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27 septiembre 2017 3 27 /09 /septiembre /2017 23:00
¿Existe un Estado de Excepción en Cataluña?

Hoy por hoy en Catalunya se cumplen todas las condiciones de un Estado de Excepción, y que el Gobierno del PP no lo haya declarado solo muestra su debilidad política. No se atreven, ni ante la comunidad internacional ni ante la sociedad catalana. Evidentemente, eso no quiere decir que no lo vayan a hacer. Si algo demuestra la experiencia vasca es que su falta de cultura democrática les hace ciegos al cálculo político más básico. Y que no reparan en crueldad

Fragmento de Editorial de Gara

Los acontecimientos se están produciendo tan rápidamente en Cataluña estos días, que es posible que tengamos que contar nuevas noticias cuando este artículo se publique. Pero atengámonos, de momento, a lo ocurrido hasta ahora. La claridad de ideas y de conceptos, y la detección de las hábiles manipulaciones del lenguaje llevadas a cabo por la derecha política, social y mediática es fundamental para no caer en sus sucias trampas, y no perder el norte. La razón última de todo lo que está ocurriendo se soporta sobre la escasez de cultura democrática de nuestro país, hecho lógico y explicado por los cimientos de una sociedad postfranquista proveniente de la época de la Transición y del régimen de la Constitución de 1978. De ahí surgen una clase política y unos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que únicamente entienden de represión, de la ley entendida como preservación del orden público, y de unas Fuerzas Armadas entregadas a la élite gobernante, representante a su vez de los grandes poderes económicos. Cualquier observador entenderá que hablar de democracia real con estos mimbres se antoja, cuando menos, extraño. Unos gobernantes que no están acostumbrados a atender a la democracia participativa, ni entienden el concepto  de soberanía popular, sino únicamente el de soberanía nacional, que aunque la aplican al pueblo español, llevan muchos años cediéndola a las condiciones impuestas por la Troika europea. 

 

Todo ello derivado, como decimos, de un régimen asentado en la Carta Magna de 1978, y de la cual hablan en tiempos verbales recientes, como si la hubiéramos refrendado el mes pasado. Una Constitución no puede ser inmovilista, fosilizada, momificada, alabada como si de un texto sagrado se tratara. Una Constitución es hija de su tiempo, y por tanto, obedece a la concepción del mundo que poseen los líderes y los pueblos que las refrendan. Y también, obviamente, son hijas de las circunstancias que rodean a ese tiempo, y por consiguiente, cuando dichas circunstancias cambien (primero hay que propiciar que cambien) también deben adaptarse las leyes, y en última instancia, su Constitución como ley suprema. Para el caso que nos ocupa, mucho se está criticando la ausencia de garantías del referéndum del próximo día 1 de octubre, y que precisamente por esto no puede ser comparado con los referéndums de Escocia o Québec, pero se olvida decir que fueron precisamente los Estados correspondientes (el británico y el canadiense) los que negociaron con dichos pueblos las condiciones y el reconocimiento de dichas consultas vinculantes. Pedir al Gobierno catalán que ofrezca garantías cuando quien debe ofrecerlas es el Estado Español, es un ejercicio de claro cinismo. El Gobierno del PP ha tenido muchas oportunidades para frenar las ansias independentistas (desde el proyecto de Estatut del año 2006), y también, muchas ocasiones para pactar con el Gobierno catalán las condiciones para un referéndum con garantías. Nunca ha querido hacerlo. Y no porque no quepa en la Constitución, ni porque sea ilegal, ni porque quiebre la soberanía nacional, ni porque vaya a romper España, sino simplemente porque ellos no entienden la democracia en su amplia dimensión, la democracia real. Sólo entienden la democracia como el marco de expresión de las leyes vigentes, unas leyes que ellos (el bipartidismo imperante) llevan controlando desde los últimos 40 años. 

 

A raíz de este escenario, absolutamente patético e impropio de un Estado que se autodenomina "Social y democrático de Derecho", estamos asistiendo a una escalada de tensión progresiva que ya ha alcanzado matices preocupantes. Una escalada de tensión que se ha trasladado como era de prever a la propia sociedad civil, a las organizaciones sociales, al pueblo llano, que sin duda provocarán un profundo impacto de huellas impredecibles. El Gobierno del PP está provocando un bochornoso y lamentable espectáculo, más propio de dictaduras que de regímenes democráticos del siglo XXI. Se nos había dicho que cualquier idea podía defenderse por medios pacíficos, pero parece ser que nos engañaban. Porque las únicas ideas que pueden defenderse son las que no pongan en peligro el estatus quo de los gobernantes, de los poderes fácticos y del régimen que los sostiene. Sostener y difundir cualquier otra idea ya roza la ilegalidad, y está expuesta al hostigamiento y al cerco a la libertad ideológica que vivimos desde los últimos años. El Gobierno de Mariano Rajoy está llevando a cabo una serie de medidas de profunda represión desproporcionada, absolutamente centradas bajo el mantra de que el referéndum "no se puede celebrar". Pero están equivocados. El referéndum se puede y se debe celebrar. Lo que no existe es voluntad política para celebrarlo. Y ante ello, los ataques ideológicos van dirigidos enmascarados en la fuerza de la justicia, y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. La Real Academia Española de la Lengua (RAE) define Estado de Excepción como "...el que declara el Gobierno en el supuesto de perturbación grave del orden y que implica la suspensión de ciertas garantías constitucionales". ¿No es esto exactamente lo que está ocurriendo en Cataluña, simplemente porque el pueblo catalán quiere votar? 

 

Si repasamos brevemente la reciente historia de España, nos daremos cuenta de que desde la muerte del dictador, el Estado Español siempre ha optado por la vía de sofocar el deseo de reconocimiento nacional, democracia y libertad: cierre de medios de comunicación, Ley de Partidos, reformas jurídicas represivas, violaciones de derechos humanos denunciadas por organismos internacionales, endurecimiento del Código Penal, supresión de derechos políticos y civiles, recortes en derechos y libertades públicas básicas, etc. Y ahora, el régimen del 78 está mostrando más que nunca su faz autoritaria, su condición de régimen heredero de la dictadura. Y como siempre en estos "grandes asuntos de Estado", PP y PSOE van juntos, se apoyan y se complementan. En este caso, además, con la nueva muleta de Ciudadanos, aún más fanático que el propio PP para ciertos asuntos. Los síntomas son claros: detención de altos cargos electos, persecución de alcaldes catalanes que han ofrecido locales públicos para votar, requisa de urnas y papeletas mediante registros en diversas naves industriales, intervención de las cuentas públicas de la Generalitat, limitaciones a la libertad de expresión y reunión, secuestro de propaganda política, cierre de sitios web, prohibición de actos públicos donde se iba a debatir sobre el derecho a decidir, utilización de la Fiscalía General del Estado (y por ende, de la Fiscalía Superior de Cataluña) con fines políticos y partidistas, asalto de la Guardia Civil a las instituciones catalanas, llegada masiva en Ferrys de ingentes operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad...En fin, todo un corolario de actos, decisiones y medidas al más puro estilo fascista y represor, desplegado en cuanto el Estado ve peligrar sus intereses.

 

Un conjunto de acciones impropias de una democracia, y que son una clara muestra de la incapacidad de un régimen injusto, obsoleto, caduco y anacrónico, que aún mantiene una Monarquía o unos privilegios indecentes a la Iglesia Católica, por citar sólo dos características muy significativas. Un régimen incapaz de entender el pluralismo político, la plurinacionalidad del Estado y la visión de una España diversa y heterogénea, en vez de la visión rancia y uniforme que ellos preconizan. Se reprocha a los dirigentes catalanes que adopten vías radicales y unilaterales, pero no se dan cuenta de que mientras el Gobierno del Estado Español esté ocupado por la horda neofranquista, será absolutamente imposible pactar ningún tipo de referéndum, ni celebrar cualquier consulta popular con garantías vinculantes. Jamás van a permitir eso por las buenas, porque eso supone resquebrajar la consistencia del régimen, abrir una brecha por donde puedan celebrarse otros procesos constituyentes, y abrir paso a una República delante de sus narices, que ponga en cuestión la solidez y garantías de sus privilegios. ¿Cuál es la solución entonces? Empujar, presionar, desobedecer, insistir...Es decir, la vía de la fuerza, contra la vía de la represión. La vía de la desobediencia y la movilización popular frente a la vía de la intolerancia y de la imposición. No cabe otra. Y en este sentido, la historia siempre ha jugado a favor de los pueblos. La voluntad popular siempre acaba imponiéndose a los regímenes que quieren oprimirla. Seguramente no dejarán votar en libertad al pueblo catalán el próximo 1 de octubre, pero la movilización y la protesta popular, lejos de disminuir, continuarán aumentando y demandando mayores cotas de democracia y de participación. El reto y el desafío al régimen del 78 no ha hecho más que empezar. 

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26 septiembre 2017 2 26 /09 /septiembre /2017 23:00
Viñeta: ENEKO

Viñeta: ENEKO

El franquismo está ahí. Es real y auténtico y saca pecho. Tiene que ser considerado como ilegal y perseguido como tal

Bonifacio Sánchez (Portavoz de la ARMH)

En nuestra entrega anterior nos quedamos comentando los diversos aspectos criticados por la ONU (concretamente por su Grupo de Trabajo sobre las  Desapariciones Forzadas) a nuestro país, en lo tocante a la inacción en torno a los crímenes del franquismo. Aún nos quedaban algunos aspectos incluidos en el informe (y en nuestro artículo de referencia) por comentar, tales como por ejemplo la reforma última del Código Penal. El informe del Grupo de Trabajo de la ONU dice textualmente: "La tipificación de la desaparición forzada incluida en la reforma no es plenamente compatible con la Convención para la protección de todas las personas forzadas". Por tanto, la conclusión es que no se contempla en nuestro país de forma homologable dicha situación como una casuística protegida de forma integral por la ley. El informe se refiere sobre todo a la imprescriptibilidad de este delito, no incorporada en la reforma, y convertida en uno de los argumentos en los que se ampara la justicia española para rechazar las innumerables denuncias de los particulares y familias al respecto. Por ejemplo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Soria se negó por este motivo a investigar el caso de Abundio Andaluz, fusilado en 1936. El documento de recomendaciones que emitió el referido Grupo de Trabajo en el año 2013 tras la visita de sus miembros a España urgía a "eliminar los obstáculos jurídicos de orden interno" que impiden investigar y juzgar estos crímenes, o "asumir sus obligaciones internacionales y comprometerse de manera más activa y urgente en la determinación del paradero de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura", poniendo especial énfasis en la "urgencia y celeridad" debido a la "edad avanzada de muchos de los familiares y testigos" referidos en dichas denuncias. 

