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23 junio 2019 7 23 /06 /junio /2019 23:00
Fuente Viñeta: https://fundacionrenovables.org/

Fuente Viñeta: https://fundacionrenovables.org/

La salvación del medio ambiente está siendo el más brillante negocio de las mismas empresas que lo aniquilan

Eduardo Galeano

Bien, durante las últimas entregas nos hemos ocupado de presentar los fundamentos teóricos del Desarrollo a Escala Humana, y creo que aporta una buena base filosófica para que los lectores y lectoras reflexionen profundamente en torno a ello. Vuelvo a destacar aquí la necesidad de conceder a la Naturaleza el status que debiera poseer, ya que la civilización industrial capitalista la ha ignorado, maltratado y esquilmado. Debemos entender como absolutamente fundamental la concesión de unos Derechos de la Naturaleza. Al igual que ocurre para los derechos humanos, debiéramos trabajar para que exista una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, así como un tribunal internacional que castigue a los actores (países, instituciones, empresas, particulares...) que cometan crímenes contra ella. Hemos de considerar los crímenes contra la Naturaleza (como propone Alberto Acosta en esta entrevista) como crímenes contra la humanidad, pues atentar contra ella atenta contra los intereses de todos. De hecho, esta iniciativa ya se formuló en la Cumbre de los Pueblos de 2010, celebrada en Bolivia, y ya existe una potente iniciativa desde la sociedad civil de todos los continentes: el Tribunal Ético Permanente de los Derechos de la Naturaleza, que hay que reconocer oficialmente y difundir sus acciones. La Madre Tierra, sus derechos, su respeto y su cuidado debe figurar al más alto nivel jurídico del comportamiento de todos los pueblos del mundo, es decir, en sus propias Constituciones. Ya tenemos precedentes en este sentido, en los casos de Bolivia y Ecuador. Este respeto a la naturaleza más el estudio de las necesidades humanas que nos aporta la teoría referida, nos sirven como perfecta rampa de lanzamiento para poner en crisis el clásico concepto de "progreso" en su versión capitalista (así como el de bienestar), renunciando al extractivismo en sus múltiples facetas y poniendo el foco de atención no en "desarrollos alternativos" (como parece sugerir el Capitalismo Verde), sino más bien en construir alternativas a la propia idea misma de desarrollo. 

 

Pero no solo esta visión del "crecimiento económico" ligada al desarrollo ha de ser abandonada, sino que también hemos de derribar otros grandes pilares donde se asienta nuestro modelo de sociedad, tales como el patriarcado, el racismo y el antropocentrismo. A todo ello se opone el Buen Vivir, donde no existe una idea o concepto análogo al "desarrollo" tal como normalmente se entiende. "El Buen Vivir no posee una concepción lineal de la vida que establezca un estado anterior y posterior, que siempre sería mejor en base a una creciente disponibilidad de bienes. No asoma esa dicotomía de subdesarrollo y desarrollo, como plantea la modernidad occidental. Tampoco existen conceptos como "riqueza" y "pobreza" determinados por la acumulación y la carencia de bienes materiales. Es más, el ser humano es visto como un actor más en la Naturaleza, y no como su dominador", afirma Alberto Acosta. Como vemos, todo ello está en plena sintonía con los fundamentos del Desarrollo a Escala Humana. Todos estos conceptos también son expuestos bajo otras disciplinas, o con otros nombres, pero en el fondo, obedecen a las mismas propuestas generales. Por ejemplo, la líder ecofeminista india Vandana Shiva prefiere llamar Biocivilización a todas estas directrices, como plantea en esta entrevista para el medio La Vanguardia. Sumak Kawsay es el término que recibe para los indígenas de los pueblos ecuatorianos, país que hemos puesto como referente en cuanto a la inclusión de los derechos de la naturaleza en su texto constitucional. En este artículo de Enrique Luzuriaga para el medio Alainet se nos cuenta: "El proceso constituyente en el Ecuador fue un espacio propicio para realizar un debate profundo respecto a la concepción del Buen Vivir o Sumak Kawsay y así la Constitución ecuatoriana establece que el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, a los que denomina <régimen de desarrollo> y éstos deben garantizar el Buen Vivir. Hace hincapié en el goce de los derechos como condición del Buen Vivir y en el ejercicio de las responsabilidades en el marco de la interculturalidad y de la convivencia armónica con la naturaleza". 

 

Para la Constitución ecuatoriana del año 2008, el Sumak Kawsay implica mejorar la calidad de vida de la población, desarrollar sus capacidades y potencialidades; contar con un sistema económico que promueva la igualdad a través de la redistribución social y territorial de los beneficios del desarrollo; impulsar la participación efectiva de la ciudadanía en todos los ámbitos de interés público; establecer una convivencia armónica con la naturaleza; garantizar la soberanía nacional y promover la integración latinoamericana; y proteger y promover la diversidad cultural. Para la concepción indígena y etimológicamente, ambos términos significan lo siguiente: "Sumak que significa plenitud, grandeza, excelencia, magnificencia y belleza; y Kawsay que significa vida, existencia, conducta, sustento. Es decir, literalmente Sumak Kawsay sería vida en plenitud o existencia plena". Pero...¿qué implica una vida plena para las comunidades indígenas ecuatorianas y de otras zonas de América Latina? Para ellos, la vida se construye en comunidad, cultivando una vida equilibrada. Básicamente, las personas son uno con la comunidad y con la naturaleza que los rodea, y todo ha de respetar dicha armonía. El Buen Vivir se cultiva desde el ser y no desde el poseer cosas. No obstante, en Ecuador, actualmente, si bien se tiene incluido en la Constitución el término Sumak Kawsay, no se le está dando aún su verdadero y real alcance, pues no se cumple con el espíritu mismo de lo que significa este término quichua, de ahí la necesidad de darle un efectivo concepto desde la propia Carta Magna, pues es un primer paso para poder llegar a cumplir y hacer cumplir el Buen Vivir. En efecto, el Gobierno de Rafael Correa fue únicamente un gobierno progresista que impartió más justicia social que los anteriores, pero distó mucho de representar un verdadero gobierno aliado del Buen Vivir, que consiguiera desarrollar ampliamente su filosofía. 

 

Como podemos apreciar, el Buen Vivir sintetiza vivencias más que conceptos o teorías, y se nutre de los valores, de las experiencias y sobre todo de las múltiples prácticas existentes en la cultura de las comunidades indígenas. Sería quizá una forma simplificada de vida, que aspira a que el ser humano se desarrolle dando satisfacción a todas sus necesidades, en armonía con el resto de habitantes de su comunidad, y a su vez en armonía con la naturaleza. Es interesante, sobre todo (y de ahí su profunda relación con el caos civilizatorio que vivimos) como una alternativa sostenible desde todos los puntos de vista (humana, social y medioambiental), que rompe con los postulados y valores capitalistas, responsables precisamente de esta crisis civilizatoria. El Buen Vivir ha de ser entendido desde la asunción de que son posibles vidas más plenas pero más simples, más frugales pero más confortables, menos consumistas pero más sostenibles. Desde esta lectura, el Buen Vivir plantea una transformación rotunda de alcance planetario y civilizatorio, al superar las visiones y planteamientos antropocéntricos para abrir las posibilidades a aproximaciones más armónicas, integradas de forma más simple en la naturaleza. Simplicidad, respeto y armonía podrían ser tres pilares básicos del Buen Vivir. Para poder entender el Buen Vivir en toda su dimensión necesitamos (cual vaso lleno del líquido que representara nuestro imaginario cultural) tirar todo ese líquido, vaciar toda nuestra cosmovisión, y llevar a cabo un profundo proceso de descolonización en lo político, en lo social, en lo económico y en lo cultural. No es un ejercicio fácil. Lo que debe quedar claro es que hay que aceptar que los seres humanos somos comunidad social y comunidad ecológica simultáneamente. Eso nos conmina a vivir en armonía y equilibrio entre todos los seres humanos: individuos y comunidades, y también con la naturaleza. Y entonces, desde la perspectiva del Buen Vivir, derechos humanos y derechos de la naturaleza son dos caras de una misma moneda, son complementarios entre sí, y de esto se desprende que no puede haber justicia social sin justicia ecológica, y viceversa. 

 

Nuestra evolución industrial capitalista nos ha hecho separarnos peligrosamente de la naturaleza, y el Buen Vivir plantea que esta separación tiene que ser superada. Nuestra especie ha de experimentar un reencuentro con la naturaleza, asumiendo el normal equilibrio y armonía que tienen las demás especies animales (trataremos el animalismo a fondo en la recta final de esta serie de artículos). Desde este punto de vista, ese reencuentro con la naturaleza implica, en primer lugar (y siguiendo de nuevo a Alberto Acosta, uno de los mayores expertos mundiales en el tema, en esta entrevista publicada en el digital Rebelion), aceptar que los seres humanos somos naturaleza. Nuestra especie no está en el planeta para dominar a la naturaleza, y mucho menos para destruirla. De esto se deriva la necesidad de comenzar a asumir que tenemos que desmercantilizar la naturaleza (sus recursos naturales, bosques, ríos, mares, lagos, montañas...), por ejemplo, el agua ha de ser entendida como un bien común universal y como un derecho humano fundamental, así como para otras especies de animales, por tanto no puede ser un negocio. A lo anterior se le extiende todo el concepto de desmercantilización, aplicado también al resto de los bienes comunes. Y si se plantea la emancipación de la naturaleza de su condición de esclavitud, también lo habremos de extrapolar y proyectar para los seres humanos y el resto de animales, superando el especismo y la explotación de los seres humanos en función de criterios de acumulación de capital. Entonces, en lugar de mantener el actual divorcio entre la naturaleza y el ser humano, hay que propiciar su reencuentro, la recuperación de su armonía y equilibrio, algo así como intentar atar de nuevo el nudo gordiano roto por la fuerza de una concepción de vida depredadora e insostenible, como es la capitalista. Deben inspirarnos las experiencias de multitud de pueblos que han sabido vivir con dignidad y armonía desde tiempos inmemoriales. Pero ojo, porque no se trata de exportar los casos concretos de Buen Vivir de una comunidad a otra, sin más. No se puede trasladar el Buen Vivir andino o amazónico, por ejemplo, a otras realidades sociales. La tarea sería construir un Buen Vivir ajustado a cada realidad, a cada comunidad, a cada territorio, desde la vigencia y el respeto a los principios básicos del Buen Vivir: armonía y equilibrio entre los seres humanos y con la naturaleza. Continuaremos en siguientes entregas.

