamente son los integrantes del Consejo de Seguridad los que tienen la responsabilidad especial de mantener la paz y la seguridad mundial. Si no fuera porque es un asunto tan grave, nos podríamos desternillar de la risa con tan magnífico chiste. ¿Queremos más absurdos aún? Pues tomemos como referencia este estupendo artículo de Enric Llopis, donde denuncia y recoge cómo la Unión Europea pide indecentemente "responsabilidad" a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's), mientras suministra y exporta armas a los mismos países en conflicto de donde luego vienen las avalanchas de refugiados. 

 

Son palpables las ventas de armamento europeo a estos países, los mismos de los cuales se denuncia su "presión migratoria", y frente a los cuales la UE practica un cierre de fronteras, desatendiendo al derecho internacional humanitario. Podríamos indicar muchos más absurdos, muchas más situaciones surrealistas que atentan contra el sentido común más elemental, y contra la más primigenia lógica. ¿Cómo es posible explicar estas situaciones? Pues insistiendo en la idea que venimos exponiendo en este bloque temático: es precisamente la globalización del capitalismo neoliberal impulsada por Occidente la que está llevando a provocar nuevas guerras en las periferias de este sistema, tal como afirma Darío Azzellini en su texto "El negocio de la guerra", algunos de cuyos pasajes seguiremos a continuación. Este texto puede descargarse libremente en formato PDF desde este enlace. Bajo esta perspectiva, formas de transformación de la conducción de guerras en una parte de la economía de mercado, pero también el creciente surgimiento de facciones paramilitares, ejércitos de mercenarios y de compañías militares privadas, representan hoy día una consecuencia directa de la gigantesca y peligrosa dimensión del capitalismo globalizado neoliberal. Los autores finalizan el prólogo del libro con los siguientes términos: "En realidad lo que hoy se expande por regiones cada vez más amplias del globo es un estado de guerra permanente de diferente intensidad que necesita respuestas mucho más complejas que la simple demanda de un cese a los bombardeos. Lo que requiere la situación actual es una crítica estructural a la "guerra", como un nuevo orden de expresión de las tendencias actuales de desarrollo del capitalismo". 

 

El objetivo principal de la guerra como negocio es promover la industria militar, una fuente de excelentes beneficios para unas pocas empresas, accionistas, bancos y fondos de inversión que participan en esta ingente actividad. Veamos el caso español. Según la organización antimilitarista Utopía Contagiosa, responsable de este artículo para el medio "El Salmón Contracorriente", España se sitúa entre los puestos 6º y 7º del ránking mundial de ventas de armas (según el año) y mantiene una febril labor exterior de nuestra diplomacia (del Rey hacia abajo) en la promoción de la industria militar española y en la plasmación de grandes contratos armamentistas en el exterior. En este sentido, la acción de guerra del Ejército es un escaparate necesario para la venta de armas españolas. Según nuestros políticos, la venta de armas es un desarrollo necesario para poder disponer de una industria fuerte que nos permita su sostenibilidad, y dotarnos de las armas que necesitamos de forma autónoma, sin depender de terceros. Por ello (siguiendo siempre el razonamiento dominante) debemos participar en operaciones y misiones exteriores de guerra, para tener un ejército bien entrenado por si se necesita, y para impulsar la industria militar como una opción estratégica para nuestra autonomía militar y por su impacto positivo en el desarrollo industrial del país. Pero la verdad es que la industria militar no contribuye al desarrollo ni al avance científico ni social, es una tecnología muy parasitaria de los avances científicos desarrollados fuera del campo militar, y a pesar de proporcionar grandes beneficios a sus propietarios, sólo ofrece 20.000 puestos de trabajo reales, muy por debajo del desarrollo potencial de otros sectores de mayor calidad de desarrollo humano, o que proporcionen un mayor valor añadido.

 