 

Nuestros gobernantes, pasados algunos años desde entonces, continúan absolutamente pasivos, incluso poniendo obstáculos al avance de determinadas querellas e investigaciones. Por tanto, cuatro años después de aquél informe y de aquéllas recomendaciones, la situación es la misma, agravada aún más por el paso del tiempo. Y ante este reiterado incumplimiento, el informe más reciente del Grupo de Trabajo de la ONU da un plazo de 90 días al Estado Español para que "presente un cronograma actualizado en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo para implementar las recomendaciones aún pendientes y las fechas previstas para cada una de ellas". Se trata, como vemos, de una situación vergonzante, pues vivimos en un país reiteradamente cuestionado en lo que se refiere a las garantías de los derechos humanos fundamentales. Hoy día, en 2017, en pleno siglo XXI, a más de 40 años de la muerte del dictador, y bajo una supuesta "democracia", las fosas de la memoria siguen existiendo. Pero ya que también hubo crímenes cometidos (en lógica defensa propia y de la República) por los republicanos, cabría preguntarse también: ¿Y qué ocurrió con los familiares de las víctimas del mal llamado "bando nacional"? Pues vamos a basarnos a continuación en este artículo de Alejandro Torrús para el medio Publico, que tomaremos como referencia. Pues lo que ocurrió básicamente es que, mientras los caídos republicanos y sus familiares siguen esperando justicia, el franquismo exhumó a sus caídos en la Guerra Civil y reparó a sus familiares incluso antes de finalizar la contienda. Incluso hoy día, nuestra asqueante sociedad tolera homenajes en recuerdo a los "caídos por España" (en su particular apropiación de la patria), mientras prohíbe actos en recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo. Y como venimos contando, la ONU, el Consejo de Europa y el Comité contra la Tortura han exigido a España en numerosas ocasiones el fin de la impunidad de la dictadura. 

 

El doble rasero es evidente. El franquismo reparó inmediatamente a sus caídos y familiares. El dictamen contra los vencidos fue desolador. El franquismo exhumó a sus muertos y entregó pensiones y reconocimientos a sus familiares. El dictador tuvo memoria y agradecimiento con los que le habían ayudado a alcanzar el poder. La "democracia", en cambio, tuvo que esperar 30 años para aprobar una tímida e insuficiente Ley de Memoria Histórica (2007), y 40 años después de aquélla Transición la mayor parte de los muertos (republicanos) siguen en las cunetas. En efecto, el dictador aprobó en abril de 1938, en plena Guerra Civil, un decreto que concedía pensiones extraordinarias a las viudas y huérfanos/as de los militares sublevados muertos en cautiverio. Dos años después, con la Guerra finalizada, aquél decreto se extendió a las viudas, huérfanos/as y padres/madres de los militares que lucharon con los franquistas y fueron detenidos, ejecutados o murieron en la contienda. En 1941 una nueva ley ampliaba estos beneficios a los padres de los sacerdotes "muertos como consecuencia de la Guerra de Liberación". El franquismo también exhumó a los suyos. Concretamente, según la orden aprobada en mayo de 1940, "toda persona que desee exhumar el cadáver de alguno de sus deudos que fueron asesinados por la horda roja, para inhumarlos de nuevo en el cementerio, puede solicitarlo al Gobernador Civil de la provincia correspondiente". Además, en 1939 se reguló el acceso preferente a la función pública por parte de mutilados, excombatientes y excautivos, así como a los familiares de las víctimas de la guerra. Todas estas personas disponían incluso de un carnet que los identificaba en dicha situación, de cara a las autoridades del régimen franquista, y que les concedía ciertos privilegios. 

 

Por tanto, y como estamos viendo, la reparación a una parte de las víctimas durante la dictadura fue considerable. Pero en cambio, la otra parte, la republicana, la que defendió la legalidad vigente que otorgaban las urnas quedó ignorada, excluida y castigada. Su reparación debía esperar a la llegada de un nuevo régimen democrático que, en teoría, apreciaría los esfuerzos de los que defendieron la democracia y la legalidad republicanas. Y en un principio, las perspectivas eran buenas. La ONU, en el año 1946, en la Resolución 39 (I) de la Asamblea General sobre la cuestión española establecía que "en origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini", y que, por lo tanto, "no representa al pueblo español por ser un régimen impuesto por la fuerza". Sin embargo, el contexto internacional cambió. El franquismo se convirtió en un régimen aliado contra el comunismo, y la justicia quedó en un segundo plano. Después llegó la Transición y la infame Ley de Amnistía de 1977, que en la práctica funcionó como una ley de punto final. Y hace una década, se promulgaba una Ley de Memoria Histórica que, entre otras tropelías, descargaba sobre las familias la responsabilidad de la exhumación de sus familiares, y ni siquiera era capaz de declarar nulas las sentencias de los tribunales franquistas que seguían señalando como delincuentes a personajes tan ilustres como Miguel Hernández. Y en esas estamos, con los muertos republicanos aún en las cunetas, y sus familiares, como en 1939, esperando verdad, justicia y reparación. Casi 115.000 desaparecidos/as continúan esparcidos en alrededor de 2.500 fosas comunes aún por exhumar, procesos en los que el Estado Español ni está ni se le espera. Y más de 30.000 niños y niñas fueron robados y entregados a familias que apoyaban al régimen o al Auxilio Social, sin que se haya realizado ninguna investigación oficial (al contrario, más bien se han obstaculizado), ni aquéllos niños y niñas, hoy adultos, hayan podido recuperar su identidad, aspecto éste que ya fue tratado a fondo en entregas anteriores de esta serie. 

 

Tampoco existe ninguna investigación oficial sobre los alrededor de 400.000 presos políticos que fueron utilizados como trabajadores forzados, ni sobre las empresas que los emplearon (remito también a los/as lectores/as a artículos anteriores de esta serie, donde comentamos más a fondo las terribles situaciones a las que se vieron sometidos). Las miles de personas que sufrieron torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias continúan figurando como delincuentes para la justicia española, así como los que fueron "ajusticiados" por los franquistas durante la Guerra y los primeros años de la represión. La lista de víctimas, pues, es casi infinita. A ellos hay que añadir el ensañamiento con las mujeres, y la discriminación social practicada contra la comunidad LGTBI de aquélla época, que fueron tratados y reprimidos como enfermos, además de las continuas vejaciones, incluso en el propio seno familiar. Pero el Estado Español continúa mirando hacia otro lado para no ver la impunidad de la dictadura franquista. Y aún hoy, hemos de soportar vergonzosas declaraciones de algunos dirigentes de la derecha, todos ellos anidados en el Partido Popular, que aún se ven protegidos por la impunidad de esta sociedad postfranquista. Pero esta política de impunidad practicada por el Estado Español ha estado acompañada de severas críticas por parte de la comunidad internacional. Los reproches, las condenas y las recomendaciones de los Organismos internacionales encargados de velar por el respeto a los Derechos Humanos han sacado los colores a los Gobiernos españoles una y otra vez durante estas últimas décadas. En el año 2006, con el Gobierno del PSOE del ex Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, la Comisión Permanente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó por unanimidad la primera gran condena internacional del régimen franquista. El organismo, en el que están representados 43 países, instó al Ejecutivo español a crear una Comisión de Investigación sobre los delitos del franquismo, y a presentar un informe al Consejo de Europa. También instó a las autoridades a abrir los archivos civiles y militares a los historiadores, a abrir una exposición permanente sobre la represión en el Valle de los Caídos y a erigir monumentos a las víctimas del franquismo. Nada de eso se ha llevado a cabo. Continuaremos en siguientes entregas.

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25 septiembre 2017 1 25 /09 /septiembre /2017 23:00

Vídeo de la Presidenta Internacional de MSF, Joanne Liu

Recientemente, la ONG internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) acaba de denunciar la terrible, degradante e inhumana situación que viven los refugiados y migrantes en Libia, dentro de los centros de detención habilitados al efecto en Trípoli. Hemos incluido un breve vídeo donde la Presidenta Internacional de MSF, la Doctora Joanne Liu, expone su estremecedor testimonio al respecto. Un relato donde se asegura que "Los encierran en habitaciones oscuras, sucias y sin ventilación. Los hacinan unos encima de otros. A las mujeres las violan y después las obligan a llamar a sus familias para que paguen por su liberación. La desesperación es abrumadora", entre otros sobrecogedores pasajes del relato. MSF presta asistencia médica en estos centros desde hace más de un año, y están acostumbrados a ver la desolación de los migrantes, pero ya se ha llegado a una situación absolutamente aberrante y desesperada. En palabras de la Doctora Liu: "Es la encarnación de la crueldad humana en su forma más extrema". Miles de personas retenidas en condiciones atroces, y por supuesto, bajo la complicidad de nuestros Gobiernos europeos. Desde esta humilde tribuna, por tanto, queremos denunciar y alertar del sufrimiento humano que las políticas migratorias europeas están fomentando en Libia, un Estado fallido desde la intervención de ese país por una coalición internacional, para el derrocamiento de Muammar El Gadaffi. 

 

Incluimos también el enlace a una carta pública abierta dirigida a los líderes de los Estados miembros de la Unión Europea, así como a las propias instituciones y organismos de la UE, para concienciar de la gravedad extrema de lo que está sucediendo en dicho país con las personas migrantes y refugiadas, y que se basa en mantenerlos retenidos a cualquier precio, dejando en evidencia su complicidad con el daño que miles de mujeres, hombres y niños padecen. Se ha implantado un violento sistema represivo, abusivo y criminal para el tratamiento de estas personas, mediante el que, además, los Gobiernos europeos están ayudando, con su financiación, a detener la salida de embarcaciones desde Libia. Lo que ocurre en este país no es más que un vil sistema de secuestro, tortura y extorsión, que está podrido hasta la médula. Los migrantes capturados y allí hacinados sufren arresto arbitrario, extorsión, abusos físicos y privación de servicios básicos. La situación es absolutamente desesperada. Hay que actuar urgentemente para desmantelar todo este aberrante sistema, y proporcionar a estas personas el trato debido, y la correcta atención a sus derechos humanos fundamentales. En Libia, migrantes y refugiados son tratados como sucia mercancía para ser salvajemente explotada. Incluimos a continuación el texto íntegro de la carta abierta a los líderes de la UE, que puede consultarse también en este enlace, y que está firmada por el Presidente de Médicos Sin Fronteras en España, David Noguera:

 

Estimado Sr. Presidente del Gobierno:

 

El sufrimiento que los migrantes y refugiados están viviendo en Libia debería agitar las conciencias de los líderes electos y de los ciudadanos de Europa.