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20 junio 2019 4 20 /06 /junio /2019 23:00
Viñeta: Iñaky y Frenchy

Viñeta: Iñaky y Frenchy

Algo funciona mal en el mecanismo de fijación de precios de la electricidad y la consiguiente retribución de las eléctricas cuando estos y la realidad social de los ingresos de las familias dibujan trayectorias tan divergentes. Más allá de la muy necesaria reforma de las leyes que regulan el sistema eléctrico, el autoconsumo entra aquí como elemento que puede cambiarlo todo radicalmente: no solo ayuda a reducir la factura energética de las familias sino que, cuando se generalice, cambiará las reglas del juego y reducirá drásticamente el poder del oligopolio

VV.AA.

Además de los factores generales que determinan el estado de pobreza, para el caso que nos ocupa de la pobreza energética es evidente que la subida desorbitada del precio de la factura eléctrica es un factor principal a considerar. A este respecto, tenemos un dato esclarecedor y escalofriante: la factura de la electricidad aumentó en un 76% entre 2007 y 2013. Y como sabemos, la Ley del sector eléctrico de 1997 (tras las privatizaciones de las empresas públicas que gestionaban el servicio) supuso la liberalización del sector eléctrico, y con ello el fin de la consideración de la electricidad como un servicio público. Hoy día, el escenario es igual al de cualquier otro servicio de pago: sólo se presta a quien posee la capacidad de pagarlo. En consecuencia, los "consumidores" no solo hemos sufrido durante este tiempo aumentos en el precio de nuestra factura, sino que, en la práctica, han dejado de existir mecanismos eficaces que garanticen el acceso universal de los ciudadanos a este suministro básico. Esto coloca directamente a las personas en una situación cercana a la exclusión social, y por tanto, lo justo sería que las Administraciones garantizaran por Ley tal suministro fundamental. Pero al no entenderse el acceso a la energía como un derecho humano fundamental, tal acceso básico no es garantizado, y de ahí vienen los problemas. La solución más viable y directa sería que las Administraciones Públicas pusieran en marcha los mecanismos de evaluación necesarios para que cada hogar pagase por el suministro básico un precio razonable de acuerdo con sus ingresos (o sus niveles de renta). Por supuesto, el actual diseño del llamado Bono Social no cumple este requisito. Si a esto se le une el enorme poder político y económico que posee el lobby energético en nuestro país (responsable como hemos visto del mayor fenómeno de puertas giratorias), la situación se complica bastante. La tendencia durante estos años ha sido la de evolucionar hacia un mercado de la energía cada vez más salvaje, absurdo, injusto y desregulado, lo cual provoca las aberrantes situaciones actuales para multitud de personas y familias de nuestro país. La pobreza energética es otra modalidad de la desigualdad, de la pobreza que invade una parte importante de la población, que no puede ser ignorada. 

 

La pobreza energética atenta contra los más vitales y elementales derechos, colocando a los que la sufren en una situación de extrema vulnerabilidad. En muchos casos, las situaciones de pobreza energética (o derivadas de ella), son las responsables últimas de provocar peligrosos accidentes, costando incluso la vida de las personas en algunos casos. Por otra parte, la evolución hacia las fuentes energéticas renovables ha potenciado la posiblidad del autoconsumo, que de hecho puede representar un papel importante en la lucha contra la pobreza energética. Pero sin embargo, para que esto ocurra en España es preciso dotarnos de una regulación que lo impulse y facilite, en vez de obstaculizarlo (recuérdese el llamado "impuesto al sol" de la Administración del PP). Últimamente, la tasa de pobreza energética ha subido más rápidamente que la que mide la pobreza general de la población, hecho que sólo puede deberse al enorme incremento en el precio del suministro de la energía registrado en nuestro país durante los últimos años. Durante ese mismo período de tiempo (coincidente con los años más duros de la actual crisis), los beneficios de las grandes empresas eléctricas del país no solo no se han visto reducidos, sino que han aumentado considerablemente, razón de más que nos sitúa ante una realidad de todo punto injusta, desigual y aberrante. Por supuesto, medidas como la reducción del nivel de desempleo, reducir considerablemente la precarización de los puestos de trabajo, que los trabajadores obtengan unos salarios dignos, y que exista una Renta Básica universal, individual e incondicional (de la que ya hemos tratado a fondo en el anterior bloque temático), pueden cambiar este penoso panorama, y reducir de forma importante los niveles de pobreza energética. A finales de 2016 ya sufríamos un 10% de los hogares en situación de pobreza energética, mientras desde el Gobierno y las instituciones se nos vendía la idea de que "habíamos salido de la crisis" y de que galopábamos reduciendo las cifras de desempleo. 

 

Un Estado que se precie de administrar una mínima justicia social no puede permitir casos de pobreza energética, mientras se asegura la impunidad y los beneficios de las compañías suministradoras. Ello nos devuelve de nuevo a las primeras entregas de esta serie, donde hablábamos de las dos caras de una misma moneda, al referirnos a la existencia de ricos y pobres. Si las Administraciones Públicas aseguraran una situación de garantía de suministros básicos (incluso a los que no pudieran pagarla), quizá nuestras grandes compañías (sus dueños, accionistas y directivos) no serían tan ricas. Precisamente alcanzamos cifras de pobreza energética tan elevadas porque nuestras compañías eléctricas son las más ricas de Europa. Un mercado que las favorece, cada vez menos regulado, es el que provoca que estas compañías puedan campar a sus anchas, y dicten unos precios prohibitivos para gran parte de la población, que tiene que elegir entre comer o pagar facturas. Y evidentemente, eligen comer. Y a continuación, vienen los cortes en el suministro. Sólo en 2015, como extraemos de este artículo de Gladys Martínez para el medio Diagonal, Iberdrola y Endesa (empresas que gestionan el 80% de la distribución eléctrica en nuestro país) realizaron cortes de luz por impagos en más de medio millón de viviendas, según los datos que dichas compañías elevaron a la CMVC. En 2012, uno de los años más duros de la crisis, la cifra de cortes de electricidad fue aún mayor: 1,4 millones de viviendas lo sufrieron. Es decir, que al menos millón y medio de personas quedaron a oscuras en nuestro país. Mientras estas grandes empresas transnacionales directamente forraban sus bolsillos, se estaba produciendo el cóctel explosivo compuesto por la mezcla de las facturas más caras de electricidad para unos hogares que quedaban en desempleo, y los recortes jibarizaban las economías familiares. 

 

En el primer semestre de 2016, según datos de Eurostat, el kilovatio/hora costaba hasta 0,218 euros, muy por encima de la media europea (situada en 0,206 euros por kwh), y de países como Francia (0,168 euros), Suecia (0,189), o Reino Unido (0,195). Este incremento desenfrenado se traducía en elevados beneficios para las empresas energéticas. Entre 2008 y 2015, las tres grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy (antes Gas Natural Fenosa), se embolsaron 56.624 millones de euros en beneficios. Por tanto, hablemos en plata: vivimos en una sociedad donde se proyecta una arquitectura de la desigualdad en multitud de facetas, y en lo que se refiere a la energía, a día de hoy un suministro básico como éste la ofrecen únicamente unas pocas empresas privadas en régimen de oligopolio que se deben únicamente a sus accionistas, es decir, que están pensadas y diseñadas únicamente para obtener los máximos beneficios. ¿Acaso desconocían estos detalles nuestros ex Presidentes Felipe González y José María Aznar? ¿Promovieron acaso dicha privatización en beneficio del conjunto de la ciudadanía? La respuesta a esta pregunta se nos ofrece clara como las aguas fluyentes de un arroyo cristalino. Lo extraño es que continúe habiendo personas que creen (imbuidos en el dogma neoliberal, o bien por ignorancia supina o falta de madurez intelectual) que la gestión privada de estos servicios fundamentales es mejor que la gestión pública. A los datos nos remitimos. Y como siempre, detrás de esos datos hay personas: personas y familias que se quedaron sin luz, que tuvieron que pasar grandes fatigas para poder abonar los recibos...en una palabra, detrás de los fríos datos hay mucho sufrimiento humano. El único mecanismo que palía un poco la pobreza energética hoy día es el llamado Bono Social (al que han unido recientemente un tal Bono Social Térmico), aprobado en 2009 por el Gobierno del PSOE y modificado desde 2013 por el Gobierno del PP. Este bono se concreta actualmente en un 25% de descuento en la parte del consumo de la factura. Es la única medida que ha tomado la Administración para aliviar el gravoso problema. Veámosla con un poco más de calma. 

