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31 agosto 2011 3 31 /08 /agosto /2011 23:00

Lo que se ha dado en llamar Comercio Justo (digamos, la versión "humanista" del libre comercio implantado en el siglo XX) es una forma alternativa de comercio promovida por algunas ONG's, la ONU y varios movimientos sociales y políticos (tales como el pacifismo y el ecologismo) que promueven una relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores. Los principios que defiende esta corriente son, entre otros:

 

comercio_justo.jpg1.- Los productores han de formar parte de Cooperativas u otro tipo de organizaciones voluntarias, funcionando democráticamente.

 

2.- Fomento de la libre iniciativa y del trabajo, en rechazo a los subsidios y demás ayudas asistenciales.

 

3.- Rechazo a la explotación infantil.

 

4.- Igualdad entre hombres y mujeres.

 

5.- Fomento del trabajo digno (aquél que respeta los derechos humanos).

 

6.- El precio que se pague a los productores permitirá para éstos unas condiciones de vida dignas.

 

7.- Los compradores generalmente pagarán por adelantado, para evitar que los productores tengan que buscar otras formas de financiación.

 

8.- Se valora la calidad y los procesos de producción sostenible.

 

9.- Se valora y fomenta el ciudado del medio ambiente.

 

10.- Se busca la forma de evitar intermediarios entre productores y consumidores.

 

11.- Se informa a los consumidores acerca del origen de los productos.

 

12.- Todo el proceso ha de ser voluntario, en lo que se refiere a la relación entre productores, distribuidores y consumidores.

 

Por tanto, el Comercio Justo es favorable a la libertad de comercio en igualdad de condiciones, es decir, abolir las restricciones discriminatorias para los productos provenientes de los países en desarrollo, desde materias primas a manufacturas o tecnología. De esta forma se combate también todo tipo de proteccionismo, y las condiciones de desigualdad y/o discriminación provenientes del mismo. Intenta también evitar las grandes diferencias entre el precio que pagan por un producto los consumidores del primer mundo, y el dinero que se les paga a sus productores en el tercer mundo, además de evitar la explotación de los trabajadores. Por tanto, todo esto contribuye a compensar los efectos de esa obsesión consumista por el precio más barato, sin más consideraciones, y sus consecuencias, a saber:

 

1.- Progresivo deterioro de la calidad y durabilidad de los productos.

 

2.- Explotación de los productores.

 

3.- Consecución de un precio justo, es decir, que éste no incluya componentes influídos por intervenciones o subsidios estatales, que distorsionan el concepto y la utilidad del comercio justo.

 

comercio_justo2.jpgLa idea del Comercio Justo tuvo su origen histórico en la Conferencia (UNCTAD) de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en 1964. Allí, algunos grupos plantearon suplantar la ayuda económica hacia los países pobres por un régimen de apertura comercial de los mercados de alto poder adquisitivo. En principio, esta idea fue apoyada sólo por muy pocos países, que empezaron a comercializar productos del llamado Tercer Mundo en Europa, evitando las barreras arancelarias de entrada. A partir de ese momento, se inició una cadena de tiendas solidarias por todos los países europeos, que llega hasta nuestros días. Así, en 2006 ya había organizaciones de comercio justo en Europa, Canadá, Estados Unidos, Japón, con ventas en más de 3.000 tiendas solidarias, por catálogos, por representantes, y por grupos.

 

En realidad, el sistema llamado Comercio Justo o Comercio Alternativo es una iniciativa para crear canales comerciales innovadores, dentro de los cuales la relación entre las partes se orienta al logro del desarrollo sostenible de la oferta. Es un tipo de comercio orientado por tanto hacia el desarrollo integral, garantizando la sostenibilidad económica, social y ambiental, y respetando además la idiosincrasia de los pueblos, sus culturas, sus tradiciones, y los derechos humanos fundamentales.

 

La filosofía del Comercio Justo es que la mejor ayuda de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo es el establecimiento de relaciones comerciales éticas y respetuosas, que garanticen el crecimiento sostenible de las naciones y de los individuos. Más que por las entidades oficiales o estatales, el Comercio Justo es impulsado y practicado por millones de personas solidarias en diversas partes del mundo. Las llamadas Tiendas del Tercer Mundo cumplen un rol decisivo, a través de voluntarios que en sus horas libres apoyan en la venta de productos como Café de Colombia, Ron de Cuba, Miel de Chiapas, Quinua de Bolivia y Perú, etc. El Comercio Justo persigue los siguientes objetivos:

 

1.- Garantizar para los trabajadores un salario justo.

