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3 mayo 2018 4 03 /05 /mayo /2018 23:00
Arquitectura de la Desigualdad (88)

Con independencia de la bandera a cuya sombra transcurra su existencia, un pobre nunca podrá ser un ciudadano libre, pues la única nación en la que está abocado a vivir será el Reino de la Necesidad

Cive Pérez

¿Cómo podemos entonces revertir la arquitectura de la desigualdad en lo que se refiere al enorme poder de las grandes empresas transnacionales? Su poder, como decimos, gracias al capital globalizado, es ciertamente inmenso. Pero existe una línea de trabajo que podemos emprender desde los movimientos sociales, colectivos afectados y fuerzas políticas de izquierda, que consiste en delimitar y hacer respetar la frontera entre el poder de las empresas y la garantía de los derechos humanos. Si conseguimos (y el mercado y el ámbito laborales están muy relacionados evidentemente con todo esto) que el conjunto de la ciudadanía entienda que son dos ámbitos en conflicto (cosa que aún no se acaba de comprender, gracias a la ideología y al pensamiento dominante) habremos dado un paso de gigante, pues podremos comenzar a abrir camino hacia las garantías laborales, y de ese modo acabar con la precariedad. Dejémoslo claro por tanto: bajo la actual arquitectura de la desigualdad, las empresas transnacionales están enfrentadas a los derechos humanos. Esto es algo que hemos de aceptar de forma clara y rotunda. Quien vea fisuras en esta afirmación es que aún no es consciente del tremendo poder de estos grandes agentes del capitalismo, por lo cual le recomendamos que relea las entregas anteriores de esta serie. Bien, si aceptamos por tanto la afirmación realizada, está claro que hemos de poner límites a la impunidad jurídica de las corporaciones, cortar el vínculo entre el poder económico y la democracia, desprivatizar ciertos aspectos relativos a los servicios y bienes públicos actualmente mercantilizados, e impedir el continuo saqueo practicado con la naturaleza. 

 

Pero llevar a cabo todas estas acciones será muy difícil bajo un marco regulatorio internacional favorable a las empresas transnacionales, lo cual no significa que desde los ámbitos locales no se pueda actuar para revertir estos procesos. Diversas medidas, tácticas y estrategias pueden ponerse en marcha para que los efectos de la globalización capitalista hagan el menor daño posible a nuestros mercados laborales, legislando contra la precariedad, favoreciendo a las empresas que se comporten de forma socialmente responsables, y sobre todo, volviendo a recuperar para el ámbito público bienes, suministros, actividades y servicios que ya se encuentran dentro del ámbito privado. Con todo ello habremos dado pasos de gigante en favor de la igualdad. En un segundo estadío, la meta es ampliar el marco normativo del derecho internacional sobre los derechos humanos, para extenderlo también a los animales y a la naturaleza por sí misma. Al ser reconocidos como sujetos de derechos, podremos legislar y prohibir su continua explotación por parte de las empresas, y evitar los graves efectos derivados de estas execrables prácticas, tales como una mayor conciencia animalista y el freno a las diversas prácticas que están disparando el cambio climático a marchas forzadas. El estadío final es alcanzar un nivel de gobernanza democrática de tal forma que pongamos fin al libre albedrío y a la impunidad de la que gozan las grandes corporaciones, y evitemos los nocivos efectos que proyectan sobre los trabajadores y las trabajadoras en todo el mundo, y la degradación de los ecosistemas naturales. La prevalencia de los derechos humanos (en este caso, aplicados a un mercado laboral más racional y regulado) ha de ser total. No podemos consentir por más tiempo la salvaje situación que padecemos, que deja en manos del gran capital el destino de millones de seres humanos, que se convierten en simples piezas a su servicio. 

 

Por su parte, hay que deconstruir los grandes monopolios u oligopolios corporativos, hay que recuperar la soberanía alimentaria de los pueblos, hay que reivindicar los derechos campesinos, hay que impedir el constante abuso corporativo sobre la propiedad intelectual, hay que establecer entornos legales que primen la atención a las personas de forma universal sobre los beneficios empresariales (por ejemplo, para el sector de la salud), y hay que intentar cerrar todos los huecos y vacíos legales de tipo jurídico en el derecho internacional en todo lo relativo a las grandes empresas transnacionales. Hay que reconceptualizar el significado (hoy día absolutamente manipulado y magnificado) de la seguridad jurídica, y hay que crear instancias y tribunales internacionales donde los pueblos, las personas y los Estados puedan dirigirse a la hora de litigar con ciertas garantías contra estas megaempresas. Pero sobre todo, en lo que aquí nos ocupa (que es todo lo relativo a su poder en el mercado laboral, y sus injusticias derivadas), hay que revolucionar las relaciones entre las empresas multinacionales y las normas del trabajo, derogando leyes regresivas o contrarreformas, y volviendo a diseñar para este siglo XXI una herramienta universal como el Estatuto de los Trabajadores (al lado de organismos internacionales, como la OIT) que ofrezca plenas garantías de derechos, protecciones y coberturas. Pero dicho todo esto, quizá el mayor escudo de las empresas transnacionales sea el perverso régimen de comercio e inversión vigente, y auspiciado por organismos tan peligrosos como la OMC (Organización Mundial del Comercio) y los Tratados de Libre Comercio de última generación (TPP, TTIP, TISA, CETA...), a los cuales les hemos dedicado recientemente toda una serie de artículos, que recomiendo a los lectores y lectoras que no la hayan seguido. Seguiremos a continuación datos, opiniones e informaciones que nos proporciona Raffaele Morgantini en este artículo aparecido en uno de los números de la revista América Latina en Movimiento (ALAINET), y difundido también por el medio digital Rebelion.org.

 

La desigualdad laboral viene enmarcada en un proceso de desmantelamiento de los históricos derechos laborales conquistados por la clase obrera al gran capital. La globalización neoliberal ha contribuido a ello, y se enmarca en el fondo en la misma dinámica que niega el derecho a decidir de los pueblos, y la propia soberanía de los Estados. La globalización pretende imponer su visión del mundo, y por tanto, se opone a cualquier réplica que desde estas instancias se pueda lanzar. Se impone una nueva lógica corporativa desde las élites económicas mundiales, y los altos directivos de las organizaciones internacionales guardianas del nuevo orden neoliberal, y en este sentido, la prevalencia de los derechos comerciales de las grandes empresas tienen absoluta prioridad. Todo comenzó con los procesos de privatización de las grandes empresas públicas, la desregulación sistemática de los aparatos económico-industriales nacionales, y de los derechos laborales, sociales y ambientales. Aunque parezca que cada cosa va por su lado, hay que verlo todo en un solo paquete, pues todo forma parte de una misma estrategia conjunta, que responde a un mismo fin y objetivo compartido, que no es otro que estas grandes empresas transnacionales se impongan en los sectores estratégicos de la economía. Recetas como la internacionalización de las empresas, sus deslocalizaciones, la apertura de mercados en países del Sur (donde se podían imponer bajos salarios y nulas protecciones sociales), la liberalización del comercio y la aceptación de la posición dominante de las grandes empresas, respondieron a este macabro objetivo. Pero lo cierto es que desde el principio, la actividad de todas estas grandes empresas estuvo asociada a las más sangrantes violaciones de los derechos humanos, y al constante expolio de la naturaleza. 

 

Pero lógicamente, para proteger este entorno y proporcionar legitimidad y respaldo legal a la actividad de las empresas, era necesario desarrollar un nuevo marco jurídico-normativo donde insertar "legalmente" sus mafiosas actividades. Y así, la nueva estructura económica internacional sitúa en el epicentro de la misma al poder corporativo transnacional. La deriva ha consistido no sólo en que estas grandes empresas han acaparado cada vez mayor número de actividades, sino que lo han hecho prácticamente sin fronteras, sin límites a la naturaleza de tales actividades, y pisoteando los marcos laborales nacionales e internacionales. La arquitectura de la desigualdad está, también aquí, servida. Se abrió la puerta a un nuevo Derecho Internacional Privado, dominado y erigido a propósito para el ilimitado poder corporativo. Un nuevo orden internacional que desafía a la propia democracia, a los derechos humanos y a todo cuanto se interpone en su demencial camino. El derecho corporativo prevalece hoy día sobre el derecho internacional de los derechos humanos, sobre el derecho laboral internacional y sobre las normas medioambientales. Los marcos legales y normativos han sido instrumentalizados en favor de las empresas y en contra de las personas, los pueblos y la naturaleza. El panorama surgido de tales aberraciones está claro, y lo sufrimos diariamente: abusos de poder empresarial, estafas económicas masivas, generalización de la precariedad laboral, ausencia de protección social, existencia de puertas giratorias, influencia cultural en los paradigmas de pensamiento, existencia de un consumismo alienante y compulsivo, desarrollo de peligrosos procesos extractivistas, negación del derecho al trabajo y a la seguridad social, acoso y derribo al sindicalismo, aprobación de contrarreformas laborales, desnaturalización y desvirtuación del trabajo humano, desprecio a las normas medioambientales, conversión de derechos y servicios públicos en objetos de mercantilización, etc. Todo ello lo podemos resumir en la palabra sagrada: Desigualdad. Continuaremos en siguientes entregas.

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1 mayo 2018 2 01 /05 /mayo /2018 23:00
Viñeta: ENEKO

Viñeta: ENEKO

El rey está desnudo. La monarquía está desnuda. El poder del Estado Español está desnudo. Han evidenciado cuál es su esencia. Ante este hecho, y ante la derechización de nuestro entorno político y social, ante las medidas fascistas, intervencionistas y golpistas de nuestras instituciones, ante la aprobación en el Senado del artículo 155 por parte de una clase política reaccionaria encarnada por el tridente PP, PSOE y Cs, a la izquierda, al pueblo y a las fuerzas progresistas del Estado Español sólo les queda una respuesta coherente: acompañar y respaldar al pueblo catalán y tomar el testigo de la rebelión catalana

Colectivo “Voces en Lucha”

La situación de podredumbre política y social en la que nos encontramos es patente, y nos conduce a una involución democrática sin límites: la surrealista situación catalana, la execrable sentencia a los cinco violadores que se hacen llamar "la manada", la dimisión de políticos por robar cual vulgares delincuentes (pero no por prostituir las instituciones a su servicio, como acaba de ocurrir con Cristina Cifuentes), la escalada perversa que coarta la libertad de expresión y condena, multa y encarcela a activistas sociales, blogueros, tuiteros, gente del espectáculo, manifestantes, etc., todo ello y mucho más está llegando a producir un hedor asqueroso que emana de nuestra sociedad, y que nos sitúa cada día en la imperiosa necesidad de levantar un proceso destituyente, para proceder después a un proceso constituyente, que levante alfombras, abra ventanas y permita renovar nuestra clase política, los poderes del Estado y nuestras instituciones. La situación que vivimos es absolutamente patética y bochornosa, propia de un país no digo ya tercermundista, sino cuartomundista. Los signos o movimientos que se están viendo no son más que simples recambios para que el vil y corrupto sistema que nos gobierna continúe haciendo de su capa un sayo. Como tantas veces hemos afirmado, la reforma no es posible. Sólo cabe la ruptura democrática y un nuevo proyecto de país basado en otros valores, en otros sistemas y en otras instituciones. Renovar los poderes del Estado se ha vuelto una tarea prioritaria, y derogar ciertas leyes y transformar otras se torna una imperiosa actividad de regeneración democrática. 