 

El Bono Social no ha tenido el resultado esperado. De entrada, se estima que aproximadamente un 80% de familias en situación de pobreza energética no están recibiendo dicha ayuda pública, mientras que por el contrario, existen muchas familias que no lo necesitan y sin embargo lo reciben, ya que este Bono Social no se basa en el criterio de renta. Algunas modificaciones han sido efectuadas desde el último Gobierno del PSOE tras la Moción de Censura de 2018. Por si todo ello fuera poco, el Tribunal Supremo (tan aliado desde siempre de los grandes poderes económicos) se ha puesto en dos ocasiones del lado de las empresas, ilegalizando que éstas asumieran el coste del Bono Social y obligando al Estado a que se les reembolsara con dinero público: concretamente 500 millones de euros han ido a parar a las arcas de estas empresas desde 2013. A todo ello le hemos de añadir la estigmatización que supone la tramitación de dicha ayuda. En este sentido, posee mucho paralelismo con las ayudas que concede el Servicio Público de Empleo Estatal o los Servicios de Empleo de las Administraciones autonómicas, ante las que hay que justificar la situación de desempleo y de necesidad que dichas personas sufren. Pero como aún después de estas ayudas estatales continúan existiendo familias que no pueden hacer frente al pago de los recibos, algunas Administraciones autonómicas y locales han creado sistemas de ayuda adicionales. En concreto, han desarrollado planes de protección para las familias que se encuentran en situación más vulnerable, a través de ayudas para el pago de los recibos de la luz o asumiendo directamente el coste de los mismos a través de convenios con las principales distribuidoras eléctricas. En estos casos, son los Servicios Sociales de cada Ayuntamiento los que se encargan de gestionar dichos expedientes. Dicho nivel supone otro escalón en la estigmatización para estas personas, es decir, otra ventanilla donde hay que volver a demostrar lo pobres que son. Continuaremos en siguientes entregas.

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18 junio 2019 2 18 /06 /junio /2019 23:00
Viñeta: Iñaky y Frenchy

Viñeta: Iñaky y Frenchy

Miles de seres humanos, mujeres, hombres e incluso niños, quedan sepultados anualmente en las rutas migratorias: calcinados en el desierto, vencidos de sed y pavor, desgarrados en trenes de espanto, desollados por el cemento bajo camiones transfronterizos, torturados y violados en etapas interminables; miles de vidas quedan en las espumas de los mares, en el aullido del desierto... sus voces y sus risas son apagadas por la abyección de un sistema basado en la explotación, un sistema en el que 62 multimillonarios acumulan, en base a la explotación que perpetran, una riqueza igual a la suma con la que malvive la mitad del planeta

Cecilia Zamudio

Como ya avanzábamos en la entrega anterior, en junio de 2017 se celebró en Bolivia la Conferencia Mundial de los Pueblos, que tuvo por lema general "Por un mundo sin muros hacia la ciudadanía universal" (el medio digital Desinformemonos publicó una amplia crónica sobre la misma, de donde tomamos los siguientes datos). El texto de la Declaración final de dicha Conferencia planteó como parte del Decálogo de acciones propuestas lo siguiente: "Superar la perspectiva hegemónica de política migratoria que plantea una gestión de las migraciones de manera "regular, ordenada y segura", por una visión humanista que permita "acoger, proteger, promover e integrar" a las personas migrantes". Porque en efecto, bajo el famoso pero falaz eslogan de "regular y controlar los flujos migratorios", lo que se esconde es una despiadada política que únicamente atiende a la existencia de contratos de trabajo, olvidando las verdaderas causas estructurales que provocan las migraciones. Y es que, bajo un mundo atroz donde contrasta el lujo, el derroche y el despilfarro de ese mundo mal llamado "desarrollado" con las vidas perdidas de millones de personas, no podemos aludir a contextos legales, sino dar acogida a todas ellas, y a continuación incidir sobre las causas globales que provocan tales movimientos masivos. Esta Conferencia mundial definió la crisis migratoria como "una de las manifestaciones de la crisis integral de la globalización neoliberal", y como tal hay que entenderla, y echar abajo los cimientos que la sustentan, para poder atender a los flujos migratorios desde una perspectiva humanista, además de cesar en todos los ataques que los provocan. Si continuamos inmersos en la lógica del capital (lo cual incluye la perversa lógica de la guerra, de la apropiación de los recursos naturales, las hostilidades geopolíticas, la invasión de los territorios por parte de las grandes empresas transnacionales...) no seremos capaces ya no solo de un diagnóstico real, sino de implementar las medidas adecuadas para hacer frente a este fenómeno. 

 

En otro fragmento de la Declaración final exponen: "Los discursos hegemónicos, potenciados por las corporaciones mediáticas transnacionales, promueven una visión negativa de los migrantes, ocultando los aportes que éstos realizan a los países receptores en términos económicos, demográficos y socioculturales. Vemos con preocupación el avance de posiciones neocoloniales, intolerantes y xenófobas que atentan contra la cooperación entre los pueblos y constituyen una verdadera amenaza para la paz mundial. Paradójicamente, estas posiciones se sostienen desde los centros de poder global, principales responsables de la violencia estructural, la inequidad planetaria y el cambio climático, en perjuicio de los acreedores de la deuda social y ambiental: los pobres y los pueblos pobres". Tenemos que rechazar la visión que criminaliza las migraciones en sí mismas, que suele encubrir falsos enfoques de seguridad y control. Tenemos también que eliminar todos los tipos de muros que ponemos ante ellos: los muros físicos (vallas, murallas, concertinas...), los muros legales (que discriminan, persiguen y criminalizan), los muros psicológicos (basados en prejuicios y miedos), y los muros mediáticos (que descalifican o estigmatizan a los migrantes). También es necesario crear un nuevo organismo internacional, a modo de una Defensoría Mundial de los Pueblos por los Derechos de las Personas Migrantes, que vele por los derechos de todos los refugiados, asilados, apátridas, víctimas de trata y de tráfico, y que promueva y defienda la libre movilidad internacional y los derechos humanos. Hemos de impulsar igualmente Planes de Integración de migrantes justos y humanos, que sean capaces de abolir todos los escollos e impedimentos de cualquier tipo que se puedan presentar. A tal efecto, debemos impulsar políticas locales que permitan la evolución hacia modelos de ciudad y sociedades integradoras, donde se hagan plenamente efectivos en la vida cotidiana de los migrantes los derechos a la vivienda, a la salud, a la educación, a la seguridad social, bajo los principios de complementariedad, interculturalidad, cooperación, solidaridad, hermandad y diversidad. 

 

Todo ello con la meta de superar el enfoque de "fronteras rígidas" por una nueva visión que las entienda como verdaderos puentes de integración para la unidad y confraternización entre los pueblos y la acogida de los migrantes, donde la lucha contra el crimen mundial organizado (en todas sus facetas, versiones y manifestaciones) se encare bajo un nuevo marco de cooperación entre los Estados. A grandes rasgos, esta es la filosofía que se expresó en dicha Conferencia, y a ella nos remitimos como marco fundamental para la evolución hacia la nueva Política de Fronteras que necesitamos implementar. Pero antes de abarcar todo ello, lo primero que se debería hacer es cumplir con la legalidad internacional. Porque sin ir más lejos, como recoge Roberto Montoya en este artículo para El Salto Diario, la Unión Europea está violando con sus políticas migratorias la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de Ginebra sobre los Refugiados, la Convención Europea sobre Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, además de las propias Constitucionales nacionales de cada Estado miembro. ¿Se puede pedir más? Por su parte, la Constitución Española de 1978, esa a la que tanto defienden para lo que les interesa, en su artículo 13.4 establece que "los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España". Y además, la vigente Ley de Extranjería dice que una persona podrá demandar asilo aún en el caso de no disponer de visado para poder permanecer en nuestro país. Si no somos capaces siquiera de cumplir con los acuerdos, tratados y convenciones suscritas...¿cómo vamos a ser capaces de constituir un nuevo orden migratorio internacional justo? Pero como venimos contando desde entregas anteriores, no es solo que no seamos capaces de cumplir las normas del derecho internacional, sino que además nos ensañamos brutalmente con los migrantes, poniendo trabas a la capacidad de las ONG de rescatar a personas en el mar, e incluso proporcionamos cobertura y apoyo militar a la guardia costera libia, a pesar de sus reiteradas, temerarias y abusivas conductas contras las personas refugiadas y migrantes. 

 

El panorama es indigno y vergonzoso, pues. Nuestros gobernantes están demostrando ser unos seres insensibles y malvados, incapaces absolutamente de resolver un problema que ya adquiere dimensiones humanitarias. Nuestro clásico imperialismo europeo se nos viene encima, y nuestros líderes no saben cómo encauzarlo. Pero los flujos migratorios no cesarán, ya que son la consecuencia directa de tanta devastación, de tanta obscena injerencia, de tanta crueldad y de tanta barbarie. Bajo el perverso argumento del "efecto llamada" intentan inculcar en las mentes de la ciudadanía el sentimiento del miedo hacia una posible "invasión" de extranjeros, que colapsarían nuestros servicios públicos y supondrían una amenaza para nuestra cultura, pero nada más lejos de la realidad. La verdad es que todas las personas que llegan están deseando poder volver a su país cuando la paz y las condiciones de vida lo permitan. Si fueran solamente un poco sensibles con el problema, lo primero que deberían es comprender las circunstancias de vida en sus países de origen. Por ejemplo, las regiones subsaharianas se hallan bajo el azote del hambre, el SIDA y la guerra. Tres auténticas plagas que hacen la vida imposible con unos mínimos estándares de calidad. La extrema pobreza está en la raíz de todos los problemas, pobreza a la que nosotros, desde Occidente, contribuimos. Casi la mitad de la población vive con menos de 1,25 dólares al día, según datos del Banco Mundial y demás organizaciones internacionales. De hecho, 19 de los 25 países más pobres del mundo pertenecen al continente africano. Según la FAO, de los más de 800 millones de personas infraalimentadas en el mundo, 223 millones residen en el África subsahariana. El hambre de estos millones de personas no es consecuencia de un castigo divino, sino de decisiones políticas tomadas desde los países ricos. Los recursos naturales y alimenticios de estos países son sistemáticamente esquilmados por estos países ricos, apropiándose de sus cultivos, de su pesca artesanal, de sus minerales, etc. Por ejemplo, España contribuye a reducir los recursos pesqueros de Senegal, reduciendo a mínimos la actividad de la pesca artesanal que contribuye a paliar la pobreza de sus habitantes. 

