Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

En entregas anteriores ya hemos realizado una semblanza introductoria al problema de la deuda, para que pueda comprenderse de entrada la complejidad que dicho sistema-deuda representa. En realidad, el sistema-deuda ha existido mucho antes que el propio sistema capitalista, pero se ha mantenido e incluso reforzado con el advenimiento de éste. Si nos remontamos a tiempos pretéritos, veremos que el endeudamiento privado se ha utilizado desde hace milenios como un mecanismo de desposesión: a los campesinos de sus tierras, a los artesanos de sus herramientas, etc. La esclavitud por deudas ha causado estragos en el mundo antiguo durante siglos, como nos recuerda Eric Toussaint en este artículo, que estamos siguiendo en esta exposición. ¿Existe por tanto una deuda privada ilegítima? Existe, y este sistema pasa generalmente por la imposición de ciertas condiciones de préstamos y de reembolso que lo hacen imposible. ¿Las deudas hay que pagarlas? Nos lo preguntábamos al comienzo de este bloque temático...Ya parece que vamos intuyendo la respuesta. La deuda aplicada a los pueblos ha tenido también sus graves repercusiones. De hecho, en el pasado, han tenido lugar múltiples revueltas para liberarse de las deudas privadas ilegítimas, ya sea durante la antigua Grecia o en la Europa del Norte durante la Edad Media. Y esta lucha por las deudas privadas ilegítimas llega hasta nuestros días, en casos como el de los campesinos en su lucha por la anulación de sus deudas en India, la de las mujeres contra los microcréditos en Marruecos, la de los estudiantes contra sus deudas por estudios en Estados Unidos, Chile, Canadá o Reino Unido, o la de las familias víctimas de los créditos hipotecarios abusivos y de los desahucios en España, en Estados Unidos, en Grecia o en Irlanda.

Por el endeudamiento privado de las personas se perpetúan las relaciones de semiesclavitud, ya que la gente comienza su emancipación o su relación laboral muy endeudados, es decir, bajo una relación de dependencia total. Pero de entrada, hay que aclarar que el endeudamiento público no sería negativo en sí mismo, si fuese una herramienta finalista destinada a cubrir ciertos aspectos del desarrollo de una sociedad. Es más, el sistema de endeudamiento público es el mejor sistema que los Estados poseen para financiar los proyectos sociales que necesiten para sus respectivos países, y el conjunto de su ciudadanía. Así, los poderes públicos podrían recurrir al préstamo para financiar, por ejemplo, un vasto programa de transición ecológica, y así reemplazar progresivamente las energías fósiles por energías renovables respetuosas con el medio ambiente. El sistema-deuda público puede y debe ser, pues, legítimo si se hace al servicio de proyectos legítimos y que atiendan al verdadero interés general, y si quienes contribuyen al préstamo lo hacen también de manera legítima. Pero desgraciadamente, esto es exactamente lo contrario de lo que ocurre realmente, ya que los Estados y las Administraciones Públicas se endeudan para financiar, la mayoría de las veces, políticas y proyectos ilegítimos, tales como financiar gastos en armamento, financiar proyectos de energía nuclear, financiar el reembolso de anteriores deudas ilegítimas, o financiar rescates bancarios. ¿Estas deudas habría que pagarlas? Dejo al lector o lectora la pertinente respuesta. Pero asímismo, la manera de financiar el reembolso de la deuda es igualmente ilegítima. Las grandes empresas y los hogares más ricos pagan muy pocos impuestos (o ninguno), mientras son las clases populares quienes deben apretarse el cinturón para pagar la deuda.

Los bancos privados, como ya hemos denunciado en entregas anteriores, prestan a los Estados a tasas lucrativas para ellos, mientras solicitan dinero al Banco Central Europeo (BCE) a interés cero. Debemos concluir en justicia que si alguno de los eslabones de la cadena del préstamo que formalizará la deuda pública es ilegítimo, dicha deuda se convierte igualmente en ilegítima, y debe eximirse su pago. Pero aunque afirmábamos anteriormente que el sistema-deuda era anterior al capitalismo, es evidente que se revela como un instrumento privilegiado de éste. Porque la deuda, como estamos exponiendo desde diversos puntos de vista, no es sólo un instrumento económico, sino también un arma política. El sistema-deuda es quizá hoy día la principal herramienta de la globalización, que desorienta la economía y permite las exportaciones y el extractivismo. Es el instrumento definitivo para socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, creando un empobrecimiento masivo y fomentando las desigualdades sociales. El sistema-deuda, al pesar como una losa sobre las economías locales, desmoviliza y no genera una resistencia general fuerte en contra de ella. Y ello es así porque el sistema-deuda oculta la propia explotación de las personas, de los recursos y de la naturaleza. El hecho indiscutible es que, tanto en el norte como en el sur, el sistema-deuda es concebido como una forma de control sobre las poblaciones. Bien, llegados a este punto, está claro que el sistema-deuda debe ser abolido, para así contribuir a la concepción de un modelo de sociedad más igualitaria. Pero, quizá en este caso más que en ningún otro, nos encontramos con la poderosa oposición de los propios acreedores, que no son más que los representantes de la clase capitalista. Todo Gobierno que pretenda poner en marcha acciones, medidas y políticas de justicia social, fiscal, económica y medioambiental tendrá que enfrentarse, más temprano que tarde, al sistema-deuda. 

