Overblog Seguir este blog
Administration Create my blog
23 septiembre 2015 3 23 /09 /septiembre /2015 23:00

A pesar de las confesiones y demostraciones de montajes y guerras injustificadas causadas por Estados Unidos, no existe hasta ahora ningún procesamiento internacional por crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad cometidos por ese país; así como por la flagrante violación a los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas de no injerencia en los asuntos internos de los Estados

Laila Tajeldine

Otro gran capítulo de la política terrorista, belicista y represora de los Estados Unidos lo constituye su propio tratamiento interno contra los afroamericanos que residen allí. Una política caracterizada básicamente por el racismo social e institucional, y por la impunidad que lo protege. Incluso de pocos años acá, esta política se ha recrudecido aún más si cabe, adquiriendo verdaderos tintes preocupantes. Y no sólo por las indiscriminadas matanzas de negros a manos de la policía, sino por el desprecio institucional que se les dedica. Se han hecho famosos últimamente, por ejemplo, los sonados casos de Eric Garner o Michael Brown, asesinados vilmente por agentes blancos de policía, que provocaron auténticos estallidos sociales en sus respectivas localidades. De hecho, la ciudad de Ferguson, en el Estado de Misouri, estuvo varios días en pie de guerra. Desgraciadamente, con la toma de posesión del primer Presidente negro de la historia norteamericana, estos hechos, lejos de ir disminuyendo, se han acrecentado. 

 

Para el editorial de La Jornada en esas fechas (diciembre de 2014): "...la situación descrita deja ver la histórica e innegable orientación racista de las autoridades de ese país, en contra de su población negra, que se acentúa particularmente en las corporaciones policiales, las fiscalías y las autoridades carcelarias. El correlato de esa tendencia es una concepción paranoica de la sociedad por parte de los distintos gobiernos estadounidenses, proclives a poblar sus cárceles y eliminar a ciudadanos considerados peligrosos como medidas de control social". Según destacaba el propio The New York Times en abril de 2015, uno de cada seis hombres negros entre 24 y 54 años ha desaparecido de la sociedad estadounidense, por muerte prematura o encarcelamiento. El artículo es especialmente interesante, porque además muestra estadísticas por ciudades y estados. El homicidio ocupa el primer lugar como causa de muerte entre los hombres negros jóvenes. Y en cuanto al encarcelamiento (al que dedicaremos en siguientes entregas una especial atención), recordemos que Estados Unidos posee un récord de reclusos en el mundo, ya que posee el 5% de la población mundial, y el 25% de la población encarcelada. Los datos hablan por sí solos, constituyendo una alarmante situación que únicamente se da en dicho país. 

 

De los 2,3 millones de presos en las cárceles estadounidenses, casi el 40% son afroamericanos, pero ellos sólo representan el 12,6% de la población total. La estadística nos confiesa que es del orden de 6 veces más probable que sea encarcelado un hombre negro que uno blanco. Y todo ello sin contar la marginación social a la que están sometidos, debido al desempleo, la discriminación racial o las sanciones que impiden que una persona con antecedentes policiales consiga trabajo. Y por supuesto, la ya de por sí pronunciada desigualdad económica es mucho más aguda si comparamos a las familias de afroamericanos con las familias de blancos. Y desde el repunte de casos de asesinatos de negros a manos de la policía, con la consiguiente impunidad ya destacada, se ha creado la organización "Black Lives Matter" (las vidas de los negros sí importan) que califica la situación como "estado de emergencia", y de "guerra pollicial y económica contra la comunidad negra", organizando multitud de movilizaciones para concienciar sobre el gravísimo problema. A ello han ayudado los numerosos casos de "gatillo fácil", que al ser además grabados en vídeo, han encendido aún más los ánimos, y desatado auténticos estallidos sociales. 

 

Black Lives Matter identifica tres tipos de violaciones de los derechos humanos de los negros en los Estados Unidos, como recoge Silvia Arana en su artículo: asesinato, encarcelamiento masivo y explotación económica, perpetrados sistemática e impunemente por el Estado y las corporaciones. Ante todo ello, Black Lives Matter demanda: el fin de toda forma de discriminación y el reconocimiento de los derechos humanos de los afroamericanos; que acabe la brutalidad policial contra dicho colectivo; creación de empleo con salarios dignos, vivienda y acceso a la salud; el fin del encarcelamiento masivo organizado por el complejo industrial de prisiones; justicia para todos los afroamericanos: hombres, mujeres, niños, transexuales, gays, lesbianas; la libertad de todos los presos políticos en EE.UU.; y la eliminación del complejo militar-industrial manejado por las corporaciones privadas para beneficiarse con la muerte y destrucción de los pueblos del mundo. Y como decíamos más arriba, la indignación frente a las constantes y cada vez más descaradas violaciones de los derechos humanos de la nación pobre y negra, y los asesinatos policiales de los afroamericanos ha sido el principal detonante de las protestas espontáneas organizadas en multitud de ciudades, desde Ferguson a Nueva York, San Francisco, Cleveland, Chicago, Baltimore, y otras muchas...Continuaremos en siguientes entregas.

Repost 0
Published by Rafael Silva - en Política
Comenta este artículo
22 septiembre 2015 2 22 /09 /septiembre /2015 23:00

El TTIP es la Constitución de las multinacionales

Lola Sánchez, Eurodiputada de PODEMOS

Llegado este momento, bien pudiéramos formularnos la siguiente pregunta: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Porque nadie podría entender cómo se llega a una situación donde las grandes empresas transnacionales puedan albergar tanto poder como para, no sólo dirigir y protagonizar mayoritariamente las negociaciones, sino hacer que los Gobiernos y los Estados aprueben mecanismos que van claramente en contra de sus intereses (entendidos éstos como los intereses de la propia ciudadanía). Pues básicamente, todo ello se da porque hoy día es aberrante la dimensión global y el peso que las grandes corporaciones han adquirido en múltiples aspectos de nuestras vidas, de todas y cada una de las personas y pueblos que habitan este mundo sujeto al capitalismo globalizado. Prácticamente, desde que nacemos hasta que morimos, se puede decir que estamos viviendo para proporcionar beneficios a las grandes empresas multinacionales. El grado de consumismo desaforado al que hemos llegado lo constata diariamente. 

 

Muy interesante es, al respecto, el análisis que hace Gonzálo Fernández en su artículo "Alternativas para disputar el poder, el ser y el saber a las transnacionales", que voy a tomar como referencia a continuación. La fase de globalización neoliberal, que despega hace unas cuatro décadas, en el contexto de la crisis de los años 70 del siglo pasado, es donde las tendencias expansivas de las empresas transnacionales se agudizan. Éstas se convierten en punta de lanza del modelo capitalista imperante a nivel globalizado y de la perpetuación de sus valores (ánimo de lucro, maximización de la ganancia, acumulación, consumismo descontrolado, crecimiento económico), a partir de las directrices del Consenso de Washington, del cual ya hablamos a fondo en este artículo de nuestro Blog. Las políticas de desregulación, apertura, flexibilización de mercados, o limitación de la capacidad de intervención de los Estados, entre otras, se van imponiendo inexorablemente. Y a su vez, a todo ello ayuda al disciplinamiento de la propia clase trabajadora, por un lado, así como las mejoras tecnológicas en el transporte, mecanización, comunicación e información. Las grandes empresas van asumiendo el papel de agentes hegemónicos de la globalización neoliberal, ampliando sus fronteras geográficas y funcionales. 

