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19 diciembre 2014 5 19 /12 /diciembre /2014 00:00

"Se justifica y difunde la idea de que la inversión pública en los sistemas universitarios es un gasto improductivo e incluso contraproducente, lanzándola a la búsqueda y demostración, imposible en muchos saberes, de que puede producir valor añadido al mundo empresarial y financiero. En otras palabras, parece que la Universidad tiene que estar demostrando permanentemente su utilidad para el mundo de la empresa"

(Enrique Díez)

 

 

 

 

 

Desandemos por tanto el camino que estamos recorriendo en la actualidad, si es que queremos volver a una Universidad Pública que realmente se dedique a formar a futuros profesionales independientes, cultos, críticos y libres. Comenzando por liberarla de su actual asfixia económica, porque, por citar sólo dos ejemplos, la Universidad Politécnica de Cataluña y la Complutense de Madrid acumulan deudas de 111 y 160 millones de euros respectivamente. En España, de hecho, desde 2010, el presupuesto público universitario se ha recortado en más de 1.200 millones de euros, y los datos oficiales dicen que el Estado Español sólo dedica el 1,1% de su PIB a la educación superior, mientras que Estados Unidos alcanza el 3%, y la media de la UE-15 supera el 2%. Estamos por tanto, también en este tema, a la cola de Europa.

 

educacion_publica261.jpg¡Pero si no hay dinero! Nos respondería por ejemplo el Ministro Montoro, ¿cómo vamos a hacerlo? No nos dejemos engañar más por estas mentiras y falacias de gobiernos neoliberales y conservadores, que prefieren dedicar los recursos públicos al gasto militar, a la Casa Real, a la financiación de la Iglesia Católica, o al rescate de la banca, además de permitir que los ricos paguen al fisco cada vez menos, mientras se exprime a la clase trabajadora, que es precisamente la que desean expulsar de la Universidad Pública. Eliminando la gigantesca inversión en obra pública innecesaria, los gastos suntuosos, los privilegios de la clase política, en último término, redistribuyendo mejor la riqueza entre toda la sociedad. Sin duda tendríamos entonces no sólo financiación para la Universidad Pública, sino para la sanidad, para la educación, para los servicios sociales, para la dependencia, para las escuelas infantiles, para la renta básica, para la cooperación al desarrollo, y un largo etcétera.

 

educacion_publica262.jpgY en el campo universitario, como decimos, recuperar toda la inversión pública que se ha retraído de todos los ámbitos, aumentando la inversión pública para becas y ayudas al estudio, en contratación de profesorado, en recuperación de aulas y bibliotecas, en establecer becas-salario, o en aprobar la liquidación total de la deuda de las Comunidades Autónomas con las universidades. Por su parte, bajar el importe de los precios públicos de tasas y matrículas (tendiendo hacia su gratuidad total), eliminar progresivamente la financiación de las Universidades privadas con fondos públicos, y prohibir la adscripción de centros privados por parte de las Universidades Públicas. Y otro punto importante a eliminar es el patrocinio o mecenazgo de ciertos estudios de posgrado por parte del mundo empresarial privado, sobre todo de las entidades financieras, las primeras interesadas en convertir, también, el mundo universitario público en cliente suyo, mediante el instrumento de las becas-préstamo. Con todo ello podríamos llegar a alcanzar el auténtico objetivo, que no es otro que situar el nivel de la Educación Superior como un servicio público más, gratuito, universal y de calidad, sufragado por los impuestos de toda la ciudadanía.

 

educacion_publica263.jpg¿Queremos algo inasumible? Pues para ser inasumible, no sólo consta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos ("el acceso a los estudios superiores será igual para todos"), sino también en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, Art. 13, Aptdo. a.16). No parece por tanto que sea muy utópico. Sólo hace falta, como siempre, voluntad política para alcanzarlo. Voluntad política para conseguir de facto que la autonomía científica y pedagógica de la Universidad Pública se asiente únicamente en la suficiencia financiera del Estado, y los posibles mecenas que puedan surgir, que realicen sus aportes al Estado. Una Universidad al servicio de la sociedad, de su interés general y del bien común, sólo puede estar financiada por los impuestos del conjunto de los ciudadanos, porque si depende de financiación privada, de mecenas y grandes empresas, éstos acabarán imponiendo sus intereses a los intereses de la educación superior como servicio público. Por tanto, ningún tipo de mercantilización debe ser permitida en la Educación Superior de ámbito público. No precisamos ningún tipo de "capitalismo académico".

 

educacion_publica264.jpgY las tendencias actuales hacia el mercantilismo universitario también se manifiestan, al igual que lo hace la LOMCE en los centros educativos públicos, a los propios órganos de gobierno de la Universidad Pública. Se insta en primer lugar a la supresión de los máximos órganos de gobierno democráticamente elegidos por la comunidad universitaria (el Consejo Social y el Consejo de Gobierno), sustituyéndolos por un nuevo órgano (el llamado Consejo de la Universidad) que ejercería las funciones de gobierno de la misma, incluso la del nombramiento de un Rector con poderes reforzados, acaparando un poder discrecional (como los Directores de Centros educativos en la LOMCE) no sometido a control democrático alguno. Éste órgano sería el encargado de nombrar a dicho Rector-Gestor, aprobar los presupuestos, definir la estrategia de la Universidad, controlar la gestión del Rector-Gestor, los Decanos y otros gestores, y obtener financiación externa, por supuesto cuanto más privada, mejor. Esto se resume en la vuelta de un modelo autoritario y jerárquico para gestionar el funcionamiento de esta "Universidad-Empresa".

 

educacion_publica265.jpgPor su parte, este nuevo Rector-Gestor nombraría al resto de cargos universitarios, como los Vicerrectores de cada área universitaria, la Secretaría General, los Decanos y Vicedecanos de todas las Facultades y los Directores de los Departamentos universitarios. En palabras de Enrique Díez: "La excusa para implantar esta pirámide plutocrática y suprimir los actuales sistemas de representación y gobierno democrático interno de las Universidades es, una vez más, introducir  plenamente el estilo de gestión empresarial en el funcionamiento de la Universidad Pública. Sin embargo, el mandato constitucional de respeto a la autonomía universitaria, obligaría justamente a todo lo contrario: más democracia y participación real y plena de toda la comunidad universitaria en la gestión y funcionamiento de la institución de educación superior". Simplemente, a este capitalismo académico le estorban todos los órganos democráticos de gobierno de la Universidad, a los cuales consideran un estorbo para la rápida consecución de sus fines y objetivos.  Frente a ello, hemos de recuperar la auténtica dimensión social del mundo universitario, esto es, el compromiso social de la Universidad con la sociedad a la que sirve, con el entorno al que se debe. De nada sirve aprender, si lo que se aprende no sirve para mejorar el mundo que nos ha tocado vivir, y para contribuir a alcanzar una sociedad más justa, libre y democrática. Continuaremos en siguientes entregas.

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18 diciembre 2014 4 18 /12 /diciembre /2014 00:00

"Incluso el poder de los gobiernos más fuertes se evapora como el humo en el momento en que el pueblo rehúsa reconocer su autoridad, inclinarse ante él y le niega su apoyo"

(Alexander Berkman)

 

 

 

 

 

Hablábamos en nuestra última entrega de esta serie de los peligros que encierra esa falsa "representación" del pueblo delegada en sus políticos, y de ahí que en sus discursos, los cargos electos hagan constantes referencias a entidades vagas o generalistas, tales como (en nuestro caso) "los españoles", "el pueblo español", "la soberanía nacional" o "la nación española". Últimamente incluso lo versionan de forma más moderna, como cuando hablan de la llamada "Marca España", una especie de egocentrismo patriótico-comercial, creado y desplegado por las élites para referirse a nuestra imagen exterior por todo el mundo, lo cual se aprovecha también como zafio argumento para desprestigiar algunos hechos o algunas medidas. Todo se sacrifica en función de esa "Marca España", o en función, si se quiere, de nuestra imagen en el exterior. De nuevo, absurdos argumentos que se esgrimen para manipular la voluntad popular. Y así llegamos a la situación actual, donde no sólo está desvirtuado el concepto de la representación política, sino que están también deslegitimados los Gobiernos (por no cumplir sus programas electorales), las Cortes Generales y Parlamentos Autonómicos (por funcionar bajo estrictos reglamentos cerrados a sus mayorías), y no hablemos ya de la delegación supranacional de funciones, como ocurre actualmente en nuestro entorno con la Unión Europea, donde la sobernía nacional de sus Estados miembros ha sido delegada a Instituciones y Organismos internacionales que no han sido elegidos por nadie (Comisión Europea, Banco Central Europeo, etc.).