El problema es que cuando una coalición electoral o un determinado partido político llegan al Gobierno, no obtienen de hecho el poder real, porque el poder económico (que depende de la posesión y el control de los grupos financieros e industriales, de los grandes medios de comunicación privados, del gran comercio, etc.) permanece en manos de la clase capitalista, es decir, de ese 1% aproximado de la población. Además, esa clase capitalista es también la que controla al Estado, el poder judicial, los Ministerios de Economía (o Finanzas) y Hacienda, el Banco Central del país en cuestión, etc. De ahí que cualquier Gobierno decidido a emprender transformaciones radicales en las estructuras económicas deberá entrar en conflicto con el poder económico real para debilitarlo, reducir su influencia y su poder, expropiar sus posesiones, y así acabar con el control de la clase capitalista sobre los grandes medios de producción, de servicios, de comunicación, y del aparato del Estado. Sólo así los paradigmas que gobiernan el sistema-deuda podrán ser atacados. Sólo así los dogmas neoliberales podrán ser denunciados. Sería absolutamente ingenuo e ilusorio pensar que se puede convencer a las autoridades económicas y monetarias de la bondad de nuestros planteamientos, y de la propia maldad y perversión del sistema-deuda. Ellos lo defenderán siempre, ya que les permite mantener su status quo, como herramienta pensada para fomentar la desigualdad. Quienes desde los púlpitos electorales pretendan difundir el mensaje de que persuadirán a las patronales y a las grandes empresas de que lo mejor es reestructurar la deuda, ejecutar una auditoría o cancelar una parte de la misma, o es un inocente empedernido, o es un redomado embustero. Por tanto, no es bueno hacer caso ni de unos ni de otros. 

La conclusión que se impone, como afirman Eric Toussaint y Fátima Martín en este artículo para el medio Publico que estamos tomando como referencia, es que no habrá un camino fácil para poner en marcha un programa económico y social que rompa con la austeridad y las privatizaciones, así como que se enfrente radicalmente a continuar con la perversión del sistema-deuda. La única solución para conseguir todo ello será desobedecer a los acreedores, a las instituciones y organismos internacionales que los amparan, y a cualesquiera otras organizaciones, gobiernos o entidades que los financien. Y así, el rechazo a pagar una parte sustancial de la deuda constituirá un elemento clave en la estrategia de todo Gobierno socialista que se precie, así como las decisiones para revertir las privatizaciones llevadas a cabo (devolviendo al control público las entidades privatizadas) y restablecer plenamente los derechos sociales, laborales, económicos y políticos recortados. Es evidente que para paliar los efectos terribles de la desigualdad necesitamos recursos económicos, y para ello (entre otras cosas) necesitamos reducir radicalmente el stock de la deuda y aliviar de manera drástica la parte del presupuesto público dedicado al pago de la misma. Todo ello es una condición sine qua non para poder aumentar masivamente los gastos sociales y garantizar las inversiones necesarias para financiar determinados proyectos públicos de gran alcance, tales como la creación de Planes de Empleo Garantizado (PEG), o la Renta Básica Universal (RBU), dos de las principales herramientas para sacar de la pobreza a la práctica totalidad de la población. Nada de esto puede llevarse a cabo sin renunciar, al menos parcialmente, al pago de la deuda, y esa es precisamente la razón que aluden los que argumentan que es "imposible" financiar dichos proyectos públicos. No nos dejemos engañar. En el fondo es sólo una falacia más. Continuaremos en siguientes entregas.

Nuestra entrada en la OTAN es un caso paradigmático de la evolución que sufren los países que ingresan en la Alianza. La incorporación de España a la OTAN (que se produjo como consecuencia del intento de Golpe de Estado de 1981), tuvo sin duda una razón de peso, como fue impedir que el Estado Español se situara fuera del bloque occidental capitalista. Y es que después del franquismo, los intereses del capitalismo transnacional y del imperialismo norteamericano deseaban una España integrada a todos los efectos en dicho bloque. Existía también la necesidad de transformar las propias Fuerzas Armadas en dos sentidos: el primero, modernizar los diferentes cuerpos militares, especialmente sus altos mandos, la mayoría de los cuales procedían de la etapa de la dictadura franquista, y hacerlos compatibles con el respeto a la Constitución; el segundo, que es el que aquí y ahora nos ocupa, el destinado a renovar el armamento para que las Fuerzas Armadas pudieran ser compatibles con las de otros países socios de la OTAN y así poder participar en igualdad de condiciones en las intervenciones militares en el exterior. Esto se llevó a cabo mediante un fuerte incremento en el gasto militar. Como demuestran los autores del documento de referencia, el gasto en defensa a partir de 1982 aumentó rápidamente durante los primeros años, y ya en 1985 se había incrementado un 18,6%. Posteriormente, a partir de 1996, con la adquisición de los grandes programas de armamentos llevados a cabo para fortalecer la presencia de las FAS españolas en la OTAN, el aumento aún fue mayor hasta alcanzar la cifra de más de 20.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 32,3%. 