 

Cegados por su obtuso objetivo de mantener a estas personas al otro lado de sus fronteras, los Gobiernos europeos están ayudando, con su financiación, a detener la salida de embarcaciones desde Libia. Pero esta política también alimenta un sistema abusivo y criminal.

 

El sistema de detención de migrantes y refugiados en Libia está podrido hasta la médula: no es más que una próspera empresa de secuestro, tortura y extorsión. Y los Gobiernos europeos han optado por dejar a estas personas en manos de tal sistema.

 

Los refugiados y migrantes no pueden ser devueltos a Libia, ni permanecer retenidos en ese país. Médicos Sin Fronteras lleva más de un año asistiendo a estas personas en los centros de detención de Trípoli y ha sido testigo directo del régimen de arresto arbitrario, extorsión, abuso físico y privación de servicios básicos que hombres, mujeres y niños sufren en estas instalaciones.

 

La presidenta internacional de nuestra organización, Joanne Liu, visitó la semana pasada varios centros oficiales de detención y podemos decir que estos son solo la punta del iceberg.

 

Los migrantes y refugiados son tratados como mera mercancía para ser explotada. Los encierran en habitaciones oscuras, sucias y sin ventilación. Los hacinan unos encima de otros. Algunos hombres nos contaron que los obligan a correr en grupo en el patio, desnudos, hasta caer exhaustos. A las mujeres las violan y después las obligan a llamar a sus familias para que paguen por su liberación. Todas las personas con las que mi compañera Joanne pudo hablar pedían entre llantos que las sacaran de allí. La desesperación es abrumadora.

 

El número de personas que parten de las costas libias rumbo a Europa se ha reducido y esto se ha presentado como un éxito en la prevención de la pérdida de vidas en el Mediterráneo y como un duro golpe a las redes de traficantes.

 

Pero, sabiendo lo que ocurre en Libia, hablar de éxito es, en el mejor de los casos, pura hipocresía y, en el peor, una cínica complicidad con los traficantes que tratan a estos seres humanos como mercancía.

 

Las personas atrapadas en esta bien documentada pesadilla necesitan una salida. Necesitan que se les facilite protección, asilo y procedimientos mejorados de repatriación voluntaria desde Libia. Necesitan huir del peligro mediante vías seguras y legales; pero, hasta la fecha, solo unos pocos han podido hacerlo.

 

Esta terrible violencia debe cesar. Es necesario que se respeten sus derechos humanos, incluyendo el derecho a recibir comida, agua y atención médica.

 

A pesar de las declaraciones de los Gobiernos sobre la inmediata necesidad de mejorar las condiciones en que se encuentran estas personas, hoy por hoy esto no está sucediendo.

 

En lugar de afrontar el círculo vicioso que están creando sus decisiones, los políticos se esconden tras infundadas acusaciones contra las ONG y contra las personas que intentan ayudar a quienes sufren esta situación desesperada. Durante sus operaciones de búsqueda y rescate en el mar, MSF ha sido blanco de disparos de una Guardia Costera libia que Europa financia; también hemos sido acusados reiteradamente de complicidad con los traficantes. ¿Pero quién está aquí en connivencia con los criminales, quienes tratan de rescatar a estas personas o quienes permiten que sean almacenadas y vendidas como una mercancía?

 

Libia es solo el ejemplo más reciente y extremo de unas políticas migratorias europeas que se remontan a años atrás y cuyo objetivo primordial es expulsar a migrantes y refugiados allí donde no se les vea. Tanto el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía de 2016, como lo que hemos visto en Grecia, Francia, los Balcanes y más allá, marcan una tendencia al alza de cierres fronterizos y expulsiones.

 

La consecuencia es que a las personas que buscan formas legales y seguras de venir a Europa se les acaban las opciones y esto las empuja más y más hacia las mismas redes de tráfico que los líderes europeos dicen querer desmantelar. Se necesitan vías legales y seguras para cumplir los objetivos de control fronterizo y al mismo tiempo acabar con los incentivos perversos que permiten prosperar a los traficantes.

 

No podemos decir que no sabíamos lo que estaba sucediendo. La depredación que se alimenta de la miseria y del horrible sufrimiento de quienes están atrapados en Libia debe terminar ya.

 

En sus esfuerzos por frenar el flujo de migrantes y refugiados, los líderes europeos están aceptando que la gente sea arrojada a la extorsión, la violación, la tortura y la esclavitud. Nos preguntamos si es este el precio que Europa, y más en concreto el Gobierno que Vd. preside, están dispuestos a asumir.

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24 septiembre 2017 7 24 /09 /septiembre /2017 23:00
Imagen: ex Teniente Luis Gonzalo Segura (expulsado del Ejército por denunciar casos de corrupción)

Imagen: ex Teniente Luis Gonzalo Segura (expulsado del Ejército por denunciar casos de corrupción)

La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen, para el provecho de gentes que si se conocen pero que no se masacran

Paul Valéry

La cita de entradilla de Paul Valéry es ciertamente interesante, pues pone encima de la mesa la propia ontología de las guerras, desde que el hombre pisa el planeta. Para dichas guerras se utilizan los Ejércitos, las Fuerzas Armadas, pero...¿es que son acaso los militares los profesionales de las guerras? Estamos seguros de que ningún militar que se precie gustaría de ser llamado así...entonces, la solución es, como siempre, la senda del Pacifismo. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de reorientar las funciones, capacidades y objetivos de las propias FAS, que podrían ser resumidas, como indica el Colectivo ANEMOI en nuestro artículo de referencia, con esta simple frase: "Las FAS con el pueblo". Porque sólo unas Fuerzas Armadas que se deban absolutamente y estén comprometidas con su pueblo por encima de todo, dejarán de ser unos Ejércitos para la guerra, en el sentido en que Paul Valéry establecía en su magnífica definición.

 

En este sentido, y refiriéndonos ya más concretamente a nuestras Fuerzas Armadas, es preciso abordar una urgente y radical modificación de las mismas, en sus misiones, valores y objetivos, bajo las siguientes premisas:

 

1.- La soberanía corresponde al pueblo, como quiera que ésta se exprese. Su defensa también. Las FAS son del pueblo, se deben al pueblo y obedecen al pueblo. El pueblo es el sujeto soberano por excelencia. Debemos olvidarnos del anacrónico concepto de "soberanía nacional", referente a los países y defendida desde siempre por los monarcas absolutistas, para centrarnos en la soberanía popular. 

 

2.- Las FAS están para defender la soberanía popular, nunca para condicionarla, reprimirla o doblegar su voluntad de cambio real. La criminalización de las legítimas protestas populares y la intervención represiva de las FAS son absolutamente intolerables. La democracia y la soberanía popular están por encima de cualquier otra consideración. 

 

3.- En situaciones como la actual, en las que existe un conflicto abierto entre las Instituciones y las aspiraciones del pueblo, es preciso convocar a un nuevo Proceso Constituyente en el que descanse la legitimidad democrática. Este proceso debe ser absolutamente respetado, defendido y apoyado por la institución militar en su conjunto (así como por el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado).

 

4.-La obediencia de las FAS al Rey debe ser definitivamente quebrada. En este sentido, únicamente es aceptable que la Jefatura suprema de las Fuerzas Armadas recaiga en quien haya sido democráticamente elegido, esto es, un Presidente de la República. La Tercera República es, pues, inaplazable. 

 

5.- La defensa de nuestra soberanía exige la salida de nuestro país de todas las alianzas militares (la OTAN y todo el sistema de alianzas ad hoc que los Estados Unidos y sus aliados están utilizando para la proyección de su política imperialista) y la eliminación inmediata de todas las bases militares e instalaciones extranjeras en nuestro territorio. 

 

6.- La llamada "Guerra Global contra el Terrorismo" constituye una burda manipulación propagandística, sembrada y difundida desde los diversos centros de poder económico-financieros y militares, que justifica la represión contra la disidencia política legítima en todos los órdenes. Sólo una verdadera política pacifista contribuirá a la erradicación en nuestro suelo de cualesquiera atentados terroristas. Remito a mis lectores y lectoras a los artículos del primer gran bloque temático de esta serie de artículos, donde hemos abordado a fondo la problemática del terrorismo internacional.

 

7.- El único principio que puede garantizar la paz y las buenas relaciones internacionales es el de buena vecindad, y la solución diplomática y negociada de los conflictos. Para eso elegimos a nuestros políticos. Las FAS no deben intervenir jamás en ningún conflicto armado extranjero, ni siquiera aquéllos que son calificados como "humanitarios". El humanitarismo es un concepto completamente distinto, que se ejerce desde la solidaridad, la cooperación y la ayuda al desarrollo, y no imponiendo democracias a la fuerza, por medio de la devastación previa de los países "enemigos", con las consiguientes matanzas de civiles inocentes.

 

8.- El recurso a la fuerza (es decir, a la intervención armada) está únicamente justificado en caso de agresión armada abierta o encubierta. Es decir, sólo es justificable el recurso a la defensa propia, ante un flagrante ataque a nuestra soberanía, a nuestros/as ciudadanos/as o a nuestros territorios. Debe adoptarse como principio el consagrado en la Constitución republicana de 1931, y que decía literalmente: "España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional". Pero con ello no basta para que las FAS y el pueblo renuncien de verdad a las guerras. Hace falta una educación en la paz y para la paz, y olvidarse del viejo aforismo que rezaba: "Si quieres la paz, prepárate para la guerra".

 

9.- Ningún tratado internacional podrá dotar de impunidad a militares, agentes o funcionarios extranjeros dentro del territorio del Estado Español, especialmente por los delitos definidos en el Tratado de Roma y perseguidos por el derecho internacional humanitario. 

 

10.- Ningún tratado otorgará impunidad a los militares y funcionarios españoles, como aliados de potencias que se nieguen a acatar las normas del derecho internacional humanitario referidas a los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. El Tribunal Penal Internacional (TPI) tendrá plena jurisdicción en el Estado Español. Continuaremos en siguientes entregas.