 

objetivo_democracia101.jpgEl resultado es que, actualmente, las clásicas expresiones como "voluntad del pueblo", "voluntad expresada en las urnas", y otras tantas, han sido despojadas de todo su significado, porque se perdió la correlación entre esa capacidad del pueblo de ejercer el poder con las vías o métodos concretos para llevarlo a cabo. El concepto de pueblo como sujeto soberano se ha desvirtuado para estos menesteres, convirtiéndose en un mero recurso literario, en una construcción retórica de carácter instrumental. La falsaria asociación entre democracia y elecciones ha ganado la partida, y se nos lleva vendiendo la idea, desde hace más de 30 años, de que disfrutamos de una auténtica democracia, y de que además, ésta ha representado la época de mayor paz y bienestar de nuestra Historia. Mediante estas grandilocuentes declaraciones se acalla la voz del pueblo, que continúa resignándose a tener que contemplar cómo los representantes políticos toman las decisiones que les interesan (a ellos, a sus respectivos partidos, a sus compañeros de bancada, a sus familiares y amigos, etc.). En definitiva, la clase gobernada (el pueblo, la ciudadanía, como la queramos llamar) ha acabado asumiendo un rol pasivo en el campo de la acción y la decisión política, y justificando dicho rol en aras a la consecución de una falsa e incompleta democracia.

 

objetivo_democracia102.jpgEn última instancia, y lo hemos denunciado en otros muchos artículos, venimos (desde la época de la Transición) justificando, asumiendo y perpetuando un modelo de poder determinado, anquilosado y prostituido, que sirve únicamente para salvaguardar los intereses de una élite dominante. Pero dejaremos aún pospuesto el debate de quién es en definitiva dicha élite dominante (quedémonos por ahora con que es la que representa el poder político), para continuar centrados en cómo podemos implementar ciertos mecanismos de democracia directa y participativa, deliberativa, decisoria y revocatoria, para intentar lograr que nuestra democracia sea una democracia más robusta, y que responda mejor a su raíz etimológica. Resulta imprescindible, y ya ha sido comentado, romper para ello con la mentalidad capitalista, en el sentido de la predominancia del individualismo, del egoísmo, del consumismo, porque este aspecto dificulta en gran medida la celebración de procesos asamblearios fundamentados en la deliberación pública y abierta, desinteresada, porque para ello se necesita volver a recuperar una concepción política de la proximidad, de la cercanía, de la cooperación, de la colaboración, del interés del grupo, esto es, una visión comunitaria de la vida pública.

 

objetivo_democracia103.jpgHemos de incidir por tanto en un cambio de mentalidad para conseguir asentar estos principios en el imaginario colectivo democrático. El pensamiento liberal primero, el capitalismo después, y la filosofía, política y economía neoliberales últimamente, han erradicado prácticamente dichos valores de nuestra sociedad, para instalar el egoísmo, la competencia y el individualismo a mansalva para todos los aspectos de la vida. La traslación a la política está clara: nos limitamos a votar cada cuatro años, dando legitimidad después a lo que dichos representantes electos quieran hacer durante ese período. Juan Carlos Calomarde lo expresa en los siguientes términos: "Para el liberal, el hombre es un ser solitario, y esa manera de concebir a la persona le impide conocer que la verdad es un cierto producto de la vida colectiva, y así es difícil que comprenda la sociedad. De esta manera, mientras que para el liberal los individuos aplican sus verdades a las relaciones humanas, para el demócrata las personas contribuyen a la formación de verdades compartidas en su comunidad". Hemos de volver a recuperar los valores colectivos de cooperación, colaboración e interés común para que las prácticas democráticas que aquí proponemos no sólo tengan un sentido, sino que sean adoptadas e instaladas en el imaginario popular.

 

objetivo_democracia104.jpgEn este sentido, preparar el camino hacia todas las vertientes y manifestaciones de la democracia participativa incluirá un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, una transfiguración del sistema actual, basándonos en una nueva escala de valores sociales, donde los individuos dejen de verse como objetos de competencia entre sí, deje de primar el consumo, y se reduzcan ampliamente los niveles de desigualdad y diferencias socioeconómicas. Sin sentar estas nuevas bases y valores sociales, quizá la democracia participativa nunca llegará de verdad a implantarse con ciertas garantías de éxito y estabilidad. Y sobre todo, necesitamos incorporar en nuestro comportamiento colectivo un principio que han difundido bastante los nuevos movimientos sociales del tipo "Ganemos..." que se enuncia y se resume muy bien bajo el paradigma "Mandar obedeciendo", esto es, los nuevos y futuros gobernantes deben entender la política no sólo como un servicio público, no sólo en función de las necesidades sociales, sino completamente al servicio continuo y directo del mandato popular, es decir, planteando a la ciudadanía y recibiendo siempre de ella misma la autorización, el feedback, la aprobación, el consenso necesarios para implementar y llevar a cabo las medidas planteadas. Sin el respeto a este sagrado principio, no avanzaremos realmente hacia una completa democracia. Finalizamos en esta entrega con los aspectos ligados a la democracia participativa, y desde la siguiente comenzaremos con las posibilidades para una democracia digital.

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17 diciembre 2014 3 17 /12 /diciembre /2014 00:00

Sobre la forma concreta de Estado Republicano, sus variantes e implicaciones, los autores Albert Jiménez, A. Dorado y Guillem Murcia, en su artículo "Diez falacias en defensa de la Monarquía: manual anti-tertulianos", nos cuentan lo siguiente: "Vaya por delante la aclaración de que una forma de Estado republicana no supone la panacea que resuelva los numerosos problemas que aquejan tanto a la sociedad como a la vida política del Estado Español. Existen regímenes republicanos con tremendos problemas sociales de desigualdad, falta de representación ciudadana en las Instituciones, o actuaciones antidemocráticas. Sin ir más lejos, Estados Unidos es una democracia de régimen presidencialista donde no hay un Jefe de Estado hereditario, sino que esta figura coincide con la del Presidente elegido (más o menos) libremente por el pueblo. Esto contrasta con regímenes parlamentarios como el caso irlandés, en los que el Jefe del Estado tiene atribuciones esencialmente ceremoniales. En la República de Irlanda, el Presidente es elegido directamente por los ciudadanos, pero la legitimidad democrática descansa en el Oireachtas (el Parlamento, compuesto por el Senado y el Dáil, las cámaras alta y baja respectivamente), al que también corresponde el poder legislativo, mientras que el ejecutivo es propio del Gobierno, al frente del cual está el Taoiseach (el Primer Ministro). El Presidente tiene sólo algunas funciones "bajo su propio juicio", según especifica la Constitución".

 

republica181.jpgY concluyen: "A medio camino entre las Repúblicas presidencialistas y las parlamentarias, se hallan aquéllas que suelen describirse como semi-presidencialistas, en las que existen tanto el Presidente de la República como el Primer Ministro, pero el primero tiene importantes atribuciones políticas que superan con mucho las "funciones ceremoniales" en los regímenes parlamentarios. Serían los casos de Francia o de Rusia (lo cual explica un poco porqué se ha visto esa rotación extraña entre Putin y Medvedev en los últimos años). Como vemos, decir "República" puede querer decir muchas cosas, incluso si hablamos sólo de la estructura institucional del Estado". Bien, estas líneas nos aclaran lo que venimos diciendo desde los primeros artículos de esta serie, en el sentido de no insistir tanto en las etiquetas o apellidos que una República pueda tener, sino en ofrecer para ella unos contenidos, un modelo de sociedad realmente justo e igualitario. En los diversos ejemplos que nos ofrecen estos autores, lo que queda claro no es que la forma de Estado republicana no nos sirva como modelo de democracia, sino que efectivamente, si no va reforzada y enlazada con un modelo de sociedad avanzado, realmente democrático, la República en sí mismo, como mera etiqueta, no sirve para nada.