 

Y de esta forma, la agricultura, los servicios básicos, los recursos naturales, los bienes de equipo, y muchos otros sectores van quedando dentro de la órbita de mercado e influencia de las grandes transnacionales. Ello va incidiendo en el volumen de éstas, entendido no sólo como volumen de beneficios, sino como volumen de mercado, y hoy día, dicho volumen supera, para muchas de ellas, el PIB de algunos Estados. Las empresas, como agentes económicos principales del neoliberalismo, van adquiriendo un poder extraordinario, que se expande más allá del ámbito económico, y que se evidencia también en los ámbitos político, cultural y jurídico. En el ámbito cultural, se fomenta el prototipo del gran empresario, como "self-made man" (hombre hecho a sí mismo), tomándose como modelo de referencia a imitar por las jóvenes generaciones. En el caso estadounidense (el gran actor que negocia con la Unión Europea el TTIP), dicho modelo es aún más venerado que en el ámbito europeo, y podemos comprobar el tremendo daño que este modelo está haciendo (sólo tenemos que fijarnos en los deplorables espejos de Sheldon Adelson, el magnate del fallido proyecto EuroVegas, o bien en Donald Trump, muy de moda por postularse para la carrera electoral de las elecciones presidenciales estadounidenses). 

 

En lo que respecta al poder económico, las empresas transnacionales se sitúan en el centro de las grandes cadenas globales de producción, distribución, comercialización, finanzas y comunicación, lo que les permite acumular beneficios que superan en ocasiones las capacidades de los propios Estados. Y llegados a este punto, ¿se nos ocurre la reacción que pueden tener los representantes de una gigantesca empresa, que estén negociando con un pequeño país, y los representantes de dicho país se enfrenten a sus propuestas? Seguramente los lobbies de dichas empresas saldrán amenazantes de la reunión, sabedores de que pueden chantajear, gracias a su tremendo poderío, los designios de dicho Estado, y pasar por encima de sus democráticas decisiones. Hemos llegado a un punto donde el poder privado de las grandes empresas multinacionales desafía abiertamente el poder democrático de los Estados y de sus gobernantes, poniendo en grave riesgo la sostenibilidad de la democracia y de los derechos humanos, de la naturaleza y, en última instancia, del planeta. Nos encontramos en un punto crítico, quizá de no retorno, si no somos capaces, a nivel internacional, de acabar con el terrible poderío de unos cuantos magnates internacionales, que gobiernan desde la atalaya de sus despachos los designios de prácticamente todo el mundo. 

 

Valgan para ello algunos ejemplos: Wall-Mart, la mayor empresa comercial del mundo, maneja un volumen anual de ventas que supera en mucho la suma del PIB de Colombia y Ecuador, mientras que la gigantesca petrolera Shell tiene unos ingresos anuales superiores al PIB de Emiratos Árabes Unidos, o el gigante bancario español BBVA, cuyos beneficios anuales superan el PIB de Guatemala. ¿Alguien se puede creer que una negociación de estos gigantes empresariales con alguno de los Gobiernos de dichos países estaría en condiciones de igualdad? Los lobbies empresariales argumentan sobre la importancia de la seguridad jurídica, pero lo cierto es que, gracias a ella, y a la impunidad que les proporciona, bloquean y chantajean importantes decisiones de países enteros, incluso de entidades o comunidades polìticas supranacionales. Y es que esta situación de privilegio económico se traduce de manera lógica y natural, en un poder político creciente. Ante la aparente neutralidad de los grandes dirigentes empresariales, se esconde la más peligrosa ofensiva a los derechos sociales, laborales y democráticos de las naciones. Es un hecho al que nos tenemos que enfrentar, ya no vale soslayarlo o ignorarlo por más tiempo. 

 

Hoy día, las multinacionales son las principales beneficiarias, y defensoras a ultranza, de la democracia de baja intensidad en la que vivimos, donde las decisiones políticas se alejan de los intereses de la ciudadanía, debido también a la clara y criminal complicidad de los gobernantes de turno, amparados en leyes y en prácticas que también los benefician indirectamente, a través de las llamadas "puertas giratorias", perverso montaje a través del cual se "agradecen" las decisiones políticas que benefician a las empresas mediante la inclusión de los políticos que las tomaron en los altos cuadros directivos de las empresas beneficiadas. El reverso de la puerta giratoria también está claro: los mismos directivos de las grandes empresas también se presentan de vez en cuando a las elecciones, para seguir tomando decisiones que las beneficien. Con ello, todo queda en casa. Pero también, como decíamos más arriba, las empresas transnacionales también acumulan poder cultural, jugando un papel fundamental en la reproducción simbólica del sistema, y actuando como voceras de sus valores a través de los medios de comunicación de su propiedad, convirtiéndose en sujetos activos en defensa de una civilización individualista, consumista, fragmentada y despolitizada.

 

Saben perfectamente que su legitimación depende de los imaginarios colectivos, de los valores imperantes, para lo cual trasladan la cultura a su terreno, mercantilizándola en la medida de lo posible, y diseñando, impulsando y generalizando un formato universal de sociedad, de ciudadanía global, y de saber y conocimiento, de actitudes y comportamientos sociales, adaptados a la primacía del crecimiento capitalista y de la democracia de baja intensidad. Para rematar su hegemonía, y como garantía para mantener todo este entramado de poder, las corporaciones multinacionales también acumulan un tremendo poder jurídico (que quieren continuar aumentando gracias al TTIP). Éste se muestra a través de la existencia de un derecho fuerte, basado en una maraña de jurisprudencia y de complejos tratados, acuerdos comerciales, acuerdos de inversión, etc., que bajo la bandera de la "seguridad jurídica", se imponen sobre la soberanía de los pueblos y sobre los marcos internacionales de derechos humanos, generando así una "arquitectura de la impunidad" (en expresión de Gonzalo Fernández) que les protege y blinda jurídicamente de las posibles iniciativas populares o gubernamentales. El círculo se cierra. Esta es la situación. Continuaremos en siguientes entregas.

Repost 0
Published by Rafael Silva - en Política
Comenta este artículo
21 septiembre 2015 1 21 /09 /septiembre /2015 23:00

Como un mantra repite la gente del PP y sus voceros, presupuesto tras presupuesto, que "la mejor política social es la que crea empleo" y otras variantes de lo mismo, y de nuevo, vamos a demostrar la falacia que contiene. Para empezar, por supuesto, es falso que se estén creando puestos de trabajo dignos y decentes (éstos son una ínfima minoría sobre el total del empleo creado), y para ilustrarlo con profundidad, remitimos a los lectores a este artículo, donde lo explicamos con detalle. Y así, muestran orgullosos sus estadísticas y datos macroeconómicos, y presentan cada PGE para cada próximo año (en este caso para el próximo 2016) como los presupuestos "más sociales" de la historia de la democracia, y otras lindezas por el estilo. Rebaten los argumentos de la oposición política sacando pecho sobre las personas que encuentran empleo (dicho sea de paso, maquillando y cocinando las estadísticas), como si este hecho marcara el cénit de la "política social" a la que aspiran. 

 

Pero más allá de que sea más o menos cierto que se crea empleo (en realidad lo que se crea es un modelo de sociedad que ha de asumir la figura del trabajador precario), lo que queremos desmontar es la supuesta creencia de que si practicamos una política encaminada a dicho objetivo, ya estamos practicando una política "social". Nada más lejos de la realidad. Y para poder entenderlo, hemos de ir a la base de la pirámide, entendiendo la auténtica dimensión de "lo social". Porque si entendemos lo social únicamente como que la gente tenga un puesto de trabajo (lo cual ya de por sí es estupendo, no seremos nosotros quienes neguemos su importancia), estamos creando una visión muy pobre de lo social. Lo diremos directamente y sin rodeos: para hacer política social hay que creer en la sociedad, y el neoliberalismo imperante no cree en ella. La derecha neoliberal concede extrema importancia a la creación de empleo (volvemos a insistir, según su modelo precario), para a partir de ahí, y bajo su óptica individualista, competitiva y egoísta, proclamar que la "función social" del Estado finaliza ahí, y por tanto, alcanzado dicho objetivo de que las personas tengan "un empleo", poder hacer frente a las necesidades mínimas de una vida digna. El siguiente paso, como estamos pudiendo comprobar en todos estos años de legislatura del PP, es adelgazar y minimizar el Estado, desmontando progresivamente todos los pilares que canalizan la protección y el bienestar social de las personas. 

