Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Establecido el sumario general en el artículo anterior, primero de esta serie, entraremos en materia comenzando por la revolución económica, la más urgente de todas, dada la actual situación de crisis del modelo económico, productivo y laboral que padecemos. Esta revolución debe plantearse como una alternativa global al capitalismo, ese feroz e insaciable capitalismo que nos invade, y que está llevando a la ruina social a países como Grecia, donde como muy bien decía hace pocos días Gaspar Llamazares, no se está rescatando al pueblo griego, sino que se está rescatando a los Bancos a costa del pueblo griego.

La crisis que estamos viviendo es una crisis global del sistema capitalista, al menos tan profunda y duradera como la crisis de 1929. Ese carácter global la hace aparecer como una crisis multifacética: económica, financiera, medioambiental, de materias primas, alimentaria, energética, y finalmente política, cultural e ideológica.

El neoliberalismo ha sido un intento de superar la crisis del capitalismo, que se acentúa a partir de los años 70 y que genera crisis parciales sucesivas. Lo que ahora ocurre es que el neoliberalismo fracasa como modelo global y el capitalismo no tiene soluciones para salir de la situación.

Debemos afrontar la realidad de que la crisis económica que se ceba de forma más dura con la juventud y las mujeres provocando que su no incorporación al mercado laboral suponga además el consiguiente retorno a las labores domésticas, con la consecuencia de una involución sin precedentes hacia los viejos roles patriarcales.

La precariedad de los jóvenes en el mundo laboral se caracteriza por las mayores tasas de paro, la alta temporalidad y la fuerte rotación contractual, así como en el alargamiento y la flexibilización de las condiciones laborales. El objetivo está claro: generar una gran masa de trabajadores y trabajadoras precarios con bajos salarios y fracaso escolar.

Hoy hay en pugna un modelo de salida de la crisis: el que no busca una solución para el conjunto de la sociedad, sino para unos sectores sociales muy reducidos y poderosos; y la resistencia frente a la imposición de ese modelo por parte de amplios sectores ciudadanos.

Esa resistencia debe tener un objetivo consecuente: la superación del modelo social, político y cultural actual dominado por el neoliberalismo, y la creación de condiciones para acabar con el capitalismo. Esa resistencia ha de partir de que lo concreto es lo que beneficia o perjudica a una mayoría, no a un particular. Lo concreto es lo nuestro; lo individual es lo de ellos. La resistencia es alternativa. La resistencia es ofensiva. La resistencia es propuesta. La resistencia es revolución.

En cuanto a nuestras propuestas para una reforma fiscal (y control del déficit público), éstas no se basan tanto en establecer más o menos impuestos, sino en aplicar una mayor justicia fiscal. Y esto se resume básicamente en que todas las rentas tributen de la misma manera, ya sean éstas del capital o del trabajo, y que paguen más los que más tienen y los que más ganan. Lo concretaremos en las siguientes medidas:

1.- Elevación al 50% del tipo marginal para el tramo más alto del impuesto. Equivaldría a algo menos de 60.000 € anuales de ingresos brutos de un contribuyente sin hijos a su cargo.

2.- Reducir en un 25% la cuota del IRPF de todos los contribuyentes con ingresos inferiores a 21.000 € anuales. Esto afectaría a 12,5 millones de contribuyentes, un 65% del total.



3.- Tributación igual para las rentas del trabajo y las del capital.



4.- Derogar la legislación fiscal sobre las SICAV y situarlas en régimen de transparencia fiscal.



5.- Restaurar el Impuesto de Patrimonio como medida urgente y sustituirlo a medio plazo por una fiscalidad sobre las Grandes Fortunas y Patrimonios.



6.- Aumento de la contribución fiscal del beneficio de los bancos, las grandes empresas y las transacciones financieras.



7.- Limitar de manera rigurosa las subvenciones de las cotizaciones al empresariado.