 

republica182.jpgY por su parte, como ya sabemos, la Monarquía es una forma de gobierno en la que el poder supremo corresponde con carácter vitalicio a un Príncipe, designado generalmente según el orden hereditario y a veces por elección (como sucedió con el Rey Juan Carlos I, padre del actual Felipe VI). Hoy día, podemos decir que existen dos tipos de Monarquías: la Monarquía absoluta, aquélla en la que el Rey es titular del poder soberano y aúna y personifica todos los poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), sin que exista límite constitucional alguno, es decir, una dictadura (por ejemplo, Arabia Saudita); y la Monarquía Constitucional (o Parlamentaria), que es aquélla que limita el poder del Rey a ser la encarnación del Estado del que es Jefe, y estipula su sometimiento y encaje bajo una Constitución. En esta segunda forma, el poder recae en el pueblo (formalmente, no realmente) que ejerce la soberanía a través de sus representantes públicos electos en el Parlamento, y en el Gobierno, que representa el Poder Ejecutivo (por ejemplo, España). Y aunque, teóricamente, la República hace referencia a que la soberanía reside en el pueblo de forma democrática, en la práctica, el concepto de República se lo pueden atribuir Estados que simplemente no adopten una forma de Monarquía, incluyendo en ocasiones Estados con sistemas totalitarios, oligarquías o dictaduras.

 

republica183.jpgDe ahí el extremo cuidado que hay que poner en los procesos de transición hacia la República, como el que queremos protagonizar en nuestro país. Queremos por tanto una República avanzada, radicalmente democrática, no una República desvirtuada, disfrazada o edulcorada, que pueda esconder otros sistemas oscuros o poco democráticos. Tienen en parte razón aquéllos que dicen que tampoco habría grandes diferencias entre la Monarquía española actual y una República a imagen y semejanza de las de nuestros vecinos europeos, como Francia, Italia, etc. Pero de lo que no se dan cuenta es de que si se produce cierto movimiento, éste nos puede hacer llegar más lejos que otros que ya no se mueven. No se dan cuenta, tal como dice la ley del desarrollo desigual y combinado de las sociedades, que al instaurar una República en nuestro país se abriría una oportunidad muy valiosa para intentar cambiar las cosas más a fondo, por intentar adelantar a nuestros vecinos y sus "Repúblicas", por construir una verdadera y completa República, esto es, una auténtica democracia. Es verdad que quizás la Tercera República Española no suponga grandes cambios con respecto a la Monarquía actual, pero de lo que se trata precisamente es de conseguir que se produzca un verdadero cambio, pero lo que es seguro es que si no se intenta el cambio, si ni siquiera lo intentamos, éste no se producirá, seguiremos anclados en nuestro régimen, en nuestro sistema, un régimen en descomposición desde la incompleta y engañosa Transición que protagonizamos a finales de la década de los 70 del siglo pasado.

 

republica184.jpgPero seamos realistas. El éxito del cambio nunca lo tendremos garantizado. El pueblo (o su vanguardia) que lo propugna debe siempre trabajar activamente y tenazmente por lograrlo. La voluntad popular mueve montañas, por tanto, hay que intentarlo. Porque si no se intentan los cambios, entonces es seguro que se garantiza el inmovilismo. Y el inmovilismo no nos lleva a ningún sitio. Si todos aquéllos que a lo largo de la Historia consiguieron mejoras para su sociedad, realizaron grandes aportes y avances en justicia e igualdad, en democracia, se hubieran dejado dominar por el pesimismo, por el conservadurismo, por el miedo, por la inseguridad, por la incertidumbre, por el derrotismo (propiciado por las élites del sistema precisamente para mantener su control sobre el mismo), entonces aún seguiríamos en la época de las cavernas. Si lo intentamos quizás lo consigamos, pero si no lo intentamos seguro que no lo conseguiremos. Intentémoslo y trabajemos por lograr un verdadero cambio, un auténtico cambio de régimen, una auténtica República democrática. Si lo conseguimos, nuestras siguientes generaciones nos lo agradecerán, pues les habremos dejado una sociedad mejor que la que nosotros encontramos. Continuaremos en siguientes entregas.

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16 diciembre 2014 2 16 /12 /diciembre /2014 00:00

"La corrupción es el instrumento que permite gobernar a los que no se presentan a las elecciones"

(Manolo Monereo)   

 

 

 

 

 

Cuando aún falta aproximadamente un año para las próximas Elecciones Generales, la élite política, económica y mediática que nos gobierna, la casta oligárquica, la clase dominante, en una palabra, se va posicionando claramente y sin complejos hacia su apoyo sin fisuras al bipartidismo representado por PP y PSOE. Primero fueron el Presidente de la CEOE (Joan Rosell) y el Presidente de Bankia (Juan Ignacio Goirigolzarri), en sendas entrevistas al diario "El Mundo", y posteriormente se le han sumado el Presidente de REPSOL (Antonio Brufau), y el de Telefónica (César Alierta), en un foro empresarial. También hemos tenido declaraciones del Presidente de Freixenet. Y a todo ello, le sumamos los guiños realizados por algunos dirigentes políticos del propio bipartidismo, tales como María Dolores de Cospedal y Jesús Posada (PP), y Pedro Sánchez o César Luena (PSOE). De esta forma, empresarios y banqueros insisten en el gran pacto de coalición PP-PSOE, para fortalecer el bipartidismo ante un supuesto éxito electoral de PODEMOS. La avanzadilla la habría protagonizado el mismísimo Felipe González, quien apostó ya claramente por la gran coalición "si el país lo necesita".

 

poderosos_bipartidismo1.jpgEl escenario que se abre es intenso y apasionante, ya que han pasado de los insultos, descalificaciones, manipulaciones, medias verdades y ataques en toda regla, a la campaña de autoprotección y blindaje en previsión de los posibles resultados que puedan obtener. Una estrategia completamente lógica y esperada, que viene a confirmar lo que tantas veces hemos afirmado y constatado: la clase dominante tiene auténtico miedo a un posible vuelco electoral que suponga una distinta correlación de fuerzas, que puedan plantear una serie de medidas que vayan en contra de sus intereses, y a favor de los intereses de la inmensa mayoría social. Y aunque el PSOE de momento se resiste, y a lo más que se "compromete" es a pactos puntuales en su momento, con cualquier fuerza política, el PP ya ha manifestado su intención de no descartar un gran pacto de coalición "en los grandes asuntos de Estado" (léase economía, que es el mayor asunto de Estado, aunque no se mencione expresamente).

 

poderosos_bipartidismo2.jpgLos grandes empresarios y banqueros afirman que el bipartidismo hasta ahora ha funcionado, ha proporcionado estabilidad, y continúan apostando por la misma correlación de fuerzas. Lógicamente, esto es la prueba del 9 de lo que siempre hemos afirmado: el bipartidismo lleva gobernando en este país, desde hace más de 30 años, para servir a los intereses de la clase dominante, a los ricos y poderosos, y en contra de la clase trabajadora. ¿Queremos más demostraciones? ¿No estamos convencidos todavía? Está claro que ya no lo esconden, que se manifiestan abiertamente, que están poniendo en marcha toda la artillería dialéctica de que son capaces para hacer preservar al bipartidismo, es decir, sus propios intereses. Promueven el pacto post-electoral entre las dos grandes fuerzas políticas, a sabiendas de que eso no va a cambiar el panorama, y de que van a continuar teniendo a su servicio a los políticos títere, los mismos que han tenido hasta ahora.

     

poderosos_bipartidismo3.jpgY bajo el mantra de invocar a la famosa "estabilidad política y económica", lo que se esconde es una firme y decidida intención de frenar todo lo posible el avance de las fuerzas emergentes, sobre todo de PODEMOS, que les provocan una gran inquietud. El Presidente de Bankia, por ejemplo, afirmaba que "necesitamos partidos fuertes que compartan los mismos principios; lo importante ahora es la estabilidad". ¿Y qué principios son esos? ¿El principio del continuismo político, de la corrupción, de la hegemonía empresarial, del trabajo basura, de los bajos salarios, de la precariedad laboral, del enriquecimiento de las empresas? ¿Qué valores son los de dicha estabilidad? ¿La estabilidad para seguir deshauciando a gente de sus casas, para reformar la fiscalidad para que paguen menos los más ricos, y para poder excluir a más gente de la sanidad y de la educación públicas? Por su parte, César Alierta manifestó en el foro referido que "El bipartidismo ha funcionado en España, está clarísimo, y va a seguir funcionando", recordando que la renta per cápita ha mejorado un 60% desde la Transición y que la economía española ha llegado a superar a la de Holanda y Suecia juntas en este período. Pero no dijo nada sobre las prácticas mafiosas de su empresa, ni de la explotación laboral que practica.