Estos programas tuvieron su expansión más importante durante la primera legislatura del PP de José María Aznar, bajo la denominación de Programas Especiales de Armamento (PEA). Se trataba de grandes programas para hacer compatibles las estructuras y medios de las FAS españolas con las de la Alianza Atlántica, es decir, con el resto de Ejércitos de los países miembros de la OTAN. Algunos de estos programas estaban enmarcados en proyectos europeos de fabricación conjunta de armamento entre varios países. Estos PEA siguen aún hoy día vigentes, pero con un coste muy superior, debido al alargamiento de plazos, y a las cantidades adeudadas a las empresas e industrias militares. Actualmente, Estados Unidos sigue presionando a sus socios europeos para que aumenten sus presupuestos para gastos militares, como por ejemplo se acordó en la Cumbre de la OTAN celebrada en 2014 en Gales, donde se alcanzó el acuerdo (la barbaridad más bien, podríamos decir) de dedicar el 2% del PIB para el año 2023. Para nuestro país representaría sobrepasar los 20.000 millones de euros anuales en gasto militar. Toda una indecencia cuando a la vez se practican recortes sociales de gran envergadura, no se atacan las fuentes del fraude fiscal, se ha de hacer frente a una enorme deuda pública, y sobre todo, representa un alejamiento a las tesis pacifistas y antimilitaristas. No cabe duda por tanto de que la pertenencia a la OTAN representa (entre otros gravísimos inconvenientes) un enorme gasto adicional para el erario público, que lógicamente va en detrimento del desarrollo de la economía productiva y de la satisfacción de las necesidades reales de la población. Pero como sabemos, todo ello se rodea de un discurso en torno a la peligrosidad de las "amenazas" a las que estamos expuestos, cuando en realidad nuestras amenazas vienen derivadas de nuestra pertenencia a la OTAN y de nuestra complicidad con las actividades ligadas al imperialismo norteamericano. 

En este sentido, España posee varios acuerdos bilaterales con Estados Unidos, ya que los acuerdos hispano-norteamericanos de 1953 englobaban tres acuerdos: el primero se refería al suministro de material militar estadounidense a España, el segundo hacía referencia a la ayuda económica, y el tercero a la instalación de varias bases navales y terrestres en territorio español. La firma de estos acuerdos supuso para la dictadura de Franco una legitimación y un reconocimiento internacional al régimen, que apuntaló su internacionalización a través del propio alcance de los mismos. Dichos acuerdos estuvieron vigentes entre 1953 y 1970 y tenían una cláusula secreta, que no se conoció hasta años después, que permitía a los Estados Unidos poder activar y utilizar las bases frente a cualquier amenaza o agresión comunista, sin tener la obligación de informar al Gobierno español de los propósitos que tenían, y sin ninguna obligación de ayuda estadounidense en caso de conflicto propio español. Más tarde, estos acuerdos de 1953 fueron sustituidos por el Convenio de Amistad y Cooperación de 1970, cuyo elemento más significativo fue que las bases estadounidenses, que hasta entonces eran de utilización conjunta pero bajo control exclusivo norteamericano, pasaron a ser bases de propiedad española y se autorizó su uso por parte de los americanos mediante una serie de acuerdos complementarios. En 1976, ya muerto Franco, los acuerdos bilaterales pasaron a engrosar dicho Tratado de Amistad y Cooperación, que representaron esta vez un impulso a la monarquía de Juan Carlos I. El Tratado de 1976 fue seguido de un nuevo acuerdo bilateral en 1982, del cual se puede destacar el convenio de cooperación en materia de defensa que recoge la necesidad de modernizar las fuerzas armadas españolas. 

En este marco, Estados Unidos se comprometía a vender material militar sobrante y excedente al Ejército español. El acuerdo recoge igualmente la necesidad de cooperar en materia de industria militar. Y de ahí saltamos al año 1988, cuando se firman los últimos Acuerdos Bilaterales, que reflejarían la nueva situación internacional y de política interior española. Estos acuerdos recogieron los cimientos para el cierre de las bases aéreas de Torrejón y Zaragoza y supedita nuevamente la instalación, almacenamiento o introducción de armamento nuclear en territorio español al acuerdo del Gobierno. Además prohíbe sobrevolar el espacio aéreo español con material nuclear a bordo. Pero sin embargo este convenio eximía tanto a buques como a aeronaves de ser inspeccionados, lo que equivale en la práctica a permitir la introducción o tránsito de armamento nuclear en territorio español. Estos acuerdos bilaterales de 1988 han sido posteriormente modificados a través de los Protocolos de Enmienda al Convenio en 2002, 2012 y 2015. La modificación de 2002 reduce casi en un 47% la presencia de personal militar y civil estadounidense en territorio español. El objetivo de la modificación de 2012 fue la contribución española al sistema de defensa antimisiles de la OTAN (el Escudo Antimisiles fue instalado durante la segunda legislatura del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero), autorizando, con esta finalidad, a que Estados Unidos pueda operar con sus fragatas y destructores en la base de Rota. Por último, con la modificación del año 2015 Morón se convirtió en la base permanente de las fuerzas de reacción rápida para África (AFRICOM) de la OTAN, permitiendo incrementar, como ya aludíamos en la entrega anterior, el número de militares y dotaciones de dicha base. 

Nuestras relaciones con los Estados Unidos a través de la OTAN han sido, pues, de un absoluto entreguismo, sin calibrar realmente el peligroso alcance de dichas decisiones. Así, nuestra colaboración con la primera potencia belicista y militar del mundo ha sido intensa y servil, poniéndonos en el ojo del huracán de los conflictos internacionales. Todo ello tuvo su máxima expresión en 2003, como conocerán todos mis lectores/as, con nuestra indecente colaboración con la Administración de George W. Bush (junto con el Reino Unido de Tony Blair), durante la segunda legislatura del PP de José María Aznar, en la guerra de invasión de Irak, para derrocar a Sadam Hussein, bajo el engañoso pretexto de su colaboración con Al Qaeda, y su posesión de armas de destrucción masiva. Armas que nunca aparecieron, y por lo cual los dirigentes norteamericano y británico han pedido públicamente disculpas, pero no así nuestro ex Presidente Aznar, que aún se jacta de aquélla inmoral colaboración, que sólo trajo destrucción, devastación, desplazamientos forzados, y millones de muertos y heridos. Evidentemente, esta no es la senda del pacifismo que propugnamos. La famosa foto del trío de las Azores nos hizo entrar en una diabólica espiral. Ella nos ha conducido, junto a nuestra colaboración con la coalición internacional que ha instigado las guerras de Libia y Siria, a padecer en nuestro territorio una serie de brutales atentados terroristas que han dejado cientos de muertos y heridos, y que aún nos continúan situando como punto de mira de la actividad terrorista internacional. Nuestra colaboración con la OTAN debe cesar. Todo gobierno pacifista que se precie de serlo ha de impedir continuar por esta senda de guerra, sangre, odio y destrucción, cuya bandera internacional es la de la OTAN, cuya razón de ser es el agresivo imperialismo, y cuyo adalid son los Estados Unidos y su estado de guerra permanente, tanto interno como externo. Continuaremos en siguientes entregas.