 

Mientras las fuerzas políticas más votadas continúen siendo aquéllas que apoyan sin fisuras el anquilosado y anacrónico régimen del 78 no habrá nada que hacer. Por eso necesitamos un Proceso Constituyente apoyado por todo el frente de fuerzas políticas y sociales de la izquierda, y por todos los sectores y colectivos víctimas de este injusto sistema. Mientras la Triada PP+C's+PSOE continúe siendo fuerza mayoritaria, impulsarán la restauración borbónica, incluyendo únicamente pequeños cambios cosméticos para dar la impresión de que las cosas van mejor. Como mucho, estas tres fuerzas políticas y los que las apoyan pretenden reformar la Constitución del 78 tímidamente, profundizar nuestra dependencia de las instituciones supranacionales europeas, y dar más libertad y alas al gran capital para que continúe su disparatada senda del esclavismo social y laboral. Frente a todo ello, nosotros, mediante el Proceso Constituyente, debemos impulsar una completa transformación de la sociedad para que pase a funcionar con parámetros bien distintos, bajo otras prioridades, hacia otros objetivos. En el corazón mismo de dichas transformaciones, debemos situar el rescate de nuestra soberanía en todos los ámbitos: soberanía monetaria, soberanía económica, soberanía política, soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía tecnológica, soberanía medioambiental. Sólo un país realmente soberano posee la autonomía y la independencia necesarias para plantear transformaciones sustanciales de sus estructuras de poder. Ello debe plasmarse en la implementación de una serie de transformaciones que incidan sobre todo en la profundización democrática, para que la soberanía de la que hablamos provenga realmente del pueblo, es decir, vuelva a ser una soberanía popular (que no nacional), tal como expresaba la Constitución Republicana de 1931. 

 

Una profundización democrática centrada y pensada para las mayorías sociales, que blinde todos los derechos humanos en todas sus facetas, y que ponga (como ya afirma en vano nuestra actual Constitución) toda la riqueza del país subordinada al interés general. Un nuevo proyecto de país enfrentado totalmente a los paradigmas del capitalismo neoliberal, que garantice los derechos humanos, de los animales y de la propia naturaleza, todo ello como una construcción colectiva al servicio de una sociedad avanzada, plural, libre, justa y equitativa. Una sociedad radicalmente respetuosa y democrática, basada en los pilares de la igualdad, la cooperación, la solidaridad y los bienes comunes. Este es el modelo al que queremos aspirar, y el Proceso Constituyente ha de definir sus bases, concretar sus propósitos, y redactar finalmente una nueva Constitución que responda a todo ello desde todos los frentes. Vamos a basarnos a continuación en este maravilloso decálogo que propuso Manolo Monereo en este artículo para el medio Cuarto Poder, en mayo de 2016, pero que se sitúa dos años después en rabiosa actualidad y en plena vigencia: 

 

1.- Derecho a decidir. Pero decidir en su amplio sentido, ya que este concepto se ha empleado eufemísticamente para referirse a algunas decisiones parciales. Y así, queremos decidir nuestro futuro, nuestros derechos humanos básicos, el modelo de sociedad que queremos, nuestro modelo de Estado, nuestro modelo de mercado, de relaciones laborales, y los límites y fortalezas de nuestra democracia. En una palabra, queremos poder decidir sobre todos los aspectos que nos conciernan de forma colectiva e importante. 

 

2.- Soberanía popular. En efecto, la soberanía popular y todas las manifestaciones y decisiones que de ella se derivan deben situarse en el centro del proceso. En este sentido, y como ya hemos indicado, necesitamos toda una serie de transformaciones y ampliaciones de nuestro actual marco democrático, para profundizarlo y para volverlo pleno y real, tangible y expansivo. Ningún poder externo o interno debe poder eludir o subordinar nuestra soberanía popular, lógicamente sin perjuicio del conjunto de tratados, convenios y acuerdos que podamos suscribir con otros pueblos, comunidades, instituciones, naciones, países o Estados. 

 

3.- Alcanzar una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales, "una sociedad de trabajadores y trabajadoras de toda clase" (como ya definía la Constitución Republicana de 1931). Pero entendiendo el trabajo humano no como sumisión, dependencia o esclavismo, sino como realización humana, como riqueza fundamental y como redistribución y reparto de la misma. Para alcanzar este estatus social avanzado hay que renunciar (individual y socialmente) a los perniciosos valores que nos ha ido imponiendo el neoliberalismo (ya los expusimos  a fondo en este otro artículo), y volver a recuperar los valores sociales y universales que inspiran el socialismo. Hay que recuperar la función social del trabajo, de la propiedad, del bien común, y entender que la producción y reproducción de nuestras vidas requiere de un enfoque y de una visión comunitarias y sociales a las cuales no es posible renunciar. 

 

4.- Alcanzar una democracia económica. En efecto, y como también explicamos en este otro artículo (y en muchos más de nuestro Blog), la democracia económica es el estatus más avanzado de la misma, su máxima expresión, su cénit expansivo. Y así, la democracia nunca lo será de forma plena si no alcanza también al centro de trabajo, a la fábrica, a la empresa, al poder económico. En palabras de Manolo Monereo: "Los que mandan y no se presentan a las elecciones tienen tanto poder hoy que capturan al Estado y convierten a nuestras democracias en un instrumento de legitimación de su poder oligárquico". Debemos aspirar a una democracia donde imperen empresas públicas y privadas democratizadas y eficientes, un sector privado donde pueda seguir funcionando el mercado (lógicamente supeditado al interés general y sin dejar a nadie en la estacada), una economía social y cooperativa fuerte (capaz de impulsar nuevas formas de gestión y autogestión colectivas), y un sector público que recupere su poder y su iniciativa, que vuelva a ser garante del trabajo, la socialización de la inversión y la cobertura de todos los servicios públicos bajo naturaleza universal, gratuita y de calidad. 

 

5.- Definir un nuevo modelo productivo sostenible desde los puntos de vista humano, social y medioambiental. Un modelo laboral que impida la precariedad, que destierre la hegemonía empresarial, que consagre el respeto a los derechos sociales y laborales, que invierta en nuevas tecnologías y en I+D+i, que anule los enormes poderes del capital financiero, las relaciones de dependencia de nuestra economía de las grandes empresas transnacionales, que reparta el trabajo y los beneficios, que recupere la función social del trabajo dando valor a los trabajos comunitarios, de restauración, ecológicos, de reconversión y de cuidados, y que extirpe el machismo y todas sus manifestaciones derivadas (la brecha salarial, la división sexual del trabajo, el techo de cristal y la feminización de la pobreza). Un nuevo modelo productivo que dé valor a la rentabilidad social y no sólo a la económica, que mida la riqueza nacional en función de otros parámetros (y no sólo por el PIB), que dé importancia a la felicidad e integración laborales, a la productividad surgida del buen ambiente laboral, y que conceda menor importancia a los sectores productivos clásicos (sector servicios, turismo, construcción, etc.), recuperando la base industrial propia.

 

Aún nos quedan el resto de puntos de este catálogo. Los continuaremos en la próxima entrega. 

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29 abril 2018 7 29 /04 /abril /2018 23:00
Fuente Viñeta: Colectivo "Utopía Contagiosa"

Fuente Viñeta: Colectivo "Utopía Contagiosa"

La perspectiva de la raza humana se ha oscurecido más allá de cualquier precedente. La humanidad se enfrenta a una clara alternativa: O bien morimos todos o bien adquirimos un ligero grado de sentido común. Un nuevo pensamiento político será necesario si se quiere evitar el desastre final

Bertrand Russell (reflexión aparecida en el Glasgow Forward, agosto de 1945, en referencia a los bombardeos de Nagasaki por EE.UU.)

¿En qué situación estamos actualmente en cuanto a armamento nuclear? ¿Son fundadas las sospechas de su existencia? Pues veamos: según este reciente artículo publicado en el medio Tiempo Argentino, existen en el mundo más de 17.000 armas nucleares, repartidas entre nueve países, 2.000 de ellas situadas en estado de "Alerta Alta". Tomaremos como referencia algunos de sus datos e informaciones. El estado de "Alta Alerta" implica su preparación para poder ser usadas en cuestión de segundos, y con un poder de destrucción muy superior (ya lo comentamos en la entrega anterior, cuando comenzábamos este bloque temático) al de las arrojadas por los Estados Unidos en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Sólo entre Rusia y Estados Unidos, suman el 92% del total, con 8.500 y 7.700 respectivamente, según un informe de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas (ICAN), la organización que fue galardonada en octubre del pasado año con el Premio Nobel de la Paz por su labor a favor del desarme. Además de esos dos países, que forman como decimos la peligrosa punta de lanza, Francia (con 300), Reino Unido (con 275), China (con 250), Pakistán (entre 100 y 120), India (entre 90 y 110), Israel (80), y Corea del Norte (entre 10 y 60) poseen también armas nucleares, pero curiosamente, solo los primeros cinco lo hacen de forma "legal", en virtud del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (NPT, por sus siglas en inglés), firmado en 1968.

 

Bien, una duda nos asalta antes de continuar. Mejor dicho, dos dudas. La primera es de todo punto lógica: ¿se firma un tratado internacional de "no proliferación" de armas para permitir que algunos países las posean y otros no? ¿Algún lector o lectora entiende la lógica de este tratado? Sin más comentarios. Segunda duda, o mejor dicho, reflexión: ¿no es extremadamente curioso que aún apareciendo Corea del Norte como el último de la lista de los países poseedores de armas nucleares, sea el más peligroso de todos según nuestros medios de comunicación? Dejo dichas reflexiones a la interpretación de los lectores y lectoras. El Tratado de No Proliferación antes referido, firmado por 190 Estados, estableció la prohibición del desarrollo nuclear a todos los firmantes, excepto a los llamados "Estados Nuclearmente Armados", que eran los que, al momento de la firma del tratado, ya habían realizado un ensayo nuclear. Bien, lógico hasta aquí...Pero si el tratado es de no proliferación...¿Por qué a dichos países se les permite seguir proliferando y al resto no? Vamos a expresarlo de otra forma: ¿Por qué es un escándalo que Irán realice una serie de experimentos con uranio empobrecido pero no lo es que Donald Trump afirme que "posee el botón nuclear más gordo"? ¿No parece más bien que nos guiamos por una doble vara de medir? ¿La no proliferación es sólo para los países escogidos o para todo el mundo? ¿Quiénes deciden quién puede proliferar y quién no? Como vemos, todo es un absoluto despropósito. Concretamente, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, que se encuentran fuera del acuerdo, lo han criticado argumentando (con mucha razón, por lo que estamos viendo) que crea un club de países "nuclearmente ricos" y un grupo de países "nuclearmente pobres", sin explicar bajo qué motivos o fundamentos éticos se realiza esta irracional distinción. 

