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6 febrero 2015 5 06 /02 /febrero /2015 00:00

"En contra de lo que suele entenderse normalmente como tal, el republicanismo no es sólo una teoría acerca de la forma de Gobierno (República frente a Monarquía). El republicanismo implica una concepción del Estado basada en unos principios, valores, funcionamiento institucional y vinculación con la realidad social de la que emana"

(Andrés H.)

 

 

 

 

 

republica_queremos221.jpgNos ocuparemos en esta entrega número 22 de la República de otra gran faceta de nuestro funcionamiento democrático necesitada de muchas reformas, como es la Justicia. Como sabemos, la Justicia es un pilar fundamental de un Estado Social y de Derecho que se precie de serlo, además de constituir uno de los tres poderes orgánicos del Estado, junto con el Poder Ejecutivo (el Gobierno) y el Poder Legislativo (las Cortes Generales). Desde el punto de vista de la independencia judicial, sería conveniente introducir algunas reformas más en la Constitución Republicana y en ulteriores normativas para que se garantice aún más dicha independencia. Otros aspectos interesantes son la posibilidad de eliminar la protección judicial de algunos cargos públicos mediante el aforamiento, o la eliminación de la figura de los indultos, salvo en casos muy excepcionales. Así, el derecho de gracia será ejercido por el Presidente de la República, tras informar al Consejo General del Poder Judicial, que actuará a su vez tras informe del juez que emitió el veredicto y de la autoridad penitenciaria correspondiente, y el Gobierno, que actuará a través del Ministerio de Justicia.

 

republica_queremos222.jpgAsímismo, todo lo relativo al régimen penitenciario deberá depender del Poder Judicial, y no del Gobierno. Creemos que para respetar la independencia de poderes, el Poder Judicial debe gozar de autonomía financiera respecto del Gobierno. Esto significa que todos los medios materiales asignados a la Justicia deben ser asignados directamente por los Presupuestos Generales del Estado al Poder Judicial, quien se encargará de su administración. Asímismo, el personal que trabaje en todas las instancias, dependencias e instituciones judiciales deberá depender administrativa y funcionalmente del Poder Judicial. Si se considera a la Justicia como un servicio público fundamental para la sociedad, que garantice los derechos constitucionales de los/as ciudadanos/as, tanto individuales como colectivos, hay que decir que la justicia española requiere un cambio profundo en su filosofía y en la asignación de recursos para su aplicación. Es decir, requiere un cambio cualitativo y cuantitativo. El cambio cualitativo se refiere a la reorganización de las instancias judiciales, eliminando la Audiencia Nacional (que sustituyó a Tribunales franquistas), y consiguiendo que todas las causas sean juzgadas por los tribunales ordinarios correspondientes. El cambio cuantitativo se refiere a la dotación por parte del Estado de medios materiales, humanos y tecnológicos a todos los niveles de la Administración de Justicia, pues el problema fundamental del colapso histórico que sufre esta administración pública es debido a que funciona con medios, normas y procedimientos casi decimonónicos.

 

republica_queremos223.jpgPor un lado, una Democracia Social requiere, en expresión de Aranguren ("Ética y Política", 1985), una "socialización del ejercicio del Derecho". Esto es necesario para lograr que todos los ciudadanos puedan ser iguales frente a la justicia. La defensa jurídica de la ciudadanía no puede ser (al igual que hemos afirmado ya para la Educación y la Sanidad) una mercancía ni un negocio, debe ser un derecho fundamental al que todos los ciudadanos deban poder acceder en igualdad de condiciones y oportunidades. Pero en vez de ello, los gobiernos neoliberales del PP se han encargado de instalar una serie de copagos y repagos que dificultan dicho acceso gratuito y universal a la justicia. Aunque pueda parecer una utopía, una "Seguridad Social Jurídica" (en expresión de Francisco Badarán) debe ser una reivindicación que debe estar siempre entre los objetivos de toda República Social que se precie. Su consecución requiere un Estado poderoso y va estrechamente unida a otros logros sociales que hemos mencionado en otros artículos (nacionalización de la banca, un sistema fiscal que grave adecuadamente las rentas del capital, erradicación de la corrupción, etc.). Un sistema judicial justo debe implicar, por otra parte, la eliminación del concepto de fianza como medio para comprar la libertad por parte de los ciudadanos pudientes que estén acusados de algún delito.

 

republica_queremos224.jpgY como decíamos más arriba, desde un punto de vista cuantitativo, la Administración de Justicia requiere muchos más recursos para poder resolver los procesos judiciales con mayor celeridad y seguridad. Como reza el dicho popular, "una Justicia lenta no es Justicia", e implica, entre otros efectos, el alargamiento de la prisión preventiva a ciudadanos a los que se debe presumir su inocencia, o por el contrario, la liberación de los acusados posiblemente culpables sin que el juicio se haya celebrado. No podemos permitirnos situaciones como las que se han vivido recientemente, donde algunos casos, más concretamente de corrupción, se han condenado a los 10, 12, 14 ó 16 años del comienzo de sus investigaciones, máxime cuando pesa sobre ellos la enorme ventaja de la prescripción de algunos delitos, según nuestro Código Penal. El Estado debe por consiguiente ser responsable de la celebración de las causas judiciales en un plazo determinado, prudencialmente en el tiempo, para que dichas situaciones absolutamente injustas, absurdas y surrealistas no se vuelvan a producir. Pero esto sólo se consigue con mayor dotación de medios humanos y materiales, en vez de prescribir, como hace el Ministerio de Justicia del PP, la obligatoriedad de que los jueces tengan un plazo determinado (fijado inicialmente en 6 meses) para poder instruir las causas. Continuaremos en siguientes entregas con el tema de la Justicia.

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5 febrero 2015 4 05 /02 /febrero /2015 00:00

"La maleabilidad de las personas, la ceguera emocional y la anulación del pensamiento son los grandes éxitos del sistema capitalista en los últimos tiempos"

(Antonio José Gil Padilla) 

 

 

 

 

Finalizábamos en nuestro último artículo de esta serie la exposición de las técnicas más frecuentes y fundamentales que se utilizan como estrategia psicosocial para extender el pensamiento dominante, y en realidad, si nos fijamos bien en los discursos o debates típicos de los actuales gobernantes y de sus voceros mediáticos, podremos detectar gran cantidad (prácticamente todas) de las figuras retóricas y métodos de intoxicación informativa que acabamos de describir. Las técnicas de propaganda y desinformación son muchas (aquí sólo se han indicado algunas de ellas, las más típicas) y bien conocidas (se basan en la psicología social y la sociología) por los profesionales del periodismo, de la política, del marketing, por todas aquéllas personas que trabajan para "vender" ideas o productos a grandes conjuntos de personas. La mercadotecnia recurre a ellas muy frecuentemente, y la política se ha alineado con ese conjunto de disciplinas que estudian la forma de vender y hacer llegar un mensaje a una determinada audiencia.

 

Incluso a veces, consciente o inconscientemente, cualquiera de nosotros recurre a dichas técnicas cuando necesita convencer a alguien de algo (sobre todo cuando no dispone de argumentos claros y convincentes). Es algo que podemos efectuar incluso sin darnos cuenta, porque lo tenemos muy asumido en nuestro interior, en nuestro subconsciente. En la prensa convencional se nos vende una idea de la realidad que parece creíble gracias a un hábil manejo del lenguaje, de las palabras, de las imágenes, de los sonidos. La prensa "oficial" deforma la realidad, la tergiversa, ocultándola, presentándola de cierta manera, mezclando sutilmente la información con la opinión y la propaganda, desviando la atención hacia cuestiones secundarias, evitando el análisis y el razonamiento profundo, y sobre todo, mostrando una única visión del mundo (justamente la del poder que controla la prensa), impidiendo que dicha visión pueda ser contrastada con otras visiones críticas (que perjudican al poder establecido). El filtro es tan eficaz, tan refinado y tan subliminal, tan perfeccionado, que no nos damos cuenta de que se utiliza (casi) constantemente.

