Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Pero no es sólo este terrorismo "casero", fácilmente accesible y barato el que golpea el corazón de nuestras grandes ciudades occidentales, sino que las verdaderas batallas se libran a miles de kilómetros de nuestros hogares. Y para ellas, sí que existe una gran cantidad de armamento en circulación, cuyo presupuesto asciende a miles de millones de dólares. Lo contaremos con detalle en el bloque temático correspondiente al negocio de la guerra y el complejo militar-industrial, pero si hablamos en este primer bloque de terrorismo, hemos de hacer al menos una resumida mención. Porque al igual que hay que acabar con los mercados de la prostitución o de las drogas, también hay que acabar con el mercado internacional de armas. Jordi Calvo afirma lo siguiente en esta entrevista realizada por Enric Llopis para el medio Rebelion.org: "De las cien principales empresas de armamento del mundo, 69 corresponden a países occidentales. Eso genera un "monstruo", que es lo que llamamos complejo militar-industrial. El volumen de ventas de este centenar de empresas que fabrican armas asciende a 400.000 millones de dólares. Pero las exportaciones mundiales de armas reconocidas (no incluimos las "secretas") es de 30.000 millones de dólares". Es un mercado que, mientras más activo esté, más necesidades tendrá que generar, y la única manera de moverlo es financiando guerras, que volverán a necesitar más armas y municiones. 

Lobbies empresariales, puertas giratorias, y Ministerios y estrategias de Estado implicados, el negocio de la guerra está servido. Igualmente, las guerras contra el terrorismo tienen también otros "efectos colaterales" buscados expresamente, como por ejemplo, hacer crecer en las encuestas la popularidad de los presidentes (estadounidenses) afectados, signo evidente de una sociedad en declive y alienada, o bien legitimar las políticas más ultraderechistas, como el cierre de fronteras, todo ello visto con buenos ojos por la mayoría de la población, más centrada en consolar su duelo que en la implementación de políticas justas, racionales y humanas. Y así, el "coco" terrorista contribuye a que más recortes y más pobreza no ofrezcan contestación por parte de la mayoría social: las nuevas leyes "Patriot" que invocan la "soberanía", los "valores" y el "sentimiento nacional", aliadas a las nuevas leyes mordaza, disuadirán a los críticos: todos los ciudadanos, salvo los gobernantes, serán sospechosos de terrorismo. Un estado de excepción social se crea artificialmente de esta forma, mediante el cual se legitiman ciertas políticas de limitación de derechos básicos y libertades públicas. Hasta el lenguaje se impregna de dichas tendencias. Se ha vuelto popular la palabra "radicalización", pero es una acepción errónea. Ser radical significa literalmente volver a las raíces, pretender llegar a las raíces de los problemas y de los asuntos, querer alcanzar la raíz. Pero en vez de eso, "radical" se asemeja a "asocial", despojándose de su etimología original, y dotándose de un cariz peyorativo. "Radical", "extremista", "antisistema" son usadas como insultos y descalificaciones precisamente por los líderes de las fuerzas políticas que con sus medidas, están contribuyendo al terrible escenario mundial que sufrimos hoy día. 

Sería más adecuado el término "fanatismo", que se refiere mejor a la fe ciega e irracional manifestada como la intolerancia hacia quienes piensan de otra manera. Claro, no se atreven a usar este término, porque quizá los primeros fanáticos son ellos, los adheridos incondicionalmente al dogma belicista y neoliberal. Por eso se utiliza menos el verbo "fanatizar" que "radicalizar". Y además del lenguaje, se juega con otros conceptos, términos e ideas que van formando todo un aberrante imaginario colectivo en contra de los extranjeros, de los migrantes, sobre todo si pertenecen a otra religión. Por ejemplo, un 74% de los franceses opina que "el Islam no es conciliable" con la sociedad francesa. El mismo porcentaje de alemanes tiene una actitud negativa respecto al Islam. Y el 62% de los británicos opina que su país perderá su identidad si llegan más musulmanes al mismo. Con estas cifras, es natural que después, cada vez que se celebran elecciones, las fuerzas de la ultraderecha racista y xenófoba ocupe cada vez un espacio mayor en las Instituciones públicas, y los países caminen por un peligroso sendero de intolerancia, lo que a su vez sólo contribuye a echar más gasolina al fuego de los conflictos armados, de la violencia, del odio, del rencor y de la venganza. Si se combina la fanatización yihadista (o el integrismo fundamentalista wahabita, como ya explicamos en artículos anteriores), con el odio hacia la comunidad musulmana y con la islamofobia de los países occidentales, obtenemos el cóctel explosivo que tenemos hoy día. 

Ya hemos afirmado en entregas anteriores que hay que acabar con la financiación de este peligroso fundamentalismo, que sigue alimentando los espíritus de estos "soldados de Alá" por todo el mundo. Sin ir más lejos, Arabia Saudí financia decenas de canales de televisión por satélite, y cientos de sitios web. Hasta el momento los saudíes han invertido unos 90.000 millones de dólares para difundir el wahabismo por todo el mundo, para construir mezquitas y para remunerar a los imanes difusores del mensaje integrista y fundamentalista. Esto se continúa haciendo no sólo en nuestros países occidentales, sino también en Asia, África, y por supuesto, en Oriente Medio. Y lo hemos afirmado muchas veces, y lo seguiremos haciendo, hasta que el mensaje cale en la inmensa mayoría ciudadana: quien siembra odio y humillación, quien invoca al salvajismo y a la aberración, sólo puede cosechar fanatismo, destrucción, venganza y violencia. No existen terceras vías. La senda pacifista es absoluta, sin fisuras, sin atajos. Y así, los musulmanes se han convertido en el chivo expiatorio de nuestras sociedades, tal como sostiene Marc Vandepitte en este artículo para el medio Investigaction.net, traducido al español por Beatriz Morales Bastos para el medio Rebelion.org. Se relega sistemáticamente a este grupo, en todos los planos posibles. El paro, el retraso en materia de educación y la pobreza les afecta de manera desproporcionada. Se les discrimina sistemáticamente en la búsqueda de empleo o de alojamiento. Las manifestaciones públicas de rechazo aumentan en paralelo a los mensajes de odio en las redes sociales, y a los insultos de todo tipo que les profieren por diversos medios. 

