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25 junio 2015 4 25 /06 /junio /2015 23:00

La precariedad no es fruto del azar ni de un accidente natural, sino de unas políticas perfectamente planificadas. Con la vida precaria se nos roba el sentido de la existencia; supone la mercantilización del mundo, la inseguridad permanente y el miedo estructural

Manolo Monereo

La cuestión del euro ha sido expulsada cobardemente de la campaña electoral. Sin embargo, hoy es más necesario que nunca recuperar la soberanía económica

Pedro Montes

 

SOBERANÍA Y DEMOCRACIA

 

Nos dirijimos al conjunto de las fuerzas comprometidas con el cambio, y a todos los ciudadanos que sufren descarnadamente la crisis económica. La única salida válida es la recuperación de la soberanía económica. Necesitamos una moneda propia para mejor competir y un Banco Central propio para mejor manejar la política fiscal. Cualquier intento de aplicar las enseñanzas keynesianas requiere olvidarse transitoriamente de los problemas del déficit público, hasta reactivar con la demanda los recursos productivos, generar rentas e impulsar la recaudación impositiva, combatiendo además seriamente el fraude fiscal. Más neoliberalismo representa agravar la catástrofe social del país. Conviene recordar que se sigue negociando el acuerdo conocido como TTIP entre la UE y los Estados Unidos con toda impunidad y secretismo. Un tratado que destruye la capacidad de regulación de los estados en aspectos esenciales de las condiciones de vida de toda la población --laborales, sanitarias, ecológicas, culturales-- y reduce la soberanía de éstos al punto de equipararlos con las multinacionales en cuanto a poder de negociación. La salida del euro evitaría tener que compartir ese acuerdo que traicioneramente se está gestando a espaldas de los pueblos. 

 

A la derecha política y a los poderes económicos no les tiembla el pulso para proseguir con sus objetivos de implantar un mundo sin derechos y una democracia ficticia que nos aboca a la barbarie. La defensa y construcción de la democracia política es inseparable de la soberanía popular sobre la economía. El necesario Proceso Constituyente que garantice los derechos políticos y sociales de la ciudadanía, solo podrá culminar exitosamente con la recuperación de los instrumentos económicos que hacen efectiva dicha soberanía. Siendo tantos los valores en juego y tan diferentes las concepciones de lo que es una sociedad civilizada, todas las fuerzas que consideran inevitable abrir un Proceso Constituyente, y todas las víctimas del desorden actual deben unirse y exigir una confluencia para ofrecer una salida a la desolación existente y a la falta de esperanza en la que nos ha instalado el capitalismo en esta fase destructiva de su historia. 

 

Las reivindicaciones, las propuestas, los objetivos están en la mente de todas las conciencias, y sin descanso, hay que seguir sosteniéndolas y luchando por ellas. Sólo así avanzaremos colectivamente y haremos ver a las direcciones políticas de todos los partidos, sindicatos, movimientos, etc., que la recuperación de la soberanía popular es necesaria e irremediable. Nuestro objetivo final es liberar a los pueblos del yugo impuesto por las oligarquías dominantes en la UE y poder así, fuera de la trampa del euro, construir una alternativa económica, social y política que nos aleje de la barbarie. Para ello, os invitamos a la tarea de organizar en el Estado Español durante 2015 un "Encuentro", en el que deberán participar voces autorizadas de otros países que mantienen idénticos objetivos y para cuya preparación se constituirá un Grupo Promotor. Ante el fracaso y los desastres causados por el actual proyecto neoliberal europeo, los pueblos sojuzgados de la UE deben emprender otras soluciones basadas en la recuperación de la soberanía popular, la solidaridad, la cooperación y la fraternidad. 

 

Hasta aquí el Manifiesto, que puede encontrarse en su totalidad en la página https://salirdeleuro.wordpress.com, desde la cual además puede firmarse, consultar la lista de los actuales firmantes, así como otros artículos de referencia. 

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24 junio 2015 3 24 /06 /junio /2015 23:00

La autodenominada democracia “formal”, que sólo tiene de “real” la imposición de la Monarquía, es tan injusta, por mucho que ella misma se vista de legalidad, como cualquier otro sistema que mantenga la polarización del poder y la desigualdad en la sociedad (llámese monarquía, teocracia, república bananera, democracia orgánica o dictadura). Por ello, en la cruda realidad no ven más remedio que apelar al argumento del “menos malo de los sistemas políticos"

Patricia Sverlo, pseudónimo de Rebeca Quintans

Estamos realizando, en estos últimos artículos, un repaso a cómo deberían enfocarse los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (incluyendo a las Fuerzas Armadas) bajo el contexto de la Tercera República que queremos, y ya habíamos expuesto las líneas fundamentales del debate referente al carácter anacrónico de la defensa frente a unas posibles amenazas que ya han dejado de existir, mientras nos acucian nuevas amenazas de muy distinto signo. Ésta es la seguridad que hay que cultivar, y todo lo demás vendrá como un añadido natural. Hemos también de conceder mayor relieve a las políticas de cooperación, luchando contra el obsoleto paradigma de seguridad centrado únicamente en el punto de vista militar, así como de protección de las fronteras nacionales frente a ataques externos, incluso la defensa ante el fenómeno de la inmigración. Hoy día esos planteamientos no tienen sentido, y además son excluyentes y contradictorios con un pleno desarrollo y cooperación entre los pueblos. 

 

En definitiva, en dicho nuevo concepto de Seguridad Humana (ya enunciado en artículos anteriores), las amenazas que sufrimos, lejos de poder ser defendidas por ningún Ejército, son de los siguientes tipos: Económicas (desempleo, precariedad, reducciones salariales, no poseer recursos para poder vivir dignamente...), Alimentarias (no disponer de alimentos, ausencia de soberanía alimentaria, dependencia de multinacionales y de importaciones...), Sanitarias (propagación de epidemias, deterioro constante de la protección y de los sistemas sanitarios...), Personales (violencia física, represión política, violencia de género, maltrato y trata de mujeres y niñas, explotación infantil, discriminación étnica...), Comunitarias (deterioro del tejido cívico, ausencia de contrapoder ciudadano, falta de responsabilidad ciudadana, imposibilidad de participación, cultivo al individualismo, valores centrados en lo económico, conflictos étnicos o religiosos...), Medioambientales (deterioro de los sistemas locales y mundiales, agotamiento de los recursos naturales, deriva agotadora del extractivismo, desastres provocados por la contaminación, efectos del cambio climático...), o Políticas (respeto a los Derechos Humanos, falta de garantía de protección de los derechos y libertades públicas básicas, auténticas garantías democráticas...). 

 

Como podemos apreciar, estos son los auténticos y graves problemas que sufrimos en nuestras modernas sociedades, agravados además en el contexto internacional por el imperialismo y el capitalismo globalizado, que nos conducen a un mundo cada vez más injusto, y por tanto, inseguro. Y éstas son las auténticas amenazas de las que hay que defenderse y protegerse. Por tanto, desde la izquierda transformadora, entendemos que el nuevo contexto republicano al que debemos migrar debe garantizar a la población la seguridad frente a estas amenazas, y de ahí se deduce la revolución a la que hay que someter a los actuales Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Las Fuerzas Armadas, además, adolecen de más problemas aún, derivados de una falta de actualización en sus normas internas, y de la ausencia de un funcionamiento y una dinámica más democrática y renovadora. Hace ya más de 20 años que poseemos unas Fuerzas Armadas profesionales, y que nuestros jóvenes ya no han de hacer el servicio militar obligatoriamente, como ocurría a los jóvenes de mi generación. En teoría, desde que el Ministerio de Defensa es dirigido por un civil, y desde que nuestros Ejércitos participan en escenarios internacionales, bajo diferentes misiones de carácter humanitario, y bajo el auspicio de las fuerzas internacionales, pareciera que disponemos de unas Fuerzas Armadas democráticas, modernas y renovadas. 

