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20 febrero 2015 5 20 /02 /febrero /2015 00:00

En fin, creo que ya hemos analizado casi todas las perspectivas donde se está manifestando el acoso y derribo que están sufriendo nuestras Universidades Públicas por parte del Gobierno del Partido Popular. El ataque neoliberal del Ministro Wert es implacable, y llevará al sector de la Educación Superior a la bancarrota, si no se corrigen sus políticas de saqueo y de asfixia presupuestaria. Como nos cuenta Eduardo Muriel en La Marea, las Universidades Públicas han perdido en los últimos cuatro años más de 1.500 millones de euros de financiación, de modo que el nivel de gasto se ha situado en las mismas cotas que en el año 2006. Según un estudio realizado por la Federación de Enseñanza de CC.OO., esto implica que el porcentaje de gasto de las Universidades en función del PIB ha caído del 0,97% al 0,83%, lo cual nos aleja todavía más de la media europea.

 

educacion_publica_todos_niveles291.jpgY a esta brusca caída de la financiación se le añade un recorte de 75 millones de euros en becas solamente durante el último curso, lo cual, unido a un endurecimiento de los requisitos de acceso a las mismas, definen un panorama desolador en cuanto a las posibilidades de realizar estudios superiores para las clases trabajadoras. Actualmente, sólo el 27% de los estudiantes españoles de formación superior recibe becas y ayudas, frente al 47% de Irlanda, el 76% de Holanda o el 100% en los casos de Finlandia o Luxemburgo. España, con estas cifras, se sitúa al mismo nivel que Eslovenia y ligeramente por encima de Polonia, Portugal o Hungría. Todo esto está provocando, como venimos denunciando insistemente en la presente serie de artículos, un riesgo para la equidad y la igualdad de oportunidades. Un modelo desigual que fomenta el PP, donde todo el trasvase de fondos y recursos está dirigido a potenciar la Universidad privada.

 

educacion_publica_todos_niveles292.jpgPero el ataque no cesa. El equipo del Ministro Wert continúa proponiendo, con noctunidad y alevosía, y tratando de que trascienda lo menos posible a la opinión pública, tres borradores de Real Decreto que, de salir adelante, cambiarán sustancialmente a peor, aspectos fundamentales de la enseñanza universitaria, y sobre todo de la Universidad Pública. El primero propone reducir la duración de los grados (3 años en lugar de 4), pasando a ser obligatoriamente los Másteres de dos años, que con los actuales precios provocaría un mayor sesgo clasista en el acceso a la Universidad, e imposibilitaría aún más que los estudiantes de humildes recursos pudieran cursar sus estudios. El segundo Decreto pretende implantar un sistema de selección del profesorado menos objetivo, transparente e imparcial que el actual, y sobre todo que continúe minusvalorando la actividad docente, convirtiéndola casi en un castigo con el que se cargará a quienes tengan menores resultados en las publicaciones, la investigación y las patentes. Decididamente, no se quiere que existan buenos profesores en la Universidad Pública. Y el tercero, profundiza en flexibilizar aún más las condiciones para la creación de nuevos Campus privados, que llevan profilerando desde 1997, pasando de 13 a 32, fomentando con ello la tan ansiada privatización de la Educación Superior y multiplicando las titulaciones privadas, a pesar de que el Gobierno habla insistentemente de la necesidad de reducir lo que considera un número excesivo de titulaciones y centros. Pensamos que con estas estrategias queda perfectamente constatado el modelo de Universidad al que quieren conducirnos.

 

educacion_publica_todos_niveles293.jpgNos basamos en datos que nos cuenta el diario Tercera Información, que recoge las declaraciones del Sindicato de Estudiantes, afirmando que tales decisiones representan un ataque que expulsará de la Universidad Pública a cientos de miles de estudiantes, que devaluará las titulaciones existentes y que devolverá la Universidad a los tiempos en los que sólo una minoría privilegiada podía acceder a ella. De esta forma, después de unos recortes presupuestarios y un incremento de las tasas de matrículas que han expulsado de las Universidades Públicas a 45.000 estudiantes en los dos últimos años, según datos oficiales, los nuevos ajustes se presentarán como una barrera económica insalvable para los hijos e hijas de la clase trabajadora. Por ejemplo, el coste de los Másteres de un año en la Universidad Complutense de Madrid, la primera en número de alumnos, oscila entre 4.000 y 7.000 euros anuales. A partir de la entrada en vigor del nuevo Decreto, para el curso 2015-2016, los estudiantes tendrán que afrontar el pago de dos años de Másteres para poder obtener un título universitario que sea reconocido en el mercado laboral. De esta forma, está claro que será tan sólo una minoría privilegiada la que pueda costearse los estudios universitarios que podrán ascender, con toda seguridad, a más de 20.000 euros.

 

educacion_publica_todos_niveles294.jpgSi a ello le unimos el paro, la precariedad laboral, el endurecimiento de los requisitos para obtener subsidios por desempleo, y toda la exclusión social que ello genera, tenemos el cóctel al completo que nos ofrece la perfecta imagen de lo que el PP quiere hacer con la clase trabajadora: despojarla de todos sus recursos, derechos y conquistas, para llevarla al estado de continua precariedad, asegurándose y perpetuando un paranoma de tremenda desigualdad social. Y la Educación es también pieza clave para conseguir dicho escenario. La otra cara de esta reforma viene expresada por medio de despidos masivos de profesores universitarios, con el hecho de haber reducido los años para conseguir el grado superior. Queda patente, desde todos los puntos de vista, y a tenor de todo lo que venimos contando en esta serie de artículos, de la cual ya estamos en su recta final, que el Partido Popular no quiere que la Educación Pública Superior sea un derecho, pues todas las contrarreformas y decretos que están aprobando van en la línea de convertirla en un negocio para que unos pocos, sus amigos empresarios, se hagan más ricos de lo que ya son. Y como no podía ser de otra forma, las Universidades privadas ya se están frotando las manos con estas propuestas.

 

educacion_publica_todos_niveles295.jpgSi actualmente el 38% de las enseñanzas de postgrado ya se imparten en Universidades privadas, con este nuevo ataque a la Universidad Pública los bolsillos de los "patrocinadores" y "mecenas" de las privadas se engordarán aún más. Para el PP, y ya lo dijo su Ministro en multitud de ocasiones, sobran estudiantes, y sobran profesores (al igual que sobran funcionarios en sentido general, porque sobran servicios públicos que hay que desmantelar). Quieren expulsar a los estudiantes al mercado laboral lo antes posible, sin acabar su preparación, sin obtener la cualificación, gastando lo menos posible en la Educación Superior, para someter con más garantías a la futura clase trabajadora a la explotación más salvaje en las empresas, que además controlarán todavía más el cotarro de la Educación. Quieren consagrar la precariedad más absoluta, en todos los niveles y facetas de la vida, engrosar las listas del paro crónico o empujar a la gente al exilio laboral, como en los años 60 del siglo pasado. El escenario franquista vuelve a estar servido con el PP. La siguente entrega, la número 30, será la última de esta serie.

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19 febrero 2015 4 19 /02 /febrero /2015 00:00

"¿Qué libertad es ésta donde uno sólo puede ganarse el sustento si se somete a las dictaduras empresariales? ¿Dónde está la democracia en la mayor parte de las empresas? ¿Cómo puede llamarse un sistema así democrático cuando sus ciudadanos pasan la mayor parte de su tiempo viviendo en pequeñas dictaduras? ¿Cómo puede autodenominarse una sociedad como democrática cuando su centro de gravedad, la economía, funciona de forma totalitaria?"

(José López)

 

 

 

 

Consiguiendo este culmen de la democratización de la economía, de la empresa, de los sectores productivos, de la actividad económica, una sociedad democratizada de esta forma pasaría del dogma expresado bajo el aforismo "a cada quien de acuerdo a sus capacidades" al dogma expresado como "a cada quien de acuerdo a sus necesidades". La propiedad social de los medios de producción no sólo garantizará el pleno empleo, sino la abolición de la propiedad privada (nos referimos a los grandes monopolios u oligopolios, por supuesto que seguirán existiendo empresas privadas para gestionar todo tipo de servicios) para aquéllos sectores que gestionen los servicios públicos fundamentales para la ciudadanía. Y ello porque la propiedad estatal, debido a su carácter público, está sometida a una relación de producción social diferente a la de la propiedad capitalista. La propiedad estatal permite realizar actividades deseables socialmente, pero que no producen ganancias, que no generan beneficios, esto es, que no son rentables desde la óptica capitalista. Cuando una empresa es de propiedad pública, sus actividades son subsidiadas por fondos públicos, y por tanto, financiadas por el conjunto de la ciudadanía. Por otra parte, las decisiones que toman las empresas públicas pueden ser potencialmente susceptibles de un mayor control público y político. Al ser el Estado una institución política, la propiedad estatal inevitablemente posiciona los medios de producción involucrados dentro del dominio público en la esfera política.

 

objetivo_democracia151.jpgBajo este modelo, los medios de producción son propiedad del Estado, y están por tanto controlados por éste formalmente en beneficio de la clase trabajadora, del pueblo, en última instancia, de la sociedad en su conjunto. No pueden ser propiedad de individuos particulares o de grupos (ya hemos comprobado lo que ocurre, por muchos parches que se quieran poner), y en este sentido obedecen a parámetros distintos a las relaciones capitalistas de producción. Un buen ejemplo de ello puede ser la Banca Pública. Es evidente que los ahorros de toda la sociedad no deben servir para prácticas especulativas (ya hemos visto lo que ocurre con los fondos de pensiones, las hipotecas basura, las participaciones preferentes, y un largo etcétera de productos financieros que únicamente representan instrumentos para el enriquecimiento ilícito de los banqueros), y por tanto, la propiedad estatal y el control democrático de sus trabajadores garantizaría que las actividades de dicha Banca sólo se dirigieran a generar riqueza colectiva, esto es, a la economía real, la que debe satisfacer las necesidades de las personas. Pero insistamos en que la propiedad pública no es todavía propiedad social. En efecto, si sólo garantizamos la propiedad pública (o estatal) de los medios de producción, en realidad no estamos aún consiguiendo la democratización de la economía, que es el objetivo que perseguimos.