En esta entrega número 50 de la serie sobre el franquismo y la necesidad de su plena superación, nos habíamos quedado comentando los aspectos más interesantes de una Conferencia impartida por Carlos Jiménez Villarejo (cuya completa lectura recomendamos a nuestros lectores y lectoras) en el Ateneo Republicano de Galicia, el 18 de septiembre de 2015, publicada en la revista Transversales en su número 36 de octubre de 2015, y reproducida, entre otros medios, por Eco Republicano. Dicha conferencia expone, sobre todo, lo que fue el asedio fascista a la Segunda República Española, y constituye otro elemento y fuente de análisis fundamental para comprender la verdad de todo lo que ocurrió durante aquéllos convulsos años. La República, entre los numerosos problemas que debió afrontar, uno de los más relevantes fue la ordenación de las Fuerzas Armadas, con miras a garantizar su lealtad. Sin embargo, los militares golpistas no tardaron en expresar su voluntad de destrucción de la República, incluso en intentonas anteriores al Golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Apoyadas por las derechas españolas de la época (CEDA, Falange...), asumieron como reto principal dejar sin efecto las principales medidas de progreso económico y social del período republicano. A todo ello se unía una provocación constante de terratenientes, caciques y de la Guardia Civil a grandes masas de campesinos carentes de tierras, de trabajo y de alimentos. Y ante la cada vez más explícita amenaza fascista, las elecciones de febrero de 1936 dan el triunfo al Frente Popular (no se dejen los/as lectores/as engañar frente a tanta manipulación histórica de los que dicen que la República jamás fue refrendada en las urnas). Y el Frente Popular adopta de inmediato decisiones avanzadas en favor de las clases populares, tales como el reparto de 250.000 hectáreas de tierra, o la libertad de 30.000 presos políticos. 

Pero al mismo tiempo, el terrorismo callejero de las milicias de Falange crearon una espiral de violencia, que preparaba la gran conspiración militar golpista de la primavera de 1936. Un caldo de cultivo que se nutría argumentando que el clima social era insostenible, pero que sólo pretendía tapar su odio hacia las clases populares que se estaban viendo beneficiadas por las medidas de justicia social republicanas. Y como en entregas anteriores hemos expuesto con la suficiente profundidad, es absolutamente evidente el papel que representó, desde los inicios de la sublevación, la violencia y la represión como elemento central de la política durante la dictadura. Así ha sido reconocido por los historiadores que han estudiado con detenimiento el ejercicio concreto de la represión en el conjunto de España. Por ejemplo, F. Moreno Gómez, en "La represión en la posguerra" (dentro de la obra colectiva "Víctimas de la Guerra Civil") expone: "La violencia fue un elemento estructural del franquismo. La represión y el terror subsiguiente no eran algo episódico, sino el pilar central del nuevo Estado, una especie de principio fundamental del Movimiento". En parecidos términos se expresan otros muchos autores. Así lo resumía Arcángel Bedmar (Coordinador de la obra colectiva "Memoria y olvido sobre la Guerra Civil y la represión franquista"): "Si la represión física y los derechos más elementales fue la más llamativa, también funcionó una represión cotidiana, permanente y opresiva, que condenó a la marginación social y laboral a una buena parte de la población. Cuando hablamos de represión siempre pensamos en los fusilamientos, pero existen otras formas sutiles de hacer daño que causan dolor profundo y traumático, y que acompaña a los supervivientes durante toda su existencia. A través de sus investigaciones sobre la justicia militar y civil Conchita Mir Curcó se ha acercado al espacio crudo y humillante de las nuevas estructuras de poder y de las nuevas relaciones sociales establecidas tras la victoria franquista que se adentraron en los ámbitos más privados de la vida personal (sobre todo en las mujeres) y se manifestaron por medio del control moral, la pobreza, la soledad, el subempleo, los ajustes de cuentas, la vigilancia de unos sobre otros...hasta configurar un mundo en el que vivir no era sino sobrevivir". 

Los derechos humanos fueron salvajemente negados y ultrajados durante la dictadura, y todas las conquistas sociales que se habían alcanzado durante el breve período republicano fueron fríamente destruídas. Y ello porque la dictadura emprendió una guerra continuada y cruel contra todo opositor político, es decir, contra todo aquél ciudadano o ciudadana del/de la cual se sospechara lo más mínimamente que hubiese sido siquiera simpatizante con los postulados de la República. Fueron encarcelados todos los dirigentes de los partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al "Movimiento Nacional", aplicándose contra ellos con especial ensañamiento una serie de castigos ejemplares. Los juicios sumarísimos del franquismo, sin ninguna garantía, convirtieron el derecho en un instrumento más al servicio del régimen dictatorial, quedando la justicia absolutamente desvirtuada y como herramienta del poder absoluto y de desprotección de los ciudadanos. Se desplegó durante casi 40 años toda una política de permanente exterminio y de aniquilación de lo que ellos (los fascistas) llamaban "la escoria" de España, entre otras similares lindezas. Se suprimieron bruscamente las libertades de expresión y de información, el pluralismo político y demás derechos fundamentales y libertades públicas básicas. El Estado se configuraba como un instrumento totalitario al servicio del poder absoluto del dictador. Por supuesto, se invalidaron todas las leyes y disposiciones jurídicas promulgadas durante la Segunda República, y fueron frecuentes las incautaciones de bienes y de patrimonio de particulares y de organizaciones políticas y sindicales, con objeto de despojar a dichas organizaciones de todo bien o derecho, inhabilitándolas para el ejercicio de cualquier actividad. 