Estamos pensando por ejemplo en los campos de las energías renovables, la educación o la sanidad, todas ellas centradas en resolver problemas humanos esenciales, y por tanto, en contribuir a avances sociales importantes y valiosos. Frente a todo ello, el gasto militar nos endeuda de forma insostenible con las empresas fabricantes, nos obliga a dedicar un porcentaje cada vez mayor del PIB para defensa (por nuestra pertenencia a la OTAN), mientras que dejamos abandonados (con recortes y presupuestos cada vez menores) otros muchísimos aspectos que sí contribuyen a mejorar la vida de las personas, tales como la vivienda, el empleo, la salud, la educación, un medio ambiente sano, etc. Hemos entrado en una especie de círculo vicioso, ya que hemos diseñado un dispositivo militar aberrante, con un sobredimensionamiento incluso desde el punto de vista del Ejército, con un mando por cada 2 soldados y soportando un gasto del que dependen dos millones y medio de personas. Los Planes Especiales de Armamento (PEA) generan además una deuda insostenible, que nuestros gobernantes disfrazan en otras partidas presupuestarias ocultas o agregadas a otros Ministerios, por la compra de armas que no se necesitan, que han sido adquiridas de forma opaca por personajes implicados en el intrincado sistema de intereses de las empresas militares y de la política, donde también se da el fenómeno de las puertas giratorias (véase el caso del ex Ministro de Defensa Pedro Morenés, auténtico paradigma de lo que decimos). En última instancia se mantiene siempre para estos asuntos la opacidad, pues en materia de política de defensa, el conjunto de la ciudadanía no tenemos opinión, ya que todo se decide de forma casi secreta, y no existe un verdadero control sobre tales proyectos ni decisiones. Continuaremos en siguientes entregas.

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9 febrero 2018 5 09 /02 /febrero /2018 00:00
Viñeta: Iñaki y Frenchy

Viñeta: Iñaki y Frenchy

Como si se tratara de una novela de John le Carré, las filtraciones acerca de los denominados “Paradise Papers” han confirmado al mundo la realidad de una evasión fiscal a escala industrial, sin límites, sin escrúpulos ni decencia, y que implica a multitud de conocidas corporaciones y personalidades. Su nombre ha estado bien elegido: “los papeles del Paraíso”. Y es que realmente se trata de un verdadero puente al Paraíso; el paraíso en la tierra para la avaricia, la insolidaridad y la acumulación de riqueza mediante el no pago de impuestos

Miguel Ángel Mayo

Y como siempre en este asunto de los paraísos fiscales, los grandes "dando ejemplo". Mal ejemplo, se entiende. Nuestro índice bursátil, el famoso IBEX-35, paradigma de las empresas transnacionales de peor gusto, es un buen exponente del uso de los territorios offshore, tal como nos contaba Lucía Villa en este artículo para el medio Publico en mayo de 2016. Su titular ya es bastante sustancioso: "El Ibex-35 triplicó su presencia en paraísos fiscales durante la crisis". Tal como suena. Me remito a sus datos e informaciones. En 2014, el número de filiales ubicadas en territorios con ventajas fiscales batió el récord, con un total de 891. El Banco Santander, con 235 filiales, se llevaba la palma como principal beneficiaria de la elusión fiscal, según un informe de Oxfam Intermon y el ORSC, que puede consultarse en este enlace. Concretamente, entre los años 2009 y 2014, es decir, durante los peores años de la crisis, repletos de medidas de austeridad para el conjunto de la mayoría social,  las empresas de dicho índice bursátil multiplicaron por 3,3 el número de filiales situadas en paraísos fiscales. Es decir, que mientras la crisis (en realidad, la estafa) estrangulaba a miles de pequeñas empresas, lanzaba a los jóvenes al exilio laboral, obligaba a muchas familias a dejar sus casas porque no podían hacer frente a sus hipotecas, reducían las pensiones y prestaciones por desempleo, y nos sentenciaban hasta la saciedad con el mensaje de que habíamos vivido "por encima de nuestras posibilidades", estas indecentes empresas, las compañías con mayores beneficios de nuestro país, incrementaron hasta un 228% su presencia en estos territorios de régimen tributario extremadamente favorable. Parece ser que su "responsabilidad social" sólo daba para eso. 

 

Enseguida saldrán los defensores de estos grandes agentes del más desalmado capitalismo a decirnos que estas prácticas son absolutamente legales, pero en la mayoría de casos la domiciliación de estas empresas en lugares como Delaware (417 filiales), Holanda (131), Irlanda (65), Luxemburgo (55) o Islas Caimán (29), no está relacionada con la producción de bienes y servicios en dichos territorios, sino que responde a operaciones financieras que les permiten eludir el pago de unos impuestos que, de otra manera, irían a parar a las arcas públicas del Estado, contribuyendo (como es su obligación) al conjunto de servicios públicos que todos (incluidos ellos) disfrutamos. El caso de Banco Santander es absolutamente paradigmático, pues como indica Lucía Villa los datos son escalofriantes, ya que la media fue de una apertura de 53 filiales en un solo año, es decir, una por semana. Le seguían en ese aberrante ránking ACS con 113 filiales, Iberdrola con 69, Abengoa con 67 y BBVA con 52. El informe citado más arriba afirma taxativamente: "La economía de los paraísos fiscales crece al doble de velocidad que el resto de la economía productiva mundial. En los últimos años, la inversión hacia paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro y más de la mitad del comercio mundial pasa por estos territorios". El resultado, como venimos indicando repetidas veces durante esta serie de artículos, es que esta arquitectura de la desigualdad (apoyada en este caso por los paraísos fiscales y una legislación fiscal regresiva) está diseñada para proteger los intereses de las grandes corporaciones y fortunas, frente a las necesidades de la mayoría. 