 

poderosos_bipartidismo4.jpgPor su parte, Antonio Brufau, el de las prospecciones petrolíferas en Canarias, también está muy interesado en el bipartidismo, que tan bien le protege de la "invasión" de las lanchas de los activistas de Greenpeace. Afirmó cosas como que "se asegura más la estabilidad con el bipartidismo que con una multiplicidad de partidos, así que les pido [a PP y PSOE] generosidad para entender la posición del otro e intentar aproximarse. El pacto no es malo para nadie". ¡Qué conmovedor! Es alentador saber cuán conciliadores son nuestros grandes empresarios...¿de verdad se creerán lo que dicen? Y Goirigolzarri cerró el trío afirmando que "más que de bipartidismo, yo hablaría de una serie de principios en los que hay que estar de acuerdo todos". Debe referirse a estar de acuerdo en salvar a la banca con los recursos de todos, para que continúe en manos privadas, consumándose uno de los mayores saqueos y expolio de los recursos públicos que se han dado en nuestra "democracia".

     

poderosos_bipartidismo5.jpgPara todos ellos, es clave que el bipartidismo continúe, se coaligue, no pierda fuerza, porque le va en ello, como decimos, sus propios intereses. Y en el terreno político, a pesar de que el PSOE afirma hasta la saciedad (por tres veces fue negado por su Secretario de Organización, César Luena) que no habrá una gran alianza con el PP, ya sabemos por dónde queda la credibilidad de este partido, después de más de 30 años de permanente engaño a la ciudadanía y a la clase obrera de este país. Debiera darles vergüenza seguir llevando la "S" de socialista y la "O" de obrero en sus siglas. De momento, ya han ofrecido cuatro grandes temas para el consenso, cuatro grandes aspectos donde, según ellos, se deben alcanzar acuerdos. Han citado la modificación de la Constitución (aunque aún no conocemos su propuesta federal en detalle), de poner en marcha un sistema educativo que dé estabilidad y excelencia al sector (lo que deben hacer es eliminar la religión y dejar de apoyar a los colegios privados y concertados), una reforma energética para reducir la factura de la luz a empresas y familias (parece mentira viniendo de un partido que reconoce el déficit tarifario, y que ve con buenos ojos la práctica del fracking, entre otras muchas cosas), y un acuerdo sobre dependencia y servicios sociales (para ello debieran derogar el artículo 135 modificado de la Constitución, a lo que Pedro Sánchez continúa negándose, en un ejercicio de pura contradicción).

 

poderosos_bipartidismo6.jpgA estas alturas, el PSOE aún se atreve, por boca de su portavoz Antonio Hernando, a afirmar que ellos, con respecto al PP, "somos agua y aceite". Hace falta echarle cara dura y poca vergüenza. De hecho, en el PSOE admiten que su pelea, de cara a las elecciones de 2015, es dejar claro al electorado que no son lo mismo que el partido que está en el poder. Pues sí, señor Hernando, en vez de agua y aceite, son ustedes uña y carne, salvo para algunos aspectos sociales. Pero en lo esencial, en los aspectos económicos, que son los que gobiernan el resto de aspectos de una sociedad, las relaciones de producción, las relaciones de propiedad, las relaciones laborales, y todo el conjunto de relaciones que definen el sistema productivo y la economía real del país, son ustedes lo mismo. Su modelo de sociedad es el mismo, sus aspiraciones, metas, logros y objetivos van en la misma línea. Maman de la misma teta ideológica, y ha quedado demostrado en infinidad de ocasiones, aspectos y ejemplos. Por cierto, del mismo lado también de estos grandes empresarios y banqueros que les defienden, que les protegen y que les amparan, y que los utilizan como marionetas, como manijeros del auténtico poder que ellos representan. Dado el panorama, ¿todavía hay alguien en este país que no crea que estamos en una guerra de clases?

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15 diciembre 2014 1 15 /12 /diciembre /2014 00:00

"En definitiva, lo que esta crisis pone de manifiesto es el agotamiento de un sistema económico, de un modo de producción, de unas relaciones de propiedad, en las que se ha basado lo fundamental de la economía de las sociedades humanas en los últimos siglos"

(Manifiesto IU "Un programa para transformar la sociedad")

 

 

 

 

 

socialismo521.jpgBajo la nueva situación que se abriría si se ponen en práctica las medidas ya comentadas en artículos anteriores, sería posible poner en marcha la mejor defensa y el mejor contraataque contra el desempleo, como es un Plan de Creación de Empleo Público, volviendo a recuperar derechos, estabilidad y seguridad en los puestos de trabajo. Su cuantía vendría determinada (no es una foto fija, iría creciendo en sucesivas convocatorias) por el objetivo de alcanzar el pleno empleo, aunque esto no se consigue de un día para otro, máxime con las altas tasas de desempleo juvenil, desempleo de larga duración, desempleo femenino y desempleo para mayores de 45 años. Pero dada la demostrada incapacidad del sector privado para lograr el pleno empleo (de hecho es el primer interesado en que exista desempleo, para ostentar posiciones de fuerza), la espina dorsal de la propuesta laboral en una sociedad socialista es el desarrollo del sector público, que tendrá que plantearse como objetivo el acabar con el desempleo. Esto rompe con otro de los paradigmas que nos han querido inculcar desde las políticas neoliberales, como es el mantra del emprendimiento, como la panacea para solucionar todos nuestros problemas, así como que la clase empresarial es la que crea empleo.

 

socialismo522.jpgDebemos volver a recuperar el empleo público como pieza fundamental del sistema, y lograr que la tasa de población que se encuentre trabajando en alguna faceta, derecho o servicio del Estado del Bienestar sea cada vez mayor. Con ello no sólo contribuimos a erradicar el desempleo, sino a construir una sociedad con mayores niveles de protección social. Debemos fijar el Salario Mínimo Interprofesional, para garantizar un nivel de vida digno, así como la reactivación del consumo (y con ello la reactivación de la propia economía real), alrededor de unos 1.100 euros brutos mensuales (y 14 pagas) y una escala móvil de salarios, que garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo. Asímismo, debemos establecer un Salario Máximo de 5.500 euros brutos mensuales (y 14 pagas) en las empresas públicas. Todo ello son medidas encaminadas a acabar con el modelo de la precariedad laboral que se nos ha impuesto, acrecentado con la excusa perfecta de la crisis. Hay que suprimir el contrato temporal por circunstancias de producción. El resto de los contratos laborales de duración determinada deberán cumplir el principio de causalidad bajo supervisión estricta de las Administraciones Públicas, la Inspección Laboral y los sindicatos. Hay que prohibir igualmente las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), así como retirar las competencias en búsqueda de empleo a cualquier empresa privada. Dichas funciones pasarán de nuevo al ámbito público. Igualmente, la gestión del desempleo, de la Renta Básica (que proponemos sustituya a cualquier otra perstación en caso de situación de desempleo) y de la colocación será pública en su totalidad.

 

socialismo523.jpgDebemos promulgar con carácter inmediato (llámese Renta Básica, Renta de Inserción o con cualquier otro nombre) un subsidio de desempleo indefinido mientras no se garantice un puesto de trabajo digno, nunca inferior al SMI establecido, pues ninguna persona debe carecer de los ingresos suficientes para poder vivir con dignidad. Esta medida es, además, imprescindible para poner en marcha una transformación del sistema productivo sin que eso suponga arrojar a la miseria a millones de trabajadores. Y todo ello, sin perder de vista en el horizonte la extensión de dicha Renta Básica a las características de universalidad, individualidad e independencia de rentas. Alcanzado ese objetivo, liberaremos a la clase trabajadora de la necesidad de sobrevivir únicamente mediante su fuerza de trabajo, así como cualquier atisbo de abuso empresarial. Todas estas medidas de carácter laboral entroncan con las medidas de carácter social, que vamos a pasar a comentar a continuación. Como mínimo y de forma general, el Estado debe garantizar todos los siguientes derechos de una manera digna: el trabajo (o en su caso la prestación), la vivienda, la sanidad, la educación, y la atención social en situaciones de dependencia. No es que dichos derechos vengan escritos y declarados en una Constitución, sino que deberán estar plasmados en ulteriores regulaciones, leyes y normativas que los garanticen de hecho. Pero no nos quedamos sólo aquí.

 

socialismo524.jpgTodos los servicios públicos privatizados serán devueltos al sector público. Sus trabajadores serán subrogados. Las empresas privadas afectadas serán indemnizadas, tras una auditoría de las mismas y del servicio prestado, que determine el estado real de la empresa en cuestión, y su cumplimiento de los pliegos de condiciones, hasta un máximo de 100.000 euros por accionista y sin superar en ningún caso el precio que se pagó por su privatización. Esto incluirá los centros sanitarios de la red pública que han sido construidos y gestionados por la iniciativa privada, así como todo el conjunto de subservicios o servicios complementarios o auxiliares que se hayan externalizado a terceras empresas privadas. Sobre todo, hay que quitar del ámbito privado los servicios públicos que garantizan el Estado del Bienestar, pues con ellos no se debe hacer negocio. Su único prisma es la rentabilidad social. En este sentido, se deberán suprimir los conciertos con entidades educativas y sanitarias privadas en un plazo limitado de tiempo, pudiendo elegir los centros concertados de enseñanza entre incorporarse a la red pública de centros si reúnen las condiciones adecuadas para ello, con la subrogación de las plantillas, o bien seguir ejerciendo su labor como centros privados, pero sin ayudas.