 

Durante los últimos años, Irán, pero sobre todo el programa nuclear de Corea del Norte (enemigo histórico de USA desde la masacre a la que fue sometido durante la guerra de 1950-53) es el que más tensión ha generado en el mundo, instalando la idea de que una guerra nuclear es posible, y concitando todo tipo de tensiones entre sus defensores (únicamente China) y sus detractores (el resto, con Estados Unidos a la cabeza). Rusia se mantiene en este aspecto neutral a simple vista, pero también lleva sus propios intereses. La senda del Pacifismo no puede justificar en absoluto ninguna escalada armamentística, y mucho menos nuclear, pero dicho esto, hay que comprender la actitud histórica de Corea del Norte, que entiende que sólo una actitud belicista fehaciente tendrá como resultado el "respeto" de Estados Unidos. Porque lo cierto es que USA jamás ha consentido cualquier tipo de negociación con Corea del Norte, que hubiera contribuido a aliviar la tensión histórica entre ambos países. Muy al contrario, siempre ha alentado (como es su estilo) la provocación. Pero nuestros medios de comunicación occidentales, todos ellos pertenecientes a serviles aliados estadounidenses, siempre nos han dado la visión equivocada de la realidad, presentando a Corea del Norte como los provocadores, y a Estados Unidos como el gendarme que tiene que controlarla. Otro absurdo histórico en lo que a pacifismo se refiere. La única solución es la de siempre: negociar, presionar y respetar. Presionar, respetar y negociar. No existen más soluciones. Hay que alcanzar acuerdos mundiales para el desarme nuclear, pero que afecten a TODOS los países, sin excepciones. 

 

Corea del Norte era parte del NPT hasta 2003, pero a partir de ahí comenzó a desarrollar su programa nuclear, pensamos que como herramienta de disuasión ante Estados Unidos, para poder entablar negociaciones de igual a igual, cosa que ningún inquilino de la Casa Blanca ha tenido a bien hasta ahora. Según ICAN, Corea del Norte posee 10 cabezas nucleares, una cifra que fue elevada a 60 en un informe de inteligencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos publicado en julio de 2017 por el medio The Washington Post. No obstante y afortunadamente, parece ser que soplan vientos de paz y reconciliación durante estas últimas semanas, ya que ambas Coreas han firmado acuerdos de colaboración, y el dirigente norcoreano ha mostrado su firme propósito de comenzar a desnuclearizarse sin condiciones si se respetan los acuerdos. Otro caso importante es el Irán, que constituye igualmente un foco de conflicto permanente, incluso con su más tolerante y aperturista presidente Hassan Rouhani. El caso es que Irán intentó durante muchos años desarrollar un programa nuclear propio que le costó innumerables sanciones por parte de la ONU, que llegaron incluso a hundir al país islámico en una grave crisis económica. Al final, bajo el segundo mandato de Barack Obama, se alcanzó por fin un acuerdo internacional con Irán, que levantaba las sanciones a cambio de la interrupción de su programa nuclear. No obstante, el actual inquilino de la Casa Blanca, el ignorante y temerario magnate Donald Trump, ha manifestado su intención de no respetar dicho acuerdo. 

 

El caso de Estados Unidos, como estamos viendo a lo largo de toda esta serie de artículos (ya lo vimos también en nuestra serie "USA: Estado de Guerra Permanente", publicado hace algún tiempo en nuestro Blog) es ciertamente paradigmático. Posee el nada honorífico ránking de haber sido el primer país en desarrollar armas nucleares, el único que las ha usado en una guerra (Japón, 1945, Segunda Guerra Mundial) y es el que más gasta en el mantenimiento e investigación de su arsenal nuclear (de hecho, gasta más que todos los demás países juntos). Le sigue la Federación Rusa, que posee el arsenal nuclear más grande del mundo (heredado de la antigua U.R.S.S.) y está invirtiendo en la modernización de sus cabezas nucleares y en sus sistemas de lanzamiento. Por su parte, China posee un arsenal nuclear mucho más pequeño que Estados Unidos y Rusia, y no parece estar aumentando su tamaño, a diferencia de la India, que rompiendo sus compromisos con el NPT, comenzó a incrementar de forma constante el tamaño de su arsenal nuclear y de su capacidad de lanzamiento. Asímismo, Pakistán aumentó su arsenal y mejoró sustancialmente su infraestructura nuclear durante los últimos años. En el caso de Israel, que se cree que cuenta con 80 cabezas nucleares, existe bastante secretismo en cuanto a su programa, y además sus autoridades siempre han sido muy ambiguas en relación a este asunto, sobre el cual nunca han confirmado ni negado su existencia. Además de esos nueve países, Alemania, Bélgica, Italia, Holanda y Turquía poseen armas nucleares fabricadas por otros países, como parte de una política de disuasión de la OTAN que implica que todos los miembros de la alianza militar deben poseer armas de este tipo. Este es el panorama internacional a día de hoy. Continuaremos en siguientes entregas.

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26 abril 2018 4 26 /04 /abril /2018 23:00
Arquitectura de la Desigualdad (87)

En los últimos 15 años, cerraron casi 60 mil fábricas en el mundo, y desaparecieron más de 4,8 millones de empleos manufactureros bien pagados. Buena parte de esto está relacionado con los desastrosos tratados comerciales que estimulan a las empresas a instalarse en países de bajos salarios

Bernie Sanders

Como comentábamos en la entrega anterior (a propósito de la obra "La empresa criminal. Por qué las corporaciones deben ser abolidas", de Steve Tombs y David Whyte, reseñada por Pedro López en este artículo para el medio Crónica Popular que estamos siguiendo), la impunidad se disfraza en el caso de las grandes empresas en aspectos como el lenguaje, y una legislación muy favorable hacia sus perversas prácticas. Los autores dan numerosas datos que avalan dicha tesis. A principios del siglo XXI, según Tombs y Whyte, menos del 3% de todos los juicios por delitos contra la salud y la seguridad de los trabajadores acabó en condena individual en crímenes con resultado de muerte o lesiones. Asímismo, el total de multas impuestas a los bancos por la crisis de 2008 no alcanza ni el 1% de los beneficios obtenidos por los mismos. Por su parte, los procesos de liquidación y concurso de acreedores ofrecen a las empresas una mayor cobertura y flexibilidad legales. La conclusión está bien clara: el estatus de personalidad jurídica ofrece enormes beneficios y ventajas con respecto al de personalidad física, a la hora de eludir responsabilidades penales para los altos cargos directivos de estas corporaciones. En palabras de los autores, la corporación delimita un ente de "irresponsabilidad estructurada" basada en la separación de intereses entre sus acciones y los directivos que las ordenan. Es decir, la actividad de la empresa acaba enajenada de las acciones humanas que tienen lugar dentro de ella, dada la compleja estructura burocrática, con múltiples capas de gestión y una compleja división del trabajo. Todo ello además se dispara cuando la gran empresa matriz contrata para sus actividades a empresas intermediarias, las llamadas subcontratas. 

 

Por cientos podríamos contabilizar los tipos de daños (delitos corporativos, hablando en propiedad) que estas empresas cometen al mundo en general, que han de ser entendidos como crímenes en toda su dimensión. A vuelapluma, podríamos citar los delitos de cuello blanco, los de adulteración alimentaria, los de abuso de monopolio u oligopolio, las muertes laborales, o los producidos por los flagrantes ataques y destrucciones que se realizan al medio ambiente. El Estado, aunque intenta paliar (mediante una muy laxa legislación) los efectos dañinos de esta actividad económica sin escrúpulos, en realidad no incluye este objetivo entre sus principales funciones. Así que más que perseguir, identificar y castigar estos crímenes corporativos, previene con su dejadez que éstos sean identificados, perseguidos o formalmente reconocidos como tales. Si un banco cobra una determinada comisión abusiva a un determinado cliente no pasará nada, mientras que si es el cliente quien roba al banco será inmediatamente perseguido y detenido por la policía. Y eso que atracar al banco se traducirá en descontar de los beneficios, y restituir lo robado mediante las compañías aseguradoras, todo lo cual no afectará en nada a los depósitos de sus clientes. La desigualdad es clara e insultante, manifiesta y perversa. Pedro López concluye de la siguiente forma, a la luz de los datos de los autores: "El único fin de la empresa, soporte del moderno capitalismo, es la mera acumulación y maximización de beneficios, queda claro que la empresa no es una institución benefactora; y queda claro que sus daños y crímenes no son meros efectos marginales, sino centrales de su actividad. Y también que su pretendida eficiencia sea un motor de innovación, progreso y bienestar; por el contrario, la mayoría de los sectores mantienen de hecho un régimen de oligopolio y sus beneficios derivan no tanto de su iniciativa como de su posición de poder; en este sentido, no sólo nunca ha existido un mercado libre, sino que éste es imposible". 

 

Por tanto, para nosotros está claro que la entidad, la forma corporativa mata, mutila, daña, estafa, roba, delinque y destruye a las personas y al medio ambiente, en su búsqueda insaciable de beneficio. Y todo ello no lo hace de forma colateral, como un efecto secundario, o como un fleco adicional, sino como un producto inevitable de su propia actividad. Y todos estos crímenes corporativos, como debieran ser llamados, gozan de un alto grado de impunidad, debido al Derecho y a los Estados, ya que éstos crean y facilitan un mercado, que es en realidad una construcción política, social, legal e ideológica. La asociación entre los Estados y las más grandes corporaciones es una asociación estratégica para ambos. En caso contrario, no podrían haberse dado, sin ir más lejos, los famosos rescates bancarios, paradigma de la cruel colaboración entre ambos bajo el modelo capitalista. Pero gracias a dicha colaboración son también posibles los fondos buitre, las privatizaciones, los desahucios, las estafas masivas a clientes, los cortes de suministros básicos, y un largo etcétera de aberraciones que venimos padeciendo. Parece que sólo una conclusión racional es posible, si queremos romper esta arquitectura de la desigualdad: la criminalidad y el daño generados sólo pueden ser mitigados aboliendo las corporaciones como tales. Y ello implica atacar y destruir toda la argamasa legal sobre la que descansa el poder y la tremenda irresponsabilidad de las empresas, y sanear y transformar el mercado laboral para acabar con la hegemonía, la precariedad y el terrorismo empresariales. Las grandes corporaciones no pueden ser reformadas, ya que son violentas, depredadoras, criminales y ávidas de beneficio. Son la peor expresión del capitalismo organizado. 

 

Las grandes empresas constituyen el lado más visible de este deshumanizado sistema que esclaviza a la humanidad y destruye el planeta, por lo que hemos de evitar que continúen su expansión sin límites y su crecimiento en influencia y poder sobre el resto de las esferas sociales. Pero entiéndase bien: no estamos demonizando a la empresa como tal, estamos demonizando al modelo actual de corporación capitalista, por ser el fiel reflejo de los paradigmas que éste difunde: competitividad, egoísmo, individualidad, falta de solidaridad, afán desmedido de lucro, y actividad depredadora por propia esencia. No estamos en contra de un nuevo modelo empresarial surgido al calor de los valores contrarios. Porque además, dicho modelo contrario descansaría sobre un mercado laboral menos mercantilizado, más humano e igualitario. La arquitectura de la desigualdad debe ser desmontada, en cuanto al modelo corporativo se refiere, atacando la impunidad de las empresas transnacionales, definiendo marcos de actuación desde la fortaleza de un derecho internacional basado en la prevalencia de los derechos humanos, y volviendo a colocar el trabajo humano y la naturaleza como las dos fuentes de riqueza por excelencia, que por consiguiente han de ser profundamente respetadas. El actual poder de las organizaciones transnacionales es el propio escudo del capitalismo, es la armadura fabricada a su medida, para dar preferencia al modelo empresarial tiránico y depredador. La arquitectura de la desigualdad laboral se ha disparado durante las últimas tres décadas, dado el tremendo avance de los procesos de desregulación y globalización económica, y la expansión a escala global de las políticas neoliberales ya implementadas en los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Reino Unido, auténticos laboratorios para los economistas de la famosa "Escuela de Chicago" de Milton Friedman, de la que ya dimos profunda cuenta en este otro artículo. 