Asímismo, se derogó el Estado laico que la República había instalado, y se sustituyó por el Estado nacionalcatólico, pues no sólo se trataba de un Estado confesionalmente católico, sino de una hegemonía del catolicismo más rancio en todas las facetas de la vida social. De esta forma, volvieron los privilegios de una Iglesia Católica aliada de forma activa con los sectores militares y civiles más reaccionarios de la época. La jerarquía católica siempre mantuvo una total complicidad con los golpistas, y mostró un apoyo indiscriminado a la represión fascista durante la Guerra Civil y la posterior dictadura. La ley de 1939 restableció el presupuesto para el Clero, con un preámbulo digno de mención: "El Estado Español, consciente de que su unidad y grandeza se asientan en los sillares de la Fe Católica, inspiradora suprema de sus imperiales empresas y deseoso de mostrar una vez más y de una manera práctica su filial adhesión a la Iglesia, decide restablecer dicho Presupuesto al abnegado clero español, cooperador eficacísimo de nuestra victoriosa Cruzada". Como pueden comprobar mis lectores/as, este ilustrativo párrafo demuestra a las mil maravillas la plena colaboración que la Iglesia Católica mostró siempre al régimen franquista, así como la inquebrantable adhesión de éste a los postulados del nacionalcatolicismo.  De hecho, los párrocos participaron activamente en la represión política. Pero quizá la mayor expresión de la injusticia del régimen franquista fuesen sus Tribunales de Justicia, esos cuya propia existencia y cuyas sentencias debieran haber sido declaradas nulas de pleno derecho en cuanto se consumó el advenimiento de la democracia. Pero como ya hemos explicado en entregas anteriores, a esa Transición "democrática" jamás le preocuparon los juicios sumarísimos del franquismo, ni sus innumerables víctimas. 

Los procesos judiciales del franquismo fueron radicalmente ilegítimos por varias causas. Sigo a continuación la exposición realizada por Jiménez Villarejo en su texto de referencia. En primer lugar, no merecen la calificación de Tribunales de Justicia en cuanto fueron siempre constituidos por el Poder Ejecutivo, es decir, por la máxima instancia de los sublevados contra la República. En segundo lugar, los militares miembros de dichos tribunales carecían de cualquier atributo de independencia, propio de un juez, en cuanto eran estrictos y fieles servidores de los jefes de los que dependían, y compartían plenamente los fines políticos y objetivos represivos de los sublevados. Basta la lectura de cualquier sentencia de las dictadas en la época por cualquiera de esos "Tribunales" en las que destaca su absoluta falta de objetividad e imparcialidad, tanto en la exposición de los hechos como en los fundamentos jurídicos, si es que así pudieran calificarse, en los que asumen expresamente como legítimos los motivos y fines del golpe militar. En tercer lugar, era incompatible su posible independencia con la disciplina castrense impuesta por todos los jefes. Pero, sobre todo, en los procedimientos sumarísimos, también en menor grado en los ordinarios, concurría una total vulneración de todas las garantías y derechos fundamentales. Así, la instrucción del procedimiento en sí mismo era inquisitiva y bajo el régimen de secreto, sin ninguna intervención del defensor. El juez militar instructor practicaba diligencias con el auxilio exclusivo de las Fuerzas de Seguridad, Comisarías de Investigación y Vigilancia, y otros cuerpos policiales y militares, limitándose la relación con los investigados, siempre en situación de prisión preventiva, a la audiencia de los mismos, naturalmente sin asistencia de letrado. Continuaremos en siguientes entregas.

Bien, una vez introducido el perverso concepto de la deuda y aclaradas algunas falacias previas (aún tendremos muchas más que desmontar), vamos a exponer una primera semblanza general e internacional con datos, tomando como referencia este estupendo artículo del economista Óscar Javier Forero, y publicados en su Blog personal. Forero nos cuenta que la deuda pública de los Estados Unidos, la segunda más grande e impagable del mundo, alcanzó un nuevo récord histórico de 20,16 billones de dólares, según confirmó recientemente el Departamento del Tesoro. De seguir este ritmo, se estima que para el año 2047 la deuda supere ya el 150% del PIB estadounidense, que para ese año rondará los 34,1 billones de dólares, es decir, se espera que los pasivos de EE.UU. lleguen a 51,5 billones de dólares. De confirmarse estos datos, el crecimiento de la deuda estadounidense durante los próximos 32 años sería de 2.683 millones de dólares al día, o si se quiere, 1,8 millones de dólares por minuto. Esto representa que a cada estadounidense, para dejar la deuda a cero, le correspondería pagar en promedio unos 62.000 dólares. La deuda por habitante subiría a 98.823 dólares si sólo tomamos en cuenta a la población económicamente activa (PEA), es decir, la población que se encuentra en edad de trabajar. Son cifras ejemplo de la mayor potencia del mundo, paladín además de las políticas neoliberales internacionales, para que pueda comprobarse la irracionalidad e insostenibilidad del sistema-deuda. Y es que todos los países "industrializados", "desarrollados" o como se les quiera llamar, han basado su sistema económico y social en la posibilidad de endeudarse de manera gigantesca con financiación ilimitada y cómodas cuotas de pago, diseñando de esta forma un perverso sistema que fomenta la dependencia económica y las crecientes desigualdades. 