 

Por tanto, tenemos claro cuál es su "modelo social", que consiste únicamente en precarizar la vida laboral de las personas, y además desprotegerlas de todos los mecanismos que garantizan el Estado del Bienestar, para que desde los recursos proporcionados por su precario e inestable empleo, tengan que hacer frente al resto de necesidades. Pero no sólo de empleo vive el hombre. Para empezar, como decíamos más arriba, la precarización del mundo laboral ya está derribando indirectamente muchos pilares de la protección social de las personas, pues los principales servicios públicos del Estado del Bienestar (sanidad, educación, dependencia, etc.) surgen de la recaudación de impuestos que realiza el Estado, y para ello necesitamos un Estado fuerte, y no un Estado jibarizado, esto es, llevado a su mínima expresión. Pero tenemos el ejemplo más claro en el Sistema Público de Pensiones, hoy día bastante pauperizado, y sometido a continuos debates en torno a su futura sostenibilidad. En el caso del sistema de pensiones, dicha prestación para las personas mayores, pensionistas o jubilados, surge de la aportación solidaria e intergeneracional que los trabajadores en activo realizan al Sistema de Seguridad Social (también cada vez más endeble) para poder mantener las pensiones de los trabajadores jubilados. Y la conclusión está clara: si el mundo del trabajo se precariza, peligran en efecto las pensiones públicas de nuestros mayores, al dejar de recaudar el sistema los recursos necesarios para su financiación.

 

Luego, por tanto, no es sólo una política de empleo la que garantiza el sostenimiento de las políticas sociales. Es, si se quiere, uno de sus puntales básicos y fundamentales, pero no lo es todo. Porque lo social es mucho más que eso: lo social es poner en el epicentro de la vida pública a las personas, y poner en marcha aquél conjunto de políticas que satisfagan sus necesidades vitales. Lo social tiene que ver con las políticas de solidaridad, con las políticas humanitarias, con las políticas encaminadas a la protección y el blindaje de todos los derechos sociales de las personas. Y en este sentido, lo social engloba un conjunto de ámbitos políticos diversos, tales como las políticas de infancia, para los ancianos y ancianas, para la protección de la natalidad, para los dependientes, lo social son políticas de sanidad, de educación, de servicios sociales, y sobre todo, son políticas que permiten que la gente, independientemente de que se dedique a cualquier actividad, remunerada o no, pueda vivir dignamente. Las políticas sociales deben ser la guía de cualquier gobierno decente, que se deba a su pueblo, porque son las que incentivan la protección de las personas ante las agresiones capitalistas de los mercados. Y extrapolado al ámbito internacional, las políticas sociales tienen también que ver con las políticas de asilo y de refugio, con las políticas hacia los migrantes, y con las políticas de cooperación y de ayuda al desarrollo para terceros países. 

 

Como estamos viendo, las políticas sociales son un compendio de políticas interrelacionadas entre sí, encaminadas como fin último a blindar y proteger la vida de las personas, durante todo su transcurso, en todo momento, y en todo lugar. Y quizá como prototipo de medida de política social, pudiéramos citar a la Renta Básica, entendida (como propone la Red Renta Básica) como una prestación monetaria indefinida, concedida a cada ciudadano/a o residente por el hecho de serlo, como derecho de ciudadanía. Una prestación económica básica, para garantizar los recursos mínimos para satisfacer una vida digna, situada por encima del umbral de la pobreza, pero inembargable, y acumulable sobre otras fuentes de renta (típicamente, procedentes del trabajo remunerado) que los/as ciudadanos/as pudieran tener. Una prestación que se financiaría a partir de una profunda reforma fiscal progresiva, así como desde la supresión de todas las prestaciones monetarias de cuantía inferior a dicha Renta Básica. Una prestación monetaria que sería individual (concedida a las personas, no a las unidades familiares), universal (concedida a todo el mundo, esto es, a ricos y a pobres, aunque sólo estos últimos saldrían ganando) e incondicional (porque pensamos que la pobreza no hay que demostrarla, sino que el Estado ha de garantizar que no ocurra). Ésta sería una estupenda medida de política social, pero sospechamos que el PP (en realidad, hoy día ninguna fuerza política del arco parlamentario) no es proclive a la misma. 

Repost 0
Published by Rafael Silva - en Política
Comenta este artículo
20 septiembre 2015 7 20 /09 /septiembre /2015 23:00

Hoy se trataría de reconocer a la Renta Básica como un derecho social universal, desde la cuna a la tumba, no derivado de la condición de trabajador, sino de la condición de persona

Pablo Yanes

Rescatamos dicha cita de Pablo Yanes para terminar el tema de la RB hablando del aporte de la RB a la desmercantilización de la fuerza de trabajo, propia del capitalismo más actual y desaforado. En efecto, ya hemos comentado muchas facetas (ventajas) de la RB en este sentido (actuar como colchón de resistencia ante las huelgas o el desempleo, poder renunciar a trabajos indignos, etc.), pero queremos aquí volver al origen del problema, denunciando la grave deriva mercantilista del trabajo, así como de la clase trabajadora como objeto. Como sabemos, el contrato de trabajo por cuenta ajena somete al trabajador a una situación jurídica de subordinación, de dependencia y de ajenidad en su trabajo. Y ello va, poco a poco, minando la dignidad humana del trabajador, que debiera conservar siempre su capacidad de autonomía y de decisión sobre su vida y sobre sus propios actos. El capitalismo convierte el obrero en objeto, y su fuerza de trabajo, en pura mercancía, que se puede vender al mejor postor. 

 

En el documento "PODEMOS por el Socialismo", editado por una parte de los militantes de la formación morada, se indica: "¿Cómo puede ser posible, entonces, que los fundamentos mismos de la vida de decenas de millones de personas en cada país (si pueden trabajar, si pueden comer, si pueden vestirse, si pueden tener un techo) dependan del control que ejercen sobre la sociedad un puñado de grandes empresarios y multinacionales sentados sobre montañas de dinero? ¿Cómo puede ser que esta gente tenga, como los esclavistas del Imperio Romano, derecho sobre la vida y la muerte de millones de seres humanos?". El trabajo humano, en su vertiente antropológica de desarrollo y creatividad, así como de inserción y producción para sí mismo y su colectividad política, genera o debiera generar derechos para quien trabaja, en lugar de existir otros que se apropian de dicha fuerza de trabajo, degenerándola, y con ella, al propio trabajador. De la misma manera, el sistema (la comunidad) también debiera dar derecho a decidir sobre el propio trabajo, así como a participar en las decisiones colectivas. Todo ello se pervierte, se prostituye bajo el capitalismo neoliberal actual, y el poder de sus poderosos vasallos y representantes. 

 

La RB viene a romper una lanza en favor de todo ello, al conseguir la liberación del dogal que une al trabajador con su "empleo" (como ahora está de moda en llamarlo), dotándolo de la capacidad de elegir, de la libertad de poder existir, de la libertad relacionada con su independencia y con la satisfacción material de su existencia. La libertad real que no es posible sin la existencia material garantizada, algo a lo que tanto temen las clases dominantes, que se las han ingeniado prácticamente desde siempre para que  no esto no ocurra. Y así, este nuevo órdago continuado hacia la "flexibilidad laboral" no es más que una nueva vuelta de tuerca, más descarada si cabe, en el camino hacia la consecución de que el trabajo humano pueda ser tratado como una pura mercancía, con todas sus consecuencias. Actualmente, las élites políticas y económicas que nos gobiernan imponen unas políticas de desigualdad basadas en dicha precarización del trabajo, que se somete a las condiciones de la "oferta" y la "demanda". Y lógicamente, están en contra de la RB porque saben perfectamente que dicha medida, tal como nosotros la hemos planteado aquí, rompería definitiva y rotundamente con dichos esquemas, imposibilitando su continuación, y devolviendo la dignidad perdida a los trabajadores. 