8.- Impedir la práctica en fraude de ley consistente en despedir a los 11 meses de contrato para que sea el Estado el que abone las vacaciones.



9.- Introducir medidas de fiscalidad verde para gravar las actividades que perjudiquen el medio ambiente e incentivar las que tengan efectos favorables.



Nos oponemos a las salidas propuestas, como el Pacto del Euro o la reforma constitucional, que pretende limitar la acción de los Estados al imponer un límite en el déficit, con el que no estamos de acuerdo. En cualquier caso y de modo transitorio, apoyaremos las propuestas de aumentar el plazo para reducir el déficit al 3% al 2016.

Frente a una política que se dedica a consumir los ingresos públicos, jugando al fantasma del déficit y reduciendo gasto social, proponemos actuar en dos líneas: lucha contra el fraude fiscal y actuaciones sobre el déficit, que sí sirve para atender el gasto social y el gasto productivo, y que adquiere un valor social fundamental, cumpliendo una función necesaria en el marco de políticas económicas contracíclicas. Continuaremos en el siguiente artículo de la serie con las propuestas para una Banca Pública.

En cuanto a participación, proponemos hacer de ella el eje central de la educación formal y no formal. Ninguna reforma tiene sentido si no se implica en ella plenamente a la ciudadanía. Ningún cambio puede avanzar si no avanzamos en la participación de las personas jóvenes. Nuestras propuestas para este ámbito son las siguientes, al hilo de todo nuestro discurso y nuestro ideario político:

1.- Fomentar una nueva relación de los y las jóvenes y sus asociaciones con el mundo público. Reducción de los trámites burocráticos para el nacimiento de asociaciones y movimientos, así como para la concesión de espacios. Actualmente hace falta una auténtica formación cuasi-profesional para generar asociaciones y conseguir espacios de juventud y participación.

2.- Concepción de la juventud no como una oposición a la edad adulta, sino como una parte más de ella. Abandono del discurso de rechazo de la participación, en favor de un nuevo discurso de participación activa y corresponsable. Generar espacios juveniles municipales y autonómicos de decisión y autogestión que generarían mayor participación y corresponsabilidad en las personas jóvenes.

3.- Garantizar la implicación pública mediante recursos y subvenciones. Diseñar una política juvenil conjunta entre las Instituciones políticas y el movimiento asociativo juvenil, así como los espacios y representantes de jóvenes no asociados, pero activos. Potenciación pública del asociacionismo, facilitando espacios comunicativos de éstos con las personas jóvenes (charlas municipales, Consejos y Casas de Juventud, televisiones, radios...)

4.- Cesión gratuita de albergues a asociaciones y entidades juveniles sin ánimo de lucro y para fines formativos. Creación de una red de albergues municipales de juventud, que además sirvan como centros de información juvenil, espacios de distribución gratuita de anticonceptivos de calidad, y que contribuyan con la cesión de espacios al desarrollo en las personas jóvenes de una vida sexual más plena.

5.- Utilizar mecanismos participativos para la distribución de los presupuestos en materia de juventud, siguiendo la máxima de "un joven, un voto".

6.- Impulsar la participación estudiantil representativa con voz y voto en todos los organismos de decisión en materia educativa y asociativa.

7.- La Administración Pública debe reconocer y establecer una interrelación obligatoria con el Consejo de la Juventud de cada CC.AA. (y con los Consejos Locales de Juventud) para la coparticipación en la elaboración de políticas públicas que tengan como destinatarios preferentes a las personas jóvenes.

8.- Creación de una red de Casas de Juventud independientes o integradas en Centros Cívicos. Espacios abiertos a las iniciativas juveniles, propiciando el asociacionismo y la relación asamblearia entre los colectivos. Centros cogestionados por el Consejo Local, la Concejalía correspondiente y los colectivos juveniles, dedicados a la información y asesoramiento juvenil.