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21 septiembre 2017 4 21 /09 /septiembre /2017 23:00
Viñeta: Martirena

Viñeta: Martirena

En España hay 57.218 millonarios, personas que declaran tener una base imponible en el impuesto sobre patrimonio superior a 1,5 millones de euros. Han aumentado un 1% respecto a 2014 y un 28% desde 2011. En concreto, el número de superricos ha crecido un 24% desde el inicio de la recuperación económica. Son las 549 personas que declaran tener un patrimonio superior a 30 millones

Cive Pérez

En el anterior artículo de esta serie ya comentábamos algunos aspectos relacionados con la denominada "cultura de la escasez", implantada por esta aberrante arquitectura de la desigualdad, y que se manifestaba en multitud de aspectos sociales: escasez de suministros básicos, de trabajo, de tiempo, de salud, y también escasez de educación, como vamos a comentar a continuación, siguiendo el magnífico artículo de Armando B. Ginés. La educación, ya lo hemos comentado en otros muchos artículos de nuestro Blog, es pieza fundamental y puntal básico en la proyección de una sociedad. La educación como el medio de inserción social, donde se manifiesta el acceso a la cultura de una comunidad, y su aprendizaje previo en ciertos valores es, como decimos, pieza clave del sistema. Si este modelo educativo, en vez de usarse para los fines lícitos, es usado para el adoctrinamiento seguidista del sistema, no estaremos formando a futuras personas críticas, libres e iguales, sino a meros continuadores acríticos del injusto sistema proyectado. Esto es lo que lleva ocurriendo en muchos países, incluida España, y que también legitima en cierto modo la arquitectura de la desigualdad. Nos venden un mundo maravilloso de alta tecnología, de la comunicación, de investigación y desarrollo, todo ello bajo la moderna e idílica globalización, mientras existen en el mundo más de 750 millones de personas que aún no saben leer ni escribir, y a los que hay que insertar en el mundo digital. De dicha obscena cifra, las dos terceras partes son mujeres, y el resto (unos 115 millones aproximadamente) lo protagonizan niños, niñas y jóvenes adolescentes entre 15 y 24 años de edad. La mitad viven en el Oeste y el Sur de Asia, y en torno al 20% en el África Subsahariana. 

 

El analfabetismo funcional es todavía hoy un gran problema de nuestro mundo, de ahí que muchos Gobiernos postneoliberales de América Latina se plantearan en su momento sacar de la pobreza, de la marginalidad, pero también del analfabetismo, a millones de niños y niñas de sus respectivos países. Y en palabras de Armando B. Ginés: "En el epígrafe educativo es donde es más verdad que en ningún otro rubro el aserto de que la escasez provoca aún más escasez en las personas que la padecen". De ahí que la escuela (desde la escuela primaria a la Universidad) sea tomada por el capitalismo como plataforma de lanzamiento para sus futuros cachorros defensores del mismo sistema que los maltrata y que los margina. Romper con la arquitectura de la desigualdad implica también romper con este modelo educativo, y fomentar la paulatina y progresiva inmersión en un modelo educativo público, universal, inclusivo, gratuito, laico, democrático, solidario y multicultural, que incluso contemple no solamente las enseñanzas regladas, sino que también incluya y valore las tradiciones seculares de muchos pueblos indígenas que aún subsisten en muchas partes del mundo, y a los cuales el arrasador e implacable capitalismo neoliberal sumerge en las profundidades del abismo hasta su completo exterminio. En vez de ello, hoy día padecemos modelos educativos aberrantes, dedicados únicamente a formar mano de obra poco cualificada, es decir, ejércitos de obreros a los que sólo hay que formar en lo imprescindible para su futuro trabajo, es decir, las mínimas habilidades técnicas para que puedan desempeñar sus cometidos concretos, sin plantearse ni un ápice más allá de ello. Se huye de la formación integral, de la formación humanística, de la formación filosófica, pues todo lo que huela a aprender a pensar es censurado implícitamente por el sistema. 

 

El objetivo del sistema está claro en este sentido: crear escasez intelectual, cultural e ideológica, para que los individuos no sean capaces de cuestionarse los grandes puntales de la sociedad en que viven, y que por tanto, no pongan en debate la arquitectura de la desigualdad de la que son víctimas. Al sistema le preocupa únicamente formar a futuros trabajadores/as de la masa, que sean excelentes técnicos en sus respectivas materias, en sus parcelas de trabajo, porque así serán piezas más fácilmente manipulables, dóciles y explotables que aquéllos/as que adquieran otro tipo de destrezas intelectuales más abiertas o creativas. De ahí que las tendencias en el mundo educativo sean privatizar los centros, anular la democracia en la comunidad educativa, mantener la educación religiosa, mercantilizar los resultados educativos, fomentar el mecenazgo de las grandes empresas en los centros y las Universidades, derivar al alumnado hacia los itinerarios formativos lo antes posible, eliminar recursos y personal educativo, e invertir en educación cuanto menos mejor, ya que todo ello conduce a un modelo educativo funcional al beneficio empresarial. Y por fin, todo ello confluye en lo que pudiéramos llamar la escasez de la felicidad, manifestada (como también hemos comentado en entregas anteriores de esta serie) en multitud de aspectos. La felicidad es el grado de inserción vital de las personas y las comunidades, el grado de disfrute que las personas pueden obtener del mundo en el que viven, y evidentemente, dado el panorama que estamos describiendo, parece que no contribuimos a un incremento de la felicidad mundial. Los datos demuestran que la globalización nos ha hecho más infelices, y existen infinidad de trabajos, encuestas, informes y estudios que así lo manifiestan. La tendencia en cuanto a convivencia social va evolucionando hacia los hogares de personas solas, lo cual revoluciona muchos parámetros sociales. 

 

Hoy día, parámetros como la esperanza de vida, la empatía social, la participación en movimientos u organizaciones sociales, la generosidad, la solidaridad, o la libertad para tomar decisiones privadas de cualquier tipo son valores a la baja. En cualquier caso, medir la felicidad es ardua y compleja tarea, pues confluyen en esta medición gran cantidad de factores objetivos, pero también subjetivos. ¿Cómo se mide la escasez de felicidad? ¿Cuánta felicidad significa la plenitud? ¿En qué factores se manifiesta la ausencia de ella? La felicidad más bien parece un concepto etéreo, una pregunta sin respuesta o un problema sin solución, antes que un concepto a debatir con argumentos concretos, valorables y convincentes. Pero lo cierto es que está ahí como aspiración vital y humana, tal como incluso recoge la Constitución de Ecuador del año 2008. La arquitectura de la desigualdad es la responsable de toda esta cultura de la escasez, proyectada por los verdaderos amos del mundo, empeñados en convencernos de ridículas, absurdas y vacías proclamas, mientras continúan ignorando y fomentando la pobreza, la exclusión y la marginación, a la par que la obscena abundancia y opulencia. El legado de las últimas décadas de feroz neoliberalismo es desolador, provocando este tsunami de la escasez, y de la destrucción casi total de derechos sociales, y de la calidad de vida de las poblaciones. Sufrimos no sólo las consecuencias de dicha escasez multifacética, sino también una profunda involución social, civil, cultural y política. El incremento de las desigualdades no admite duda desde ningún punto de vista, ni resiste cualquier intento de minimizarlo. Sus dimensiones y alcances son gigantescos y están dejando una impronta brutal en las mayorías sociales de nuestros países. 

 

Tanto en términos de diferencia de bienestar, como en los grados de disfrute y manifestación de los derechos democráticos, la arquitectura de la desigualdad deja su rastro perverso. Hoy día, quien no quiera ver que estamos ante un sistema que ha creado, diseñado y perpetuado un mecanismo estructural y sistémico de transferencias permanentes de recursos desde las mayorías más desfavorecidas hacia una élite globalizada, es que es un perfecto ingenuo, o un cómplice (consciente o no) de dicho sistema. Todo un mecanismo voraz basado en lógicas extractivas, tanto en términos sociales como políticos e incluso medioambientales, se despliega ante nuestras narices, sin que seamos incluso capaces de llegar a ver sus límites. A la vez, todo un complejo sistema de valores son inculcados desde los púlpitos educativos neoliberales, que se manifiestan desde la más tierna infancia hasta los foros universitarios más prestigiosos. Ambas grandes piezas (políticas que favorecen la desigualdad, y conjunto de valores e imaginarios colectivos que las legitiman) actúan al unísono, conformando una tipología social despótica, salvaje, injusta e insolidaria, perfectamente "aceptada" y soportada por gran parte de nuestra sociedad. Hemos alcanzado los moldes para una sociedad que nos domina y nos somete, que nos vuelve más desiguales, pero que a su vez las propias víctimas legitiman, excusan y sostienen. De esta forma, el capitalismo neoliberal ha llegado a tal grado de perfección formal y a un grado de implementación globalizada, que es muy difícil enfrentarse a él sin ser víctima de sus feroces ataques, que llegan incluso a destruir cualquier atisbo crítico contra el mismo. Incluso países enteros con Gobiernos legítimos elegidos democráticamente sufren injustos y perversos ataques desde diversos frentes, sólo por quererse enfrentar y desmontar, aunque sea levemente, esta arquitectura de la desigualdad. Y así nos va. Continuaremos en siguientes entregas.

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20 septiembre 2017 3 20 /09 /septiembre /2017 23:00
El legado de Salvador Allende

¡Aquí está el pueblo! ¡Aquí late el corazón de Chile, porque es el corazón del pueblo! ¡Aquí se siente la historia! ¡Aquí estamos afianzando nuestro derecho a construir un porvenir de justicia y libertad, de abrirnos paso hacia el socialismo!

Salvador Allende (fragmento del discurso ante el pueblo de Santiago de Chile, el 22 de junio de 1973)

La estrategia de la extrema derecha chilena, con la complicidad de partidos de centro, se basó en una campaña mediática masiva y el bloqueo económico interno, al establecer alianzas con ciertos sindicatos como el del transporte terrestre que hoy también amenaza a la estabilidad de Chile, y el gran socio de aventuras golpistas: el Departamento de Estado, con Henry Kissinger a la cabeza, en una urdimbre de tácticas efectivas que acabaron con el ensayo del socialismo en libertad

Carolina Vásquez Araya

En otros artículos de nuestro Blog nos hemos ocupado de la egregia figura de Salvador Allende, pero lo vamos a volver a hacer una vez más, trayendo el texto íntegro del editorial del medio chileno Punto Final, en su edición nº 883, de septiembre de 2017, porque nos parece un fabuloso texto cuidado en sus formas y en el fondo, y que cuenta los pormenores de la lucha del malogrado Presidente chileno, de sus esfuerzos hacia el socialismo, y de cómo fue derrocado por la derecha más vil y violenta. Para los lectores y lectoras interesadas, les dejo también el enlace a un reciente artículo de Carolina Vásquez Araya, donde cuenta su propia experiencia personal sobre el día en que derrocaron al Gobierno legítimo de Salvador Allende mediante un Golpe de Estado, que traería a continuación la salvaje dictadura del General Augusto Pinochet. Por último, también les dejo el enlace al medio El Viejo Topo que recoge el discurso completo que el Presidente Allende dirigió al pueblo en Santiago de Chile, el 22 de junio de 1973, donde aseguraba: "¡Combatiré implacablemente el fascismo!". Recordamos a Salvador Allende como una figura excepcional en la política internacional de todos los tiempos, un hombre bueno que quiso traer a su pueblo el socialismo de forma pacífica, y que fue violentado y asesinado por las hordas fascistas al servicio del imperialismo norteamericano. El texto íntegro del editorial de Punto Final es el siguiente:

 

Derrocado el 11 de septiembre de 1973 mediante un cruento golpe militar que ni su gobierno ni los partidos populares estaban en condiciones de enfrentar, Salvador Allende entró en la historia, sin embargo, con el talante de un líder victorioso. Su legado político y moral entrega enseñanzas valiosas para los revolucionarios de hoy. En primer lugar, su consecuencia política y su coraje personal, que le hicieron empuñar un fusil para resistir en La Moneda junto a un puñado de valientes. En sus propias palabras: pagaba con su vida la lealtad del pueblo. Su inmolación fue un acto consciente de rebeldía para no humillarse ante la traición y felonía de losgenerales y almirantes. En otras circunstancias seguramente habría encabezado la resistencia de un pueblo armado y de unidades militares constitucionalistas. Lo único que no pasó por la mente de Allende en el palacio en llamas fue rendirse y negociar las condiciones de un exilio honorable. Sus últimos mensajes por radio y su decisión final, lo cubrieron de gloria y a la vez sepultaron en el oprobio a los golpistas cuya ruindad moral confirmaron suscrímenes y el enriquecimiento ilícito de los terribles años que siguieron.