 

El profesor Daniel Raventós cuenta en alguna de sus múltiples entrevistas que un dirigente de la patronal catalana le había comentado algunos años atrás: "esto de la renta básica si hacemos números seguro que sale, pero los trabajadores tendrían un poder de negociación que no tienen ahora...¿para qué se lo vamos a dar?", a lo cual Raventós apostillaba: "¡Cómo me gustaría que la izquierda lo entendiera con la misma brillantez que lo entendió este tipo!". Hemos de retornar a los postulados de los antiguos librepensadores, de los verdaderos artífices de la Revolución Francesa, como Robespierre, que se preguntaba en su más afamado discurso: "¿Cuál es el primer objetivo de la sociedad? Mantener los derechos imprescriptibles del Ser Humano. ¿Cuál es el primero de esos derechos? Existir. La primera ley social es aquélla que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios para existir. Todo lo demás está subordinado a esta ley social". No nos resignamos a la idea de que tan preclaras y brillantes palabras hayan sido pronunciadas hace varios siglos, y sin embargo nuestra sociedad siga siendo incapaz de prestarles auténtica atención. 

 

Diego Hidalgo, en su magnífico artículo "El trabajo como mercancía y el desprecio contra el trabajador" lo explica bajo los siguientes términos: "En Roma, el esclavo era tratado jurídicamente como una persona-objeto o persona dependiente. Su decisión no era considerada válida ni vinculante (como un objeto o herramienta) por lo que quedaba subordinado a la decisión del amo. Su estatuto jurídico no permitía que se le atribuyeran derechos por sus actos, por lo que los derechos generados por su trabajo eran atribuidos al amo o al propietario del trabajo. El Estado del Bienestar no atacó esta lógica, sino que, en su línea, mantuvo las injusticias capitalistas pero poniendo límites a sus efectos. Al trabajador se le reconoció como persona en el Estado, pero era una ciudadanía de segunda, al estar los derechos que le correspondían reconocidos siempre dentro del marco de las bases del Estado burgués y bajo los límites de posibilidad de la economía capitalista, manteniendo al trabajador en la situación de dependencia".

 

Y añade: "Es más, los derechos sociales coinciden básicamente con las áreas en las que se ponían obligaciones a los señores y esclavistas de las épocas de escasez de mano de obra o peligro de rebelión (cuidado en la infancia, cuidado en la enfermedad, manutención adecuada para vivir y reproducirse, manutención en la vejez, o descanso suficiente diario y semanal), nacieron en un momento de escasez de mano de obra dependiente (por las guerras mundiales y los trabajadores de los países comunistas) y peligro de rebelión obrera (con la URSS como gran potencia para prestar apoyo), y se han acabado cuando esas circunstancias han finalizado, como tantas veces ha pasado en la historia de la esclavitud, el señorío o el trabajo en ajenidad y dependencia en general". Creo que nos queda perfectamente claro. Bien, finalizada la exposición de la RB, a la cual le hemos dedicado varios artículos de esta serie, por su tremenda importancia, continuaremos con otros temas y asuntos en siguientes entregas. 

Repost 0
Published by Rafael Silva - en Política
Comenta este artículo
17 septiembre 2015 4 17 /09 /septiembre /2015 23:00

Continuando con el tema de la financiación de los centros de ideario católico en nuestro país, hemos de decir que los centros católicos representan un 65% (aproximadamente) del total, pero a ellos asiste, actualmente, en cifras estimadas, un 75% del alumnado. Y de esta forma, los aproximadamente 4.000 centros privados concertados existentes, a los que asisten unos 2 millones de escolares, según los últimos datos del año 2012, representan un coste para el Estado Central y Autonómico, de unos 5.780 millones de euros. Y además es previsible que según se vayan desarrollando los preceptos de la LOMCE, la retrógrada Ley educativa del Partido Popular, con su carga añadida de privatización de la enseñanza, aumentará muy considerablemente el coste de su financiación. Y luego nos vendrán a argumentar el consabido derecho a la "libertad de enseñanza", claro eufemismo para ocultar exactamente esto, es decir, la implantación de colegios concertados de ideario católico con financiación pública. 

 

Hemos de referirnos también en el capítulo de enseñanza a la Universidad. Nos referimos aquí evidentemente a las Universidades Católicas (privadas) y a sus respectivas Fundaciones, que también reciben apoyos directos o indirectos del Estado, para la financiación de capillas, capellanes y de profesorado que imparte teología, derecho canónico, etc., en las Universidades públicas. Y en este apartado, es muy importante también tener en cuenta el enorme coste de las becas para el alumnado que asiste a este tipo de Universidades. Nos consta que de los más de 1.000 millones que el Estado dedica anualmente a becas universitarias, una buena parte es concedida al alumnado que asiste a este tipo de centros, o bien hace cursos de postgrado (másteres, etc.) en Universidades Católicas. Por otra parte, hay que contabilizar también las propiedades universitarias de la Iglesia, que están exentas de impuestos, y que reciben ayudas varias de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. En este sentido, la tendencia general desde hace varios años acá es el abandono de nuestras Universidades Públicas (mediante sibilinos y engañosos mensajes en cuanto a su calidad) para potenciar la creación y al apoyo a las Universidades privadas.

 

Y así, varias organizaciones de la Iglesia Católica son propietarias de varias Universidades (Deusto, de los jesuitas; Navarra, del Opus Dei; CEU, de la Asociación de Propagandistas; Pontificias de Comillas y Salamanca; Diocesanas de Murcia y Ávila) y de 15 Facultades eclesiásticas, 41 centros teológicos, 11 Colegios Universitarios, 55 Escuelas Universitarias y 72 Institutos Superiores...¿alguien da más? Pero no acabamos aún el capítulo de la enseñanza, ya que hay que contabilizar también las cuantiosas donaciones que diversos estamentos públicos, como Ayuntamientos, CC.AA., etc., hacen a fundaciones universitarias privadas católicas y otras entidades educativas de la Iglesia. También las organizaciones de la Iglesia y la Conferencia Episcopal Española reciben diversas subvenciones y donaciones de apoyo por parte del Estado, para sus propias editoriales y medios de comunicación. 

 

Bien, otra partida muy interesante es la relativa a lo que pudiéramos llamar la "actividad social" de la Iglesia Católica, que además de su labor de caridad, la utiliza para hacer proselitismo y propaganda católica, y que se lleva a cabo a través de centenares de asociaciones, organizaciones, fundaciones, congregaciones religiosas vinculadas a la Iglesia mediante sus más de 60 delegaciones diocesanas locales y de las delegaciones autonómicas, tales como Cáritas o Manos Unidas, y los más de 3.000 centros y casas de caridad, dispensarios, casas de ancianos, discapacitados, orfanatos, guarderías, centros especiales de reeducación, centros de drogodependientes, etc., a través de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados o las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y otras múltiples asociaciones, pertenecientes a diversas congregaciones religiosas, que reciben dinero vía subvenciones, conciertos y donaciones directas del Estado (Central, Autonómico y Local). Llegados a este punto, son necesarias varias reflexiones en torno a la existencia de este tipo de organizaciones, y su relativa utilidad social. De entrada, recomiendo a los lectores nuestro artículo "¿Caridad, Solidaridad o Justicia Social?", donde desarrollamos a fondo nuestra opinión al respecto. 

 

De entrada, no es aceptable que en un contexto de continuos recortes a las ayudas y prestaciones sociales, donde las personas en riesgo de exclusión social aumentan en porcentaje cada año, sea la caridad la principal herramienta de auxilio para estas personas. Un Estado no puede simplemente sustituir los mecanismos que proporcionen la justicia social por otros dedicados a la caridad, ni puede ejercer únicamente la solidaridad a través de fomentar la ayuda entre las propias personas y familias de la comunidad. La justicia social es responsabilidad del Estado, y no puede ser eludida, independientemente de que puedan existir terceras organizaciones que se dediquen a este ámbito. En nuestro artículo lo exponemos así: "De esta forma, el Estado va abandonando su función primordial de garante de la cohesión social, y va dejando esta tarea en manos de lo que pudiéramos llamar "caridad oficialista" (Cáritas, Cruz Roja) y no oficialista, que se va desarrollando cada vez más (Bancos de Alimentos, Comedores Sociales, etc.), y resto de iniciativas y movimientos solidarios...". Y cómo no, en el Patronato de las Fundaciones de Bancos de Alimentos tenemos presencia de grandes empresas, de la Iglesia Católica y de la Administración Pública. Y así, va calando de forma subliminal el mensaje de que la gente pobre ha de acudir a la beneficencia, como si el hecho de que existieran ricos y pobres fuese una ley divina. En el fondo, todas estas organizaciones, están de un modo u otro legitimando esta situación de miseria social, y eximiendo al Estado del cumplimiento de su deber. Continuaremos en siguientes entregas.