9.- Implicar a la ciudadanía en el proceso de diseño de las políticas públicas de vivienda a través de foros de participación ciudadana, donde se trabaje por un modelo de ciudad más habitable y sostenible, de acuerdo con las especiales necesidades de las distintas personas y colectivos.

10.- Acceso de las organizaciones juveniles a la programación de los medios de comunicación públicos que deban crearse. Espaldarazo económico de los medios de comunicación alternativos creados por jóvenes.

11.- Reconocer el derecho y facilitar los medios para ejercer el acceso a Internet mediante puntos de conexión y aulas habilitadas suficientes. Debemos avanzar hacia una sociedad con mejor conexión a la Red, donde Internet aparezca como una herramienta clave de comunicación.

12.- Legalización de radios libres de carácter comunitario que garanticen el acceso de los y las jóvenes a estos medios de comunicación, dotándolos también de subvenciones y ayudas para el desarrollo de esta actividad.

En resumen, desarrollar modelos de participación juvenil adaptados a la realidad local y autonómica. Dichos modelos deben ser transversales (incidir en todos los ámbitos de la intervención pública que atañen a los jóvenes); universales (garantizar la representación de todos los sectores, especialmente la participación de los colectivos más excluídos o menos informados); flexibles (el formato elegido debe adecuarse a las demandas de los propios jóvenes y tener en cuenta la trayectoria anterior, trabajar sin excesivo formalismo y basado en la "tarea", permitir la participación de jóvenes no asociados…); autónomos (deberían estar capacitados para ejercer diferentes funciones respecto a su interacción con la Institución: presión, control, colaboración); demandados (deberían responder a una iniciativa de los propios implicados).

Además de la ausencia de una política juvenil favorable a los y las jóvenes, el principal problema al que continúa enfrentándose la juventud es el de la educación. A un modelo de educación formal completamente fracasado por su abandono y boicot continuo, se añade un bloqueo global a cualquier intento de profundizar en la educación no formal y en la autogestión educativa y participativa por parte de las personas jóvenes.

La escuela no es ya el principal foco de socialización de los y las jóvenes, ni tampoco el medio para abordar la realidad compleja a la que día a día nos enfrentamos como ciudadanos y ciudadanas. Aspectos tan importantes como la educación sobre la diversidad (ya sea étnica, cultural, sexual o funcional), sobre la relación con el medio ambiente, la educación sexual y sobre la sexualidad, las relaciones de género o la participación, quedan completamente fuera no sólo de sus planes de estudio, sino también de sus capacidades y competencias. Desde Izquierda Unida creemos en una Escuela con mayúsculas, que sea punto de referencia y actúe de elemento socializador para todas las personas, en cualquier edad y a todos los niveles.

Hasta ahora la política juvenil y los discursos que la acompañan oscilan y han oscilado siempre entre dos extremos: el paternalismo desmesurado, que nos considera menores de edad continuos y nos recompensa con viajes a la nieve; y la criminalización continua, que niega los aspectos positivos de esta etapa vital para convertir a todo joven activo en susceptible de ser delincuente, rebelde sin causa o antisistema.

Así, las actuaciones en política juvenil buscan bien el control y la represión, bien la recompensa a la sumisión. Pero NUNCA la participación activa de los y las jóvenes en su diseño, sus objetivos y su alcance. Este problema no es sólo de la juventud, sino que se extiende a todos los ámbitos de nuestra democracia, cada vez más enferma y cada vez menos participativa, respondiendo al mensaje indirecto de prohibido participar.

La participación, la cultura democrática de la acción e intervención directa en la toma de decisiones es la base de cualquier verdadera democracia. Y el mundo juvenil es uno de los espacios privilegiados de desarrollo de esa conciencia. De ahí las claras e interesadas limitaciones a la participación y al asociacionismo construidas desde las no políticas de juventud, ya sean municipales, ya sean autonómicas. Desde el Área de Juventud de IU queremos responder a este modelo socializador que consiste en reducir los espacios públicos de las personas jóvenes a la casa, la escuela, el parque, el centro comercial, y el bar, pub o discoteca. Se nos expulsa progresivamente de todos los espacios públicos, comunes, compartidos y gratuitos, y cuando los ocupamos colectivamente nos convertimos en susceptibles de delinquir.