Entre las 22 primeras potencias mundiales, esos países del grupo de los "industrializados" se concentra el 81% del total de la deuda mundial, de acuerdo a datos proporcionados por la Consultora Global McKinsey, y las 171 naciones restantes deben tan sólo el 19% de dicha deuda mundial. Los llamados "países subdesarrollados" poseen niveles de endeudamiento muy bajos, que rara vez superan el 50% de su PIB. No obstante, la gran banca privada mundial y los Organismos internacionales han hecho enormes ganancias a costa de otorgar préstamos con condiciones de pago, como ya introducíamos en la entrega anterior, que violan cualquier principio de soberanía económica. Esta dinámica les sitúa en una creciente deuda que no pueden asumir, y que además impide que se desarrollen políticas a favor de las mayorías más desfavorecidas de la población. El grueso de los préstamos a nivel mundial proviene de hecho de los recursos que los propios países "subdesarrollados" depositan en los bancos de los países "desarrollados". Es decir, los endeudados prestan nuestro dinero, depositado (en cuentas de ellos) a altísimas tasas de interés. Un verdadero y miserable negocio redondo. El sistema-deuda forma, pues, parte imprescindible para poder desarrollar una arquitectura mundial de la desigualdad, a base de intervenir los presupuestos de los países pobres en función de las necesidades de los países ricos, necesidades que se satisfacen a base de saquear y expoliar los recursos de los países pobres, para de esta forma perpetuar esa dependencia. Así, el sistema financiero internacional está diseñado para que los países más endeudados ("desarrollados") sean quienes impongan recetas a los demás. ¿Recetas para qué? Óscar Javier Forero nos recuerda que el propio Henry Ford sostenía que "Si la gente entendiese cómo funciona nuestro sistema financiero, creo que habría una revolución antes de mañana". Interesante y reveladora confesión. 

Pero es que aún llega a mayores niveles de perversión el sistema-deuda mundial. A su vez, son estos mismos países "desarrollados" los que de manera grosera deciden las tasas de interés y las condiciones de los préstamos a cada país. Por ejemplo, en la década de los años 70 por cada dólar que los países latinoamericanos pedían prestado tenía que devolver 11. Son muchos los países que devolvieron, con el paso de los años, varias veces el montante original de sus préstamos, y aún seguían debiendo dinero a los organismos e instituciones prestatarias. Bien, y las reglas que se les imponen a los países deudores...¿en qué consisten? Pues básicamente se les chantajea mediante la obligatoriedad de adoptar medidas que en esencia perpetúen el sistema capitalista neoliberal, es decir, perpetúen las desigualdades. De entrada, como decimos, su propio presupuesto queda intervenido, con lo cual dejan de disponer del conjunto de los recursos de las arcas públicas, pero además, con el resto, se les obliga a implementar medidas que han sido denominadas bajo varios eufemismos, tales como "Planes de Ajuste Estructurales", que consisten básicamente en planificar transferencias desde los fondos públicos a los privados, en empobrecer y precarizar a las clases populares y trabajadoras en beneficio de los más ricos y poderosos, en desmontar y privatizar los servicios públicos, y algunas otras que tienen que ver con una mayor complacencia política, las facilidades para instalar bases militares, la compra de armas, los jugosos negocios o la permisividad con la llegada de capitales extranjeros transnacionales, entre otras posibilidades y variantes. Desde los famosos Acuerdos de Breton-Woods en 1944, base de la creación del FMI y del BM, y más concretamente desde el Consenso de Washington, esta es la filosofía y la política que se practica para cualquier país que pretende acceder al sistema-deuda, es decir, a financiarse acudiendo a los mercados financieros internacionales. 

El sistema-deuda es, de facto, un robo legal implementado a los países que acuden a él. El sistema-deuda garantiza su perpetuidad, ya que aunque miles de millones de euros (o de dólares) sean cancelados de manera puntual (piénsese en Grecia para nuestro contexto europeo), sin embargo estos pagos corresponden en su inmensa mayoría sólo a intereses. La deuda como tal podríamos decir que continúa intacta. En los peores casos, los países son víctimas de todo un orquestado ataque financiero internacional, que busca quebrar sus economías, para pasar a un ulterior nivel de intervención, que suele ser la antesala para apoderarse de los recursos naturales (petróleo, gas, minerales, etc.) del país en cuestión. Las ganancias producto de las deudas impagables van a parar a los países del norte, lo cual contribuye a dinamizar su economía y a generar a los países endeudados relaciones de absoluta dependencia. El concepto de "Riesgo País", que los lectores y lectoras habrán escuchado alguna vez en boca de estos "expertos" de los organismos internacionales, se mide básicamente en base a la capacidad de pago de cada nación, y al montante y porcentaje sobre su riqueza de la deuda que posean. Pero en realidad, el "riesgo país" es de nuevo un concepto político que se utiliza para prestigiar o desprestigiar a una determinada nación, basándose en su adhesión a los compromisos con los organismos, naciones y entidades prestatarias, independientemente de su nivel real de deuda. Las cifras son realmente escalofriantes. Japón es el país  más endeudado del mundo si lo comparamos con su PIB, algunas estimaciones colocan su deuda alrededor del 400% del PIB japonés, y las más conservadoras en alrededor del 250%. Y aunque las cifras varían de unas fuentes a otras, naciones como Francia, Grecia, Portugal, Italia, Alemania, Gran Bretaña, China, España, Suiza o Canadá se encuentran por encima del 100% de sus respectivos PIB. 