 

socialismo525.jpgSe debe crear una Agencia Pública de Dependencia en todas las Comunidades Autónomas (o Estados Federados), que garantice con prestaciones directas la cobertura a todas las personas dependientes. Ante tanto desaguisado del ámbito privado, debemos poner en marcha también un Plan de Ampliación de los Servicios Públicos, aumentando progresivamente la inversión social, de forma que se elimine el tremendo déficit social que padecemos con respecto a los demás países europeos, acabando con el histórico subdesarrollo social del Estado Español, que arrastramos desde los tiempos del franquismo, y que el bipartidismo no ha querido corregir. El primer paso para la consecución de dicho fin será restituir a sus antiguos empleos a todos los trabajadores públicos despedidos durante las sucesivas etapas de recortes de los últimos gobiernos. Se establece igualmente la prohibición de deshauciar a cualquier persona o familia de su vivienda habitual, por carecer de recursos suficientes para pagar su hipoteca. La vivienda afectada por esa situación pasará a formar parte del Parque Público de Vivienda, y la familia que la ocupaba pagará un alquiler de acuerdo a sus posibilidades económicas, sin que nadie pueda echarles de la misma.

 

socialismo526.jpgSe potenciará el régimen de alquiler social frente al de propiedad, y aunque no es la medida deseada, se podrá aplicar la dación en pago con carácter retroactivo a todas aquéllas familias que hayan sido deshauciadas de sus casas, por falta de ingresos suficientes. Igualmente, se creará un Parque Público de Viviendas de Alquier Social, completamente de gestión pública. Los responsables de su gestión serán las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos correspondientes. Tras una auditoría detallada, todas las viviendas bajo propiedad de las entidades financieras que reúnan las condiciones para ello, se considerarán expropiadas y se incorporarán a dicho Parque Público. Bajo esta filosofía en la que prima el derecho a la vivienda, y en despojar a ésta de cualquier objeto de especulación, ninguna vivienda podrá estar vacía, salvo causa debidamente justificada. Comunidades Autónomas (o Estados Federados) y Ayuntamientos, mediante las correspondientes Agencias Públicas de Alquiler, velarán por el cumplimiento de esta norma, garantizando que todas las viviendas se alquilan a precios asequibles en función de la renta de las personas y familias, y dando garantías a los propietarios tanto del cobro del alquiler como del buen uso de la vivienda. Una familia propietaria de una vivienda alquilada podrá disponer de ella apenas lo necesite cualquiera de sus miembros para vivir en ella, o bien desee venderla. No obstante, todos los posibles realojos de los inquilinos quedarán garantizados. Continuaremos en siguientes entregas.

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12 diciembre 2014 5 12 /12 /diciembre /2014 00:00

"Una persona se educa, socializa y construye su visión del mundo inmersa en un contexto socio-cultural determinado. Del mismo modo que una ranita que vive en un pozo podría pensar que todo el mundo se reduce a ese entorno, las personas asumimos las leyes que rigen nuestra cultura, economía y política como leyes naturales o, según el caso, leyes divinas. Asimilamos y reproducimos en nuestro interior el sistema cultural e ideológico en el que nos criamos y desarrollamos, y la clave de esta interiorización no es tanto la coherencia o solidez del discurso aprendido como, sencillamente, la asusencia de cuestionamiento"

(Pablo Batto)

 

 

 

 

Comenzamos aquí una nueva serie de artículos, dedicada como indica su título a los mecanismos psicológicos y sociales que tienen que ver con el modo y la forma en que la clase dominante nos trasmite su pensamiento, y cómo quedamos sujetos a él, si no somos capaces de desarrollar cierta capacidad crítica. Y partimos tanto del engaño como de la propia desidia del ciudadano, que ambas tienen que ver con el éxito de dicha transmisión. Podemos comenzar poniendo ejemplos, que es quizá como mejor se comprenden las cosas. Bueno, pues por ejemplo, véase con qué "naturalidad" se ha dedicado recientemente el nombre de una madrileña plaza a Margaret Thatcher, la que fuera Primer Ministro británica durante muchos años, responsable de la puesta en marcha en el Reino Unido de toda la oleada de medidas neoliberales que desmantelaron los servicios públicos, redujeron los salarios, hicieron disminuir el poder y la influencia de los sindicatos, y empobrecieron a la clase trabajadora británica durante décadas. Pues bien, para el PP, la señora Thatcher constituye un buen referente político, un espejo donde mirarse, y la población lo tiene tan asumido que la dedicación de dicha plaza madrileña a la ex premier británica se ha visto como algo normal...Nadie se ha manifestado, no ha sido recogida como noticia destacada, y los grandes medios de comunicación convencionales no le han dado mayor importancia...

 

Si en cambio dedicáramos el nombre de una calle o plaza para el también desaparecido Comandante Hugo Chávez, forjador de la revolución socialista bolivariana, responsable de la buena evolución de los indicadores sociales de la población venezolana de los últimos años, con reducción de la pobreza, aumento del nivel de alfabetización de la población, universalización de la sanidad, de la educación, y liberador para su pueblo de la opresión norteamericana...¿la población hubiera reaccionado igual? ¿Los medios de comunicación hubieran destacado la noticia? ¿Hubieran hecho campaña contra ella? Dejo las respuestas a los lectores. Aquí tenemos una brillante muestra del poder del pensamiento dominante. Y es que durante años, mediante campañas mediáticas, engañosos mensajes y acciones propagandísticas, se ha difundido una imagen positiva del legado de Margaret Thatcher (y por tanto se ve lógica la dedicación de una plaza con su nombre), mientras se ha demonizado y vertido una manipulada y monstruosa imagen del dirigente venezolano, razón por la cual las reacciones no serían las mismas.

 

Expresémoslo en palabras de Manuel Cañada: "La historia dominante, como la ideología dominante en su conjunto, se impone como paisaje, como atmósfera que envuelve nuestra vida cotidiana. El nombre de las calles, las esculturas urbanas, los calendarios, las celebraciones y conmemoraciones...la historia del poder cristaliza como tradición de todos, como naturaleza social. A aquél camino senderista lo bautizan como Ruta del Emperador; este otro museo de arte contemporáneo como Reina Sofía; la parada del metro, Núñez de Balboa; el paraninfo universitario, Ramón Areces...Son sólo algunos signos externos de hasta qué punto el santoral de las clases dominantes impregna los espacios cotidianos, adquiriendo además el marchamo de patrimonio común y de "historia objetiva". Junto a los medios de comunicación, los sistemas educativos tienen un papel crucial en la conformación de ese "sentido común histórico". A modo de ejemplo, invito a la lectura de los libros de la asignatura de Historia que se utilizan en el Bachillerato para explicar el final del franquismo y la transición española. En ninguno de los textos que he podido ver se habla de los cinco fusilamientos de noviembre de 1975 o de las decenas de asesinatos a cargo de la policía en manifestaciones durante esa década".

 

O bien, tomando las palabras de Juan Pedro Viñuela: "El poder nos engaña y utiliza los medios de comunicación de masas, o de manipulación de las conciencias, para deformar nuestra visión del mundo. Utiliza la distracción. De lo que se trata es de mantenernos entretenidos, el antiguo pan y circo de los romanos. Fútbol, mucho fútbol, telenovelas y series que transmiten falsos valores y recrean una falsa realidad del pasado. Todo este entretenimiento evita que pensemos y dediquemos el tiempo a los problemas importantes. El poder también inventa problemas para despistar al ciudadano. Amplifica la violencia terrorista, por ejemplo, o se regodea en la crisis, para conseguir que el pueblo acepte las medidas que el propio poder le ofrece, que es, en definitiva, lo que el poder quiere. También los poderosos, utilizan las medidas graduales. No realizan una reforma radical, en tal caso la ciudadanía se le echaría encima. Van haciendo pequeñas reformas que el ciudadano, aunque un poco a regañadientes, va aceptando".