 

objetivo_democracia152.jpgPorque en efecto, con sólo cambiar de dueño, no llegamos a la democracia económica. Vamos a explicarnos. Si sólo conseguimos la propiedad pública o estatal, lo único que estamos consiguiendo al final es el cambio del empleador, que pasaría de manos privadas a manos públicas (es decir, al Estado). Como mucho (que ya es mucho) habríamos conseguido una filosofía distinta a la hora de garantizar el empleo, y una orientación distinta sobre la rentabilidad de la propia actividad. Y como decimos, no tenemos que quitarle mérito a todo ello. Pero aún hemos de darle una segunda vuelta. Porque si nos quedamos sólo en este punto, corremos el riesgo de que, con el paso del tiempo, se instauren a nivel público las mismas prácticas que a nivel privado en cuanto a la toma de decisiones. En efecto (y ya tenemos precedentes históricos de ello, como en la antigua URSS), si no lo impedimos, si no diseñamos un sistema realmente democrático, podemos sucumbir a la deriva de que se vaya instalando una auténtica burocracia alrededor de los puestos de mando de las empresas estatales, que en última instancia servirían al Gobierno de turno, al partido político que le apoyara, a sus altos cargos, a sus altos funcionarios, a los dirigentes políticos, en una palabra. Volverían a instalarse redes clientelares y prácticas de corrupción, con lo cual estaríamos volviendo a reproducir los vicios y defectos del sistema capitalista, pero ahora a nivel público (es lo que se ha denominado "Capitalismo de Estado", y que ha ocurrido en varios países, como en China).

 

objetivo_democracia153.jpgPor tanto, la segunda vuelta que proponemos es pasar de la propiedad pública a la propiedad social. Esto es, no basta con que los medios de producción sean propiedad del Estado, no basta con que la filosofía cambie a la empresa y al sector público, sino que hemos de introducir el factor definitivo: la gestión democrática de las mismas. Es decir, no sólo la empresa ha de ser de todos, sino que tenemos que decidir todos. No sólo las empresas tienen que regirse por parámetros y criterios públicos de producción, sino que además tiene que ser controlada y gestionada bajo una visión democrática, es decir, por sus propios trabajadores. Sólo entonces habremos conseguido una auténtica Democracia Económica. En realidad, nuestra propuesta de Democracia Económica se fundamenta en conseguir una propiedad social de los grandes sectores estratégicos de la economía en función de tres actores por igual: las Administraciones Públicas implicadas, los representantes de los trabajadores de las mismas, y los representantes del conjunto de la ciudadanía. Y por supuesto, estos Comités irían rotando sus miembros cada cierto tiempo, en los tres niveles. De esta forma, las decisiones acerca del uso que se debería hacer de los medios de producción, del carácter de los mismos, de su fuerza de trabajo, de sus objetivos, de sus intereses, han de ser tomadas por los propios afectados, que son sus propios trabajadores, la Administración implicada y el conjunto de la población.

 

objetivo_democracia154.jpgNo podemos reproducir errores pasados de la izquierda, no podemos dejar, llegado el caso, que el partido de turno y sus dirigentes decidan en nombre de los demás, en nombre de las masas, en nombre del conjunto de la ciudadanía, consiguiendo de esta forma un estatus muy poco diferente a la clásica situación del trabajador/a asalariado/a en los sistemas capitalistas, y volviendo a reproducir sus viciados y corruptos mecanismos de decisión y de control, así como responder a sus espúreos intereses. La frontera estatal es entonces propiedad pública, pero no necesariamente propiedad social. Y hemos de conseguir el estadío de propiedad social, porque sólo él es el que nos conduce a la verdadera Democracia Económica. Expresado en otras palabras: la Democracia Económica ha de satisfacer dos criterios fundamentales y complementarios: los medios de producción deben ser empleados en función de los intereses de la sociedad, y la sociedad debe tener una disposición efectiva sobre los medios de producción que posee. Ambos criterios son necesarios e indispensables. No podremos hablar de una situación de Democracia Económica mientras no se den ambos criterios. La sociedad no sólo debe poseer los medios de producción, sino que también debe decidir sobre ellos. La propiedad estatal sólo será propiedad social si la sociedad ejerce un control directo sobre ella. En los casos donde sólo se consigue la propiedad estatal, la Historia nos enseña que al final lo que triunfa es el control por parte de los propios aparatos del Estado, situación que nos lleva incluso a la restauración del propio capitalismo (de Estado).

 

objetivo_democracia155.jpgNo podemos quedarnos únicamente en la propiedad estatal de los medios de producción. La propiedad pública aún no es social si no conseguimos que el control sea ejercido directamente por sus protagonistas, que no son otros que los propios trabajadores, y la propia ciudadanía a la que han de servir. ¿Y esto cómo se consigue? Pues la participación activa y protagónica de los trabajadores en las empresas ha adoptado muchas formas (algunas las hemos referido en esta serie de artículos), tanto en sus modelos teóricos como en los casos prácticos. Modelos que van desde la negociación colectiva pasando por la co-determinación y otras formas de propiedad y de democracia industrial, hasta los Consejos Obreros, los trabajadores autogestionados y las cooperativas productivas. Las vías son múltiples, y todas ellas se pueden adaptar a las diferentes empresas, por grandes que éstas sean. Con ello conseguiríamos un primer estadío de nacionalización, estatización o simple expropiación de la propiedad de la empresa, para que dejara de funcionar como un monopolio u oligopolio privado, y comenzara a funcionar para el interés de sus propios trabajadores. De hecho, tenemos ya muchos casos, tanto en España como en el resto del mundo, de empresas cuya propiedad ha sido alterada o evolucionada hacia estos nuevos modelos. Para el caso de las empresas que representan a los grandes sectores estratégicos de la economía productiva (energía, telecomunicaciones, agua, transportes, banca, alimentación, etc.) no tenemos ninguna duda de que ha de ser el propio Estado quien adquiera la propiedad sobre las mismas.

 

objetivo_democracia156.jpgPero el concepto de propiedad social, como hemos explicado, es aún más abierto. No sólo se refiere, como ya hemos explicado, al control y gestión democrática de los propios trabajadores de las empresas (ya de propiedad pública), porque no sólo ellos son los que tienen algo que decir. Habríamos de abarcar también a los usuarios o destinatarios para los que se produce, la comunidad donde está ubicado el centro de trabajo, las instalaciones o las dependencias de la empresa, o la sociedad como un todo en el caso de empresas de gran escala, de gran tamaño y que proporcionen servicios básicos. Como vemos, el concepto de propiedad social es abierto, e incluye en última instancia a toda la sociedad, funcionando democráticamente, mediante los cauces habilitados al efecto. Desde este punto de vista, lo social está opuesto a lo privado, pero también a lo meramente estatal. El control sobre el uso de los medios de producción es una condición necesaria para que podamos llegar a disfrutar de una sociedad en la que las personas tengan el control de sus vidas a través de su autoactividad y de su autodeterminación. Reiniciar un movimiento hacia el comunismo, hacia la plena democracia, hacia la democracia entendida en un sentido integral, porque de eso se trata, es hoy día más urgente que nunca, dadas las intrincadas relaciones del capitalismo globalizado, producto de la irracionalidad más absoluta del hombre. Bien, acabamos esta serie de artículos con la presente entrega, la número 15, esperando no sólo haber contribuido a difundir, desde esta humilde tribuna, el auténtico y completo concepto de democracia, adaptada a nuestro siglo XXI, sino también a ilustrar cuánto nos falta para poder disfrutar de ella. Pero no nos desanimamos. Continuaremos luchando para que alcancemos su consecución y su disfrute pleno en nuestro país.

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18 febrero 2015 3 18 /02 /febrero /2015 00:00

"La res pública, como comunidad política de personas igualmente libres, no puede existir en un contexto de amplia desigualdad de poder, riqueza o renta. Porque precisamente esta desigualdad desata tensiones políticas que provocan movimientos reactivos que amenazan con destruir las bases de cualquier comunidad política"

(Alberto Garzón)

 

 

 

 

 

Y continuando con la perspectiva de la Justicia que queremos en el contexto de la Tercera República, ya iniciado en el artículo anterior, hemos de decir que se deberá derogar la reforma que acaba de aprobarse (sólo con los votos del PP) para el Código Penal, que destruye el principio constitucional de la reinserción social, que afirma que "las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social del reo", principio que ha quedado roto con la introducción de la prisión permanente revisable. Remito a los lectores al artículo donde hacíamos un extenso análisis del nuevo Código Penal, desde varios puntos de vista. Se trata, ya dejamos constancia de ello, de un Código Penal autoritario, represor, vengativo y retrógrado. Bien, pero aún nos quedan algunos aspectos más relativos a la Justicia, no menos interesantes. Uno de ellos tiene que ver con la propia independencia del Poder Judicial. Y es que en relación a ello surgen dos problemas ciertamente difíciles de resolver. El primero está relacionado con quién elige a los componentes o miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y el segundo se refiere a quiénes son las personas elegibles para formar parte de este poder.

 

republica_queremos231.jpgHasta ahora, y desde la época de la Transición, la elección de miembros para el CGPJ se ha realizado mediante un sistema de reparto de cuotas en relación a los dos grandes partidos políticos del país (PP y PSOE), entendiendo con ello que se nivelaría un poco el sesgo conservador que existía en los miembros de la carrera judicial, provenientes de la época franquista. No es una práctica sólo nuestra, ya que el hecho es que, desde finales del siglo XVIII, en la mayor parte de las "democracias" burguesas occidentales, los componentes de los más altos órganos del poder judicial son nombrados principalmente por el Parlamento y/o el Gobierno, esto es, los poderes legislativo y ejecutivo. Lógicamente, este procedimiento acaba proporcionando un claro control del poder judicial por parte de los otros dos poderes del Estado, y quita protagonismo al pueblo como fuente directa de poder, de elección y de decisión, además de mediatizar la independencia de la justicia. El problema, por tanto, está servido.

