Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Nos habíamos quedado en el último artículo de esta serie comentando los diversos factores que, según los neoliberales, inciden en esa supuesta rigidez del mercado de trabajo, y habíamos tocado el tema de los Sindicatos. Pues bien, como habíamos dicho, son precisamente todas las normas que protegen los derechos de los trabajadores aquéllas que ellos ponen continuamente como excusas: si hay salario mínimo, se dirá que no se crea empleo porque no se permite que haya empresas que puedan crear puestos de trabajo más baratos. Les recuerdo a los lectores que ya comentamos lo relativo al SMI en el primer artículo de esta serie.

Si hay subsidios para los desempleados (cosa que también les molesta mucho), se dirá que entonces los parados preferirán vivir de las ayudas públicas, y que no aceptarán los empleos que se les ofrezcan. Si hay cotizaciones sociales elevadas, para poder financiar unas pensiones públicas dignas, se dirá que eso encarece el coste del trabajo. Y recordamos que hace poco tiempo hemos asistido a una reforma del sistema de pensiones público en nuestro país, que entre otros cambios, elevaba la edad de jubilación dos años, colocándola en los 67. Aduciendo falsas motivaciones de insostenibilidad del sistema, y de estudios de progresión demográfica, nos han impuesto esta reforma, cuando el sistema era perfectamente sostenible, desde todos los puntos de vista.

Pero no acaban aquí las excusas: si hay convenios colectivos que fijen condiciones de trabajo decentes para todos los trabajadores, se dirá que, además de encarecer el trabajo, se limita la libertad de contratación, y que eso provocará más desempleo (además de que los sindicatos se están quedando "antiguos" en sus planteamientos, como de un tiempo acá se oye decir a algunos dirigentes de la Patronal), etc., etc., etc. Cientos de excusas y planteamientos para revocar las condiciones dignas del trabajo, para que nos vayamos a su terreno, para que les concedamos a los empresarios mayores márgenes de maniobra, y mayores parcelas y terrenos donde actuar con sus empresas (de ahí el interés de que las empresas públicas sean cada vez más pequeñas, incluso que desaparezcan). No es porque sean objeto de una mala gestión (que puede ser verdad en algún caso aislado), sino para reconvertir al sector privado la actividad que dicha empresa pública abordara.

Y en consecuencia, los neoliberales defienden que, para poder crear puestos de trabajo suficientes, lo que hay que hacer es llevar a cabo continuas reformas en los mercados de trabajo para eliminar todos estos factores de rigidez, y para proporcionar, por el contrario, la flexibilidad suficiente a las relaciones laborales que permita alcanzar el pleno empleo. Estas ideas sobre el mercado de trabajo y la creación de empleo, que se presentan como el último hito, son realmente muy antiguas, de finales del siglo XIX. Cuando se han recuperado para darle cobertura ideológica a las políticas neoliberales, se han presentado bajo la forma de teorías económicas muy sofisticadas y con mucho aparato matemático, para dar a entender que se trata de proposiciones científicas muy modernas, pero no nos engañemos: su sustrato final es el antiguo que acabamos de señalar, por mucho que nos las quieran presentar disfrazadas de modernidad a la opinión pública.

Siguiendo estos principios, en  los últimos años se han llevado a cabo multitud de trabajos, estudios e informes orientados a demostrar que, por ejemplo en Europa o en España, existen factores de carácter institucional como los antes mencionados, que son los responsables de los altos niveles de desempleo existentes. Y a propugnar, por tanto, que se reformen los mercados de trabajo, para eliminar dichos factores y darles la suficiente flexibilidad. Pero dichos estudios no se han realizado sólo desde organismos privados, sino también desde nuestras propias Instituciones Públicas, estando a la cabeza de todas ellas nuestro propio Banco de España, cuyo Gobernador es el mayor aliado de todas estas tesis.