Así, creemos que el mundo juvenil asociativo y no asociativo debe ser potenciado, facilitando la formación integral de las personas más allá de los déficits que ofrece la escuela. Necesitamos nuevos espacios públicos que ahora no existen, y potenciar los ya existentes (como los Consejos de Juventud o las Casas de Juventud), reforzando la juventud como etapa no sólo formativa sino también muy activa política y socialmente. Con todo ello, nuestras propuestas en este sentido son las siguientes:

1.- Una enseñanza pública, de calidad, laica, no sexista, multicultural, antipatriarcal, participativa, conectada con la historia y la cultura de la comunidad, respetuosa e inclusiva de todas las diversidades y opciones diferentes de las personas jóvenes. Una enseñanza a la que todo el mundo pueda acceder, sin discriminación de ningún tipo, en condiciones de igualdad y total gratuidad, y haciendo posible la compatibilidad del estudio y del trabajo.

2.- Introducción en las escuelas del uso de las Nuevas Tecnologías como medio de aprendizaje, así como la formación en los derechos y deberes laborales básicos del mercado del trabajo, la cultura de la prevención de riesgos laborales y la educación para la salud como elementos claves que deben abordarse respecto a la formación profesional futura de las personas jóvenes.

3.- Incluir en los centros escolares determinadas competencias especialmente claves en la actualidad, como son la educación intercultural, el respeto a la diversidad (funcional, sexual, nacional, étnica…), las cuestiones de género e igualdad, y el desarrollo de una cultura participativa como elemento esencial del desarrollo sociopolítico de la persona. Potenciación de la educación no formal como mecanismo reforzador de la educación en valores. Apostar por incluir en la educación obligatoria una formación dirigida a respetar el medio ambiente y los animales. Todo ello ha de hacerse también mediante una importante revisión de los libros de texto.

4.- Supresión progresiva de la educación privada y de los conciertos escolares en el conjunto de cada CC.AA. Aumento de la plantilla docente para garantizar las ratios legales.

5.- Establecimiento de un Mapa Escolar que garantice que la red pública cubra, en condiciones de calidad y plena gratuidad (transporte, libros, comedor) todas las necesidades de educación entre 0 y 16 años. Dentro de ese mapa educativo debe incluirse el desarrollo y mejora de la red de Escuelas Públicas de Idiomas y de los Centros de Formación de Adultos (EPAS).

6.- Establecer una estrategia para una educación más participativa, propiciando la generación de redes y fomentando el ejercicio de la ciudadanía. Diseño de campañas informativas específicas para su desarrollo en los centros educativos (mediante el desarrollo de jornadas, charlas, talleres…), que buscan la sensibilización de la población estudiantil frente a problemas como por ejemplo el racismo, la degradación medioambiental, la pobreza… y favorecer la cultura por la paz. Realización de campañas informativas en los centros educativos sobre el conocimiento de las diversas opciones sexuales, promoviendo valores como el respeto y la no homofobia. Una enseñanza de calidad para poder formarse dentro de unos valores que caracterizan a la izquierda: solidaridad, no sexismo, antimilitarismo... La docencia, además de ofrecer una educación especializada, técnica y científica, no puede dejar de lado una formación global, crítica y ética de las personas.

7.- Dedicar una especial atención a todas aquéllas personas que expulsa el sistema educativo actual para conseguir su integración en el mercado laboral en condiciones de calidad.

8.- Garantizar la autonomía universitaria y el libre funcionamiento de las Universidades Públicas. Cumplimiento por parte del Gobierno de cada CC.AA. de sus obligaciones económicas con el sistema universitario público. Garantizar una inversión pública creciente y constante en las universidades públicas, impidiendo su sumisión a los intereses del capital privado. Revisión de las tasas académicas, reduciéndolas de manera progresiva hasta su eliminación.