 

Según los grandes medios, las medidas tomadas por los gobiernos, a instancias de ciertos organismos (de tendencia claramente neoliberal), son las únicas posibles. Y para asentar este pensamiento único, se evita la difusión de las discrepancias, que las hay y cada vez más, en los grandes medios. Tan sólo se les da voz de vez en cuando a las pequeñas discrepancias, pero no a las más importantes, nunca a las más interesantes. Así, la mayor parte de la población se cree el cuento de que no existen otras políticas posibles, y se va extendiendo el mantra de que hay que limitarse a vivir en el mundo que nos ha tocado. Se pueden realizar pequeñas mejoras, poner ciertos parches, pero nunca cambiar el sistema de verdad. Y ello se acepta de forma resignada por la inmensa mayoría social. Se recurre a expresiones engañosas para no tomar partido, como cuando se dice: "queramos o no queramos...". Normalmente, quien pronuncia esta expresión es porque en el fondo está defendiendo y legitimando el sistema y las políticas que se aplican. De esta manera, las medidas que se toman para supuestamente combatir la crisis no tienen nada que ver con las causas de fondo de la misma, que casi todo el mundo reconoce que están relacionadas con la desregulación de la economía financiera. Pero en vez de regular la economía financiera, se desregula el mercado laboral. Es decir, se pone el foco de atención en algo que no es realmente un problema, pero al que se le disfraza como tal, para evitar atacar el auténtico foco problemático.

 

Y por tanto, en vez de atacar a las causas de la crisis, se ahonda en sus efectos. Todo con tal de beneficiar cada vez más al insaciable capital. Las crisis se aprovechan para atacar a la clase trabajadora. Las medidas supuestamente tomadas para combatir las crisis son en verdad la continuación, la intensificación, la prolongación de las políticas que las provocan. Ocurra lo que ocurra las recetas son siempre las mismas. Antes, durante y después de las crisis. Uno puede preguntarse: si no existen otras alternativas, si las medidas tomadas son las únicas posibles, si son las mejores, ¿por qué se acallan en los grandes medios de desinformación (vamos a llamarlos por su verdadero nombre) las voces discrepantes? Por ejemplo, los mensajes de PODEMOS estuvieron censurados en la Televisión Pública durante varios meses una vez conocidos los resultados de esta fuerza política en las últimas Elecciones al Parlamento Europeo de mayo del pasado año. Pero es que incluso, algunas de las voces que también se acallan no pueden considerarse como anticapitalistas. Incluso reconocidos Premios Nobel de Economía como Paul Krugman o Joseph E. Stiglitz, que además colaboraron con los gobiernos estadounidenses de Reagan y Clinton respectivamente, advierten de que las medidas que están tomando muchos gobiernos, lejos de combatir la crisis, la están empeorando.

 

Sin embargo, en los grandes medios no se sabe casi de estas discrepancias. No sólo no es posible escuchar las voces anticapitalistas en dichos medios, sino que ni siquiera las voces de ciertas facciones del capitalismo, como los neokeynesianos. El dogma neoliberal domina abrumadoramente. Se margina cualquier idea crítica con él. Cuando uno tiene razón, cuando cree que está en lo correcto, cuando desea encontrar las mejores soluciones, no teme el cuestionamiento, no tema al enfrentamiento abierto y de igual a igual entre las distintas ideas, más bien al contrario, lo busca. El hecho de que en los grandes medios convencionales no se difundan más que ciertas ideas, siempre las mismas, prioritariamente las mismas, debe hacernos sospechar de sus intenciones. Es muy difícil no llegar a la lógica conclusión de que quienes nos afirman que sus políticas son las únicas posibles, son en realidad muy poco fiables, no actúan con honestidad. Como vemos, la intervención del Estado capitalista, del poder económico, de sus medios de comunicación aliados, es decisiva para la salvaguarda del capitalismo. Más allá de retóricas, de demagogias, los poderes del Estado actúan prioritamente a favor del gran capital y en contra de los intereses de los trabajadores, del conjunto de la ciudadanía. Nadie mínimamente informado y concienciado puede concluir nada distinto. Continuaremos en siguientes entregas.

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4 febrero 2015 3 04 /02 /febrero /2015 00:00

"Conforme el imperio americano prosiga su inconsciente marcha, buscando convertir al mundo entero a su forma de vida, la pérdida de lo verdaderamente humano va a ser muy fuerte"

(Morris Berman)

  

  

  

 

Continuando con el listado de países extorsionados económicamente por el imperialismo norteamericano, que ya iniciábamos en el artículo anterior, añadimos los siguientes:

 

estado_guerra_permanente171.jpg5.- Yugoslavia. Durante el conflicto en los Balcanes, en 1991, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una serie de resoluciones que imponían sanciones contra Yugoslavia, las cuales fueron respaldadas por Estados Unidos. Se bloqueó la compra de armas y se congelaron las cuentas bancarias en el exterior. Estados Unidos, por su parte, introdujo en 1998 una serie de sanciones selectivas contra personas, bloqueando todos los permisos, licencias, activos y cuentas de estos ciudadanos en su país. Además, en caso de incumplir dichas sanciones, se preveían multas para las empresas de más de 500.000 dólares o el doble de los beneficios recibidos como consecuencia de la infracción, y para las personas, el castigo era de más de 250.000 dólares o el doble de la cantidad de beneficios producto de la infracción.

 

6.- Birmania. En 1997 las empresas estadounidenses perdieron el derecho a invertir en este país y a los miembros de la Junta Militar se les negó la entrada a Estados Unidos, dadas las sanciones por supuestas violaciones a los derechos humanos y por cuestiones políticas. En 2003 las sanciones se hicieron más estrictas, prohibiéndose todas las importaciones procedentes de Birmania, y los activos de ese Gobierno en EE.UU. fueron congelados. Incluso, los representantes norteamericanos fueron instruidos para votar en contra de los préstamos a dicho país asiático ante las instituciones financieras internacionales.

 

estado_guerra_permanente172.jpg7.- Zimbaue. Las sanciones contra este país africano se introdujeron en 2002. Sus activos fueron congelados y se les prohibió viajar a suelo estadounidense, aunque no lograron el efecto deseado. Sus gobernantes afirman que la crisis económica que sufren es producto de las sanciones de la comunidad internacional, instigadas por Washington.

 

8.- Bielorrusia. En 2004, el Senado de Estados Unidos aprobó la "Ley para la Democracia en Bielorrusia" en la que los legisladores exigieron de manera ilegítima e ilegal que Bielorrusia les informara sobre su suministro de armas y tecnología. También se ofreció la asignación de fondos para "apoyar los procesos democráticos" en el país, con el fin de desestabilizar al gobierno legítimamente constituido. Con el tiempo las sanciones fueron constantemente reforzadas. En 2011, se amplió el número de funcionarios bielorrusos, a los que se les estableció un régimen de sanciones financieras y de visa. Entre los afectados, tenemos a miembros del gobierno, periodistas, funcionarios, fiscales y jueces.

 

estado_guerra_permanente173.jpg9.- Siria. En 2004 las restricciones estaban relacionadas con las acusaciones infundadas de un supuesto apoyo a organizaciones terroristas, así como a quienes participaron en la ocupación del Líbano. Al gobierno sirio se le acusó de desarrollar armas de destrucción masiva y de ayudar a los rebeldes en Irak. Todo esto a pesar del conocido apoyo y financiación de Estados Unidos a grupos terroristas. Las cuentas de varias personas y empresas en Estados Unidos fueron congeladas, y las exportaciones de casi todo tipo de bienes, excepto alimentos, medicinas y algunos repuestos, fueron prohibidas. También se interrumpió el tráfico aéreo.

 

10.- República Democrática del Congo. Las sanciones contra esta república africana fueron introducidas en el año 2006 y extendidas posteriormente en varias ocasiones. La enviada especial de la ONU acusó en 2010 a las fuerzas militares del Gobierno del Congo de ser culpables de violaciones y asesinatos. Se les impusieron sanciones a los activos y operaciones de las personas señaladas como violadores de derechos humanos.

 

estado_guerra_permanente174.jpg11.- Sudán. En 2007, unas 30 compañías sudanesas perdieron la posibilidad de mantener relaciones comerciales con Estados Unidos, y de recibir fondos de los bancos estadounidenses, y sus activos congelados en los bancos norteamericanos.

 

12.- Somalia. Las sanciones contra Somalia surgieron como consecuencia de las acciones del grupo extremista Al-Shabab, y se introdujeron en 2010. Este grupo controlaba entonces parte de la capital del país y todo el sur de Somalia. Los funcionarios estadounidenses sospechaban que la agrupación tenía nexos con A-Qaeda, grupo terrorista creado por el propio gobierno norteamericano. A los civiles sospechosos de apoyar al grupo militante les fue negada la entrada en Estados Unidos, y sus activos fueron congelados.

 

13.- Libia. En 2011 el Presidente Barack Obama impuso sanciones comerciales y financieras contra Libia. Las restricciones afectaron a una serie de bancos y empresas de propiedad estatal que no estaban autorizadas a hacer negocios en territorio estadounidense. Las sanciones fueron parte de una gran coalición occidental que además armó y entrenó a los terroristas que ayudaron a derrocar y asesinar al Presidente Muammar El Gaddafi, con la ayuda militar de la OTAN. Continuaremos en siguientes entregas.