De dichos análisis es de donde beben las actuales políticas gubernamentales (y las practicadas por el PSOE), como lo hace, por ejemplo, el último Pacto del Euro, cuando afirma que lo que necesitan las economías europeas para crear empleo es ser más competitivas. Esto significa, como veremos más adelante (hablaremos en siguientes artículos sobre la competitividad con mayor detalle), exactamente lo mismo que acabamos de comentar: salarios más bajos, porque se supone que así las mercancías (productos y/o servicios) que fabrican las empresas se van a poder producir a menor coste, es decir, más baratas, y por tanto, que se van a poder vender con mayor facilidad, y entonces, esto se traducirá en que se van a poder emplear a más trabajadores. Pero lo que no explican, como también veremos más adelante, es a quién van a venderse dichas mercancías de más si la población que podría comprarlas tiene cada vez menos capacidad de compra, porque sus salarios han bajado, y tienen menor poder adquisitivo. 

Los datos muestran por el contrario, como vamos a ver enseguida en lo referente a los últimos años de crisis económica, que a pesar de que hayan bajado los salarios se ha destruído empleo; que con el mismo mercado tan rígido, según los neoliberales, España pudo ser efectivamente el país que más empleo creó antes de la crisis, y luego pasar a ser el que más empleo ha destruído, y sobre todo, que no hay relación indiscutible entre la existencia de normas laborales más o menos flexibles o rígidas, y el mayor o menor volumen de empleo. Continuaremos con el apoyo a estos razonamientos en el siguiente artículo de esta serie.

Bien, nos habíamos quedado en el artículo anterior de esta serie con la idea ya esbozada de que los economistas, empresarios y políticos neoliberales consideran el Trabajo Humano como una mercancía más, igual que otra cualquiera, y las connotaciones de entrada que esta valoración supone. Vamos a seguir ahondando en dicha idea, para ver dónde nos conduce, y luego poder plantear los errores de sus teorías, así como las alternativas que proponemos desde la izquierda.

Partiendo de dicha premisa del Trabajo considerado como mercancía, sujeto a las clásicas leyes de la oferta y la demanda como en cualquier otro mercado, los adscritos a los planteamientos neoliberales creen (aplicando únicamente la matemática social) que se puede fijar un salario que iguala en un momento dado la cantidad ofertada por los trabajadores, y la demandada por los empresarios, y que, por tanto y en teoría, representaría una situación de pleno empleo. En dicha situación, que por supuesto es ficticia e irreal, todo el mundo trabajaría por el simple hecho del consenso en la política retributiva, cosa que sabemos que no es así, pues en la relación laboral inciden muchos más factores.

Pero siguiendo su razonamiento, si el salario fuera demasiado bajo, habría una gran demanda de trabajo por parte de los empresarios, pero una insuficiente oferta de trabajo, porque, siempre según los defensores de este punto de vista, siendo el salario demasiado bajo, los trabajadores preferirían el ocio al empleo (con ello nos siguen demostrando su "incultura laboral", y la infravaloración que hacen del trabajo humano, pues ya hemos discutido en anteriores artículos de esta serie que el trabajo no es sólo un medio de vida, sino también una forma de realización personal). Y por su parte, si el salario fuera demasiado alto, ocurriría lo contrario: habría muchos trabajadores deseosos de trabajar, pero muchas empresas no estarían dispuestas a contratarlos a esos salarios tan elevados.

Por tanto, dirían los neoliberales y conservadores, para que se pueda llegar a una situación de pleno empleo, lo importante es que se den dos circunstancias. La primera, que los salarios sean lo suficientemente moderados, porque si son muy altos, las empresas no van a contratar a todos los trabajadores que deseen hacerlo, lo que se traducirá en que aumentará el paro. Por eso esta corriente de pensamiento llega a concluir (aunque muchas veces no se atrevan a confesarlo en público) que el paro o desempleo es siempre voluntario, porque podría eliminarse simplemente si los trabajadores aceptaran trabajar por salarios más bajos.