 

republica_queremos232.jpgDurante los últimos años, y debido a las reñidas cuotas de poder ejercidas por el bipartidismo reinante, que ha copado prácticamente todas las esferas del poder, hemos asistido, en la práctica, a un bloqueo casi permanente a la hora de la elección de los representantes del poder judicial, habiendo de recurrir a prórrogas de los mandatos, que alargaban sin límite la renovación de los órganos jurisdiccionales. Lo que está claro es que si el Poder Ejecutivo no es debidamente controlado por el Legislativo, y el Poder Judicial surge mayoritariamente del Parlamento, la degeneración paulatina de la democracia es un hecho inevitable. En cambio, si se dispone de una Constitución claramente democrática, y las altas instancias de los tres poderes del Estado surgen directamente de la opinión mayoritaria de los ciudadanos, mediante sistemas de sufragio, dichos poderes podrán conservar la suficiente independencia como para tener capacidad de controlar y evitar los excesos de cada uno de ellos. La República habrá de renovar, por tanto, los sistemas y procesos de elección de los representantes del Poder Judicial.

 

republica_queremos233.jpgHabrán de derogarse también otras normas de claro carácter antidemocrático, como la actual Ley de Partidos, que criminaliza ciertas opiniones y pensamientos políticos, justificando la ilegalización de partidos que profesen ciertas ideas. La segunda parte de todo ello es acabar también con los juicios sumarios y masivos contra todo tipo de colectivos cuya naturaleza es exclusivamente política, que se están criminalizando bajo la excusa de ser parte del entramado de la extinta organización terrorista ETA. En este sentido, entendemos que la Tercera República también deberá dejar zanjado el tema del conflicto vasco, acabando con toda la campaña de hostigamiento que se ejecuta contra la izquierda abertzale, poniendo en práctica una política de reagrupación y acercamiento de presos, y dando claros pasos a favor de la resolución del conflicto. Ahora que ya no estamos en una situación de violencia, y que la banda armada está prácticamente desmantelada, únicamente han de hablar la política y la democracia, incluida la posibilidad (como por otra parte también reconocemos para el pueblo catalán) de reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos.

 

republica_queremos234.jpgOtro capítulo pendiente es del pleno respeto a los Derechos Humanos, donde nuestro país ha de recorrer todavía un cierto camino, pues varios son los frentes abiertos, que nuestra incompleta democracia no ha cerrado aún. Por una parte, el reconocimiento y dignificación de todas las víctimas del franquismo, apoyando desde el Estado los recursos contemplados en la Ley de Memoria Histórica, procediendo a la anulación de todas las penas y decisiones de los tribunales franquistas, y poniendo a disposición de la Justicia a los responsables vivos de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última etapa de la dictadura. De otra parte, la erradicación completa y definitiva de la tortura (véase el artículo relativo a este tema), y una mayor protección de los derechos de las personas detenidas en nuestro país. Esto lo hacemos extrapolable a la problemática de los inmigrantes, donde proponemos el desmantelamiento de todos los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros), la eliminación de las cuchillas de las vallas de Ceuta y Melilla, y el absoluto respeto a todos los derechos de los migrantes, prohibiendo el rechazo en caliente, y dotando de mecanismos de absoluto respeto a los derechos humanos para todas las personas que cruzan nuestras fronteras. Se ha de derogar igualmente la actual Ley de Seguridad Ciudadana, engendro de ley represora del Gobierno del PP, que ha criminalizado la protesta ciudadana, violando flagrantemente los elementales derechos de reunión, expresión, asociación y manifestación. Pero aún no hemos acabado con el tema de la Justicia, que da mucho de sí. Continuaremos en siguientes entregas.

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17 febrero 2015 2 17 /02 /febrero /2015 00:00

"El control de los medios de comunicación por el poder económico, el verdadero poder en la sombra, es el instrumento fundamental para impedir recuestionar el sistema, y evitar los cambios"

(José López) 

 

 

 

 

 

Y por ello, la mejor forma de contrarrestar esta desinformación mediática es manteniéndose alerta, desconfiando, pensando, razonando y observando, comparando y analizando, nunca recibiendo ninguna información de manera pasiva. Y sobre todo, teniendo siempre presente que el pensamiento dominante es el pensamiento de la clase dominante (incluido el famoso "sentido común" al que apelan muchas veces), y ésta no es otra que la clase capitalista. En realidad, es el propio sistema quien lo explica. En su obra "Los límites de la irracionalidad", muchas veces citada en otros artículos de este Blog, su autor, Antonio José Gil Padilla, nos dice a este respecto lo siguiente: "En origen, la finalidad principal del sistema capitalista es la obtención de ganancia por parte de los empresarios propietarios de los medios de producción. Hoy día podemos añadir que ese deseo de ganancia se extiende a las entidades financieras y a los especuladores, entre los que se pueden encontrar los propios empresarios o banqueros. El resultado se traduce en la acumulación sin límites de capital en manos de unos pocos. La condición que dinamiza el sistema es la codicia absoluta y permanente que se instala socialmente como contravalor básico y fundamental. Esa codicia, como signo de insatisfacción y como contrapartida de valores, se generaliza y se extiende a todas las clases y capas sociales, a ella le acompañan la ambición, la envidia, la admiración hacia los que más tienen y el egoísmo, estableciéndose de esta manera una taxonomía de vicios o defectos que eclipsan valores tales como la solidaridad, la igualdad y la justicia, valores que corresponden al ser superior, a la razón humana libre de todo tipo de ataduras alienantes".

 

Los usurpadores del poder que controlan el sistema emplean todos los medios a su alcance para que se mantenga el estado actual, para que el sistema funcione como ellos quieren. Las religiones, la política, los medios de comunicación, la educación y la cultura oficial son buenos instrumentos para embelesar, para distraer, para desmarcar al género humano de su medio natural, para amansarle, para hacerle sumiso. La existencia, de esta forma, se desarrolla en un marco de provisionalidad, de artificialidad, de engaño, de mentira. Todo está al servicio de los que más tienen, para que sigan su frenético camino de enriquecimiento, todo está diseñado para su protección, para conservar sus privilegios, para que se exhiban, para causar admiración por lo que tienen, aunque en el plano personal sean simplemente unos necios. El sistema se consagra a ellos, los blinda y los propone como modelo, justificando de esta forma que se conviertan en patrones sociales a imitar, y en plantillas de comportamiento y de éxito. Quizá el caso más paradigmático de la fuerza de estos modelos sociales y de estos patrones de comportamiento sea el famoso caso (muy actual) del llamado "Pequeño Nicolás", un joven de 20 años que se ha visto envuelto, por mezclarse con la clase dominante al más alto nivel, en turbulentos casos que se van a tener que dirimir en los juzgados. Es el perfecto reflejo de la fuerza del pensamiento dominante, y de la hegemonía de los modelos a imitar.

 

Como ejemplo práctico, y se puede constatar casi a diario (pues casi a diario nos informan en esta misma línea), tenemos las declaraciones que realizan los responsables y dirigentes políticos nacionales e internacionales sobre la política que está desarrollando el actual Gobierno del Partido Popular. La estrategia del mensaje siempre es la misma, y se compone de dos partes: por un lado, felicitación y respaldo, y por otro lado, recomendación e insistencia en las mismas medidas. Y hasta tal punto de fanatismo llegan en sus declaraciones, que no se dan cuenta de que caen en el más absoluto de los ridículos. Ilustraremos lo que decimos: la política laboral desarrollada está provocando la destrucción de miles de puestos de trabajo, y sin embargo, las declaraciones desde la Comisión Europea suelen ser del tipo: "Felicitamos al Gobierno español por sus reformas, pero le instamos a continuar y a profundizar por esta senda, para corregir el grave problema del desempleo". Es decir, por un lado felicitan al Gobierno por la implantación de una política fallida que es la que está creando y agravando los problemas, y a la vez, le instan a emplearse más a fondo si cabe para eliminar el problema que estas mismas políticas están creando y agravando...¿es o no es absurdo?

 

A tal respecto, José López, en su texto "La causa republicana", afirma: "El sistema establecido intenta, además, que el pueblo piense que aunque sea necesario avanzar, o simplemente aunque sea deseable (es evidente que siempre se puede avanzar más), no es posible, o es muy difícil, no merece la pena intentarlo. Es decir, el sistema fomenta la idea de que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Mediante el control de los medios de comunicación y del sistema educativo, es decir, controlando la manera de pensar de la población, se procura evitar que las ideas dominantes puedan ser cuestionadas por ideas alternativas, que permanecen como marginales, se procura imponer el pensamiento único. El sistema fomenta el egoísmo, el individualismo, el conformismo, la apatía, la inconsciencia, el derrotismo, la comodidad. Es decir, fomenta todo aquéllo que se opone al cambio social o político. Distorsiona la Hstoria para convencer a la gente de que no sirven de nada las revoluciones, explota los fallos cometidos por aquéllos que intentaron cambiar el sistema a lo largo de la Historia para justificar que es mejor no volver a intentarlo".

 

Y concluye: "Tergiversa la Historia para ocultar el hecho de que el sistema actual es relativamente reciente en la Historia de la Humanidad, creando la falsa sensación de que todo ha sido siempre así y por tanto siempre será así, posibilitando que la mayoría de la gente piense que el ser humano nunca cambiará, que no tiene solución. Caso aparte merece la religión, uno de los instrumentos más poderosos de manipulación de masas jamás inventado. El sistema recurre al miedo para amedrentar el espíritu de cambio, siendo el progreso inherente al espíritu humano. Por último, cuando el cambio se hace inevitable, el sistema procura sobrevivir haciendo que sea mínimo o aparente, o incluso invirtiéndolo cuando el pueblo se acomoda". Y para demostrar todo esto también tenemos un ejemplo de rabiosa actualidad. Si analizamos este párrafo de José López, y lo comparamos con las estrategias y los ataques que están dirigiendo contra la formación política PODEMOS, comprobaremos hasta qué punto se ajusta a la realidad. Insultos, mentiras, descalificaciones, ataques personales, difamaciones, amenazas de caos, ridiculización de las medidas propuestas, calificándolas de imposibles de realizar, son algunos ejemplos de las estrategias con las que la clase dominante se emplea para impedir que otras políticas sean llevadas a cabo, simplemente porque van en contra de sus intereses, y a favor de los intereses de la mayoría social. Continuaremos en siguientes entregas.