 

Como documenta Antonio Fernández Vicente en este artículo para el digital Rebelion, se ceden miles de hectáreas en Uganda a corporaciones fabricantes de café alemanas, terrenos que se dejan de poder utilizar para el autoabastecimiento de las poblaciones. Un total de 63 millones de hectáreas son acaparadas por los grandes capitales, en un continente que se muere de hambre, y no es en sentido figurado. Y un tercio de sus tierras se dedican a la producción de agrocombustibles para la Unión Europea. En concreto, se necesitan 9.100 litros de agua para producir un litro de biodiésel, lo que contribuye además a la desertificación de los terrenos. Por otra parte, África es un continente plagado de conflictos armados, de etiología étnica o religiosa, pero sobre todo, instigados y controlados por las potencias occidentales, que poseen muchos intereses en dichos países. Asistimos a multitud de guerras civiles, guerras tribales y genocidios, actos de terrorismo bárbaros, todo lo cual, unido al propio expolio que Occidente lleva a cabo sobre sus tierras, conduce a estos países al abismo más absoluto. La mayoría son Estados fallidos, donde una frágil constitución de sus Gobiernos es "apadrinada" por las potencias occidentales. Guerras alimentarias, guerras por el agua, epidemias de graves enfermedades, y otros conflictos están a la orden del día en este rico pero maltratado y abandonado continente. Ante todo este terrible escenario...¿qué hacen nuestros ricos países? Pues vender armas a los mismos países en conflicto, para enconarlos aún más, a costa de proporcionar negocio tanto a las empresas de armamento, como a los bancos que las financian. Es decir, hacemos negocio con las desgracias ajenas. Mejor dicho, fomentamos esas desgracias ajenas para hacer negocio. Vil política donde las haya. El SIDA (VIH) es el otro gran problema: 26 millones de personas lo padecen en el continente africano, que provocan más de un millón de muertos al año, por una enfermedad tratable. Mientras en el resto del mundo afecta a no más del 1% de la población de entre 15 y 49 años, en África ese porcentaje se eleva a casi el 5%. 9 de cada 10 casos de SIDA se diagnostican en África, y en la región subsahariana, el porcentaje de población adulta con SIDA alcanza el 10%, e incluso en algunos países como Namibia, Botswana o Zimbawe la proporción es ya pandémica (del 20% al 26%). El 70% de los niños y niñas infectados de SIDA en el mundo proceden del África subsahariana. Una plaga que, como decimos, no puede curarse pero sí prevenirse, tratarse y controlarse, por medio de tratamientos médicos cuyas patentes de las grandes empresas farmacéuticas convierten en objeto de lujo imposible para estos pobres países africanos. Continuaremos en siguientes entregas.

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17 junio 2019 1 17 /06 /junio /2019 23:00
A 80 años del final de la Guerra Civil Española

España en su laberinto, en su jaula invisible, en su siglo XIX del eterno retorno, con su jerarquía católica rancia y empoderada, su élite inculta y carpetovetónica, y su Poder Judicial inmaculado, que jamás ha juzgado y condenado una sola de las violaciones de Derechos Humanos del dictador

Emilio Silva

Del franquismo viene la riqueza de la inmensa mayoría de las grandes fortunas de España, o sea la pobreza. Del franquismo viene el poder de la gran mayoría de los poderosos en España, o sea la corrupción. Del franquismo viene la jefatura del Estado, o sea los dos reyes que tenemos, Felipe VI y Juan Carlos I, o sea el jefe de todos los ejércitos. Del franquismo viene el dolor de millones de ciudadanos cuyos antepasados aún yacen en fosas comunes y cunetas, o sea la vileza del Estado. Del franquismo viene el horror de la tortura y la vergüenza de no haberla juzgado. Del franquismo viene esta sociedad que arrastra la ignominia de honrar los restos de un criminal y dejar impunes sus crímenes

Cristina Fallarás

En este año 2019 se cumplen 80 años del fin de la Guerra Civil (1936-1939), que nos han querido presentar como una contienda entre dos bandos enfrentados. Es falso, a menos que mostremos equidistancia entre los defensores de la legalidad republicana, y los sublevados golpistas que la interrumpieron abruptamente. Se cumplen también 80 años del inicio del exilio republicano, que expulsó de nuestro país a eminentes políticos, escritores, poetas, cineastas, y a miles de heroicos demócratas. Un exilio republicano que, en cierto modo, como señala Silvia Casado en este artículo para el medio Cuarto Poder, llega hasta nuestros días, ya que los partidos republicanos no han tenido el eco mediático necesario, ni las formaciones políticas de izquierdas han reivindicado la Tercera República con la fuerza que esta legítima aspiración merece. Ni siquiera el preámbulo de la actual Constitución de 1978 hace mención alguna a la Constitución de 1931 como legítima antecedente, como si la Segunda República nunca hubiese existido. Ese fue precisamente el objetivo franquista por antonomasia, eliminar cualquier rastro físico, histórico, documental, testimonial, político y filosófico de aquél gran pero breve período de nuestra reciente historia.

 

Viñeta: Jorge Alaminos

De hecho, ninguna de las fuerzas políticas actuales que se sientan en el flamante recién renovado Congreso de los Diputados, reivindica aquel período, es decir, lleva abiertamente en sus objetivos políticos iniciar el camino hacia la Tercera República. Pero sin embargo, la memoria democrática de aquél período se está convirtiendo en la única receta para plantar radical batalla frente a la actual restauración borbónica, expresada en el Régimen del 78, que con mínimos cambios, llega hasta nuestros días. El Gobierno de la República en el exilio se refugió en primer lugar en México hasta 1946, y luego en París hasta 1977, cuando se disolvió definitivamente. Cuando el entonces Príncipe Juan Carlos fue nombrado sucesor de Franco en 1969, el Gobierno en el exilio emitió un comunicado donde afirmaba que “no hay otro soberano más que el pueblo español, que un día, sin duda próximo, dirá lo que piensa y decidirá definitivamente”. Lamentablemente, ese día aún no ha llegado. A 80 años del final de la Guerra Civil, no solamente no se ha consultado de nuevo al pueblo español sobre la forma de Estado que desea, sino que los rescoldos del franquismo continúan vivos, y sus brasas nos siguen quemando.

 

Muerto el dictador, muchos pensaron ingenuamente que la República podría volver, pero su recuerdo fue de nuevo enterrado, y no solo eso, sino que además se alimentó (y se continúa en ello) una fuerte amnesia colectiva, mediante una infame Ley de Amnistía de 1977, y aún a más de 40 años de aquellas fechas continuamos luchando por la Verdad, la Justicia y la Reparación para las víctimas de la dictadura y sus familiares. Aquélla “modélica” Transición dejó fuera a las fuerzas políticas que continuaban reivindicando la República, y hoy día son residuales en los diversos comicios a los que se presentan. Aún hoy, a 80 años del final de la Guerra Civil, la (extrema) derecha española continúa azuzando el miedo al “comunismo”, que según ellos, representan las fuerzas políticas socialdemócratas que se sientan en las Cortes. Es el mismo argumento que movilizó a la derecha política y social y a los militares golpistas en 1936 para sublevarse y lanzar el Golpe de Estado, con el apoyo de la Iglesia Católica. Hoy día, el PSOE es señalado despectivamente de “socialista” por la derecha (sin serlo), y a los dirigentes de Podemos se les tacha de “comunistas”, cuando ni siquiera el Podemos original de 2014 lo era (mucho menos el de 2019, totalmente descafeinado). Por tanto, a 80 años del final de la Guerra Civil nos encontramos con una sociedad embrutecida políticamente, que no ha sido capaz de arrancar las cadenas ideológicas que el franquismo sembró en sus mentes.

 

Viñeta: https://nwocorpsystem.wordpress.com/

Y hoy día, a 80 años del final de la Guerra Civil, los más legítimos representantes del franquismo están, de nuevo, entrando en nuestras instituciones. En realidad nunca se fueron. Pero ahora, además, ni siquiera lo disimulan. El embrutecimiento y la falta de madurez política de la sociedad española, que ni siquiera ha conseguido declarar ilegal el enaltecimiento del franquismo, está teniendo como consecuencia que tengamos que soportar una extrema derecha franquista declarada y convencida, que no disimula su culto a la dictadura, y que, lógicamente, se presenta con un ideario absolutamente abominable y aberrante. De hecho, uno de sus objetivos es acabar con la Ley de Memoria Histórica, que siempre se negaron a cumplir. Y hoy, cuando por fin tenemos un Gobierno que está intentando exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos (monumento público a la dictadura que aún sigue en pie), estas fuerzas políticas de la extrema derecha están poniendo todo su empeño en torpedear dicho objetivo. Y mientras se retiran las subvenciones públicas para asociaciones memorialistas, la Fundación Francisco Franco continúa recibiéndolas, ente que no debería existir ni siquiera con fondos privados. Hoy día quedan unos 25.000 cuerpos de víctimas del franquismo sin recuperar, según un estudio coordinado por el antropólogo forense Francisco Etxeberría, que destaca que con una buena dotación humana y material, dichos trabajos podrían estar completados en cuatro o cinco años.