 

Fuente Principal de Referencia: Europa Laica

Repost 0
Published by Rafael Silva - en Política
Comenta este artículo
16 septiembre 2015 3 16 /09 /septiembre /2015 23:00

La mayor discriminación se da en el propio régimen monárquico, donde existe el privilegio de la sangre y la discriminación por razón de herencia en el acceso a la Jefatura del Estado y por el disfrute de privilegios perpetuos, que solo la familia real mantiene. La monarquía está muy alejada de los principios de igualdad ante la ley y de igualdad de oportunidades. El acceso a la Jefatura del Estado, como a cualquier otro órgano de representación, no puede tener carácter hereditario, sino sometido a la libre y democrática concurrencia ciudadana. No cabe la persona del rey inviolable y no sujeta a responsabilidad. Cuando finalice el Proceso Constituyente que se propone, tendrá que abandonar el trono

Víctor Arrogante

Concluimos aquí, con esta entrega número 35, la serie de artículos que hemos dedicado a la Tercera República. La concluimos cuando estamos en una verdadera encrucijada histórica en nuestro país. Dentro de poco se van a producir dos citas electorales importantísimas, una a nivel catalán y otra a nivel de todo el Estado. El próximo 27 de septiembre están convocadas las Elecciones al Parlamento de Catalunya, pero no se trata de unas elecciones autonómicas al uso. Los promotores de la lista unitaria (CDC-ERC, y algunas organizaciones sociales) por la independencia han querido darle, y así lo están transmitiendo a la ciudadanía, un carácter plebiscitiario, en el sentido de que apoyar a su lista es apoyar dedididamente la independencia. El resto de listas se sitúan en el plano de la negación a la misma (bloque "constitucionalista", donde se encuentran PSC-PP-C'S-UDC), y por fin, tenemos el auténtico bloque federalista, mediante la candidatura "Catalunya sí que es pot", como coalición de PODEM-ICV-EUiA-EQUO, las fuerzas que defienden el "derecho a decidir" (eufemismo del derecho a la autodeterminación) y apuestan por la inserción del territorio catalán en una futura República Federal Española. 

 

Por tanto, sólo la candidatura federalista plantea, si gana por mayoría, la convocatoria de un Proceso Constituyente para que el pueblo decida el posterior encaje de Catalunya dentro del Estado Español. Nosotros apostamos por la opción federalista, pero por supuesto, y como hemos venido afirmando en toda esta serie de artículos, mediante una República (una República Catalana, si gana la opción independentista) que reconozca (entre otras muchísimas cosas, que hemos ido desgranando en esta ya larga serie de artículos que hoy finalizamos) el derecho de autodeterminación de todos los pueblos que puedan constituir el Estado Español. En resumidas cuentas, una República y un Estado Federal, con una nueva Constitución, creada y debatida desde abajo, desde la participación ciudadana y de todos sus movimientos sociales, para alcanzar la Tercera República que queremos. La  otra cita electoral de la que hablábamos al principio se producirá a finales del presente año, y será también de extraordinaria importancia, porque se tratará de unas Elecciones Generales. Y en este contexto, es donde el pueblo puede también incidir, con su voto, en repudiar completamente el deficiente sistema democrático que sufrimos, y apostar decididamente por la convocatoria de un nuevo Proceso Constitiyente que nos conduzca a la Tercera República. 

 

A lo largo de esta serie de artículos, hemos pretendido exponer, con la mayor claridad posible, todos los déficits democráticos que sufrimos, y las alternativas que se pueden ir adoptando. Pero el marco superior donde todos estos avances han de ir desarrollándose debe ser la República, no puede seguir siendo la Monarquía, porque entonces estaríamos construyendo la casa desde el tejado. La casa debe ser construida desde sus cimientos, y los cimientos de la auténtica democracia deben residir en la Tercera República que queremos. La República como un modelo alternativo al actual, con su contenido específico. La República como un modelo democrático completo y avanzado, en constante perfeccionamiento. La República como sustrato social para una comunidad política más justa y avanzada. La República, en fin, como el prototipo de sociedad libre y democrática. Pero como sabemos, las clases dominantes están echando toda la carne en el asador para que esta situación sea inalcanzable, y sus posibles intentos sean abortados, cooptados o chantajeados. Siempre ha ocurrido así. Es un hecho al que debemos enfrentarnos con calma, pero con plena determinación. 

 

La prueba evidente de ello la tenemos en Catalunya, donde como decíamos más arriba, el bloque "constitucionalista", el que pretende que nada cambie, el que pretende continuar con la misma correlación de fuerzas, el que pretende que nos sigan gobernando los mismos poderes fácticos, está poniendo en práctica todas las tácticas y estrategias posibles para impedir a los catalanes que puedan expresarse libremente. Porque saben que si lo hacen, pueden echar abajo su chiringuito de poder, pueden cuestionar el sistema, pueden comenzar un movimiento de liberación de las clases populares, que acabe, al menos, con el replanteamiento del sistema actual. Así que ellos no lo pueden permitir. Lanzan ridículas soflamas sobre la "unidad de España" de los tiempos franquistas, y otras lindezas por el estilo, para llamar a la "concordia" y a la "convivencia" según las "reglas de juego democráticas" de la Constitución de 1978, porque saben perfectamente que dichas reglas de juego les favorecen, porque están pensadas para perpetuar su poder. Así que en esas estamos. 

 

Finalizamos con las palabras de José López, autor que ha escrito hasta la saciedad sobre la necesidad de la República y el necesario camino para su consecución: "La República no debe ser sólo la negación de la Monarquía, sino que debe ser un modelo alternativo perfectamente definido. Es necesario dar a conocer el concepto de República antes de que se instaure para (al ser una alternativa de poder institucional conocida) garantizar su porvenir como forma democrática del Estado. Es necesario que deje de ser algo bueno por conocer frente a lo malo conocido. Hay que evitar que la República llegue de modo imprevisto y se instale en un Estado de precariedad. El objetivo fundamental es evitar los errores del pasado que provocaron los fracasos de la Primera y Segunda Repúblicas en España. En definitiva es imprescindible sentar las bases teóricas antes de su puesta en práctica". Justamente ese ha sido el objetivo de la presente serie de artículos. Nos despedimos aquí, esperando que muy pronto sus postulados puedan hacerse realidad, rememorando las palabras del universal poeta andaluz Antonio Machado: "Con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros, la primavera traía a la República de la mano". ¡Salud y República!

Repost 0
Published by Rafael Silva - en Política
Comenta este artículo
15 septiembre 2015 2 15 /09 /septiembre /2015 23:00

El Camino del Sol lo recorremos muchos, porque esperamos con ilusión un cambio en el modelo energético de nuestro país. Un nuevo modelo que respete la seguridad jurídica, que dé prioridad a las energías limpias, y que vele por el bienestar de todos los ciudadanos.

Quiénes Somos Camino del Sol

El sitio web http://caminodelsol.org alberga un interesante manifiesto que vamos a reproducir a continuación, y que por supuesto, apoyamos en su totalidad. Dicho documento puede apoyarse y firmarse desde la misma página, por lo cual instamos a todos los lectores/as a que lo hagan. Al momento de escribir el presente artículo, casi 2.000 firmas lo avalan. Este sitio web está patrocinado por ANPIER, asociación profesional sin ánimo de lucro, de ámbito nacional, que fue constituida en el año 2010, y que persigue la búsqueda de un nuevo modelo energético rentable y responsable. Bajo el eslogan "SÚMATE AL MOVIMIENTO DEL PLANETA", están organizando una serie de jornadas divulgativas a todo lo largo y ancho de la geografía nacional, para informar a todo el que lo desee sobre sus objetivos y actividades. En el enlace "DÓNDE VAMOS" del sitio han incluido una tabla con todas las próximas citas donde se dirigirá el autobús del Camino del Sol, para que todos los interesados puedan acudir en las fechas correspondientes. Y en el enlace "EN RUTA" han colgado un mapa interactivo, con información emergente. 