 

No obstante, esto no es cierto. En su interior, las normativas, los procedimientos, los reglamentos, la disciplina y la justicia militar no se han renovado, y aunque no parece que podamos albergar hoy día a personajes golpistas, sí es patente y notorio que se funciona, en el seno de las Fuerzas Armadas, bajo ópticas, premisas y comportamientos aún muy anclados en el pasado. Y lo demuestran recientes casos como el de la (ya ex) Comandante Zaida Cantera, víctima de acoso sexual y laboral por parte de un superior, o el del Teniente Segura, expulsado también del Ejército por sus libros y declaraciones públicas, acusando al entorno militar de numerosos casos de oscurantismo, corrupción, tráfico de influencias y falta de transparencia. Ambos casos, que han sido quizá los más mediáticos, junto a otros muchos no tan conocidos, nos muestran perfectamente hasta qué punto el funcionamiento interno de las Fuerzas Armadas ha de cambiar. Han de ser renovados el concepto de la disciplina y de la justicia militar, y debe promoverse un profundo cambio de actitudes y de pensamientos en la cúpula militar, así como entre los oficiales, los suboficiales y la tropa en general. En el ámbito político, han surgido recientemente nuevos colectivos procedentes de militares en la reserva, que están intentando aportar frescura ideológica, y enfrentarse a los clásicos postulados que tradicionalmente se les asignan a las Fuerzas Armadas. Entre ellos, destaca por su gran actividad el Colectivo Anemoi, formados a principios de 2014, aglutinando quizá el grupo más activo de Militares por la Tercera República. Básicamente, ponen en cuestión la obediencia de las Fuerzas Armadas al Rey, porque piensan que únicamente es aceptable que la Jefatura de las mismas sea ostentada por quien haya sido elegido democráticamente. 

 

Independientemente de todo ello, pensamos que la Tercera República, bajo unas premisas constitucionales que rechacen de todo punto la guerra como instrumento de solución de cualquier conflicto, debe fomentar mucho más en la ciudadanía algunos conceptos que están hoy día poco difundidos, como puedan ser la Objeción Fiscal Militar, o el fomento de una mayor transparencia en los presupuestos de Defensa. No parece razonable (máxime en una época de crisis profunda como la que atravesamos) que los presupuestos militares, de armamento y de Defensa, lejos de verse afectados por los recortes de otras partidas presupuestarias (de carácter social), hayan sido aumentados, y gocen del mayor oscurantismo de cara al conocimiento de los mismos por parte de la opinión pública. Y gran parte de lo que hemos contado también puede aplicarse para el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (fuerzas policiales y afines), a cualquier ámbito estatal, que deben en primer lugar desmilitarizarse (aquéllas que conserven aún un carácter u organización militar), también deben volver al ámbito público (ya que también se está potenciando su privatización), y evolucionar hacia fuerzas y cuerpos más protectores de los derechos fundamentales y de las libertades básicas de la ciudadanía, en vez de constituirse en fuerzas defensoras del Estado. El Estado es la maquinaria del poder, de las élites que nos gobiernan, y que se alejan cada vez más del pueblo, y de las clases trabajadoras, como está sucediendo actualmente. En este sentido, los Cuerpos de Seguridad no pueden convertirse en sus cómplices, sino que se deben siempre a la defensa de la integridad física de las personas, y a la protección de sus derechos, así como a la garantía de libre ejercicio de sus libertades básicas y fundamentales. Continuaremos en siguientes entregas.

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23 junio 2015 2 23 /06 /junio /2015 23:00

La participación es una dinámica mediante la cual los ciudadanos se involucran en forma consciente y voluntaria en todos los procesos que les afectan directa o indirectamente. La participación es el camino para la conformación de la ciudadanía. Al ejercer plenamente su ciudadanía, la gente recupera el verdadero significado de la democracia, tal como la definió Abraham Lincoln: "gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo". En ese sentido, la participación se convierte en una herramienta para derrotar la exclusión política y en una forma de crear un poder "contrahegemónico" capaz de sobrepasar y subvertir las formas tradicionales de las instituciones políticas representativas

Andrés H.

En muchos artículos de este Blog hemos mencionado que una característica fundamental que la nueva hornada de políticos procedentes de la ciudadanía (presentados a las Elecciones desde las Candidaturas de Unidad Popular) deberían cumplir se refería a los modos y formas de gobernar. Y lo resumíamos bajo el lema de "GOBERNAR OBEDECIENDO". Quizá sea la máxima más perfecta para reflejar la necesaria presencia de la democracia popular, directa y participativa, en los entes locales y autonómicos, incluso para los representantes del Congreso y el Senado. La plataforma Barcelona en Comú, presidida por Ada Colau, nueva y flamante alcaldesa de la ciudad condal, redactó en su momento un "Código de Ética Política" que todos sus cargos electos deberían cumplir, y que vamos a comentar y a resumir a continuación. 

 

Bien, la pregunta inicial debería ser: ¿A quiénes hay que obedecer? Y la respuesta parece estar bien clara: a los gobernados, esto es, al pueblo, a la sociedad civil, al tejido ciudadano. Debe tratarse de un continuo proceso de retroalimentación, donde las decisiones de los gobernantes no sólo sean coherentes con el programa electoral en cuestión bajo el que se presentaron a los comicios, sino que, sobre todo para las decisiones importantes para el conjunto de la ciudadanía, ésta sea consultada en todo momento, y sus decisiones populares sean vinculantes para los representantes públicos. Los políticos han de gobernar para el conjunto de la ciudadanía, poniendo las Instituciones a su servicio, rescatándolas para la gente, y desde ese punto de vista, existen ya muchos actores que representan segmentos muy variados del tejido de la sociedad civil, que deberían ser consultados: los sindicatos (sobre todo los auténticos sindicatos de clase, como el SAT, ELA, CO.Bas, CGT...), la PAH, las Mareas Ciudadanas (sanidad, educación, etc.), las asociaciones vecinales, las asociaciones profesionales y sectoriales (mujeres, parados, mayores, enfermos, etc.), las Marchas y Campamentos de la Dignidad, y muy especialmente, los colectivos afectados por ERE masivos de sus respectivas empresas (Coca-Cola, Telefónica, etc.). 

 

Hay que gobernar en continua actitud de representación de los más débiles, de los que tienen menos voz, de los colectivos más maltratados, y en última instancia, hay que gobernar obedeciendo al pueblo en toda su dimensión humana y social, o si se quiere, la propia sociedad civil organizada, potenciando el ejercicio (democrático y exigente) del derecho a constituir una ciudadanía responsable. En este sentido, necesitamos desarrollar mecanismos eficaces de transparencia en la financiación y rendición de cuentas, democráticos y populares, y con espacios reales de participación y decisión de la ciudadanía en los asuntos públicos. Necesitamos también acabar con los privilegios de los que, durante muchos años, ha disfrutado buena parte de la clase política, y que han provocado graves sentimientos de desafección ciudadana con respecto a la noble actividad política. Si tuviéramos que resumir en una la principal misión de nuestros representantes públicos, quizá ésta fuera la defensa de la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad. 

 

Comenzando por las primeras reuniones de toma de contacto con otras fuerzas políticas y sociales, que deben hacerse públicas (incluso filmadas en directo para todas las personas interesadas en seguirlas), la transparencia nos lleva a publicar las diferentes agendas de nuestros representantes, para hacer visible con quiénes se reúnen y los temas que tratan. Se deben hacer públicas sus fechas, los colectivos implicados, los demás actores que intervengan, y el orden del día propuesto. Se deben facilitar todos los ingresos, bienes y rendimientos patrimoniales de todos nuestros cargos públicos, así como los posibles conflictos de intereses en diferentes sectores profesionales de donde provengan nuestros representantes. Hay que hacer públicos también los criterios de contratación de los posibles cargos de libre designación, intentando minimizar el número de éstos. Y por supuesto, todos los cargos políticos han de rendir cuentas de sus actuaciones ante la ciudadanía, mediante instrumentos presenciales y virtuales, en formatos open data, asamblearios, democráticos y abiertos a todo el público, y en los diferentes ámbitos de la Administración Pública afectados por su gestión. 

 

Hay que instalar mecanismos de democracia revocatoria para todos nuestros cargos electos, a cualquier nivel de la Administración, bien por su mala gestión, o bien por el incumplimiento flagrante del programa electoral. Las justificaciones ante dichos incumplimientos (aunque es la ciudadanía la que debe decidirlo) no deben estar permitidas, pues la única salida digna ante dicha situación es la dimisión del cargo público en cuestión. Para que todo ello sea posible, se deben establecer mecanismos de garantía, auditoría y evaluación de la gestión de los cargos públicos, y la ciudadanía tendrá el derecho y el deber de participar activamente en el control y seguimiento de la labor de nuestros representantes políticos. Asímismo, debemos erradicar el fenómeno de las puertas giratorias, auténtico cáncer de nuestra democracia, consistente en el traspaso de personal procedente de empresas privadas a la Admnistración Pública y viceversa, para hacer prevalecer los espúreos y ocultos intereses privados sobre los intereses del conjunto de la ciudadanía. Quizá el mejor modo posible para ello sea ampliar los plazos mínimos obligatorios de inhibición entre el ejercicio de cargos públicos y privados. Se deben definir, asímismo, cauces de participación directa de la ciudadanía que sean vehículos de su representación, y permitan elevar las quejas, protestas, iniciativas, proyectos y necesidades que les afecten.