9.- Retirada de la LOU y del Plan Bolonia, así como sus derivaciones, que tienen como objetivo un evidente avance hacia la privatización de la enseñanza universitaria, una reducción de la calidad formativa, la eliminación de la conciencia crítica y la construcción de un modelo educativo superior guiado exclusivamente por principios económicos y atendiendo a los intereses exclusivos del mercado y el pensamiento neoliberal. Frente a ello el papel del Gobierno Autonómico ha de ser impulsar una reforma real de las universidades, a nivel estatal y europeo, donde todos los miembros de la comunidad universitaria estén representados con voz y voto. Se debe democratizar la universidad en todas sus estructuras, especialmente en las referentes al alumnado.

10.- Apertura de las instalaciones de los centros de estudio a todo el mundo, para su uso social.

11.- Ampliación de las becas educativas en la educación pública, en base a criterios socieconómicos. Oferta de Becas-Salario por motivación socioeconómica en la enseñanza universitaria.

12.- Fomento y asesoramiento para el desarrollo del asociacionismo estudiantil en enseñanzas medias y superiores. Incremento de la capacidad de decisión de dichas asociaciones dentro de los Consejos Escolares. Garantizar y difundir, desde el Consejo Escolar, los derechos y deberes de los alumnos.

13.- Reconocimiento del derecho de huelga, de reunión en horario lectivo y de organización estudiantil, mediante la negociación de la Administración con los y las representantes estudiantiles. Eliminación de la figura del profesor/vigilante en los descansos de los Institutos de Enseñanza Secundaria (I.E.S.).

14.- Adecuación de los centros que imparten Ciclos Formativos a las necesidades específicas de estos estudios, acabando con la precariedad en que se imparten múltiples asignaturas.

15.- Las prácticas que se lleven a cabo, tanto en empresas como en la Administración, de estudios universitarios y de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, serán controladas por los sindicatos y remuneradas con un salario y cotización equiparable a la media de la categoría profesional en la cual se está trabajando.

16.- Fomentar en todos los centros de educación pública y privada las jornadas complementarias extraescolares, desde un planteamiento pedagógico no sexista ni discriminatorio.

17.- Ampliar los programas de bachillerato nocturno en los centros, facilitando así la posibilidad de estudiar para aquéllos y aquéllas jóvenes que especialmente por motivos laborales no tengan posibilidad de hacerlo en otro horario.

18.- Vivimos en un mundo donde la violencia es el principal mecanismo de resolución de cualquier conflicto. Hace falta potenciar mecanismos e Instituciones que trabajen por la resolución pacífica de los conflictos, otras políticas son necesarias, y hemos de apostar por la construcción de alternativas y la solidaridad, por una línea de acción política juvenil que se caracterice por:

A) La solidaridad entre pueblos, exigimos la abolición de la deuda externa y el reconocimiento de la deuda ecológica.

B) La solidaridad entre personas, apostamos por globalizar los derechos sociales y laborales, en todas las partes del mundo, sin ninguna discriminación, de género, de origen (nacionales o inmigrados) o de cualquier otro tipo.

C) La solidaridad entre generaciones, hace falta una economía sostenible basada en la cultura de la prevención y la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables con un modelo agro-alimentario respetuoso con el equilibrio ecológico, que además de proveer de alimentos a todo el mundo, garantice su calidad para el consumo.

Las evidentes dificultades económicas que los y las jóvenes padecen, como consecuencia de su situación precaria y discriminada dentro del mercado laboral, se trasladan al otro gran polo de la emancipación económica: el acceso a una vivienda, ya sea en régimen de alquiler, ya sea en el casi inaccesible régimen de compra. Así, gran parte de las personas jóvenes pasan muchos años de su vida de un trabajo a otro, teniendo que optar por vivir en casa de sus padres, sin posibilidad real de emancipación, escuchando además el falso mito de vivir acomodadas y condenando al país a una de las tasas de natalidad más bajas del mundo.