La intolerante ultraderecha ha introducido en el debate público la falacia de que ellos (los musulmanes, los migrantes en general) vienen a "quitarnos el trabajo", escondiendo que realmente realizan las tareas peor valoradas y remuneradas, que precisamente los nacionales rechazan llevar a cabo. Omiten deliberadamente que el problema del empleo no es de las personas que habiten en un determinado sitio, ni de su raza o religión, sino del propio sistema económico, capitalista y neoliberal, que ahoga las posibilidades de trabajo de millones de personas, en pro de los inmensos beneficios del gran capital. También argumentan indecentemente que los musulmanes viven de las ayudas del Estado, en detrimento de las personas nacidas aquí, en vez de alegrarse de ir poco a poco evolucionando hacia un Estado que sea capaz de cubrir las necesidades básicas de todas las personas que lo habitan, tanto migrantes como nacionales. Defienden que no hay dinero para tantas ayudas sociales, mientras nos enteramos constantemente de los enormes focos de corrupción que salen a la luz, de las ingentes subvenciones a la Iglesia Católica, o de las inmensas fortunas de los megaricos, que además evaden sus fortunas a paraísos fiscales, y eluden sistemáticamente el pago de sus impuestos. Sólo una sociedad indecente, aberrante y alienada como la nuestra puede sostener tales postulados. Con todo ello no queremos alentar que venga cada vez más gente de fuera, sino contribuir al único debate de fondo que existe debajo de tanto deleznable argumento, que no es otro que el debate sobre los Derechos Humanos. Continuaremos en siguientes entregas.

Nos hacemos eco en el presente artículo de un reciente Manifiesto mundial aparecido en diversos medios alternativos, al cual se han adherido ya cientos de organizaciones y personas de todas partes del mundo, y que plantea la encrucijada derivada de la próxima segunda vuelta electoral en Ecuador. Desde aquí apoyamos todo lo referido en el citado Manifiesto, cuyas adhesiones pueden remitirse a la dirección de correo electrónico alianzapaisinternacional35@gmail.com. El texto al completo dice lo siguiente:

Nosotros, hombres y mujeres de Nuestra América sabemos que el Ecuador se enfrentará el 2 de abril a una batalla decisiva. Sabemos que es  muchísimo lo que está en juego, porque del resultado de esa compulsa electoral dependerá no sólo su futuro al optar por profundizar el camino iniciado hace diez años o apostar a un regreso sin gloria a los años que precedieron el “feriado bancario” y la previsible debacle económica, desintegración social e inestabilidad y violencia políticas. 

Del desenlace de esa batalla dependerá también el futuro de la región y, no sería exagerado enunciarlo, de varios países europeos porque la derrota de la restauración conservadora sería una señal que reverberaría con la velocidad de un rayo en países donde la alternativa a la hecatombe neoliberal parecería ser sólo la derecha fascista y xenófoba. El pueblo del Ecuador, rechazando el canto de sirena de los exponentes locales de esta fórmula política, podría dar una señal a todo el mundo de que hay otros caminos para salir de la crisis. 

Sería ocioso detenernos en la prolija enumeración de los grandes logros de la última década: expansión económica y diversificación de los lazos del comercio internacional todo lo cual fue puesto al servicio de la inclusión social, el combate a la pobreza, el avance de la equidad en uno de los países más inequitativos del mundo, notable expansión de la educación y la salud públicas, desarrollo de una impresionante infraestructura de caminos, transporte y comunicaciones, soberanía nacional e inserción protagónica de Ecuador en un sistema internacional agitado por profundas contradicciones. Pese a ello,  este país relativamente pequeño por su territorio pero grande por su dignidad le ofreció al mundo la posibilidad de que un personaje crucial para las luchas emancipatorias de nuestro tiempo, Julian Assange, siga vivo y en libertad gracias al asilo concedido por el gobierno del presidente Rafael Correa, aportando preciosas informaciones sobre los mecanismos ocultos del despotismo del capital.

Todo este avance, que por supuesto no significa desconocer la inevitable existencia de asignaturas aún pendientes, será sometido a prueba en el ballotage que tendrá lugar el próximo 2 de abril. La historia reciente de Nuestra América enseña que logros aparentemente inconmovibles promovidos por gobiernos progresistas y de izquierda fueron removidos sin miramientos y sin mayor resistencia cuando el gobierno fue recuperado por la derecha. Esto ocurrió en la Argentina con la elección de Mauricio Macri, y de manera ilegal e ilegítima en los casos de Honduras, Paraguay y, hace apenas unos meses, Brasil. 