 

La financiación de las candidaturas políticas (sean éstas partidos, coaliciones, movimientos, o cualquier mezcla o fusión de ellas) también es un asunto importante. El dopaje económico de los partidos ha sido quizá la mayor causa de corrupción política de los últimos tiempos, por lo que, lo más recomendable, es no adquirir deudas con cualesquiera instituciones financieras (salvando quizá las procedentes de la banca ética), sino hacerlo a través de procesos de financiación popular (crowfunding) o mediante entidades procedentes de la economía social y solidaria. De este modo, las candidaturas políticas no serán nunca rehenes de la banca privada, quedando liberadas de la posibilidad de tener que incorporar sus peticiones, objetivos y deseos. Hay que poner topes a las donaciones privadas (para no coartar la independencia política de la candidatura), limitar drásticamente los gastos de campañas electorales, fomentar el micromecenazgo finalista (esto es, destinado a propuestas y acciones concretas), y desligar la actividad política de las candidaturas de posibles fundaciones o entidades jurídicas afines (que imposibiliten financiarse con recursos o mecanismos poco transparentes).

 

También son interesantes las formas, los usos y costumbres de hacer política, de tal modo que se erradiquen ciertas prácticas, cuando menos, indeseables, de la actividad política cotidiana: se debe renunciar a todo tipo de dádivas, reconocimientos, regalos y privilegios que se les puedan ofrecer a los cargos públicos, y que puedan significar cualquier trato de favor. No se deben acumular retribuciones públicas, ni cobrar dietas o remuneraciones extra por asistencia a reuniones. Se deben establecer topes a los sueldos y retribuciones públicas, del orden de un máximo de hasta tres veces el SMI (Salario Mínimo Interprofesional), limitando el mandato de cualquier cargo político a dos legislaturas consecutivas, comprometiéndose a renunciar al cargo ante cualquier imputación por parte de la judicatura por delitos relacionados con la corrupción política, por delitos contra los derechos humanos o contra las personas trabajadoras. Para los lectores interesados en explorar el tema más a fondo, remito a la lectura de la serie de artículos "Objetivo: Democracia", donde hicimos un recorrido por las características que, a nuestro juicio, debemos alcanzar para conseguir tal objetivo. 

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22 junio 2015 1 22 /06 /junio /2015 23:00

Rajoy y su gobierno, sus empresarios y cómplices amigos, quieren a la ciudadanía sierva, a los trabajadores esclavos, a los jóvenes rehenes ignorantes, a los enfermos y jubilados muertos vivientes, y a todos en silencio

Víctor Arrogante

Pues rompamos el silencio. El pueblo se constituye en jurado en la causa contra sus gobernantes. Y el veredicto es: culpables. Son culpables al haber traicionado nuestra confianza, al haber pisoteado nuestra dignidad, al haber degradado nuestra vida. Son culpables de vender la soberanía nacional, sometiéndola a la voluntad de Instituciones supranacionales, como las de la Unión Europea, que sacrifican el bienestar de las poblaciones de sus Estados miembro, en pro de una agresiva política de redistribución de rentas en favor de las grandes empresas, las grandes fortunas y la banca privada. Esta agresiva política neoliberal también se extiende al ámbito intercontinental, y se expresa en el apoyo al Tratado de Libre Comercio e Inversiones (TTIP), para establecer un acuerdo transnacional secreto de comercio entre empresas europeas y estadounidenses, que estará por encima de todas las regulaciones y normativas estatales y parlamentarias, en beneficio de las corporaciones. 

 

Son culpables de hacer capitular al Estado Social, de burlar la Constitución, de la mercantilización de las relaciones sociales, de alimentar un darwinismo social despiadado que selecciona a los más corruptos y poderosos en detrimento de los más débiles: parados, pensionistas, enfermos, jóvenes, trabajadores precarios, mujeres, inmigrantes, y así todos los colectivos más desfavorecidos. Son culpables de arrastrarnos a un paisaje aterrador caracterizado por una pérdida de valores, una precariedad galopante, tremendas desigualdades sociales, obscena corrupción pública, y un dramático aumento de la pobreza. Son culpables de precarizar todos los ámbitos de la vida de la población: el ámbito doméstico (suicidios, violencia de género), el ámbito familiar (reagrupaciones indeseadas, cargas familiares a costa de las paupérrimas pensiones de los mayores), el ámbito laboral (economía sumergida, paro, exclusión, precariedad, pobreza, basura laboral). Son culpables de que existan los trabajadores pobres, por trabajar sin llegar a disfrutar de los suficientes recursos para vivir con dignidad. 

 

Son culpables de criminalizar a los que protestan, a los que se manifiestan ante las múltiples injusticias que se disfrazan de leyes, son culpables de degenerar la educación y la cultura hasta límites inimaginables, con poderosas leyes de adoctrinamiento y represión, que son instrumentos para la transmisión de sus incívicos y detestables valores. Son culpables de mentir con absoluto descaro, de protagonizar episodios de absoluta desvergüenza, de saquear los recursos públicos, de burlar la voluntad de la ciudadanía, de instalar perversos sistemas de favorecimiento para las clases más pudientes, mientras recortan, degradan y precarizan todos los resortes que pueden proporcionar dignidad a la vida de millones de personas. Son culpables de dejar a los más débiles de la sociedad abandonados a su suerte, de gobernar con absoluto desprecio en pro de una cruel e inhumana sociedad. 

 

Son culpables de los recortes de derechos políticos, laborales, culturales y sociales, de los recortes en democracia, en libertades, en derechos fundamentales, de la capacidad instalada para el cuestionamiento del sistema, de la aberrante y alienante influencia del oscuro pensamiento dominante. Son culpables de haber instalado un marco de relaciones laborales corrupto y explotador, donde la figura del falso autónomo es una de las prácticas más recurrentes y sangrantes en lo que a precariedad laboral se refiere. Bajo esta figura, totalmente legal, aunque éticamente aberrante, la persona trabaja para la empresa como empleado, en el sentido de que su actividad depende de la que la empresa quiera proporcionarle, pero se le obliga a darse de alta como autónomo, quedando socialmente reconocido como un "emprendedor", cuando en realidad se le obliga a autoexplotarse. A efectos prácticos, es una persona que trabaja por cuenta ajena para una empresa, a efectos legales es un trabajador o "empresario" autónomo. ¿Qué consiguen de esta forma? Los derechos laborales de las personas que trabajan como falsos autónomos no son los mismos que tienen quienes están contratados directamente por la empresa. El falso autónomo no se acoge a Convenios Colectivos, no tiene derecho a vacaciones, días de asuntos propios o Seguridad Social en casos de desgracia sobrevenida. Además, en caso de ser despedido no tendría derecho a finiquito, indemnización por despido, ni posterior prestación por desempleo. De todo ello son culpables. 

 

Son culpables de amamantar a los corruptos, de abanderar las injustas y terribles políticas de austeridad, mientras derrochan a manos llenas en festines de gobiernos locales o autonómicos, y hacen correr ríos de comisiones ilegales entre los negocios de sus amigos grandes empresarios. Son culpables de desmantelar los servicios públicos, de privatizar los derechos fundamentales, propugnando que el Estado no preste servicios sociales, ni pague pensiones, ni otorgue subsidios, ni universalice educación ni sanidad, porque, según ellos, no son sostenibles. Son culpables de degenerar los valores colectivos de la sociedad, de fomentar la competitividad y el egoísmo, las desigualdades, las injusticias sociales, la precariedad sistémica y multifacética, y en definitiva, son culpables de la instalación de un modelo de sociedad insolidario, desigual, injusto, carente de valores, suicida y destructor de nuestros recursos naturales, y de nuestro planeta. Son culpables de dejarnos esta sociedad con este tufo nacionalcatólico, con estos medios de comunicación completamente alienantes, al servicio de los poderosos, y son culpables de adorar un patriotismo de pandereta, que valora más la bandera y el himno nacional, que el hecho de que la población sufra el paro, los deshaucios, la pobreza, la miseria, la frustración, la exclusión, el exterminio...El veredicto es que son culpables de todo ello. Y el pueblo mismo ejecutará la sentencia: perderán sus despóticas mayorías absolutas, y no volverán a gobernar jamás esta nación. Sea. 