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16 febrero 2015 1 16 /02 /febrero /2015 00:00

"El objetivo socialista que queremos alcanzar es la sustitución de la sociedad burguesa basada en la lucha de todos contra todos por una sociedad comunitaria sin clases, en la cual la solidaridad social reemplace el deseo de enriquecimiento individual como móvil esencial de actividad, y en la cual la riqueza de la sociedad asegure el armonioso desarrollo de todos los individuos"

(Ernest Mandel)

 

 

 

 

 

Habiendo tratado los tres grandes ejes del nuevo modelo productivo en los artículos anteriores de esta serie (relativos al aspecto laboral, al aspecto del modelo de negocio y al aspecto energético), nos queda por exponer el cuarto y último eje, aunque no menos importante que los anteriores. De hecho, podemos afirmar categóricamente que este cuarto y último gran factor del modelo es el último garante de los demás, porque se refiere al cambio en nuestras estructuras mentales, en nuestro pensamiento, en nuestras actitudes, en nuestro modo de entender el mundo y nuestra vida dentro de él, en nuestras inquietudes, nuestras metas y nuestros objetivos personales y sociales. En efecto, no podrá darse cambio en el modelo productivo, y por tanto, cambio en los pilares de nuestra actual sociedad capitalista, si no somos capaces de abandonar sus propios valores, si no somos capaces de optar por otra escala de valores, más acorde con el resto de propuestas, medidas y opciones que estamos incorporando a esta visión socialista del siglo XXI.

 

socialismo601.jpgEl último factor relativo al modelo productivo somos por tanto nosotros mismos, nuestra capacidad de pensar, de reflexionar, de comportarnos, de entender la vida, de proyectarnos socialmente, de estar sujetos a una nueva escala de valores, en definitiva, de evolucionar hacia un nuevo concepto de ciudadanía. Para empezar, habría que comenzar a desarrollar el auténtico sentido de la austeridad. Hasta ahora, nos han vendido un concepto de austeridad equivocado, tergiversado, deformado, prostituido. Nos han hecho creer que austeridad significa que tenemos que sufrir recortes en todos nuestros servicios públicos y sociales, en nuestros sueldos, es decir, que tenemos que vivir casi en la miseria. Ello les ha valido para imponer un modelo económico neoliberal, que sacrificaba a la ciudadanía, a la satisfacción de sus necesidades, en función del beneficio de las grandes empresas y de las grandes fortunas. Pero eso no es la austeridad. Ese es un concepto manipulado de la austeridad, para convencernos de que hay que vivir mal para que otros vivan muy bien. Es un concepto de una austeridad miserable, donde escasea la protección social, y se ataca a los sectores más desfavorecidos y vulnerables de la sociedad. No tenemos que creer en ese concepto (que no es tal) de la austeridad, porque austeridad significa una cosa bien distinta.

 

Por ejemplo, austeridad significa que abandonemos la filosofía y la práctica del consumismo desaforado, excesivo, compulsivo, que tenemos actualmente como sociedad, para aprender a consumir únicamente lo que es necesario. Eso no significa vivir pasando necesidades, sino tener todas nuestras necesidades básicas cubiertas, y aprender a valorarlas. No debe faltarnos nada de lo esencial, y para ello muchos tienen que abandonar todo lo superfluo. Olvidar los sueños de cambiar de coche cada 4 años, tener un chalé en otro sitio más lujoso, disfrutar de más comodidades, de más lujos, llevar un tren de vida elevado, disfrutar de un patrimonio cada vez mayor...Todo ello está en el horizonte de millones de personas, porque desde que eran pequeños, tanto en el ambiente familiar, social y educativo que vivieron, eso fue lo que se les inculcó, por activa o por pasiva, expresamente o sibilinamente, de forma patente o de forma oculta...Y cuando llegamos a adultos, nuestras metas y nuestros objetivos personales, familiares y sociales casan perfectamente con dicha escala de valores, que ofrece culto al dinero, a las posesiones materiales, al nivel de vida, al patrimonio personal, etc. Y tan inculcado tenemos estos valores que, las personas más avispadas, pícaras y delincuentes (incluso enfermas socialmente) son capaces de corromperse y de corromper a terceros, con tal de conseguir sus objetivos. Tenemos que acabar con este modelo de imaginario social, con este comportamiento aberrante, con estas prácticas mezquinas.

 

socialismo602.jpgEn el ideario social figuran el egoísmo personal, el individualismo, la picaresca, el culto a la propiedad privada, la competencia, la insolidaridad, la rivalidad, el desprecio a lo público, la infravaloración de lo común...La austeridad está justo en la orilla contraria a todos estos valores. La austeridad parte de la base de entender que existe la sociedad, no los individuos, justo la teoría contraria a la que sostenía Margaret Thatcher, la Primer Ministro británica que impuso a sangre y fuego, durante más de una década, los planteamientos neoliberales a la sociedad inglesa de los años 70 y 80 del siglo pasado, consiguiendo justamente lo mismo que ahora está consiguiendo este Gobierno del PP: desprestigiar lo público, eliminarlo, volverlo insostenible, fomentar la iniciativa y la propiedad privada, los negocios y las empresas privadas, y con todo ello, derrocar la fuerza del movimiento obrero, de la lucha sindical, de la negociación colectiva, de los sindicatos de clase, alcanzando una sociedad que (casi) liquidó completamente el Estado del Bienestar, y relegó a mucha gente a la pobreza, al desempleo, a la precariedad. Justo lo que ahora estamos sufriendo en nuestro país, porque nuestros dirigentes políticos son hijos ideológicos del neoliberalismo más salvaje. Y por ello nos venden ese concepto engañoso y malévolo, disfrazado de austeridad. Pero como decimos, esa no es la auténtica austeridad.

 

¿Qué sería entonces, la verdadera austeridad? Pues básicamente, la austeridad no es, ni más ni menos, que una visión del ordenamiento de la riqueza para que se la disfrute de otra forma, y para que la disfrute toda la sociedad, toda la humanidad. Y esto significa que los recursos económicos, naturales, culturales, sociales, incluso mentales, se ponen al servicio del disfrute en común, pero sin caer en el despilfarro. La verdadera austeridad nos convoca a disfrutar de todas nuestras necesidades y nuestros derechos fundamentales, pero sin llegar a más, y haciéndolo de forma común, valorando lo público, entendiendo la importancia de la sociedad, siendo conscientes de nuestra limitación de recursos, y repartiendo de forma justa y equilibrada la riqueza, redistribuyéndola de otro modo, con justicia social. De esta forma, en una sociedad realmente austera, los gastos presupuestarios faraónicos quedan suprimidos, no existen, y el conjunto de las Administraciones Públicas funcionan de verdad para toda la ciudadanía. Se reducen o eliminan los gastos suntuarios, y se lleva a cabo una justa administración de todos nuestros recursos naturales, del consumo de agua, de electricidad, de todos los servicios básicos, que se disfrutan con racionalidad, mesura y equilibrio, sin excesos, justamente para que todos podamos disfrutarlos. Continuaremos en siguientes entregas.

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13 febrero 2015 5 13 /02 /febrero /2015 00:00

"Ahora, como siempre, la Ley es un instrumento para someter y reprimir al pueblo, limitando sus derechos, en defensa de la propiedad e intereses de la clase dominante"

(Antonio José Gil Padilla)

 

 

 

 

codigo_penal_pp1.jpgYa tenemos nuevo Código Penal, el del PP, que como viene siendo habitual, ha sido rechazado por todos los grupos parlamentarios del Congreso, constituyendo un nuevo frente a derogar en la legislación de la era Rajoy. De entrada, es una reforma que constituye un claro fraude de ley, pues ha sido introducida por la vía de urgencia, para ahorrarse los preceptivos informes del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal cuando se trata de leyes orgánicas. Es un texto que bebe de las fuentes jurídicas más reaccionarias y autoritarias, planteando un nuevo contexto penal para el Estado Español más propio de un estado de excepción encubierto. Introducción de la cadena perpetua, aumento de penas para muchos delitos, represión de la protesta ciudadana, parches variados para asuntos de suma importancia, y guante de terciopelo para los delitos de corrupción. Ésta podría ser la foto rápida de la nueva reforma penal. El nuevo Código Penal va a ser populista, oportunista, hipócrita, vengativo, autoritario y represor. Pero es lo lógico que podríamos esperar, después de un Gobierno que ha desmontado la Justicia Universal en nuestro país, y ha intentado (entre otras barbaridades) impedir el derecho de las mujeres al aborto, y aún se niega a investigar y castigar los crímenes franquistas. Activistas, inmigrantes y personas sin recursos son el gran blanco de las maldades del nuevo Código Penal.

 

Y como ya nos tienen acostumbrados, es una reforma del Código Penal que no tiene absolutamente ningún desperdicio. Como aseguran desde la Plataforma "No Somos Delito": "El nuevo Código Penal vulnera importantes principios amparados por los estándares internacionales de los Derechos Humanos y del Derecho Penal, como son la legalidad, la intervención mínima, la proporcionalidad, la justificación y necesidad, o la no discriminación". Con la que está cayendo, el Partido Popular (que más bien pudiera ser llamado Populista en este asunto) propone una reforma en caliente, a golpe de telediario, para sacar el máximo rédito electoral, así como una profunda involución democrática en la aplicación de las penas, que se endurecen injustificadamente, salvo las que tienen que ver con la corrupción, con lo cual se constata, una vez más, los claros intereses del partido que está en el Gobierno. Quizá la medida "estrella", ya propuesta en su momento por el ex Ministro Gallardón, es la denominada "prisión permanente revisable", una suerte camuflada de cadena perpetua, pensada para delitos de "excepcional gravedad", tales como genocidio, asesinos/as en serie, asesinato infantil, y algunas otras situaciones. Estamos hablando de un retroceso histórico en la concepción garantista de nuestro derecho penal.