Pensar que la derecha en Ecuador va a honrar las reglas del juego democrático para acceder al gobierno, o que  una vez en él va a respetar las conquistas populares es una peligrosa ingenuidad y una muestra de que no se han aprendido las lecciones de la historia. Una ojeada a las políticas ensayadas por estos gobiernos una vez que desalojaron a sus predecesores de signo progresista basta para convencernos de su naturaleza inherentemente oligárquica y su ánimo revanchista. 

Para quienes piensen que este talante no existe en las fuerzas de la derecha es suficiente recordar la amenaza proferida por el ex alcalde de la ciudad ecuatoriana de Baños que, ante una turbamulta que rodeaba al Consejo Nacional Electoral la noche del 19 de febrero, dijo que incendiaría Quito en caso de que los informes de dicho organismo confirmaran la victoria en primera vuelta del candidato de Alianza País, Lenín Moreno. Para muestra de lo que podría ocurrir en Ecuador con un triunfo de la derecha basta ese botón. 

Lo ocurrido en otros países del área debería ser cuidadosamente examinado por el electorado ecuatoriano. En Argentina la restauración conservadora produjo recortes masivos en programas sociales junto con exorbitantes aumentos de las tarifas de los servicios públicos, despidos masivos y caída vertiginosa del salario real, todo lo cual provocó un veloz resurgimiento de la pobreza en el país. En Brasil, un ajuste durísimo congelando el presupuesto del sector público hasta el año 2030 haciendo caso omiso de las renovadas necesidades planteadas por el aumento de la población y la eliminación del pago de las horas extras a los trabajadores para, de ese modo, atraer a la inversión extranjera tendrá un resultado similar al que ya se registra en la Argentina. En Honduras y Paraguay la represalia por la osadía de haber elegido gobiernos reformistas y democráticos (Mel Zelaya y Fernando Lugo respectivamente) desató la cruel venganza de los sectores tradicionales del poder que acompañaron el desmontaje de las políticas de inclusión social con una furia represiva que convirtió al país centroamericano en el más inseguro y violento del mundo.

Más allá de las asignaturas pendientes y los errores de concepción y aplicación que, como cualquier otro gobierno, haya tenido el de Rafael Correa, la “década ganada” en Ecuador puede y debe ser preservada. Nada de lo logrado fue producto de la casualidad ni del azar. Altos precios internacionales favorecieron a todos los países de la región, pero salvo Ecuador y unos pocos más, en los demás casos las rémoras de la injusticia social permanecieron incólumes porque no existió la decisión política que sí hubo en este país de aprovechar ese momento excepcional de la economía mundial para hacer los cambios que grandes sectores postergados de la población venían reclamando por décadas, cuando no por siglos. 

A diferencia de otros países hubo en Ecuador la decisión política de aprovechar el momento y hubo también el liderazgo del presidente Correa, indispensable para concretar, en mayor o menor grado,  esas promisorias oportunidades. Mérito tanto mayor el de este país en cuanto tuvo que emprender un programa de reformas y cambios sin contar con un instrumento fundamental de gobernanza macroeconómica: la política monetaria. Como se recordará, el bloque de fuerzas de derecha que hoy se presenta como la novedad o  “el cambio” fue el causante en 1999 del cataclismo económico y financiero del país, con profundas secuelas en lo político y social. 

Gracias a la gestión de esa coalición de banqueros con oligarcas y otros grupos tradicionales -hoy impúdicamente amparados y blindados mediáticamente por la prensa hegemónica- se produjo el derrumbe de la economía y el nefasto “feriado bancario”, eufemismo que encubre lo que fue un enorme negociado del cual salieron favorecidos los grandes banqueros que hoy pretenden retornar al gobierno y que perjudicó a la enorme mayoría de la población ecuatoriana. 

La irresponsabilidad y falta de patriotismo de esos grupos dirigentes le costó al Ecuador la pérdida de su signo monetario y la mutilación de un componente fundamental de su soberanía nacional: la desaparición del sucre como moneda propia y la forzada adopción del dólar como signo monetario local y provocar una huida en masa de unos dos millones y medio de ecuatorianos que de la noche a la mañana tuvieron que abandonar el país para sobrevivir. Estos son los turbios antecedentes de quienes hoy pretenden erigirse como salvadores de la patria.

Insertos en esta amenazante coyuntura histórica, con un sistema mundial signado por un elevado grado de incertidumbre e inestabilidad causado por el progresivo derrumbe de un supuesto “orden mundial” que no era tal, Ecuador deberá tomar una decisión crucial para sus futuras generaciones. Como pocas veces en la historia, ahora el pueblo tiene el destino en sus manos. Para actuar con racionalidad y patriotismo tendrá que recordar, que hacer memoria y preguntarse cuáles eran las oportunidades de progreso individual y bienestar social que le ofrecía el Ecuador anterior a la “Revolución Ciudadana”; preguntarse también si tenía más derechos de los que tiene hoy y si sus hijos tendrán, bajo un gobierno de banqueros inescrupulosos que siempre despreciaron al pueblo, la posibilidad de continuar educándose, gozando de protección médica y de los derechos sociales conquistados en los últimos años.