 

En el enlace "QUIÉNES SOMOS" se da información completa de todas las asociaciones y ONG'S adheridas a este proyecto, tales como ANPIER (Asociación Nacional de Productores de Energía Solar Fotovoltaica), Greenpeace, Som Energía (cooperativa de consumo de energía verde sin ánimo de lucro), FER (Fundación para las Energías Renovables), Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), APPA (conformada por empresas de los sectores de los biocarburantes, biomasa, eólico, fotovoltaico, geotérmica de alta entalpía, geotérmica de baja entalpía, hidráulico, marino, minieólico y solar termoeléctrico), UNEF (Unión Española Fotovoltaica), ASGECO (Asociación General de Consumidores), y algunas otras asociaciones locales y empresas del sector. Reproducimos a continuación el contenido del citado Manifiesto, que se puede localizar en su enlace correspondiente: 

 

"Defendamos la Naturaleza. Frenemos el Cambio Climático. Las tecnologías de generación fósil y nuclear (en manos de las grandes empresas energéticas), amparadas por normativas favorables, dañan nuestro Medio Ambiente, merman la competitividad de las empresas y penalizan un acceso justo a la energía. Las energías renovables son ya una solución definitiva, que permite un desarrollo económico sostenible y responsable. Las barreras ya no son tecnológicas sino empresariales, políticas y normativas. Por ello, los abajo firmantes:

 

1.- Queremos un nuevo modelo energético fundamentado en las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, sobre un plan programado de abandono de los combustibles fósiles. 

 

2.- Queremos que la política energética de este país pase a ser una verdadera política de Estado, consensuada con la sociedad civil, el sector y los territorios. 

 

3.- Queremos un sistema eléctrico asequible, que aporte competitividad y bienestar y no un sistema que genere réditos millonarios para unos pocos a costa de emisiones tóxicas y riesgos de catástrofes nucleares, un modelo que ha convertido en lujo un recurso esencial. 

 

4.- Exigimos que se democratice el acceso a producir energía y que se reconozca el autoconsumo como un derecho.

 

5.- Queremos una auditoría de los costes del sistema, para que se conozcan los costes de producción reales de cada una de las tecnologías de generación.

 

6.- Queremos que se modifiquen de forma inmediata todas las normativas que están destrozando la seguridad jurídica y la confianza en las inversiones en este país.

 

7.- Queremos que se restituya a los productores de energías renovables los derechos que les otorgaron las Leyes que dieron origen a sus instalaciones. 

 

8.- Pedimos justicia para las 62.000 familias fotovoltaicas que, animadas por el Estado, pusieron sus ahorros e hipotecaron sus propios hogares para desarrollar y generar energías limpias. Ellos han hecho posible un nuevo modelo energético. 

 

9.- Queremos la derogación inmediata del nuevo marco legal retroactivo impuesto para cercenar el desarrollo de las renovables.

 

10.- Queremos el fin de la dictadura energética que soportamos, exigimos que la energía se democratice y el objetivo de un modelo energético basado al 100% en energías renovables para el año 2050"

Repost 0
Published by Rafael Silva - en Política
Comenta este artículo
14 septiembre 2015 1 14 /09 /septiembre /2015 23:00

El patriarcado (como el capitalismo) está siempre presente sin estar, sin ser nombrado; está como está el oxígeno que respiramos, pero no vemos. Esta invisibilidad es, precisamente, uno de los mecanismos de aculturación más poderosos: no poner nombre al artefacto que, sin embargo, no deja de representarse y de recrearse

Beatriz Gimeno

Toda esta dominación cultural se va traduciendo, con el paso del tiempo, en la existencia de una serie de mecanismos de subordinación forzosa de los intereses (sobre todo reproductivos) femeninos a los masculinos. Se consagra de esta forma toda una "hegemonía de la masculinidad" que se proyecta cada vez a más ámbitos sociales. Todos estos tipos de dominación convergen en la actual discriminación de la mujer, porque la dominación económica (sometimiento de los recursos de la mujer a los que el marido pueda proporcionarle), física (el poder determinado por la supremacía física del hombre), y social (sistemas legales, morales y religiosos que apuntalan la marginación y opresión de la mujer por el hombre) quedan garantizados con la implantación de otro de los pilares del patriarcado: una heterosexualidad obligatoria que asegura la reproducción de la especie y la herencia patrilineal, difundiendo el concepto clásico o nuclear de familia, y marginando todos los demás modelos. Pero sin duda ninguna, el aspecto más sangrante donde se manifiesta este modelo heteropatriarcal es la violencia de género (que mejor pudiera denominarse violencia de sexo, puesto que las personas no tenemos género, o más claramente, terrorismo machista). No incluimos aquí el resto de manifestaciones de la violencia doméstica, que puede expresarse y obedecer a otros mecanismos distintos, y ser protagonizada por otros actores. Sigo a continuación el magnífico artículo de Beatriz Gimeno, que aporta datos e interesantes reflexiones. 

 

Todo sistema de dominación, y el heteropatriarcado lo es, necesita emplear la violencia para imponerse, y después para mantenerse en el tiempo, con lo cual, esta violencia contra la mujer se ha despreciado socialmente, incluso se ha alentado, ha estado incluso "bien vista". Ante la rebelión de las mujeres a este injusto sistema que las domina y las explota, la violencia contra algunas mujeres, de vez en cuando, ha servido como amenaza y correctivo para todas. Culturalmente, sigue muy viva la idea de que los hombres disponen de ciertos derechos sobre las mujeres con las que se relacionan sexual y afectivamente, y esto redunda en cierta tolerancia social cuando el maltratador o asesino en cuestión no puede soportar el hecho de que "su" mujer le haga saber que ya no le pertenece. Ello va unido a la tolerancia institucional y política, incluso la propia tolerancia de los medios de comunicación. Mensajes estereotipados como los que alegan que la mató porque la quería, la mató por celos, la mató porque ella hizo algo que no debía, o simplemente, porque estaba loco. Pero lo cierto es que la mató porque él creía (el sistema le había hecho creer) que estaba legitimado para matarla, que tenía derecho a matarla. La mató porque ella, con su comportamiento, había dañado su sentido de la masculinidad. 

 

Así pues, en realidad, ellos matan por una determinada idea política, que el modelo heteropatriarcal lleva consagrando y difundiendo durante siglos. De entre todo su ideario, aquélla que genera más violencia es la idea que hace creer a los hombres que sus mujeres les pertenecen, y que por tanto, tienen derecho a exigirles determinados sentimientos, actitudes y comportamientos. Y así, ellos se convierten en las víctimas (cuando sus mujeres no se comportan como se espera de ellas), y ellas son las que han provocado la situación que les ha conducido a ellos a la violencia. Ellos matan para restablecer el orden, para consagrar el modelo, para responder a sus pautas. Y así, por ejemplo, tenemos que si ellas se rebelan ante su rol, amenazan con subvertir las reglas, esto se traduce en que no le muestran respeto a su cónyuge, o se ríen de él, o lo ponen en ridículo, o lo traicionan, desencadenando los actos violentos que salvaguardan y ponen orden en el sistema. La lectura de la violencia de género debe ser, por tanto, una lectura política, interpretada como la reacción del rol masculino ante el intento del rol femenino de subvertir las reglas del modelo. 