 

Todos esos precedentes han servido para construir un sucio entramado político, económico, jurídico y cultural, a nivel global, del cual las empresas y grandes corporaciones han sido las principales beneficiarias. No sólo el propio poder alcanzado, sino hasta un sinfín de conceptos de nuestro imaginario colectivo, que benefician profundamente la visión y la actividad empresariales, marcan nuestro ideario económico de andar por casa. El poder económico es brutal (la petrolera Shell, por ejemplo, obtiene unos ingresos superiores al PIB de Emiratos Árabes Unidos). El poder político se manifiesta y afianza mediante las llamadas "puertas giratorias" y los procesos de privatización de los servicios públicos y derechos fundamentales de las personas, los pueblos y las comunidades. El poder cultural se manifiesta a través de la poderosa publicidad y sus técnicas de márketing asociadas, que consolidan y amplían su gran poder de comunicación y persuasión, imponiendo los cánones de la alienante sociedad de consumo. Y en cuanto al poder jurídico, como estamos comentando, resulta ser la cuarta y última pata, pero no menos importante, que consagra el poder y la hegemonía empresarial: tratados internacionales, acuerdos de libre comercio, organismos internacionales que velan por las relaciones comerciales, jurisprudencia nacional e internacional favorable a las empresas, y un derecho internacional sobre los derechos humanos muy laxo, son los principales puntales donde descansa la inmensa influencia que las grandes corporaciones ejercen sobre países, Estados y gobiernos, y el conjunto de sus poblaciones. Y así, una tupida red de convenios, acuerdos, tratados y convenciones conforman un nuevo "Derecho Corporativo Global", que en esencia proyecta la desigualdad favoreciendo a estos adalides del más salvaje capitalismo. Continuaremos en siguientes entregas.

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24 abril 2018 2 24 /04 /abril /2018 23:00
Fuente Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

Fuente Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

La sacrosanta CE del 78 es un papel mojado cuando se trata de garantizar los derechos del pueblo trabajador, y una ley implacable para garantizar los derechos de las clases dominantes

Miguel Ángel Montes

Porque la libertad de expresión, al igual que otras libertades básicas y derechos fundamentales, está siendo vapuleada por este régimen. En este sentido, debemos aspirar a conseguir todas las demandas democráticas estructurales que continúan pendientes desde la dictadura franquista, pues aquél famoso período de la Transición, y los años siguientes, no sirvieron a dicho fin. Por ejemplo, la efectiva separación entre la Iglesia y el Estado (ya hemos hablado largo y tendido sobre el Estado Laico en entregas anteriores, por lo que no insistiremos más en el asunto, sólo recordar que dicha meta se consigue acabando con toda financiación pública para la Iglesia Católica o cualquier otra confesión, la devolución de todo el patrimonio expoliado por la misma durante décadas, y el fin de los conciertos educativos, entre otros objetivos), el fin de la Monarquía, la salida de la OTAN, el fin de las perversas leyes de extranjería (incluyendo los CIE's y la apertura de las fronteras), la retirada de todas las tropas españolas de lugares en conflicto, la lucha por el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos, la lucha por la renta básica (universal, incondicional e individual), un programa contra el desempleo masivo (prohibiendo por ley las situaciones de precariedad laboral, el reparto de las horas de trabajo sin reducción salarial o los Planes de Trabajo Garantizado), y la apuesta porque toda fábrica o empresa que cierre o despida sea nacionalizada y puesta bajo el control democrático de sus trabajadores/as. Un Proceso Constituyente que aborde la problemática de la vivienda bajo un punto de vista social y como derecho humano fundamental, impidiendo los desahucios, y decretando la expropiación de todos los pisos vacíos en manos de la banca y de los especuladores financieros, fondos buitre y demás ralea por el estilo. 

 

En el horizonte, la construcción y mantenimiento de un Parque Público de Viviendas de Alquiler Social, en el cual toda persona o familia vea consagrado su derecho a una vivienda digna cuyo alquiler no supere el 15% de los ingresos familiares (o individuales). Un debate que vuelva a situar al conjunto de los servicios públicos gratuitos, universales y de calidad, asociándolos con un derecho fundamental, y garantizando su blindaje dentro de un fortalecimiento de los pilares del Estado del Bienestar. Pero para todo ello, será necesario tomar medidas elementales de cara a su financiación sostenible, tales como la auditoría ciudadana de la deuda pública (para proceder al repudio de aquélla parte de la misma que sea considerada ilegítima, odiosa, ilegal o insostenible), la nacionalización de todo el sistema financiero, de los sectores económicos estratégicos, y de la aplicación de fuertes impuestos a las grandes fortunas, además de eliminar la financiación a la Iglesia Católica, y a la Casa Real (que, evidentemente, ya no existirá). Junto a todos estos fondos, tenemos que reseñar también los procedentes de la eliminación paulatina de los presupuestos de Defensa, pues el Proceso Constituyente debe abordar desde sus cimientos la implantación de una política pacifista en todas sus dimensiones. Con todas estas medidas puestas en marcha, es evidente que habrá dinero para financiar la totalidad de los servicios públicos, pero no sólo ello, sino también la implantación de una Renta Básica Universal, así como la asunción por parte del Estado de todas las tareas de exhumación de los cadáveres enterrados en fosas comunes o en el Valle de los Caídos, procedentes de la Guerra Civil o de la posterior dictadura. Este demencial monumento habrá de ser demolido, o bien transformado en un museo de la Memoria Histórica Democrática. 

 

Y como venimos comentando, un programa de estas características no cabe dentro de los estrechos márgenes del régimen del 78. No cabe por tanto reforma alguna, pues las posibles reformas propuestas y aceptadas por la derecha política, social y mediática sólo servirán para maquillar algunos aspectos de nuestro modelo, para aparentar ciertos cambios que sólo persiguen apuntalar los cimientos del régimen, que como sabemos apuntalan las desigualdades y las injusticias sociales. Pero igualmente, estas transformaciones que estamos proponiendo tampoco caben en los límites de la Unión Europea del gran capital, del Euro y de los tratados europeos, que habrá que desobedecer, y salirse de su radio de acción. Habrá que ser libres para no estar sometidos a los indecentes dictados de la Troika, del FMI, de la OCDE, de la OMC, del BM y demás instituciones y organismos internacionales consagrados al dominio del dogma neoliberal. Desengañémonos: una democracia completa y plena no es algo que sea conquistable dentro del régimen político heredero de la dictadura franquista. Hay que romper con ello, hay que intentar hacer lo que no pudimos hacer en 1978, tras pocos años de la muerte del dictador. Ahora ya han pasado más de 40, y sin embargo todo continúa "atado y bien atado". El Proceso Constituyente es la única forma en que se podrá conquistar todo este modelo social, y además de forma libre y soberana. ¿Será una tarea fácil? Muy ingenuos seríamos si lo afirmáramos. La tarea del verdadero Proceso Constituyente será tremendamente complicada, no porque lo sea en sí mismo, sino porque la clase dominante y capitalista, y todos los medios a su servicio, intentarán de todas las maneras posibles abortarlo, hacerlo descarrillar, llevarlo al fracaso. La clase capitalista no se dejará perder sus privilegios por las buenas, aceptando sin más lo que las diversas Asambleas nacionales del Proceso Constituyente vayan decidiendo. 

 

Por tanto, es lógico pensar (como ya ocurrió en el pasado en otros contextos históricos) que levantar y llevar a cabo un programa de estas características, con verdaderas medidas de redistribución de la riqueza y de justicia social, implica necesariamente la concienciación, la movilización y la autoorganización de todos aquéllos sectores que somos víctimas y que estamos padeciendo las consecuencias de estas políticas enmarcadas en esta estafa llamada "crisis", en realidad una clara ofensiva sin paliativos del gran capital. En realidad el Proceso Constituyente sólo tendrá éxito si genera un contrapoder dirigido desde abajo, inserto en los centros de trabajo y de estudio, en los barrios y en los pueblos, en las fábricas y en las oficinas, apoyado por estudiantes, obreros, profesionales, jubilados, parados, mujeres, sindicatos, mareas, y todos aquéllos colectivos que entiendan que este infernal sistema sólo favorece a unos pocos. La vía no es la negociación con las instituciones europeas, la vía no es la "tercera vía", la vía no es la rebaja del programa hasta hacerlo minimalista, la vía no es la claudicación ante pequeñas migajas...La única vía posible es la movilización para la transformación social. La vía es la revolución que el mismo Proceso Constituyente representa. La vía es la unión de los intereses de todos los colectivos afectados, de todas las clases vulnerables, indefensas, desprotegidas, precarias. Solamente desde la movilización y la lucha podremos cambiar nuestras condiciones de vida. Sólo desde un frente colectivo anticapitalista y de clase podremos conseguir las transformaciones a las que aspiramos. Una movilización de todos los sectores populares, cuya fuerza imparable consiga superar todos los ataques y chantajes que intenten imponernos. 

 

Y así, sólo los que producimos día a día las riquezas, sólo la suma de los colectivos afectados, todos a una, somos quienes podremos poner contra las cuerdas a los capitalistas y a sus serviles representantes políticos, y avanzar en construir un nuevo proyecto de país donde los medios de producción pasen a las manos de las grandes mayorías sociales, y se coloquen a su servicio, a nuestro servicio. El Proceso Constituyente es en realidad un frente para la movilización y para levantar una alternativa política y social al tímido reformismo imperante. Las conquistas propuestas nunca serán alcanzadas sin dejar de someterse a las lógicas capitalistas, al imperio del dogma neoliberal. Nunca será posible mejorar de verdad las condiciones de vida de los de abajo sin enfrentarse a los designios del capital, sin rebelarse ante sus normas, sin cuestionar la acumulación de riquezas por parte de una minoría privilegiada. Ellos lucharán con uñas y dientes por no perder dichos privilegios, su estatus quo. Nosotros debemos organizarnos en la lucha para poder implantar un sistema justo, racional, avanzado, libre y democrático. Y sólo la movilización sostenida mediante huelgas, manifestaciones, concentraciones, etc., podrá reconstruir la conciencia política de los sectores más desfavorecidos, más explotados, más saqueados, más injustamente tratados. El Proceso Constituyente debe estar ahí, codo con codo con todas estas luchas, con todas esas manifestaciones, con todas esas reivindicaciones de los sectores más duramente afectados. El Proceso Constituyente deberá atender sus demandas, deberá alojar sus debates y conversaciones, deberá incluir sus objetivos, deberá recuperar sus conquistas, o alcanzarlas por primera vez si no lo fueron nunca. El Proceso Constituyente es un crisol de voces que desean superar las injusticias de un sistema viciado de facto, podrido y corrupto. Continuaremos en siguientes entregas. 