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3 febrero 2015 2 03 /02 /febrero /2015 00:00

"En cualquier sociedad la población se somete a los gobernantes, aunque la fuerza reside siempre en las manos de los gobernados"

(David Hume)

 

 

 

 

nuevo_concepto_ciudadania21.jpgUna vez expuesto en el artículo anterior el primer eje rector del nuevo concepto de ciudadanía, que se ocupaba de reclamar y establecer (bajo una Carta Social de Derechos de Ciudadanía) el conjunto de derechos fundamentales y libertades públicas, cuyo ejercicio pretendíamos garantizar, vamos a continuar con el resto de los dos ejes que caracterizaban al nuevo concepto de ciudadanía, como eran la participación política y la nueva escala de valores:

 

2.- SEGUNDO EJE: PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL. El nuevo concepto de ciudadanía al que aspiramos debe cultivar ciertos valores comunes para la vida pública. Defender estos valores y ponerlos en práctica será la base para alcanzar la virtud pública a la que todos debemos aspirar. Desde este punto de vista, ser ciudadano o ciudadana no significa simplemente ser poseedor/a de una serie de derechos y libertades, que se pueden y se deben exigir, personal o colectivamente, sino también comprometerse de forma activa y solidaria con el contexto social donde cada uno reside, lo que implica ejercer los deberes de participación política en los asuntos públicos, voluntad de diálogo, lealtad colectiva, asunción de las responsabilidades sociales que en cada momento nos puedan corresponder, etc.

 

nuevo_concepto_ciudadania22.jpgEn este sentido, los hábitos de democracia participativa deben estar asumidos por el conjunto de la ciudadanía, si es que aspiramos a un protagonismo responsable de dichos valores democráticos. No sólo la participación en procesos electorales a cualquier nivel, sino además, entre otros, la posible revocación de cargos públicos, la participación en comités ciudadanos que evalúen o auditen la rendición de cuentas de cargos o empresas públicas u organismos gubernamentales, la intervención ciudadana en ciertos asuntos de la Administración Pública de su entorno (como por ejemplo los presupuestos participativos), la participación en consultas populares y referéndums vinculantes sobre determinados asuntos de singular importancia, la participación en jurados populares, o el ejercicio de cargos públicos designados por sorteo, deben ser actividades para las que la ciudadanía debe quedar disponible, tanto bajo sistemas presenciales como telemáticos.

 

nuevo_concepto_ciudadania23.jpgAsímismo, y en el terreno laboral, como representantes de los intereses de sus compañeros trabajadores y trabajadoras en las respectivas empresas públicas o privadas, el nuevo concepto de ciudadanía implica también asumir la posibilidad de ejercer funciones de representación, formar parte de Comités de Administración o de Empresa de dichas entidades, representar al personal laboral en cuantas comisiones de carácter interno organice la empresa (Comisión de Medio Ambiente, de Auditoría, de Formación o Promoción del personal, de Contratación, etc.), y en general, participación en todos los organos de decisión empresarial donde los trabajadores puedan estar representados. Esto es también extrapolable a la participación en los Comités Ciudadanos que puedan organizarse para evaluar cualquier actividad o funcionamiento de cualquier parcela pública o privada del modelo productivo del país.

 

nuevo_concepto_ciudadania24.jpg3.- TERCER EJE: NUEVA ESCALA DE VALORES SOCIALES. Por último, quizá sea este tercer factor el que más trabajo cueste conseguir para el conjunto de la ciudadanía, porque como recordábamos al principio, nuestra sociedad está imbuida, resultado de la tremenda presión del pensamiento dominante y de tantas décadas de neoliberalismo, de una serie de valores personales y sociales que lo reflejan en cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de nuestras formas de concebir el mundo, de producir, de consumir y de distribuir, de poseer y de desechar, y de conceder valor e importancia a una serie de conceptos que hemos venido manejando, quizá desde la niñez, impregnados de una escala de valores consagrados al capitalismo inherente en nuestra cultura. Pero como sabemos, capitalismo y democracia son conceptos antagónicos.

 

nuevo_concepto_ciudadania25.jpgPor tanto, ir eliminando estos comportamientos y estas actitudes, e ir sustituyéndolos por otros más acordes con la filosofía y el concepto de ciudadanía democrática y responsable, será algo que tendremos que practicar bastante, y quizá nos cueste bastante tiempo alcanzar. Hemos de abandonar, de entrada, el consumismo desaforado de nuestra sociedad, convirtiendo los hábitos consumistas actuales en prácticas de consumo responsable, haciendo uso de los productos de proximidad y de los establecimientos de comercio justo, tendiendo hacia la austeridad personal y colectiva, y hacia los nuevos valores de ciudadanía responsable, bajo los enfoques ecologistas y consumistas. Hemos de trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Hemos de cultivar la filosofía del alquiler en vez de la filosofía de la propiedad. Y hemos de desarrollar hábitos de consumo, reciclaje y desecho que sean profundamente respetuosos con el medio ambiente.

 

nuevo_concepto_ciudadania26.jpgAsímismo, deberemos abandonar los valores imperantes del capitalismo y de la filosofía neoliberal, para que podamos aprender a convivir en armonía, con pleno respeto hacia nuestros conciudadanos, para que la sociedad sea realmente armónica y no una lucha de todos contra todos, y en este sentido, la competitividad, el individualismo, el egoísmo, y el culto a la propiedad privada deberán ser reemplazados por la solidaridad, la justicia social, la cooperación, y el culto a la propiedad social, a la propiedad colectiva. En última instancia, de lo que se trata es de instalar una máxima, una impronta de respeto personal y colectivo hacia el bien común, hacia la dimensión pública, hacia lo que es de todos. Sólo bajo estos mimbres será posible que el conjunto de la ciudadanía asuma, practique y respire bajo unos principios de dinámica social, de conviviencia, de justicia, de libertad, de igualdad y de fraternidad. Finalizamos aquí esta breve serie de artículos, resaltando de nuevo la tremenda importancia de avanzar hacia este nuevo concepto de ciudadanía, si es que queremos ser auténticos protagonistas, mediante el próximo Proceso Constituyente, del alcance de una sociedad democrática plena.

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2 febrero 2015 1 02 /02 /febrero /2015 00:00

"Sólo cuando la clase trabajadora recupere el protagonismo y su verdadera unidad de acción (sustentadas en la conciencia de clase, en la solidaridad y en la verdadera democracia), será posible cambiar el sistema"

(José López)

 

 

 

 

 

socialismo_sigloxxi581.jpgContinuando con la exposición profunda y en detalle de todos los puntales donde pretendemos basar los cimientos de nuestro nuevo modelo productivo, en el artículo anterior de esta serie ya detallamos los principales aspectos de la Reforma Empresarial (que no Reforma Laboral, ya que dijimos que los principales cambios, sobre todo de mentalidad, se han de dar en la clase empresarial), e insistimos varias veces en que había que proporcionar a la ciudadanía posibilidades de trabajo digno, en todos los sentidos, precisamente como una premisa fundamental para que la economía real sea reactivada, ya que mediante los aumentos de salarios, estimularemos el consumo, y esto retroalimentará en cadena que las empresas puedan vender mejor su conjunto de bienes, productos y servicios, lo que redundará a su vez en mayores necesidades de contratación, cerrando el círculo y procurando unas mejores condiciones de vida para la clase trabajadora. Bien, en el presente artículo insistiremos con mayor detalle en los fundamentos de los empleos o trabajos dignos que debemos fomentar.

 

socialismo_sigloxxi582.jpgBásicamente, recuperar el trabajo digno significa sólo una cosa: dejar de considerar al trabajo humano como una mercancía, y dotarlo de todas las dimensiones y connotaciones humanas y sociales que posee. Frente al mantra extendido por la clase dominante de que "cualquier empleo es mejor que nada", bajo el cual se están validando todos los ataques a los derechos de la clase obrera, y promoviendo los trabajos de precariedad más absoluta, hemos de reivindicar el mensaje de que no todo empleo nos sirve, de que no todo tipo de trabajo es adecuado, de que no todo vale para reducir la tasa de desempleo. Por tanto, ¿qué características definen un trabajo digno bajo el nuevo socialismo del siglo XXI? Pues es muy fácil responder a esta pregunta: básicamente, todo aquél trabajo que responda a los principios generales recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Carta de la Tierra, y en la Carta Social Europea. Veamos: partimos de la base de que el trabajo humano es la principal fuente de riqueza, junto con la propia naturaleza. Pero como ya hemos venido contando desde los primeros artículos de esta serie, el sistema capitalista, en su empeño en introducir los parámetros mercantilistas en todos los aspectos de la vida, ha prostituido el trabajo humano, lo ha desvirtuado, despojándolo completamente de su función social.