Después de la lectura de todo lo anterior, suponemos que al menos dejarán de ser asumidas como tan tajantes las famosas frases ("Las deudas hay que pagarlas") donde se asienta este perverso, chantajista y manipulador sistema-deuda mundial. Muchos líderes mundiales han abogado por transformar el sistema-deuda internacional, así como los mecanismos del sistema financiero mundial, asentado también en otros muchos aberrantes principios prácticos, como el de los paraísos fiscales, a los cuales dedicaremos amplia exposición en nuestro siguiente bloque temático. Pero desgraciadamente, aún no se ha conseguido variar su funcionamiento, al menos en lo que se refiere a sus reglas y normas esenciales. En la actualidad, algunas economías emergentes, como las pertenecientes al grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) trabajan en esta vía, pero lo único que han conseguido hasta ahora es crear una serie de organismos internacionales alternativos a los del mundo capitalista globalizado, cuyo adalid son los Estados Unidos. Está bien claro, a la luz de todo lo expuesto, que se deben crear mecanismos alternativos donde los países explotados puedan depositar sus reservas, y donde se ofrezcan créditos con tasas de interés justas que aporten dividendos en beneficio de todos. También es preciso que las instituciones públicas internacionales dejen de actuar como poderosos lobbies de la gran banca privada mundial, como ocurre por ejemplo en la Unión Europea con el Banco Central Europeo, que mientras financia de forma altruísta a bancos nacionales y grandes empresas, prohíbe a los Estados financiar su deuda pública a través de los mecanismos y el respaldo del BCE. Óscar Javier Forero finaliza su artículo mediante tajantes conclusiones: "La independencia de los países se logrará cuando se alcance la verdadera dependencia económica. Mientras que el sistema financiero mundial permanezca intacto, dominado por los países industrializados, las demás naciones sólo servirán para continuar siendo expoliadas por el capital". Continuaremos en siguientes entregas.

Como hemos afirmado en entregas anteriores, es lógico que la antimodélica e injusta Transición tuviera éxito con una población adocenada, adormecida en la larga noche del franquismo, pues se le vendió una idea de la democracia falsa e incompleta. A este respecto, José María Pedreño, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Estatal de Foros por la Memoria, en este artículo para el medio Rebelion, afirma lo siguiente: "Este pacto [se refiere a la Transición], tejido con mucha generosidad y renuncias por parte de la izquierda, sobre todo por parte del PCE, ha provocado a la larga un silencio que ha propiciado que los tópicos tejidos por el franquismo se hayan extendido durante toda la restauración borbónica, dando como resultado un franquismo sociológico que impregna todas las capas de la sociedad. Tenemos que tener en cuenta que el principal partido de la derecha, el PP, fue fundado por franquistas y que los apellidos de muchos de sus dirigentes los podemos encontrar entre los golpistas y adictos a la dictadura franquista. Lo mismo podemos decir de muchos miembros de los consejos de administración de grandes empresas y de la banca. Por todas estas cuestiones, considero que hablar de ruptura del régimen del 78 sin entender que la impunidad es uno de los pilares fundacionales del mismo, y que hablar de construcción del nuevo sujeto político y social alternativo sin entender que la memoria es uno de los principales componentes de la "argamasa" ideológica de su construcción, tratándola como un elemento aislado de la política, es un grave error". No vale, por tanto, un borrón y cuenta nueva sobre la base de la no superación del franquismo, que ha de ser, por tanto, plena y absoluta, y ha de llegar a todas las facetas y ámbitos de nuestra sociedad. 

La clave es la Memoria Histórica. A ella nos hemos referido en nuestros anteriores artículos desde varios puntos de vista, y a ella nos tendremos que seguir refiriendo. La memoria histórica como memoria colectiva y latente de un pueblo, que es feroz y cruelmente aplastada por un despiadado sistema represor durante una dictadura, pero que permanece oculta para volver a resurgir en cuanto el fantasma desaparezca. Una memoria histórica hoy día sepultada en el miedo, y fundada en las tremendas falacias que el régimen nacionalcatólico fue sembrando en las mentes de la población. Unas mentes educadas en el anticomunismo, en el ultracatolicismo y en el españolismo de pandereta. Unas mentes imbuidas de los valores excluyentes de la familia tradicional, el trabajo obediente y el rechazo al desorden público. Unas mentes educadas en la antipolítica, en la visión uniforme y excluyente de la España "Una, Grande y Libre" del franquismo, que nos trae los lodos actuales de los polvos pasados. Unas mentes donde la simple mención de la palabra "República" ya provoca miedos. Pero sin embargo, en vez de temerla, la República es el sistema al que debemos aspirar, pero no a cualquier República, sino a la que nos conduzca a la plena superación del franquismo. Y ello porque tirando de la cadena, como llevamos haciendo durante toda esta serie de artículos, y viajando de un argumento a otro, llegamos por fin a la conclusión de que todo el régimen actual descansa sobre la ilegitimidad del régimen de la Constitución de 1978. Un régimen que nos llega de la Transición que consagró a un Rey como Jefe del Estado impuesto por un dictador, y que jamás se sometió a referéndum popular. Y un régimen que se había asentado anteriormente en una dictadura de casi 40 años que surgió del sangriento hundimiento de la II República, a través de un Golpe de Estado ejecutado por viles y abyectos militares. Hemos de retornar a aquél estadío, porque simplemente él es el punto de partida.