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22 abril 2018 7 22 /04 /abril /2018 23:00
Por la senda del Pacifismo (98)

La No Violencia es un estilo de vida, un modelo de sociedad hacia el que se quiere caminar y un método de lucha revolucionaria. Se basa en valores como: verdad, legitimidad, coherencia entre medios y fines, horizontalidad y respeto máximo a la persona humana sea cual sea el rol social que desempeñe

Asociación Antimilitarista MOC

BLOQUE TEMÁTICO VII: DESARME NUCLEAR.

 

En este séptimo bloque temático que ahora comenzamos, y como su título indica, vamos a hacer una incursión en el panorama de las armas nucleares, y de su necesaria y paulatina retirada, para poder conseguir un mundo pacífico. Desde su uso en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial, las armas nucleares dieron al mundo una feroz visión de su infernal potencia. Hoy día las armas nucleares son cientos de veces más potentes que aquéllas que se usaron contra las poblaciones de Nagasaki e Hiroshima, y por las cuales, por cierto, aún no ha pedido perdón Estados Unidos. Pero como nos recuerda Víctor Arrogante en este artículo, del cual tomaremos datos e informaciones en lo que sigue, era un 9 de julio de 1956 cuando los Estados Unidos comenzaban una nueva era de armamento. Se refiere a la bomba H. Afortunadamente, aunque no se le haga mucho caso, tenemos desde el año pasado en el seno de la ONU el primer tratado legalmente vinculante que prohíbe las armas nucleares. La noticia puede consultarse en castellano desde esta página. Después de aquéllas bombas atómicas que marcaron el fin de la segunda contienda global, la primera bomba termonuclear fue detonada en Enewetak (atolón de las Islas Marshall) en noviembre de 1952. La temperatura alcanzada en la zona cero fue de más de 15 millones de grados, tan caliente como el núcleo del Sol, durante unas fracciones de segundo. 

 

En Japón murieron 105.000 personas en Hiroshima y 120.000 en Nagasaki, y 130.000 resultaron heridas. Japón en 1967 adoptó los que se conocen como los Tres principios antinucleares; principio de no producción de armas nucleares, principio de no posesión de las mismas, y de no autorización de las mismas sobre su territorio. La bomba atómica o bomba de fisión nuclear se basa en la división de un núcleo atómico en dos o más núcleos pequeños, generando una reacción en cadena y la liberación de enormes cantidades de energía en forma de radiaciones gamma y energía cinética. Por su parte, la Bomba H (o Bomba de Hidrógeno) es una bomba térmica de fisión/fusión/fisión o bomba termonuclear, que se basa en la obtención de la energía desprendida al fusionarse dos núcleos atómicos, en lugar de la fisión de los mismos. Para que se produzca la reacción, es necesario un aporte considerable de energía que sólo puede ser provisto por la detonación inicial de una bomba de fisión que hace las veces de gatillo, lo que convierte a la temible Bomba H en una doble bomba atómica. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki delimitaron claramente un antes y un después en el devenir armamentístico, y constituyeron uno de los acontecimientos más trágicos de la reciente historia mundial. Marcaron un peligroso hito que lejos de representar un "Nunca más", representó un nuevo impulso al uso de armas nucleares. Así las cosas, en 1955, Bertrand Rusell, apoyado por Albert Einstein, presentaba el Manifiesto "Una declaración sobre armas nucleares", firmado por 11 científicos e intelectuales de primera fila de aquél entonces. 

 

Dicho documento alertaba sobre la peligrosidad de proliferación del armamento nuclear, y solicitaban a los líderes mundiales la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos internacionales. Pero esas recomendaciones cayeron, como siempre, en saco roto. Porque un año después se probaba la bomba H, y después la bomba de uranio, de plutonio, de neutrones, así como la bomba sucia de uranio empobrecido. Una escalada de armamento nuclear y de armas de destrucción masiva que continúa en la actualidad, y que coloca el destino de la humanidad al capricho del dedo pulsador de un destructivo botón nuclear. Como decíamos más arriba, han tenido que transcurrir más de 72 años desde el lanzamiento de la primera bomba atómica, para que la ONU (de la que hablaremos a fondo en su correspondiente bloque temático) adopte un tratado para prohibir por primera vez las armas nucleares. Por supuesto, y como era de esperar, todas las grandes potencias atómicas del planeta han boicoteado el acuerdo, que fue respaldado por 122 países. Pero no tenemos otro camino que seguir insistiendo, la senda del pacifismo ha de imponerse no sólo como el mejor camino, sino como el único posible si queremos continuar habitando nuestro ya deteriorado planeta. Los 9 Estados con capacidad nuclear que no participaron en las negociaciones de este tratado (Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, Corea del Norte, India, Pakistán e Israel), consideran que el tratado es una medida poco realista en el tenso contexto internacional de hoy, y que por tanto no cambiará nada. Y es que mientras no se den pasos firmes y conjuntos hacia el convencimiento multilateral de la senda pacifista, ninguna de dichas peligrosas potencias renunciará a su carrera nuclear. Y como ya se ha demostrado, la ciencia puesta al servicio de la destrucción no traerá nada bueno para el desarrollo de la humanidad. 

 

En el tratado de la ONU que estamos comentando (volveremos a él en posteriores entregas) los países firmantes se comprometen a no desarrollar, adquirir, almacenar, acoger en su territorio, usar o amenazar con dichas armas nucleares u otros dispositivos similares. El preámbulo del acuerdo recoge textualmente que "eliminar por completo esas armas es la única manera de garantizar que no se volverán a utilizar". Estamos convencidos de ello, pero por lo visto, las grandes potencias imperialistas (con Estados Unidos a la cabeza, el más invasor, agresivo e imperialista de todos ellos) no lo están. Y el destino de toda la humanidad depende de ellos. Se han hecho grandes progresos en el campo de las armas químicas, de las armas biológicas, pero no ocurre igual en las armas nucleares, cuya amenaza pesa como una losa sobre nuestras cabezas. Somos víctimas a nivel mundial de la temeridad de un conjunto de gobernantes absolutamente irresponsables, que no aman ni a sus países, ni a sus poblaciones, ni a este planeta. Sólo quieren saber quién es el más agresivo, quién es el más temerario. Y así nos va. Hemos de convencer a todos estos países, cada cual aportando su granito de arena, del imperativo ético del desarme nuclear, y de la urgencia de alcanzar, y después mantener, un mundo libre de este tipo de amenazas. La promoción del desarme nuclear es hoy día ciertamente una labor política y social absolutamente prioritaria. Para lograrlo sólo hay que alcanzar un pleno convencimiento sobre la necesidad de la senda pacifista. Ya lo subrayábamos desde los primeros artículos de esta serie. De hecho, estuvimos insistiendo durante varias entregas, y desde múltiples puntos de vista, en que sólo la plena y absoluta asunción de los postulados pacifistas tenían cabida en sociedades pacifistas. Pero aún nos queda mucho camino para alcanzar dicho estadío. 

 

La iniciativa de la ONU, insuficiente como siempre, no hace más que reflejar la tremenda preocupación de la comunidad internacional ante las catastróficas consecuencias humanitarias que traería el empleo de las armas nucleares, y reconoce por tanto la imperiosa necesidad de eliminarlas. Diversas zonas en conflicto a nivel mundial nos amenazan hoy día, donde quizá el conflicto en Siria sea el más representativo. La posibilidad de guerra nuclear no es descabellada, sino absolutamente real. Incluso mayor que durante la Guerra Fría, cuando dos grandes bloques militares se respetaban en silencio. Pero mirado con cierta perspectiva, parece que aquéllos dirigentes eran más responsables que los actuales. O bien que tenían más recientes en sus almas y sus corazones las terribles consecuencias de un conflicto nuclear. En cualquier caso, junto con el cambio climático, la posibilidad de utilización de armas nucleares es, con mucho, el más grave y serio problema que arrastra la humanidad, y que en su desarrollo actual, sería capaz de aniquilar todo ser viviente de la faz de la Tierra. No podemos consentirlo. Hay que desarrollar campañas, movilizarse masivamente, apoyar a los grupos y organizaciones antimilitaristas, y arengar a los foros internacionales para que empujen con todas sus fuerzas para poder llegar a alcanzar acuerdos mundiales vinculantes, que pongan negro sobre blanco el compromiso real de eliminar progresivamente todo el arsenal de armas nucleares. No podemos continuar por la destructiva senda nuclear. Tarde o temprano, si no desandamos este peligroso camino, seremos víctimas de nuestro propio destino. Pero como se afirma en la saga cinematográfica "Terminator", de Arnold Schwarzenegger: "El destino no está escrito. Sólo existe el que nosotros creamos". Continuaremos en siguientes entregas.

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19 abril 2018 4 19 /04 /abril /2018 23:00
Fuente Viñeta: Wikipedia

Fuente Viñeta: Wikipedia

El cóctel en el que se mezclan empresas, subvenciones, créditos ventajosos, ingeniería fiscal, irregularidades contables y una agenda de nombres y cargos influyentes no es una charca en la que croan dos o cuatro “ranas”, sino el ecosistema imprescindible para que el establishment español se mantuviera intocable durante el franquismo y en la democracia, en mitad de la burbuja inmobiliaria y también tras el estallido de la misma

Jesús Maraña

Como venimos comentando, el mercado laboral es la expresión más salvaje de la desigualdad, y se manifiesta crecientemente en múltiples facetas. En este sentido, hasta la misma filosofía y concepto del trabajo humano ha sido prostituido, y ha dejado de representar lo que históricamente ha representado. Sobre todo jóvenes, mujeres, mayores de 50 años y autónomos sufren especialmente la precariedad laboral, que anula las tradicionales funciones del trabajo, resumidas en seguridad, bienestar, dignidad, salud, participación y realización. Nuestro país se ha convertido además en un auténtico paraíso de trabajadores pobres, ya que las últimas contrarreformas han dejado el panorama laboral absolutamente destruido. Los jóvenes trabajan hoy en condiciones de absoluta flexibilidad, sin poder llevar a cabo cualquier mínimo proyecto vital digno, sin poder emanciparse, sin poder formar una familia, sin poder atenerse a un futuro más allá de un mes o dos vista. Los derechos laborales que hace una década considerábamos absolutamente consagrados están siendo triturados a marchas forzadas en un agresivo proceso de desregulación de las condiciones de trabajo. La precarización no es un estadío intermedio, sino que es un fin. La precarización laboral es hoy día el único destino posible. La crisis-estafa ha servido como perfecta excusa para implantar una calculada estrategia que delimite una nueva reconversión del mundo laboral, un nuevo paradigma donde los derechos y la estabilidad no existen. Se han instalado los dogmas del empleo de baja calidad y de la precariedad normalizada. 