IU considera que cualquier estrategia de actuación en política urbanística ha de partir del doble eje que representa la lucha contra la especulación por una parte, y por otra parte el deber de hacer realidad el derecho constitucional a la vivienda, con el reforzamiento de los mecanismos de control y el endurecimiento de las penas, por un lado, y la potenciación de la puesta en uso de las viviendas vacías, mediante políticas de acción positiva, a través de una fiscalidad que grave el mantenimiento del desuso y que incentive su puesta en el mercado, preferentemente de alquiler, por el otro.

El objetivo claro de la actuación en materia de vivienda por parte de la política juvenil es sencillo: garantizar el derecho constitucional también a las personas jóvenes. Y el mejor indicativo de ese éxito vendrá dado por la reducción de la media de edad emancipatoria de la juventud.

Pero además de las evidentes carencias en materia de vivienda juvenil, los déficits urbanisticos de nuestros municipios van mucho más allá. Nuestras ciudades y pueblos son desiertos de infraestructuras juveniles, sin espacios jóvenes de autogestión, ni espacios deportivos, ni casas de juventud, ni centros culturales...

Nuestras calles tienen una infraestructura cada vez más individual, menos socializadora, con el claro objetivo de sacar a la gente de la calle para enviarla donde interesa: centro comercial-bar. El urbanismo municipal parece claramente construido en esta misma línea de expulsar de los espacios públicos y comunes a la gente. Ocio público no, ocio privado sí. Pensemos cada uno de nosotros y nosotras qué espacios públicos nos han ofrecido entre los 6 y los 30 años de edad, qué espacios hemos ocupado, y sólo encontraremos como respuesta bares, cafeterías, centros comerciales y discotecas. Quizás algún parque.

Frente a ello construimos nuestro programa. Queremos reconquistar la calle, los espacios, lo público. Apostamos por la educación no formal tanto como por la formal. Creemos en la cultura de la participación como verdadera generadora de ciudadanía. Creemos en las personas jóvenes como seres autónomos, capaces de decidir cuáles han de ser las políticas de juventud de sus municipios, y cómo han de gestionarse sus espacios públicos. Creemos en ciudadanos y ciudadanas que sean considerados como tales, y no como delincuentes o como clientes.



Necesitamos por tanto una nueva relación de los y las jóvenes con el urbanismo y el medio. La protección y cuidado del medio ambiente, la ciudadanía y sus necesidades como habitantes del municipio, y los espacios urbanos han de ser abordados globalmente. Por todo ello, realizamos las siguientes propuestas:

1.- Articular un plan de emancipación que tenga como objetivo adecuar los precios de la compra de la primera vivienda y/o alquiler al SMI, recordando tanto el derecho constitucional a la vivienda como la realidad salarial que padecen los y las jóvenes en general. También es importante incrementar la cesión del suelo para VPO. Experiencias de municipios gobernados por IU muestran cómo el principal problema de la vivienda continúa siendo la especulación en torno al suelo. Incremento de la cesión de suelo público para la construcción directa de VPO. Debe garantizarse (y serviría como freno a su vez para la acción especulativa privada) una importante bolsa de VPO en todas las nuevas construcciones y rehabilitaciones de cada Comunidad Autónoma.

2.- Concesión de créditos blandos por parte de la Administración para el acceso a la primera vivienda de los y las jóvenes.

3.- Apuesta decidida por el fomento del alquiler como alternativa viable y positiva para la emancipación juvenil. Para ello deben impulsarse alquileres de renta baja en viviendas gestionadas por la Administración (nuevas o restauradas), compatibles con la renta de los y las jóvenes. Otra vía ha de ser el fomento del cooperativismo juvenil de gestión de vivienda pública en alquiler. Proponemos la creación de bolsas de viviendas sociales de alquiler equivalentes al 5% del parque residencial, con un precio que en ningún caso supere el 20% de los ingresos netos de quienes accedan a vivir.