 

socialismo_sigloxxi583.jpgY esta es la raíz de nuestros males actuales. Desde el momento en que la fuerza de trabajo humano se mercantiliza, pasa a regirse bajo las leyes de la oferta y la demanda, esto es, al libre mercado, que además, últimamente, ha sido casi completamente desregulado, en aras a su máxima "flexibilización" (un eufemismo para indicar su completa precariedad). Por tanto, resulta imperioso volver a recuperar la visión decente del trabajo humano. Desde este punto de vista, los puestos de trabajo que se creen bajo el nuevo modelo productivo que proponemos deben ser caracterizados como decentes de acuerdo a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto implica que han de generar unos ingresos estables y dignos, seguridad en el lugar de trabajo, protección social para los trabajadores y sus familias, perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que las personas expresen sus opiniones, participación en las decisiones que afectan a sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para mujeres y hombres. A todo lo cual nosotros le añadimos que deben ser trabajos pertenecientes a los sectores identificados o incluidos en los nichos de actividad del nuevo modelo productivo, habiendo de desechar los sectores cultivados antes del estallido de la crisis, que han resultado a todas luces contraproducentes para la sostenibilidad económica, social, y medioambiental.

 

socialismo_sigloxxi584.jpgDe esta forma, la precariedad ha de extinguirse por decreto, fomentando las nuevas características de los empleos dignos del nuevo modelo productivo, a saber: la participación salarial tiene que crecer recuperando el peso perdido en los últimos años, en contraposición con la participación de los beneficios empresariales. Esto se puede conseguir coordinando políticas salariales, y entrando de lleno en la determinación salarial fortaleciendo la centralización de la negociación colectiva. Apostamos por el desarrollo de una política de coordinación salarial para que vayan de la mano los aumentos del SMI (Sueldo Mínimo Interprofesional) y pensión mínima, ambos aumentados a un nivel mínimo que asegure la dignidad de pensionistas y trabajadores. De igual forma, también se mencionó en anteriores artículos la necesidad de establecer sueldos máximos, tanto en la empresa pública como en la privada, contribuyendo con todo ello a la disminución de la tremenda desigualdad social existente, que es la principal premisa para una sociedad justa e igualitaria. Si a ello le sumamos una lucha decidida contra la economía sumergida (que tendrá menos justificación al haber dignificado las condiciones laborales) y la evasión fiscal (sobre todo de grandes empresas y grandes fortunas), habremos sentado buenas bases para conseguir dichos fines.

 

socialismo_sigloxxi585.jpgCon todo ello, la actividad productiva ha de estar orientada a la satisfacción de las necesidades colectivas y al mantenimiento de una sociedad cohesionada y equitativa, de tal forma que la riqueza nacional se redistribuya justamente, por lo cual se han de imponer los topes salariales referidos, a fin de romper con la tendencia de desigualdad que conlleva la dinámica capitalista. Por su parte, el papel de la negociación colectiva es clave para facilitar las condiciones económicas justas para todos los trabajadores. Ello aseguraría, asímismo, un elemento sólido de demanda interna que fomentaría el consumo, y por tanto, el crecimiento económico, pero de forma ciertamente más sostenible que el que tenemos hoy día. Por su parte, el tiempo, los turnos, el reparto y las jornadas de trabajo también han de valorarse y transformarse bajo el nuevo modelo productivo. Pensamos que el avance de la productividad tiene que incidir positivamente en las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos/as, y tiene que repercutir en una mejor conciliación de ambos aspectos, esto es, de la vida laboral y de la vida familiar. La economía (real, productiva) ha de quedar subordinada a los principios sociales de sostenibilidad, trabajo decente, equidad y democracia. Actualmente, la cantidad de personas desempleadas, fruto de la progresiva implantación de políticas desreguladoras del mercado laboral, es mucho más elevada de lo que el sistema puede absorber a corto plazo a través de cualquier política de estímulo, por lo que procede repensar también todo lo referente a jornadas y repartos del trabajo.

 

socialismo_sigloxxi586.jpgEn consecuencia, el trabajo decente ha de apostar también por la reducción de la jornada laboral, paralela al crecimiento de la productividad. Se trata de repartir y de reorganizar el trabajo existente, más todo el trabajo nuevo que seamos capaces de crear, para que podamos trabajar todos. Por otra parte, hay que acomodarse también a los límites del planeta, reduciendo el impacto del consumo material desmedido, y ajustando la capacidad de producción a los recursos existentes, fomentando un consumo responsable y un comercio justo y de proximidad. Los nichos productivos de las 4 R (Reajuste, Reciclaje, Reconversión, Reparación) deben contrarrestar también la paulatina pérdida de materiales y recursos naturales a que el masivo extractivismo actual nos conduce (por ejemplo, sabemos que disponemos de uranio sólo para los próximos 65 años). Los principales sectores extractivos han de ir siendo eliminados, dejando paso a los nuevos sectores productivos sostenibles desde puntos de vista humanos, naturales y ecológicos. No obstante, la exposición de dichos sectores productivos, y de los nuevos nichos de actividad, la dejaremos para siguientes artículos, por ir con un poco de orden.

 

socialismo_sigloxxi587.jpgEs urgente poner la economía al servicio de las personas, pensando en el largo plazo, de tal modo que la implantación de medidas de reparto del trabajo se vuelve imprescindible para aspirar al pleno empleo bajo el marco de este nuevo modelo de producción y consumo, y desde el punto de vista del trabajo digno y decente. Pero un reparto del trabajo que se haga sobre la base de un incremento de la participación salarial en la renta, es decir, manteniendo sueldos, y reduciendo los márgenes de beneficios y ganancias empresariales. En definitiva, este es el tipo de trabajo al que tenemos que aspirar bajo los cimientos del nuevo modelo productivo, y siguiendo las pautas de transformar la lógica del ajuste duro y del recorte por la de la expansión, la lógica de la competencia por la lógica de la cooperación, y la lógica de la desigualdad por la lógica de la redistribución. Empleos y trabajos decentes, con derechos, con protección social, estables, que permitan llevar a cabo proyectos de vida individuales o colectivos mínimamente dignos. Un tipo de trabajo que no esté sujeto al mercantilismo ni al darwinismo social, que responda a otro patrón de crecimiento, que sea respetuoso con el medio ambiente, y que contribuya a la sostenibilidad desde todos los puntos de vista. Continuaremos en siguientes entregas.

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30 enero 2015 5 30 /01 /enero /2015 00:00

"Es especialmente lamentable que el abordaje adoctrinador tenga lugar en la Institución donde más debe primar la razón que la duda frente al dogmatismo crédulo, donde lo que se dice no debe ir a misa, sino someterse a escrutinio escéptico"

(Juan Antonio Aguilera Mochón)

 

 

 

 

 

Y continuando con las aberraciones hacia donde tiende la Universidad Pública en la actualidad, bajo las directrices de nuestros gobiernos neoliberales, hay que hablar también del aspecto religioso, que hasta aquí se cuela, como en tantas otras facetas de nuestra vida. Ya se han dado varios casos de "cursillos" realizados por varias parroquias locales, donde en la sección de organizadores, patrocinadores o intervinientes, han figurado profesores de la Universidad, o la propia Universidad misma. Y es que la presencia religiosa en la Universidad siempre ha existido, pero últimamente, parece que al contrario, también. La presencia de las capillas universitarias es un clásico, como las 8 con que cuenta la UCM, o las 4 de la USE. De esta forma, los actos y oficios religiosos ante determinadas fechas, casuísticas o celebraciones son cosa común en las instituciones de la Educación Superior.

 

educacion_publica_todos_niveles281.jpgPor su parte, las Universidades mantienen acuerdos con la Iglesia Católica, para facilitar el culto y el apostolado. Otra manifestación más en contra de los preceptos de un Estado y de una Educación Pública laicos. Se proporciona espacio y medios a las Pastorales, o a los oficios de carácter religioso. La tradición de celebración de sus "santos patronos" también es costumbre y folklore universitario. Pero lo peor y más peligroso de todo, como decimos, es que se presenten, como es la tendencia, actividades confesionales o religiosas como si fueran foros culturales, científicos o académicos, concediendo incluso créditos en algunos casos. Lectura de textos religiosos, actos litúrgicos o conferencias de asociaciones o foros de carácter religioso (de ideología reaccionaria y ultraconservadora, típicamente) conforman el menú de actividades "académicas" que alberga la Universidad. Ayudados por lo difícil que parece poner "frontera" a los aspectos sociales (científicos) frente a las creencias o ideologías, tenemos el peligro en bandeja.

