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28 enero 2011 5 28 /01 /enero /2011 00:00

Retomo de nuevo este tema, porque últimamente se han producido determinadas declaraciones, y hemos asistido a determinados debates completamente sacados de contexto, aunque hay que reconocer que cierto trasfondo han dejado relucir, en el sentido de un debilitamiento del Estado actual de las Autonomías.

 

Aunque es un debate que venía suscitándose desde hace algún tiempo, sobre todo desde el recrudecimiento de la crisis económica, la caja de los truenos la destapó el ex-presidente Aznar (al que parece ser que no le basta su actual cargo en Endesa, que debe dejarle mucho tiempo libre, y decide seguir ilustrándonos con sus escatológicos mítines) cuando llegó a afirmar textualmente que el actual Estado de las Autonomías era "políticamente no viable, y económicamente, rotundamente inviable". Pues bien, todavía hay quien ha querido que no viéramos detrás de dichas palabras ningún cuestionamiento del estado autonómico, que ya son ganas de hacer comulgar con ruedas de molino. Según el señor Aznar, las 17 Autonomías son "17 Instituciones que hacen lo mismo, que sirven para lo mismo, y que por tanto, no tiene sentido mantenerlas". Menos mal que algunos dirigentes de su partido vinieron algunos días después a enmendarle la plana, a suavizar dichos comentarios, y a dejarnos claro que no tenían ninguna intención de recentralizar el Estado, de devolver competencias ya transferidas, o de disminuir el grado de autogobierno de algunas autonomías. Pero el daño ya estaba hecho, y como decíamos, surgió el debate en todos los medios de comunicación, dejando una estela de comentarios por parte de dirigentes de todas las fuerzas políticas, con opiniones y matices para todos los gustos.

 

Ha coincidido también con la fecha a partir de la cual se ha puesto en marcha la posibilidad de emplear, sólo en los debates plenarios del Senado, todas las demás lenguas españolas reconocidas como co-oficiales, tales el Catalán (también con su variante valenciana), el Euskera y el Gallego. La polémica estaba de nuevo servida, con partidarios a favor y en contra de la medida, y como digo, ambos debates han propiciado algunos puntos de contacto, llegándose en algún momento a afirmar por alguna periodista en algún medio de comunicación que "¿para qué queremos el Senado? Es una cámara que no sirve para nada". Así las cosas, creo conveniente aclarar algunos puntos, para que dejemos sentadas definitivamente una serie de premisas, y a ver si es posible que no volvamos a tocarlas, pues parece ser que con el tan manido tema de la crisis económica, ésta se utiliza como pretexto y bandera para arremeter contra algunas bases de la propia Organización del Estado, reconocida y declarada en la Constitución, lo cual me parece muy grave, pues a este paso terminaremos por cuestionar todas las bases de nuestra convivencia democrática:

 

autonomias-copia-1.jpg1.- Hay que reforzar el actual Estado de las Automías. Es decir, lejos de debilitarlo, de adelgazarlo o de torpedearlo, la Administración Central del Estado debe seguir potenciando el Estado Autonómico, dotando cada vez de mayores competencias a las autonomías, propiciando mayor coordinación entre ellas y limando todas las asperezas que pudieran existir actualmente. Desde la izquierda llegamos todavía a más, pues defendemos la idea de que hay que caminar hacia un Estado Federal, con todo lo que ello implica, de reconocimiento de la pluralidad de los pueblos que integran el Estado Español, de respeto a sus diferencias y de alcanzar mayores cotas de autogobierno. Eso no significa que no estemos de acuerdo en que hay que ejercer un mayor control sobre el gasto público, ser más austeros, y eliminar algunos aspectos que pudieran resultar incongruentes, inconsistentes o contradictorios.

 

2.- Hay que convertir al Senado en la auténtica Cámara de Representación Territorial del Estado, tal y como lo prevé la Constitución. Esto es, el Senado tiene que ser fiel reflejo de todos los pueblos, regiones y autonomías del Estado Español, según su grado de población. Y además, al ser la Cámara Territorial, debe desplegar todos los mecanismos que visualicen la realidad territorial del Estado, y nuestra pluralidad lingüística es uno de dichos aspectos. Por tanto, no valen aquí tretas ni argumentos fáciles apoyados en supuestas necesidades nacionales, ni tampoco vale ridiculizar la implementación y puesta en práctica de estas realidades.