 

La situación es ciertamente desoladora: el IBEX-35 posee casi mil sociedades en paraísos fiscales, a datos de abril de 2017, como nos destacaba Marina Estévez en eldiario.es. De hecho, la única empresa del selectivo español que no posee ninguna filial en paraísos fiscales es AENA. Todo este escenario crea un halo de absoluta impunidad de las grandes empresas transnacionales, y sobre todo de la gran banca privada, es decir, de la gran delincuencia financiera. Apoyados en el "secreto comercial", se cometen todo un abanico de aberraciones fiscales absolutamente toleradas y consentidas por los Gobiernos, que además con sus medidas fiscales favorecen aún más a los poderosos. Lo explica muy bien Jérôme Duval en este artículo para el medio Diagonal, que rescatamos a continuación. Duval se pregunta: "¿Cómo explicar, por ejemplo, que las Bermudas (donde el banco Sóciéte Générale tiene una filial que ha obtenido 17 millones de euros de cifra de negocio en 2013 sin ningún asalariado) hayan sido retiradas de la lista francesa de paraísos fiscales en enero de 2014? ¿Cómo Bélgica ha podido esperar a 2015 para colocar oficialmente al gran ducado de Luxemburgo en la lista belga de los paraísos fiscales? ¿Cómo es posible que ciertos Estados europeos, la Unión Europea (UE), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental de lucha contra el blanqueamiento de dinero, la OCDE o el FMI tengan listas de paraísos fiscales distintas?". Y concluye: "Esta incoherencia de las falsas soluciones aportadas por actores que supuestamente luchan contra el fraude y la evasión fiscal favorece la impunidad de los grandes delincuentes financieros que disfrutan, por otro lado, de una justicia a medida, tolerante o continuamente esquivada". 

 

Y así, la actual directiva europea sobre la protección del "secreto comercial" protege a los delincuentes. Esta directiva fue aprobada en el Parlamento Europeo el 14 de abril de 2016 (dimos cuenta de ella en uno de los artículos de la serie "Contra los Tratados de Libre Comercio"), y a pesar de una petición popular contra esta iniciativa firmada por más de 500.000 personas, una gran mayoría de los eurodiputados aprobaron el texto por 503 votos a favor, 131 en contra y 18 abstenciones. Esta directiva supone un peligro extraordinario, y constituye otro armazón legal que protege la arquitectura de la desigualdad. El actual texto amenaza el trabajo de investigación de los periodistas, y por extensión, la información revelada del ciudadano, protege a las empresas y sus maniobras ilegales prohibiendo la divulgación de sus "secretos económicos" a la opinión pública interesada. Compromete seriamente y se sitúa en contra del trabajo de periodistas, filtradores, denunciantes, ONG's y demás actores que intenten sacar a la luz pública informaciones sensibles de interés general. En el fondo, como sostenemos, protege y da amparo a la criminalidad financiera y fiscal. Coloca los intereses de las multinacionales por encima del interés general. Estamos ante el mundo al revés: vía libre, legal y encubierta a las empresas que quieren eludir impuestos y evadir capitales, y denuncias y penas (incluso de prisión) para aquéllos denunciantes de dichas prácticas y actividades, justo los que deberían estar protegidos y recompensados en vez de perseguidos y castigados. 