La segunda circunstancia (siempre según ellos) para que pueda darse el pleno empleo es, por tanto, que los salarios puedan subir y bajar libre y fácilmente, que los trabajadores puedan ir sin dificultad allí donde haya un empresario demandando un empleo. Y que los empresarios puedan contratar allí  donde lo necesiten, y en las condiciones en que les resulte más apropiado. Cuando esto ocurre, se dice que el mercado de trabajo es flexible, y cuando no (o a medida en que no), se dice que es rígido. Y precisamente de esta segunda circunstancia los economistas y políticos conservadores deducen que para crear empleo lo que debe haber es la mayor flexibilidad posible en el mercado laboral. Mientras que el desempleo se explica porque hay factores que hacen que el mercado de trabajo se vuelva demasiado rígido.

Precisamente, hace poco tiempo, en una rueda de prensa ofrecida por el Presidente de CEOE, Juan Rosell, éste decía a los periodistas que el mercado de trabajo tiene que hacerse totalmente flexible, y ponía un ejemplo diciendo "...a lo mejor me interesa contratar a alguien para hacer un turno el martes de 9 a 2, el jueves de 5 a 8, y el domingo todo el día, durante tres semanas...", y se quedaba tan pancho, queriendo trasladar la idea de que las contrataciones tienen que reflejar toda esta posible flexibilidad laboral, sin entrar a pensar en el pobre trabajador al que le toque hacer ese galimatías de turno. Reflejando este sinsentido, ya hemos visto algunas parodias cómicas que intentaban reflejar este hecho de la extrema flexibilidad laboral, llevándola hasta el absurdo.

Los factores que provocan esta rigidez en el mercado de trabajo son en realidad los mismos que hacen que los salarios sean demasiado altos y produzcan desempleo. La mayoría de las personas, por poco informadas que estén, saben también cuáles son estos factores a los que se culpa de la rigidez en el mercado de trabajo y del paro, porque se hace constante referencia a ellos en los medios de comunicación y en los discursos de los políticos y de los economistas ortodoxos. El más habitual y criticado es el de los Sindicatos. Se afirma que crean rigidez porque defienden los intereses de los trabajadores, y por tanto, porque no aceptan cualquier nivel de salario ni cualquier condición laboral, es decir, porque han logrado a lo largo de toda su historia que se reconozca y se respete un marco laboral normativo que protege a la parte más débil de la relación laboral, es decir, el trabajador/a.

El patrono es la parte fuerte de la relación laboral, e intentar hacer ver lo contrario es un típico engaño encubierto, una visión que se pretende hacer llegar sobre todo a los trabajadores jóvenes y novatos, en el sentido de fomentarle una especie de sentimiento de que la empresa también es algo suya, algo propia, algo de todos, que todos formamos parte del mismo barco, que todos tenemos que remar en la misma dirección, porque si no todo el barco se hunde. Desde aquí declaro solemnemente que se trata de una patraña más que nos intentan inculcar los empresarios para que nos sintamos responsables con la empresa, para ellos beneficiarse de ese "sentimiento" y abusar todavía más y mejor de los trabajadores.

Volviendo a los Sindicatos, es fácil imaginar cómo serían las condiciones de trabajo (simplemente recordando cómo eran en  el siglo XIX) si no hubieran existido los Sindicatos, y si no se hubiera conseguido que se reconocieran los derechos de los trabajadores. Vamos a dejarlo aquí de momento, para continuar en el próximo artículo de esta serie, pero recomiendo a los lectores jóvenes que no tengan idea de cómo eran dichas relaciones laborales hace dos siglos (y mucho peores si retrocedemos más todavía), que accedan a cualquier texto o documental que lo explique, e incluso a cualquier serie de televisión que toque colateralmente dichos temas, y se convencerán de cómo hemos evolucionado hasta llegar aquí, y todo lo que ahora intentan arrebatarnos a la clase trabajadora. No nos engañemos: detrás de la tan traída y llevada flexibilidad laboral, se esconde la forma de esclavitud moderna del siglo XXI, si no somos capaces de ponerle freno, puesto que las conquistas laborales y sociales no son barreras, sino derechos.