 

codigo_penal_pp2.jpgBajo el engañoso mantra de que hay que endurecer las penas para ciertos delitos, argumento falaz donde los haya, y enlazando con el grado de protesta social motivada por los propios recortes en todos los ámbitos del PP, el Gobierno ha querido utilizar esta reforma para plantear un endurecimiento injustificado de muchas penas y delitos, muchos de ellos también situados bajo la órbita de influencia de los nuevos atentados del terrorismo yihadista. Pero en vez de aprovechar la ocasión para ampliar y extender el Código Penal a los nuevos delitos de corrupción, cada vez más frecuentes, numerosos y sofisticados, justamente este apartado es el que más brilla por su ausencia. No sólo tendremos un Código Penal más antidemocrático y desproporcionado, sino que está pensado para ofrecer una excesiva dureza por una parte, mientras exhibe una tremenda permisividad por otra. Como no podía ser menos, todos los grupos de la oposición han clamado contra la imposición de la prisión permanente revisable, medida que rompe por primera vez con la función resocializadora de la pena de privación de libertad, que prevee nuestro ordenamiento jurídico, y así consta en la Constitución.

 

codigo_penal_pp3.jpgPara los condenados a esta pena, les será revisada, tras el cumplimiento de 25 a 35 años, para verificar si el pronóstico es favorable o no a la reinserción social. Los jueces examinarán si debe mantenerse la prisión cada dos años de oficio o a petición del recluso, si bien no se puede dar curso a nuevas solicitudes durante un año. Dureza en este frente, y dureza también en el frente de la "prevención" de los delitos de "terrorismo", así como en el frente de la movilización popular. Existe una desproporcionada dureza contra los supuestos tipos delictivos referidos a manifestaciones y reuniones, y suprime el Libro III relativo a las faltas, que ahora se convertirán en delitos leves o en sanciones administrativas, siguiendo la estela de la Ley de Seguridad Ciudadana del Ministro Fernández Díaz. Como sabemos, se trata de acallar la protesta ciudadana, mediante el mecanismo de la multa desproporcioinada, impidiendo la libre expresión popular, indignada ante el constante recorte al Estado del Bienestar que este gobierno practica. Incluso la organización pacifista Greenpeace ha criticado que la reforma penal despenalice faltas para incorporarlas a la Ley de Seguridad Ciudadana. Mientras se protege la corrupción, se reprimen la disidencia y la pobreza. Es un Código Penal que distingue claramente entre ricos y pobres.

     

Y por tanto, toda la fortaleza exhibida en algunos ámbitos, contrasta con la tibieza en el planteamiento de los nuevos delitos que tienen que ver con la corrupción, con la delincuencia económica, y con los delitos de cuello blanco. En cuanto al delito de financiación ilegal de partidos políticos, fija en 500.000 euros (¡medio millón de euros!) la cuantía mínima para imponer pena de cárcel por financiación ilegal, así como mantiene en 120.000 euros la mínima cantidad defraudada a la Hacienda Pública para que pueda constituirse en delito fiscal. Es completamente absurdo que se quiera luchar contra la financiación ilegal de los partidos si no se aborda en serio el control sobre sus Fundaciones, y el límite establecido para considerar financiación ilegal es una auténtica tomadura de pelo, pues sabemos perfectamente que las típicas donaciones empresariales o de terceros nunca llegan a estos montantes, y en caso de querer llegar, basta con hacer donaciones parciales o troceadas.

 

codigo_penal_pp4.jpgComo puede comprobarse, no existe voluntad política (¿alguien esperaba otra cosa?) de luchar realmente contra la corrupción. El PP sigue legislando para favorecer a sus amigos, los grandes empresarios y las grandes fortunas de este país. Por ejemplo, todos los donantes de la famosa red de corrupción Gürtel, según la nueva norma legal, no pisarían la cárcel. Tampoco se toca lo referente a la prescripción de los delitos. El Gobierno ha elevado sólo los que afectan a los delitos más graves, es decir, los que ya tenían un plazo de prescripción de 10 años: prevaricación administrativa, fraudes y exacciones legales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, y prevaricación judicial. Pero en cambio no ha tocado el plazo de prescripción de los delitos de cohecho, malversación o tráfico de influencias. Así por ejemplo, el delito fiscal dejará de ser perseguido a los 5 años de su comisión. Tampoco se crean nuevos tipos delictivos acordes a la nueva casuística de corruptelas que nos inunda (parece que aquí la legislación en caliente sí que no va con ellos), pues continúan sin contemplar delitos para la situación de existencia de contabilidad paralela o "Caja B", o para penalizar las desorbitadas e indecentes retribuciones (indemnizaciones, jubilaciones, etc.) que se autoasignan los altos directivos procedentes, sobre todo, del mundo de la banca privada.

 

Pero esta reforma del Código Penal esconde todavía muchos aspectos interesantes. Como argumenta Ana Gómez en su artículo "Cinco motivos por los que podrías ser delincuente...o terrorista", esta reforma introduce disposiciones penales que podrían convertir en acto criminal la simple participación en una protesta. En efecto, se han presentado, paralelamente a la reforma, doce enmiendas sobre terrorismo en las que, violando la presunción de inocencia, se da la vuelta a la responsabilidad, de tal forma que ya no es el Estado quien tiene que demostrar la culpabilidad, sino el ciudadano quien debe justificar su inocencia. Se ha buscado expresamente que la ambigüedad de la norma pueda ser usada para reprimir derechos fundamentales y libertades públicas, como la libertad de expresión, reunión y manifestación, que como sabemos, soportan muy mal esta gentuza del PP. Así que habrá que tener mucho cuidado con la difusión de mensajes (según ellos, "que inciten a la alteración del orden público", con prisión de 3 meses a 1 año), con perturbar la actividad (no podemos interrumpir el devenir cotidiano de una oficina bancaria, o de una delegación gubernamental), con las típicas sentadas callejeras (la reforma convierte la resistencia a la autoridad en delito de atentado), con las consignas "peligrosas" en las redes sociales (las autoridades pueden creer que pueden inducir a otros a realizar actos vandálicos o terroristas), o con las consultas a determinadas páginas web (las consideradas de contenido "idóneo" para reforzar la disposición de otros a cometer actos terroristas también pueden ser delito). Como vemos, redacción y expresiones vagas e imprecisas, generalistas, que abren el abanico interpretativo a actividades normales dentro de un Estado social, democrático y de derecho, que ahora podrán ser consideradas como delito.

 

codigo_penal_pp5.jpgLa reforma propuesta sigue sin contemplar los delitos de tortura y desaparición forzosa, tal y como sugieren diversas asociaciones y organismos, así como el derecho internacional.  Por su parte, la única modificación que se propone para los indultos sólo contempla que un alto cargo del Ministerio de Justicia comparezca cada seis meses para informar sobre estos expedientes en sede parlamentaria. El tema del indulto, como ya hemos expuesto en otros artículos, requeriría una reforma mucho más profunda, por su carácter anacrónico y antidemocrático. Por fin, otras modificaciones que se proponen son la elevación de la edad (hasta los 16 años) para no considerar delito las relaciones sexuales consentidas (algo que representa una clara contradicción con la posibilidad legal de poder contraer matrimonio desde los 14 años), se aumenta la persecución del maltrato, abandono y explotación sexual de animales (de nuevo un parcheo insuficiente, ya que necesitamos una Ley Integral de Protección Animal, completa, seria y rigurosa), se multa a quienes maltraten "cruelmente" (¿se puede maltratar no cruelmente?) a animales en peleas, como las de gallos o perros (aunque sorprendentemente no a los organizadores de estos eventos), y se tipifican nuevos delitos tales como el matrimonio forzado, el hostigamiento, la divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas obtenidas con la anuencia de la persona afectada, o la manipulación de los dispositivos de control que sirven para vigilar el cumplimiento de las penas.

 

También se trasladan normativas europeas sobre pornografía infantil, explotación sexual de menores, trata de seres humanos, o inmigración ilegal. Se agravan también las penas por delitos de hurto y robo (donde el límite  pasa de 400 a 500 euros) para aumentar la persecución de los multirreincidentes, butrones, alunizajes o robo de cables de cobre o de suministro eléctrico. El panorama que se abre con la aprobación de este nuevo Código Penal es tan preocupante, que un total de 63 Catedráticos de Derecho Penal ya han acusado formalmente al PP de "pisotear la dignidad humana" con esta normativa, y han solicitado al próximo Gobierno que derogue la norma. Aseguran estos expertos que "los ciudadanos van a verse entregados, no a la seguridad de la norma, sino a la indeterminación de los criterios personales con los que se va a administrar la peligrosidad". Se puede decir más alto, pero no más claro. No es por tanto un Código Penal que ofrezca seguridad jurídica a las personas, sino abandono al libre criterio e interpretación de la norma. Y como siempre, un supremo culto al "orden público" y a la "paz social", expresados en sentido fascista y totalitario, claro signo de la acción de este Gobierno, y de sus fundamentos ideológicos. Junto a la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como "Ley Mordaza") y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (actualmente en trámite en el Senado), se apuntalan los tres vértices que atacan los derechos fundamentales de una ciudadanía que ya no puede resistir más tanta corrupción, tanto recorte, tanto paro, tanta precariedad y tanta miseria.

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12 febrero 2015 4 12 /02 /febrero /2015 00:00

"Estados Unidos juega a avivar el fuego para justificar su política de mano dura: le interesa un mundo inestable y caótico, siempre lejos de sus fronteras, orientado a garantizar sus negocios"

(Colectivo ANEMOI)

 

 

 

 

usa_guerra_permanente181.jpgEn la presente entrega, finalizaremos con el repaso a la lista de países sancionados durante la Historia por la potencia estadounidense, que ya habíamos comenzado un par de artículos más atrás, basado en el magnífico Informe de TeleSur (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=193534):

 

14.- Costa de Marfil. Estados Unidos impuso en 2011 sanciones contra el Presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, su esposa y sus simpatizantes, después de que en algunas ciudades del país africano fueran canceladas las Elecciones, y por acusaciones de violaciones a los Derechos Humanos. Durante la década de los 70, Costa de Marfil poseía una de las más fuertes economías del continente africano, pero durante los 80 y los 90 surgieron problemas económicos y políticos que desembocaron en una Guerra Civil en 1999. Las sanciones de Estados Unidos prohibían el comercio con personas u organizaciones que aportaban armamento o asistencia al país.