 

No solo fue su valor y consecuencia. Salvador Allende dejó también numerosas otras enseñanzas. Por ejemplo su incansable perseverancia para forjar la unidad de los sectores populares entendida como factor esencial de un proceso revolucionario. También durante muchos años Allende planteó la nacionalización del cobre como un tema vinculado al ejercicio efectivo de la soberanía nacional. Esa reivindicación estaba lejos del debate político cotidiano cuando Allende la levantó como bandera de lucha. Durante largo tiempo la suya fue una voz en el desierto.

 

Allende rehusó ocultar sus ideas o mimetizarse en el centro político que permite todo tipo de transacciones. Los revolucionarios de hoy deben estudiar su trayectoria política y las coaliciones político-sociales que encabezó hasta llegar a La Moneda con la Unidad Popular. Su victoria en1970 fue estrecha y tuvo que someterse al veredicto del Congreso Pleno. La Democracia Cristiana lo apoyó a cambio de un Estatuto de Garantías Democráticas que el presidente Allende respetó escrupulosamente. Sin embargo, ese Estatuto se convirtió en un cepo que impidió el libre desarrollo de las capacidades revolucionarias del pueblo. Esas limitaciones motivaron las contradicciones que surgieron entre los partidos de la Unidad Popular. Obligó a utilizar los “resquicios legales” para impulsar diversas iniciativas. A la vez tomó fuerza una corriente independiente y crítica desde la Izquierda que impulsó el poder popular de los pobres del campo y la ciudad bajo la consigna “avanzar sin transar”.

 

Allende había declarado sin ambages que el objetivo de su gobierno era un socialismo adecuado a las características socio-políticas y culturales del país. La “vía chilena hacia el socialismo” fue explicitada en su primer mensaje al Congreso Pleno el 21 de mayo de 1971. La nacionalización de la gran minería del cobre y la Reforma Agraria, la estatización de la banca y la intervención de diversas industrias, confirmaron que se había iniciado un proceso revolucionario inédito que atrajo la atención del mundo y despertó una ola de simpatía en América Latina. En efecto, era el primer intento en la historia de construir el socialismo por una vía pacífica y con absoluto respeto a una Constitución burguesa.

 

No obstante, la conspiración golpista se había iniciado incluso antes que Allende asumiera el mando. La oligarquía pidió la intervención norteamericana y el presidente Richard Nixon ordenó a la CIA y al Pentágono “hacer chillar” la economía y crear las condiciones para el derrocamiento de Allende. La fuga de capitales, el bloqueo del crédito internacional, el mercado negro, la especulación, la escasez y la inflación se dispararon. Los camioneros paralizaron durante dos meses el transporte de alimentos y demás artículos de primera necesidad. Los mineros de El Teniente se declararon en huelga y marcharon a Santiago. Embarques de cobre fueron embargados en Hamburgo y otros puertos. Las mujeres de la burguesía salieron a las calles a tocar cacerolas. Los medios de desinformación internacionales y nacionales -que gozaban de absoluta libertad, incluso para insultar y calumniar al mandatario- desataron la guerra sicológica. Acusaban a Allende de pretender instaurar la “dictadura del proletariado” y convertir a Chile en una segunda Cuba. Comenzaron los sabotajes a la electricidad y las comunicaciones por bandas terroristas de extrema derecha asesoradas por oficiales de las FF.AA.

 

En octubre de 1972, por iniciativa democratacristiana, el Congreso aprobó la Ley de Control de Armas. Su propósito era eliminar toda capacidad del pueblo para enfrentar el golpe de Estado que estaba en marcha. Allende y sus ministros socialistas José Tohá (Defensa) yJaime Suárez (Interior), se vieron obligados a promulgar una ley que facultaba a las FF.AA. para efectuar allanamientos y detener militantes de Izquierda acusados de poseer o fabricar armas caseras y explosivos. La oposición -derecha y Democracia Cristiana- controlaba el Congreso Nacional. En julio de 1972 formaron la Code (Confederación de la Democracia) con la intención confesa de derrocar al presidente mediante un golpe parlamentario. Para eso necesitaban alcanzar los dos tercios de la Cámara de Diputados en las elecciones de marzo de 1973. No lo lograron, porque la Unidad Popular sacó fuerzas de flaquezas y consiguió el 43,4% de los votos. El fracaso del golpe por vía parlamentaria despejó el camino al golpe militar.

 

(Hasta aquí a los lectores debe parecerles que estamos relatando lo que sucede en Venezuela. En efecto, ese plan desestabilizador es casi idéntico al que Washington implementó en Chile. La diferencia más notable consiste en que en Venezuelaexiste la alianza pueblo-fuerzas armadas, legado político del presidente Hugo Chávez que el imperio no ha conseguido romper).

 

Repasar nuestra historia, y en particular la experiencia de la Unidad Popular, es indispensable en cualquier futuro proyecto de cambios democráticos con justicia social. Allende supo fijar un norte alproceso de acumulación de fuerzas sociales y políticas. La nacionalización del cobre fue el eje movilizador del programa ante el cual hasta la derecha tuvo que ceder en el Congreso. La contrarrevolución deshizo ésa y otras conquistas que es necesario retomar para asegurar un proceso revolucionario. La nacionalización del cobre (y del litio) fortalecería la soberanía nacional y entregaría enormes recursos al Estado. Hay numerosas otras reivindicacionescapaces de convocar fuerzas sociales. Por ejemplo el fin de las AFP y el derecho a salud y educación de calidad; el reconocimiento de la autonomía del pueblo mapuche; el freno al daño al medioambiente de las empresas forestales, eléctricas, mineras y frutícolas; limitar las ganancias desorbitadas de bancos e Isapres; estatizar el transporte público…

 

Ninguno de esos objetivos es posible sin acometer un proceso ideológico que permita liberar las conciencias sometidas a la dictadura cultural e ideológica del neoliberalismo. La batalla de las ideas está en primer lugar porque es allí donde la Izquierda sufrió su peor derrota. El camino para superar este sistema inhumano y depredador pasa por una Asamblea Constituyente que proponga al pueblo la Constitución Política que permita -por fin- contar con la institucionalidad de una república democrática y participativa. La convocatoria a la Constituyente abriría el espacio para conquistar a las fuerzas armadas y contar con su participación en un programa democratizador y patriótico.

 

Avanzando en esta dirección, con la Asamblea Constituyente como llave maestra del cambio, se recogería lo fundamental de la lección que nos dejó el presidente heroico.

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19 septiembre 2017 2 19 /09 /septiembre /2017 23:00
Imagen: The Huffington Post

Imagen: The Huffington Post

La Transición fue la gran ocasión de los traidores, la sublimación de los desertores, el cénit de los cínicos, el momento estelar de los caraduras, que se olvidaron de sus fidelidades, de sus juramentos, de sus compromisos, de su pasado, al servicio y a la sombra del dictador, para mirar a otro lado, inaugurar otras traiciones y prolongar sus privilegios

Luciano G. Egido

La Transición fue, en efecto, todo eso y mucho más. Una suerte de pactismo conciliador donde no se rompía con el régimen anterior, sólo se nos instaba a olvidarnos de él, a recomenzar una nueva "etapa democrática", como si durante los últimos cuarenta años nada hubiera pasado. Jaime Richart, en su artículo "Entre el absolutismo, la tiranía y la trampa", comenta la Transición en los siguientes términos: "Desde que se liquida formalmente la dictadura, empieza el engranaje tramposo. Primera fase: un ministro del dictador, atendiendo a la voluntad post mortem de éste, pone en marcha un proceso de democratización trucado. Siete personas elegidas secretamente por él urden la constitución y entronizan la monarquía, de acuerdo a las previsiones del propio dictador y de la ley de sucesión (1947) que él había promulgado 31 años antes. Contaba para ello con una circunstancia psicológica fundamental: el pueblo aprobaría cualquier documento político con tal de sacudirse de encima el temor a un ejército, que conservaba intacto, más bien potenciado, el espíritu dictatorial. Segunda fase: otro montaje, el golpe de estado. Si la monarquía había sido introducida por la puerta trasera de la política, había que robustecerla a cualquier precio. Y la mejor manera era convertir en héroe al propio monarca haciéndole aparecer ante el pueblo como el salvador de los golpistas, que no podían ser si no cómplices, unos voluntarios y otros ignorantes, de la propia trama. Tercera fase, tercera maquinación: asentada en el imaginario del pueblo la figura del rey que el dictador había preparado al efecto durante prácticamente toda su satrapía, comienzan las clases superiores --aristocracia y clase alta-- a ir readueñándose del poder político, del poder económico, del poder judicial y del poder religioso que hasta entonces habían detentado y por tanto nunca habían perdido, dotándole de legitimidad democrática. La clave estaba en ir dando entrada por vía política a figuras procedentes del pueblo llano, a través de los dos partidos políticos que representaban a una progresía amaestrada. Y hasta hoy". 