Bien, continuando desde los postulados del artículo anterior (primero de esta serie), y asumiendo todos ellos, habría que terminar de ligar el Trabajo a un Derecho de la ciudadanía, un Derecho reflejado en la Constitución Española de 1978, pero no garantizado todavía en la actualidad, 33 años después de la promulgación de la misma. Un derecho básico, situado al mismo nivel del resto de los derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la igualdad, el derecho a la salud, o el derecho a la vivienda. Necesitamos un trabajo no ya sólo para poder vivir por medio de su remuneración, sino también para poder realizarnos en nuestra sociedad a través de él.

Hace muchos años de la promulgación del primer Estatuto de los Trabajadores, resultado de la creación y del trabajo y esfuerzo de muchas Organizaciones Sindicales que habían dedicado su vida a poder regular un marco laboral digno para la clase trabajadora. Y asímismo, en el contexto de Organizaciones Internacionales ligadas a la ONU, tenemos la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se dedica a velar por la aplicación de las normas laborales en todo el mundo, y a realizar estadísticas y estudios sociales en el ámbito laboral. Igualmente, el Derecho Laboral es una disciplina reconocida dentro del ámbito legal, que ejercen muchos abogados laboralistas, y es también objeto de estudio en los planes universitarios ligados a varias disciplinas y especialidades enmarcadas en las ciencias sociales.

Pues bien, con todo este panorama creado y enmarcado, la ideología neoliberal que se nos viene imponiendo poco a poco desde hace varias décadas, expresión de la cual es el capitalismo brutal que tenemos implantado en la actualidad, desbanca todos estos aspectos del mundo del Trabajo, y lo considera simplemente una MERCANCÍA. En efecto, la idea que defienden los políticos y los economistas neoliberales es que el trabajo es una mercancía más que se compra y se vende, en un mercado como otro cualquiera. De entrada, nos parece una desvirtuación del carácter, de la naturaleza del trabajo humano de límites tales, que rompe con todas las premisas que habíamos supuesto desde la base. Según su tesis y sus puntos de vista, los trabajadores ofertan sus horas disponibles de trabajo en función del salario que esperan obtener (de ahí que la pregunta sobre el salario que pretenden cobrar los candidatos se haya instaurado desde hace tiempo en las entrevistas de trabajo). Por su parte, las empresas demandan trabajo comparando el salario que tienen que pagar por él, con la productividad que pueden obtener al utilizarlo. Así de simple. Así de triste. Así de cierto.

Insistiremos en esta idea en sucesivos artículos, pero para comenzar a dar ejemplos de las actuales "indignidades" del trabajo humano en nuestro país, baste con recordar que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir, el sueldo más bajo reconocido para todas las profesiones, por debajo del cual (se supone) no te puede contratar ninguna empresa, se acaba de congelar por el actual Gobierno del Partido Popular, lo cual supone, como se declaraba desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, "casi una declaración de guerra económica". Este SMI se sitúa actualmente en la cantidad de 641,4 euros, así que ya me diréis, queridos lectores, si es posible con dichos ingresos mensuales mantener una familia, o hacer frente a los típicos gastos que hay que afrontar. Nos encontramos por tanto ante una aberración en la base misma del sistema, que permite que efectivamente se puedan pagar estos sueldos a cualquier profesional, echando por tierra no ya sólo la valía profesional del trabajador, sino la función misma del trabajo.

Como ya iremos desarrollando en sucesivos artículos de esta serie, el tema salarial es tremendamente importante, y durante los últimos tiempos, la caída del poder adquisitivo de la clase trabajadora es alarmante. En tiempos de crisis, donde se sigue permitiendo que los Bancos y las grandes empresas multinacionales declaren beneficios de miles de millones de euros, al trabajador se le congela el sueldo mínimo interprofesional en vez de llevar a cabo una política de, al menos, moderada adecuación o actualización, esto es, subida, de su salario. El SMI ha perdido en concreto 5,5 puntos de poder adquisitivo en los últimos años, y en el caso de España, lo tenemos situado por debajo de la media de toda la Zona Euro, solo Portugal lo tiene más bajo que nosotros.