 

2.- Mejorar las condiciones de seguridad e higiene del lugar de trabajo.

 

3.- Fomentar la igualdad de oportunidades para las mujeres.

 

4.- Proteger los derechos de la infancia.

 

5.- Salvaguardar las minorías étnicas.

 

6.- Preservar el medio ambiente.

 

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30 agosto 2011 2 30 /08 /agosto /2011 23:00

La Protección Civil es una parte importante de la seguridad pública ciudadana, y por tanto, su desarrollo es competencia plena de las Administraciones Públicas. Es necesario avanzar mucho más en el ámbito de Protección Civil, desarrollar todo su marco competencial y adaptarlo a la nueva realidad social, económica y ecológica del territorio, así como las nuevas dinámicas del mundo local. Nuestras propuestas concretas para este área son las siguientes:

  

proteccion_civil.jpg1.- Diseñar el modelo de seguridad ciudadana integral e integrado, que incorpore la vertiente de la Protección Civil como una materia prioritaria y se coordine con los diferentes grupos operativos: Guardia Civil, bomberos, sanitarios (emergencias), policías locales y Protección Civil. En este sentido, el objetivo es que los servicios de emergencia y de seguridad lleguen en 15 minutos ante cualquier persona que esté en situación de riesgo.

 

2.- Reforzar la capacidad inspectora y sancionadora que vele por el cumplimiento de la normativa y promueva la investigación de los accidentes y de los sucesos que se produzcan.

 

3.- Dar el apoyo conveniente a los municipios, para cumplir el precepto de prestar asistencia y auxilio en materia de protección civil, especialmente en los municipios de menos de 20.000 habitantes y en los que cuentan con riesgos especiales.

 

4.- Impulsar la creación, la formación y la organización de voluntariado civil para llevar a cabo tareas de apoyo a los grupos actuantes y operativos en la prevención y la actuación ante las situaciones de riesgo y/o de emergencia.

 

En cuanto a la seguridad privada, desde el año 1996, con la llegada del Partido Popular al gobierno español, la inversión en seguridad privada se ha convertido en uno de los negocios más rentables económicamente. El enorme crecimiento de empresas de seguridad, así como el desproporcionado aumento de personal que trabaja en el sector de la seguridad privada (más de 120.000 trabajadores y trabajadoras en toda España), obliga a los poderes públicos a ejercer un riguroso control sobre esta actividad.

 

Por ello,  desde Izquierda Unida proponemos la regulación de la figura del vigilante de las discotecas y de las salas de fiesta, y la comprobación de la titulación específica exigible al personal que trabaja en el sector de la seguridad privada.

 

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29 agosto 2011 1 29 /08 /agosto /2011 23:00

Acabamos de asistir a las últimas Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) en Madrid, y ya nos hemos enterado de que las próximas se celebrarán en Río de Janeiro (Brasil) en 2013. De entrada, no sé porqué no añaden a las siglas la C, por Católica, puesto que es la juventud no ya religiosa, ni siquiera cristiana, sino la católica (apostólica y romana, para más señas) la protagonista de estas Jornadas.

 

A medida que contemplaba los acontecimientos, pues además los seguían desde la televisión y la radio públicas, luego por tanto no había manera de no tragárselo, aumentaban mis sentimientos de tristeza y decepción, al comprobar cuán lejos nos encontramos todavía de vivir en un Estado Laico, un Estado verdaderamente independiente de todas las confesiones religiosas, donde la Iglesia Católica no disfrute de los privilegios que posee actualmente. Que conste que no se trata de un ataque personal a los jóvenes llegados de todas partes del mundo para participar en las susodichas Jornadas, sino de la necesidad de que la religión (todas las religiones) salga completamente de la vida pública de una vez por todas, y que por tanto eventos de esta naturaleza sean seguidos únicamente por los fieles y demás interesados.

 

Pues sí, hemos tenido que contemplar cómo el Papa era recibido con honores de Jefe de Estado, cómo se entrevistaba con toda la familia real, cómo despachaba con el Presidente del Gobierno, con el líder del mayor partido de la oposición, y demás representantes de las más altas Instituciones del Estado, y cómo se desplegaba toda una parafernalia de recursos y de medios que han convertido Madrid en la capital del Catolicismo por excelencia durante esos días. Todo ello, evidentemente, con una carga a los presupuestos públicos, que aunque se intente esconder, ignorar o disfrazar por el actual Gobierno, sabemos que existe, teniendo en cuenta además los tiempos de tremenda austeridad pública que vivimos. En una palabra: LAMENTABLE.