 

También sería interesante preguntarnos...¿cuál es nuestro paraíso fiscal más cercano? Respuesta: Andorra. Tomo datos e informaciones de este artículo donde se publicó la misiva que las EuroMarchas remitieron al Papa Francisco, para denunciar (a propósito de que el Obismo de la Seu d'Urgell es copríncipe de dicho territorio) la tremenda situación de nuestro paraíso fiscal. Extraemos a continuación los párrafos más suculentos de dicho escrito: "El principado no muestra ningún respeto por los derechos de los trabajadores. La política de inmigración es sumamente restrictiva. El derecho de voto está restringido sólo a los andorranos, incluso en las votaciones locales. La independencia de la justicia está seriamente cuestionada, y la mendicidad prohibida. Y mientras las puertas de Andorra han permanecido cerradas a los inmigrantes, han estado abiertas de par en par para los evasores fiscales y los ricos residentes extranjeros. La vocación de la banca andorrana como paraíso fiscal se reafirma con su internacionalización hacia las localizaciones offshore más importantes del mundo, como son Panamá, Luxemburgo, Suiza, Mónaco, Bahamas, Islas Vírgenes y otros. Y por supuesto, las puertas de Andorra se abren para facilitar la elusión fiscal de particulares y empresas españolas hacia el principado. Andorra ha introducido impuestos por primera vez en su historia para captar capitales, atraídos por su baja fiscalidad, practicando una competencia desleal, en lo que se denomina "dumping fiscal". Estas políticas fiscales agresivas de Andorra se traducen en recortes en servicios públicos para los ciudadanos del Estado Español. La sanidad, la educación y otros servicios básicos se ven seriamente perjudicados en detrimento de las clases más débiles". Continuaremos en siguientes entregas.

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7 febrero 2018 3 07 /02 /febrero /2018 00:00
Fuente Viñeta: https://democraciaenlared.wordpress.com/

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El capitalismo no es el sistema de algunos países. Es el sistema hegemónico del mundo. Se pueden mitigar sus problemas, se pueden desmantelar sus mitos, pero no se puede eliminarlo hasta que no entre en su crisis o declive como el feudalismo. Hasta que sea reemplazado por otro sistema. Eso en caso de que quede planeta o humanidad. Porque también el capitalismo es el único sistema que ha puesto a la especie humana al borde de la catástrofe global

Jorge Majfud

Retomamos esta serie de artículos que habíamos dejado aparcada hace algunos meses, y en la cual ya nos encontrábamos en su recta final, describiendo las líneas fundamentales del Tratado de los Pueblos, como alternativa clara a los Tratados de Libre Comercio (TLC) de última generación, que como ya hemos explicado hasta la saciedad en las entregas anteriores, son peligrosos instrumentos en manos de las multinacionales para extender su hegemonía por todo el planeta. En la última entrega nos quedamos exponiendo (basándonos en el documento de referencia) las características, obligaciones y limitaciones de las grandes empresas transnacionales (ETN) en el contexto del citado tratado. Las ETN deben respetar todas las normas internacionales que prohíben todo tipo de discriminaciones, ya sean éstas por razón de raza, sexo, color, religión, opinión política, nacionalidad, origen social, condición social, pertenencia a un pueblo indígena, discapacidad, edad o cualquier otra circunstancia que no guarde relación con los requisitos para poder desempeñar su trabajo. Lamentablemente, hoy día es más frecuente que nunca el hecho de que las empresas discriminan (incluso crean guetos laborales) por muchas de estas condiciones citadas. Asímismo, las ETN deben respetar las condiciones de vida y reproducción de las mujeres, y evitar todo tipo de explotación y violencia contra ellas.

 

El triste panorama actual nos lleva a evidenciar que las industrias exportadoras intensivas (textil, floricultura, agroindustria, maquilas, etc.) perpetúan hacia las mujeres la brecha salarial, la división sexual del trabajo, y la invisibilización y desvaloración de las tareas reproductivas y de cuidados que mayoritariamente llevan a cabo las mujeres. Todo tratado comercial que se precie no puede permitir en su contexto la ejecución de estos viles atentados contra la vida de las mujeres. Otro asunto importante es el relativo al uso de posibles fuerzas de seguridad al servicio de las ETN. A este respecto, estas ETN, ni sus filiales de hecho o de derecho, sus proveedores, subcontratistas o licenciatarios no deberán utilizar a su servicio a las Fuerzas Armadas o de Seguridad del Estado. Tampoco podrán contratar milicias privadas. Y en los casos de contratación de seguridad privada, éstos deberán sujetarse a una estricta regulación que garantice el correcto ejercicio de sus funciones, las condiciones del uso de la fuerza, la necesaria supervisión por parte de las autoridades, y además no podrán actuar nunca fuera del recinto de la empresa para la cual presten sus servicios. Entrando ya en materia de colaboración comercial, es muy importante que las ETN tengan que observar prácticas leales en materia de operaciones comerciales y de publicidad, y adoptar todas las disposiciones razonables para garantizar la seguridad y la calidad de los productos y servicios que proporcionan, incluso el respeto al principio de precaución y las demás normas internacionales y nacionales que tengan el mismo objetivo. 