 

Todo ello tiene su culmen en la creación de Cátedras de Teología Católica. Existen Facultades de Teología que pertenecen a la Iglesia, y tenemos también la Universidad Loyola Andalucía, gobernada por los jesuitas. De hecho, y como nos recuerda Juan Antonio Aguilera, los estudios de Teología desaparecieron de la Universidad Pública española en 1868, y ha habido que esperar a 2011 para que vuelvan a aparecer en la Universidad de Granada en forma de una Cátedra en manos de la Compañía de Jesús. Después surgió una Cátedra similar en La Laguna, y ya se ha firmado un acuerdo para la creación de la tercera, en la Universidad de Almería. A tenor del presente panorama, ¿nos extrañaría que otras religiones, como la musulmana por ejemplo, comenzaran a exigir una presencia en la Universidad Pública como la que disfruta la Iglesia Católica? Pues estos son los peligros de vivir en un Estado laico proclamado formalmente, pero inexistente en la práctica.

 

educacion_publica_todos_niveles282.jpgPorque lo auténticamente peligroso, es que las enseñanzas con tintes religiosos, se impartan disfrazadas con tintes académicos o científicos, que es el factor que más contribuye a tanta difusión del pensamiento adoctrinador de la Iglesia. Las creencias religiosas se imparten en la Universidad disfrazadas de ciencia, que es el mayor efecto que el pensamiento dominante puede conseguir. Y no incluye esta práctica sólo a la Teología, sino que actualmente, la tendencia es a la celebración de conferencias, jornadas, cursos, ciclos y enseñanzas de auténticos personajes que colocan una aureola científica a sus engañosas disciplinas (por llamarlas de alguna manera), como la homeopatía, el ocultismo o la reflexología, y otras prácticas de esta guisa. Bajo el paraguas del oficialismo y el academicismo que proclama la Universidad, se envuelven estas disciplinas en un paquete de seriedad y de rigor absolutamente escandalosos. La Universidad Pública no debería albergar en su seno la presencia de estos farsantes, ni la celebración de jornadas que exalten estos pseudoconocimientos.

 

De esta forma, de la mano de la palabrería barata, de los charlatanes de turno, de la creencia disfrazada de ciencia, del dogmatismo religioso al uso, completados con buenas dosis de irracionalidad, alienación y pensamiento mágico, se vierten bajo el amparo de lo público un conjunto de creencias sin someterse al más mínimo escrutinio científico, lo que va calando y provocando una extensión de dichas disciplinas, que van en la dirección contraria a la que debe dirigir la Universidad Pública, cuyas banderas deben ser la laicidad, la racionalidad y la ciencia. La más alta institución de Educación Superior no puede dar cabida a estos charlatanes, que lo único que pretenden es cubrir bajo el manto de la ciencia y la oficialidad sus aberrantes disciplinas, más aún, en una sociedad democrática, la Universidad Pública debería no sólo no darles amparo, sino denunciar cualesquiera experiencias, jornadas o celebraciones que tengan cualquier matiz o carácter pseudocientífico, disfrazado de rigurosa disciplina. De lo contrario, continuaremos fomentando el pensamiento irracional, oscuro, mágico y religioso con tanta validez social como el pensamiento científico, técnico, o histórico. Continaremos en siguientes entregas.

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29 enero 2015 4 29 /01 /enero /2015 00:00

"En toda Europa, defenderemos el derecho de los griegos de elegir libremente, de cortar con la austeridad, de decir NO a la crisis humanitaria que causa estragos en el país, de dar paso a un método radicalmente diferente, a una reorientación social y democrática, a una nueva perspectiva para Grecia"

(Manifiesto "Cambio en Grecia, Cambio en Europa, Cambio para todos")

 

 

 

 

 

victoria_syriza1.jpgGrecia se ha convertido, desde el pasado domingo, en la esperanza para el cambio político en el sur de Europa. Como no podía ser de otra manera, y a pesar de las amenazas de los líderes y dirigentes de la Troika, esa asociación criminal para el exterminio de los pueblos de Europa, el pueblo griego eligió el pasado domingo dar un voto de confianza a la coalición SIRYZA, única que planteaba un cambio de escenario, alejado de las mafiosas y chantajistas políticas de austeridad que han llevado a Grecia al sufrimiento, la pobreza, la miseria, el paro y la exclusión social. La propia OCDE afirmaba que un 17% de la población griega ya no puede cubrir sus necesidades alimentarias. Con una deuda pública que ya ha sobrepasado el 177% de su PIB, el escenario social en el país heleno es completamente desolador: empresas destruídas, tejido social aniquilado, servicios públicos privatizados, Estado del Bienestar desmantelado, y un nivel de paro, precariedad, exclusión social, miseria y pobreza generalizada, todo ello bajo los auspicios de la Troika, que han conseguido durante estos años convertir a Grecia y a su población en un magnífico laboratorio para los experimentos neoliberales de esta despiadada Unión Europea, que no es sino la unión de sus capitalistas.

 

victoria_syriza2.jpgPero durante todo este tiempo, la valentía y entereza del pueblo griego se ha puesto de manifiesto en multitud de ocasiones, mediante protestas y movilizaciones sociales donde no han dejado de enfrentarse públicamente a sus genocidas de la Troika, y de negarse a continuar siendo los cobayas del neoliberalismo europeo. Esperemos que a partir de ahora los responsables del saqueo público y del expolio al que han sometido al pueblo griego sean expulsados del país, y que comience a gobernar la cordura, la humanidad y la sensibilidad en Grecia. Como ya sabemos, tanto el FMI como la Comisión Europea han protagonizado vergonzosos episodios donde han demostrado que no quieren la democracia, que representa un estorbo para ellos y su proyecto europeo, y su respeto a las urnas se limita a la posibilidad de que salgan elegidos quienes garantizan sus privilegios. Se llegó a amenazar incluso con que la actual Unión Europea ya se podía permitir el lujo de una salida del euro de Grecia. Pero afortunadamente, una fuerza política que ha estado en contacto con el pueblo, junto a las luchas que se han desatado en las calles, y que está dispuesta a llevar el cambio político a las Instituciones, va a tomar el control de la situación, y cuenta con la solidaridad internacional del resto de la ciudadanía europea que también abogamos por dicho cambio en nuestros respectivos países.

 

victoria_syriza3.jpgAdemás de la propia campaña electoral de SIRYZA, y el apoyo de fuerzas y grupos del resto de la izquierda europea, tuvo un gran eco el Manifiesto firmado por multitud de intelectuales y líderes de la izquierda mundial, que también tuvo su repercusión en el ámbito español. Esperemos que el próximo gobierno griego sea capaz de alumbrar las esperanzas, ilusiones y dignidad de un pueblo vilmente chantajeado y masacrado por unas desalmadas instituciones europeas, que sólo han velado por la explotación del pueblo para que sus acreedores pudieran cobrar a base del sufrimiento de sus gentes. Se debe imponer una reestructuración de la deuda, con el fin de que la eliminación de una parte de la misma y la renegociación de las modalidades de pago y plazos de la parte restante puedan permitir una reactivación económica a través de un programa de inversión pública, y de creación de empleo público, sobre todo en los sectores del Estado del Bienestar, tan demolido por las políticas llevadas a cabo durante los últimos años. Como se afirmaba en el referido Manifesto: "Nadie vota a los mercados, pero ellos deciden a diario sobre nuestras vidas y nuestro futuro".

 

victoria_syriza4.jpgAnte la tremenda devastación social que han provocado las políticas de austeridad salvaje, la campaña de Alexis Tsipras se ha basado, en su dimensión más urgente, en la puesta en marcha de un Plan de Salvación Nacional (incluso con oferta de colaboración a otros dos partidos pequeños de la izquierda griega), para garantizar a la población medios de vida y acceso a servicios básicos, como techo, salud, agua, electricidad y calefacción. De todas formas, sus posibilidades de emprender con éxito el resto de su programa electoral dependerá de los apoyos que pueda recabar (la formación TO POTAMI ya se ha mostrado proclive a concederle su apoyo), y es posible que no pueda emprender reformas profundas mientras no logre generar el consenso político y social mínimo necesario para ello. Porque al igual que podrá ocurrirle en su caso a PODEMOS en España, alcanzar el Gobierno mediante unas elecciones libres no es sinónimo de alcanzar el poder, lo cual requerirá mucho apoyo popular y mucha constancia, valentía y firmeza en el despliegue de toda su política. Está claro que sin la organización y el apoyo social necesarios, las presiones de Alemania, de Bruselas, de la Troika y de las élites financieras no podrán ser afrontadas ni derrotadas. La falta de liquidez y la previsible fuga de capitales serán los dos caballos de batalla más inmediatos.