 

Viñeta: Eneko

El legado de aquel período republicano, a 80 años del fin de la Guerra Civil, se ha dilapidado por completo. Aunque en algunos aspectos hemos vuelto a avanzar, como en el feminismo, en general las aspiraciones de la Segunda República (muchas de ellas plasmadas en su texto constitucional de 1931) han quedado desde entonces en el tintero. En primer lugar, el siniestro período franquista promovió un retroceso político, cultural y social en todos los órdenes, pero después de la muerte del dictador, los sucesivos gobiernos “democráticos” que han ostentado el poder no han continuado los mimbres generales de la filosofía inspiradora del breve período republicano. Por ejemplo, la República se definía como “un proyecto de democratización social y política que pasaba por la primacía del poder civil sobre el militar y eclesiástico”, renunciando expresamente a la guerra como instrumento político, y promoviendo una reforma agraria y un sistema educativo, como símbolos de la justicia social a la que aspiraba. Solo 6 años pudieron aguantar estas reformas, que fueron brutalmente atacadas y desmanteladas por la reacción fascista. Y hoy día, a 80 años del final de la Guerra Civil, volvemos a sufrir el poderoso ataque de los poderes económicos, que secuestran nuestra vida y nuestros derechos fundamentales, convertidos en mercancías; volvemos a sufrir los latifundios que reciben enormes subvenciones, mientras los jornaleros y campesinos no poseen lo esencial para vivir; y volvemos a sufrir el adoctrinamiento religioso en los colegios concertados, que cada día comen más terreno a la escuela pública, así como la injerencia de la Iglesia en los asuntos políticos y sociales. El verdadero Estado Laico sigue siendo un sueño.

 

En 2019, a 80 años del fin de la Guerra Civil, nuestros escolares continúan estudiando el período histórico de la II República unido irremediablemente a la guerra, con lo que se pretende inculcar al alumnado la idea de que la Guerra Civil fue una consecuencia casi necesaria tras el “experimento” republicano. Se trata de enterrar el ejemplo, de asociar la experiencia republicana con el desastre y el caos. Pero nada más lejos de la realidad. Se les habla a los escolares de un tal “bando nacional” (cuando en realidad eran los golpistas) y del otro “bando” como el de los “rojos”, en expresión peyorativa, legitimando el lenguaje hostil hacia los avances propugnados por la izquierda republicana de la época. Y a 80 años del final de la Guerra aún hemos de soportar nombres de calles, plazas, avenidas, monumentos, placas, recordando a los protagonistas del “Glorioso Alzamiento Nacional”, como fue llamado el criminal Golpe de Estado. Y también hemos de soportar que existan militares que legitimen la figura del dictador, y que además lo hagan públicamente, mediante la firma de un Manifiesto donde un buen número de generales en la reserva o retirados, hicieran “desagravio” a su figura.

 

Viñeta: Artsenal

En realidad, hace 80 años que en nuestro país no vivimos la paz, sino la victoria, tal como afirma Alfons Cervera en este artículo para el digital Rebelion. Incluso cierto ex Ministro se permitió recordarlo, refiriéndose a la bancada de la izquierda: “Parece que aún no se han enterado de que hace 80 años que perdieron la guerra”. Terminó la guerra, pero la venganza y el exterminio continuaron. Aún continúan la guerra sucia en las cloacas del Estado. Y así, bajo el poderío de esa derecha que viene gobernándonos desde entonces, antes más brutal y ahora más suavizada, pero en el fondo la misma, nos han impuesto su lenguaje, han tergiversado la historia, y han procedido a la destrucción de los vencidos desde todos los puntos de vista. Por eso hoy, en 2019, a 80 años del final de la Guerra Civil, aún tenemos que escuchar el discurso que se refiere a los que “defienden España” frente a aquéllos que “quieren romper España”. Todavía hoy intentan inculcarnos su venenoso discurso, su patético y fanático discurso, su excluyente discurso, y lo intentan, además, robándonos la memoria, la memoria democrática, nuestra memoria como pueblo. La memoria histórica, quizá lo más grande que se le puede robar a un pueblo, quizá lo más importante que nos pueden tener secuestrado como comunidad. Esa memoria colectiva que comienza con el derecho a saber, a conocer la verdad de lo que ocurrió, y por qué ocurrió. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU estableció en 1998 que el “derecho a saber” es un derecho colectivo que implica el derecho inalienable a conocer la verdad de lo que ocurrió y que va unido al “deber de recordar”, como señala Agustín Moreno en este artículo para Cuarto Poder.

 

Y es que el Régimen del 78 fue fundado sobre la desmemoria. A partir de ahí, se extienden falaces mantras como que “en los dos bandos había buenos y malos”, “todos fuimos culpables”, o “al menos con Franco vivíamos en paz”. Los niños y niñas de mi generación (años 60) escuchamos eso de nuestros mayores, y a su vez, muchos lo repitieron cuando fueron adultos, desde el desconocimiento, desde la desmemoria. Pero después, los niños y niñas que ya nacieron en “democracia”, tampoco han estudiado en sus colegios el exilio republicano, la brutal represión franquista, el expolio económico hacia los vencidos, la purga de profesionales, los guerrilleros antifranquistas, los trabajos forzados, los campos de concentración de Franco, el robo de bebés, la oposición obrera, el papel de la Iglesia Católica, las muertes de la Transición, etc. Pero todo cuadra, porque mientras nuestra educación a los escolares adolece de la enseñanza histórica de todos estos asuntos, a su vez, somos un país que, tras 80 años del final de su Guerra Civil, continúa con estatuas franquistas, con placas de calles que recuerdan a los genocidas, continúa sin anular las condenas de los tribunales franquistas, continúa sin devolver al pueblo todo lo que la familia Franco expropió, continúa sin llevar a cabo un inventario de todos los bienes expoliados durante la Guerra Civil y la dictadura, continúa sin juzgar a los responsables políticos y policiales aún vivos de toda aquélla represión, continúa sin llevar a cabo la apertura de todos los archivos militares, civiles y eclesiásticos que contienen información esencial para los investigadores, y continúa con miles de muertos en cunetas y fosas comunes, entre otras asignaturas pendientes.

 

Viñeta: Kalvellido

El exterminio ideológico fue total y absoluto. Finalizada la guerra, se trataba de aniquilar al enemigo, de “limpiar” España, limpiarla de marxistas, de rojos, de comunistas, de socialistas, de anarquistas, de sindicalistas, de feministas, de profesores y profesoras libres (que recogían la semilla de la Institución Libre de Enseñanza que fundaran otros tantos pensadores), de intelectuales (“¡Muera la inteligencia!”, gritaría un irritado Millán-Astray al gran Miguel de Unamuno en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, en respuesta a su famosa frase “Venceréis, pero no convenceréis”), en definitiva, limpiar España de todos aquellos/as que no compartieran su visión excluyente, imperial, católica y tradicional. Todo un holocausto, como señala Paul Preston en su famosa obra. En palabras del arqueólogo Álvaro Falquina, se trataba de “eliminar la identidad política republicana, y crear una nueva conciencia de sujetos válidos para el régimen franquista”. Todo un cruel sistema de violencia organizada y sistemática se llevó a cabo durante décadas, dirigido institucionalmente por el Estado franquista. Y a 80 años del final de la Guerra Civil, ningún dirigente político ni policial de aquella época ha sido juzgado por sus crímenes. No se ha depurado ni una sola responsabilidad. Más bien al contrario, tenemos personajes públicos bien señalados durante la dictadura, que se pasean por la calle como personas respetables, sin el más mínimo reproche penal. Así que en 2019, 80 años después, es un tribunal y una jueza argentina, María Servini de Cubría, la encargada de atender la querella de las víctimas del franquismo a los dirigentes vivos de aquélla época. Algo insólito y absolutamente vergonzante e incomprensible desde todos los puntos de vista, en un país que se proclama democrático. Tenemos informes de la ONU, de sus Relatores concretos, que instan a España a corregir este déficit democrático, pero desde la muerte del dictador, ningún gobierno ha movido el asunto. Han mirado para otro lado. Y por su parte, la judicatura, esa casta judicial formada también bajo la sombra franquista, ha bloqueado todo lo que ha podido el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares. Incluso el ex juez Baltasar Garzón fue injusta y vilmente apartado de la carrera judicial por atreverse a poner orden en el caos y la vergüenza de los crímenes franquistas.

 

Nos han hurtado, en efecto, nuestra historia y nuestra memoria. Y la memoria es lo peor que puede arrebatársele a un pueblo, porque al igual que cualquier enfermo/a de Alzheimer, desconoce su pasado, no sabe quién es. Los poderes económicos se han encargado de ello. Durante la dictadura se fue asentando toda una élite empresarial cuyas cúpulas poseen descendientes que llegan hasta hoy día, y que sirvieron de cantera para los primeros gobiernos de la Transición y cuyos imperios continúan, en muchos casos, situados sobre todo en los Consejos de Administración de las principales empresas del IBEX-35. El dinero estuvo del lado de la sublevación golpista (el empresario Juan March fue el financiador principal del Golpe de Estado), y contribuyó decisivamente a la derrota de la democracia republicana. No en vano los terratenientes de la época eran los más amenazados por aquella reforma agraria que el gobierno republicano emprendió como un objetivo de justicia social. Las sagas de todos aquellos empresarios se enriquecieron como nunca en base al trabajo esclavo de los presos políticos republicanos, y comenzaron a dominar la vida económica del país durante la posguerra y toda la dictadura, así como durante la Transición y el período “democrático” posterior, es decir, han proyectado sus fortunas durante estos 80 años. Por su parte, el otro poder fáctico proveniente del franquismo, como son las Fuerzas Armadas, también proyectan su ideología fascista hasta nuestros días, y a 80 años del final de nuestra Guerra Civil, aún no se ha producido una profunda democratización en sus escalafones superiores. Solamente alguna pequeña parte de la tropa posee una conciencia democrática a la altura de las circunstancias.