Esta recordación es imprescindible, pero es exactamente eso lo que la dictadura mediática que agobia con sus mentiras al Ecuador no quiere que hagan las ecuatorianas y los ecuatorianos. Para tal fin los bombardean incesantemente con noticias espectaculares de corrupción que a poco andar caen bajo el peso de sus propias falacias; con denuncias infundadas y ataques personales a las principales figuras del oficialismo, todo con el afán de convencer al pueblo que está en manos de una pandilla de delincuentes. La desfachatez e inescrupulosidad del bloque restaurador no tiene límites y su estrategia ha sido embotar a la población con una catarata interminable de mentiras e infamias, ante lo cual será imprescindible el ejercicio de la memoria para desbaratar sus planes. Para neutralizar esos arteros ataques bastará con que cada quien recuerde cómo estaba  antes y cómo está ahora; qué perspectivas vitales tenía antes y cuáles tiene a hora; si antes podía soñar con que sus hijos llegaran a la universidad y si el sueño se convirtió en realidad ahora; si antes había un Estado que cuidaba de su salud y si lo hay ahora, y así sucesivamente. La respuesta a esas simples preguntas persuadirá a las ecuatorianas y los ecuatorianos que sólo el binomio Lenín Moreno-Jorge Glas será capaz de continuar con el camino recorrido y que ha cambiado, para bien, el rostro del Ecuador. Que optar por los responsables del “feriado bancario” sumiría a este país en una crisis aún más grave que la del año 1999. 

Todo el mundo estará pendiente de lo que ecuatorianos y ecuatorianas decidan hacer de sus vidas el próximo 2 de abril. Pendiente de si hacen oídos sordos ante el “terrorismo mediático” que los aturde e impide pensar y deciden continuar la marcha ascendente hacia una nueva y mejor sociedad; o si, desafortunadamente, quedan apresados por su falaz propaganda y emprenden un camino de regreso que termina, inexorablemente, en el abismo. Para avizorar su futuro en caso de que triunfe la candidatura de los banqueros los ecuatorianos deberían mirarse en el espejo de la Argentina y tomar nota del sufrimiento y la desesperación de su pueblo ante el revanchismo social de la restauración conservadora. Confiamos en la sabiduría y la memoria del pueblo ecuatoriano y por eso estamos seguros que en la segunda vuelta se producirá la aplastante victoria de Lenín Moreno y Jorge Glas. 

Nosotros, amigos del Ecuador, tenemos confianza en que así será y que esa luz que hace diez años brilla con fuerza en la mitad del mundo seguirá encendida, para bien del Ecuador y de la humanidad.

En nuestro artículo "Los tipos de terrorismo" (en su segunda parte), uno de los de más éxito de nuestro Blog, ya distinguíamos al "Terrorismo Ecológico" (que también podemos llamar Terrorismo Ambientalista) como una de sus principales modalidades. Allí decíamos que quizá sea el tipo de terrorismo más reciente históricamente hablando que comete el ser humano, pues este tipo de manifestación terrorista no va directamente contra nosotros, sino contra nuestro ecosistema, contra nuestro entorno vital, contra la naturaleza, contra nuestro medio ambiente, en última instancia contra todo el planeta. Bien, se trata de relacionarlo ahora con el agente fundamental que lo causa, y no es otro que la siguiente modalidad de terrorismo que distinguíamos allí, como es el Terrorismo Empresarial. La relación de ambos tipos de terrorismo es evidente: uno es el principal agente causante del otro. Son las grandes empresas transnacionales, como los principales agentes del capitalismo globalizado, las que tienen entre sus objetivos, y las que emplean entre sus diferentes tácticas, el terrorismo ambientalista. Y sus nombres son bien conocidos. Vayan ahí algunos ejemplos: Bayer, HSBC, BBVA, Santander, Benetton, British Petroleum, Calvo, Canal de Isabel II, Continental, Endesa, Nestlé, Pescanova, Repsol YPF (cuyo currículum oculto ya expusimos en este artículo), Sol Meliá, Shell, Suez, Syngenta, Telefónica, Unilever o Unión Fenosa. La lista sería interminable.

Y ello porque llega un momento, en que los recursos del planeta, un sistema finito y limitado por definición, se van agotando, y ya no pueden dar más de sí, limitando a su vez el posible beneficio capitalista, y poniendo en cuestión el propio sistema. La deriva fanática hacia la obtención de máximos beneficios no se detiene ante nada, y de esta forma, a estas grandes empresas transnacionales no les duelen prendas si tienen que eliminar fuentes naturales de recursos básicos, como bosques, ríos, etc., para conseguir sus objetivos. Véase la lucha que actualmente están llevando a cabo los nativos sioux contra el proyecto de oleoducto de Standing Rock, que destrozará literalmente sus tierras, y varias fuentes de recursos naturales que ellos veneran, pues forman parte de su propia vida. Estamos tan imbuidos en los conceptos capitalistas del "progreso" y del "desarrollo", nos hemos creído tanto sus mentiras, que ahora nos están explotando en la cara. Son conceptos erróneos, son peligrosos mantras que sacrifican la propia existencia del planeta y de la humanidad, en pro de sus beneficios económicos. Estamos presos del discurso y del dogma neoliberal, así como del fanatismo extractivista y consumista como únicos patrones de "crecimiento" válidos, y veneramos al PIB como el único indicador económico de referencia, cuando todos estos hábitos, indicadores y patrones deben ser superados y abandonados, pues sólo contribuyen a la destrucción de nuestro entorno natural. 