 

Todo ello está perfectamente estudiado por los psicólogos sociales, como una de las estretegias de manipulación social que se ponen en marcha en casi todas las sociedades actuales, para que la clase dominante pueda encaminar y dirigir sus objetivos con mayores posibilidades y garantías de éxito. De esta forma, y bajo un clima previo de predisposición y alienación social, las medidas se van tomando poco a poco, con cuentagotas, para no levantar demasiada protesta social. Y también se van tomando en diferido, para paliar el efecto de las medidas inmediatas. Por ejemplo, se reforman las pensiones, se privatiza parte de los servicios sanitarios, se potencia a los centros privados concertados, y así, se van poniendo piedrecitas en el camino para alcanzar poco a poco el modelo de sociedad que ellos quieren. Todo ello bombardeado con una serie de frases rimbombantes, que ponen en cuestión la "sostenibilidad" del sistema, para que la aceptación social de dichas medidas se vaya legitimando. Con ello se consigue una especie de "narcotización social", un adormecimiento de nuestras mentes, de nuestras conciencias y de nuestras actitudes, que nos lleva a un estado más proclive para la aceptación social de las medidas que se ponen en marcha. Todo está estudiado y definido. Todo obedece a un plan prediseñado por la clase dominante, para controlar, extender y perpetuar su poder sobre las clases dominadas. Continuaremos en siguientes entregas.

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11 diciembre 2014 4 11 /12 /diciembre /2014 00:00

"La democracia es inestable como sistema político, siempre y cuando se mantenga un sistema político y nada más, en vez de ser, como debe ser, no sólo una forma de gobierno, sino un tipo de sociedad, con un modo de vida congruente (...). Se trata, en primer lugar, de eliminar decididamente todas las formas de privilegio que favorecen a algunos grupos en detrimento de otros, sea por diferencias de medio ambiente, de educación, o de ingresos pecuniarios. Se trata, en segundo lugar, de la conversión del poder económico, ahora a menudo un tirano irresponsable, en un servidor de la sociedad, trabajando dentro de límites claramente definidos y responsable de sus acciones frente a una autoridad pública"

(R. H. Tawney)

 

 

 

 

objetivo_democracia91.jpgYa dibujamos, en artículos anteriores, la colaboración e implicación de las instituciones populares de la democracia en la polis griega. Y mediante el funcionamiento activo, cercano y dinámico de todas estas instituciones atenienses, los ciudadanos, en la época a que nos referimos, estaban cultivados políticamente hablando. Estaban entrenados en los asuntos del Estado, tenían conciencia de la necesidad de la participación popular, dentro de su comunidad, y para todos sus conciudadanos. Contemplaban como algo normal, cuando llegaban a cierta edad, haber asistido a unas cuantas sesiones de la Asamblea, haber oído y participado en muchos debates, o haber presenciado algún juicio. Evidentemente, la conciencia de un/a ciudadano/a formado/a mediante este sistema (o cualquier otro análogo) es muy diferente a la aquéllos/as que nunca han podido participar en ningún aspecto de su comunidad, de su nación o su de Estado. Esta conciencia de participación ciudadana es la que tenemos que volver a recuperar. En palabras de John Stuart Mill (muy poco sospechoso de poseer ideología de izquierdas): "La práctica del dicasterio y ecclesía elevó el nivel intelectual del ciudadano ateniense medio por encima de cualquier otra cosa de la que hasta hoy poseemos ejemplos en cualquier otra sociedad humana".

 

objetivo_democracia92.jpgY tal y como argumenta Juan Carlos Calomarde: "Si un Estado es muy grande para una sola Atenas, ¡construyamos muchas Atenas! Es decir, no existe ningún impedimento para que se organicen tantas Asambleas en tantos lugares como sea necesario. Después, es posible contabilizar, en un registro estatal, las votaciones de todas estas Asambleas". El sistema de sorteo puede parecernos raro en principio, ya que hoy en día, sólo lo contemplamos para los casos de elección de un jurado popular, o de constitución de una mesa electoral. Sin embargo, los atenienses entendían fundamental para la democracia, que los cargos, al menos la mayoría, fueran sorteados. Grandes filósofos, como Aristóteles, defendían este sistema por considerarlo el más justo, propugnando que se eligieran todos los cargos entre todos (al menos los que no requieran conocimientos y experiencia), y que todos manden sobre cada uno y cada uno alternativamente sobre todos. El sistema de sorteo garantiza, de esta forma, que todos los ciudadanos tienen las mismas posibilidades de ser elegidos. De esta manera, las facultades que tenga cualquier cámara sorteada pertenecerían potencialmente al pueblo en su totalidad, ya que en cualquier momento, y sin más medio que el azar, se produce una alternancia que puede colocar a cualquier persona en esa situación.

 

objetivo_democracia93.jpgEl sistema de sorteo ha sido defendido por muchos autores, como Sebastián Linares. Pero podemos aportar también otras reflexiones, que están hoy en día bastante en vigor. Por ejemplo, el hecho de que el sorteo coloque a todos en un mismo plano, consiguiendo que todos tengan las mismas posibilidades de salir elegidos, sirve para evitar que aquéllas personas (o grupos), solamente por contar con más recursos, pero no necesariamente con más capacidad, sean sistemáticamente elegidos. Es una manera de corregir que la desigualdad económica y social se traslade también a las instituciones políticas. Justo al contrario de lo que ahora mismo quieren hacer los Gobiernos (Autonómicos) del PP, que es colocar en los escaños a su gente, que suele coincidir con aquéllos que más recursos tienen, cerrando la puerta de la política a la gente más humilde, bajo la excusa de que no quieren "profesionalizar" la política. Y aunque entroncamos también con el debate de si habría que dar poder también a quien no lo quisiera, es evidente que todos estos mecanismos contribuyen también a erradicar (o al menos a dificultar) la corrupción imperante en los modernos sistemas de participación política. Y si alguien cuestiona el sistema de elección por sorteo por su posible ilegitimidad, ¿qué pasaría con nuestra actual Ley Electoral, que balancea los resultados beneficiando en escaños a los partidos mayoritarios? ¿O qué pensaríamos de un sistema donde se ignora la abstención, el voto en blanco o el voto nulo?

 

objetivo_democracia94.jpgEl procedimiento del sorteo, al fin y al cabo, solo interpola las decisiones de toda la población, concentradas en un grupo de personas, seleccionadas por azar, representativas de la población general del ámbito que seleccionemos (barrio, ciudad, comunidad, país, etc.). Concluimos, por tanto, que la legitimidad del procedimiento del sorteo queda validada para ser ejercida en cualquier democracia actual. Por otra parte, el concepto de representación política también ha sufrido cierta tergiversación a lo largo del tiempo. Y así, la mayoría de las democracias actuales, con el fin de que los cargos electos no sean controlados por los representados, han desplegado una serie de normas y reglamentos que impiden, de hecho, ejercer la democracia revocatoria y la democracia decisoria, dos variantes que implican poder revocar de sus cargos a las personas elegidas para tales, o bien tener la capacidad de poder elegir directamente sobre alguna opción o posibilidad. Parece ser que retener el uso del poder es más sencillo si no se deben rendir cuentas ante personas concretas y determinadas. Es más fácil, una vez elegidos, representar a entes abstractos como la nación o el pueblo, que directamente a los ciudadanos, aunque estos entes no sean los que les votan. Continuaremos en siguientes entregas.

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10 diciembre 2014 3 10 /12 /diciembre /2014 00:00

"Estados Unidos es un país moralmente en bancarrota, políticamente reaccionario y donde los ciudadanos son ignorantes de las realidades que enfrentan en la vida cotidiana"

(James Petras) 

 

 

 

 

Y otra reaccionaria dimensión donde se manifiesta la beligerante política de USA, que ha tenido graves manifestaciones recientemente, ha sido la cuestión del espionaje masivo a Instituciones, Gobiernos y personalidades extranjeras. Los casos de Bradley Manning, Julian Assange, Jeremy Hammond y Edward Snowden son claros exponentes de ello. De entrada, con tanto como ellos critican la falta de democracia y de libertades de terceros países, hemos de denunciar que EE.UU. lidera la mayor represión a la libertad de información a escala planetaria. De hecho, si cualquier otra nación del mundo ejerciera una persecución contra estas personas, planteando incluso cadena perpetua o pena de muerte para ellos, no dudaríamos en condenarlo, y en rechazarlo de nuestros ideales de países democráticos. Sin embargo y como siempre, USA se lo puede permitir, tratándose de otro ejemplo más de la fuerza de la alienación mental y del pensamiento dominante. De hecho, ningún país europeo ha condenado la criminalización que se ha hecho de estas personas, y la persecución a la que están siendo sometidos.