 

El problema se reduce a creer verdaderamente en la realidad del Estado Autonómico, en lo que significa, en lo que implica para los ciudadanos y para las Instituciones, o no creérselo, que es lo que parece que pasa con algunos, cuando salen a la palestra comentarios de esta índole. No caigamos por tanto en torpes opiniones populistas, o en trampas de la derecha más conservadora de este país, a remolque siempre de la realidad social del mismo.

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26 enero 2011 3 26 /01 /enero /2011 00:00

Vamos a comenzar aquí una serie de artículos para presentar a los lectores la coalición Izquierda Unida, su historia, su compromiso, su organización y su programa político, con el fin de difundir lo que entendemos que representa la alternativa real a la política que se está practicando en nuestro país, casi desde los inicios de nuestra democracia.

 

Hay dos hechos destacados, a mi modo de ver, en la prehistoria de la Organización, que son interesantes para comprender las motivaciones que permitieron que un grupo de intelectuales y políticos de nuestro país fundaran la Plataforma de la Izquierda Unida, en abril de 1986. El primero puede ser la legalización del Partido Comunista de España (PCE), en abril de 1977, que disipó todas las barreras que había mantenido la lucha clandestina de todos los partidos que desde la izquierda lucharon contra el régimen franquista. Poco tiempo después comenzarían a desaparecer otros partidos que fueron imprencisdibles en aquélla época oscura, como el PTE o sus juventudes, la Joven Guardia Roja. El segundo hecho es más bien simbólico, pero con un gran trasfondo, y se refiere a la famosa frase de Felipe González, durante el Congreso del PSOE en Suresnes, de que había que ser "socialistas antes que marxistas". Este Congreso era el número 13 de los celebrados por el Partido Socialista Obrero Español durante el exilio, en el año 1974, y se le recuerda por ser el que cambió la orientación política e ideológica del PSOE poco antes de la transición democrática en España.

 

iu.jpgBien, pues ya tenemos al PSOE gobernando el país desde 1982, después de los gobiernos de Suárez y Calvo Sotelo, y comienzan a producirse una serie de acontecimientos, de declaraciones, de hechos políticos que van demostrando la auténtica naturaleza neoliberal del Gobierno, que lo van alejando cada vez más de sus planteamientos socialdemócratas originarios (ingreso en la OTAN, por ejemplo, que fue bastante sonado), y que provocaron el detonante de la reunión que finalmente aprobaría el lanzamiento de dicha Plataforma de la Izquierda Unida. La gente que de verdad se sentía de izquierdas no reconocía a este PSOE que se había instalado en el Gobierno, y que, pese a incorporar algunas transformaciones interesantes para nuestra sociedad (ligadas sobre todo a la universalización de algunos servicios, como la Sanidad o la Eduación), seguía dejando mucho que desear en otros campos de la actividad política. Las organizaciones políticas que se reunieron para aunar esfuerzos en esta campaña común fueron PCE, PASOC, PSUC, Izquierda Republicana, Federación Progresista, Partido Humanista, Partido Carlista, PST y Unificación Comunista. Y entre sus dirigentes de aquél entonces, asistieron, entre otros, Enrique Curiel, Gerardo Iglesias, Nicolás Sartorius, Ramón Tamames, Gregorio López Raimundo, Alonso Puerta, Isabelo Herreros, Cristina Almeida, Enrique Cordero, o Rafael de la Rubia, eligiéndose posteriormente como Coordinador General de la nueva Organización a Julio Anguita.

 

Argumentaron como motivación principal para la fundación de la nueva plataforma, el desvanecimiento del proyecto de cambio, lanzado a bombo y platillo por el PSOE, pero que después de su primera legislatura, se había quedado en agua de borrajas, provocando el descontento general de un sector importante de la izquierda. Su objetivo era lanzar una plataforma electoral conjunta, que concurriera a las Elecciones Generales de junio de 1986. Las bases ideológicas comunes de todos los partidos firmantes fueron las tradiciones renovadas del movimiento obrero, los planteamientos emergentes de carácter ecologista, el progresismo económico, y la necesidad de rescatar una visión moderna del socialismo democrático y participativo. El documento fundacional lo podemos encontrar Aquí. Sus pilares programáticos eran la Paz y Neutralidad en cuanto a la política de Defensa, el desarrollo de las Autonomías y el Federalismo en cuanto a la organización territorial del Estado, un plan básico de medidas económicas y de obras públicas, con la garantía del mantenimiento de las pensiones, una política de conservación y mejora medioambiental, y una mayor consecución de las libertades públicas y de participación ciudadana, así como máxima atención a los aspectos educativos y culturales. Lo dejamos aquí de momento, pero en próximos artículos continuaremos con la historia de esta Organización, e iremos entrando en todo su ideario político.