 

Desde la izquierda (IU ha sido la única opción política que apoyó la Marcha Laica del día 17) seguiremos luchando para que algún día consigamos que todas las religiones, a las que seguimos considerando el opio de todos los pueblos, sean sólo cultivadas y sostenidas económicamente por sus fieles, y que podamos vivir en un Estado Laico, verdaderamente aconfesional, donde no tenga que venir ningún líder religioso a decirnos cómo tenemos que pensar, que sentir, que vivir. Con todo ello conseguiremos algún día que el Hombre crea sólo en el Hombre, y entonces estaremos en condiciones de comenzar a vivir el fin de los problemas que nos llevan acuciando durante siglos, derivados de la manipulación maniquea que las creencias religiosas han provocado en la raza humana, impidiéndole ver la realidad tal cual, nublando su mente con falsas y oscuras consignas de fe y de liberación.

 

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28 agosto 2011 7 28 /08 /agosto /2011 23:00

En los últimos años, nuevos fenómenos y realidades sociales emergen en una sociedad cada vez más compleja, fruto de su propio desarrollo sustentado en unos principios económicos neoliberales que agudizan las desigualdades, rompen el crecimiento económico y dificultan la integración social. El fenómeno de la delincuencia no es ajeno a esta realidad compleja de la seguridad_publica.jpgsociedad en que vivimos.

 

La creciente desigualdad de rentas propicia espacios para el desarrollo de la delincuencia a escala global y local, y la aparición de nuevas conductas delictivas, unas vinculadas a la criminalidad económica y financiera (blanqueo de dinero, tráfico de drogas y armas, redes de corrupción...) y otras a la irrupción de algunas mafias y bandas criminales y de delincuencia organizada internacionales, con nuevas tipologías en sus métodos de actuación y mucho más violentas. Hay, sin embargo, otros comportamientos delictivos, de carácter creciente, que forman parte de la evolución contradictoria de la sociedad y que precisan acciones reactivas y preventivas.

 

En IU entendemos que el fenómeno de la inseguridad ciudadana y de la actividad delictiva solo es posible abordarlo desde una acción global e integral de conjunto, formando parte de una estrategia preventiva que aborde la educación y la formación, la asistencia social, las expresiones culturales y de convivencia, el urbanismo, el uso social de los espacios públicos, la política de vivienda social, la acción integral en barrios en situación de riesgo...

 

Esta acción debe ser complementaria a las imprescindibles acciones policiales y a la justicia penal. La acción policial y penal no es incompatible con acciones preventivas. La experiencia europea nos dice que el incremento de detenidos en las prisiones no ha provocado la reducción  del número de hechos delictivos, por eso son precisas políticas públicas transversales de inclusión social y de prevención, unos servicios públicos de calidad y la reducción de los factores de riesgo. Trabajar, sin embargo, la inseguridad ciudadana solo desde la prevención de los factores de riesgo sería no solamente insuficiente, sino también un error. Por ello, son imprescindibles unos cuerpos policiales próximos al territorio y a la ciudadanía, y con la formación básica y especializada para hacer frente con profesionalidad y eficiencia a las diferentes expresiones delictivas que se producen.

 

Hace falta por tanto un modelo de Seguridad Pública basado en la efectividad policial por encima de las especificidades corporativas, un modelo policial integrado más eficaz que contribuya a sumar esfuerzos, que favorezca la coordinación y cooperación policial y que responda a la demanda de la ciudadanía, que nos pide una seguridad entendida como un servicio público de calidad. En este sentido, las propuestas concretas del programa marco autómico son las siguientes:

 

1.- Establecer o mejorar los órganos de coordinación del Gobierno autonómico con los Ayuntamientos y el Gobierno Central.

 

2.- Plan de Seguridad Pública que establezca directrices y políticas a desarrollar a partir de la prevención de riesgos, las actuaciones y los medios en materia de seguridad ciudadana, emergencias y seguridad vial.

 

3.- Garantizar el ratio de 4,5 policías por cada 1.000 habitantes.