 

usa_guerra_permanente182.jpg15.- Líbano. Bajo la excusa de contrarrestar a personas que "socavaban la soberanía del Líbano" (como si a la potencia imperialista le importara mucho este detalle), se impusieron sanciones contra este país en el año 2012 que estipulaban la prohibión de entrada a territorio estadounidense, así como la congelación de activos y operaciones financieras.

 

16.- Ucrania. Aunque el tema de Ucrania será desarrollado más extensamente en siguientes artículos de esta serie, la incluimos también en esta lista, en cuanto a lo que se refiere a la lista de países sancionados por USA. En marzo de 2014 se impusieron sanciones contra funcionarios, contra el ex Presidente Víktor Yanukovitch y otros políticos, tales como la prohibición de entrada en EE.UU. y la congelación de sus activos. En febrero se implantó la prohibición de visados para cerca de 20 funcionarios de alto nivel del Gobierno ucraniano, y de otros ciudadanos. Estas sanciones vinieron después de que la Administración Obama propiciara el Golpe de Estado que depuso a Yanukovitch, lo cual desestabilizó al país, con la rastrera complacencia, incluso colaboración, de la Unión Europea.

 

usa_guerra_permanente183.jpg17.- Yemen. En 2012, durante la Guerra Civil en este país, Estados Unidos impuso sanciones contra las personas que pertenecían al Gobierno yemení. Se les negó la entrada a Estados Unidos, y sus activos fueron igualmente congelados.

 

18.- Sudán del Sur. En 2014, con el trasfondo de los enfrentamientos entre el Gobierno de Sudán del Sur y grupos rebeldes, Estados Unidos activó un paquete de sanciones económicas. Las restricciones implicaron la congelación y confiscación de activos de personas "involucradas en actividades ilícitas". También se les prohibió a los ciudadanos y empresas estadounidenses tener relaciones financieras con estas personas.

 

19.- Rusia. El caso de Rusia es bastante especial y paradigmático, por lo que representa esta potencia en el marco geopolítico, energético y estratégico mundial, dentro del nuevo tablero multipolar que dibuja el mundo. Cuando se consumó el Golpe de Estado contra Yanukovich, algunas regiones del Este y del Sur de Ucrania abogaron por su independencia. En este sentido, el Presidente Ruso Vladimir Putin promulgó la incorporación de la República de Crimea y del puerto de Sebastopol a la Federación Rusa, previamente ratificado por el Consejo de la Federación, reunificando el país con esta región, que le perteneció hasta 1954.

 

usa_guerra_permanente184.jpgEn marzo de 2014, Estados Unidos anunció la imposición de medidas restrictivas contra las autoridades rusas. Tanto Washington como la UE justificaron las sanciones tras la acusación contra Moscú de violar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Rusia rechazó las acusaciones y aseguró que el referéndum sobre la independencia de Crimea se realizó bajo la observación de entidades internacionales, cumpliendo con todas las normativas al respecto. El nuevo Primer Ministro de Crimea, Serguei Axionov, fue víctima de las sanciones. Se le negó la entrada a Estados Unidos y sus activos en el extranjero fueron congelados. La lista de personas que tienen prohibida su entrada en USA contiene los nombres de varias docenas de funcionarios estatales rusos. A principios de agosto de 2014, Rusia respondió con sanciones a la UE y a EE.UU. de un año para el sector agrícola y alimentario, incluyendo carne, pescado, embutidos, crustáceos, moluscos, legumbres, hortalizas, lácteos, verduras y frutas. Australia, Canadá y Noruega también resultaron afectados con este contraataque ruso, y la cómplice Unión Europea también ha probado de la misma medicina que prescribe su gran aliado imperialista norteamericano.

 

El 12 de septiembre pasado, el Presidente Obama indicó que su Gobierno impondrá nuevas sanciones sectoriales a Rusia, sumándose a la UE usando a Ucrania como excusa. Las declaraciones de Obama fueron: "Vamos a profundizar y ampliar las sanciones contra el sector financiero, energético y de defensa de Rusia. Estas medidas van a incrementar el aislamiento político de Rusia, así como los costes económicos", en un nuevo ejercicio de sinrazón, belicismo económico e hipocresía. Obama acusó a Moscú de "desestabilizar la región, incluyendo la presencia de tropas rusas fuertemente armadas en el Este de Ucrania". De nuevo falsedad, de nuevo hipocresía. Los únicos que han desestabilizado la región han sido ellos, en este caso con la complicidad seguidista, servil y criminal de la UE, para conseguir nuevos horizontes de ampliación de la OTAN, así como un mayor hostigamiento y aislamiento de la Federación Rusa.

 

usa_guerra_permanente185.jpgDe esta forma, grandes empresas transnacionales rusas han sido afectadas por estas sanciones, y se restringió igualmente el acceso al mercado de capitales para varios bancos rusos, reduciendo el plazo de los préstamos hasta 90 días. Además, fueron incorporadas a esta lista varias empresas de defensa rusas. Por su parte, y como hemos dicho, la UE también impuso sanciones al servicio de préstamo e inversión de varios bancos rusos, además de que las compañías residentes en la UE ya no podrán solicitar créditos a estas entidades bancarias rusas. Además, se han prohibido las emisiones de obligaciones y otros valores con vencimientos de más de 30 días. La UE elevó a 119 los nombres de su lista de personas y empresas sancionadas para Rusia y Ucrania, alcanzando también al Primer Ministro de la República Popular de Donestk (cuyas Elecciones tampoco se reconocieron ni por USA ni por la UE), además de a varios diputados rusos.

 

20.- Venezuela. Y finalizamos con el país latinoamericano, como no podía ser de otra manera. No nos extenderemos en el enfrentamiento entre la República Bolivariana y su vecino imperialista del norte, cuyo comienzo se remonta a finales del siglo XX, con los primeros mandatos del Comandante Hugo Chávez, que hemos tratado ya en multitud de artículos. En diciembre de 2014, el Presidente Obama firmó sanciones contra Venezuela, tras ser aprobadas previamente por la Cámara de Representantes. Las sanciones consisten en la congelación de activos y prohibición de visados para funcionarios venezolanos a los que las autoridades estadounidenses señalan como supuestos responsables de violaciones a los derechos humanos durante las protestas golpistas registradas entre febrero y marzo de 2014 en Venezuela.

 

Dichas protestas, cuyo objetivo claro era derrocar por la fuerza y la desestabilización al legítimo Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, fueron violentas y dejaron un saldo de 41 personas muertas. Frente a la resistencia fascista venezolana y los medios de comunicación imperialistas, la estrategia de desestabilización y los ataques mediáticos al país venezolano son constantes, y estas sanciones económicas son otra muestra de la política hostil de Estados Unidos contra Venezuela, desde que se inició la Revolución Bolivariana, proceso revolucionario que devolvió la identidad histórica y cultural al país, y lucha por su soberanía bajo todos los frentes, luchando también contra el imperialismo yanki, y siendo líderes en la creación de organizaciones políticas y comerciales alternativas al mundo occidental, tales como el ALBA o MERCOSUR. Continuaremos en siguientes entregas.

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11 febrero 2015 3 11 /02 /febrero /2015 00:00

"La verdadera medida de cualquier sociedad reside en cómo trata a sus miembros más vulnerables"

(Mahatma Ghandi)

 

 

 

 

 

campana_pp1.jpgPues sí, es completamente cierto, a la gente del PP les queda todavía mucho por hacer para alcanzar la sociedad que ellos quieren, aunque están en el buen camino. Viene esto a cuento de un vídeo promocional de su próxima campaña electoral, que han colgado en su web, y en el sitio http://aunquedamuchoporhacer.es/, donde algunos de sus dirigentes charlan apaciblemente en un salón, tomando un cafetito, sobre los logros y virtudes de su Gobierno, para intentar convencernos de que estamos en la buena dirección, pero que debemos seguir votándoles a ellos, porque "aún queda mucho por hacer". Bien, pues vamos a comprobar efectivamente cómo les queda bastante por hacer, contemplando la línea evolutiva hacia la que va derivando su gobierno. Les queda por ejemplo continuar disminuyendo los fondos a la Cooperación y al Desarrollo de terceros países, contribuyendo más a su podredumbre social y cultural, a la vez que les impiden su entrada en la Unión Europea, cuando intentan saltar unas vallas repletas de cuchillas, o los expulsan en caliente (algo declarado ilegal por el propio Comisario de Derechos Humanos de la UE).

 

campana_pp2.jpgLes queda aún por desarrollar y aprobar, también en el contexto europeo, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la UE, cuya aprobación está prevista para este mismo año 2015, lo que resultará en un mayor atropello si cabe a la soberanía de los Estados miembros y a la democracia, y supondrá la consolidación del poderío y de la hegemonía empresarial, manifestada en los campos sanitario, alimentario, de propiedad intelectual, farmacéutico, medioambiental, energético, etc., previendo además la existencia de Tribunales pensados para que las empresas puedan denunciar a los Estados si entienden que con sus normativas y leyes están atacando la posibilidad de incrementar sus beneficios. Les queda continuar en la campaña de acoso y derribo contra Rusia, a través de la fascista instrumentalización de Ucrania, tapadera que está sirviendo únicamente para la expansión de la OTAN a escala global. A nivel interno, les queda continuar en su acoso y derribo a los servicios públicos, a la independencia de los medios informativos públicos, todavía les quedan sectores que pueden privatizar, les quedan precios y tasas públicas que imponer a muchos servicios, les queda continuar desmantelando el Estado del Bienestar (bajo el falaz pretexto de que son insostenibles), haciendo inviable la Ayuda a la Dependencia, inaccesible la Educación Pública y la Universidad a los estudiantes, y recortando instalaciones, hospitales y profesionales en la Sanidad Pública.