 

Magistral definición la que Jaime Richart nos relata en su artículo, ya que además de situarnos sobre la pista de los diversos hitos de la Transición y de la posterior etapa democrática, nos sirve como perfecta explicación de las bases sociológicas de la inmensa mayoría social actual. Cada vez comprendemos mejor, por tanto, que lejos del carácter impecable que intentan vendernos desde las clases dominantes, se impuso un modelo de transición, promoviendo un punto de equilibrio interesado entre la estabilidad del antiguo régimen y sus prácticas fascistas, y el proceso de cambio y apertura hacia un sistema democrático de bajo nivel, de baja intensidad, donde pervivieran aún las fuerzas vivas y los poderes fácticos procedentes de la dictadura. Mirándolo desde este punto de vista, es lógico deducir que la fórmula en que fue planteada la Transición impidió un verdadero desmontaje de la dictadura. Y por ello, aún vivimos sumergidos en un postfranquismo económico y social muy potente. Aún seguimos dominados y controlados por los familiares y descendientes de políticos franquistas, y aunque las nuevas generaciones sean ideológicamente más aperturistas, acaban copando todos los lugares estratégicos de decisión política, económica, administrativa, judicial y de los medios de comunicación y grandes empresas. El control de las clases dominantes y de sus estamentos de poder es aún muy fuerte. Con lo cual, una posible revisión profunda de nuestro pasado, al modo en que lo han hecho otros países, sigue siendo aún un tema tabú en nuestra sociedad. Pero no se trata sólo de esto. Seguimos, en pleno siglo XXI, incumpliendo con total descaro leyes, convenios, recomendaciones, tratados y normas internacionales (sobre derechos humanos, sobre torturas, sobre memoria histórica, etc.), y aquí no pasa nada.

 

Nos han sancionado un montón de tribunales y organismos internacionales, pero nuestros gobernantes ignoran todas sus sentencias. Y esta es la explicación de que (al igual que por ejemplo para los desahucios) las autoridades y las administraciones se tomen pocas molestias en garantizar los derechos humanos, criminalizar a los culpables, e impartir justicia y reparación para las víctimas. Y a estas alturas, desgraciadamente, vivimos en una sociedad que aún no ha llegado a comprender que no podemos tener democracia si tenemos a gente enterrada en fosas comunes, en las cunetas, si tenemos a miles de ciudadanos/as que aún siguen buscando su identidad, si la gente es torturada impunemente en dependencias policiales, o si la gente es detenida, procesada o encarcelada por defender los derechos humanos (reunión, opinión, asociación, manifestación...), la paz o la justicia, o si no se les garantiza a las personas la completa satisfacción de sus necesidades básicas. No podemos hablar y afirmar a la ligera que disfrutamos de un sistema democrático si aún poseemos todas estas carencias sociales, todas ellas derivadas de no haber superado el franquismo, aquél fantasma terrorífico que recorrió España durante más de cuarenta años. Expondremos sólo la última muestra de crítica que hemos recibido desde la ONU, por mantener un patrón de impunidad sobre las desapariciones del franquismo. Lo relataba recientemente Sofía Pérez Mendoza para el medio eldiario.es, artículo al que remitimos a nuestros/as lectores/as, y del que tomamos la siguiente información. Por enésima vez, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de la ONU considera que nuestro país ha hecho pocos avances en la implementación de las recomendaciones que sobre el particular le había hecho el citado grupo. 

 

De esta forma, la ONU vuelve a tirar de las orejas al Gobierno español por seguir ignorando las recomendaciones que se le hicieron cuando dicho Grupo de Trabajo visitó España en el año 2013. En un reciente informe del 7 de septiembre, los expertos se muestran preocupados al "constatar que la mayoría de las recomendaciones para que los familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura puedan tener acceso a la verdad, a la justicia y a reparaciones no han sido plenamente implementadas", lo que mantiene a los descendientes de las víctimas "librados a su propia suerte". Y continúa el citado informe: "Se observa con preocupación la permanencia de un patrón de impunidad (...) contrario a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España". Se critica por este Grupo la falta de acción de los tribunales españoles en este sentido. Asegura la ONU en el documento de seguimiento remitido al Gobierno que no sólo el Estado está faltando en su obligación de investigar las desapariciones forzadas, sino que, además, se dan "constantes obstrucciones al procedimiento judicial excepcional llevado a cabo por la justicia argentina". Se refiere a la querella contra el franquismo conducida por la jueza argentina María Servini de Cubría, que dictó en 2014 una orden internacional de detención preventiva y extradición contra el ex Ministro franquista Rodolfo Martín Villa (y otros 19 imputados por crímenes durante la dictadura y la Transición) que hoy, tres años después, no se ha hecho efectiva. A este bloqueo judicial, argumenta el citado informe, ha contribuido el Estado Español con decisiones como la que tomó la Audiencia Nacional cuando denegó un exhorto diplomático librado el 23 de junio de 2016 para interrogar a varios encausados (entre ellos Martín Villa) sobre un "pliego de preguntas". De hecho, el ex Ministro franquista ha logrado finalmente su propósito de viajar a Buenos Aires para declarar sin riesgo de ser detenido. 

 

Este Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU, que lleva comunicándose con España desde el año 2002, enfoca las críticas más duras al Gobierno del PP por "no actuar con la debida urgencia y celeridad, ni asumir un rol de liderazgo para asegurar una política de Estado en este tema, como se había recomendado en el informe de visita". Se refiere en concreto, y no es la primera vez, a la financiación de exhumaciones y procesos de identificación de los restos, para que "éstos no dependan exclusivamente de algunas Comunidades Autónomas, así como de particulares o asociaciones privadas". Y el caso es que desde que Rajoy llegó al Gobierno en 2011, los Presupuestos Generales del Estado no han destinado ni un sólo euro (cosa de la que además Rajoy se jacta incluso en público) a cuestiones relacionadas con la Memoria Histórica, pese a que existen una serie de obligaciones recogidas en la ley de 2007, cuya existencia recuerda además el propio informe de la ONU. Entre las medidas puestas en marcha por el Gobierno del ex Presidente Zapatero  y que ahora se encuentran sin suerte de continuación está el mapa de las fosas comunes, que lleva desde el año 2011 sin actualizarse. Este registro contabilizaba entonces unas 2.000 fosas sin abrir, aunque estos datos les parecen muy optimistas a las asociaciones de víctimas y memorialistas. La lista que recibió el ex juez Baltasar Garzón para estudiar si era competente o no para investigar los crímenes del franquismo alcanzaba los 130.000 desaparecidos. El informe también hace mención al Valle de los Caídos, y lamenta que el Estado haya hecho caso omiso a las "recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión de Expertos para el Valle de los Caídos de 29 de noviembre de 2011". El Congreso de los Diputados instó en el pasado mes de mayo a exhumar de allí los restos del dictador, con la oposición (por motivos muy distintos) del PP y de ERC. Continuaremos en siguientes entregas.

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18 septiembre 2017 1 18 /09 /septiembre /2017 23:00
Fuente Viñeta: Diario de Sevilla

Fuente Viñeta: Diario de Sevilla

Así donde Napoleón veía territorios y propiedades, Macron ve ahora empresas y negocios

Francisco Muñoz Gutiérrez

En efecto, esos son los "dominios" del nuevo Emperador francés. El actual inquilino del Palacio del Elíseo, Emmanuelle Macron, con sus hechuras frescas y su juvenil y dinámica apariencia, esconde aviesas maneras de gobernar que no defraudan en nada lo que de él se esperaba desde los más fervientes foros neoliberales. Hoy día se le puede asociar con la efigie de la Europa en crisis, un joven sin proyecto ni ideología que gobierna únicamente para los mercados, que dirigen su política a sangre y fuego: destrozo de derechos laborales, sociales y sindicales, aniquilación progresiva del Estado Social, instauración de un Estado policial y represor bajo la excusa de la seguridad pública y de la "lucha contra el terrorismo", y por supuesto, una "amistad inquebrantable" declarada hacia los Estados Unidos, precisamente cuando es dirigida por el insensible, ignorante y peligroso magnate Donald Trump, un perverso personaje altamente imprevisible, representante de la más peligrosa élite mundial. Con personajes como Macron, el declive democrático de nuestro Viejo Continente se vuelve cada vez más palpable. Los tres sagrados principios de "Libertad, Igualdad y Fraternidad" de la Revolución Francesa parecen viejas bromas al lado de la situación política actual del vecino galo. Ya durante la campaña electoral se presentó por parte de los medios de comunicación dominantes al proyecto de Macron como radicalmente distinto al de la candidata del FN, Marine Le Pen, cuando esto no era cierto. Pero los medios de comunicación convencionales, esos grandes ejércitos de periodistas al servicio del gran capital, poseen mucho poder, y lograron su objetivo: consagrar a Macron como el nuevo Emperador francés. 

 

Un nuevo Emperador que ha despojado al republicanismo francés de sus auténticos valores, que tanto molestaban a las élites francesas y europeas en general. Molestaban el tamaño y la dimensión  del Estado, sus intervenciones públicas, los derechos sociales de la ciudadanía, los mecanismos de regulación del mercado, y las conquistas históricas del movimiento obrero. Había que aniquilar todo eso, y había que hacerlo desde una cara joven y amable, y ese ha sido Macron. El republicanismo tenía que ser desmontado, y prácticamente lo ha sido. Y así, Macron, el nuevo Emperador francés, viene a poner fin al clásico régimen republicano de su país, es decir, viene a demoler lo poco que ya se sostenía en pie en cuanto al sistema de derechos y libertades que respondían a la famosa Trilogía de la Revolución. Macron viene a instalar (como ya hicieran Papademos en Grecia o Monti en Italia durante los primeros años de la crisis) un sistema tecnocrático, únicamente pensado para gestionar la expansión total y completa del neoliberalismo. Una tecnocracia para extender todas las facetas del funcionamiento del país al ámbito neoliberal, a la óptica capitalista más descarnada. Bajo sus gobiernos, los ejes izquierda-derecha se difuminan, se minimizan, sus fundamentos se pierden, se amalgaman entre un rosario de propuestas que dicen no adscribirse a ninguno de los dos campos, y así, el mensaje que se ofrece a la ciudadanía es que las ideologías ya no sirven para nada, y que no tenemos otras alternativas. Macron justifica sus decisiones desde esta óptica pragmática, que en el fondo obedece a los más crueles dogmas y mandatos neoliberales. Un Presidente que ha sido empujado, llevado en volandas por las élites francesas y europeas como la mejor opción para convertir la República francesa en una nueva República del capital con todas sus consecuencias. Este es el objetivo supremo del nuevo Emperador francés. 