 

Viñeta: Eneko

Hoy día, las Fuerzas Armadas (y en general los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado) representan el mayor exponente de la presencia de sectores antidemocráticos en nuestra sociedad, que se manifiestan en señales que van desde el reconocimiento a la función de las Fuerzas Armadas en el propio texto constitucional (“garantes de la soberanía y de la integridad territorial”), hasta la presencia de grandes sectores profundamente ideologizados aún en las semillas provenientes del franquismo. Véanse, como casos concretos, el Manifiesto en favor de Franco al que antes hacíamos referencia, o el gran espaldarazo de voto a Vox en estas últimas elecciones general del 28 de abril pasado. A 80 años de dicha atrocidad, todavía no hemos implementado las debidas garantías de no repetición. Puede que algún/a lector/a ingenuo/a se pregunte: “Ah, pero…¿es que puede volver a suceder?”. A mi juicio, es evidente que sí. Mientras no consigamos unas Fuerzas Armadas plenamente democráticas, en todos sus cuadros, mandos  y estructuras, no estaremos libres de dicha amenaza. Ya afirmó Joan Tardá en el Congreso, muy acertadamente, refiriéndose a las formaciones políticas de la derecha: “Si pudieran, nos fusilarían al amanecer”. No creo que sea ninguna exageración. Más bien al contrario, Tardá dio en el clavo.

 

Viñeta: Eneko

Por su parte, la judicatura es otro cuerpo profundamente conservador en nuestro país, que mantiene actitudes, pensamientos e ideología claramente intolerantes. Por ejemplo, a 80 años del fin de la Guerra Civil, el Tribunal Supremo tiene la desfachatez de paralizar la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, y de calificarlo como “Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936”. El franquismo sigue muy vivo en la élite judicial española, como puede apreciarse claramente en la falta de sensibilidad hacia los cientos de miles de represaliados y sus familiares que esta suspensión cautelar rezuma. Veremos si al final desestiman los recursos de la familia del dictador, y conseguimos de una vez sacar sus restos de esa construcción faraónica que exalta el régimen y su figura. Habremos conseguido avanzar un pequeño paso en la normalización democrática de nuestro país. Pero no sólo esto: habría que acabar también (porque también eso es acabar con el franquismo) con el saqueo al que somete al pueblo esa corriente neofranquista que podríamos denominar como el “patriotismo españolista”, representada por las nuevas versiones del PP, Ciudadanos y Vox. Esos abanderados de la rojigualda, que la llevan por todas partes, menos a la hora de tributar, porque prefieren hacerlo en otros países, o simplemente evadir impuestos todo lo que pueden.

 

Y así, bajo el mantra de la “unidad de España” se han venido a denominar todos ellos “constitucionalistas”, y comprenden al aparato del Estado (y sus cloacas), la jerarquía de la Iglesia Católica, la judicatura, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Familia Real, y detrás de todos ellos, los Consejos de Administración de las empresas del IBEX-35. A todos ellos les guía únicamente el mantener sus abultados privilegios, y de ahí que continúen (como antes de 1936) azuzando el fantasma del “comunismo” y de los “separatistas”, porque saben que tanto unos como otros representan una amenaza a sus intereses, por estar a favor de los intereses de la clase trabajadora, excluida, exiliada, pobre, precaria y vulnerable de este país. Pero no solamente ellos son su objetivo, ya que a 80 años del final de la Guerra Civil, se persiguen en nuestro país a tuiteros, a cómicos, a activistas, a republicanos catalanes, a artistas, etc., simplemente por manifestar sus opiniones. Y por supuesto, todas las fuerzas reaccionarias de este “patriotismo españolista” tienen en la Monarquía su escudo protector. El que ha sido conocido como Rey “Emérito” (algo insólito) se acaba de retirar definitivamente de la vida pública, pero a efectos prácticos no va a existir diferencia alguna, ya que seguirá con el mismo tratamiento, con la misma impunidad y con el mismo sueldo. Así que hoy, como hace 80 años, el patriotismo sigue siendo un engaño para ocultar la opresión de clase.

 

Fuente Viñeta: http://unidadcivicaporlarepublica.es/

Decididamente, la tarea principal que tenemos por delante, después de 80 años de finalizar aquélla feroz contienda, es enterrar a Franco de forma definitiva. Pero eso no significa solo exhumar sus restos del Valle de los Caídos. Enterrar al dictador implica enterrar su ideología, enterrar el fascismo, porque aún sigue vivo en las cabezas y en las actitudes y comportamientos de la derecha política, social y mediática de hoy día. Y como afirma Santiago Alba Rico, mientras Franco esté vivo no se le puede enterrar en ninguna parte. Pero enterrarlo implica también recuperar la esencia y la filosofía de la República, entendida no solo como ausencia de un Rey, sino como sistema político y social donde imperan la libertad, la igualdad, la justicia social y la fraternidad. Han pasado 80 años, y todavía tenemos que seguir reconstruyéndolo. Finalizo con una cita de Higinio Polo, recogida de un artículo publicado para El Viejo Topo en 2006: “Los vendedores de mentiras que han pretendido enterrar la memoria ignoraban que el esfuerzo de la Segunda República para llevar la instrucción y la cultura a los ciudadanos del país contrastaría con esta monarquía que reina sobre el embrutecimiento popular, el triunfo de una televisión de cloaca, el agitar de las sotanas de obispos y el fanatismo deportivo. Porque la república española era la instrucción popular, el desarrollo, la aspiración a una “España libre, próspera y feliz”, como decían entonces”. Creo que define muy bien estos 80 años que han transcurrido desde el final de la Guerra Civil hasta ahora.

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16 junio 2019 7 16 /06 /junio /2019 23:00
Viñeta: Gatis Sluka

Viñeta: Gatis Sluka

Al capitalismo la Tierra se le ha quedado pequeña

Santiago Alba Rico

En el artículo anterior presentamos la Matriz de Necesidades y Satisfactores al completo, explicamos su interpretación, y sobre todo, expresamos que dicha matriz no está cerrada, sino que puede ser ampliada y adaptada. Pero de entrada, asumimos que los lectores y lectoras que se hayan detenido en ella, en su inspección detallada, habrán comprobado cuánto nos alejamos en nuestras sociedades actuales de poder cumplir necesidades que tenemos como seres humanos, pero que nuestro actual sistema (político-social-económico) pervierte e impide en su realización plena. Pero sigamos adelante. Un desarrollo orientado hacia la satisfacción de las necesidades humanas no puede, por definición, estructurarse desde arriba hacia abajo. Esto es, no puede provenir de las propias estructuras del Estado a nivel general, ni puede imponerse mediante ninguna Ley ni Decreto. Sólo puede emanar directamente de las acciones de los individuos, del tejido asociativo, civil, social, ciudadano, organizativo, incluso instituciones u organismos oficiales, que fomenten dichas acciones. Aspiraciones y conciencia creativa y crítica de los propios actores sociales que, de ser tradicionalmente objetos de desarrollo, pasan a asumir su rol protagónico de sujetos. El carácter contrahegemónico que posee la teoría del Desarrollo a Escala Humana que estamos presentando en estas entregas no implica necesariamente agudizar el conflicto entre Estado y sociedad civil. Por el contrario, intenta demostrar, a través del método propuesto, que el Estado puede asumir un rol estimulador de procesos sinérgicos a partir de los espacios locales, pero con capacidad de abarcar todo el ámbito nacional, o bien de la comunidad de que se trate. En este sentido, la importancia de la diversidad es vital para este desarrollo. Diversidad de religiones, de razas, de culturas, de lenguas, de costumbres, de folklores...Diversidad de estilos de vida, en una palabra. De hecho, el rescate y el respeto a esta diversidad y pluralidad es el mejor camino para estimular los potenciales creativos y sinérgicos que existen en toda sociedad. El rechazo a la diversidad, es decir, la apuesta por la intolerancia y la uniformidad excluyente, no es buen consejero para el desarrollo.

 

De ahí que parezca aconsejable y coherente aceptar la coexistencia de distintos estilos de desarrollo regionales dentro de un mismo país, en vez de insistir en la prevalencia de "estilos nacionales" que han demostrado ser hasta ahora eficientes para el enriquecimiento de algunas regiones a costa del empobrecimiento de otras. Estos "estilos nacionales" están concebidos en su mayor parte con el propósito de reforzar o mantener la unidad nacional. No debe, sin embargo, olvidarse que la unidad no significa uniformidad. Determinados grupos políticos, económicos y sociales tienden a apostar por la "unidad nacional", pero no en beneficio de los pueblos, sino en beneficio de sus propios intereses, beneficios, poderes e influencias. Este no es el camino. Se ha demostrado que puede existir una base más sólida para la unidad real cuando un cúmulo de potenciales culturales afloran libre y creativamente, espontáneamente, contando con el respeto, con las oportunidades, el respaldo técnico y el estímulo para hacerlo. Si priman los "intereses nacionales" (en realidad de las corporaciones o grupos políticos y sociales que están detrás de ellos) sobre los intereses de los individuos, de su población, de la gente, de las personas, entonces el desarrollo a escala humana se verá seriamente mermado, en pro del desarrollo desde otros enfoques menos interesantes y más nocivos para el conjunto de la ciudadanía y de los pueblos. Por tanto, hemos siempre de poner el foco de atención en los individuos y en los pueblos, y entender el resto de entidades político-sociales como simples estructuras que se van creando históricamente, pero no contribuyen de hecho al desarrollo a escala humana de las personas que las habitan o constituyen. Valga nuestro ejemplo de la Unión Europea actual: ¿realmente los modelos de desarrollo implementados han incrementado el nivel de vida de los ciudadanos europeos, o más bien han supuesto un escollo para los mismos? ¿Qué tipo de indicadores se utilizan? ¿Son de verdad ilustrativos sobre el grado de satisfacción de las necesidades de las personas que viven en nuestro continente? ¿No deberíamos entonces situar el foco en otros indicadores, en otros procesos, en otras necesidades, en otros resultados? En efecto, la UE debería transformarse desde una Europa del Capital y de los mercados hacia una Europa de los pueblos. 