 

campana_pp3.jpgLes quedan todavía muchos profesores que despedir, muchos sanitarios que jubilar, muchos enfermos y dependientes a los que dejar en la estacada, abandonados a su suerte, les quedan muchos empleos fijos y estables que destruir, les quedan muchos empleos precarios por crear, todavía pueden "subir" un poquito menos las pensiones, o el Salario Mínimo Interprofesional, haciéndolo todavía más ridículo e indecente. Todavía les quedan muchos deshaucios por practicar, y aún les queda mucha "movilidad exterior" que fomentar, causando que cientos de miles más de jóvenes sean expulsados de nuestro país, buscando salidas laborales y profesionales en el extranjero. Les queda todavía continuar aumentando los presupuestos ocultos del Ministerio de Defensa, para seguir adquiriendo planes de armamento, aumentando también la deuda. Les queda continuar fomentando las grandes obras públicas, el fomento de grandes negocios para las grandes empresas de sus amigos del IBEX-35, para luego presumir de que somos líderes en kilómetros de vías de alta velocidad. También somos líderes en energías limpias y renovables, pero como eso no les interesa, hostigan a las empresas que se dedican a promover un nuevo modelo energético, en aras a desmontar el chiringuito del oligopolio eléctrico en nuestro país, donde ellos se alinean con los más fuertes, que son los que se encargarán de darles buenos puestos como Consejeros en cuanto dejen la política.

 

campana_pp4.jpgLes queda conseguir que la deuda pública rebase el 100% del PIB, y que el pago de los intereses de la misma alcancen una suma tan importante, que quede absolutamente justificado el recorte a todos los servicios públicos básicos, así como la intervención de todos los Ayuntamientos y Autonomías, cuyos presupuestos quedarán controlados por el Ministerio de Hacienda de Montoro. Les queda seguir subiendo los impuestos, aunque ellos lancen engañosas campañas propagandísticas diciendo que los bajan, mediante reformas fiscales disfrazadas de progresistas, cuando en realidad continúan beneficiando a los que más tienen y más ganan. Les queda aún llegar a un nivel de represión ciudadana que ellos consideren adecuado, generalizando las exageradas multas y sanciones administrativas para todos aquéllos que osen protestar o movilizarse en la vía pública, más si cabe cuando lo hagan en forma de escrache a cargos públicos, o delante de las Instituciones. Y además, bajo la excusa de garantizar la seguridad y luchar contra el terrorismo, les queda todavía rebajar aún más el listón de nuestros derechos fundamentales y nuestras libertades públicas. También les queda seguir atacando al mundo de la izquierda abertzale, en una campaña hostil sin ningún fundamento, sólo para dar la impresión de que son implacables contra ETA, cuando en realidad añoran, porque la necesitan para justificarse, la época donde se cometían atentados por la banda terrorista.

 

campana_pp5.jpgLes queda continuar desmantelando la Cultura en nuestro país, impidiendo el acceso popular a la misma, y provocando que tengan que cerrar empresas y servicios culturales que se vuelven inviables con la política cultural de este Gobierno. Asímismo, también les queda mucho por hacer en la Ciencia, la Investigación y el Desarrollo, para conseguir alcanzar su objetivo final de destruir todas las Instituciones públicas que se dedicaban a este sector, y que daban trabajo a miles de profesionales, cuyos proyectos han tenido que ser abandonados. Les queda aún mucho por hacer en el empleo, favoreciendo los ERE's masivos de las grandes empresas, para viabilizar el despido de miles de trabajadores con puestos estables y seguros, e irlos sustituyendo progresivamente por empleos basura, empleos temporales y precarios, inseguros e inestables, con indignos sueldos e indecentes condiciones  laborales, que impiden desarrollar un proyecto de vida. Les queda consumar su objetivo de que nos parezca normal vivir en la miseria, de que asumamos que tenemos que vivir en la pobreza y en la indigencia, en la exclusión social, mientras ellos y sus amiguitos los grandes empresarios continúan forrándose a costa de la "salida" de la crisis.

 

campana_pp6.jpgY en este sentido, aún les quedan muchos montes que privatizar, muchas playas que destruir, muchos subsidios que abaratar o imposibilitar, mucha gente a la que deshauciar, mucha destrucción medioambiental que provocar, mucha contaminación a la que contribuir, muchos negocios insostenibles a los que fomentar, mucho cambio climático que ignorar, muchos enfermos a los que matar, muchos dependientes a los que abandonar, muchos empleados a los que parar, mucho adoctrinamiento religioso que garantizar, muchos profesionales a los que despedir, muchas comisiones ilegales que cobrar, muchos jueces a los que echar, muchos estudiantes a los que impedir estudiar, muchos servicios públicos que desmontar, mucha corrupción que esconder, mucha desigualdad que provocar, mucha involución democrática que conseguir. Todo eso es lo que les queda, y así, a fuerza de ir caminando en esa dirección, en la "buena" dirección según ellos, alcanzarán poco a poco (es algo que no se consigue sólo en una legislatura) el modelo de sociedad que desean. Así que, si nos gusta este modelo, ya sabemos que tenemos que votar al Partido Popular en las varias citas electorales de este año, porque "aún les queda mucho por hacer". Y es absolutamente cierto.

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10 febrero 2015 2 10 /02 /febrero /2015 00:00

"Democratizar la empresa es lo mismo que hacer extensibles a su ámbito todos los objetivos y los principios democráticos ya vigentes fuera de ella"

(Armando Fernández Steinko)

 

"Tú votas cada cuatro años. La Bolsa lo hace todos los días"

(Pancarta popular)

 

 

 

 

 

objetivo_democracia141.jpgHablábamos en el artículo anterior, que introdujo la idea de la Democracia Económica, de la posibilidad de socialización de empresas, y también de que los propios trabajadores se hagan cargo, en las ocasiones donde sea pertinente, de la gestión de sus propias empresas, mediante modelos copropietarios, colaborativos o cooperativos. Bajo este modelo y paralelamente, se permitirían pequeñas empresas privadas, y, elemento fundamental de este modelo, se apostaría por la desaparición de un mercado privado de capitales, al crearse fondos democráticos de planificación de inversiones. La conexión de todo ello con el modelo cooperativo, la organización de los trabajadores y la banca ética es evidente. A todo ello hay que sumar el consumo responsable como cuarto factor de cambio del modelo económico, y de un nuevo estilo de vida. En el modelo cooperativista, a partir de la propiedad conjunta y de la gestión democrática, el elemento nucleador es el trabajo y no el capital, por lo que su funcionamiento no sólo se contrapone al capitalismo, sino que genera nuevos valores: satisfacción en común de necesidades y alcance de objetivos, de igualdad, de solidaridad y de soberanía de las personas.

 

objetivo_democracia142.jpgNo obstante, el cooperativismo tiene puntos débiles: las tensiones a las que le somete el mercado entran en conflicto con sus valores y su funcionamiento, generando prácticas no cooperativas, problemas de gestión, no asimilación de los intereses de los trabajadores que no sean socios cooperativistas, etc. Pero también tiene puntos fuertes tales como el valor de la ayuda mutua, que permite entre distintas cooperativas poder superar el problema de las economías de escala, o el espacio que gana el trabajo cognitivo. En el ámbito del mercado financiero, que tanta responsabilidad ha tenido en la actual crisis, el modelo de David Schweickart, ya introducido en el artículo anterior de esta serie, parte de las distintas experiencias de banca ética y su gran capacidad transformadora. La banca ética desarrolla operaciones de ahorro e inversión que garantizan un uso justo del dinero, esto es, inversiones socialmente responsables que compaginan un objetivo ético y un objetivo financiero. La práctica, a partir de principios morales justos en la actividad financiera, traslada a las personas dichos valores, de ahí la importancia de excluir determinadas inversiones y promover otras con interés social. La banca ética debe guiarse bajo los criterios de sostenibilidad económica y responsabilidad social, valorando la rentabilidad y la dimensión humana y social de todos los posibles proyectos. Para asegurar esta aportación social hay que ser transparente en las inversiones y realizar un seguimiento de las actividades generadas por cada inversión.

 

objetivo_democracia143.jpgLa otra gran novedad en este modelo de prácticas económicas y sociales que tienen capacidad de generar nuevos valores es el consumo responsable, es decir, entrar a plantear alternativas en el mercado de bienes y servicios. El consumo es una de las piezas básicas del capitalismo, y refuerza la concentración de poder y el actual modelo de producción globalizada, sin derechos ni perspectiva medioambiental. Sin embargo, si de verdad tomáramos conciencia de este tema, podríamos escoger responsablemente qué consumimos y cuánto consumimos, utilizando esta capacidad de forma racional, sin basarnos en parámetros capitalistas. Experiencias como las cooperativas de consumo son muy útiles para articular un consumo responsable, ya que reducen la distancia entre el productor responsable y el consumidor responsable, y fomentan el producto de proximidad, favoreciendo los mercados y empresas locales. Pero las fórmulas y posibilidades del consumo alternativo no acaban aquí. Para satisfacer necesidades no todo pasa por la compra, sino que existen otros modos de consumo, como la autosuficiencia, el intercambio de productos o servicios, y el alquiler de los mismos.

 

objetivo_democracia144.jpgAún así, hay un paso previo que es la propia reducción del consumo, reutilizar los objetos, productos, bienes o servicios, y hacerlos más duraderos, controlando los procesos de obsolescencia programada. El consumo responsable necesita de dos fundamentos previos: formación e información. Formación en la familia y en la escuela para ser consciente del impacto social y ambiental de cada producto (tipos de materiales, residuos, mano de obra, durabilidad, calidad, etc.), y también para desactivar la creación de necesidades fomentadas por el propio sistema, y el impulso de consumo continuo o como forma de ocio. La falta de información, por su parte, juega en contra para poder escoger qué productos consumimos (la procedencia, materias primas, condiciones de los trabajadores, impacto ambiental, etc.) y dónde lo consumimos (políticas de empresa, estabilidad y condiciones de trabajo, etc.), y es uno de los problemas a solventar y sobre el que las Administraciones Públicas deben jugar un importante papel.