 

usa_guerra_permanente141.jpg¿Y qué han hecho estas personas, para sufrir tan furibundos ataques, y ser considerados como traidores a la patria? Pues simplemente, contar la verdad de lo que sucede en las cloacas del Gobierno Federal norteamericano. Bradley Manning está acusado de crímenes y alta traición por enviar cientos de miles de archivos clasificados, documentos y vídeos a Wikileaks. Vídeos donde por ejemplo se ven secuencias de asesinato masivo de civiles por parte de helicópteros de ataque Apache estadounidenses, o de tanques pasando por encima de los cadáveres. Asesinatos en masa de población civil inocente. Auténticos crímenes de guerra. Las leyes que definen las posibles actuaciones legítimas en guerra están en los Convenios de Ginebra, que los EE.UU. violan sistemáticamente, y cuando son denunciados por sus propios oficiales, como es el caso, éstos son tratados como traidores. Y mientras Manning fue juzgado y condenado, ninguno de los militares que aparecen en dicho vídeo cometiendo crímenes de guerra ha sido procesado. Más aún, la entonces Secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton (que se postula como posible candidata por el Partido Demócrata para las próximas elecciones), consideró las acciones de Wikileaks como "un ataque contra la comunidad internacional".

 

usa_guerra_permanente142.jpgSu fundador, Julian Assange, lleva años sin poder salir de la Embajada de Ecuador en Londres, tras haberle concedido asilo político el Gobierno de Rafael Correa. Ya anteriormente estuvo en situación de arresto domiciliario durante 18 meses, después de haber sido perseguido por todo el mundo por las Agencias de Inteligencia USA. Assange y sus defensores temen que su traslado a Suecia facilite una supuesta demanda de extradición por parte de Washington, bajo los cargos de espionaje y alta traición que podrían conducirle a la pena de muerte, tal como reclaman las fuerzas ultraconservadoras estadounidenses. Tanto sus abogados, como organizaciones mundiales de Derechos Humanos y el Gobierno de Ecuador están convencidos de que la denuncia por supuestas agresiones sexuales por la que Suecia exige su repatriación es sólo una cortina de humo para atender las exigencias de Estados Unidos. De hecho, ni Suecia ni el Reino Unido han garantizado a Ecuador que, una vez Julian Assange cumpla (si las hubiere) sus responsabilidades penales en Suecia, no fuese extraditado a Estados Unidos. Tampoco las autoridades suecas han aceptado tomarle declaración en la Embajada ecuatoriana, a pesar de ser una medida perfectamente legal.

 

usa_guerra_permanente143.jpgPor su parte, el caso de Jeremy Hammond es probablemente el menos conocido. Se enfrentaba a más de 30 años de cárcel acusado de hackear el sistema informático de una compañía privada de seguridad e inteligencia llamada Strategic Forecasting (Stratfor), pero aceptó declararse culpable de un cargo de hackeo informático a cambio de una reducción de la pena. Después de que Hammond, con ayuda de otros colaboradores, filtrara cinco millones de correos electrónicos de los servidores de dicha compañía a Wikileaks, quedó en evidencia que las actividades de dicha empresa tienen que ver con el espionaje de activistas a solicitud del sector empresarial. Por ejemplo, Coca-Cola contrató a Stratfor para espiar a miembros del Grupo PETA (Personas por el Trato Ético a los Animales). Dow Chemical contrató a Stratfor para espiar a los activistas que dejaron al descubierto la participación de dicha empresa en el desastre químico de Bophal (India), en 1984, que se estima tuvo un saldo de 8.000 muertos y miles de heridos. En palabras de Michael Ratner, Presidente Emérito del Centro para los Derechos Constitucionales: "Esto es consecuencia del martillo de hierro con el que el Gobierno estadounidense está golpeando a la gente que deja al descubierto los secretos de las Corporaciones y del Gobierno, en realidad, los secretos de un imperio".

 

usa_guerra_permanente144.jpgPero el caso más reciente y que ha dado más que hablar es el de Edward Snowden, un joven subcontratado de la CIA y la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) para sus servicios de espionaje informático, que filtró a The Guardian y The Washington Post los programas de vigilancia masiva de las comunicaciones por parte del Gobierno estadounidense. Concretamente, lo que se publicó en dichos medios fue la existencia de una orden emitida por la Administración de Obama que exigía a la compañía telefónica Verizon la entrega a la NSA del registro de decenas de millones de llamadas telefónicas de sus clientes. Evidentemente, los programas informáticos de espionaje no se centran en las conversaciones en sí mismas, sino en el estudio de cientos de miles de metadatos de las mismas, para establecer características sobre ellas, y obtener así conclusiones sobre ciertos patrones de comportamiento, que a su vez suministrarán más datos, o más requerimientos de investigaciones ulteriores. Dichos medios de comunicación desvelaron también la existencia del programa secreto de vigilancia PRISM, que autorizaba a la NSA y al FBI a acceder a los servidores de nueve de las empresas de Internet más importantes de USA, entre ellas Microsoft, Google, Facebook o Apple. Mediante esta práctica, instaurada en 2008, el Gobierno podía acceder a archivos, chats, audios, vídeos, correos electrónicos o fotografías de sus usuarios. Continuaremos en siguientes entregas.

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9 diciembre 2014 2 09 /12 /diciembre /2014 00:00

"La Monarquía es un símbolo que representa un insulto a la inteligencia, a la ética, a la civilización"

(José López)

 

 

 

 

republica171.jpgPor todo lo que llevamos contado hasta aquí en la presente serie de artículos sobre la Tercera República, podemos concluir que la causa republicana en España supone un doble desafío. Supone terminar de hacer la Transición desde el régimen franquista, es decir, completarla y rematarla. En una palabra, finalizar las transformaciones necesarias de la sociedad para un cambio de régimen, en vez del sucedáneo que tenemos ahora. Por ejemplo, acabar con las leyes de impunidad que se dictaron inmediatamente después del franquismo, como la Ley de Amnistía de 1977. Pero supone también el desafío de reorganizar a la izquierda alrededor de una causa capaz de motivar a sus distintas facciones. Una causa de suficiente calado como la transformación de los cimientos de nuestro modelo de Estado, pero que sirva, como estamos contando aquí, no sólo para un reemplazo sin más de modelo, esto es, no sólo para un cambio formal o nominativo, no sólo para que deje de existir un Rey, sino para implantar un modelo de sociedad más justa e igualitaria. Y en ese sentido, la III República puede suponer el catalizador de la regeneración democrática de nuestro país, así como de la propia regeneración de la izquierda. Pensamos que sin una izquierda fuerte y activa, aceptada y apoyada mayoritariamente, no habrá avances democráticos sustanciales. La causa democrática, es decir, la causa republicana, es lo suficientemente evidente e importante como para que sirva de agente aglutinador de la reconstrucción de la izquierda, tan necesaria en este país.

 

republica172.jpgLa causa republicana, por tanto, debe asociarse desde todos los frentes a la causa democrática. Y justamente por ello, hay que tener mucho cuidado con los enemigos de la República. Llegado el momento en que el pueblo eligiera en referéndum la República en sustitución de la Monarquía, es inevitable que se produzca un período transitorio entre un régimen y otro. Este período es muy peligroso, porque puede ser aprovechado por los enemigos de la República para conspirar contra ella, para evitar su proclamación (a la Historia nos remitimos), para crear el caos, o bien puede ser aprovechado para que los partidos y poderes del antiguo régimen (PP, PSOE, CIU, PNV, la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas, la banca...) tomen posiciones para sobrevivir en el nuevo régimen que se avecina (no sería raro que todos ellos se declararan más republicanos que nadie, como ya ocurrió con los demócratas "de toda la vida" a la muerte del dictador), asumiendo un protagonismo que no les corresponde y que puede desvirtuar la causa, pudiendo interferir negativamente en el resto del camino a recorrer. Ya sabemos que cuando la burguesía teme perder sus posiciones y sus privilegios, su status quo, se vuelve más peligrosa, sutil e inteligente que nunca, y debemos estar preparados. Sólo tenemos que mirar, actualmente, el acoso de todo tipo al que el capitalismo internacional somete a todos los pueblos que se rebelan contra él, mediante un hostigamiento económico, revueltas populares, campañas de desprestigio, montajes mediáticos tergiversados y engañosos, etc.