 

Y ante estos actos, más allá de los minutos de silencio, de las condenas públicas, de las leyes contra la violencia machista, y de las solemnes declaraciones institucionales, está la dosis de legitimación social, que sostiene que dicha violencia se acabaría si las mujeres fueran como deben ser, se comportaran como deben, y en lugar de sentir dolor por la víctima, sienten cierta comprensión y solidaridad con la situación que ha conducido al asesino a cometer su crimen. E intentan minimizar la tremenda casuística del terrorismo machista comparándola con las muertes por tráfico, con los asesinatos por conflictos bélicos o con otros casos de violencia doméstica. Es un ejercicio asqueante e intolerable, pero resultante de la profunda instauración del modelo heteropatriarcal dominante y hegemónico. Son cómplices del modelo todos los que se empeñan en explicar que los asesinos son psicópatas, en lugar de entender que dichos individuos son personas normales, bien adaptadas, con comportamientos racionales, con una vida social totalmente normal, sin antecedentes penales, que quieren a sus padres y a sus mascotas, pero que no soportan la idea de que su mujer se separe de él. Y son cómplices los medios de comunicación y las Instituciones y sus gobernantes, que en lugar de considerar la propia ideología machista como la responsable de dichos crímenes, consideran que dichos asesinatos se deben a la mala suerte, a que hay mucho loco suelto, o que, en todo caso, son cosas que pasan. Basta entonces con detener al asesino de turno, condenar públicamente lo sucedido, declarar varios días de luto oficial por la consternación creada, y juzgarle adecuadamente (en caso de que no se haya suicidado, por no soportar el castigo y la humillación).

 

El terrorismo machista, por tanto, no es algo casual, sino que su etiología procede de la ideología que sustenta al modelo heteropatriarcal, que legitima esta violencia hacia las mujeres que osan enfrentarse a él. Afortunadamente, desde finales del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, los movimientos feministas y de liberación de la mujer han conseguido, a duras penas, visibilizar la tremenda estructura de implantación del heteropatriarcado, su injusto poder de dominación sobre la mujer, y la necesidad de evolucionar hacia su erradicación como modelo político, social y cultural. ¿Cuál es la meta que nos debemos marcar? Pues evidentemente, el derrocamiento del modelo heteropatriarcal imperante, mediante la desaparición de sus reglas y de sus normas, un complejo edificio que hay que deconstruir desde los cimientos de la educación, y en sus estadíos más tempranos. El movimiento feminista persigue alcanzar una sociedad completamente democrática donde no pueda existir un sexo que sea superior al otro en ningún ámbito ni faceta, legitimado ni promovido socialmente por ningún Estado mediante ningún sistema de leyes, que discriminen legal o socialmente a un sexo con respecto a otro. Sólo de esta forma acabaremos con la aberración del heteropatriarcado, y con sus injustos efectos y consecuencias.

Repost 0
Published by Rafael Silva - en Política
Comenta este artículo
13 septiembre 2015 7 13 /09 /septiembre /2015 23:00

Cada vez es más evidente que en las complejas sociedades modernas, para que sean democráticas y justas, el pan y la existencia digna no deben ser “ganados con el sudor de la frente”, sino que deben estar garantizados como derechos de ciudadanía para que las capacidades creativas y productivas de las personas no se resientan y puedan desarrollarse

Rubén Lo Vuolo, Daniel Raventós y Pablo Yanes

En fin, creemos que ya hemos expuesto (aunque siempre se quedarán cosas en el tintero) las principales características de la Renta Básica que, desde la izquierda transformadora, pretendemos que se implante en nuestro país. Hemos ido desgranando, exponiendo y profundizando, debatiendo y razonando todos aquéllos aspectos que nos han parecido interesantes, y sobre todo, que podrían dar lugar a confusiones o malentendidos. Pero insistimos, llegados a este punto, al igual que hemos afirmado en nuestra serie de artículos sobre la Tercera República, que no nos serviría cualquier RB que la clase dominante, acorralada por la fuerza de las clases populares, quisiera implantar. Y así, sería completamente indeseable una RB donde los ricos ganaran y los pobres perdieran, pues esto alteraría considerablemente la propia filosofía de la medida. Por su parte, la propia cuantía monetaria de la RB y su forma de financiación también nos parecen indisociables. Por ejemplo, nos podrían querer implantar una RB financiada a costa de reducir los presupuestos para sanidad y educación públicas, lo cual sería desastroso. También nos podrían proponer financiar la RB a costa de reducir los salarios para la clase trabajadora, lo cual también supondría una auténtica aberración. 

 

No estamos de broma. Aunque el lector piense que nos mofamos de las posibles ocurrencias de la clase dominante, no debe hacer uso en demasía de su ingenuidad. Estamos acostumbrados a que la clase dominante pondrá en marcha, si se encuentra acorralada, todos los mecanismos y resortes que se le ocurran para no perder sus privilegios, vengan de donde vengan, y les cuesten lo que les cuesten. No es conveniente por tanto bromear sobre estos asuntos. Queremos una RB con las características, cuantía y financiación que hemos expuesto durante los últimos artículos de esta serie (aunque sí que sería posible cierta disparidad de criterios sobre asuntos menores), pues otra cosa, aunque también se llamara Renta Básica (o de cualquier otra forma), volvería a ser un eufemismo para engañar a la ciudadanía, ofrecerle gato por liebre, y hacernos conformar con una medida que no respondiera a los objetivos que hemos venido explicando. Por tanto, mucha atención a estos asuntos. La RB que proponemos es básica, porque se trata de un ingreso modesto a partir del cual pueden sumarse otras rentas provenientes de distintas fuentes, siempre en sentido acumulativo. Es periódica (mensual, o anual, como periodicidad habitual). Debe ser un ingreso en efectivo (es decir, debe tratarse de un ingreso monetario, porque si fuera en especie, variante de lo cual ya ha sido ofertado por algunas empresas a sus trabajadores, tendría el problema de restringir las posibilidades del dinero en efectivo).

 

Seguimos. Es compatible con todos los demás salarios procedentes de cualquier otro tipo de trabajo (de hecho, siempre hemos dicho que no estamos en contra, sino que defendemos, las medidas del Trabajo Garantizado). Pero es incompatible con la existencia de prestaciones monetarias inferiores, sean de la naturaleza que sean, con el objetivo de hacerlas converger todas ellas con la RB. Es independiente del status de cada cual, de sus propiedades, de su patrimonio, de su régimen de convivencia, de su unidad familiar (si la hubiere), y de cualesquiera otras circunstancias de carácter personal o social, tales como la raza, la religión, o la opción sexual. Es estatal, aunque nada impide (sobre todo bajo un Estado Federal) que cualquier Institución jurídico-política por debajo del Estado (un Estado asociado, una Comunidad Autónoma, una Administración Local) o por encima del mismo (la Unión Europea, por ejemplo) pueda constituirse en Administración competente para otorgar una RB a los/as ciudadanos/as pertenecientes a su territorio de competencia. 

 

Pero aún hay más. Es incondicional, en el sentido de que se otorga a cada persona por el hecho de serlo, sin que ésta tenga que acreditar ninguna situación de dependencia o insuficiencia económica. Basta la condición de pertenencia a una comunidad política, o su residencia en ella. Es ilimitada, pues no se concede por períodos de tiempo determinado, ni chantajea a la población para que, como contraprestación, se comprometa en la consecución de ciertos objetivos. Es inembargable, pues es una cantidad destinada no a enriquecerse con ella, sino a satisfacer las necesidades básicas, que nunca deben ser enajenadas por el sistema. No tiene en cuenta franjas de edades, únicamente distingue entre los menores de edad (que recibirán una cantidad inferior), y los mayores de edad, que percibirán la RB completa. Y por último, es anticapitalista, en el sentido de que rompe con los parámetros mercantilistas del trabajo, y libera a los trabajadores/as del dogal que supone la dependencia del salario de un trabajo remunerado, para poder subsistir, y sufragar sus necesidades de vida digna. 