 

objetivo_democracia145.jpgNo obstante, pensamos desde un sector de la izquierda transformadora que el modelo expuesto, a pesar de ser bastante positivo y revolucionario sobre lo ya existente, ofrece aún muchas lagunas, quedándose al final en un estadío insuficiente. Nuestra posición es por tanto más radical, pues estamos convencidos de que el papel del Estado (lo público, la res pública) debe jugar un papel más determinante. No sólo ha de ser un actor intermediario, que se limite a equilibrar el mercado, sino que ha de convertirse en agente primario de la transformación de nuestro modelo económico, incluyendo, por supuesto, su intervención en la democratización de la propia economía. De entrada, debe convertirse en el último garante del Estado del Bienestar, volviendo a recuperar para el ámbito público todas las empresas y servicios que hayan sido privatizados (o externalizados, usando el eufemismo imperante), y adoptando un rol de empleador por excelencia (acabando con el paradigma del fundamentalismo emprendedor), de tal manera que aumentemos el ratio de trabajadores que se sitúan en el ámbito de los servicios públicos (Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Dependencia, Seguridad Pública, personal funcionario y laboral de todas las Administraciones Públicas, etc.). Pero no sólo esto.

 

objetivo_democracia146.jpgEl Estado debe también expropiar a todos los grandes banqueros, empresarios y latifundistas del país, para dotarse de la robustez y de las capacidades de ofrecer desde el ámbito público los servicios de todas las grandes empresas de los sectores estratégicos de la economía, tales como las Telecomunicaciones, la Banca, la Alimentación, la Vivienda, el Textil, la Energía, el Transporte, el Agua, los Residuos, etc. En definitiva, la Democracia Económica no puede permitir que el Estado (el sector público) no disponga de los recursos necesarios para desplegar a toda la población los servicios públicos fundamentales. Dada la propiedad pública de estas grandes empresas, se impondría (es nuestra propuesta) una democratización en todas las estructuras de poder empresarial, así como una participación de los trabajadores en las decisiones llevadas a cabo por las mismas. De esta forma, mediante la Democracia Económica pasaríamos, para el conjunto de sectores clave de la economía, de la propiedad privada a la propiedad social, mediante un proceso de estatización (nacionalización o expropiación) de sus modos de producción, para pasar a estar bajo el control democrático de sus propios trabajadores, así como de las Administraciones Públicas implicadas, y de una representación de la ciudadanía. Finalizaremos en el próximo artículo de la serie.

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9 febrero 2015 1 09 /02 /febrero /2015 00:00

"El socialismo es la recuperación total y su ulterior desarrollo de la condición social humana contra todas las formas de explotación y opresión capitalista, no es una alternativa restringida a alguno de sus males o de conveniencias de acción, sino su completa sustitución"

(Felipe Cuevas)

 

 

 

 

 

socialismo_sigloxxi_591.jpgContinuando en la definición de las líneas estratégicas para la implantación (progresiva) de un nuevo modelo productivo para nuestro país, y una vez examinadas las tendencias en lo laboral (expresadas en una Reforma Empresarial, que acabe con el trabajo precario, y la preeminencia del trabajo público, decente, estable y con derechos), vamos a comenzar a hablar del segundo gran eje que habíamos mencionado para el mismo, relativo a los nuevos modelos de negocio, los nuevos nichos de empleo, las nuevas oportunidades de trabajo, siempre respetuosas, como hemos repetido muchas veces, con la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Hemos hablado de la potenciación de todas las industrias, sectores y servicios ligados al Estado del Bienestar (Educación, Sanidad, Dependencia, etc.), y de garantizar la titularidad pública en sectores como la Vivienda, las Infraestructuras, las Pensiones, y demás servicios declarados de primera necesidad, pero necesitamos completarlo con la definición de los nuevos sectores productivos, que vengan a sustituir definitivamente a aquéllos que han definido nuestro modelo productivo antiguo, caduco e insostenible, que se centraba básicamente en los pilares proporcionados por la construcción residencial, y el turismo, atravesados por una fuerte financiarización de la economía.

 

socialismo_sigloxxi_592.jpgDe entrada, los sectores generales ligados a las R (Reforma, Reparación, Reconversión, Restauración, etc.) deben ser fundamentales bajo el nuevo modelo productivo, y además pueden considerarse transversales a (casi) todas las actividades económicas que podamos definir. Bien, ¿y cuáles podrían ser dichos sectores productivos que definieran los nuevos nichos de actividad pública y privada, los nuevos nichos de mercado y negocio que podrían sustentar el nuevo modelo de desarrollo? Pues básicamente, podríamos distinguir cuatro grandes grupos, a saber: el grupo de los sectores emergentes, el grupo de los sectores básicos, el grupo de los sectores con apuesta de futuro, y el grupo de los sectores transversales. La perfecta conjunción de todos ellos, mediante la inversión pública y privada necesaria, y una prioridad definida para satisfacer las necesidades sociales, así como la inversión en formación de calidad para los profesionales de todos ellos, podrán ir haciendo despegar la actividad económica y el empleo que vaya recuperando la economía real de nuestro país. Vamos a comentar los cuatro grupos con algo más de detalle:

 

socialismo_sigloxxi_593.jpg1.- Sectores emergentes. Son los sectores beneficiados por las macrotendencias de cambio, y en los cuales España tiene ventajas comparativas claras. Estos sectores son los que más impulso público deben tener, ya que serán los que aportarán un mayor volumen de riqueza y empleo durante las próximas décadas. Se incluyen dentro de este grupo al sector de las     energías limpias y renovables (solar, eólica, etc., donde nuestro país es líder indiscutible), el sector de los alimentos procesados (en mayor medida los relacionados con los productos de la agricultura ecológica), el sector de la construcción y la reparación naval, el sector de la construcción de material ferroviario, y los sectores de los servicios sanitarios y servicios sociales (sobre todo, la dependencia).

 

socialismo_sigloxxi_594.jpg2.- Sectores básicos. Son sectores imprescindibles para mantener el volumen de empleo en España, pero en la medida en que han constituido la columna vertebral de la economía marrón, deberán afrontar importantes procesos de modernización y adaptación que, en muchos casos, deberán contar con un importante apoyo público para que se reduzcan al mínimo los posibles costes sociales de una transición que debe responder también al objetivo de aumentar la cohesión social, y no generar más desigualdades. Si esta modernización sectorial se afronta rápidamente pueden incluso salir fortalecidos, ya que desarrollarán nuevas tecnologías y productos capaces de ganar cuota de mercado en el ámbito internacional, y formarán también parte de la nueva economía verde. En este grupo incluiríamos, entre otros, a los sectores tradicionales de la construcción, de la automoción, del turismo (con especial hincapié en sus aspectos sostenibles y ecológicos) y al sector químico. Como hemos indicado más arriba, estos sectores tendrán que verse afectados por las R (renovación, reconversión, reforma, reparación, restauración) para que puedan ser útiles y coherentes con el nuevo modelo productivo.

 

socialismo_sigloxxi_595.jpg3.- Sectores con apuestas de futuro. Son sectores que se benefician de las tendencias de cambio, pero que aún están escasamente implantados en nuestro país, y por tanto, en ellos será más necesaria la inversión y el apoyo de la iniciativa pública y de la privada. Incluiríamos aquí a los sectores de la mecatrónica (disciplina que reúne la ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, ingeniería de control e ingeniería informática, y sirve para desarrollar productos que involucren sistemas de control para el diseño de procesos inteligentes), de la biotecnología médica (por ejemplo, investigación en células madre), utensilios y aparataje médico y sanitario, también al sector del aprovechamiento como agrocombustibles de subproductos agrícolas y forestales (que no entren en competencia con la producción de alimentos por el uso de la tierra, ni afecten negativamente a los ecosistemas naturales, ni a los modos de vida de las poblaciones locales), así como al sector de la producción de servicios medioambientales (medición de elementos de contaminación en entornos urbanos, estudios de movilidad ambiental, estrategias de reconversión para uso de vehículos eléctricos, etc.).

 

socialismo_sigloxxi_596.jpg4.- Sectores transversales. Por último, pero no menos importantes, los sectores transversales son aquéllos cuyo desarrollo es imprescindible para la obtención de ventajas comparativas y garantizar la evolución de todos los anteriores sectores. Se trataría de un conglomerado de sectores productivos, colaterales a todos los anteriores, pero completamente necesarios para su desarrollo e implantación social. Aquí podríamos incluir, entre otros, al sector educativo (en toda su extensión), al sector de la investigación y desarrollo (I+D+i), a los servicios de transporte, y al propio desarrollo en sí de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), absolutamente troncal para poder desarrollar los grupos y sectores ya citados.

 

socialismo_sigloxxi_597.jpgDentro de este cuarto y último grupo, hemos de hacer una mención especial al sector de la Ciencia, la Cultura, la Investigación, el Desarrollo y la Innovación, por tratarse de uno de los activos económicos más importantes en las sociedades del siglo XXI. Decididamente, toda sociedad actual que no conceda la importancia y la inversión suficiente en estos campos, no estará a la altura de una sociedad avanzada, justa y libre. Desde este punto de vista, las entidades públicas, y especialmente las Universidades, deben fomentar la sociedad del conocimiento, que debe ser parte del patrimonio común del conjunto de la ciudadanía. Hace falta, en este sentido, reformar leyes y renunciar a tratados que regulan incorrectamente y de forma retrógrada las llamadas propiedades industriales e intelectuales, para adecuar su contenido, sus objetivos y sus propios modelos de negocio al interés general, esto es, al interés público, y desde la perspectiva de las nuevas tecnologías. En este sentido, buenos ejemplos de todo ello son el fomento del uso de medicamentos genéricos, del software libre, o de las obras intelectuales o artísticas de licencias comunes, gratuitas, libres o compartidas. Continuaremos en siguientes entregas.

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