 

4.- Incorporación de facultativos, administrativos y técnicos en las tareas de apoyo, para incrementar el número de agentes destinados a tareas policiales.

 

5.- Elaboración y aplicación de un Plan de Carrera Profesional que recoja todos los grados del escalafón de la policía, con homologación de las correspondientes titulaciones académicas.

 

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25 agosto 2011 4 25 /08 /agosto /2011 23:00

Históricamente el sistema constitucional español ha sido incapaz de conseguir la independencia del Poder Judicial. Hoy la utilización partidista de órganos tan importantes como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado está llegando tan lejos, que la crisis producida está minando la credibilidad de la propia Justicia. La corrección de esta situación obliga a reformar el sistema de elección de estos órganos, haciendo desaparecer las cuotas de partido. En el caso del Tribunal Constitucional, se debería permitir además participar en la elección de sus miembros a las Comunidades Autónomas, a través del Senado. En el caso del Fiscal General del Estado, su elección y cese debería depender de las Cortes Generales. Se debería cambiar el modelo de Ministerio Fiscal, atribuyendo la instrucción al propio fiscal. Otro problema constitucional respecto al diseño de la Justicia es la permanencia de Tribunales procedentes del franquismo, como la Audiencia Nacional y los Tribunales Militares, que en nuestra opinión deberían desaparecer y pasar sus atribuciones a la jurisdicción ordinaria.

 

justicia.jpgOtro aspecto importante es el rechazo corporativo de una parte importante de la judicatura, de ideología conservadora y a veces totalitaria, a la aplicación de la Justicia Universal y la presión que ejerce para mantener la impunidad de los crímenes franquistas. La acusación de prevaricación aceptada por el Tribunal Supremo contra el juez Garzón por intentar investigar dichos crímenes, nos indica el calado de estas ideas en los magistrados del Poder Judicial. La Justicia Universal significa un avance civilizatorio fundamental en la lucha contra la impunidad de los genocidas y de los gobernantes que cometen crímenes de lesa humanidad. Los crímenes cometidos por el régimen fascista de Franco, son de lesa humanidad y por lo tanto no pueden prescribir por el sólo motivo de existir una Ley de Amnistía aprobada previamente a la aprobación de la Constitución. La persecución y clarificación de los crímenes del franquismo y la restitución del honor de las víctimas es un deber moral que tiene el Estado democrático, y que ayudará a cerrar las heridas de la Guerra Civil. Esta fuerza política se compromete a luchar con todas sus fuerzas para la consecución de estos objetivos.

  

Otro problema de calado es el distanciamiento progresivo de la Justicia respecto a la ciudadanía, que se concreta en su opacidad y en las dificultades que tiene el ciudadano para disponer de información y poder acceder a ella de forma directa, sin tener que contratar a un procurador o un abogado. Por otro lado, las reformas realizadas no han mejorado sustancialmente el funcionamiento de la Administración de Justicia, sino que ésta se está convirtiendo en una organización donde prima la rapidez en lugar de la justicia, aun a costa de "expulsar" a los ciudadanos y ciudadanas de los Juzgados y de que el personal funcionario desconozca el fondo de los procedimientos en curso.

 

Democratizar la Justicia y transformar su Administración en un servicio público transparente, ágil y de calidad, cercano a la ciudadanía, debe ser un objetivo prioritario de la izquierda transformadora.

 

Por último, alertar sobre los planes de privatización y liquidación del derecho constitucional a la "justicia gratuita" que se suministra a través del Turno de Oficio en aquellos casos en que los ciudadanos y ciudadanas no disponen de recursos suficientes. En diversas Comunidades Autónomas existen proyectos para trasladar la gestión de este servicio desde los Colegios de Abogados a los grandes despachos de abogados, limitando su alcance a colectivos mas reducidos.

  

La justicia gratuita es un derecho fundamental que debemos defender. El Turno de Oficio debe transformarse en un servicio público prestado por las Administraciones Públicas, con recursos propios y/o externos.

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24 agosto 2011 3 24 /08 /agosto /2011 23:00

Acabamos de publicar hace algunos días nuestra serie de artículos relativos a la Cadena de Producción, y sobre todo el número 4 (IV) de la serie nos hablaba sobre la problemática de los hábitos de Consumo dentro de la cadena, y de cómo éstos formaban parte de la misma como pieza esencial que garantizaba la continuidad del sistema. Pues bien, vamos a abordar en el presente artículo el concepto de Consumo Responsable, para intentar concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de cambio de nuestros hábitos consumistas, y contribuir con ello a una mayor sostenibilidad y justicia social del sistema.