 

Y la cara más extrema de todo este fenómeno, como nos cuenta José A. Llosa en este artículo para el medio CTX, se encuentra en los trabajadores pobres, un nuevo concepto surgido a la luz de las nuevas contrarreformas laborales. Esta masa laboral la forma un segmento de población ocupada que vive por debajo del umbral de la pobreza. Personas que, pese a contar con "empleos" (la degradación de este concepto es ya harto evidente), sufren una situación económica extrema, no pudiendo desarrollar tampoco un proyecto de vida digno. La ocupación laboral en los mayores de 45 años se torna extremadamente dificultosa, pues la filosofía empresarial consiste en lanzar ERE masivos de trabajadores/as veteranos (que ya contaban con derechos consolidados), para albergar en su lugar a trabajadores/as jóvenes, a los cuales someten a las prácticas precarias que ya hemos comentado. ¿Y qué ocurre con las vidas de estas personas que superan la cincuentena? Pues veamos: al mermar considerablemente la posibilidad de nuevas oportunidades laborales a partir de dichas edades, y especialmente por encima de los 55 años, la salida tras el agotamiento de las insuficientes prestaciones por desempleo pasa por el acceso a las pensiones no contributivas, lo que penaliza sustancialmente la cuantía de la jubilación, condicionando el resto de la trayectoria vital de la vejez. En efecto, actualmente el subsidio indefinido hasta la jubilación se ha elevado desde los 52 años hasta los 55, ha bajado su cuantía hasta los mínimos vitales, y se ha endurecido el acceso al mismo. En nuestro país, más del 50% de los parados y paradas supera los 40 años, lo cual da lugar a una situación dramática, pues son personas que normalmente soportan cargas familiares, y a las cuales, como decimos, el sistema no sólo no provee de renta mínima digna, sino que además son castigadas por el propio sistema de relaciones laborales, que busca sobre todo personal joven para someterlo a la universal precariedad. 

 

La obsesión por parte de las grandes empresas de reconvertir su personal veterano en personal joven es absolutamente irracional. Existen casos absolutamente paradigmáticos, como el de la empresa Ericsson, a la cual dedica Jairo Vargas este artículo en el medio Publico, resumiendo que ha llevado a cabo cinco ERE's en diez años, y que sigue teniendo el mismo número de trabajadores que cuando comenzó dicho proceso. Increíble, ¿verdad? Porque la lógica más elemental nos indica que si una empresa implanta un Expediente de Regulación de Empleo es porque no necesita (por razones organizativas o de producción) el número de trabajadores actual, y necesita quedarse con menos personal. Pero como estamos viendo, esta elemental lógica no casa con las mafiosas e indecentes prácticas empresariales. Los sindicatos con representación en la multinacional sueca de telecomunicaciones denuncian una clara estrategia para precarizar las condiciones laborales de la plantilla, al echar a empleados con salarios consolidados para contratar a jóvenes más baratos, mientras los directivos de la compañía aumentan sus retribuciones. Básicamente, la cantidad de trabajadores/as no ha variado, y se mantiene en el entorno de las 3.000 personas. Y mientras todo esto ocurre, la empresa continúa ofreciendo beneficios. ¿Será desigualdad? Creemos que sí. ¿Será una arquitectura laboral que la permite? Creemos que sí. Y creemos que todas estas prácticas tienen un nombre: Terrorismo Empresarial (una de las modalidades que ya definimos en nuestro célebre artículo, uno de los más seguidos de nuestro Blog). Porque en efecto, estas medidas indiscriminadas e injustificadas generan en el grueso de las plantillas un estrés y un terror muy difíciles de soportar sin que afecte a las vidas íntimas y personales de los/as empleados/as.

 

Malestar, incertidumbre y desmotivación son otros efectos que se provocan en el personal, lo que a su vez incide en la productividad laboral y en la felicidad de los empleados y empleadas de la compañía. Todas ellas también son manifestaciones de esa precariedad vital de la que hablamos. Todo este terrorismo empresarial, sus variantes y manifestaciones son perfectamente estudiadas en el libro "La empresa criminal", de los autores Steve Tombs y David Whyte, que agregan además el sugestivo título "Por qué las corporaciones deben ser abolidas". Una estupenda reseña de dicha obra fue realizada por Pedro López, Profesor de la UCM, y publicada en el medio Crónica Popular, artículo del que tomaremos referencias a continuación. La obra repasa el historial criminal de muchas empresas y corporaciones emblemáticas. Pedro López relata textualmente: "La lista de empresas que se beneficiaron del trabajo esclavo en el nazismo y en el franquismo es extensa: entre las más conocidas, Siemens, Daimler-Benz, Deustche Bank, Siemens-Schuckertwerke, Volkswagen, Bayer, BMW, Krupp, Shell o Ford lo utilizaron en los campos de concentración alemanes; en la España franquista, constructoras como Dragados y Construcciones, Banús, Hermanos Nicolás Gómez, Construcciones ABC y otras, así como empresas de otros sectores como Los Certales (muebles), Compañía de Autobuses de Barcelona, Babcock & Wilcox (estadounidense dedicada a la electricidad), Minas de Almadén y Arrayanes, Astilleros de Cádiz, La Torrassa (fábrica de cristal) y un largo etcétera. Por otro lado, la eficaz colaboración de la estadounidense IBM con los nazis para identificar y llevar al exterminio a los judíos, de la General Motors para fabricar tanques alemanas, de la ITT para dirigir las telecomunicaciones nazis a cambio de una futura recompensa después de la guerra, o la colaboración de bancos suizos (Credit Suisse, Union Bank of Switzeland, Swiss Bank Corporation) en el robo de las propiedades de estos, casos citados en este libro, muestran que el capitalismo colaboró de manera entusiasta con las dictaduras más extremas".

 

Y es que el capitalismo, máximo adalid de la desigualdad, nunca se implantó democráticamente, sino que se impuso en principio a sangre y fuego, y después ha ido envolviendo su oscura capa con diferentes disfraces. Y poco a poco nos ha ido imponiendo su propia visión de la vida y del mundo, inculcando falaces mantras como el de la eficiencia empresarial, el valor de la emprendeduría, la autonomía del mercado, la autorregulación corporativa, la seguridad jurídica, la responsabilidad social, la regulación estatal o la protección pública del interés general. Conceptos que pueden quedar muy bien en un seminario teórico, pero que en la práctica se comprueba diariamente que sólo sirven para proteger los intereses de las grandes corporaciones, su obtención máxima de beneficio, y la protección de sus directivos y accionistas. Hasta el lenguaje concede a las corporaciones una mayor benevolencia, ya que por ejemplo mientras al individuo se le imputa intención, a las empresas como mucho se les imputa negligencia o imprudencia, categorías mucho más leves de condena social y legal. Pedro López indica textualmente: "Al referirse a actividades criminales corporativas, el lenguaje de los medios y del poder suaviza los matices; lenguaje anestésico lo llaman Tombs y Whyte: hablamos de escándalos en vez de crímenes, de venta abusiva en vez de robo o fraude, de accidentes en vez de homicidios o lesiones. Todo ello contribuye a formar un velo corporativo que aparta a los responsables criminales de toda responsabilidad penal". Y mientras las empresas no tienen patria (su patria no es donde reside su sede social, sino que suele ser donde más intereses poseen), se asocia ingenua y equivocadamente la "nacionalidad" (española, francesa, italiana, etc.) a las empresas, y se difunde en el imaginario colectivo que defender a dichas empresas es defender a tu país. Craso error. Continuaremos en siguientes entregas.

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17 abril 2018 2 17 /04 /abril /2018 23:00
Por un Proceso Constituyente (29)

Este régimen consagra la desigualdad, porque al mismo tiempo que la precariedad vital alcanza a todas las facetas de la vida y al conjunto de la población, vemos a una ínfima mayoría enriquecerse cada vez más. Los avances y derechos democráticos se debilitan, involucionan, y entramos en una peligrosa espiral de la cual es difícil salir si no llevamos a cabo una ruptura democrática. El poder abstracto e impersonal del mercado lo domina todo, contribuyendo a mercantilizar todos los derechos fundamentales. La sociedad se vuelve cada vez más insolidaria, más egoísta, más individualista, más competitiva, más salvaje, más despiadada. La naturaleza, los recursos naturales y los animales sirven únicamente como objeto de saqueo y de explotación. Y las últimas causas de todo ello es que este régimen se ha dejado llevar por el capitalismo. No es una consecuencia natural, ni una plaga divina, ni los efectos del avance de la civilización. La causa es que este régimen ha abrazado un perverso sistema donde todo se produce como mercancía para ser vendida y comprada, y donde la fuerza impulsora es la obtención de beneficio máximo en el menor tiempo posible, y a costa de lo que sea. Se legitiman de esta forma las guerras, la pérdida de derechos, la precariedad. Se legitima la miseria y la barbarie. El "progreso" social se entiende únicamente en función de que esas minorías puedan enriquecerse a gran escala, mientras esquilman a las personas y al planeta. Es un irracional despropósito. El capitalismo va de crisis en crisis, y en cada una de ellas se cargan más las tintas contra las clases populares, contra los más vulnerables, contra los más indefensos. 

 

Y así, este régimen del 78, esta "democracia" para ricos, "representativa" de su poder e influencia, y "parlamentaria" aunque monárquica y vasalla, declara una guerra abierta y cruel contra las clases trabajadoras y populares. El régimen nos condena a convertirnos con suerte en trabajadores/as pobres, en jóvenes exiliados o precarios, en jubilados con pensiones míseras, en parados sin prestación, en estudiantes expulsados o hipotecados, en desahuciados sin alternativa habitacional, en dependientes sin ayudas, etc. Los servicios públicos han comenzado desde hace años a "externalizarse" (privatizarse) total o parcialmente, con lo cual van perdiendo su carácter gratuito y universal. Y mientras todo ello ocurre, se han llevado a cabo rescates millonarios a la gran banca privada y a las grandes empresas, que han consagrado las desigualdades, y que se han sufragado mediante procesos de socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias. El régimen político construido durante la Transición, vendido durante las últimas tres décadas como "modélico", se encuentra hoy inmerso en una crisis de legitimidad brutal, que se manifiesta en diversas vertientes. Desde la misma Corona como cima y basamento del régimen, pasando por las principales fuerzas políticas que han sustentado el sistema, todos los elementos del mismo se han evidenciado como auténticos brazos armados para imponer los más criminales preceptos, las más indecentes leyes, y la más sangrante desigualdad. De toda esta peligrosa involución social surge la necesidad del Proceso Constituyente. El cuestionamiento de la propia Monarquía, la defensa del derecho de autodeterminación de todos los pueblos que forman el Estado Español (coherente con una visión plurinacional y federal de España), o la extinción de las puertas giratorias son destacados aspectos a considerar. 

 

Pero existen muchos más. Y sólo el Proceso Constituyente debe definir los límites al mismo. Aspectos como la profundización democrática, la nacionalización de los sectores económicos estratégicos, el blindaje de los derechos sociales, o la garantía de renta básica son también elementos fundamentales del mismo. Porque sólo un Proceso Constituyente realmente inclusivo y popular, radicalmente democrático, podrá consagrar un modelo de sociedad basada en la equidad, en la justicia social y en la garantía de los derechos humanos. Sólo un Proceso Constituyente podrá erradicar todas las lacras sociales que arrastramos desde el franquismo, y conducirnos por la senda de un nuevo proyecto de país. En este sentido, si el Proceso Constituyente que estamos proponiendo desde esta serie de artículos no se lleva a término (o bien es sustituido por cualquier otro sucedáneo), estamos seguros de que dicha situación perseguirá legitimar la actual restauración borbónica por más tiempo, lógicamente sin remover los actuales esquemas y estructuras del poder. Los actuales gobernantes y sus partidos aspiran únicamente a pequeños cambios cosméticos para contentar a las clases más vulnerables, dejando de nuevo en el tintero (como ya ocurriera durante la Transición) las grandes aspiraciones democráticas y sociales que se vienen reclamando en las calles de nuestras ciudades. Pensionistas, jóvenes, precarios, parados, sectores obreros afectados por ERE, personal de la sanidad pública, de la educación pública, afectados por las mafiosas prácticas bancarias, afectados por los desahucios, y una larga lista de damnificados por estas políticas agresivas del gran capital sólo verán satisfechas sus demandas si se canalizan a través de un Proceso Constituyente, democrático y popular. 