 

republica173.jpgEl objetivo que persigue la clase dominante con todo ello es la desestabilización de los auténticos regímenes democráticos, para dar la sensación de que no son sistemas viables, ni política, ni social, ni económicamente. Hemos de estar preparados para todo ello, manteniendo la calma, no perdiendo de vista los objetivos marcados, y siendo fieles en todo momento a la consecución de los mismos. En este sentido, la estrategia a seguir debe estar perfectamente clara y definida. Básicamente se trata de tener todo lo más preparado posible para que dicho período transitorio sea lo más corto, tranquilo y seguro posible. Hay que evitar la improvisación, no seamos nosotros mismos los peores enemigos para la implantación de la Tercera República. Si tenemos las ideas claras, si estamos unidos en lo esencial, si lo tenemos todo preparado y planificado y si tenemos claro que ante las previsibles discrepancias concretas que pudiera haber tiene que ser el pueblo el que decida democráticamente, entonces tendremos muchas posibilidades de que si llega el momento, la República pueda instaurarsae con ciertas garantías de supervivencia. No dejemos, por tanto, que la Historia se repita. Seamos más fuertes y más inteligentes que ellos.

 

republica174.jpgPero insistimos en la pregunta que da título a esta serie de artículos: ¿Qué República queremos? Y al contenido expreso de esta República es a lo que hemos intentado ir dando respuesta en los artículos anteriores. Quedan, no obstante, para ir finalizando, algunos otros aspectos formales, aunque menores. Sabemos que la República (del latín "res publica", es decir, cosa pública) es un sistema político en el que el Jefe del Estado, a diferencia de la Monarquía, no accede al cargo por leyes hereditarias, sino por voluntad popular, expresada en el voto directo de los ciudadanos/as o en el de los representantes por ellos elegidos. El período de su mandato, siempre limitado, está determinado por la Constitución. Si el Jefe del Estado es también el Jefe del Gobierno, se dice que la República tiene un sistema de gobierno presidencial (por ejemplo, como en Estados Unidos). En los sistemas de gobierno semipresidenciales (como Francia, por ejemplo) el Jefe del Estado no es la misma persona que el Jefe del Gobierno, el primero tiene también ciertas competencias del Poder Ejecutivo (en política exterior normalmente), mientras el Primer Ministro asume las competencias en prácticamente todos los aspectos de la política interna del país en cuestión. En una República Parlamentaria, el Jefe del Estado es elegido por el Parlamento (como por ejemplo, en Alemania). Continuaremos en siguientes entregas.

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8 diciembre 2014 1 08 /12 /diciembre /2014 00:00

"Dentro de ese programa coherente del que he hablado una de las medidas fundamentales son los impuestos a los más ricos. Yo, como Thomas Pikkety, soy partidario de crear un impuesto confiscatorio del 80% ó 90% de su renta al 1% más rico de la población. La concentración de riqueza empieza a ser intolerable. Franklin Delano Roosevelt lo hizo en 1938 en Estados Unidos y no era precisamente un izquierdista. Con esos ingresos un gobierno progresista podría poner en marcha un nuevo modelo económico y social"

(Eric Toussaint, Presidente del CADTM)

 

 

 

 

Y una vez conseguida la nacionalización de los principales sectores productivos del país, y puestos los recursos bajo controles democráticos, ya será posible comenzar a caminar, poco a poco (esto no es cosa de un día para otro), en la consecución de los derechos fundamentales de la clase trabajadora, hoy día diluidos por la influencia de los mercados, esto es, del poder económico de la clase dominante. El punto de partida deben ser las necesidades más inmediatas del sector de población más vulnerable, la satisfacción de sus necesidades perentorias, no sólo en el centro de trabajo, sino también en el hogar. El reciente lema de las Marchas por la Dignidad puede servirnos de referencia: "Pan, Trabajo, Techo y Dignidad". Ahí puede resumirse todo. Cuidado infantil, educación, vivienda, transporte público, pensiones, ocio, derechos legales, etc. Debemos no sólo derogar todas las contrarreformas que han debilitado o anulado derechos previamente conquistados gracias a la lucha de la clase obrera, sino luchar por la eliminación de toda legislación discriminatoria en cualquier sentido. 

 

socialismo511.jpgLa sociedad socialista debe luchar por conseguir la completa igualdad de la mujer y el hombre ante la ley, reconocer y garantizar los derechos de las mujeres, sobre todo los relativos a la libertad sexual y reproductiva, reconocer los derechos afectivo-sexuales de la comunidad LGTBI, reconocer a la propia naturaleza como sujeto de derechos, así como al resto de seres vivos que la forman. De esta forma, feminismo y ecologismo se unen al socialismo del siglo XXI como ejes transversales de acción, como guiones a tener en cuenta en todas las transformaciones de la sociedad. El principal problema de base son los recursos económicos para poder sufragar todas esas transformaciones. Un programa de auditoría ciudadana de la deuda, que proponga la reestructuración de la misma, y la quita de la parte ilegítima surgida de concesiones a la especulación y al gran capital, junto a una reforma fiscal progresiva y la lucha contra la evasión fiscal y la economía sumergida, nos proporcionarán los mínimos recursos necesarios para poder comenzar a trabajar. A continuación, vamos a comentar lo que pudiera ser un programa económico básico, al estilo del que está proponiendo la formación política PODEMOS, brillantemente asesorada por economistas de izquierdas de reconocido prestigio. Comencemos por el empleo, pilar fundamental que hemos de recuperar.

 

socialismo512.jpgTodo el mundo tiene el derecho a poder trabajar, pero en condiciones dignas, con un salario que le permita vivir, solo o en familia, de forma digna. Para ello es necesario reducir de manera inmediata la jornada laboral semanal a 35 horas, sin disminución salarial equivalente en ningún concepto. Se deben eliminar las horas extra, salvo por casos de fuerza mayor en aquéllos casos previstos y reconocidos por convenios colectivos, y se establecerán 31 días de vacaciones anuales. No obstante, la tendencia a medio y largo plazo debe ser reducir aún más la jornada laboral, a 32 horas semanales, para repartir el trabajo, sin reducción salarial. Con ello, al igual que la reducción de la edad de jubilación, estimulamos el mercado laboral, repartimos el trabajo y lo extendemos al mayor número de personas que forman población activa, esto es, en edad y con deseos de trabajar. Al respecto del reparto del trabajo, en siguientes entregas de esta serie volveremos sobre este asunto, para tratarlo con más detenimiento. Debemos adelantar la edad de jubilación a los 60 años, incentivada mediante contratos de relevo. Por su parte, se elevará la pensión mínima hasta los 1.100 euros mensuales, equiparando también a esta cifra el Sueldo Mínimo Interprofesional (SMI).

 

socialismo513.jpgDebemos reincorporar a todos los trabajadores públicos despedidos de sus empleos, volviendo a las anteriores tasas de amortización de puestos por jubilación en todas las Administraciones Públicas, y relanzando los oportunos Planes de Empleo Público, hasta conseguir paulatinamente el mismo porcentaje de población trabajando en los sectores del Estado del Bienestar de los países europeos más avanzados. Está demostrado que si alcanzamos este nivel, el desempleo se reducirá drásticamente. Debemos volver a recuperar para el sector público las Empresas y Fundaciones que apoyan a la propia Administración, pero bajo un criterio de eficacia y eficiencia demostrables. El objetivo último en este tema es establecer un plan de incremento de las plantillas públicas en función de las auténticas necesidades sociales, y del cumplimiento de las 35 horas de jornada semanal antes enunciado, así como la restitución de todos los derechos perdidos en anteriores contrarreformas laborales y de la Administración. En el mundo del empleo privado, además de ello, hemos de establecer topes de sueldo máximo, por ejemplo al nivel de 5 veces el SMI, aplicable también a los sueldos de nuestros representantes políticos.

 

Por su parte, todas las empresas privadas con viabilidad económica tienen que restituir a los trabajadores despedidos y aumentar progresivamente sus plantillas hasta aplicar las 35 horas semanales propuestas, así como el adelanto de la edad de jubilación. Ninguna empresa privada que obtenga beneficios podrá declarar un ERE en su plantilla, y se instaurará una reforma empresarial, como parte del nuevo modelo productivo, que abandone los paradigmas del trabajo precario, y de la desregulación laboral, así como recupere la importancia de los órganos de representación de los trabajadores, y el papel de los Convenios Colectivos. Las tareas de búsqueda de empleo y tratamiento de la situación de desempleo volverán a ser gestionadas desde empresas y organismos públicos, desapareciendo las ETT (Empresas de Trabajo Temporal). Se anulará la actual casuística de posible despido para los trabajadores, volviendo a los criterios de racionalidad y causalidad ya recogidos anteriormente por el Estatuto de los Trabajadores. En caso de problemas, la viabilidad o no de una empresa privada la establecerá y decidirá una comisión compuesta por una representación de los trabajadores de la misma, y de la Administración competente, mediante una auditoría completa de la empresa. Continuaremos en siguientes entregas.

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