 

La Wikipedia nos dice que el "Consumo Responsable es un concepto defendido por algunas organizaciones ecologistas, sociales y políticas que consideran que los seres humanos haríamos bien en cambiar nuestros hábitos de consumo, ajustándolos a nuestras necesidades reales y optando en el mercado por opciones que favorezcan la conservación del medio ambiente y la igualdad social". Como vemos, un concepto que va en la línea de acabar con el consumismo desmedido, compulsivo e irresponsable, y con todos sus inconvenientes, siendo el principal de ellos el seguir contribuyendo a la actual cadena de producción, y por tanto, a todas sus graves consecuencias, de tipo social, económico y medioambiental. Más adelante continúa: "Se esgrime que el acto de consumir no es solamente la satisfacción de una necesidad, sino que también implica colaborar en los procesos económicos, medioambientales y sociales que posibilitan el bien o producto consumido. Por ello, se postula que deberían tenerse en cuenta en el momento de elegir entre las opciones disponibles en el mercado, aquéllas que menos repercusiones negativas tengan".

 

Para la autora y activista Esther Vivas, "como consumidores podemos optar por llevar a cabo un consumo responsable, comprar en los mercados locales y en las tiendas de barrio, pero más allá de nuestra opción individual, es muy importante actuar colectivamente, implicándonos en campañas de boicot y participando en cooperativas de consumidores de productos ecológicos que establecen relaciones de compra directa con los productores de su entorno. Asímismo, es necesario trabajar en campañas más amplias tales como el movimiento altermundista, ecologista, feminista, en una perspectiva de lucha y transformación social y política global". Como vemos, es un fenómeno que abarca y se proyecta a muchos otros, y que tiene relación con las diferentes tendencias que, cada una en su ámbito, pero a la vez todas ellas relacionadas entre sí, intentan cambiar las intrincadas relaciones y dependencias del mundo en que vivimos.

 

consumo_responsable.jpgEn realidad, y como nos ilustra el gráfico adjunto, el Consumo Responsable es sólo un factor más de todos los que forman un concepto mayor que pudiéramos denominar Economía Solidaria, y de la que participan también los conceptos de Sensibilización Ambiental (preocupación en los procesos industriales de los posibles daños al medio ambiente, y el diseño de acciones preventivas y correctivas), la Empresa Solidaria (aquél modelo de empresa que tiene en cuenta no sólo el factor beneficio, sino que también procura el protagonismo de los trabajadores/as y las condiciones de empleo digno), y la Banca Ética (aquél modelo de organización financiera que garantiza unas condiciones y un desarrollo sostenible de las inversiones, créditos y flujos de capital, fomentando la iniciativa y el control público). A todo ello le uniríamos también el concepto de Comercio Justo, que explicaremos en un próximo artículo, y proporcionaremos una gran Alternativa Social al actual modelo o Cadena de Producción, ya explicada en anteriores artículos.

 

Algunos de los puntos a tener en cuenta para un consumo responsable serían los siguientes:

 

1.- Considerar el impacto medioambiental desde el punto de vista del ciclo de vida del producto a comprar, valorando los procesos de producción, transporte, distribución, consumo y residuos que deja el producto (como vemos, todas las fases de la gran cadena de producción que ya hemos comentado en anteriores artículos).

 

2.- Determinar la huella ecológica que determinado estilo de vida y tipo de consumismo producen. Como ya dijimos en algún artículo de la serie, el Hombre es el único animal que es capaz de alterar el entorno donde vive, y ya habíamos comentado los efectos perniciosos que algunos inventos (como la moda) pueden producir.

 

3.- Determinar qué empresas, productos y servicios respetan el medio ambiente y los derechos humanos, para preferirlos frente a otros que no cumplan con los citados requisitos. Interesantísimo punto éste, que nos lleva a implicaciones sociales y políticas de todo tipo, a decisiones estratégicas no sólo personales, sino también colectivas, que favorezcan a determinados grupos, gobiernos o empresas que a su vez apoyen el consumo responsable, y desechen las otras tendencias consumistas.