4.- Apuesta por un urbanismo sostenible, que respete nuestro entorno natural y cultural, de acuerdo con los recursos existentes. El potenciamiento del alquiler joven puede cumplir la doble función social de ayudar a los y las jóvenes en su emancipación y desarrollo personal, implicar a la juventud en la historia y la cultura de su ciudad, y servir como herramienta en la rehabilitación de barrios históricos de los diversos municipios, donde la Administración ha de intervenir y crear bajo su control directo un parque público de viviendas restauradas y rehabilitadas, potenciando una alternativa al modelo actual de urbanismo.

5.- Creación de una red de residencias para estudiantes de bajo coste. Dotación de residencias públicas, albergues y viviendas para los y las estudiantes de todos los grados académicos.

6.- Construcción/Rehabilitación de edificios comunitarios (residencias para la emancipación) con servicios compartidos y régimen de autogestión.

7.- Creación de un banco de viviendas vacías temporalmente para la utilización o intercambio, que faciliten los desplazamientos temporales de los y las jóvenes por motivos profesionales, académicos, etc.

8.- Impulso de programas de convivencia intergeneracional, potenciando en nuestros municipios la experiencia de compartir piso entre jóvenes y personas mayores, como una opción más de emancipación del domicilio familiar y un mecanismo complementario, pero nunca sustitutivo, a la Ley de Dependencia.

9.- Despenalización de la ocupación de viviendas abandonadas y en desuso con fines colectivos o emancipatorios, ya que en muchas ocasiones la ocupación es una respuesta a la especulación o a la falta de espacios sociales en nuestros municipios.

10.- Apoyo a la creación de cooperativas de vivienda, con gestión democrática. Estas viviendas deberán venderse al precio de coste, y en caso de venderse posteriormente quedaría regulado su precio de venta para evitar la caída en la especulación.

11.- Crear una red de transporte interurbano no motorizado. La potenciación del carril-bici, de las zonas peatonales y la racionalización del transporte, favoreciendo el transporte público frente al privado, han de ser el eje de toda actuación política general en materia de transporte.

12.- Aprobación y desarrollo de planes de cooperación intergeneracional de cultivo ecológico y tradicional.

13.- Consultas en procesos de construcción de las ciudades y municipios a menores de 16 años. Se pueden desarrollar en centros educativos y tienen como fin trabajar un eje temático de la construcción simbólica y física de la ciudad, que se materialice en un conjunto de medidas que los jóvenes implicados, después de haberlas trabajado durante un año con el profesorado, entregan al alcalde, como mayor autoridad de la ciudad, quien se compromete mediante acuerdo formal al cumplimiento de una serie determinada de peticiones.

14.- Impulsar, en colaboración con los municipios, una bolsa de conductores y vehículos, de "coches compartidos" para desplazamientos urbanos e interurbanos por trabajo, estudios...

15.- Desarrollo de un sistema público de transporte de calidad (que sirva como alternativa al transporte privado), que además de avanzar progresivamente hacia la gratuidad plena, lo sea ya para personas jubiladas, estudiantes y paradas. Refuerzo de los transportes públicos nocturnos, especialmente en las zonas urbanas e interurbanas que desarrollen un alto volumen de tráfico y demanda. Además debe avanzarse en la progresiva peatonalización de los barrios históricos, y en la transformación energética de dichos medios de transporte, con energías alternativas al petróleo, durante los próximos cuatro años.

Efectivamente, seis son las revoluciones necesarias, entendemos desde la izquierda, para volver a situar a nuestro país en la senda adecuada, y desandar tanto camino andado últimamente en la línea de las políticas neoliberales, conservadoras (del PP) y de falso izquierdismo del PSOE. Dichas revoluciones serían, y tendremos ocasión de ir desgranándolas sobre la marcha de varios artículos, la económica, la democrática, la ambiental, la de los servicios públicos, la de la igualdad y la de la cultura.