 

¿En qué se manifiesta la evolución del Gobierno Macron? Básicamente se pretende un mayor predominio de la gran empresa, del mundo de los negocios en general, así como una devastación absoluta de las conquistas sociales y laborales que el movimiento obrero había arrancado durante siglos de lucha sindical, y que habían equilibrado un poco la balanza entre el capital y los más desfavorecidos. Se pretende aniquilar todos los aspectos que cohesionan a la sociedad, todas las facetas dirigidas a conseguir una reducción de las desigualdades y de los altos niveles de exclusión social. Ahora ya todo eso no interesa. Estos niveles se volverán a disparar, porque no estarán en los objetivos de la sociedad que Macron está proyectando en Francia. Lo ha explicado muy bien Francisco Muñoz Gutiérrez en este artículo, donde nos basamos para el presente análisis. Por una parte, Macron acaba de consolidar un nuevo Código Laboral, que ya ha presentado múltiples resistencias por parte de los sindicatos, adaptado a los tiempos de la expansión de la financiarización de los mercados y de la economía. Abundando en lo que ya existe, su reforma para impulsar la economía de Francia se centra en la flexibilidad del mercado especulativo, abandonando las "rigideces" a las que típicamente aluden los fanáticos neoliberales, es decir, las reglas del mercado de la seguridad laboral, y poniendo el foco en los derechos de propiedad y los tipos de contratos. Una nueva vuelta de tuerca que pretende, en la misma línea de siempre, liberar de "cargas inútiles" a las empresas, y dotarlas de mayor "flexibilidad" para mejorar el alcance de sus fines. La empresa se convierte, según Muñoz Gutiérrez, en el nuevo "ciudadano francés". La fijación sobre el mundo empresarial es constante para el nuevo Emperador galo, ya que mientras limita al 30% la tasa impositiva a los ingresos del capital, elimina el impuesto a la riqueza sobre activos que no sean inmobiliarios, con el fin de incentivar el emprendimiento y la innovación. 

 

La reforma de su Código del Trabajo es ciertamente brutal, pues pretende por ejemplo que los obreros ferroviarios (que actualmente se jubilan a los 52 años) se retiren ¡a los 70 años! Quiere imponer también la anulación de los contratos de trabajo por rama industrial (donde las empresas con muchos trabajadores/as obtenían mejores salarios y condiciones de trabajo, que se expandían a las menores), y pretende que en las empresas de menos de 50 trabajadores/as el contrato se decida aprobando o rechazando en asamblea empresarial la propuesta del patrón, sin intervención sindical. Como si estuvieran esos empleados en igualdad de condiciones con sus patronos. Ante estos flagrantes ataques, los sindicatos han hecho llamamientos masivos a la huelga general, pero se encuentran con las campañas de desprestigio y deslegitimación lanzadas por el Ejecutivo. Además, su reforma también reduce a la mitad las indemnizaciones por despido injustificado, y facilita los despidos. Aumentar la edad de las jubilaciones, aumentar la intensidad del trabajo, reducir sus costes para las empresas (tanto en salarios directos como diferidos), reducir las prestaciones de todo tipo, y así podríamos continuar...En una palabra, instalar y generalizar la precariedad laboral en todos los ámbitos, sobre todo para los jóvenes, y destruir todas las conquistas sociales llevadas a cabo durante las últimas décadas. El pasado día 12 tuvo lugar una jornada de movilizaciones por todo el país, en protesta ante las gravísimas medidas que se preparan por parte del Gobierno de Macron para el próximo día 22. No todas las centrales sindicales la convocaron, pues como decimos, el nuevo Emperador juega muy bien sus cartas de cara a la concertación sindical. Las formas tampoco acompañan, pues la nueva ley que regulará el Código Laboral francés se adoptará a través de un procedimiento de urgencia, profundamente antidemocrático. 

 

Esta reforma, que ha sido bautizada como "Reforma Laboral XXL" por su dureza y tamaño, se inscribe en una mayor hostilidad hacia la clase trabajadora que la que demostró el anterior Presidente François Hollande. El objetivo final es flexibilizar lo más posible el mercado laboral francés, y ello, como hemos indicado, se lleva a cabo por varias vías. A partir de la aprobación de la ley será más complicado acudir a los tribunales para determinar el carácter arbitrario o no de un despido. Y por su parte, las empresas multinacionales podrán justificar sus despidos por dificultades económicas únicamente atendiendo a su actividad dentro de Francia, sin atender al resto de los mercados internacionales. Es decir, que dará igual que en los mercados internacionales hayan obtenido beneficios, si su contabilidad en Francia arroja saldos negativos los/as empleados/as podrán ser despedidos. Ante todo ello, la popularidad del nuevo Emperador francés disminuye por instantes, pues cada vez son más las personas que se oponen a su proyecto ultraliberalizador. Como señala Philipe Alcoy al medio Izquierda Diario en esta entrevista, desde el pasado mes de Agosto Macron perdió hasta 8 puntos de popularidad, y sigue cayendo en picado. Y la reforma del Código Laboral sólo es una pieza pensada dentro de un escenario mucho mayor, todo un esquema que prevé reconfigurar el modelo de Estado Social francés creado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Desde ese punto de vista, lo que Macron planea en Francia es un verdadero "Golpe de Estado Social" (en expresión de Philipe Alcoy).

 

En fin, como decimos, un ataque en toda regla al mundo laboral, ejecutado por el nuevo Emperador francés, que previendo las resistencias que iba a suscitar su proyecto, ya compró los favores de algunos elementos situados en el ala derecha del "socialismo" galo, así como de algunos otros grupos sindicales que optan por la "concertación" para romper y aislar la influencia de los sindicatos franceses. Con respecto al gasto público, Macron sostiene un política ambigua, poco clara y definida, aunque sus decisiones parecen más bien focalizadas en las reformas de la década de los años 90 llevadas a cabo en Canadá y Suecia, es decir, una especie de combinación entre políticas de corte keynesiano y reducciones de la multiplicidad de estratos administrativos de la burocracia francesa. Pero en la práctica, se observan recortes en los servicios públicos básicos (sanidad, educación, etc.) y endurecimiento de los requisitos para su acceso universal. Macron es el típico gobernante sólo preocupado por la tasa de ganancia de los grandes capitales, a los que favorece con la explotación masiva de sus trabajadores/as. Un proyecto ambicioso desde el punto de vista de los objetivos del capitalismo. Y también extremadamente peligroso. Y lo más peligroso de todo: gracias a un sistema electoral injusto, y a la hegemonía de unos medios infames, Macron es hoy como Napoleón lo fuera en su momento, el gran Emperador francés, trasplantado al siglo XXI. Y mientras, la izquierda social, sindical y parlamentaria francesa se rasga las vestiduras, pero sin una organización clara, y sin un plan de batalla concreto, potente y unitario. Así nos va. 

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17 septiembre 2017 7 17 /09 /septiembre /2017 23:00
Por la senda del Pacifismo (68)

El terrorismo es la faz oscura de la globalización

Richard Labévière (Escritor y periodista franco-suizo)

En la entrega anterior nos quedamos (siguiendo como fuente este estupendo artículo del Colectivo de Militares Demócratas ANEMOI) haciendo una enumeración de los principales rasgos que caracterizan a nuestras Fuerzas Armadas, que vamos a continuar a partir de aquí:

 

11.- Perdura el sentido patrimonialista de las castas familiares procedentes del franquismo, que consideran a las FAS como de su entera y exclusiva responsabilidad. 

 

12.- El sentido de casta ha dificultado enormemente el progreso en la carrera militar de sus miembros procedentes de tropa, blindando a la jerarquía de influencias externas a sus propios valores. Esta casta militar se ha sentido entonces segura de actuar con plena libertad e impunidad sobre sus actos. 

 

13.- También ha determinado en gran medida la promoción y el ascenso de los oficiales y la distribución de poder interno dentro de sus Cuerpos y Armas. 

 

14.- Alimenta un sentimiento nacionalista extremo (nacional-españolista, podríamos añadir nosotros) y excluyente de las diferencias que, además, favorece la propagación de ideologías de extrema derecha en su seno.

 

15.- La mentalidad machista tiene gran arraigo en el seno de las FAS, aunque se haya aceptado la incorporación de las mujeres como impuesta por los patrones sociológicos de los Ejércitos aliados. Ello no obsta para que la mujer en muchos casos dentro de las FAS sea objeto de trato machista, discriminatorio y vejatorio. 

 

16.- El respeto a la identidad afectivo-sexual de sus componentes ha sido despreciado de manera sistemática, y nominalmente aceptado como imposición de "los políticos". Pero al igual que la mujer, los militares LGTBI son en muchos casos objeto de trato indigno por parte de sus compañeros y superiores. 

 

17.- El sentimiento xenófobo está también muy extendido en el seno de las FAS, aceptando a los extranjeros únicamente como recurso en una época de reclutamiento insuficiente. Para éstos, su promoción profesional está extraordinariamente restringida, a pesar de facilitarles, nominalmente, el acceso a la nacionalidad. 

 

18.- Los límites a la obediencia debida (ya exponíamos en el anterior artículo el debate en torno a la disciplina militar) no han sido asumidos en todas sus consecuencias. Aunque formalmente introducidos en la reglamentación militar, no se han habilitado cauces de denuncia para garantizar su respeto. 

 

19.- No existen sistemas independientes de vigilancia de las actuaciones ilegales, indebidas o abusivas de los militares. Debido a ello, algunos casos han saltado a la palestra pública porque sus valientes protagonistas lo han denunciado, tales como los ex militares Zaida Cantera o Luis Gonzalo Segura. 

 

20.- La jurisdicción militar es todavía independiente de la jurisdicción ordinaria, contradiciendo el principio democrático de jurisdicción única. Además, la modificación prevista del Código de Justicia Militar parece más bien orientada a aumentar los delitos considerados como militares, así como el propio ámbito de la jurisdicción militar. En este sentido, la posible inclusión de un delito de rebelión aplicado a civiles, marcaría un hito en la militarización de la represión. 

 

21.- Persiste una gran opacidad alrededor de los asuntos militares, de manera que evidentes delitos, tales como las torturas practicadas durante la invasión de Irak, son sustraídos del conocimiento del Parlamento y de la opinión pública, y se difiere o no se aplica la justicia debida. Esta opacidad se aplica también a los Planes de Armamento (tanto de adquisición como de exportación de armas), que son normalmente invisibilizados (o minimizados) en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), porque llevan otras vías paralelas de concesión no dadas a conocer a la opinión pública. 

 

22.- La Ley de Secretos Oficiales ha sido utilizada sistemáticamente para hurtar del escrutinio público actuaciones irregulares, bajo el pretexto de la protección de la seguridad nacional. Este es en efecto un cajón de sastre que frecuentemente se utiliza como excusa para invisibilizar determinada información. En aras de la "debida discrecionalidad" y del "secreto de Estado" se perpetran actuaciones que en algunos casos no son del todo regulares. 

 

23.- Las FAS, en su conjunto, presentan algunos rasgos de Ejército mercenario, ya que se movilizan al servicio de los intereses estratégicos de los Estados Unidos y sus aliados y bajo el mando supremo de Washington, reclutan tropa con falsas llamadas al aspecto "humanitario" de las operaciones en el exterior, o se han llegado a incorporar unidades enteras de países con un pobre historial de respeto a los Derechos Humanos. 