 

4.- Plantear el tipo de comercio que se desea favorecer. Es consecuencia también del punto anterior, pero además le sumamos el factor político de favorecimiento o apoyo a ciertos sectores frente a otros, que puedan suponer un equilibrio de la balanza, y una apuesta por los procesos diferentes a los de la actual cadena. Aquí podríamos también incluir la apuesta por ciertos tipos de industrias, de cultivos, de hábitos, de tendencias, que posibiliten a largo plazo la implantación de nuevos procesos más acordes con el consumo responsable.

 

5.- Asegurar la calidad de lo comprado. También un punto fundamental, pues precisamente los buenos controles de calidad son imprescindibles para obtener buenos productos finales, y su ausencia es la que provoca en muchos casos que productos que no debieran estar en la cadena de producción estén presentes, causando muchos problemas.

 

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23 agosto 2011 2 23 /08 /agosto /2011 23:00

Una vez enunciados los grandes principios generales que inspiran nuestra visión del Sistema Público de Salud (véase artículo anterior), lo complementamos ahora con las siguientes propuestas, que inciden en una serie de mejoras y ampliaciones sobre el mismo:

 

1.- Pedimos el establecimiento, por norma legal, de una atención sanitaria de médicos de familia con mínimo de diez minutos; que la atención de especialistas, análisis, radiografías, etc., no exceda de los diez días; que el tiempo de espera en ingresos hospitalarios no supere los treinta días tras el diagnóstico de la operación, y que los hospitales públicos cubran un máximo de 250.000 usuarios.

 

sanidad_publica2.jpg2.- Incrementar el número de camas de media y larga estancia hasta las recomendaciones de 5 camas por cada 100 mil habitantes, así como sistemas alternativos a la hospitalización: Cirugía ambulatoria, hospital de día, asistencia domiciliaria, etcétera.

 

3.- Completar la Red de Centros de Salud, uno por cada zona de salud de 5 a 25.000 habitantes, adquiriendo la administración el compromiso de que mientras no tengamos este objetivo, en el desplazamiento por derivación del sistema, se abonará su coste.

 

4.- Potenciar la dedicación exclusiva y la incompatibilidad, y garantizar, con sistemas adecuados de organización del trabajo, la rentabilidad de la tecnología sanitaria y de los recursos hospitalarios, estableciendo horarios de mañana y tarde que reduzcan las listas de espera.

 

5.- Incrementar las medidas que garanticen la transparencia en la gestión de los centros y servicios, y en las políticas de personal, con un seguimiento de la tarea asistencial y controles de eficiencia y eficacia cada dos años.

 

6.- Recuperar las cesiones de gestión llevadas a cabo durante los últimos años.

 

7.- Hay que responder al aumento de la expectativa de vida al nacer y al consecuente mayor envejecimiento de la población, abordando una Red Integral de Atención Geriátrica, que tenga en cuenta la creación de un Servicio Geriátrico por Área.

 

8.- Facilitar el acceso a una Muerte Digna dentro de los servicios sanitarios, consensuando la normativa y posibilitando los recursos necesarios dentro de las instituciones públicas para toda la población.

 

Para desarrollar estos objetivos es necesaria la participación social, por lo que IU propone:

 

1.- Modificar la actual legislación sobre órganos de participación, dando un carácter ejecutivo en la aplicación de los planes de salud que permita la participación real de la ciudadanía y acercar las políticas asistenciales a la realidad social.

 

2.- Creación de la figura del Defensor del Paciente en cada departamento sanitario.

 

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21 agosto 2011 7 21 /08 /agosto /2011 23:00

En los últimos años surgen iniciativas que con el pretexto de "modernizar" y hacer "sostenible" los sistemas de salud, reclaman nuevas aportaciones económicas por parte de la ciudadanía, que pasa a ser considerada como "cliente". Es lo que se conoce como "co-pagos", o nuevas tasas, o limitaciones de la cartera de servicios. Se da prioridad a una supuesta gestión "eficaz y actual" y de "mercado" por encima de la satisfacción de los derechos democráticos, económicos y sociales.

 

Se reiteran los viejos argumentos de que no hay bastante dinero para sanidad y que hay que poner unos "límites" al gasto. Se culpabiliza a la ciudadanía del gasto sanitario público con el fin de vencer las resistencias hacia un RE-pago, y se la dirige hacia aseguradoras y coberturas privadas. En algunas CC.AA, más de la mitad del presupuesto sanitario se sigue derivando a conciertos, consorcios y entidades de carácter privado o mixto.