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21 junio 2015 7 21 /06 /junio /2015 23:00

Los obstáculos a la RB son políticos, como políticos fueron (o son, dependiendo del lugar) los obstáculos al sufragio universal, las vacaciones pagadas, el derecho de huelga, el aborto libre o el matrimonio del mismo sexo

Daniel Raventós, Jordi Arcarons y Lluis Torrens

Sería por tanto una muy buena conquista de la clase obrera para esta entrada del siglo XXI, consolidando una tendencia hacia una sociedad más justa e igualitaria. Recordemos antes de continuar que, aunque en la propuesta de estos autores que hemos detallado en anteriores artículos no se contempla, lo ideal es que la RB fuese acompañada de un conjunto adicional de medidas (además de la propia reforma fiscal implícita en la medida, así como la supresión del resto de subsidios inferiores a su cuantía, lo que ya hemos comentado), que perfilaran una sociedad más justa desde el punto de vista humano, social y económico. Tales medidas podrían conducir a la reducción de la economía sumergida (en nuestro país, al menos en 10 puntos para situarnos en la media de la UE-15), aumentar el Impuesto de Sociedades (bajando el tope sobre la cantidad de beneficios por los cuales se tributa), instaurar el Impuesto sobre las Transacciones Financieras (variante de la conocida como Tasa Tobin, cuyo ideal sería instalarla a nivel europeo), recuperar el Impuesto sobre la Riqueza y el Patrimonio (para que se recaudara aún más desde las grandes fortunas), restricciones al Sistema de Módulos del IRPF, desmontaje de las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable, un auténtico paraíso fiscal en casa), y prohibición de las operaciones en corto sobre la deuda pública (para impedir claras operaciones de tipo especulativo). 

 

Conjuntamente con todas estas medidas, la reforma fiscal asocidada a la RB, y la RB propiamente dicha, contribuiría a una nueva sociedad cuyo paradigma fundamental puede ser enunciado como que "no vamos a permitir que una parte importante de la ciudadanía dependa del permiso de otros para poder vivir". Esto es, migrar a un modelo de sociedad donde la existencia material garantizada de todas las personas ya no se ponga en cuestión. Y ello porque lo consideramos un pilar fundamental, una base primigenia, un sostén básico donde se asiente el socialismo del siglo XXI. Sin garantizar la existencia material de todas las personas, no podremos garantizar que alcanzamos una sociedad justa de individuos libres, no sometidos al chantaje y la dominación del capital. Desde la izquierda, estamos convencidos de que sin dicho instrumento elemental de ciudadanía, quedarían en papel mojado (como de hecho ocurre actualmente en nuestra sociedad) el resto de las libertades y de los derechos formales reconocidos en la Constitución. Porque, como nos dejó dicho Carlos Marx: "El hombre que no dispone de más propiedad que su fuerza de trabajo ha de ser, de forma necesaria, en cualquier estado social y de civilización, esclavo de otros hombres, de aquéllos que se han adueñado de las condiciones materiales de trabajo. Y no podrá trabajar ni, por lo tanto, vivir, si no es con su permiso".

 

Y como tal derecho de ciudadanía, la RB no puede depender de cualesquiera otras circunstancias, como la nacionalidad (se aplicaría también a los residentes), el sexo, la edad, el nivel de pobreza, con quién se convive, si existen o no discapacidades, si se trabaja "remuneradamente" o no, el nivel de rentas de cualquier procedencia, y un largo etcétera. Como cualquier otro derecho de ciudadanía (como el derecho al sufragio, por ejemplo) ha de ser universal. Pero todo ello (volvemos a insistir, porque es quizá el equívoco fundamental) inserto en la propia reformulación fiscal implícita en la medida de la RB, sin la cual, en efecto, la RB quedaría como una medida completamente inútil. Es decir, la RB no proporciona sólo la cantidad económica a las personas, sino que modela otro tipo de sociedad, donde se da una transferencia desde las rentas más altas hacia las más bajas, modulando los niveles alarmantes de desigualdad que el desaforado capitalismo actual nos impone. Y como también hemos indicado en anteriores artículos, la RB fomentaría otros tipos de actividades y ocupaciones que la actual sociedad nos restringe, tales como el trabajo voluntario, el trabajo a tiempo parcial, la autoocupación, las empresas de propiedad cooperativa, así como el fomento de actividades lúdicas y deportivas. 

 

Se tendería entonces, poco a poco, hacia una mayor y mejor división y especialización del trabajo, así como hacia mayores niveles de libertad a la hora de enfocar y planificar nuestras actividades productivas, de acuerdo con las propias disposiciones, tiempo libre, capacitaciones, intereses, vocaciones, proyectos y ambiciones personales. De acuerdo, en definitiva, a la propia decisión personal e intransferible en torno a cómo queremos autorrealizarnos. Fuerza negociadora, aumento de la productividad, reparto del trabajo, caja de resistencia frente a situaciones indeseadas, regulación de la extensión de la jornada laboral, capacidad de desarrollar proyectos individuales o colectivos, emancipación juvenil, formas de gestión del tiempo y del ocio, etc., se verían también reforzados con la RB, en una sociedad más orientada al trabajo entendido en su plena dimensión humana, en vez de como una mera herramienta de dominación capitalista, como lo es en la actualidad. En palabras de Daniel Raventós: "En este sentido, la garantía incondicional de una Renta Básica, que es la garantía de la seguridad económica para "decir que no", permitiría el tránsito de un esquema de derechos formalmente garantizados a otro que bascule alrededor de la noción de libertad real y que, con ella, garantice que los derechos formales devengan reales para todos los individuos, sin distinción alguna, y actúe como muro de contención con respecto a cualquier forma de dominación que se pueda dar en el seno de la sociedad civil. Y esto, desde una óptica política, no es poca cosa: se trata de que todos los individuos --toda la sociedad civil-- sean realmente libres". Continuaremos en siguientes entregas.

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20 junio 2015 6 20 /06 /junio /2015 23:00

Lo que está ocurriendo en Venezuela es una auténtica fiesta ciudadana, republicana e ilustrada y como tal sería celebrada por los intelectuales del mundo entero si tuviésemos la suerte de contar con Kant, con Hegel o con Marx, en vez de con Savater, con Rorty y con Habermas

Carlos Fernández Liria y Luis Alegre

Los mismos que se rasgan las vestiduras ante las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, callan ante Guantánamo o aplauden, ríen las gracias, hacen reverencias y van de caza con los sátrapas de Arabia Saudí, Egipto o China únicamente por asegurar mercados y negocios y así vender unos trenes, unos zapatos, unos condones o unas naranjas más. Nuestros principios democráticos valen lo que vale su PIB

Antón Losada

En un alarde de estúpido protagonismo, el ex Presidente del Gobierno Felipe González, ese gran estadista para muchos, en realidad vocero del gran capital, visitó Venezuela hace pocos días, para intentar defender a los mal llamados "opositores" al gobierno venezolano, Leopoldo López y Antonio Ledezma. La operación no salío muy bien que digamos, ya que González ya había sido declarado por el gobierno venezolano como persona "non grata", y ni siquiera pudo entrevistarse con los golpistas encarcelados. A su vuelta, y en una rueda de prensa, González tuvo la desfachatez de comparar al Presidente Nicolás Maduro con el dictador Franco, por sus arrebatos y por su torpeza. Habría que decirle a Felipe González que, ya que fue a Venezuela, a ver si aprendía un poco del verdadero socialismo que intenta abrirse camino allí, en vez del socialismo de pacotilla que él nos impuso durante las tres legislaturas en las que gobernó nuestro país. 

 

¿A quién pretende engañar con su pretendida visita en interés de los derechos humanos? Si a González le interesaran de verdad los derechos humanos, tendría muchos sitios que visitar, y muchas personas a las que defender. Sin ir más lejos, podría defender aquí mismo, en nuestro país, a Arnaldo Otegui, encarcelado sin motivo alguno, simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, y por intentar canalizar mediante una vía política el conflicto vasco. Pero podría también visitar México, donde el criminal gobierno de Enrique Peña Nieto es responsable de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes, o podría visitar Colombia u Honduras (los países más peligrosos del mundo, a tenor del número de asesinatos que se cometen), o podría visitar China, donde el represor gobierno actúa bajo un autoritario talante, mediante operaciones de descarada y flagrante censura ciudadana. No, Felipe González no viaja a Venezuela porque le interesen los derechos humanos, sino simplemente porque es un hombre de negocios (hace muchos años que lo es), y va donde los intereses de sus representados pueden correr algún peligro. Por ejemplo, es pública y notoria su amistad con Carlos Slim, el hombre más rico de América Latina, y la segunda fortuna mundial. 