 

Ya estamos hartos de tanta "gestión amable" de la crisis, de tanto "Pacto de Estado" absurdo e inútil, de tanto "consenso necesario" para hacer avanzar ciertas cuestiones. La supuesta vía democrática ha sido cerrada para determinados proyectos, que nunca podrán llevarse a cabo mientras la Tríada PP+PSOE+C's acumule mayoría de representación parlamentaria. Sólo el Proceso Constituyente puede garantizar que las mayoritarias demandas populares son atendidas, y que se celebra de verdad un profundo debate sobre algunas cuestiones que hasta ahora han resultado ser un tabú para una sociedad que se autodeclaraba una "democracia madura y avanzada". Pero no es así. Los fundamentos franquistas de nuestra insuficiente, débil y tutelada democracia no se han marchado. Siguen aquí. Y pretenden seguir durante mucho tiempo. Ellos son los que tienen el poder. Ellos modulan la opinión pública, ellos dictan lo que es información relevante y lo que no lo es, ellos hacen las encuestas electorales, ellos son los que simulan los falsos debates, ellos poseen el poder económico, el poder judicial, el poder represivo, y el poder político. ¿Quiénes son "ellos"? Pues quizá fuese Podemos quien en sus orígenes mejor expresara dicha identidad: son la casta. Una indecente casta de políticos mentirosos y corruptos, puestos al servicio de una clase económica absolutamente parasitaria, nefasta y dictatorial, que no sólo controlan todos los resortes del poder, sino que también nos dictan a los demás lo que es España, lo que debe ser, y lo que va a seguir siendo. Sólo el Proceso Constituyente puede enfrentarse a ellos. Sólo un Proceso Constituyente organizado desde la base puede plantarles cara, y ofrecer a las clases populares verdaderas alternativas desde abajo. 

 

Sólo un Proceso Constituyente podrá cuestionar la propiedad privada de los que ostentan las riquezas y los medios de producción, y que son también los dueños de los grandes medios de comunicación, que nos intoxican diariamente con sus mentiras. Sólo un Proceso Constituyente podrá interpelar al orden establecido, impedir la involución y la deriva antidemocrática en las que estamos instalados, y poner en entredicho las terribles lógicas del sistema capitalista. El Proceso Constituyente deberá delimitar el programa de ruptura con el régimen actual, que abra el camino hacia una salida anticapitalista, y diseñe un nuevo modelo de sociedad, y un nuevo proyecto de país. Las demandas democráticas deberían basarse, entre otros muchos aspectos, en que ningún cargo público cobre más que el salario medio de un trabajador cualificado, la abolición de todas las dietas, pensiones y privilegios de la casta política, la revocabilidad de todos los cargos electos, la desaparición del Senado, la formación de una sola Cámara legislativa y ejecutiva elegida entre todos los mayores de 16 años con independencia de su sexo u origen en circunscripción única, el fin de la "casta" judicial, o el juicio a través de jurado popular. Un Proceso Constituyente que aborde las grandes carencias democráticas que aún poseemos, y que defienda todos los derechos democráticos que nos han sido mutilados durante estos gobiernos tardofranquistas, que acabe con la Ley Mordaza, que consagre el derecho a decidir sobre el propio cuerpo de las mujeres, que reconozca en pie de absoluta igualdad a los colectivos LGTBI, que plantee la disolución de los tribunales y legislación de excepción (Audiencia Nacional, Pactos Antiterroristas, etc.), que libere a todos los presos políticos y de conciencia, que restaure el verdadero relato del terrorismo de Estado en nuestro país (y no sólo el de ETA), que restaure la memoria histórica y que ofrezca verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de genocidios anteriores. Continuaremos en siguientes entregas.

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16 abril 2018 1 16 /04 /abril /2018 23:00
Imagen: Federación SOS Racismo (https://sosracismo.eu)

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Como la gente tiene la mala costumbre de pujar por su supervivencia y la de los suyos la venta ambulante informal es una forma de vida que se extiende por todo el planeta. Cuando no hay mercado de trabajo que te integre, ni capital para alquilar un local, o pagar una licencia, cuando no puedes producir porque careces de medios para ello, cuando estás solo tú ante el mundo y necesitas tirar adelante en los márgenes de un sistema económico centrado en la generación de beneficios sin fin, entonces haces lo que tienes que hacer. Y muchas veces en muchos lugares eso implica comprar cosas y venderlas ligeramente más caras en las calles. Eso, intentar sobrevivir como se puede, es normal en los países que no pueden evadirse de la realidad, de la desigualdad atroz. Pero en este país, que lucha por mantener viva la ficción de que está todo bien, de que la pobreza y la explotación no existen, te puede costar la cárcel

Sarah Babiker

La inmensidad de los delitos que hay que combatir es tan grande que no podemos desperdiciar efectivos policiales en perseguir a los manteros. Más bien habría que encontrar políticas municipales que pusieran a la policía a ayudarles, acogerles y protegerles del mundo atroz del que han escapado y de la atrocidad con la que se han encontrado al llegar a nuestro país

Carlos Fernández Liria

La Ley de Extranjería y la reforma en 2015 del Código Penal asfixian a los manteros, cuando sobrevivir es una necesidad. Vender un bolso puede costar 2 años de cárcel, mientras la evasión fiscal hasta 120.000 €uros, no es delito. La actual ley condena a las personas migrantes en situación administrativa irregular a una especie de muerte social (...) Comparar la situación de estos vendedores con un pequeño comerciante local, es intentar equiparar al Real Madrid u Osasuna, si les parece, con un equipo de amigos del barrio más pobre del país. El primero dispone, dentro una selva, de todos sus derechos; los otros, de ninguno

Manuel Millera

El asunto de la criminalización política y social de la venta ambulante vuelve a la palestra cada cierto tiempo, sobre todo si se registran altercados protagonizados por los propios inmigrantes, que ven hasta qué punto su mera labor de sobrevivir no es comprendida por nuestra salvaje sociedad. Como resulta que hemos de elegir, a la hora de sensibilizarnos y posicionarnos ante un determinado problema, desde qué punto de vista lo analizamos, es mejor ponerse siempre que se pueda en el lugar de los más débiles, indefensos, desprotegidos y vulnerables. Seguro que así nos asaltan menos dudas. Tenemos por tanto a unos manteros que intentan simplemente sobrevivir en los miserables márgenes que les deja este criminal sistema capitalista, frente a un orden "legal" establecido, donde unos comerciantes legales se han establecido legalmente y compran y venden productos "originales". Y si preguntamos a estos últimos, la respuesta suele ser siempre la misma: "¡Que paguen sus impuestos como los pagamos nosotros!". Pero en el debate de fondo que se esconde detrás de esta manida frase, se encuentra, como casi siempre, la desigualdad. La terrible y despiadada desigualdad que todo lo impregna, que todo lo cubre y que todo lo mancha. La indecente desigualdad que no se tiene en cuenta de partida, porque la tan manida frase que insta a todo hijo de vecino a pagar sus impuestos parte de un error de base: no todos somos hijos de vecino, es decir, no todos somos ciudadanos con todas las de la ley, sino que algunos disfrutamos de dicho estatus, y otros, los más desprotegidos, ni siquiera lo son. Son inmigrantes. Y decir hoy día inmigrantes, en 2018, no es igual que decirlo en la década de los 60 del siglo pasado, donde todos conocíamos alguna familia cuyo padre o tío se había marchado a Francia o a Alemania, y enviaba dinerito fresco a su familia cada mes. Aquéllos inmigrantes estaban perfectamente integrados en su país de acogida, y cuando regresaban al nuestro, lo hacían con una buena jubilación. 

 

Decir inmigrante hoy día, en 2018, significa referirse a un "sin papeles" en la mayoría de los casos, es decir, una persona "ilegal" por propia definición, cuando nadie debería ser considerado ilegal en su condición de persona, simplemente por no tener una documentación que le acredite que pertenece "legalmente" a la comunidad de acogida. Y considerando esta desigual situación de partida, es lógico concluir que las condiciones que poseen estas personas que quieren que "todos paguemos impuestos", no son las mismas que las de esos pobres manteros que recurren a dicho modo de vida porque no tienen otra alternativa. Simplemente entendiendo esto en su plena y total dimensión, ya deberíamos ser capaces de comprender por qué la venta ambulante no debe ser criminalizada. Pero superado este primer planteamiento, puede asaltarnos un segundo, que también es esgrimido frecuentemente, y que no es otro que el que proclama que la mafia de los productos falsificados o "ilegales" mueve mundialmente mucho dinero, y resta competencia y beneficios a los establecimientos legales. Muchas réplicas podríamos aducir a este razonamiento, pero quedémonos con una muy clara y sencilla: ¿Es que la industria de los productos "legales" no es también una mafia? ¿Es que las camisetas, faldas, zapatos o relojes que compramos a los establecimientos legales no proceden también de mafias empresariales que llevan a cabo oscuras prácticas en las fábricas de origen de dichos productos? Calzado esclavo en la India, mano de obra infantil en Pakistán, obreros textiles esclavizados en Brasil...la lista sería interminable, y está llena de productos de origen "legales" que son suministrados a nuestros "legales" establecimientos.

 

Y es que el sistema capitalista es mafioso en sí mismo, lo es en su propia esencia, y por tanto, es una absoluta falacia criminalizar productos que vayan a parar a personas que comercian con ellos de forma ilegal, o de forma, digamos, alegal. Pero más allá de este falso debate, lo que nos provoca más rabia a algunas personas no es que se considere ilegal esta práctica de la venta ambulante, sino que se criminalice a sus practicantes de forma tan agresiva. Tenemos bancos que estafan a sus clientes (muchos de ellos personas mayores vilmente engañadas para robarles los ahorros de toda una vida), tenemos políticos que practican corrupción a alto nivel (Presidentes de Comunidades, Alcaldes y Concejales de Ayuntamientos, Ministros, Presidentes de partidos políticos, grandes empresarios y un largo etcétera), personas que este sistema "legal" no persigue, o si lo hace porque ya se ven completamente acorraladas, son bastante benevolentes con ellos. En cambio, la policía persigue con absoluto despliegue a estos pobres manteros cada vez que se les ocurre (o porque exista un chivatazo o denuncia de alguno de estos dueños de establecimientos legales), y el criminal sistema legal capitalista y sus Estados democráticos, Sociales  y de Derecho despliegan contra ellos todo el peso de la ley, esa ley que no ve ni es sensible a esa desigualdad de base, esa ley que no es justa, como no lo es ninguna justicia que no tenga en cuenta todas las consideraciones y circunstancias de las personas, y la envergadura de los "delitos" que cometen.