 

victoria_syriza5.jpgSe debe dar respuesta a las necesidades sociales más urgentes, saliendo al paso de la tremenda crisis humanitaria que sufre la inmensa mayoría de la población, y restituyendo derechos sociales y laborales que habían sido masacrados. Pero lo más importante, como decíamos, es que la ruptura democrática con las políticas de austeridad, lideradas por Alemania, e impuestas a sangre y fuego en todo el continente, servirán de magnífico precedente y antorcha que iluminará el proceso de cambio y recuperación en otros países, sobre todo del sur de Europa, que se encuentran en el mismo camino que Grecia, constituyendo una esperanza para sus respectivos pueblos. Finalizamos retomando las últimas y brillantes palabras del Manifiesto citado: "Es en toda Europa que asumiremos responsabilidades, apoyaremos las fuerzas que luchan, modificaremos las relaciones de fuerza, emprenderemos la batalla de las ideas, uniremos a todas aquéllas y aquéllos que quieren construir junto con el pueblo griego una Europa social, ecológica y democrática. Nos colocaremos al lado del pueblo griego porque su combate también es el nuestro". Esperemos que SYRIZA no defraude, y sea de verdad un instrumento para que los griegos puedan, desde ahora, comenzar a recuperar su dignidad. El siguiente hito: la victoria aplastante de PODEMOS en España.

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28 enero 2015 3 28 /01 /enero /2015 00:00

"La verdadera pregunta no es si deberíamos dejar morir a una persona, sino si deberíamos permitir que se la mantenga viva"

(Paul Kurtz)

 

"No hay nada más seguro después de nacer que en algún momento moriremos. Nosotros entendemos el derecho a decidir el momento de nuestra muerte como la expresión última de nuestra libertad como ciudadanos. Queremos que la sociedad conozca el punto de vista del movimiento ciudadano por la muerte digna que conformamos, y que comparta con nosotros la defensa por los derechos de salida. Si llegar a la estación final es inevitable (mejor tarde que pronto) hagámoslo de forma tranquila, planificada y con autonomía"

(Fernando Pedrós, periodista, filósofo, y miembro del movimiento "Derecho a Morir Dignamente", DMD)

 

 

 

 

Finalizamos con esta cuarta y última entrega la exposición sobre nuestros puntos de vista en torno a la eutanasia y su posible marco regulatorio en nuestro país, y apostamos, dentro del contexto de los Derechos Humanos, por que próximamente podamos disponer de dicha regulación, situándonos con ello en el bloque de países más avanzados, que han entendido que la voluntad del paciente sobre la finalización de su vida debe quedar por encima de cualesquiera otros prejuicios o disposiciones. Estamos convencidos de que no debe haber más prelación, una vez reconocida la libertad de las personas, que reconocer su derecho a decidir en la vida y ante la muerte. El último avance en este sentido se ha producido en la provincia (canadiense) independiente de Quebec, donde el 5 de junio pasado la Asamblea Nacional aprobaba la ley de la ayuda médica al final de la vida. El principio fundamental de dicha ley es "asegurar cuidados a las personas al final de su vida, respetando su dignidad y su autonomía". En nuestro país, tenemos el precedente de la Comunidad Autónoma de Andalucía (que luego comentaremos con más detalle), y tenemos constancia de que uno de los Círculos PODEMOS se está encargando del estudio de esta problemática para ofrecer una propuesta.

 

Y en el Estado Español, disponemos sobre todo del buen precedente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde disponemos, desde octubre de 2003, de la denominada "Ley de Declaración de Voluntad Vital Anticipada", conocida por su nombre más corto como Ley de Testamento Vital. Dicha Ley prevé (ya existe y está operativo) un Registro de Voluntades Vitales, que los médicos pueden consultar, para comprobar si existe tal declaración en relación a un paciente determinado, que ha podido confeccionarla en cualquier momento de su vida. De esta forma, el facultativo que atienda al paciente podrá conocer los términos bajo los que éste expresó su voluntad a la hora de la muerte. Por supuesto, no es la solución completa ni perfecta, pero avanza sustancialmente en este terreno, ya que surge de la necesidad de ofrecer respuestas a una sociedad que, en los últimos tiempos, debate sobre el derecho a morir dignamente y sobre la autonomía de los pacientes para decidir sobre el destino de sus vidas y sobre los tratamientos de soporte vital, y su aplicación o retirada en situaciones límite.

 

La legislación andaluza, pues, dispone de un marco jurídico para cuando los sanitarios tienen que adoptar decisiones clínicas ante pacientes en condiciones extremas o terminales, o bien, afectados por enfermedades degenerativas físicas o psíquicas, que no les permitan, llegado el momento, expresar su voluntad por sí mismos, y en consecuencia, adoptar decisiones en el marco de su autonomía personal. Para ello es clave que los pacientes puedan haber registrado, durante algún momento de su vida, su voluntad vital en el Registro correspondiente, que podrá ser consultado a tal efecto por los propios facultativos. Este mecanismo, por tanto, constituye una herramienta fundamental para los profesionales sanitarios en la orientación de sus actuaciones clínicas, con la total seguridad y garantía de que serán aplicadas de acuerdo con la voluntad legítima del paciente, y adecuada al ordenamiento jurídico. La validez de la declaración la determina, entre otros requisitos, su inscripción en el Registro, y en la actualidad, se limita geográficamente al territorio andaluz hasta la (posible) creación y puesta en funcionamiento de un Registro Nacional.

 

Concretamente, la Declaración de Voluntad Vital Anticipada (DVVA) es una manifestación oficial que consta por escrito y que realiza una persona, de forma consciente y sin ningún tipo de coacción, respecto al conjunto de opciones e instrucciones que desea expresamente que se respeten en una asistencia sanitaria futura, en la cual, llegado el caso, no pudiera expresar por sí mismo su propia voluntad (por encontrarse en coma, o con las facultades mentales o físicas disminuidas). Además de dichas opciones e instrucciones, permite a su autor designar a un representante legal para que, si fuera necesario, tome las decisiones u otorgue el consentimiento informado en su nombre, todo ello, de acuerdo con su voluntad declarada y con sus valores morales, tradiciones culturales y creencias. En definitiva, esta poderosa herramienta proporciona a las personas un medio para manifestarse clara e inequívocamente sobre el destino de su propia vida, y los tratamientos en situaciones límite o en aquéllas otras derivadas de procesos degenerativos irreversibles.

 

Mediante la Ley de Testamento Vital de Andalucía, pues, se permite a los ciudadanos/as dejar por escrito su concepto de una vida de calidad y de una muerte digna, desde su propia autonomía, en coherencia con sus valores éticos, y desde una perspectiva de libertad y de conciencia individual, escrupulosamente respetada por los poderes públicos. La norma legal prevé también la modificación sucesiva, parcial o total, de las anteriores declaraciones de voluntad vital, si las hubiere, para que, en todo momento, su contenido se adecúe a la historia de valores, concepciones y voluntades del declarante. Una iniciativa legislativa que ha tenido bastante aceptación entre los andaluces, y que sienta un referente (no definitivo, pero sí valiente) a nivel nacional, para que pueda ser secundado, extendido y completado por otras normales autonómicas y nacionales. En cualquier caso, instamos desde aquí al conjunto de la izquierda política y social de este país, y a los movimientos sociales, a continuar presionando para conseguir, en un corto período de tiempo, significativos avances en el asunto de la regulación de los tipos de eutanasia y suicidio asistido, en aras de alcanzar un escenario de sociedad democrática, que respeta profundamente la voluntad y la autonomía personal de sus ciudadanos.

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27 enero 2015 2 27 /01 /enero /2015 00:00

"Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo, y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos, y el más indispensable de sus deberes"

(Artículo 35 de la Declaración de los Derechos del Hombre, 1793)

 

"El empoderamiento político implica construir una democracia que no sea la de las élites, las corporaciones y el dictado de los mercados, sino la democracia de los ciudadanos, de la virtud cívica y de la preocupación por el bien común"

(Andrés H.)