 

Y ante el frustrado intento del "gran estadista" español de entrevistarse con los golpistas venezolanos, salieron en tropel toda la camarilla de editorialistas, periodistas (si es que pueden llamarse así) y voceros de la derecha mediática de nuestro país, a denunciar la oportunidad que había dejado escapar Nicolás Maduro de poder "normalizar" y "reconducir" la maltrecha democracia venezolana. Es difícil acumular tanta ignominia, tanto descaro, tanto cinismo y tanta desvergüenza. Porque mientras la clase política española (y europea) se dedica a dar lecciones a Venezuela sobre derechos humanos, democracia y libertad de expresión, aquí se cierran medios de comunicación (bajo el pretexto de colaboración con la órbita terrorista) por orden judicial, sin pruebas, y se encarcela a sus miembros. Y mientras Margallo,  Ministro español de Asuntos Exteriores, le dice a Venezuela que "en España, la libertad de opinión y de prensa son irrenunciables", las asociaciones, mareas y plataformas ciudadanas denuncian constantemente la deriva autoritaria y represora del actual Gobierno, con leyes restrictivas de derechos fundamentales, como la Ley Mordaza, o se detiene a periodistas por hacer su trabajo, a personas por expresar su opinión, o a sindicalistas por participar en piquetes. 

 

Basta ya de tanta manipulación, de tanta mentira y de tanta grosería. Porque mientras los medios de comunicación representantes del gran capital y de la derecha política, que son la mayoría, se empeñan en ofrecernos cada día una imagen apocalíptica del país venezolano, y denuncian constantemente la violación de los derechos humanos, mediante groseras manipulaciones y ocultaciones, aquí en nuestro país, la violencia policial, las detenciones masivas de activistas políticos, o las torturas practicadas en instancias policiales constituyen una práctica cotidiana. O mientras se habla de Venezuela como una dictadura liberticida, aquí se endurece el Código Penal, se habilita de forma disfrazada la figura de la cadena perpetua, o se invisibiliza a líderes sociales incómodos para el régimen. Rompamos con esta cadena constante de hipocresía, con este borreguismo institucional, con esta retórica machacona e injuriosa. Démonos cuenta de una vez por todas de que se trata de una instigación, a nivel internacional, de las fuerzas de la derecha política, social y mediática, dirigidas por el imperialismo norteamericano, que quieren impedir a toda costa que un auténtico gobierno socialista pueda consolidarse en pleno siglo XXI. 

 

Y ello porque, tal y como asegura el maestro Atilio Borón: "Estados Unidos no puede permitir que el "mal ejemplo" venezolano cunda en la región. Atacar sistemáticamente el analfabetismo, asegurar por primera vez el acceso a la salud de toda la población, favorecer una solución política y no militar del conflicto interno colombiano (oponiéndose a las pretensiones de la Casa Blanca de resolverlo "manu militari"), auspiciar nuevas formas de cooperación económica como las entabladas con Cuba y otros países de la región, liquidar el ALCA y proponer en su lugar el ALBA, combatir ideológicamente al neoliberalismo, contrarrestar la influencia ideológica de los medios de comunicación controlados por el imperialismo, potenciar la capacidad de autoorganización de los sectores populares, y someter la investidura presidencial y sus políticas a frecuentes plebiscitos para que sea el pueblo quien decida, es completamente inaceptable para Estados Unidos, un pésimo ejemplo que es necesario erradicar cuanto antes por cualquier medio, legal o ilegal, pacífico o violento" (Atilio A. Borón, "El Socialismo del Siglo XXI. ¿Hay vida después del neoliberalismo?"). 

 

Es cierto que Venezuela padece aún muchos problemas, que han de ser resueltos mediante medidas concretas que acaben con la corrupción, con la tremenda inflación que poseen, y con algunos otros males que acumulan desde épocas pasadas. Pero no es cierto que en Venezuela existan problemas de libertad de expresión ni de falta de respeto a los derechos humanos. En Venezuela no se cierran periódicos, como sí ocurre en España. En Venezuela se han recuperado, desde los gobiernos chavistas, los índices de analfabetismo, de redistribución de la riqueza, de eliminación de las desigualdades, en una palabra, lo que los auténticos gobiernos socialistas deben hacer, y no lo que los gobiernos de Felipe González hicieron en nuestro país durante las décadas de los 80 y los 90 del pasado siglo, justo cuando Venezuela sufría también los efectos del colonialismo norteamericano, a través de sus fascistas organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, justo en la época en que gobernaba en la patria de Bolívar un íntimo amigo de Felipe González, como fue Carlos Andrés Pérez, último responsable del Caracazo, donde sí se cometieron graves atropellos contra los derechos humanos, y donde el golpista ahora encarcelado, Antonio Ledezma, ocupaba altos cargos de responsabilidad. A Felipe González no le importan los derechos humanos en ninguna parte del planeta, sino únicamente las cuentas de resultados de las empresas a las que representa.

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19 junio 2015 5 19 /06 /junio /2015 23:00

¿Debe el ciudadano someter su conciencia al legislador por un solo instante, aunque sea en la mínima medida? Entonces, ¿para qué tiene cada hombre su conciencia? Yo creo que deberíamos ser hombres primero y ciudadanos después. Lo deseable no es cultivar el respeto por la ley, sino por la justicia

Henry David Thoreau

Parece ser que se ha levantado un gran revuelo a tenor de unas declaraciones de la flamante nueva alcaldesa de la ciudad de Barcelona, Ada Colau. En una reciente entrevista del diario El Pais, Colau manifestaba textualmente que "Si hay que desobedecer leyes injustas, se desobedecen". Y aunque la respuesta se refería a una pregunta sobre el proceso soberanista catalán, la podemos extrapolar a cualquier otra cuestión política o social, porque en el fondo, estamos hablando de desobediencia civil. Pero en seguida, como era lógico, salieron en tromba los imbéciles voceros del bipartidismo, y los representantes de las clases dominantes, a poner el grito en el cielo por lo que había expresado la alcaldesa. Bajo la frecuente falacia de la "responsabilidad" de los gobernantes, usaron el demagógico argumento de que, a partir de ahora, la recién regidora electa de la ciudad condal tendría también que promulgar edictos, leyes y bandos, y que por tanto, se aplicara el cuento a ella misma, porque "...¿qué pasaría si la gente de su ciudad desobedeciera sus leyes?".

 

Bien, vayamos por partes, porque en primer lugar, bajo la bandera de la "responsabilidad" se acometen los mayores atropellos al civismo, a la dignidad y a la vergüenza en este país, desde hace varias décadas. En efecto, es un recurso, incluso literario, muy típico para agarrarse a él cuando hemos de argumentar algo completamente indefendible. Podríamos poner múltiples ejemplos. La mayoría de nuestros gobernantes nos cuentan que no dimiten de sus cargos por "responsabilidad", cuando justo en honor a ella lo que deberían hacer es dimitir. Se hacen frecuentes llamamientos a la "responsabilidad" de los gobernantes y cargos públicos, precisamente desde las personas más irresponsables. Luego por tanto, olvidemos este falaz, demagógico y torticero argumento, y vayamos al fondo de la cuestión. Lo que Ada Colau está sosteniendo, con absoluta lógica, firmeza, coherencia y valentía, es lo mismo que lleva defendiendo desde su etapa de activista social (en su lucha contra los deshaucios), cuando ha tenido que enfrentarse, junto con miles de personas a nivel de todo el Estado, a las injustas leyes que, por ejemplo, desalojaban a las personas de sus viviendas. Y porque ahora la señora Colau haya llegado a alcanzar las más altas responsabilidades en la corporación local barcelonesa, ¿ha de actuar o pensar de otra manera? ¿Es que hemos de exigirle a Ada Colau que deje de ser ella, que deje de comportarse como ella misma, con sus principios y sus convicciones, porque ahora sea alcaldesa de Barcelona? ¿Es que ahora ya no representa Ada Colau los mismos intereses, ni a la misma ciudadanía a la que representaba antes?