Y así, hoy día, son ya cientos los casos de lucha de los pueblos indígenas por la reivindicación de sus territorios (en Brasil, en Honduras, en Estados Unidos, en Bolivia, etc.) y de sus recursos naturales, ante la agresión y la obsesión continua de las grandes empresas por destruirlos. Son episodios normalmente silenciados por los grandes medios de comunicación, que suelen ser cómplices de la actividad nefasta y destructiva de las empresas. Este terrorismo ambientalista es absolutamente salvaje, puesto que arrasan sus casas, sus sitios sagrados, sus monumentos históricos, sus pueblos, sus lugares de ceremonia, y sus fuentes naturales de recursos, tales como bosques, ríos o lagos. El terrorismo ambientalista no se detiene ante nada ni ante nadie, y es precisamente este "nadie" el que viene saltando a la palestra de un tiempo acá, pues están saliendo a la luz pública una serie de casos (demasiados ya) de viles, crueles y despiadados asesinatos de personas, luchadoras y defensoras del medio ambiente y de sus territorios, por enfrentarse directamente a los intereses de estas grandes empresas multinacionales. Sin ir más lejos, en nuestro Blog hemos recogido los casos de Berta Cáceres, Isidro Baldenegro y Laura Vásquez, asesinados por sicarios por atreverse a enfrentar y resistir las decisiones de las grandes empresas, que pretendían socavar sus tierras, sus recursos y sus modos de vida. En la inmensa mayoría, estos casos de asesinatos quedan impunes, pues el poder de estas grandes empresas, las últimas responsables de estas muertes, es superior al de los propios Estados. 

Todos ellos son casos de personas asesinadas por defender la tierra, por defender la vida, por defender el planeta...en última instancia, por defendernos a todos de la insaciable expansión de las empresas transnacionales, y por intentar impedir que sus decisiones trajeran a sus pueblos la destrucción y la insostenibilidad. Recientemente, el medio Publico recogió un fantástico y completo artículo de Lucía Villa, que se centra en este asunto, y que tomamos como referencia a continuación. Suelen ser ambientalistas de reconocido prestigio, que cuando se vuelven personas absolutamente incómodas para los intereses de estos agentes del capitalismo, suelen ser asesinados/as. Proyectos de deforestación, proyectos mineros y extractivos, proyectos hidroeléctricos, proyectos de oleoductos, proyectos de construcción de infraestructuras, etc., suelen estar siempre detrás del comportamiento abyecto y execrable de estas empresas, cuyos sicarios asesinan vilmente a los defensores del medio ambiente que por su reconocimiento público, pasan a representar peligros para sus intereses que hay que abatir. Este terrorismo ambientalista pasa a obtener una nueva dimensión, pues ya no estamos sólo hablando de que se destruya el medio ambiente, sino de que se matan personas que intenten impedirlo. Asesinatos perpetrados impunemente por personal al servicio de estas grandes empresas, y una ristra de impedimentos para que las autoridades los investiguen después, suelen ser las credenciales más habituales en dichos casos. 

En palabras de Lucía Villa: "El reguero de mártires de la Pachamama, como se denomina a la Madre Tierra entre las comunidades indígenas de Suramérica, se extiende a la velocidad a la que crece la demanda de recursos para abastecer a una población creciente y consumista. Las disputas por un territorio cada vez más explotado les han situado en el disparadero de empresas y gobiernos. La ONU considera a los ambientalistas el segundo colectivo de defensores de derechos humanos más vulnerable del mundo". Así está la situación, y los datos lo demuestran fehacientemente. Entre 2002 y 2014, un total de 1024 personas fueron asesinadas por su labor en cuestiones agrarias y ambientales, según la ONG Global Witness, que ha llevado a cabo varias investigaciones sobre estos asuntos durante los últimos años. Actualmente, la media de asesinatos de ambientalistas llega a 2 por semana. Por su parte, el 40% de los crímenes de defensores de la tierra y el medio ambiente que se cometen en el mundo tienen como víctimas a personas indígenas, especialmente en las poblaciones de América Latina. Sólo en Honduras, durante 2014, fueron asesinados 12 activistas (111 entre 2002 y 2014). Y un 90% de los casos siguen sin resolverse. La impunidad, por tanto, es endémica, ante la increíble fuerza y poder del gran capital, y el servilismo de los respectivos gobiernos y de los grandes medios de comunicación, que se cuidan muy bien de poner el foco en otras causas, de silenciar los graves atropellos de los derechos humanos, y de disculpar y legitimar la acción de las grandes empresas. 

Y es que a menudo, los autores materiales de estos asesinatos suelen ser delincuentes comunes o sicarios de los autores intelectuales, a los que es mucho más complicado descubrir, si no hay una auténtica voluntad política de hacerlo. De los más de 1000 asesinatos investigados por la referida ONG en más de una treintena de países, sólo 10 personas fueron juzgadas, condenadas o castigadas. Los Estados no emplean los recursos suficientes para esclarecer los hechos, o directamente cierran los casos, y dejan de investigar, con lo cual la inseguridad y sensación de impunidad es aún mayor. Muchos países sufren una violencia estructural muy fuerte, son de por sí países peligrosos para el periodismo y el ambientalismo, en general para cualquier actividad que se enfrente a los intereses del gran capital que impera en ellos. La película es bien conocida: en aras de atraer la inversión extranjera a estos países, los gobiernos (dominados por el dogma económico neoliberal) llevan a cabo profundos procesos de desregularización, por los que se suavizan o eliminan leyes de protección laboral, social y medioambiental. Ello está muchas veces fortalecido y apoyado por el radio de acción de los famosos Tratados de Libre Comercio, que son en realidad perfectas herramientas para consolidar dichas políticas. El pensamiento dominante, por su parte, pone su granito de arena, contribuyendo a difundir que los ecologistas (en su mayor parte ciudadanos/as nativos de escasos recursos) sean vistos como opositores al progreso y al desarrollo de sus pueblos y de sus territorios, cuando en realidad es justo lo contrario: son las grandes empresas y los gobiernos los que vienen a destruir el equilibrio natural necesario para la vida. 