El documento completo y que me sirve de base para el desarrollo de esta serie de artículos se encuentra en este enlace, y ha sido desarrollado como un primer avance para centralizar el Programa Electoral con el que la coalición Izquierda Unida y toda la Convocatoria Social por ella promovida quieren presentarse a las próximas Elecciones Generales del 20N. En este primer artículo, sólo vamos a presentar el sumario general, es decir, el enfoque y enmarque concreto de todas las medidas correspondientes a las referidas seis revoluciones, que iremos desarrollando en próximos artículos de esta serie.

En cuanto a la Revolución Económica, quizá la más urgente de todas ellas, dados los momentos de crisis generalizada que vivimos, se abordarán propuestas para concretar medidas para una reforma fiscal progresiva (incluyendo las medidas referidas al famoso déficit público, que tanto debate han suscitado últimamente, debido a la propuesta de reforma constitucional en la línea ya conocida), las propuestas para la creación de una verdadera Banca Pública, las propuestas de lucha contra la economía sumergida, las dirigidas a impulsar la economía real (puesta al servicio de las personas, y no de los mercados), las propuestas encaminadas hacia el cambio a un nuevo modelo productivo (más justo desde los puntos de vista productivo, humano, social y medioambiental) y las propuestas dirigidas a la protección de las personas desempleadas.

En cuanto a la Revolución Democrática, se abordarán fundamentalmente propuestas para cambiar la actual Ley Electoral (sobre todo en la línea de acabar con las injusticias en torno a la representatividad de las formaciones políticas), propuestas para acabar con la corrupción (que tanto daño hacen a la imagen de la política y de los políticos, contribuyendo a su continuo descrédito y desapego por parte de la ciudadanía), propuestas para una evolución completa hacia una Estado Laico (anulando todos los privilegios actuales de la Iglesia Católica), propuestas para caminar hacia una democracia plena (y por tanto, mucho más participativa que la actual), y como no podría ser de otra manera, propuestas para avanzar hacia la implantación de la III República, y hacia un modelo de Estado Federal.

En cuanto a la Revolución Ambiental, haremos propuestas para mejorar la planificación urbanística, para avanzar hacia una política de alquiler de viviendas sociales, para una mejor planificación y gestión del suelo público, propuestas para la mayor implantación del transporte y la movilidad sostenibles, propuestas para otro modelo energético, que mire de verdad hacia las energías limpias y renovables, propuestas para una gestión pública del agua, y propuestas que protejan el entorno, así como que fomenten la agricultura sostenible.

En cuanto a la Revolución por los Servicios Públicos, realizaremos propuestas para ahondar y mejorar la educación pública y laica, propuestas para una sanidad pública, gratuita y universal, propuestas por unos servicios sociales de calidad, propuestas para incidir en la evolución de los derechos fundamentales, tales como el de la vivienda, propuestas para unas pensiones públicas dignas para nuestros mayores, y propuestas que aborden una reforma y modernización de nuestra justicia.

En cuanto la Revolución por la Igualdad, avanzaremos en las propuestas para conseguir una auténtica y completa igualdad real entre hombres y mujeres, propuestas para garantizar los derechos de los inmigrantes, propuestas para la igualdad de derechos del mundo LGTBI (homosexual), así como una redefinición y ampliación de las propuestas que tienen que ver con la paz, la cooperación y la solidaridad. Por último y en cuanto la Revolución de la Cultura, profundizaremos en propuestas para una democratización de los medios de comunicación (incluyendo Internet), propuestas de inmersión cultural abordadas desde lo público, garantizando la diversidad, y propuestas para una adecuación de los derechos de propiedad intelectual más acordes con el mundo actual y las nuevas tecnologías.