 

Los estúpidos voceros del bipartidismo, y la derecha social y mediática que les apoyan, tienen, como estamos viendo, un concepto del poder completamente corrupto en sí mismo. Porque es muy fácil llamar a la "obediencia debida" a las leyes del sistema cuando pertenecemos a la clase privilegiada, a la clase dominante, cuando disfrutamos de todos nuestros derechos, cuando nuestras necesidades básicas no peligran, cuando llevamos una vida digna y acomodada. Pero en caso contrario, ¿qué hacemos? ¿Continuamos apoyando leyes injustas del sistema, que nos recortan nuestros derechos y nuestras libertades? ¿Seguimos apoyando a un sistema injusto que nos explota y nos conduce a la pobreza y a la exclusión? Según ese punto de vista, no deberíamos constituir las "Mareas Ciudadanas" para luchar por nuestra educación, por nuestra sanidad, por nuestros servicios sociales...Según eso, no deberíamos enfrentarnos al Estado en todo aquéllo que consideremos injusto, como paralizar un deshaucio, e impedir que las personas se queden en la calle...No deberíamos entonces haber constituido los Campamentos Dignidad (en Extremadura), ni enfrentarnos a tantos casos de abusos policiales, laborales, sociales, etc. 

 

Retrocediendo en la Historia, si Ghandi o Nelson Mandela, por poner dos grandes ejemplos, hubiesen sido "obedientes sociales", poco hubieran conseguido para sus respectivos pueblos. Sólo la fuerza organizada de la sociedad civil, sólo el enfrentamiento popular y ciudadano, puede acabar con la tiranía de los despóticos Gobiernos, como tantas veces ha ocurrido en la Historia de la Humanidad. La desobediencia civil es la única fuerza que posee la ciudadanía responsable cuando quiere enfrentarse al despotismo gubernamental. Luego por tanto, es perfectamente explicable que la compañera activista Ada Colau, que es como debemos seguir viéndola, aunque ahora sea la máxima responsable municipal de Barcelona, continúe con sus planteamientos de rebeldía y de desobeciencia civil. Fueron justamente esos planteamientos los que la llevaron a destacar como una veterana activista social contra los deshaucios, y no queremos que pierda su espíritu combativo, su capacidad de reflexión, su fuerza luchadora, su motivación y su rebeldía, porque en caso contrario, ya no podría representar dignamente a la ciudadanía que precisamente la ha elegido para ello. 

 

En definitiva, hemos de estar completamente orgullosos de que, por fin, tengamos gobernantes (lo ideal sería que fuesen todos, y a todos los niveles de la Administración) que defiendan de verdad al pueblo, que sean íntegros, valientes y coherentes en sus planteamientos, y sobre todo, que no nos defrauden, y esto pasa por defender las mismas cosas cuando somos simples ciudadanos que cuando somos representantes políticos. Así que, respondiendo a la demagógica pregunta del principio, la pregunta que formulan todos los contrarios a Colau, hay que decirle que no se preocupen, que seguramente no vaya a pasar, aunque los que sí han de preocuparse son los poderosos, cuyos intereses sí peligran con la nueva alcaldesa. En palabras de la propia Colau: "Los únicos que pueden tenerme miedo son los corruptos y los especuladores". Y es que, como ya venimos afirmando de un tiempo acá, el miedo está cambiando de bando. ¡Adelante Ada, la gente decente estamos contigo!

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18 junio 2015 4 18 /06 /junio /2015 23:00

La táctica de la Unión Europea siempre es la misma: te asfixio y un segundo antes de morir te doy el dinero necesario para seguir discutiendo y obligarte a hacer más concesiones

Leonidas Vatikiotis

 

CEGUERA COLECTIVA

 

 

El Manifiesto "Por la recuperación de la sobernía económica, monetaria y ciudadana" acertaba cuando sostenía que nuestro país estaba en una encrucijada: o se dejaba arrastrar por la senda de la austeridad a ultranza, como exijían las Instituciones y los mercados financieros internacionales, lo que agravaría la crisis económica y social, o se emprendía el camino de recuperar la sobernía económica y monetaria para construir un futuro que corrigiera y evitase el desastre en que está sumida la sociedad española. Un camino no exento de complejidad. Las condiciones políticas del país refuerzan esa propuesta en unos momentos en los que las movilizaciones populares contra tantos desafueros y las expectativas electorales ponen a la orden del día la imperiosa necesidad de resolver los problemas económicos de los ciudadanos, muchos de ellos, millones, atrapados en la miseria, y otros muchos aplastados y hundidos por la contumacia y dureza de la política neoliberal. 

 

El drama para el país es que siendo esto tan necesario, no hay fuerzas políticas que comprendan que esquivar el dilema o la encrucijada presentada es un grave error y un suicidio político. Dejemos al PSOE en el lugar elegido por su dirección, con su apuesta ciega por el euro, su obediencia sumisa a la Troika, incluida la reforma en 2011 del artículo 135 de la Constitución "sugerida" por el BCE. Amaga con otra política, ensaya pinitos de oposición, pero acompaña sin fisuras al PP y comparte sus objetivos esenciales. Con los dirigentes del PSOE no se puede contar para algo que signifique liberarse del dogal de la moneda única. Las fuerzas a la izquierda del PSOE, las más antiguas y las más recientes, ponen más vigor en la protesta contra la política neoliberal e incluso ayudan y colaboran en la movilización contra sus desgarros, abusos y atropellos. Pero desgraciadamente confunden a la población, suscitan expectativas irrealizables y nos abocan a una decepción tan profunda y frustrante que puede ocasionar cambios muy contraproducentes en la conciencia de las gentes oprimidas y vejadas. Sostienen que se trata de voluntad política y se permiten hablar de otra política económica y social, incluso de otro modelo productivo, pero sin el rigor mínimo exigido. En el estado de quiebra financiera del país, en el marco de la unión monetaria, no cabe en lo fundamental otra política que no sea la que impulsa la Troika, cuyas consecuencias están debidamente contrastadas. 

 

Es esta verdad la que corresponde transmitir a la población y confrontarla con la encrucijada cruda en la que sigue instalada la sociedad española. Tan irrecuperable es el terreno perdido en estos años que incluso si milagrosamente desapareciera la deuda que devora al país no sería posible remontar la situación y crear una economía suficientemente fuerte y competitiva para sobrevivir en la zona del euro. El leve crecimiento del PIB en los últimos trimestres ya se viene traduciendo en un empeoramiento significativo del déficit de la balanza por cuenta corriente.

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17 junio 2015 3 17 /06 /junio /2015 23:00

El TTIP sirve para apuntalar el modelo económico que está destruyendo la vida en el planeta, dando prioridad a las energías más contaminantes y abriendo la puerta al fracking

Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro

Continuando con los intereses puestos en juego en el sector sanitario, tema ya iniciado en el artículo anterior de esta serie (estamos tomando como referencia este artículo de Nueva Tribuna), el TTIP pretende proteger las inversiones financieras y los contratos con el sector público europeo (y norteamericano, que cuando entrara en vigor el TTIP podrían darse ambos), tales como financiación y gestión de hospitales, externalización de servicios de apoyo como almacenamiento y gestión informática de los historiales clínicos de los pacientes, gestión de la receta electrónica, del control de llamadas y desviaciones entre centros sanitarios, centrales de citas previas, laboratorios de propósito general, investigaciones clínicas, docencia, etc., parcelas que ya se han ido paulatinamente privatizando a corporaciones multinacionales de la informática, la tecnología sanitaria, la industria farmacéutica, las grandes consultoras, controladas a su vez por bancos privados y fondos de inversión ubicados en paraísos fiscales.

Contra los Tratados de Libre Comercio (VII)

Quizá las amenazas más importantes para la sanidad pública contenidas en el TTIP puedan ser el Mecanismo de Solución de Diferencias entre Inversor y Estado (ISDS, por sus siglas en inglés), y la falta de garantías procesales. El primero supone en la práctica la privatización de la justicia, ya que las diferencias entre los Gobiernos y las empresas multinacionales no se resolverán en los Tribunales de Justicia de los respectivos Estados, sino en Comisiones de Arbitraje, en las que estarán representantes del sector privado. Los Gobiernos no podrán recuperar los servicios externalizados o privatizados, aunque éstos sean un desastre y sus gastos exhorbitantes, como ocurre con los hospitales de colaboración público-privada de Valencia, Madrid o Galicia. Gracias a este mecanismo del ISDS, las empresas y corporaciones podrán demandar a los Gobiernos que adopten decisiones que perjudiquen sus ganancias, al margen de los Tribunales de Justicia ordinarios. Las indemnizaciones para compensar las inversiones de las multinacionales en sanidad pública, impuestas por las Comisiones de Arbitraje privadas, típicamente bastante elevadas, limitarán la capacidad y soberanía de los Gobiernos para adoptar decisiones encaminadas a proteger los intereses generales de la ciudadanía. El panorama se avecina, como vemos, bastante peligroso.