 

Pero volvamos a centrarnos en las necesidades. Aunque todas ellas no funcionan en modo alguno en jerarquías, es preciso observar que existe un umbral por debajo del cual la urgencia por satisfacer una determinada necesidad llega a asumir características de urgencia absoluta. El caso de la subsistencia es quizá el ejemplo más claro. Es el instinto más básico que poseemos. Y por tanto, cuando esa necesidad está infrasatisfecha, cualquier otra necesidad queda bloqueada y prevalece un único impulso. Podemos tener la necesidad, por ejemplo, de leer un libro, pero si estamos hambrientos, nuestra capacidad de lectura permanecerá hibernada hasta que no saciemos nuestro apetito (ya los filósofos antiguos afirmaban que "con el estómago vacío no se puede filosofar"). Las necesidades del hombre por conocer, por reflexionar, por divertirse, etc., quedan supeditadas a que su subsistencia esté satisfecha. Pero este caso no es solo valido para la subsistencia, sino que es igualmente pertinente para otras necesidades. Por ejemplo, la ausencia total de afecto o la pérdida de la identidad de una persona, pueden conducir también a extremos de autoaniquilación. Quizá lo más difícil de todo sea alterar la concepción materialista de "desarrollo" que poseemos, donde por ejemplo consideramos que una persona "vive mejor" que otra si nos fijamos en que una posee un automóvil y otra no, o en que una posee una estupenda vivienda y la otra no, o en el sueldo mensual que poseen una y otra. Estas cuestiones deben ir desapareciendo de nuestro imaginario colectivo. Las concepciones materiales no aportan nada para el Desarrollo a Escala Humana. De hecho, el "desarrollo" consiste para muchos en alcanzar unos supuestos niveles materiales de vida (donde los países más industrializados constituyen el espejo donde hay que mirarse), para poder tener acceso a una gama creciente de bienes (artefactos) cada vez más potentes, inteligentes y diversificados. Pero como venimos afirmando, en esto no consiste el desarrollo. Todo esta visión no es más que la falsa visión hegemónica impuesta por el capitalismo, que nos ha conducido al terrible panorama actual, repleto de desigualdades y de injusticias. 

 

No obstante, el Desarrollo a Escala Humana no excluye metas convencionales como crecimiento económico para que todas las personas puedan tener un acceso digno a bienes y servicios (su postura no es aún ecologista, sino plenamente humana). Sin embargo, la diferencia con respecto a los estilos de desarrollo dominantes radica en concentrar las metas del desarrollo en el proceso mismo del desarrollo. En otras palabras, que las necesidades humanas fundamentales pueden empezar a satisfacerse desde el comienzo y durante todo el proceso de desarrollo. O sea, que la propia realización de las necesidades, su satisfacción, no es la meta en sí, sino que el propio motor del desarrollo sea capaz de estimular permanentemente la generación de satisfactores sinérgicos. En palabras de los autores: "Integrar la realización armónica de necesidades humanas en el proceso de desarrollo significa la oportunidad de que las personas puedan vivir ese desarrollo desde sus comienzos, dando origen así a un desarrollo sano, autodependiente y participativo, capaz de crear los fundamentos para un orden en el que se puedan conciliar el crecimiento económico, la solidaridad social y el crecimiento de las personas". Como vemos, estos autores no critican el crecimiento económico en sí mismo (como hacemos las personas conscientes del colapso civilizatorio al que estamos asistiendo), quizá porque en las fechas en que su teoría fue elaborada (década de los 80), no existía aún la conciencia real del problema que supone un crecimiento ilimitado bajo un contexto de recursos finitos, como nuestro planeta. Hoy día sabemos no solo que este "crecimiento" económico es una falacia, sino que además es absolutamente incompatible con la solidaridad social y con el crecimiento de las personas como tales. Como venimos afirmando, otros indicadores para medir este crecimiento y este bienestar son necesarios, distintos a los que miden el crecimiento económico (PIB). De hecho, la satisfacción de necesidades tales como subsistencia, protección, participación, creación, identidad o libertad se ve inhibida por las exigencias que, de manera explícita o soterrada, los centros internacionales del poder e instituciones y organismos mundiales hacen en cuestión de modelos políticos, pautas de crecimiento económico, patrones culturales, incorporación de tecnologías, opciones de consumo, relaciones de intercambio y formas de resolver los conflictos sociales. 

 

Todos esos cánones nos conducen a un mundo depredador de los recursos naturales, y en continua competencia, donde las necesidades humanas fundamentales quedan absolutamente relegadas e insatisfechas. Además, estos estilos dominantes de desarrollo han difundido una cosmovisión antropocéntrica, que sitúa al ser humano por encima de la naturaleza, legitimando la destrucción de los ecosistemas naturales y creando las graves consecuencias que todos conocemos, y ya hemos expuesto en entregas anteriores. En lugar de ello, el Desarrollo a Escala Humana fomenta un concepto de desarrollo eminentemente ecológico. Por tanto, una nueva gama de indicadores han de suplantar a los vigentes (la huella ecológica, el índice de bienestar, la encuesta de necesidades vitales...), y todas las tecnologías empleadas han de ser respetuosas con el medio ambiente y garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales. Se trata, en fin, de sustituir esta lógica económica dominante por la lógica del bienestar, la ética de la acumulación por la ética del Buen Vivir, los objetivos capitalistas por la satisfacción de todas las necesidades. Al fetichismo de las cifras debe oponerse el desarrollo de las personas. Y al manejo vertical por parte del Estado y a la explotación de unos grupos por otros hay que oponer la gestación de voluntades sociales que aspiran a la participación, a la autonomía y a una utilización más equitativa de los recursos disponibles. Para finalizar, pongamos de nuevo el foco en el concepto adecuado de Trabajo que hemos de rescatar. Y así, hemos de renunciar al concepto exclusivo de trabajo que se reduce a una relación de salario y de subordinación al capital, y asumir que una perspectiva integral del desarrollo humano debe contar con un concepto más amplio del trabajo, entendiéndose también como factor de mejora de la calidad de vida, es decir, como satisfactor de necesidades humanas y como catalizador de energías sociales. Por supuesto, toda la filosofía subyacente a la teoría del Desarrollo a Escala Humana puede y debe ser soportada por programas de políticas públicas, a efecto de consolidar y reconocer su importancia y sus manifestaciones sociales y culturales. Continuaremos en siguientes entregas.

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13 junio 2019 4 13 /06 /junio /2019 23:00
Ilustración: Javier Ferrero

Ilustración: Javier Ferrero

En poco más de un lustro, desde el inicio de la crisis económica en España, hemos podido comprobar cómo la evolución de múltiples indicadores socioeconómicos –paro, desigualdades, pobreza, etc.– ha dado muestra de un creciente y notable deterioro social que afecta de lleno al bienestar de la sociedad española. En este contexto de quiebra social, han aflorado nuevos factores que incrementan los riesgos de exclusión, especialmente para la parte más vulnerable de la población. Uno de estos factores tiene que ver con la dimensión energética de la ya de por sí multidimensional pobreza

José Bellver (FUHEM Ecosocial, 2015)

En el artículo anterior ya introducíamos nuestra posición política a favor del reconocimiento del acceso a la energía como un derecho humano fundamental, y un factor de soberanía esencial para los pueblos. Siguiendo de nuevo el fantástico artículo de Cecilia Sánchez (Comisión de Energía de Ecologistas en Acción) publicado en el medio Contrainformación, vamos a plantear el encaje de este derecho en nuestro texto constitucional, así como en el contexto del derecho europeo. Para empezar, y esto es aplicable a cualquier acuerdo, convenio, normativa o texto legal, el hecho de que no esté recogido expresamente como tal no significa que no tenga cabida en la misma. Lo que debemos hacer es intentar buscarle el resquicio adecuado, es decir, comprobar si existen las mínimas referencias legales donde nuestro derecho pueda ser enmarcado. Veamos: en la Constitución Española de 1978 se reconocen varios derechos fundamentales relacionados con el acceso y disfrute de la energía, tales como el artículo 15 (derecho a la vida y a la integridad física), el artículo 43 (derecho a la salud), el artículo 47 (derecho a una vivienda digna y adecuada), el artículo 45 (derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona), o el artículo 39 (protección a la familia). Además, contamos con un artículo que establece un contexto de reconocimiento general, como es el 10.2, donde se establece que "Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España". Dicho precepto, según la sentencia del Tribunal Constitucional (TC 198/2012, de 6 de noviembre) contiene el único criterio interpretativo de la Constitución que expresamente ella misma recoge y que incluye tanto a los derechos civiles y políticos como a los derechos económicos, sociales y culturales. 