 

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24 enero 2011 1 24 /01 /enero /2011 00:00

La semana pasada comenzaba (salvo en el Aeropuerto de Tenerife, donde ya se ha culminado el proceso) el recorrido por la liberalización de la Asociación Española de Navegación Aérea (AENA). Comencemos por recordar que AENA es hoy, y lo ha sido durante muchos años, una de las empresas públicas de mayor envergadura (tiene en nómina a unos 12.000 empleados), pues controla todo lo que tiene que ver con el tráfico aéreo en nuestro país, es decir, es responsable de todo el personal de las Torres de Control de los aeropuertos españoles, así como de un montón de servicios añadidos. Pues bien, en el último paquete de medidas del señor Zapatero (además del 30% de Loterías y Apuestas del Estado), se incluía la propuesta de liberalización (privatización) de hasta un 49% de la gestión de AENA, cuyo concurso público es lo que comentamos que ha comenzado la pasada semana, concretamente abriendo concurso para 13 aeropuertos en tres lotes.

 

torre-de-control.jpgBien, una nueva vuelta de tuerca a la política neoliberal de nuestro Gobierno, que nada tiene que ver con el conflicto actual de los Controladores Aéreos, que es un conflicto de tipo exclusivamente laboral, que motivó la decisión de declarar el Estado de Alarma durante el período navideño, y que ahora está sujeto a la posible intervención de un mediador consensuado por ambas partes. No, esta decisión no tiene nada que ver con eso, esta es una decisión de tipo político, económico y estratégico del Gobierno, al que como decíamos, se le vuelve a ver el plumero, pues le sigue el juego cada vez que puede a los poderes económicos, aunque sea a costa, como pasó con los famosos recortes en los sueldos de los funcionarios, de dar la espalda a su programa y a su electorado.

  

Incluso los grandes aeropuertos, como Barajas o El Prat tendrán gestión privada, y el Estado, según declaraciones del Presidente del Gobierno, espera recaudar con todo ello unos 8.000 millones de euros. Todo este proceso se llevará a cabo por medio de una filial intermedia denominada Egaesa (Empresa de Gestión de los Aeropuertos Españoles). Y es que, siempre según el Gobierno, de la actual red aeroportuaria española, compuesta por 47 aeropuertos, el 90% de ellos son deficitarios, y pretenden solucionarlo con esta medida. Alega como justificación que este proceso desembocará en una mayor calidad en la gestión aeroportuaria, y un mayor ahorro de costes. Y tal y como ya han declarado los controladores, si según el Gobierno la mayoría de los aeropuertos de la red son deficitarios, ya veremos cuáles de ellos podrán mantenerse, y cómo todo ello afectará al personal de AENA, ya que una operación de este tipo casi siempre conduce a ajustes en las plantillas. Y lo que hay que resaltar (tal y como ha indicado USCA, el sindicato de los controladores) es que el servicio que se ofrecerá tras la privatización será de menor calidad, ya que primará la obtención de beneficios sobre otros aspectos, algunos de ellos tan importantes como la seguridad.

 

Resumiendo: NO a la premisa de obtener con este proceso mayor calidad en la gestión aeroportuaria, sino todo lo contrario; y con respecto al supuesto ahorro de costes, el cual dice el Gobierno que ayudará a reducir deuda, tener más margen de maniobra presupuestaria y poder dedicar más recursos a políticas sociales, las preguntas que se me ocurren son muchas: ¿seguimos por ese camino con todas las empresas públicas? ¿las privatizamos todas para rebajar la deuda del Estado? ¿No se dan cuenta de que por arreglar un problema ocasionan otros de mayor envergadura a largo plazo? En una palabra, con la privatización perderemos este bien de dominio público, y ganaremos en precariedad e inseguridad laboral.