 

     

 

 

 

nuevo_concepto_ciudadania11.jpgAl hilo del nuevo modelo de sociedad que estamos proponiendo, basada en una plena democracia, es obvio que el sujeto político soberano, es decir, el pueblo, debe ser el agente transformador por excelencia, que lleve a buen puerto las transformaciones que la inmensa mayoría social está reclamando. Todo ello mediante un nuevo Proceso Constituyente, que devuelva el poder y la palabra a la sociedad, para que sea ésta en su conjunto la que pueda guiar el proceso. Bien, pero la pregunta que nos hacemos, llegados a este punto, es la siguiente: ¿realmente está el conjunto de la ciudadanía preparada para desempeñar tal papel? Lo cierto es que desde la Transición (por no remontarnos al franquismo) venimos desempeñando un rol completamente pasivo, acostumbrados no sólo a una escasa participación en los asuntos públicos, sino a reproducir en nuestros comportamientos y actitudes personales y colectivas los valores propios del capitalismo, inculcados durante décadas.

 

nuevo_concepto_ciudadania12.jpgEn nuestro imaginario colectivo aún persisten muchos miedos, muchos tópicos, muchas falsedades, muchos prejuicios y sectarismos, cierta inmadurez intelectual, bastante incultura política, y muy poca predisposición hacia la idea de ciudadanía activa, partipativa y reivindicativa que necesitamos. De ahí que aboguemos por un nuevo concepto de ciudadanía, que debe estar en absoluta consonancia con el concepto de democracia plena que propugnamos, pero además de ello, necesitamos una ciudadanía que se constituya en el auténtico eje de la vida social del país, y como consecuencia de todo ello, disfrutar de una clase política acostumbrada a respetar nuestros derechos, y también nuestros deberes. Todo ello implica, pues, una mayor concienciación ciudadana, unas elevadas dosis de civismo, una mayor organización del tejido social de este país, y un mayor nivel de empoderamiento popular del que ahora disfrutamos. El objetivo último es conseguir una dimensión de ciudadanía responsable, vigilante y celosa del cumplimiento de sus derechos, pero ávida de ejercer su cuota de participación en los asuntos públicos que les afecten.

 

nuevo_concepto_ciudadania13.jpgEs fundamental, pues, defender el cultivo de una mayor conciencia cívica, porque la democracia la construyen los ciudadanos, la construimos entre todos. El mismo sentido ético que le pedimos a gobiernos, organismos y empresas debemos aplicarlo también al tejido social y ciudadano del país. Y esto implica respetar, para nosotros y para los demás, determinados valores universales, como los recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El concepto de ciudadanía al que tenemos que aspirar es un concepto universalista, surgido, exigible y compatible con el disfrute de una democracia real, que se identifica con los principios políticos de su comunidad. Tres ejes fundamentales caracterizarían al nuevo concepto de ciudadanía, ejes que pasarían respectivamente por la reclamación, garantía y consecución de todos nuestros derechos de ciudadanía, por el nivel de participación política y social de una ciudadanía responsable, y por la asunción de una nueva escala de valores, actitudes y comportamientos sociales en consonancia con los nuevos valores democráticos. Vamos a profundizar, a continuación, sobre los tres pilares en los que debería descansar ese concepto nuevo de ciudadanía que queremos alcanzar:

 

nuevo_concepto_ciudadania14.jpg1.- PRIMER EJE: CARTA DE DERECHOS DE CIUDADANIA. Enmarcados bajo el auspicio de una serie de Organismos Internacionales que velan por la difusión y el cumplimiento de los Derechos Humanos (como puedan ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Social de la ONU, el Pacto Internacional para los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los informes de UNESCO, ACNUR, OIT, OMS, UNICEF, PNUMA, Cruz Roja Internacional, Amnistía Internacional, Greenpeace, Liga Internacional de los Derechos Humanos, y otros), es evidente que lo primero que ha de tener garantizado el nuevo concepto de ciudadanía es el conjunto de derechos básicos y fundamentales, así como de libertades públicas mínimamente exigibles en el marco de una sociedad libre, democrática y avanzada.

 

nuevo_concepto_ciudadania15.jpgNuestros Derechos Humanos fundamentales, y aquéllos reconocidos expresamente por nuestra Constitución (la nueva Constitución surgida del Proceso Constituyente) han de ser garantizados de forma expresa, tanto en la Carta Magna como en el subsiguiente desarrollo normativo que le afecte, blindando completamente los derechos básicos y libertades fundamentales de la ciudadanía. Como norma general, y para su respectivo cumplimiento, cada derecho fundamental deberá estar cubierto por un servicio público que lo garantice. Porque en efecto, derechos y servicios públicos forman un tándem casi inseparable en la consecución de una sociedad libre, sana, justa y avanzada, todo eso de lo que estamos tan faltos. Pero curiosamente, cuando se habla de Servicios Públicos, y en principio, la ciudadanía suele pensar únicamente en Sanidad y Educación, pero se olvida (quizá por nuestra cultura tan poco democrática) de otros tan importantes, como pueden ser la Justicia, la Banca, el Transporte, las Comunicaciones o la Energía. Y hablando de derechos subjetivos, pasa tres cuartos de lo mismo: Trabajo y Vivienda suelen ser los más claros y los primeros en aparecer, pero otros, como la Igualdad o la Cultura, son igualmente interesantes, y completamente necesarios para una sociedad libre, justa, avanzada e igualitaria.

 

nuevo_concepto_ciudadania16.jpgSin querer publicar un exhaustivo catálogo, los derechos fundamentales expresados en dicha Carta Social de Ciudadanía podrían recoger el derecho a la subsistencia (que incluiría el derecho a una renta básica), el derecho a la educación (pública, universal, gratuita, laica, inclusiva), el derecho a la sanidad (universal, pública, gratuita), el derecho al trabajo (trabajo digno y decente, estable y con derechos, no empleos precarios), el derecho a la vivienda (como mínimo, el derecho a una vivienda del parque público de alquier social), el derecho a la igualdad (en los aspectos de sexo, raza, creencia, opinión, religión, opción afectivo-sexual, y sobre todo, igualdad entre hombre y mujer), el derecho a la cultura (el acceso al arte y a la cultura en todas sus manifestaciones, ha de quedar completamente garantizado en su totalidad por los poderes públicos), el derecho a la justicia (en realidad, el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizando igualmente su universalidad y gratuidad), el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo (mediante la regulación de una ley de plazos que garantice un aborto libre, público, seguro y gratuito), el derecho a la muerte digna (regulando la posibilidad de ejercer la eutanasia activa y/o el suicidio asistido, así como el testamento vital del paciente), o el derecho a la libertad de expresión (reunión, asociación, manifestación, y otras variantes).

 

nuevo_concepto_ciudadania17.jpgY como hemos dicho, la consecución de estos y otros derechos fundamentales deberán estar en íntima relación con el desarrollo y la garantía de prestación y cobertura de una serie de Servicios Públicos básicos, gestionados por sus correspondientes Agencias Públicas. Las fundamentales podrían ser las Agencias Públicas de Alimentos (integrando la labor social que realizan actualmente varias ONG's, Bancos de Alimentos y Asociaciones de carácter religioso, como Cáritas o Cruz Roja), la Red Asistencial de Servicios Sociales (para asistencia tutelada de menores, residencias de ancianos/as, centros para discapacitados, centros para recuperación de drogodependientes, fundaciones sociales para la ayuda a enfermos mentales, etc.), las Agencias Públicas de Ayuda a la Dependencia, las Agencias Públicas de Atención al Medio Ambiente, o los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad Pública (integrando a los servicios médicos de urgencia, bomberos, protección civil, policía a diferentes ámbitos territoriales, servicios de seguridad vial, incluso unidades "militares" de emergencia, sin que ninguno de ellos tenga carácter u organización militar).

 

nuevo_concepto_ciudadania18.jpgIncluiríamos aquí también al Sistema de Banca Pública (proveniente de la nacionalización de las entidades rescatadas y de las antiguas Cajas de Ahorros, destinado a depositar los ahorros de la inmensa mayoría social, y por tanto, sin capacidad de ejecutar operaciones especulativas, ni operar mediante paraísos fiscales), la Agencia Pública de Medios Audiovisuales (que integraría las funciones del actual servicio de la Radio Televisión Pública, y todos sus medios dependientes, garantizando una programación de calidad, así como una información imparcial, profesional, veraz y objetiva, y también la Agencia Pública de Telecomunicaciones, garantizando el acceso a Internet de forma gratuita y universal), la Agencia Pública de Transportes (integrando la red pública de carreteras, y velando por la difusión de una red de transporte público, potenciando los transportes colectivos y no contaminantes, como el metro, el autobús y el ferrocarril básico), la Agencia Pública de Energía (proveniente de la nacionalización del actual oligopolio eléctrico, para acabar con los abusos de estas grandes compañías y el grado de pobreza energética creciente en nuestro país, así como para abandonar las energías fósiles y cultivar las energías renovables), y la Agencia Pública del Agua (que gestionara desde el ámbito público todo lo que tiene que ver con el origen, extracción, purificación, conservación, transmisión, abastecimiento, gestión, almacenaje, envasado, consumo, depuración, etc., de este recurso humano natural y universal). Finalizaremos en la próxima entrega.