Según la Carta Social Europea, que tan poco se respeta por todos los gobiernos comunitarios, se establece que el SMI debe estar en torno al 60% del salario medio en cada Estado. Por tanto, si en España se cumpliera este compromiso, el Salario Mínimo Interprofesional debería situarse en 1.026 euros. Luego ya estamos viendo cómo de entrada se respeta muy poco el trabajo humano, así como se valoran al alza los rendimientos del trabajo sobre los del capital de cara a la Declaración de la Renta de las Personas Físicas, en vez de considerarlo al contrario, es decir, gravar mucho más a las rentas procedentes del capital, es decir, del dinero que se posea, independientemente de dónde, cómo y cuánto se trabaje. Continuaremos en próximos artículos.

Vamos a continuar con las propuestas, o más bien transformaciones, que desde la izquierda proponemos no sólo para poder terminar con la actual crisis, sino también para evitar recaídas y futuras crisis, algo fundamental de establecer, pues hay precedentes históricos que nos demuestran que podemos aprender, y que la economía, por muy "ciencia exacta" que sea, descansa también sobre un soporte ideológico importantísimo, que es al fin y al cabo, un soporte político.

Nuestro primer artículo de esta serie abordó las transformaciones que ha de sufrir el mundo bancario y financiero en general (que podremos incluso desarrollar con propuestas más concretas y a corto plazo en ulteriores artículos), y en este artículo vamos a dedicarnos al segundo de los cuatro puntos que ya habíamos enunciado.

Este punto trata sobre una cuestión fundamental: ESTABLECER LAS CONDICIONES PARA PODER RECUPERAR Y CREAR EMPLEO DIGNO. La palabra "digno" no está puesta como una coletilla, sino como un resumen para indicar con una sola palabra un montón más de características que debe tener el empleo: digno, de calidad, y también decente, y también estable, y también equilibrado, y también sostenible, algo que no va a ser posible manteniendo el modo de producir y de consumir que ha predominado hasta ahora.

Publicaremos próximamente una nueva serie de artículos bajo el título "Filosofía del Trabajo", por supuesto desde nuestro prisma de izquierdas, y ahí detallaremos mucho más todos estos asuntos, pero de momento nos quedaremos con la idea, ya expresada en muchos Foros e incluso en nuestro Programa Electoral, de que el Modelo Productivo tiene que cambiar, y reorientarse hacia otro más sostenible desde los puntos de vista humano, económico y medioambiental.

Efectivamente, la crisis singularmente grave de España, sobre todo desde el punto de vista del empleo, es el resultado de la combinación de varios factores de perturbación, que tienen su origen en la prevalencia de un modelo de crecimiento que provoca la insuficiencia estructural de recursos endógenos (esto es, la carencia de recursos propios), la utilización demasiado intensiva de los recursos naturales (esto es, la destrucción medioambiental), unidos a una gran desigualdad y endeudamiento (por esa injusta redistribución de la riqueza practicada por nuestros gobiernos). 

Representan tres circunstancias que a medio, incluso a corto plazo, son insostenibles, y por tanto, incapaces de soportar la generación de la actividad y el empleo a lo largo del tiempo. Si queremos salir de la crisis con más empleo y bienestar social (eso que dicen los neoliberales que ya no volveremos a recuperar), debemos empezar a sostener la actividad económica en otro tipo de motores, caracterizados por un uso diferente, más equitativo, racional y sostenible de los recursos materiales, humanos y naturales.

Por tanto, es imprescindible orientar los recursos a la generación de otro tipo de actividades de las que hoy día son capaces de generar mayor valor añadido, y al mismo tiempo empleo, como entre otras, las que tienen que ver con las energías renovables, con la investigación, la innovación y las nuevas tecnologías, con la cultura, el ocio y la creación, con el reciclaje y el medio ambiente, con la agricultura sostenible, con los servicios sociales y de dependencia, y siempre, con las que permitan la producción más directa y descentralizada de los bienes y servicios que necesita la población, o un componente más humano y cercano de conocimiento, habilidades personales o materiales, y formación.