 

Porque frente a la plácida "legalidad" de esas personas dueñas de esos establecimientos legales, tenemos las de esas personas que viven un infierno en su país de origen (muchos de ellos objeto del saqueo y el expolio al que son sometidos por nosotros, o bien de guerras y éxodos forzosos), que logran escapar en una patera, arriesgando sus vidas, que logran saltar nuestras vallas o esquivar a la policía de fronteras, y que cuando llegan a nuestro país, se encuentran con un nuevo infierno, que los encierra en un CIE, los considera "ilegales", los deporta o en el mejor de los casos, los mantiene "sin papeles" durante años. ¿Podemos exigirles a estas personas que "paguen sus impuestos" como a cualquier propietario de cualquier negocio legal de nuestro barrio o ciudad? Más bien deberíamos comenzar por tratarles como personas iguales a nosotros en su propio país de origen, o cuando menos, garantizar que si llegan al nuestro, son acogidos e insertados con absoluta normalidad y sin obstáculos legales. En última instancia, la policía debería estar para asistirles y protegerles (de los posibles ataques racistas, sin ir más lejos), en lugar de perseguirlos como delincuentes porque venden un bolso, un CD, unas gafas de sol, un pañuelo o una figurita de madera o de porcelana en plena calle, porque no poseen otro medio de subsistencia. No podemos medirlos bajo el mismo rasero que a los demás, porque el racismo legal, social e institucional que sufren los coloca en clara desventaja. Creemos por tanto sociedades igualitarias, antes de exigir a todo el mundo "que pague sus impuestos". Despenalicemos la venta ambulante, pues es el único medio de vida que muchas personas tienen para poder sobrevivir.

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15 abril 2018 7 15 /04 /abril /2018 23:00
Fuente Viñeta: http://cgt.org.es/

Fuente Viñeta: http://cgt.org.es/

El gasto militar mundial es hoy en día 180 veces superior al presupuesto anual de Naciones Unidas. Mientras la ONU destina en el mejor de los casos 10.000 millones de dólares anuales a todas sus actividades, incluidas las operaciones de mantenimiento de la paz, la militarización mundial consume 1,8 billones de dólares anuales. La todavía tristemente de actualidad cita de la época romana “si vis pacem para bellum” no puede estar más equivocada. La realidad demuestra que siglos de preparación para la guerra no han conseguido la paz. Sino más bien al contrario, son los países que han acumulado mayores cotas de militarización quienes han promovido y protagonizado las principales guerras de todos los tiempos, y son los pueblos más militarizados los que persisten en optar por las soluciones militares y la guerra

Jordi Calvo Rufanges

Nos quedamos explicando en la última entrega de esta serie la idea y repercusiones que se esconden detrás del concepto de Objeción Fiscal Militar. El primer gran objetivo, hemos afirmado, es dejar de financiar con nuestros impuestos los fondos que se dedican al armamentismo y a nuestra participación en los conflictos bélicos. Pero hay más. Porque además de recortar el presupuesto de guerra se pretende también, con estas acciones de desobediencia, suscitar un debate sobre el grado de militarización social, cultural y económica que padecemos, sus orígenes, sus causas y consecuencias, y rescatar el protagonismo social en todas las decisiones que puedan afectar a estos temas. En última instancia, recuperar la voz del pueblo, su capacidad de decisión, para que no sean otros (que se hacen llamar nuestros representantes pero que no lo son) los que decidan sobre los graves asuntos que tienen que ver con los Ejércitos, el militarismo y el complejo militar-industrial. La OFM es por tanto un gesto de civismo, un gesto comprometido por la paz, un gesto que apuesta decididamente por un mundo sin violencias, sin armas, sin conflictos, sin guerras, sin ejércitos. Lógicamente, se trata de una práctica de desobediencia civil no reconocida legalmente, pero precisamente por ello tenemos que apoyarla y difundirla. ¿Cómo la llevamos a la práctica? Como no existe ninguna casilla oficial en los impresos y formularios previstos para la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), hemos de crearla nosotros mismos, y hemos de explicarla y razonarla en el mismo documento. 

 

¿Existen consecuencias de esta acción para el conjunto de la ciudadanía que la practique? Pues hoy por hoy, la peor consecuencia que puede tener es que Hacienda (lo ha hecho en unos pocos casos) nos reclame (o se niegue a devolvernos) el dinero que hemos dejado de pagar, o que hemos desviado. En nuestro país, las primeras campañas sobre Objeción Fiscal al Gasto Militar nacieron en 1983, a raíz de nuestra incorporación en la OTAN un año antes. Al igual que se objeta por conciencia nuestra oposición a cualquier otro asunto, la OFM objeta el negarse a participar y a contribuir a los gastos militares de tu nación. Arcadi Oliveres, uno de los fundadores del Centre Dèlas y veterano activista por la paz, en esta entrevista de Santiago Canales para el medio El Salto Diario, explica la dinámica de la OFM en los siguientes términos: "Si el gasto militar es el 2% de los presupuestos y a mi me toca pagar 100, pagaré 98 porque tampoco quiero dejar de abonar esta cantidad al Estado. De manera que lo que se hace es elegir una ONG o alguna acción social, entregar esos dos euros restantes y decirle a Hacienda: "A mí me tocaría pagar 100 pero como dos se los van a gastar muy mal, ahí tienen los otros 98". Ese recibo de abono a la ONG en cuestión se lleva también a Hacienda, por lo cual se demuestra que no existe ningún tipo de engaño por parte del contribuyente (de cara a una posible multa o sanción por parte de la administración tributaria). Pero en verdad la OFM no es el único medio cívico de oponerse a los gastos armamentistas de un país, desde un punto de vista responsable y ciudadano. Arcadi Oliveres señala en la entrevista de referencia otros mecanismos de objeción que se pueden practicar, tales como la objeción laboral (no prestar nuestro trabajo como profesionales para cuestiones militares), la objeción científica (negarse a que nuestras investigaciones sean utilizadas con fines militares), o la objeción financiera (no ingresar nuestros ahorros en entidades financieras que inviertan en armamento). 

 

En el tríptico que se puede descargar desde esta página (https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/triptico_of2013.pdf), colgado en la web de Ecologistas en Acción, se dan algunas cifras y datos interesantes, para que el conjunto de la ciudadanía las tome como referencia a la hora de contribuir a la campaña de Objeción Fiscal Militar. Las más interesantes son las siguientes: el gasto militar diario supera los 79 millones de euros, el gasto militar por persona al año es de algo más de 600 euros, 7,61 de cada 10 euros de gasto militar están ocultos, nueve Ministerios de los 13 existentes participan del gasto militar, se conceden préstamos no contemplados en los PGE por valor de casi 1.500 millones de euros (referencia del año 2012), la escalada armamentista ha generado una burbuja de deuda militar impagable de 32.000 millones de euros, y mientras entre los años 2002 y 2011 el gasto final en Defensa real aumentó un 16% respecto al presupuestado, los recortes durante los años de crisis han sido de un 35% en Fomento del Empleo, de un 20% en Cultura, de un 14% en Educación, de un 14% en Servicios Sociales, y de un 12% en Cooperación Internacional y Ayuda al Desarrollo. Absolutamente inaceptable bajo una sociedad democrática, justa, pacífica y avanzada. El debate sobre la OFM es un debate sobre prioridades presupuestarias públicas, es un debate sobre las verdaderas amenazas que nos acechan, es un debate que pone en cuestión cómo es posible que en los tiempos que corren, cuando las principales agresiones que sufre la población son la insuficiencia de cobertura de servicios públicos, el desempleo, la carencia de viviendas de alquiler social, etc., puedan ser desviados miles de millones de las arcas públicas a la compra de armas, al mantenimiento de Ejércitos o a nuestra participación en conflictos bélicos. 

 

Hay que promover el debate sobre la fuerza civil de la desobediencia, sobre la clara y firme negativa a participar con nuestros impuestos en la industria de la guerra, y sobre todo, hacer una defensa del derecho fundamental a la libertad ideológica, que no sólo ampara el derecho a pensar de otra forma, sino también el derecho a promover acciones en coherencia con tales pensamientos, ideas y actitudes. Mediante la OFM queremos que la iniciativa sea conocida por el conjunto de la población, para así poder alterar las prioridades económicas del Estado, y fomentar un modelo de defensa basado en el pacifismo, en el antimilitarismo y en la no violencia, renunciando a las estructuras, jerarquías, decisiones, actitudes e ideologías militares. La senda del Pacifismo rechaza los bandos, las soluciones violentas, aboga por la negociación, por la diplomacia, por la presión de los acuerdos, y persigue la paulatina desarticulación de los bloques militares y de la contemplación de la guerra como solución a los conflictos. En este sentido, la OFM es una herramienta básica de la mayoría social para hacer cambiar los criterios de nuestros gobernantes, e instalar poco a poco en nuestro imaginario colectivo que existen otros enfoques, otros planteamientos y otras soluciones a los conflictos mundiales que puedan surgir. La Objeción Fiscal al Gasto Militar resulta, por tanto, una buena decisión para encarminarnos en este sentido, ya que es una herramienta humilde, pero eficaz, que permite evitar que parte de nuestra riqueza colectiva se dedique a fines militaristas, a fines criminales, a fines violentos, y a la vez, denunciar la excesiva financiación del militarismo, poner el foco de atención en su sobredimensionamiento, y dedicar de forma activa una pequeña parte de nuestro dinero a fines socialmente útiles y transformadores. 

 

Y es que bajo el mantra de la "Política de Estado" y de los "llamamientos a la responsabilidad", las fuerzas políticas que nos han gobernado hasta ahora (el famoso bipartidismo) ha hecho de su capa un sayo en la cuestión militarista, y han cedido a las presiones de la OTAN, del complejo militar-industrial y de los países aliados que han participado en proyectos similares a los nuestros. A ello se une la criminal política de los bancos, que como ya hemos detallado en el bloque temático anterior, financian de forma ingente los proyectos de empresas de armamento por todas partes del mundo. En este sentido, la OFM puede resultar útil como un grito conjunto del pueblo que dice "¡Basta!" a la ocultación de datos, a la opacidad de los gastos militares, y sobre todo, se niega a seguir siendo cómplice pasivo de las incursiones militares a las que nos conducen nuestros serviles gobiernos. No podemos seguir hurtando a la sociedad el debate sobre el militarismo, debemos respetar la soberanía popular especialmente en este grave asunto, y ello se consigue concienciando a las masas de que los gastos en Defensa, además de ser desorbitados, son absolutamente inútiles y peligrosos para contribuir a un mundo mejor. Los conceptos de la defensa y del militarismo han de ser replanteados bajo un nuevo enfoque pacifista, y las nuevas amenazas deben ser analizadas desde puntos de vista más humanos y reales, sin tener el foco permanentemente puesto en los oscuros intereses de las industrias y empresas del ramo. Una profunda auditoría económica de los gastos militares es absolutamente precisa, así como un progresivo recorte real de los gastos en defensa, y un alejamiento de las intervenciones militares y de la escalada militarista. A partir de la siguiente entrega comenzaremos un nuevo bloque temático, esta vez dedicado al desarme nuclear. 

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