 

No deben, además, producir, comercializar ni hacer publicidad de productos peligrosos o potencialmente peligrosos (como los cultivos y semillas transgénicas) para las personas, los animales y la naturaleza. En los países donde operen, las ETN y demás filiales o proveedores deberán llevar a cabo sus actividades de conformidad con las leyes, los reglamentos, las prácticas administrativas y las políticas nacionales en materia de preservación del medio ambiente y de conformidad con los acuerdos, principios, normas, compromisos y objetivos internacionales relativos, respectivamente, al medio ambiente y a los derechos humanos, a la salud pública y a la seguridad, a la bioética y al principio de precaución. En este sentido, las ETN y demás filiales o proveedores suyos son responsables de los pasivos ambientales (como la contaminación del agua, del aire y del suelo por la explotación de hidrocarburos y minería, eliminación de ecosistemas a partir de la construcción de grandes presas hidroeléctricas, emisión de gases por encima de lo permitido, etc.), y deberán indemnizar a todos los pueblos y comunidades afectadas por los daños causados a los mismos, y en su caso, repararlos restituyendo el medio ambiente a las condiciones previas a la intervención. La explotación laboral (tanto adulta como infantil) es otro gran caballo de batalla contra el que el Tratado Internacional de los Pueblos se enfrenta. En este sentido, deja claro que las ETN deben abstenerse de recurrir al trabajo forzoso y al trabajo infantil, a la vez que deben proporcionar un entorno laboral seguro y saludable, pagar una remuneración que garantice una vida digna a los trabajadores y trabajadoras y garantizar la libertad sindical, el reconocimiento efectivo a la negociación colectiva y al derecho de huelga. 

 

Asímismo, las ETN deben respetar los derechos de los trabajadores migrantes regulados en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y demás normas, compromisos, convenios y acuerdos que lo regulen, o que desarrollen su normativa, principios y preceptos. Y en cuanto a las comunidades, las ETN deben respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, y la propiedad sobre los recursos naturales y de su riqueza genética que se encuentren tanto en el subsuelo como en la superficie, ya sean éstos renovables o no renovables. En este sentido, deben respetar, entre otros, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. De este modo, los países adscritos a este Tratado Internacional de los Pueblos velarán por el cese inmediato de los ataques y hostilidades hacia estos pueblos indígenas y su entorno natural, así como al hostigamiento de los líderes ambientales que los defienden. Otro aspecto importante que el TIP aborda es el relativo a la fiscalidad. En este sentido, dispone que las ETN y demás filiales o proveedores deberán cumplir con todas las disposiciones legales y reglamentarias de carácter fiscal de todos los países donde ejercen su actividad, contribuyendo a las finanzas públicas de los países de acogida, y efectuando el pago puntual de sus deudas y obligaciones fiscales. Declara además, a efectos de la erradicación de los territorios offshore (paraísos fiscales), que las ETN deberán publicar la lista de los países en los que llevan a cabo sus prácticas comerciales y/o financieras de cualquier tipo, la identificación de sus filiales, proveedores, subcontratistas y licenciatarios, y la forma jurídica de participación en otras empresas o entidades con personalidad jurídica. 

 

El Tratado de los Pueblos dedica todo su quinto punto a lo que denomina como "Crímenes Internacionales", que vamos a desarrollar a continuación. Realiza en primer lugar una definición de los mismos en los siguientes términos: "Las prácticas de las empresas transnacionales (o de aquéllas empresas que actúen en su nombre), de los Estados y de las Instituciones Internacionales Económico-Financieras (al igual que de las personas físicas responsables de las mismas), que cometan actos o actúen como cómplices, colaboradores, instigadores, inductores o encubridores y que violen gravemente los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales podrán ser tipificados como crímenes internacionales de carácter económico, corporativo o ecológico; el elemento internacional se configura cuando la conducta delictiva afecta a los intereses de la seguridad colectiva de la comunidad mundial o viola bienes jurídicos reconocidos como fundamentales por la comunidad internacional". En este sentido, el TIP reconoce y designa a la Corte Mundial (regulada en el artículo 6.5 del Tratado) como la encargada de juzgar los mencionados crímenes internacionales. El rango de crimen internacional es por tanto muy severo, y el tratado distingue varias variantes que iremos exponiendo a partir de la siguiente entrega de esta serie, tales como crímenes económicos contra la humanidad, crímenes corporativos internacionales y crímenes ecológicos internacionales. Continuaremos en siguientes entregas.

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