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26 enero 2015 1 26 /01 /enero /2015 00:00

"Una revolución es una situación donde las masas comienzan a tomar el destino en sus propias manos (...). El rasgo característico más indiscutible de las revoluciones es la intervención directa de las masas en los acontecimientos históricos"

(León Trotsky)

 

 

 

 

En el último artículo de esta serie ya enunciamos, a grandes rasgos, cuáles deberían ser, a nuestro juicio, las líneas maestras, los grandes ejes de proyección para el nuevo modelo productivo socialista que entendemos necesita este país. Vamos a ir desarrollando, como dijimos, dichos grandes ejes, para detallar un poco más la propuesta, y ahondar en aquéllos aspectos más destacables. Bien, si recordamos, hicimos una propuesta de nuevo modelo productivo centrada en cuatro ejes, que eran el eje laboral, el eje de modelo de negocio, el eje energético, y el eje social, los cuales introdujimos entonces en sus aspectos generales. Vamos a entrar en cada uno de ellos con mayor detalle. Respecto al primer eje, el eje laboral, propusimos sobre todo una Reforma Empresarial (que no laboral, como las que se han venido implantando hasta ahora), porque entendemos que no es la filosofía de la "flexibilización laboral" (eufemismo usado para esconder su auténtico significado, que no es otro que precarización laboral) lo que debemos cambiar, sino la propia concepción del trabajo que poseen los empleadores, es decir, los empresarios, lo que tiene que cambiar.

 

socialismo571.jpgEn efecto, al dejar de entender el trabajo humano como una mercancía, comenzarán a valorarse otros aspectos que intervienen en la producción, y que no tienen que ver con la creciente explotación y precarización laboral a que se ven sometidos los trabajadores y trabajadoras de hoy día. Básicamente, y como ya describimos en algún artículo independiente, la Reforma Empresarial debería incidir sobre tres aspectos que a nosotros nos parecen fundamentales: la propia organización interna de las empresas, su modelo de producción y la relación con sus trabajadores/as. Entendemos que hay que cambiar la mentalidad de nuestros empresarios, sobre todo de los grandes empresarios, su actitud hacia la clase trabajadora de este país, y que dichos cambios de actitud y de mentalidad han de desembocar en un nuevo modelo de relaciones laborales, y en una nueva correlación de fuerzas entre la clase empresarial y la clase trabajadora. Efectivamente, pensamos que el actual modelo laboral ha sido pieza esencial del modelo productivo al que hemos estado sometidos durante las últimas décadas, modelo que ha demostrado ser totalmente depredador con el empleo, con los recursos naturales, y con la redistribución de la riqueza. En sentido general, pretendemos la creación de empleo, pero no a cualquier precio, sino empleo estable y de calidad (no empleo precario), y el desarrollo sostenible del mismo desde los puntos de vista humano, social, económico y medioambiental.

 

Más en concreto, el modelo de relación laboral actual funciona bajo una serie de parámetros bien definidos: salarios bajos, alto índice de temporalidad, escasa protección social, un elevado porcentaje de economía sumergida y unos procesos nada transparentes de la clase dirigente empresarial hacia la clase trabajadora. Todo ello nos conduce a unos niveles de participación y de democracia interna en las empresas prácticamente inexistentes. Además, dicha tendencia se ha completado últimamente con el debilitamiento del papel de la negociación colectiva, y la pérdida de fuerza de los convenios colectivos, debido también, dicho sea de paso, a una burocratización y acomodamiento de las propias centrales sindicales, que han claudicado ante el propio sistema, traicionando muchos de los principios de la lucha histórica de la clase obrera. La conciencia de clase se ha debilitado, y las centrales sindicales se han convertido en meros agentes testimoniales del sistema, en vez de piezas de lucha y representación de los intereses de la clase trabajadora. Por tanto, de lo que se trata es de deconstruir dicho modelo, así como de poner los cimientos para construir otro modelo diametralmente opuesto. En definitiva, tenemos que revertir todo este proceso, y conseguir una nueva correlación de fuerzas, en favor de la clase trabajadora de este país.

 

Recogiendo todo lo dicho, y concretando más, los principales puntos sobre los que debería incidir la Reforma Empresarial podrían ser, poco más o menos, los siguientes:

 

socialismo572.jpg1.- Política de salarios distinta, aumentando el SMI a un mínimo de 1.000 euros brutos, y elevando la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Ello permitirá elevar también la tasa de consumo interno del país, contribuyendo a la recuperación económica.

 

2.- Política de reparto del trabajo existente, dividiendo turnos, horarios y descansos, repartiendo la jornada lo más proporcionalmente posible, para permitir entrar en el mercado laboral a muchas personas que ahora se encuentran inactivas. Sobre el reparto del trabajo insistiremos aún más en posteriores artículos de esta serie.

 

3.- Políticas de despido distintas, fundadas en la argumentación objetiva de los mismos ante la Autoridad Administrativa correspondiente, y con la expresa prohibición de realizar despidos, ERE's o deslocalizaciones para las empresas que hayan obtenido beneficios durante el último ejercicio.

 

4.- Reducción de las tasas de temporalidad en los empleos de demostrada actividad continua, fomentando de esta forma los empleos estables.

 

socialismo573.jpg5.- Mayor acoso y lucha contra la economía sumergida, sacando a flote todos los empleos existentes que no se ajusten a la legalidad, o que disfruten de condiciones pactadas únicamente en privado, sin cláusulas legales que lo regulen.

 

6.- Mayores niveles de democracia económica y democracia participativa de los trabajadores en sus respectivas empresas, con medidas como un mayor nivel de participación de los trabajadores en todos los órganos empresariales, aumento de la participación de los trabajadores en el diseño de la organización, procesos y productividad de la empresa, y presencia y empoderamiento de los trabajadores sobre la capacidad decisoria de los órganos de dirección de sus respectivos centros de trabajo.

 

7.- Implementación de un distinto concepto sobre la productividad, basado no tanto en el abaratamiento de los costes sociales y laborales, sino en el incentivo y el bienestar de los trabajadores, lo cual está demostrado que repercute positivamente sobre la productividad individual y colectiva de los mismos. Asímismo, necesitamos también un cambio sobre la filosofía de la competitividad empresarial.

 

socialismo574.jpg8.- Inclusión obligatoria de nuevos criterios de ética y responsabilidad empresarial, centrados en la difusión y práctica de nuevos modos de producir, de distribuir y de consumir, y en el cultivo sobre todo de la satisfacción de las necesidades humanas, desterrando el cultivo obsesivo a la obtención de beneficios y rentabilidad empresarial. En este sentido, las empresas deben abandonar todas sus actividades de tipo especulativo, y centrarse en actividades que incidan en la economía real de las personas, demostrando en todas sus facetas el debido respeto hacia la sostenibilidad medioambiental.

 

9.- Política fiscal e impositiva distinta, que grave en mayor medida los beneficios empresariales, y que contribuya en mayor grado a la protección social de los trabajadores. En este sentido, como ya hemos indicado en otros artículos, proponemos un aumento del Impuesto de Sociedades, así como un aumento en los tramos de renta sobre las grandes fortunas. Por su parte, también proponemos desgravaciones fiscales sobre inversiones sociales dedicadas a la redistribución de la riqueza, y a la protección social de los sectores más desfavorecidos.

 

10.- Los trabajadores/as han de formar parte y participar activamente en el nuevo modelo de producción, más sostenible y social en todos los aspectos. En este sentido, proponemos programas para que los trabajadores puedan acceder a la propiedad de las empresas que se pretendan deslocalizar, participación de los trabajadores en los Consejos de Administración, y responsabilidad de los mismos en la toma de decisión sobre los modelos de cualificación, contratación y formación interna de sus empresas, en el modelo de Universidad Pública, e igualmente en cuantos organismos de inversión, de modelos de política industrial, y de políticas de Investigación y Desarrollo (I+D+i) se fomenten. Continuaremos en siguientes entregas.

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