Los enfrentamientos llegan en muchas ocasiones a adoptar un cariz violento, pues las empresas obligan a las poblaciones a desalojar por la fuerza el área donde viven, violando incluso los Acuerdos y Convenios internacionales, como la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, que reza en su artículo 19 que "Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas, antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado". Los conflictos se van generalizando, y hoy día, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, que documenta y cartografía estos casos en el continente, tiene localizados sólo por asuntos mineros 37 conflictos en México, 36 en Perú, 36 en Chile, 20 en Brasil, 13 en Colombia, 9 en Bolivia, 7 en Ecuador, 6 en Guatemala, 4 en Honduras y otro buen número de ellos repartidos por el resto de países. La situación es, por tanto, realmente preocupante. Hemos de contribuir en primer lugar a acabar con el silencio que oculta la realidad de estos graves conflictos y de estos asesinatos, para que salgan a la luz pública, para que se tome conciencia sobre ellos, y en segundo lugar, continuar denunciando la terrible actividad que las grandes empresas transnacionales ejecutan sobre los territorios, sobre los países, sobre los recursos naturales y sobre los pueblos indígenas, a fin de poder acabar con ella, o al menos, frenarla en gran medida. Nuestras próximas generaciones agradecerán esta lucha.

Entiendo que mis lectores y lectoras, llegados a este punto en esta serie de artículos, tendrán bien claro, a tenor de todo lo que hemos expuesto hasta ahora, que reducir la brecha que separa a las personas más ricas del mundo con respecto a las más pobres, es un imperativo crucial de nuestro tiempo, si pretendemos conseguir una sociedad más justa. En demasiados casos, además, el futuro de los niños (de los que también hablaremos en el bloque dedicado a la pobreza infantil) que nacen hoy día en muchos países del mundo está claramente condicionado por los bajos ingresos de sus padres, por sus limitaciones y por sus circunstancias, así como por su género y su raza. Y también espero que tengan claro que la desigualdad no es ninguna maldición bíblica, sino el resultado absolutamente previsible del desarrollo e implantación de una serie de políticas públicas ejecutadas por los gobiernos de sus respectivos países, dentro del contexto mundial globalizado, y auspiciado por una serie de instituciones y organismos internacionales, dedicados también a perpetuar dichas políticas que delimitan esta arquitectura social de desigualdad. La desigualdad no es inevitable. Es un problema que puede resolverse. Las cifras están perfectamente estudiadas, las posibles soluciones también. Sólo hace falta la ración oportuna de voluntad política para llevarlas a cabo. 

Todo ello es extensible, como también hemos expuesto, al ámbito internacional. Porque el problema de la desigualdad es un problema mundial, globalizado, internacional. Y la proyección hacia el conjunto de la población es un fenómeno perfectamente estudiado. Un niño que nazca en una familia rica, incluso en los países más pobres, irá a los mejores colegios, y recibirá la mejor atención médica si se pone enfermo. Todo ello incidirá en su nivel de vida, que se proyectará en su futuro más inmediato, abriendo un abanico de posibilidades al que los niños pobres, simplemente, no tendrán acceso. Al mismo tiempo, las familias más pobres verán cómo enfermedades fácilmente prevenibles y curables les arrebatan a sus hijos, porque no tienen dinero para pagar su tratamiento médico. La realidad es que, en todo el mundo, las personas ricas disfrutan de vidas más largas, sanas y felices, estables y protegidas, y pueden utilizar su riqueza para contemplar cómo sus hijos disfrutan y proyectan el mismo tipo de vida. Somos muchos los que entendemos que esta situación no puede continuar. A nivel mundial, y dentro de cada país, avanza la conciencia colectiva de los peligros de la desigualdad, pero aún no se ha llegado al pleno convencimiento de que es necesaria una actuación firme y decidida para abolir las actuales políticas responsables de tal fenómeno. 

La concentración de riqueza en manos de unos pocos pone también en riesgo nuestra capacidad para expresar nuestra opinión y participar en la gestión de la sociedad en la que vivimos, porque la desigualdad también es firme enemiga de la democracia. Los ciudadanos y ciudadanas más ricos pueden utilizar su poder económico y la capacidad de influencia inherente al mismo (bajo los terribles valores de una sociedad capitalista brutal como la nuestra) para manipular las leyes y las decisiones políticas en su favor, fortaleciendo aún más su posición, con lo cual la sociedad toma un peligroso rumbo en espiral que avanza hacia la polarización social cada vez más extrema. Tanto en los países ricos como en los países pobres, el dinero confiere poder y privilegios a costa de los derechos de la inmensa mayoría de la población. Y la corrupción también es una poderosa aliada de todo este despliegue. Hoy día, los gobiernos electos en la mayoría de países del globo representan los intereses de una élite social acomodada, de una minoría poderosa, mientras desatienden su obligación de garantizar un futuro digno al conjunto de la ciudadanía. Si cada persona que nace no ha elegido su lugar de nacimiento, su sexo o la riqueza y educación de sus padres, son los gobiernos los que tienen la obligación de intervenir para que las oportunidades de futuro de los ciudadanos no sean tan diferentes.