 

24.- Los gastos militares en su conjunto están orientados a un equipamiento al servicio de las guerras imperialistas y no a las verdaderas amenazas militares (y mucho menos a las amenazas de otra índole, que son las que más nos interesan, como ya hemos analizado en entregas anteriores). Todo ello favorece a la gran industria militar, fundamentalmente de capital transnacional. 

 

25.- Existe una excesiva relación entre el mundo industrial-armamentístico y los altos mandos militares, que se prolonga a veces tras el pase al retiro o a la reserva de aquéllos. Esto ha facilitado la creación de un complejo militar-industrial autónomo y antidemocrático que define la política de defensa en función de sus intereses, y dificulta la moderación en los gastos militares, además de servir de pasto para todo tipo de corruptelas. A ello pudiéramos añadir también los flagrantes casos de clara "puerta giratoria" entre directivos del sector de la industria del armamento, y los algos cargos del Ministerio de Defensa, cuyo caso más paradigmático fuese el ex Ministro Pedro Morenés, que procedía de empresas de dicho sector armamentístico privado. 

 

Bien, una vez finalizada la exposición de los principales rasgos que caracterizan las estructuras y el funcionamiento de nuestras Fuerzas Armadas, continuaremos en siguientes entregas proponiendo las principales modificaciones que abría que abordar para nuestros Ejércitos. 

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14 septiembre 2017 4 14 /09 /septiembre /2017 23:00
Arquitectura de la Desigualdad (55)

Antivalores como el individualismo, el mal, el hambre, la pobreza, el egoísmo, la violencia, el engaño, la mentira, la intolerancia, la esclavitud, la discriminación, el racismo, el colonialismo, la tortura, el terrorismo de Estado, las guerras coloniales y neocoloniales, la desigualdad, la exclusión social y todas las formas de enajenación, son generados por las estructuras y superestructuras capitalistas

Camilo Valqui

La arquitectura de la desigualdad implantada a sangre y fuego en nuestras sociedades ha socializado también lo que pudiéramos denominar dos culturas antagónicas, como son la cultura de la opulencia y la cultura de la escasez. Y así, hemos legitimado como algo "normal" que mientras existen personas y comunidades pobres en esencia, también existen personas y comunidades eminentemente ricas. Nos lo explica muy bien Armando B. Ginés en su artículo "El laberinto de la escasez", que vamos a tomar como referencia a continuación, y que recomiendo a mis lectores y lectoras. Se trata de un imaginario de valores colectivos que hemos de combatir, ya que una sociedad justa no debería permitirse tanta "amplitud material" en sus componentes. Y así, mientras determinados personajes llevan un tren de vida lujoso e impresionante, otros muchos viven en la más absoluta pobreza (muchos de ellos incluso en la indigencia). Sufrimos escasez de tiempo, de salud, de educación, escasez de felicidad (ya comentábamos en la entrega anterior sus diversas manifestaciones), y por supuesto, escasez económica, que se manifiesta a su vez en múltiples facetas. De entrada, la alimentación y la vivienda deberían considerarse derechos inalienables que todo ser humano debería tener cubiertos, pues sin ellos no se puede vivir. Según la FAO, actualmente se producen alimentos para dar de comer diariamente a 12.000 millones de personas (la población mundial ronda los 7.000 millones). Sin embargo, un total de 800 millones de personas pasan hambre, y la mitad de las muertes de niños y niñas menores de 5 años son provocadas directamente por las malnutriciones que padecen. Esta escasez de alimentos para una gran parte de la población tiene que ver con decisiones políticas. 

 

Y ello es porque los alimentos, las semillas, los nutrientes, se han transformado en una mercancía más, sujeta a oferta y demanda, y los territorios no disponen en su mayoría de la debida soberanía alimentaria, como capacidad para producir y distribuir sus propios alimentos al conjunto de su población. Y en cuanto a la vivienda, la ONU estima entre 100 y 200 millones la cantidad de personas que viven al raso cada noche. En nuestro país, sin ir más lejos, existen 3,4 millones de pisos vacíos, casi 400.000 nuevos y nunca habitados por nadie. Se estima que existen unas 40.000 personas sin hogar viviendo en la calle o en albergues, todo ello consecuencia de que la vivienda también se ha convertido en un producto sujeto a la especulación urbanística e inmobiliaria. Lo grave es que todo aquéllo que entra en esta perversa órbita deja de pertenecer a la órbita de los derechos humanos, pues comienzan a predominar sobre ellos los objetivos del beneficio, en vez de la satisfacción de las necesidades. Está claro que la primera gran meta para revertir esta arquitectura de la desigualdad sería garantizar para todo el mundo el poder comer a diario, y gozar de un alojamiento digno. Pero desgraciamente, nuestro mundo prefiere desperdiciar comida a mansalva, o quemar los alimentos excedentarios, o mantener cerrrado un piso a cal y canto, antes que ofrecérselos a personas sin recursos. Por su parte, el tiempo es otro gran factor que nos mantiene esclavos a objetivos espurios. Hoy día podemos afirmar que el tiempo es negocio, tanto en su faceta laboral como de ocio y esparcimiento. El tiempo es un recurso impuesto por la propia filosofía capitalista, por la sociedad de consumo y por los hábitos sociales adquiridos. 

 

Romper con la tiranía del tiempo tiene que ver también mucho con la arquitectura de la desigualdad, ya que implicaría erradicar tanta explotación laboral por horas trabajadas injustamente, erradicar hábitos de sacrificio temporal, y sobre todo, volver a incidir en aspectos que tienen que ver con la igualdad de género, tales como la división sexual del trabajo, o la valoración del trabajo de cuidados, desempeñada por mujeres en su inmensa mayoría. Se sabe que el 90% de las tareas domésticas son llevadas a cabo por mujeres, que representan además el 80% a escala mundial del trabajo doméstico asalariado, aunque muchas de esas laborales se llevan a cabo sin relación contractual legalizada, lo que permite aún más si cabe las prácticas de explotación laboral. En los peores casos, cuando subsistir es el único y obsesionante pensamiento diario de cientos de millones de personas a escala planetaria, el tiempo absoluto como tal resulta una quimera o una simple convención social. Por su parte, el tiempo dedicado al ocio también se mercantiliza a marchas forzadas, suponiendo ya en muchas de sus facetas un lujo al alcance de cada vez menos personas. Y es que el ocio forma parte también del negocio capitalista. Armando B. Ginés lo ha explicado en los siguientes términos: "Es obligado explotar hasta los instantes más nimios de cualquier existencia que tenga un solo euro en su cuenta personal. Incluso comprar compulsivamente se ha convertido por mor de la ideología consumista del entretenimiento banal en un espacio programado para el ocio: ir de compras es una terapia excelente contra el aburrimiento y la soledad. Así lo certifican algunas tendencias psicológicas new age". Y aquí también se contempla y se proyecta la arquitectura de la desigualdad, ya que mientras muchas personas compran objetos, bienes y servicios de forma compulsiva, otras muchas no pueden adquirir ni lo más básico. 

 

Todo está pensado y dirigido para que el tiempo de ocio también genere la máxima rentabilidad para los grandes agentes del capitalismo. Ello también tiene que ver con la alienante sociedad en que vivimos (hecho que también interesa al mundo capitalista), ya que con tanto tiempo dedicado al ocio programado o de serie, poco tiempo libre queda para pensar, pasear, dialogar, reflexionar, jugar, mirar, escuchar, imaginar, amar...En una palabra, disfrutar de la vida, de la vida de las pequeñas cosas, de la vida de las cosas cotidianas, que han quedado absorbidas por la vorágine de la sociedad de consumo. Esa vorágine también ataca nuestra salud, que se resiente de nuestros modelos de vida agresivos, de prisas y de ciertos hábitos dañinos. El propio concepto de la salud se ha distorsionado, y ya ha dejado de verse como algo global del cuerpo y de la mente humanas, sino como aspectos parciales y concretos que tenemos que cuidar. Evolucionan las bacterias, los virus, las enfermedades derivadas de dichos modos de vida, pero sobre todo el gran factor que incide bajo la filosofía capitalista en el mundo de la salud es, de nuevo, la contemplación de la misma como un derecho humano. Con ello tiene mucho que ver la perversa industria farmacéutica, empeñada en hacer de las medicinas que nos puedan curar un estratégico negocio por todo el mundo, donde únicamente están accesibles a los países y personas que puedan pagarlas. Los medicamentos son la tercera causa de muerte en el mundo, después de los infartos al corazón y el cáncer. En concreto, por errores de medicación y efectos adversos fallecen al año más de 200.000 personas. Y es que cuando la sanidad como servicio público, gratuito y universal pasa a ser gestionado por empresas privadas, se multiplican estos perversos efectos. 

 

La industria farmacéutica es una de las más poderosas del mundo, y la última tendencia es fusionarse también con las poderosas empresas de alimentación, creando un tándem ciertamente muy peligroso. Y por otra parte, también incide en la obsesión de dicha industria farmacéutica para medicalizarlo todo, inventar enfermedades (debido a las influencias de los lobbies farmacéuticos) que crean a su vez enfermos imaginarios, etc. La proyección en la arquitectura de la desigualdad es manifiesta. Y es que el sector farmacéutico factura cada año más que la industria del armamento o de las telecomunicaciones. Sus tentáculos son poderosos. El sector de las patentes industriales está muy dominado por los laboratorios privados, que más que curar enfermedades, lo que pretenden es engancharnos a una marca comercial determinada (de pastillas, de jarabes, de pomadas, etc.) o patente exclusiva, para ser pacientes de por vida. Las empresas farmacéuticas, tan obstinadas en no ceder sus patentes a los países pobres (cuyos habitantes continúan muriendo de enfermedades que podrían ser fácilmente curadas), presumen de los elevados costes que destinan a la investigación de sus productos, pero la realidad es que de cada 100 euros dedicados a la I+D+i en el terreno de la salud, el 85% procede de las arcas públicas, y el resto de fondos provenientes de los laboratorios. Al igual que con la farmacología sucede también con los productos de belleza: la industria crea patrones o modelos de belleza a seguir a través de sustancias con efectos secundarios o nocivos por su uso indiscriminado, ofreciendo otros que reparan las secuelas de los primeros. Un círculo vicioso muy difícil de sortear, cuando estamos hablando de una industria que genera un volumen de negocio superior a los 265.000 millones de euros. Siguiendo los banales mensajes publicitarios acerca de la belleza ideal y las recomendaciones obsesivas sobre salud en general, el tiempo robado no nos deja tiempo (valga la redundancia), para simplemente vivir sin perjuicios, ni miedos sociales impuestos por la gran ola capitalista y de consumo. Continuaremos en siguientes entregas.

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