 

 

Por tanto, desde una perspectiva filosófica republicana, los conceptos de igualdad y de libertad, aplicados al seno de la sociedad, no pueden contemplarse por separado. Está claro que las teorías del neoliberalismo, centradas en la individualidad, la competencia y el egoísmo, han hecho mucho daño a estos conceptos, y hoy día nos encontramos en una situación donde la inmensa mayoría social no entiende en su imaginario colectivo una situación donde no haya que ganarse "el pan con el sudor de su frente". La razón para la tremenda implantación de este concepto radica en que las grandes desigualdades sociales impiden la libertad (real, material) de muchos millones de personas. Y el perverso capitalismo ha legitimado esta situación. Aunque, en general, la pobreza se considera una carencia únicamente material, no es menos cierto que también resulta de la decisión y del criterio de otros, que están imponiendo de forma ilegítima su visión del mundo. Por tanto, la conclusión a la que llegamos, una vez más, es que sin existencia material garantizada, la libertad no es posible. Se nos ha vendido, desde la clase dominante, la visión idealizada del "mundo libre" occidental (sobre todo enfrentada al mundo socialista y comunista desde la Revolución Soviética), pero como estamos pudiendo comprobar en nuestras propias carnes, no hay mundo libre desde la óptica capitalista. Sólo la parte del mundo que puede decidir, porque posee la fuerza para que terceros no posean la libertad material de poder disfrutar de una vida digna, es libre de verdad. Continuaremos en siguientes entregas.

Repost 0
Published by Rafael Silva - en Política
Comenta este artículo
10 septiembre 2015 4 10 /09 /septiembre /2015 23:00

Continuando con el detalle de las cifras, ya iniciado en el artículo anterior, hay que tener en cuenta para dichos cálculos (de ahí la tremenda complejidad de los mismos) las diferentes diócesis y parroquias, la multitud de congregaciones, asociaciones, fundaciones, participación en múltiples negocios mercantiles, alquileres de pisos y locales, etc., de los cuales la mayoría están exentos de todo tipo de impuestos, y por ello las cantidades que el Estado deja de ingresar son enormes. Y estamos hablando de decenas de miles de ellos, repartidos por los más de 8.000 municipios que pueblan nuestra geografía. Hoy día, la Iglesia Católica en nuestro país, más que una confesión religiosa como tal, está extendida como un complejo entramado de poder e influencia social de todo tipo y orden, muy difícil de desmontar. Sólo del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles, tanto rústico como urbano), las Administraciones locales pueden estar dejando de ingresar una cantidad cercana a los 700 millones de euros. Y aquí nos estamos refiriendo a todos los inmuebles y suelos, sean destinados o no al culto religioso. 

 

Otro asunto relacionado con todo ello, que también habíamos apuntado en artículos anteriores de la serie, es el injusto tratamiento que tienen en nuestro país las personas físicas y jurídicas que realizan donaciones a la Iglesia Católica, o a sus fundaciones u ONG's. De entrada, el cálculo sobre los ingresos que el Estado deja de realizar, debido al tratamiento fiscal positivo, por medio de estas exenciones tributarias, es prácticamente imposible de contabilizar, si la Administración de Hacienda, a sus diferentes niveles, no colabora. De ahí nuestra insistencia en que los cálculos que podemos realizar son únicamente aproximativos. Pero según datos de la propia Conferencia Episcopal, la desgravación fiscal de los donativos y limosnas que la Iglesia Católica recibe por parte de empresas o fieles, supera en más de un 50% lo que reciben por la vía del IRPF. ¡Ahí es nada! Según la fiscalidad vigente, las donaciones a la Iglesia Católica desgravan un 25% sobre el IRPF (en caso de personas físicas), y un 35% sobre el Impuesto de Sociedades (en el caso de empresas, esto es, personas jurídicas). Porcentajes que Hacienda, como es natural, devuelve a los donantes, y que supone una extraordinaria cantidad de ingresos que deja de recaudar el Estado (pero claro, luego es muy fácil decir, desde el Gobierno, que no hay dinero para los servicios públicos...toda una auténtica vergüenza e injusticia social).

 

Por su parte, en el ámbito de la enseñanza (según datos del curso 2013-14), para el pago de los salarios y costos sociales de unas 19.000 personas que imparten religión católica en nuestras aulas (designadas por los Obispados, que además contemplan unos exigentes criterios de vida "compatibles con la fe") en los más de 21.000 centros no universitarios, ni de régimen especial (unos 15.000 públicos y unos 6.000 privados concertados, el otro gran chantaje educativo), la cantidad supone aproximadamente unos 450 millones de euros para la enseñanza pública (donde imparten la asignatura de religión o afines unos 14.000 profesores aproximadamente, que además ahora se verán reforzados por la implantación de la LOMCE en aquéllas Comunidades Autónomas que la adopten), y unos 150 millones de euros para la modalidad de enseñanza privada concertada (para unos 5.000 profesores, aproximadamente). La cifra en total asciende a unos 600 millones de euros, en unos casos abonados por el propio Ministerio de Educación, y en otros por las Consejerías de Educación de las CC.AA. correspondientes. 

 

Pero no acaban aquí los desmanes en el ámbito educativo. Hemos tenido noticias de que la dedicación de este profesorado no es sólo impartir catequesis, sino que además, se dedican a más cosas. Nos explicaremos: un hecho grave e insólito que va contra la ley vigente consiste en que estas personas (designadas por los Obispados, volvemos a recordar), que en principio han de impartir únicamente catequesis, resulta que en muchos centros, si no tienen la cifra suficiente estimada de alumnos, para poder cumplir horarios completos, a través de diversas vías (circulares internas de las Consejerías, acuerdos sindicales, o la simple complicidad de los equipos directivos de los Centros educativos) completan su horario (con la finalidad de poder percibir su sueldo completo) impartiendo otras asignaturas, cubriendo bajas o permisos laborales de sus compañeros, o ejerciendo diversas tutorías complementarias para el alumnado. Además, su estancia en el centro es utilizada, en muchos casos, para hacer proselitismo religioso o para incentivar la celebración de actos litúrgicos, de tipo costumbrista (belenes, procesiones, excursiones, etc.). Por supuesto, la LOMCE incentiva aún más la asignatura de Religión, haciendo contabilizar su nota para el Expediente Académico e implantando asignatura alternativa. Y todo ello, a la vez que muchos profesores/as (funcionarios de carrera, absolutamente preparados para su labor, con mayor formación, experiencia y especialización que los profesores/as de religión) han sido desplazados, y otros interinos en bolsas de trabajo ni siquieran disfrutan de plaza en algún centro. Absolutamente indignate. 

 

La impartición de Religión en horario lectivo supone una pérdida importante de horas lectivas para todo el alumnado, y de costo en horas para el profesorado. Porque en primer lugar, las horas perdidas por docentes que atienden a niños y niñas que NO asisten a clases de religión y que podrían dedicarse a otra labor educativa, se amplía cada año, como consecuencia del progresivo descenso de alumnado que asiste a religión. Y en segundo lugar, el número de horas lectivas reales que el alumnado pierde, en toda la enseñanza obligatoria, supone en conjunto más de un curso completo, concretamente más de 1.000 horas lectivas perdidas. Y aún, lo más gracioso del caso es que los argumentarios que se han dado para provocar la desaparición de otras asignaturas, tales como Educación para la Ciudadanía (que formaba sobre derechos humanos, igualdad, civismo, valores democráticos, etc.), se centraban en la idea de que el contenido de dichas materias era demasiado adoctrinador. Pero en cambio, no les parece adoctrinador la impartición de la religión católica en las aulas, desde edades tempranas. Todo un despropósito, que esperamos desaparezca con la propia LOMCE. Continuaremos en siguientes entregas, no sin antes avanzar que en la recta final de esta serie de artículos insistiremos de nuevo sobre la gran influencia y trayectoria de la enseñanza católica en las aulas. 

 

Fuente: Europa Laica

 

Repost 0
Published by Rafael Silva - en Política
Comenta este artículo

Presentación

  • : Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva
  • Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva
  • : Blog de Rafael Silva. Presenta artículos de opinión basados en la actualidad política, cultural y social.
  • Contacto

Búsqueda

Categorías