 

sanidad_publica1.jpgDesde Izquierda Unida nos pronunciamos rotundamente en defensa del Sistema Sanitario Público en todo su carácter, magnitud y manifestaciones conquistadas: público, universal, de calidad, integral, solidario y de equidad garantizada. Consideramos que su objetivo irrenunciable es el de dar la cobertura y servicios para garantizar el derecho constitucional de la ciudadanía a la protección de la salud, sin discriminación de ningún tipo. Y no sólo en la vertiente reparadora o curativa, sino también en las acciones de prevención y promoción de la salud.

 

Por tanto, nos reafirmamos en la concepción de la Salud como una categoría que va más allá de la ausencia de enfermedad, y se considera "un estado completo de bienestar físico, mental y social". Defendemos que la salud individual sólo puede abordarse de forma colectiva y social. Enfermamos, o no, en función de cómo vivimos, y nuestras condiciones económicas y psico-sociales producirán más enfermedad o más salud, que la propia condición biológica.

 

Entendemos que la salud es un derecho y no una mercancía. Por lo que defendemos la universalización de la sanidad como prestación no contributiva y derecho subjetivo de la ciudadanía. Para garantizar este derecho, proponemos una financiación adecuada que salga del sistema fiscal, a través de las siguientes medidas:

 

1.- Necesidad de convergencia en gasto social de España con la UE- 15: déficit de 1605 € per cápita.

 

2.- Financiación adicional para la Sanidad Pública del 5,7% al 6,7% del PIB.

 

3.- Financiación adicional finalista destinada a dotar el Fondo de Cohesión para financiar equidad y estrategias mediante impuestos: tabaco, alcohol, etc.

 

4.- Rechazamos frontalmente todas las formas de mercantilización de la atención sanitaria bajo engaños de Co-pagos y complementariedades.

 

5.- Disminución progresiva del Capítulo de Conciertos incluyendo la cesión de gestión a empresas privadas con un claro ánimo de lucro, en la línea de rentabilizar y aumentar la cobertura del sistema público.

 

6.- Limitación del beneficio de las compañías farmacéuticas o regularización de precios y especialidades, mediante una Comisión de expertos.

 

7.- Generalización del uso de los medicamentos genéricos, suavizar la Ley de Patentes y regular el margen farmacéutico.

 

8.- Incentivar los proyectos de investigación sanitaria a todos los niveles, para que reviertan en una mayor calidad de los servicios, aumentando el porcentaje del presupuesto destinado a I+D al 1% del presupuesto sanitario global.

 

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18 agosto 2011 4 18 /08 /agosto /2011 23:00

IU apuesta claramente por un modelo de Estado Federal solidario, en el que los déficits que puedan presentar determinados territorios, respecto al ejercicio de derechos fundamentales, tendrán que ser compensados arbitrando mecanismos de financiación específica. Este planteamiento resulta especialmente adecuado a la situación de la educación en nuestro país, dadas las importantes desigualdades territoriales que existen al respecto, desigualdades que se presentan también dentro de las diferentes CC.AA. Por ello, nuestras propuestas programáticas sobre financiación pretenden, ante todo, que las oportunidades educativas de todos los ciudadanos y ciudadanas sean básicamente iguales, al margen del hecho de residir en una u otra comunidad autónoma, o de vivir en una zona rural o urbana.

 

escuela_publica.jpgLa financiación pública de la educación debe ser, en cada CC.AA., suficiente y solidaria. Lo primero, para asegurar una oferta educativa pública que garantice la aplicación de las reformas en marcha y sea adecuada a las necesidades de cada territorio (CC.AA., Distrito, Municipio); y lo segundo, para evitar desigualdades en las oportunidades educativas entre la población de unas zonas y otras. Para el modelo de financiación educativa, nuestras propuestas son las siguientes:

 

1.- Alcanzar en la próxima legislatura un gasto educativo por alumno/a acorde con la asignación de al menos el 6% del PIB estatal para gasto público educativo, y exigir que la Ley Educativa de cada CC.AA. contenga compromisos explícitos de financiación.

 

2.- Crear un Fondo de Compensación Interterritorial para la educación en cada CC.AA., cuya administración estaría supervisada por el Consejo Escolar autonómico y por el Consejo Interuniversitario.

 

3.- Incrementar sustancialmente los distintos tipos de becas: matrícula, material escolar, desplazamiento, igualdad de oportunidades (estancia).