El estadío republicano, por supuesto actualizado a nuestro siglo XXI, sería una condición imprescindible, aunque no suficiente, para la plena superación del franquismo, que lógicamente debería asentarse sobre otros muchos pilares que ya hemos venido comentando en entregas anteriores. No podemos por tanto temer a la República sino todo lo contrario, tenemos que aspirar a ella, tenemos que volver a reconstruirla, hemos de volver a traerla. Sólo bajo un escenario republicano será posible la plena superación del franquismo. Por eso la República posee tantos enemigos. Son enemigos de la República los mismos que saquean nuestras arcas públicas, que fomentan la desigualdad, que han salvado indecentemente a los bancos mientras han aplicado salvajes recortes sociales sobre la inmensa mayoría social, son enemigos de la República los que acallan las voces rebeldes mediante leyes mordaza mientras protegen a los corruptos y a los que poseen cuentas en paraísos fiscales, son enemigos de la República los que defienden la "unidad de España" a la fuerza, y no vacilan en reprimir por la fuerza los legítimos anhelos de Repúblicas nacientes, son enemigos de la República los descendientes de aquéllos que colaboraron con el Golpe de Estado y la dictadura, y que ahora dirigen nuestra política desde lujosos despachos, o bien se sientan en Consejos de Administración de grandes empresas, son enemigos de la República los que no desean Verdad, Justicia ni Reparación para las víctimas del franquismo y sus familiares, y continúan amparando a los torturadores y colaboradores del régimen dictatorial, son enemigos de la República aquéllos que tildan de "extremistas" y "antisistema" a los que defendemos un Proceso Constituyente, la superación del franquismo y un modelo de país y de sociedad más justo y avanzado, son enemigos de la República quienes desmantelan las conquistas obreras conseguidas después de siglos de lucha popular, quienes desmontan todas las coberturas de nuestro Estado del Bienestar, y quienes están derribando nuestros servicios públicos y universales. 

Son enemigos de la República los que se llenan la boca con "la patria", los que llevan banderitas de España en la solapa o las cuelgan de los balcones, mientras jalean a todos los corruptos e indecentes que nos gobiernan, son enemigos de la República los que defienden la "democracia" española y el "cumplimiento de la ley", mientras aplican únicamente las que a ellos les interesan, e ignoran y vacían de contenido aquéllas que no les favorecen, son enemigos de la República los que nos meten en la OTAN y en sus crueles guerras de rapiña, para despojar a terceros países de sus recursos naturales, son enemigos de la República los que desprecian el empleo público y sólo conceden valor a la iniciativa privada, a pesar de que sea un principio contrario a esa Constitución que tanto dicen defender, son enemigos de la República los que mantienen a una cúpula militar golpista y fascista, alineada con los preceptos franquistas, mientras expulsan y dejan sin recursos a los oficiales honestos que denuncian la corrupción en nuestros Ejércitos, son enemigos de la República los que instauran un sistema educativo adoctrinador, elitista y segregacionista, porque son enemigos de la educación pública, son enemigos de la República, en fin, los que están conduciendo a nuestra sociedad a las más altas cotas de pobreza, precariedad, paro, exclusión social y exilio juvenil nunca vistas. Todos ellos son enemigos de la República. Por eso es tan difícil luchar por su instauración, y por eso estamos sufriendo, desde la muerte del dictador, esta restauración borbónica que nos está llevando por estos derroteros. La cita de entradilla de esta entrega, del siempre magnífico Víctor Arrogante, nos resume muy bien que la II República fue destrozada por la prevalencia de los intereses y privilegios de un conjunto de sectores que habían sido afectados por ella. El resultado ya lo sabemos. Está escrito en la historia. Les molestaba aquél régimen, pero en cambio no les molestaba el régimen genocida del General Franco, porque éste reponía a aquéllos sectores en sus privilegios. 

Las cartas están bien claras: la II República Española representó (como nos recuerda Carlos Jiménez Villarejo en esta conferencia publicada en diversos medios, que vamos a tomar como referencia a continuación) el mayor esfuerzo modernizador y democratizador de nuestro país durante todo el siglo XX. Los enemigos de aquélla República lo siguen siendo de una nueva República que vuelva a conducir a España a altas cotas de justicia, bienestar y redistribución de la riqueza, y que acabe con los privilegios de los poderosos. Por eso la República tiene tantos enemigos, y por eso la plena superación del franquismo aún no ha sido posible. La Segunda República vino a poner fin al atraso económico, a unas relaciones laborales injustas y abusivas, generadoras de profundas desigualdades sociales, al analfabetismo, al centralismo, al caciquismo y a unas instituciones corruptas y anacrónicas. Frente a todo ello, frente a tantas sombras, la República iluminó con sus luces, y vino a representar por primera vez en España la implantación de una verdadera democracia, de una pluralidad política y sindical, de un Parlamento verdaderamente representativo, o del sufragio femenino, entre otras muchas conquistas. Implantó la laicidad del Estado, el reconocimiento de la autonomía de las diversas nacionalidades históricas, la reforma agraria ante un campesinado empobrecido, la admisión de los matrimonios civiles, el divorcio, etc. Con todo aquél arsenal de medidas y reformas, las clases más poderosas juraron acabar con aquélla osadía popular, con aquélla aventura republicana, con aquél modelo de justicia social. Hasta tal punto es así que la Ley 24/2006, de 7 de julio, que declaraba el año 2006 como "Año de la memoria histórica", dijese en su preámbulo que la Segunda República Española "constituyó el antecedente más inmediato y la más importante experiencia democrática que podemos contemplar al mirar nuestro pasado". El franquismo vino a destruirla, a enterrarla, y a enterrar con ella a todos los que la amaban. Los enemigos de la República de entonces siguen siendo los enemigos de una posible República de hoy. Nuestra conclusión es lógica: sin República no habrá plena superación del franquismo. Continuaremos en siguientes entregas.