Como también hemos señalado en artículos anteriores, los efectos perversos de la extrema desigualdad se dejan notar en multitud de aspectos. Las consecuencias son destructivas para todo el mundo, ya que la desigualdad extrema corrompe la política, frena el crecimiento y reduce la movilidad social. Además, fomenta la delincuencia e incluso los conflictos violentos. Desaprovecha el talento y el potencial de las personas, y debilita los cimientos de la sociedad. Decididamente, sólo es posible mejorar la vida de la mayor parte de la población mundial si hacemos frente a la extrema concentración de riqueza y poder en manos de una élite poderosa. Las normas y sistemas que han dado lugar a la actual explosión de desigualdad tienen que cambiar. Son necesarias medidas urgentes en varios planos, que consigan corregir la situación, a través de la aplicación de políticas que redistribuyan los recursos y el poder de manos de las élites a las de la mayoría de la población. Lo que ocurre es que estas élites, que funcionan como una trama perfectamente organizada, entienden cualquier medida de estas características como un auténtico ataque a sus privilegios, con lo cual, ayudados por su poder en todos los planos de la sociedad, cualquier intento de implantarlas es bloqueado y atacado con fiereza. Estas élites llevan desarrollando desde hace décadas un fundamentalismo de mercado como dogma económico, así como un auténtico secuestro democrático al conjunto de la población, con lo cual la concentración de su poder es aún más fuerte. 

Y así, la desigualdad económica extrema se ha disparado en todo el mundo durante los últimos 30 años, convirtiéndose en uno de los mayores problemas económicos, sociales y políticos de nuestro tiempo, fuente y raíz de la inmensa mayoría de conflictos que hoy día socavan la convivencia y la armonía de las poblaciones de los diferentes pueblos, países y naciones. Las antiguas desigualdades, más basadas en el género, la casta, la raza y la religión (que ya constituían tremendas injusticias en sí mismas, y que aún continúan existiendo en muchos países) se han visto a su vez agravadas y retroalimentadas por el aumento de estas desigualdades económicas (de renta y de patrimonio) entre ricos y pobres. Los datos son claros en este sentido: actualmente, 7 de cada 10 personas a nivel del planeta, viven en un país donde la desigualdad entre ricos y pobres es mayor ahora que hace treinta años, y en países de todo el mundo, la minoría rica está aumentando cada vez más su participación en la renta nacional. Si no ponemos freno a esta situación, la dramática deriva nos llevará indefectiblemente a un mundo cada vez más salvaje, más desigual, más extremo, más caótico, más ineficiente, más destructivo, más degenerado, más decadente. Llegará un momento en que la sucesiva explosión de nuevos conflictos a nivel de todo el globo (y dentro de cada país) hará imposible una mínima convivencia armónica, y afectarán a todos los planos: político, económico, social, climático, alimentario, cívico, etc., dando lugar a un caos generalizado que será extremadamente difícil de revertir. Hemos de actuar con decisión. La situación apremia. Continuaremos en siguientes entregas.

Sí, porque la desmemoria histórica que nos invade es obscena e indecente. En nuestro país, muchos Ayuntamientos de pequeñas localidades siguen honrando al franquismo, pero olvidan el hambre, el frío y la represión que tuvieron que sufrir miles de personas por la imposición de un ideal totalitario. Como afirma el historiador segoviano Juan Carlos García-Funes en esta entrevista para el medio La Opinión de Zamora, España aún ignora que aquí hubo campos de concentración y trabajos forzados. En su fuente bebemos para los siguientes datos y conclusiones. A raíz del estallido de la Guerra Civil, sobre todo a partir de 1937, el problema de los prisioneros creció de tal manera que se crearon estos espacios, cuya función principal consistía en hacer clasificaciones para decidir quiénes eran "recuperables" para las filas franquistas, y quiénes eran desafectos al "glorioso movimiento nacional". Estos últimos eran encuadrados, como ya hemos comentado en artículos anteriores, en batallones de trabajadores. En España existieron cientos de recintos al clásico estilo de los campos de concentración nazis, y quizá los hemos ignorado porque se ha querido ver el franquismo como algo diferente al nazismo en Europa, aunque es cierto que la lógica de funcionamiento de los campos españoles era distinta: la gente podía morir trabajando, pero aquí no había cámaras de gas. 

Hubo campos de concentración en Astorga, Salamanca, Arévalo, San Bernardo, Medina de Rioseco o Palencia. En Burgos y Soria tuvieron también una presencia enorme este tipo de recintos. Algunos albergaron también a brigadistas internacionales. Funcionaban como una especie de "agencia de colocación" que clasificaba a los reos, al margen de por su ideología política, por la cualificación que tenían. Por ejemplo, si el franquismo necesitaba edificar fortificaciones, precisaba de peones y éstos tenían que ser previamente identificados. A finales de 1937, por poner un ejemplo concreto de cifras, y según datos de García-Funes, de 106.000 prisioneros en total, fueron clasificados como desafectos algo más de 2.000, y como afectos dudosos, más de 50.000. Ambas categorías eran destinadas a trabajos forzados. Realizar toda esta ingente tarea de clasificación conllevaba pedir informes de los prisioneros a las autoridades de sus poblaciones de origen, a los alcaldes y a los curas. Con toda esa información decidían si eran aptos para empuñar las armas con Franco, o por el contrario, eran destinados a trabajar. La actividad de trabajos forzados llegó hasta el año 1942. En todos ellos predominaban las condiciones de hambre, enfermedades, castigos y violencia. Por ejemplo, se ejecutaba a los reclusos bajo el palo de una bandera en presencia de miles de prisioneros. La mortalidad era fruto de una situación de extrema necesidad y violencia. Los reos estaban desamparados y a expensas de las autoridades de los campos. 