Por otra parte, tenemos el peligro de la incorporación de los laboratorios farmacéuticos (que ya han dado sobradas muestras de por dónde van sus intereses) y de la industria sanitaria a los Organismos públicos que planifican, regulan y fijan las políticas de compra y de precios de medicamentos y recursos. Las políticas de centralización de compras, las negociaciones con las farmacéuticas, las patentes de medicamentos, etc., se verán gravemente afectados por el TTIP. Gracias a todo ello, las empresas multinacionales del sector controlarán la capacidad de los respectivos Gobiernos para decidir con autonomía en temas clave para la sostenibilidad del sistema, como por ejemplo medidas para reducir el gasto farmacéutico (que en España supone el 30% del gasto sanitario), el control sobre la publicidad y promoción de nuevos medicamentos, el apoyo público a los medicamentos genéricos de menor precio por tener agotadas las patentes y que garantizan el acceso a los mismos para una gran parte de los pacientes, los instrumentos para el control y la evaluación de la compra de nuevas tecnologías sanitarias por el sistema público de salud, o la adopción de normas de protección de la salud pública, tales como el control del tabaquismo, la seguridad y calidad de los alimentos, o la protección del medio ambiente. Todas ellas son políticas que quedarán obstaculizadas de cara a su control público, ya que quedarán bajo los auspicios y las políticas implementadas por las empresas del sector sanitario.

Contra los Tratados de Libre Comercio (VII)

Porque, como en el resto de temas ya apuntados en anteriores artículos de esta serie, la regulación de la Unión Europea en materia sanitaria está mucho más desarrollada y es más rígida que la de Estados Unidos, porque ellos, lisa y llanamente, no están acostumbrados a un sistema público integral de salud, como el nuestro, razón por la cual, y volvemos a repetir, una armonización a la baja sería especialmente lesiva para el conjunto de los ciudadanos/as europeos/as. Digámoslo sin rodeos: la salud pública estará en riesgo con la implantación del TTIP, por mucho que las fuerzas políticas que lo apoyan sostengan que "habrá que ver en qué temas se incide, y decidir entonces". Este planteamiento ambiguo no trata más que de esconder las auténticas intenciones de apoyar claramente el Tratado, en su momento (de hecho, ya lo están haciendo con su silencio y su complicidad con las negociaciones secretas). La UE utiliza actualmente un principio de precaución que impide que determinados productos puedan comercializarse a pesar de que no haya (todavía) suficiente investigación científica que revele su peligrosidad. Como estamos (afortunadamente) en un sistema preventivo 100%, se pretende que los avances técnico-científicos no sean aplicados hasta no tener absoluta certeza de su éxito. No obstante, aquí también deberíamos romper una lanza en contra del elevado porcentaje de experimentación con animales, que les provoca un sufrimiento innecesario. Y aprovechamos para afirmar que, también en este despropósito, los Estados Unidos son líderes en el mundo. De nuevo, más razones para no alinearnos con sus prácticas y sus políticas.

Hasta ahora, el sistema funciona porque son las empresas las que tienen que demostrar que sus productos no representan ningún problema para la salud de la ciudadanía. Normalmente es un proceso largo que requiere gran cantidad de garantías procesales, y esto es justo lo que los empresarios estadounidenses consideran que es un alto coste que hay que evitar, acortando los procesos, exigiendo menos garantías, suavizando las pruebas y los requisitos, y estableciendo unos procesos bastante menos exigentes que los que actualmente están vigentes en la Unión Europea. Al final, llegamos como siempre a la misma conclusión: en aras a potenciar la maximización del negocio y de los beneficios, la apertura de los mercados conducirá a un replanteamiento de las garantías, de las estructuras, de los servicios y de los procesos que los sistemas públicos de salud tienen establecidos, repercutiendo en perjuicios para el conjunto de la ciudadanía. Porque como tantas veces hemos insistido en diferentes artículos de este Blog, la iniciativa privada, simplemente, no puede entrar a cubrir los servicios y derechos públicos fundamentales, ya que en ellos no cabe la filosofía del negocio. No pueden regirse por criterios empresariales, ni por la lógica del beneficio, si pretendemos construir una sociedad justa, libre, avanzada y cohesionada. Continuaremos en siguientes entregas.

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16 junio 2015 2 16 /06 /junio /2015 23:00

Vivimos hoy en sociedades políticamente democráticas pero socialmente fascistas

Boaventura de Sousa Santos

Desde las pasadas Elecciones Autonómicas y Municipales, y ante el nuevo escenario político que se perfila, no han tardado en sucederse manifestaciones, de todo tipo y ámbito, en contra de la posibilidad de que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos sean gobernados por las candidaturas de PODEMOS, o por las de unidad popular, donde también se alberga esta formación política. De hecho,  ya lo advertíamos hace algún tiempo en nuestro artículo "¿Por qué atacan a PODEMOS?", donde explicábamos, a nuestro juicio, los motivos de tan furibundos ataques desde la derecha política, social y mediática de nuestro país. Las candidaturas de unidad popular han triunfado en muchos sitios de nuestra geografía, pero sobre todo en las emblemáticas plazas de Madrid y Barcelona, donde se están desarrollando furibundos ataques contra la posibilidad de que Manuela Carmena y Ada Colau gobiernen en dichas ciudades. 

 

En  Madrid, el esperpéntico personaje de Esperanza Aguirre ha protagonizado ridículos y grotescos episodios antidemocráticos, intentando a toda costa impedir que Manuela Carmena se haga con la alcaldía de la capital, y hace pocos días, un grupo de varios centenares de personas, la mayoría de edad avanzada, protagonizaron en Plaza de Colón una manifestación anti PODEMOS y anti Manuela Carmena, con tintes agresivos y violentos, con ataques a los periodistas de diversos medios que recogían el evento. El espectáculo, bastante desagradable, incluía insultos al "comunismo", generando situaciones de auténtico bodevil popular, que dice mucho de la personalidad fascista de quienes las protagonizaron. El acto se saldó con al menos dos periodistas agredidos, y la cámara de uno de ellos destrozada en el suelo. Tuvo que intervenir la Policía Municipal. Frases como "¡Os vamos a quemar vivos!" y otras lindezas por el estilo, salieron de la libre expresión de dichos manifestantes. La concentración fue convocada a través de servicios de mensajería instantánea y redes sociales, donde se proclamaba que "Madrid no es comunista" y se instaba a acudir "a favor del pacto de centro PP-PSOE-Ciudadanos para evitar que esta gente (en alusión a Ahora Madrid) asalte nuestro Ayuntamiento y haga peligrar nuestro régimen constitucional". 

 

A todo buen observador que se precie, no se le escapará que todo este montaje obedece a la tremenda influencia que el pensamiento dominante ejerce sobre el conjunto de la ciudadanía, así como a la defensa de sus privilegios que realiza el segmento de población más rico y poderoso. Al primer grupo pueden pertenecer la mayoría de las personas de avanzada edad que acudieron al acto, y que con sus manifestaciones demuestran una ignorancia supina sobre las medidas de defensa de las clases populares que proponen tanto PODEMOS como los programas de unidad popular. Suelen pertenecer al grupo de personas que, por su cultura y su edad, aún poseen cierta parte de su memoria histórica ligada a los "peligros" de la República, y a la posibilidad de que pueda organizarse otra Guerra Civil. Todo ello se continúa alentando en los mítines de los dirigentes del PP. Véanse las palabras de Aznar durante la campaña: "Un poquito de Marx por aquí, otro poquito de Lenin por allá, unos contratitos en Venezuela, y ¡hala!...", y más tarde se manifestaba en los siguientes términos: "Ni con coleta ni sin coleta...¡No quiero que vuelva la izquierda a las Instituciones!". El caldo de cultivo está bien sembrado, como podemos fácilmente concluir. 