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20 enero 2011 4 20 /01 /enero /2011 00:00

A vueltas con este tema, a ver si conseguimos explicarlo definitivamente y que se entienda bien, con el objetivo de que cale el mensaje en la ciudadanía, y podamos presionar para conseguir la reforma en el sentido indicado. Bien, tenemos que comenzar diciendo que últimamente los dos partidos mayoritarios han aprobado reformas parciales de la Ley Electoral, pero no en el sentido en que nos interesa, que es el de modificar el sistema de cálculo y reparto de escaños, para lo cual llevan poniéndose de acuerdo desde siempre para votar en contra, y seguir perjudicando a los partidos minoritarios, especialmente a la coalición Izquierda Unida.

 

urna.jpgComencemos por el principio. En España (y otros países) se utiliza para el cómputo de votos y la obtención correspondiente de escaños en cualquier cámara el Sistema D´hont, que es una fórmula electoral, creada por Víctor D'hont, utilizada para repartir los escaños de una cámara, de modo "aproximadamente proporcional" a los votos obtenidos por las candidaturas. Para conocer el algoritmo al completo y con detalle, véase por ejemplo la página de la wikipedia. Pues bien, lo que resulta básicamente es que aplicando dicho algoritmo y según el tamaño de las circunscripciones electorales, ese reparto total de escaños no se ajusta a la proporcionalidad de los votos realmente conseguidos, pero lo peor es que esta "injusticia electoral" va aumentando a medida que se obtienen menos votos. Es decir, que el sistema es injusto, pues aplica la idea de que a mayor número de votos obtenidos, más "barato" te sale un escaño, esto es, más fácil resulta conseguirlo. Y esta tendencia va además creciendo exponencialmente, y se recalcula durante todo el escrutinio en tiempo real, con lo cual los resultados son realmente injustos, y nada proporcionales.

 

Sin ir más lejos, la coalición Izquierda Unida, atendiendo al número real de votos que obtuvo en las últimas Elecciones Generales, debería estar representada en el Congreso por 14 diputados, en vez de 2 como actualmente posee. Para comprenderlo mejor, vamos a comentar los datos de número de votos y de obtención de escaños en las últimas elecciones en nuestro país, para algunos de los partidos minoritarios:

  • Con casi 970.000 votos, la coalición Izquierda Unida obtiene 2 escaños
  • Con más de 306.000 votos, Unión Progreso y Democracia (UPyD, el partido de Rosa Díez), obtiene 1 escaño
  • Con más de 306.000 votos (casi lo mismo que UPyD), Partido Nacionalista Vasco (PNV) obtiene 6 escaños
  • Por último, con algo más de 770.000 votos, Convergencia i Unió (CIU), obtiene (atención) la friolera de 10 escaños

Pues bien, espero que estos datos sean lo suficientemente ilustrativos para comprender lo que pasa con la Ley Electoral en su estado actual. Los casos de PNV y CIU se explican por el tamaño de su circunscripción electoral, es decir, se entiende que aunque el ámbito de las elecciones sea general, sus votos se circunscriben a Cataluña y al País Vasco, y esa es la razón de que posean tan alto número de escaños, en relación a partidos de ámbito nacional, como Izquierda Unida o UPyD. En fin, como decíamos, toda una injusticia electoral, y espero que este artículo sirva a los lectores para tomar conciencia del problema, y presionar para que se modifique de una vez por todas, y podamos tener un sistema de reparto de escaños justo, proporcional y equitativo para todas las fuerzas políticas.

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14 enero 2011 5 14 /01 /enero /2011 00:00

Tema candente el que se nos cuela estos días en la actividad política, es el de la supuesta Reforma de las Pensiones. Una más de la lista de urgentísimas reformas que hay que hacer según nuestro Presidente, que si fuera Rey tendríamos que llamarlo, como he escuchado ya muy acertadamente a algún periodista, Zapatero I El Reformador. Y es nuestra obligación informar a la gente de que ésta (al igual que otras pretendidas reformas) es una auténtica falacia, que ahora después comentaremos. Pero incluso antes que esto, aunque de verdad fuera tan urgente, y atendiendo a la más mínima sensibilidad, lo que tendríamos que decir es que esa supuesta urgencia quedara "retrasada" hasta que el país se recuperara mínimamente de la crisis económica, y hubiera otro ánimo colectivo.