El Convenio de Ginebra sólo se aplicó a los prisioneros internacionales, pero nunca a los españoles. Pero como decimos, nuestra desmemoria histórica en este sentido es horrenda, y por ejemplo, se está empezando a reconocer la traumática situación que vivieron los más de 10.000 españoles que pasaron por el campo de concentración austríaco de Mauthausen, pero en cambio no se dice nada de los que malvivieron mucho antes en nuestro país. ¿Cómo es posible que las instituciones españolas recuerden a las víctimas del holocausto nazi, mientras se prefiere echar un manto de arena sobre los campos de concentración españoles? Para García-Funes, la clave está en que el nazismo fue derrotado en Europa, mientras que el franquismo perduró aquí durante casi 40 años. Y hoy día, el Estado Español sigue sin reconocer el status de víctimas para estas personas. En fin, la realidad de penosa existencia de los trabajos forzados en nuestro país, así como de los campos de concentración durante la Guerra Civil y la dictadura, continúa siendo otro oscuro objeto de desconocimiento por parte de la inmensa mayoría de nuestra población. Porque al igual que en la época del antiguo Egipto, los presos sufrieron cautividad, enfermedad, látigo, desprecio, hambre y frío, pero también la obligación de tener que levantar todo tipo de construcciones en nombre de un dictador. Esta mano de obra esclava fue fundamental para el levantamiento económico del país, que se encontraba en situación de ruina después de la finalización de la contienda. De este modo, fue importantísimo el flujo económico generado para la España de la posguerra por todos los trabajos que se llevaron a cabo con esta mano de obra forzada y esclava. 

Por otra parte, el mundo de la cultura, como también hemos comentado en entregas anteriores, sufrió una fuerte represión. No ya sólo en lo que respecta a los autores e intelectuales en sí, sino también en lo que se refiere a las obras. La represión fascista llegó también, cómo no, a la censura que afectaba a lo que podía o no podía ser leído, visto o escrito. Es algo inherente a todos los fascismos, que lógicamente entienden que la cultura es el arma de liberación del pueblo por excelencia, y por tanto, tiene que ser controlada. Y así, las autoridades franquistas controlaban los libros que se publicaban, y los que ya existían. Se purgaron las bibliotecas públicas y se practicaron quemas de libros. Raquel C. Pico, en este artículo para el medio Librópatas, nos da cuenta de cifras concretas que vamos a comentar. En A Coruña, por ejemplo, se hizo una pira en 1936 con libros de la biblioteca de Santiago Casares Quiroga. Y en 1939, para celebrar la Fiesta del Libro, el Sindicato Español Universitario organizó una quema de libros en la que ardieron, entre otras muchas, obras de Voltaire, Lamartine, Marx, Freud o Rousseau. "¡Muera la inteligencia! ¡Viva la muerte!" había vitoreado el General Millán-Astray, interrumpiendo al Rector de la Universidad de Salamanca, el gran Miguel de Unamuno, que se enfrentó a tan terrible proclama con la valentía de un héroe. En Barcelona se destruyeron a la finalización de la Guerra Civil 72 toneladas de libros de editoriales y bibliotecas públicas y privadas. No disponemos de cifras exactas que dimensionen cabalmente cuántos libros fueron censurados durante la dictadura franquista, pero sí conocemos títulos concretos. Incluso muchos otros textos fueron alterados y manipulados. 

Por poner ejemplos concretos muy significativos, fueron prohibidos "La Celestina" (de Fernando de Rojas), "Sonata de Otoño" (de Valle-Inclán), "Poesías Completas" (de Antonio Machado), "La rebelión de las masas" (de Ortega y Gasset), "Guerra y Paz" (de Tolstoi), o "Crimen y Castigo" (de Dostoievski). También tuvieron problemas para ser publicadas en su integridad las obras "1984" (de George Orwell), "La Regenta" (de Leopoldo Alas "Clarín"), "Celia" (de Elena Fortún), "Hombrecitos" (de Louisa May Alcott), "Estampas de Aldea" (de Pablo de Andrés Cobos), "Las cinco advertencias de Satanás", "Usted tiene ojos de mujer fatal", y "Madre, el drama padre" (todas ellas de Enrique Jardiel Poncela), o "El extranjero" (de Albert Camus). Pero la censura cultural no sólo llegó a los libros, también el cine y el teatro sufrieron sus efectos. Los géneros cómico y satírico fueron muy controlados, la Revista era examinada con lupa (sobre todo por la vestimenta de las vedettes), y el cine sufrió también las terrribles consecuencias de la difusión de una moral integrista y ultraconservadora. En ese sentido, no sólo el clásico cine erótico (cuyas películas había que ir a verlas a Perpignan), sino grandes obras maestras del séptimo arte fueron censuradas por el régimen franquista, por entender que se desviaban de la recta moral católica, o que propiciaban conductas o comportamientos mal vistos por el régimen. Y en cuanto al ámbito educativo, ya hemos comentado también en anteriores entregas la obsesiva purga que se ejecutó sobre los docentes que procedían de la República, y el perverso control que la Iglesia Católica llevó a cabo sobre los contenidos educativos durante la vigencia del nacionalcatolicismo. Continuaremos en siguientes entregas.