Y esto plantea a su vez también como muy necesario la recuperación para la sociedad de las empresas que fueron privatizadas inútilmente, siguiendo simples criterios ideológicos neoliberales que sólo buscan beneficiar a grupos e intereses privados, y produciendo un perjuicio gravísimo para la sociedad, del que algún día tendrán que responder sus responsables políticos a la ciudadanía española. La carrera privatizadora viene de muy lejos, y aunque lentamente, continúa sin prisa pero sin pausa, llevando al terreno de lo privado grandes empresas y/o actividades que funcionaban antes sólo en el ámbito de lo público.

Todo ello trae como consecuencia el adelgazamiento del Estado y con ello todo su poder y su radio de acción, que a su vez trae como consecuencia que el ámbito público sea cada vez capaz de abordar menos aspectos de la vida de los ciudadanos, y que éstos tengan que confiar dichos servicios al ámbito privado, que ya sabemos que funciona bajo criterios totalmente distintos, que únicamente priman la rentabilidad y los beneficios. En vez de preocuparse tanto por las duplicidades, lo superfluo y la confluencia de competencias en distintas Administraciones (que es lo que últimamente preocupa mucho a nuestros gobiernos), se debieran preocupar de los siguientes puntos, en este orden:

1.- Devolver a competencias públicas todo aquéllo que haya sido parcial o totalmente privatizado (por citar uno de los últimos ejemplos, AENA).

2.- Dotar de suficientes recursos (económicos, humanos, materiales) a dichas empresas públicas, para que puedan dar soporte a los servicios de su competencia, en el ámbito geográfico que cubren (local, autonómico, estatal).

3- Ampliar dicho catálogo de servicios públicos, aumentando por tanto el número de empresas públicas que los cubren bajo criterios públicos (calidad, gratuidad, universalidad), hasta conseguir que cada Derecho (objetivo o subjetivo, de los garantizados en la Constitución) sea garantizado por un Servicio Público, es decir, por una empresa pública o Administración pública.

Tomemos un simple ejemplo para aplicarle todo lo que acabamos de comentar, y así podrá entenderse mejor: el sector de la educación infantil de 0 a 3 años. En primer lugar, incluirlo en el ámbito de los servicios públicos, aplicándole los criterios pertinentes (guarderías públicas y gratuitas para todos los niños/as de 0 a 3 años). En segundo lugar, dotarlo de los recursos necesarios (lo cual obligaría a construir nuevas guarderías, y/o incluir en el ámbito público aquéllas guarderías privadas o concertadas ya existentes que pudieran/quisieran hacerlo), lo cual desplegaría la siguiente cascada: servicios/puestos de trabajo/nuevos contratos/altas en seguridad social/disminución del paro/aumento de ingresos del Estado/aumento del consumo/recuperación de la economía/aumento de la riqueza nacional, y además de todas esas ventajas, habríamos dado un paso más hacia una sociedad con mayores cotas de bienestar (en este ejemplo además, contribuyendo incluso al posible aumento de la tasa de natalidad del país).

Todo son ventajas...¿porqué no se hace entonces? Pues porque nuestros gobernantes no están interesados en el sector público, sino en el privado, obedeciendo los famosos dogmas de la ideología neoliberal, que son justo los contrarios a los que acabamos de indicar: llevar todo lo que se pueda al sector privado, adelgazando al máximo el sector público. Bien, apliquémoslo a nuestro ejemplo: las guarderías serían entonces privadas, luego de entrada, ya no se rigen por criterios públicos: no son gratuitas ni universales, sino dedicadas sólo al sector infantil que quieran, aplicando los criterios de ingreso que las empresas quieran marcar, y el precio/tasa/couta que quieran imponer a los padres. El porcentaje de la población que cubren es menor, pues no todos los padres tendrían recursos para poder llevar a sus hijos a dichas guarderías, luego ya estamos practicando una segregación social (hemos eliminado el DERECHO de un hijo a ser atendido en una guardería si sus padres trabajan). Además, los criterios de funcionamiento estarían regidos por la rentabilidad y el beneficio, por lo cual si ellos no se cumplen, dejarían de funcionar, dejando a nuestros hijos en la calle, y en el paro a todos sus trabajadores/as, invirtiendo los efectos en cascada que habíamos mencionado en el caso anterior.