 

Pero como decíamos, serios informes avalan justo los planteamientos contrarios al Gobierno, en el sentido de la viabilidad futura del Sistema Público de Pensiones (en adelante, SPP). Más allá de los cambios demográficos de la población, que son ciertos sólo en parte, lo que puede haber de secreta justificación para la pretendida reforma es un apoyo encubierto a los Planes Privados de Jubilación, aparte de un proceso tranquilizador para los mercados financieros. Desde la izquierda, no tenemos más remedio que rechazar dichos Planes de Jubilación privados, pues baste como muestra un botón: con la crisis del vertido de la BP en Estados Unidos, sus acciones han caído estrepitosamente, y dicha empresa británica, que soportaba una inmensa cantidad de planes de jubilación de personas mayores en el Reino Unido, ha tenido que rebajar, y en muchos casos suprimir, las prestaciones de dichos planes. Y es que algo tan importante como es la seguridad de nuestras pensiones en el futuro, no puede dejarse al arbitrio de las vicisitudes económicas de cualquier empresa, por grande que ésta sea.

 

Bien, centrándonos en nuestro caso, personas tan serias como el Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, Vicenç Navarro, han explicado hasta la saciedad que dichas pretensiones se basan en supuestos erróneos, como por ejemplo asumir que la esperanza de vida mide los años que una persona vive, no tener en cuenta que las diferencias en longevidad según la clase social son enormes, concluir que el crecimiento del porcentaje del PIB gastado en pensiones es excesivo (pero sin tener en cuenta que la productividad del país también aumenta proporcionalmente), o equivocarse constantemente en las proyecciones demográficas, sobre todo por no tener en cuenta que lo que realmente importa para el SPP no es el ratio de jóvenes o adultos por cada persona mayor, sino el número de cotizantes reales a la Seguridad Social, y la cuantía de dichas cotizaciones.

 

A todo ello habría que sumarle otra palpable inconsistencia: si se quiere (como se ha propuesto en estos días) que las personas que se vayan a jubilar a los 65 años (como haciéndonos un favor) tengan que haber cotizado como mínimo 41 años, la premisa es que pueda haber gente con una vida laboral de 41 años, lo cual es ciertamente ilusorio, no ya con la población actual, sino con las previsiones de empleo para las generaciones futuras y los jóvenes actuales. Tomemos como ejemplo un caso típico que cualquiera podrá comprender: si suponemos que un joven actual, universitario, después de hacer los cursos de postgrado oportunos, las prácticas correspondientes, los Masters y todo lo demás que le capacite para acceder a un puesto de trabajo, lo consigue por fin a los 35 años, para poder cotizar 41 (además suponiendo que fueran ininterrumpidos, lo cual ya es harto difícil) tendría que finalizar su vida laboral con 76 años, y claro, eso está bien para magnates como el Presidente de Inditex, pero no para un trabajador corrientito. En fin, como decíamos al principio, toda una falacia.

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13 enero 2011 4 13 /01 /enero /2011 00:00

Nos hemos enterado estos días, en secuencia, de que los ex-presidentes del Gobierno de España, Felilpe González (primero) y José María Aznar (después) han sido fichados en el elenco de Consejeros Delegados de algunas empresas privadas.

 

Bien, parece ser que ya van encontrando su sitio los famosos "Jarrones Chinos", famosa expresión de Felipe González, con la que intentaba poner un símil sobre la incomodidad que representan los ex-presidentes, en  el sentido de no saber dónde colocarlos. Y parece que dicho sitio va estando cada vez más claro: toda su experiencia, su saber y su influencia la quieren volcar en "aconsejar" a los Consejos de Administración de grandes empresas privadas del país, que además antes fueron públicas, para que sus intereses se vean así recompensados.

 

Pues bien, me parece algo tremendamente triste y penoso, pues dicha experiencia deberían volcarla, siguiendo la estela pública de su carrera, en Instituciones (incluso empresas) de carácter público, si es que la pertenencia al Consejo de Estado (donde normalmente comienzan colaborando) no les deja satisfechos, o quieren explorar otras posibilidades. La verdad es que siguen sin darse cuenta de que hay que mantener la coherencia de planteamientos durante toda la vida, y exactamente igual que Directores Generales o Presidentes de Corporaciones Privadas no debieran regir los destinos públicos de un país, simplemente porque no casan los intereses privados con los públicos, lo contrario tampoco parece plausible.

 

 

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