 

4.- Transferir a los municipios los fondos finalistas que les permitan desarrollar mayores competencias en educación. Por ejemplo, la relativa a dotaciones de equipamientos y material didáctico, incluyendo los libros de texto en las etapas obligatorias. NOTA: un fondo finalista es aquél que no puede ser dedicado a otro concepto distinto al que fue previsto. 

 

5.- Plan estratégico en cada CC.AA. de enseñanza presencial y no presencial asistida, en el que queden incorporadas las nuevas tecnologías y se produzca la adaptación de las mismas al sistema educativo.

 

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17 agosto 2011 3 17 /08 /agosto /2011 23:00

Escribimos hace algún tiempo una serie de dos artículos bajo el título "Los tipos de terrorismo" (que aprovecho para agradecer a los lectores la gran acogida que tuvieron, pues las estadísticas del blog me dieron muchas referencias de su masiva lectura), y ahora vamos a hacer lo propio sobre los tipos de prostitución. No sé si tendrá la misma acogida que el artículo citado, pero vamos por lo menos a intentarlo, pues creo que también es un tema de interés, incluso con algún punto en común, pues igual que pasaba con la palabra "terrorismo", la asociamos únicamente a un tipo, a una sola modalidad, sin darnos cuenta de a cúantas actitudes y comportamientos los podemos calificar así también.

 

Efectivamente, la RAE, con su acostumbrada visión dogmática de los conceptos, nos define prostitución como "Actividad a la que se dedica quien mantiene relaciones sexuales con otras personas, a cambio de dinero". Pues bien, sin querer desmentir a nuestra Real Academia, vamos a poner en debate esta única acepción, pues creemos que podemos aplicar dicho término a un montón de situaciones distintas. Si tuviéramos que entrever un hilo conductor, descubrir un mínimo común múltiplo (como se diría en matemáticas) para todos los comportamientos que se puedan tildar de prostitución, quizá nos quedaríamos únicamente con el concepto, la idea o el matiz de lo que podemos llamar INTERCAMBIO ILÍCITO.

 

Es decir, cualquier comportamiento humano que apoye, practique, instigue o consienta el intercambio ilícito de información, productos, bienes, servicios o poderes, puede considerarse prostitución. Precisamente por esto no es un delito, porque además ese grado de licitud o ilicitud va cambiando históricamente, y es además susceptible y dependiente de las culturas y las civilizaciones...¿quién decide si cierto intercambio es más o menos lícito? Pues lo deciden las sociedades, los pueblos, las culturas y las civilizaciones, según el momento histórico y su propia tradición.

 

Pondremos un ejemplo: supongamos que viene un vecino a casa que entiende de electricidad, y le pedimos el favor de que nos arregle un enchufe que nos chispea. En agradecimiento (intercambio), nosotros no le cobramos nada por unas clases particulares de apoyo a su hijo para que pueda aprobar una asignatura pendiente. Podemos considerar este intercambio completamente lícito, pero si lo que nos pide a cambio nuestro vecino es que le aprobemos el examen a su hijo (suponiendo que seamos su profesor), este intercambio ya no es tan lícito. Desde ese punto de vista, podría ser considerado (si lo aceptamos, claro está) un comportamiento de prostitución, porque prostituye (altera, desvirtúa) el nivel adecuado, correcto, normal o proporcionado (lícito) del intercambio. Pero sin embargo, casos como éste, con todas sus variantes, han podido ocurrir y ocurren muchas veces.   

 

El mensaje por tanto es que (casi) todos practicamos la prostitución de una forma u otra, y que no hay que avergonzarse por ello, pues no siempre nuestros intercambios o flujos de información con otras personas son completamente lícitos, lo que ocurre es que no todos los actos de prostitución están socialmente bien vistos, es decir, que unos están mejor vistos que otros, y ahí es donde tenemos que romper una lanza que ataque la reinante hipocresía que existe en nuestra sociedad. Efectivamente, la prostitución atacada, mal vista, perseguida y no entendida, es únicamente la sexual, cuando en realidad es sólo un tipo de prostitución. Siguiendo con nuestro ejemplo anterior, si somos nosotros los que arreglamos el enchufe al vecino y como intercambio le pedimos acostarnos con su muer, quizá el vecino no lo comprenda tan bien como el otro favor. Continuaremos el tema en la siguiente y última entrega.

 

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