 

De esta forma, bajo la falaz bandera de la "estabilidad institucional", se están poniendo todas las herramientas en marcha para impedir que las candidaturas respaldadas por PODEMOS consigan gobernar en sus respectivas Instituciones. Grandes personajes de la economía, los medios y la política, no han dudado en mostrar ante la opinión pública sus opiniones en contra de la posibilidad de que la formación de Pablo Iglesias pueda alcanzar cotas de poder. Juan Antonio Villar Mir aseguraba que "las tesis comunistas no tienen cabida en España", y el siempre polémico Joan Rosell que "una cosa son los programas electorales, y otra cosa es llegar a los despachos, y tener que ponerse a gestionar", en un claro ataque a la soberanía popular que la propia democracia representa. Una noticia publicada en VozPopuli sobre el programa de Manuela Carmena en Madrid marcaba la línea a seguir para evitar que los posibles pactos se conformen según los resultados que las urnas indicaron. El periodista Alberto Ortín publicaba que el programa de Ahora Madrid en la capital terminaría con los contratos millonarios de BBVA, OHL, Monsanto, Vodafone y Blackstone, dicho sea de paso, un ramillete de las empresas más peligrosas que existen. Y en vez de alegrarnos de que dichos proyectos van a ser abortados, lo que se difunde desde la clase dominante es el peligro de que dichos contratos se pongan en riesgo. Salvando las distancias, tiene la misma lógica que la extraña e incomprensible alegría que siente una parte de la población de Morón de la Frontera, al enterarse de que su base militar estadounidense se va a convertir en base permanente de la OTAN. 

 

Pero no acaban aquí los ataques. La Presidenta en funciones de Navarra, Yolanda Barcina, en el programa "Los Desayunos" de TVE, comparó los resultados electorales con la Alemania previa a Hitler, y en el monárquico, conservador y retrógrado diario ABC se podía leer que "La banca avisa de que las medidas populistas encarecerán el crédito", afirmando que crear bancos públicos o prohibir deshaucios restringirá el número de hipotecas (en clara alusión a la pérdida de posibilidades de negocio de las propias entidades financieras). Desde el seno de los bancos del IBEX-35 (Santander, BBVA, CaixaBank, Popular y Sabadell, es decir, los que realmente gobiernan sin presentarse a las Elecciones) se advierte de que el "todo gratis" para aquéllos que no puedan pagar su hipoteca puede traer consecuencias nefastas para los futuros clientes a la hora de seguir concediendo créditos, algo (según ellos) que se había reactivado tras años de sequía. "Nadie querrá prestar si se puede no devolver", avisan, con la descarada demagogia y prepotencia que los caracteriza. Parece que aún no han tenido bastante con la criminal política económica que los ha beneficiado hasta ahora, protegiéndolos y blindándolos ante sus abusos y estafas a la ciudadanía, que ahora quieren impedir la posibilidad de que los programas de unidad popular se pongan en marcha. 

 

Este chantaje también se extiende al ámbito internacional de nuestros "inversores", ya que según avisan varios bancos de negocio internacionales, algunos de sus clientes (grandes fortunas o fondos privados de inversión) ya han decidido paralizar proyectos de forma preventiva a los que destinar su capital, ante la incertidumbre creada, y en algunos casos incluso después de haber pagado ya los depósitos iniciales. Y las manifestaciones populares han vuelto a la carga ante los repetidos mensajes de miedo y paralización de inversiones, lo que ha llevado también a que el pasado día 1 se concentraran en la sede nacional del PSOE de C/. Ferraz la plana mayor del fascismo popular, protagonizando saludos fascistas, incluso cantando el "Cara al Sol", para pedir al PSOE que no pacte con la formación morada. Con alabanzas a Franco y con el brazo en alto, coreaban los eslóganes "A PODEMOS no queremos" o "Si pactáis con PODEMOS, nos manifestaremos".

 

La campaña anti PODEMOS llega incluso hasta el ámbito militar, ya que el Jefe del Ejército del Aire en la época de Federico Trillo, General Eduardo González-Gallarza, hijo de un Ministro del Aire durante el franquismo, y apartado del cargo tras el escándalo del Yak-42, no sólo se manifestó contrario a la posibilidad de que el partido de Pablo Iglesias llegue al poder, sino que llegó incluso a proponer su ilegalización, "por declararse antisistema, en contra de la Constitución que nos hemos dado los españoles, en contra de la Bandera, del Himno Nacional, estar dispuestos a suprimir la Semana Santa, a ceder la Catedral de Córdoba a los musulmanes, y no sé cuántos desatinos más ". Así lo expresaba en una editorial de la revista "Tierra, Mar y Aire", publicación de la Real Hermandad de Veteranos de las FF.AA., de la que es Presidente: "Me preocupa mucho este partido que ha surgido no sé cómo [aquí González-Gallarza demuestra estar muy alejado de la realidad social española] y al que incomprensiblemente se le tolera concurrir a estas elecciones, cuando lo que habría que haber hecho es prohibírselo, y no sé si incluso declararles fuera de la Ley". Sin duda, este personaje añora bastante los tiempos pasados de nuestra oscura historia reciente. Lo que resulta de todo punto anacrónico, en pleno siglo XXI, es que todavía exista este perfil de personaje, fascista y reaccionario, que presida una Hermandad subvencionada por el Ministerio de Defensa. 

 

Y esto no ha hecho más que empezar. Ya lo advertíamos en nuestro artículo de referencia, donde explicábamos que todas estas campañas de acoso y derribo se deben a que, por primera vez desde la Transición, el bipartidismo y los poderes fácticos que realmente han gobernado nuestro país desde entonces tienen realmente miedo. Los gobiernos de unidad popular, respaldados por PODEMOS, representan un claro atentado contra los privilegios de todos estos poderosos, los que poseen realmente los medios, y los que los representan y jalean, los manijeros del poder, los serviles políticos y gobernantes que hemos tenido hasta ahora. Bajo una corrupta e incompleta democracia, han atacado durante décadas los intereses de las clases populares y trabajadoras, y ahora, por primera vez, sienten que sus intereses pueden estar amenazados. Todas estas candidaturas, que ellos no quieren ver ni en pintura, representan un ataque al descarado imperio de la clase dominante, de la casta, cuya alternancia en el poder ha consagrado unas formas de hacer y de entender la política, que han propiciado la corrupción generalizada, y el retroceso paulatino en las conquistas sociales de la clase obrera, todo ello acrecentado desde hace unos años con la excusa de la crisis. En aquél artículo afirmábamos: "Estamos hablando de un régimen que ha permitido el continuismo de los poderes fácticos surgidos y amparados desde la Constitución de 1978, tales como la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas y la banca, amparados por los herederos políticos de aquéllas empresas que consiguieron grandes fortunas durante el franquismo". Y ésta es la cuestión. 

 

Luego por tanto, los ataques no cesarán. Si PODEMOS alcanza éxitos electorales en las próximas citas, los ataques se recrudecerán, tanto desde dentro como desde fuera de nuestro país. Ya estamos viendo a nuestro país como a Venezuela, con los honores que supone para nuestro país parecerse a Venezuela, pero ya estamos viendo a los grandes empresarios de la alimentación desabasteciendo sus locales de los productos básicos, ya estamos viendo las continuas campañas de desprestigio, las provocaciones y hostilidades, ya que lo intentarán todo, poniendo en marcha todo tipo de juego sucio, de mentiras, de manipulaciones, de hostilidades, de falsedades, de enfrentamientos empresariales y financieros, y al igual que en algunos países de América Latina, movilizarán a los sectores fascistas más rancios de la sociedad, para generar un clima de violencia en las calles, e intentos de desestabilización política, económica y social, intentarán generar psicosis y miedo colectivo, y amenzarán con fugas de capitales, huida de empresas, deslocalización de sedes, desmontaje de fábricas y sucursales, ataques desde las Instituciones europeas (como le está ocurriendo a Grecia), desconfianza financiera y crediticia, y en fin, apocalipsis en los mercados. Hasta incluso es posible que las esferas fascistas de alto nivel organicen intentos de Golpes de Estado, en colaboración con terceros países imperialistas, como los Estados Unidos, todo un veterano en estas lides. Pero desde la mayoría social no podemos consentirlo, debemos reconvertir los ataques a PODEMOS en una mayor fuerza solidaria, en una mayor concienciación de clase, en una mayor implicación popular, en un contrapoder ciudadano que pueda llegar a ser hegemónico, cerrando filas en torno a un programa de sensibilidad ciudadana, de regeneración democrática, y de enfrentamiento con los poderes que nos han gobernado hasta ahora. ¡SÍ SE PUEDE!

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