En el primer caso, el empleo que se crea es digno, estable, bien remunerado, con turnos y jornadas proporcionales, escalable y sostenible humana, social y medioambientalmente, porque emana de un servicio público. El segundo, en cambio, sólo se sostiene aplicando los criterios privados de rentabilidad que la empresa necesite, y al grupo empresarial que está por detrás le importan poco los criterios de derechos y dignidad humanos, sino sólo el beneficio que puedan proporcionarle sus guarderías. No le importan el profesorado, el servicio a los padres/madres, los puestos de trabajo creados, ni la riqueza nacional, y mucho menos la tasa de natalidad. En cuanto las guarderías dejen de dar los beneficios esperados (que además cada vez tendrán que ir creciendo) se cerrarán sin más, dejando a todos los infantes sin guardería y a todos los profesores sin trabajo. En el primer caso, importan los Derechos. En el segundo, importan los Beneficios (de unos pocos, claro está). Bueno, pues todavía intentan convencernos los economistas y políticos conservadores y neoliberales de que el primer caso no es sostenible para el Estado, pero sí el segundo...¿nos vamos a dejar engañar?

Mucho se oye hablar desde que estalló la actual crisis económica y financiera, allá por las postrimerías de 2007, de las posibles maneras de "salir" de la crisis. Todas las fuerzas políticas pretenden darnos sus recetas para tal menester, y además argumentan cómo debemos hacerlo para salir "reforzados" de la crisis. Desde la izquierda pensamos que tales "declaraciones de intenciones", por llamarlo suavemente, están totalmente equivocadas, pues se basan en el continuismo de las mismas políticas que nos han traído a ella. Luego por tanto, lo primero será salir de la crisis actual, que ya de por sí va a ser complicado, pues se nos enuncia desde muchas instancias que "algunas cosas ya no serán lo mismo que antes de la crisis".

Nosotros pensamos que dichos anuncios derrotistas no son sino otra forma de ponernos el cuerpo en lo peor, y de paso justificar la necesidad de las medidas que se están tomando, que efectivamente, y de no corregirse en el futuro, nos llevarán a un escenario muy diferente al de los años pasados. Por tanto, desde la izquierda pensamos que se puede terminar con la crisis, pero poniendo en práctica las políticas correctas, y además asegurando que ponemos en marcha todos los mecanismos para que las condiciones que la provocaron no se vuelvan a dar nunca más. Nos parece a este respecto que hay cuatro elementos fundamentales a los que debemos prestar atención, que son los siguientes, los cuales desarrollaremos más detenidamente en los próximos párrafos y artículos:

1.- Una reforma profunda de las finanzas internacionales y de la actividad bancaria en general.

2.- Crear las condiciones que permitan volver a crear empleo decente y de calidad.

3.- Atajar la base social más profunda de la crisis, que se manifiesta en la desigualdad.

4.- Fomentar un cambio de valores, de la cultura económica, de nuestras actitudes y comportamientos personales.

Vamos a comenzar con el desarrollo del primero de dichos factores, y abordaremos los siguientes en próximos artículos. Seguiremos para esta exposición, como ya hemos hecho para otros muchos artículos de este Blog, las directrices expresadas en el texto "Hay alternativas", de los economistas críticos Alberto Garzón (Diputado de IU por Málaga), Juan Torres (Catedrático de Economía de la USE) y Vicenç Navarro (Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona).

Efectivamente, el primer factor que hemos enunciado se refiere a la reforma profunda de las finanzas internacionales y de la actividad bancaria en general, para garantizar que la creación de empleo y riqueza disponga de recursos y financiación suficientes: se centraría en someter a las finanzas y a los financieros a la legalidad, y a principios de comportamiento semejantes a los que habitualmente se exigen al resto de las personas y empresas de cualquier otra actividad, tales como la responsabilidad, la transparencia, la simetría, la veracidad, etc. ¿Cuál es el objetivo final? Desbancar a estos "profesionales" de la impunidad que poseen actualmente sus prácticas, pues esto constituye, además, un problema que no es sólo financiero o económico, sino también político y social, puesto que los financieros que ganan cada vez más dinero rápida y fácilmente de esa forma, adquieren a su vez un poder extraordinario al margen de los gobiernos y de los demás poderes representativos, y así terminan por lograr una capacidad completamente antidemocrática de decidir y de imponer su voluntad al resto de los ciudadanos.

Ya hemos comentado en otros artículos cómo los tecnócratas gobernantes en algunos países provienen completamente del mundo de las finanzas, y este trasvase privado-público es lo que hay que evitar a toda costa, pues las filosofías imperantes en ambos mundos son completamente diferentes. Pero es que este objetivo tiene también que ver con acabar con la desnaturalización del negocio bancario, como apuntábamos anteriormente, es decir, con poner fin a la actuación de los bancos y del sistema financiero en general como mecanismos a través de los cuales se canaliza el ahorro hacia la actividad especulativa, y como creadores artificiales de una deuda que está a punto de hacer que se colapse la economía mundial.

Hago aquí un inciso que creo justo y pertinente: para decir las cosas también hay que tener autoridad moral, de la cual también proviene la supuesta credibilidad que se pueda otorgar a quien lo proclama. Digo esto porque últimamente hemos escuchado a mucha gente denunciar esto: por ejemplo, Felipe González proclamaba hace poco en una reunión de su "Consejo de Sabios" europeo que "Estamos al borde del precipicio...Entonces, ¿porqué no decir que estamos al borde del precipicio?", en un puro ejercicio de indecencia política, pues sus gobiernos se encargaron muy bien en España de poner los cimientos para la práctica de estas políticas neoliberales, y desde siempre han apoyado las políticas de Zapatero, responsables (junto con las de Aznar y el PP) de conducirnos a la actual situación. Fin del inciso.

Y tiene también que ver con acabar con el que podemos llamar "Terrorismo Financiero", que es justamente lo que está ocurriendo hoy día en Europa, porque se ha dejado, como ha ocurrido antes en otros lugares del mundo, que grandes bancos y fondos financieros, mediante rumores que ellos mismos extienden, e incluso con la complicidad criminal de las famosas Agencias de Calificación de Riesgos, generen las condiciones que les permiten ganar más dinero especulando contra la deuda de los Estados.

De esa manera la encarecen artificialmente, y además utilizan para ello los recursos que deberían usar para financiar a empresas y consumidores, y así provocan un verdadero caos económico de terribles consecuencias, sobre todo para la población, a quien luego los propios especuladores imponen las políticas que les convienen para seguir ganando dinero sin cesar. Y otra acción que hay que emprender es la que pudiéramos llamar de "vigilancia a los vigilantes", pues gran parte de los problemas que viene sufriendo la economía internacional, y la española en particular, se debe a que los vigilantes no vigilaron con la debida diligencia. Por torpeza, por ceguera ideológica o por simple complicidad con los banqueros privados, los bancos centrales y los gobiernos han dejado hacer de todo a estas entidades durante estos años.

Nos referimos por supuesto en el caso español al Banco de España, cuyo Gobernador (Miguel Ángel Fernández Ordóñez, MAFO para abreviar) no sólo permitía estas políticas y estas prácticas financieras, sino que además, después del rescate con dinero público a muchas entidades, permitía que algunos de sus Directivos y Consejeros se repartieran sueldos, comisiones y primas millonarias, mientras el Gobernador MAFO comparecía en ruedas de prensa recomendando la moderación salarial, como receta para salir de la crisis. Simplemente indecente. Lo dejamos aquí de momento, pero continuaremos en próximos artículos con el desarrollo de los otros factores que hemos mencionado al comienzo.