 

Porque, poniendo en contexto todo este articulado...¿alguien puede interpretar que pueden cumplirse sin atender a unas mínimas necesidades energéticas? ¿Podemos llevar una vida digna, proteger nuestra salud, disfrutar de nuestra vivienda o proteger a nuestra familia sin acceso a la energía? ¿Alguien puede afirmar que careciendo de la garantía del acceso a la energía se puede cumplir todo este articulado? Es evidente que no. Extendiendo a todo su alcance este precepto, se vincula directamente nuestra Constitución con el CEDH, y la interpretación realizada por su Alto Tribunal. Pero aún hay más: no podemos olvidar el artículo 9.2 de la Constitución que establece lo siguiente: "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social". En resumen, podemos afirmar sin resquicio de duda que nuestra Constitución cuenta con herramientas más que suficientes para seguir las indicaciones hechas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la pobreza (en este caso energética) y su vinculación a otros derechos fundamentales. Sin embargo, la realidad es bien distinta, dado que en la práctica, el concepto de energía en nuestro ámbito (y en general, en el de toda la UE) responde más al de una mercancía (esto es, sujeta a oferta y demanda bajo una sociedad capitalista de libre mercado), que al de un bien común, necesario, accesible y compartido por el conjunto de la ciudadanía. Así, por ejemplo, podemos comprobar que a lo largo de los últimos años se ha venido configurando un "mercado de la electricidad" como un mercado competitivo donde prima más la preocupación por la libre competencia y el beneficio de las empresas, que por el bienestar del conjunto de la ciudadanía. Esta es la triste realidad, que de nuevo, como estamos viendo en todos los bloques temáticos que abordamos, crea, difunde, proyecta y perpetúa una arquitectura de la desigualdad. 

 

Y tenemos ejemplos concretos que demuestran cómo el supuesto "derecho" a la energía se desliga de los derechos fundamentales, y las condiciones para su acceso de forma universal empeoran continuamente. Como prueba de ello tenemos la nueva Propuesta de Directiva de la Unión sobre el mercado interior de la electricidad, surgida del Cuarto Paquete legislativo, que prevé que las tarifas reguladas destinadas a los consumidores más vulnerables tiendan a desaparecer (condenándolos a la desprotección energética), o el artículo 14 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece que las empresas que ofrezcan servicios de interés económico general (servicios de energía, en el caso que nos ocupa), actúen especialmente con arreglo a principios y condiciones económicas y financieras (es decir, sujetas a las reglas de mercado). En suma, si bien en teoría la Carta de Derechos Fundamentales de la UE hace posible un derecho a la energía en el marco europeo, en la práctica estos preceptos que hemos comentado lo dificultan e imposibilitan. La última palabra estaría en la interpretación que en su caso pudiera hacer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TJUE), ante cualquier demanda particular o colectiva. El panorama, como podemos comprobar, es incierto y desesperante. Si nos vamos a la definición que del concepto de pobreza energética hace el Consejo Económico y Social Europeo (CESE), ésta se refiere como "la dificultad o la incapacidad de mantener la vivienda en unas condiciones adecuadas de temperatura, así como de disponer de otros servicios energéticos esenciales a un precio razonable". Precisamente en el "precio razonable" tenemos el problema. ¿Es lícito, justo o "razonable" el ascenso del precio de la factura eléctrica durante los últimos años en nuestro país? Parece evidente que no es así, si atendemos a los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de estos últimos años, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si cientos de miles de familias en nuestro país declaran no poder hacer frente a estos pagos, mientras los beneficios de las compañías que la suministran no deja de ascender, tenemos un grave problema de accesibilidad, de pobreza, en última instancia de desigualdad. 

 

Porque las "necesidades esenciales" a las que se refiere la definición anterior incluyen la climatización, la iluminación, y el uso de equipos que consumen energía, y que nos permiten estar integrados en la sociedad (televisores, ordenadores, acceso a Internet...). La movilidad, en cuanto que también consume energía, podría incluirse igualmente en la definición. Siguiendo la entrevista colectiva que lleva a cabo José Bellver para la Revista Papeles de la organización Fuhem Ecosocial, existen dos consecuencias fundamentales de sufrir la pobreza energética: por un lado, los problemas de salud, y por otro, los relativos a la exclusión social. Nos estamos refiriendo, sobre todo y en los países desarrollados, a la incidencia de enfermedades debidas a temperaturas inadecuadas en las viviendas, y a la presencia de barreras en los procesos educativos y comunicativos, que nos permiten relacionarnos con nuestro entorno social. Por todo ello, debemos situar el foco de atención en expresar el nivel de servicio energético que consideramos básico o esencial para poder llevar a cabo estas tareas, o si de prefiere, conseguir esos objetivos. En este sentido, desde los estudios pioneros realizados en el Reino Unido, se considera que un hogar está en situación de pobreza energética cuando ha de destinar más del 10% del total de sus ingresos para pagar la factura eléctrica. Pero en sentido general, una familia se encuentra en situación de pobreza energética cuando sus ingresos no son suficientes para satisfacer las necesidades básicas de energía de su hogar (principalmente de calefacción, electricidad y agua caliente). Alcanzando este nivel, estamos ante situaciones límite, rozando la exclusión social. Ante ello, la simple amenaza de poder quedarse sin suministro por impago, obliga a estas familias a ahorrar por encima de lo recomendable en electricidad y calefacción, lo cual tiene enormes consecuencias negativas, tanto físicas como psicológicas, en su calidad de vida. En este sentido, se estima que la pobreza energética está detrás de miles de muertes al año en nuestro país. 

 

El enorme poder (económico y político) de las grandes compañías energéticas (normalmente empresas transnacionales, con un gran número de sus sedes en terceros países) está detrás de todo ello, siendo la primera gran causa de que la pobreza energética exista. El poder de estos grandes agentes económicos, junto con la liberalización total de su mercado, se traduce en muy altos precios de la electricidad, y en legislaciones laxas y desreguladas que les permiten cortar el suministro a los ciudadanos, bajo determinadas condiciones de impago. Es decir, esa situación límite (de corte del suministro) se ha normalizado perfectamente, y de hecho es practicada a diario por estas grandes empresas. Este hecho supone ya, de entrada, una aberración social en sí misma, pues a nadie debería poderse dejar de suministrar la electricidad, si de verdad lo estimamos como un derecho humano fundamental. Sin temor a exagerar, afirmamos rotundamente que cortar el suministro eléctrico a cualquiera es, simplemente, un acto criminal. Un acto reprobable, que debería estar castigado penalmente en una sociedad que se precie de ser democrática, y respetuosa con los derechos humanos. ¿De verdad estas empresas y sus grandes propietarios, directivos y accionistas tienen una idea clara de lo que implica un corte de suministro? ¿Cuántos de ellos/as lo han vivido alguna vez en sus propias carnes? Una sociedad democrática no debería tolerar estos flagrantes ataques a los derechos fundamentales, pero nuestra "sociedad de mercado" (diametralmente opuesta a una sociedad democrática) ha ido creando en nuestro imaginario colectivo que la energía es un servicio "que hay que pagar", y sin más, si no puede pagarse (al precio de mercado establecido), estas perversas compañías están en su derecho de cortar el suministro. Así de sencillo, así de grave. La pobreza energética se normaliza cada vez más, bajo los parámetros de una sociedad cada vez más salvaje, cada vez más desregulada, cada vez más caótica, cada vez más injusta. Continuaremos en siguientes entregas.

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11 junio 2019 2 11 /06 /junio /2019 23:00
Hacia otra Política de Fronteras (51)

Jamás he entendido –dentro de la estricta lógica- por qué hay personas que consideran suya una tierra por haber nacido en ella por pura circunstancia. Lo grave es cuando algunas de esas personas encima se consideran superiores a los migrantes, siempre que no vengan con un balón de fútbol bajo el brazo. Creerse superior, por estas razones, por haber nacido en determinado trozo de tierra, es nazi de libro y sobre todo de primero de estupidez

Rosa María Artal

Debido a las causas estructurales que las provocan, es evidente que la separación entre migraciones forzadas y voluntarias, hace tiempo que ha perdido su razón de ser. Una cosa es reconocer la necesidad humana de migrar como un movimiento libre, y otra cosa muy distinta es la necesidad forzada de migrar como consecuencia de las terribles causas estructurales que hoy día provocan las migraciones masivas. Una cosa es que los intercambios entre pueblos y culturas, comunidades y personas sean un bien de interés cultural, que debe ser protegido como tal internacionalmente, y otra cosa muy distinta es que dichos intercambios, cuando son protagonizados por personas pobres, sean demonizados por los países de acogida en pro de un supuesto "derecho" a la protección de nuestros valores y de nuestra cultura. ¿Es que acaso dichos intercambios solo son valiosos si vienen de personas que pueden viajar en libertad y de manera voluntaria? Hoy día, lo cierto es que se interpretan restrictivamente las normas que protegen a las personas refugiadas, y se consideran "voluntarias" al resto de personas migrantes, ignorando las diversas causas estructurales que provocan que estas personas abandonen sus lugares de origen. Se deben derogar o dejar de aplicar criterios que sean contrarios a la legalidad internacional en materia de derechos humanos, como por ejemplo, exigir la eliminación de los acuerdos bilaterales con países que vulneren los derechos de las personas migrantes. Si se continúa ignorando que terceros países violan la legalidad internacional, simplemente los estamos empoderando para que continúen con sus deleznables prácticas. La Unión Europea es un absoluto caos en este sentido, pues no existe unanimidad en la aplicación de normas y criterios en cuanto a la llegada de migrantes, y prácticamente cada país ejerce sus controles como le parece. 

 

Necesitamos abrir corredores humanitarios y otras vías seguras de acceso a la protección, eliminando las vallas, las concertinas, los muros y desmantelando los aberrantes campamentos de concentración donde se hacinan miles de personas esperando un futuro mejor. Debemos incrementar la expedición de permisos y visados en Embajadas y Consulados, pues tampoco existe aquí unanimidad de criterios en su aplicación. Debemos cumplir, a nivel de todos los Estados miembro, los compromisos adquiridos en cuanto a reubicación y reasentamiento. ¿Alguien puede entender que la UE multe a determinado país por incumplir la senda de reducción del déficit público, pero ignore las medidas que lleva a cabo en cuanto a sus compromisos de realojo de inmigrantes? Pues esto ocurre en nuestro viejo continente. Hay que poner fin a las devoluciones ilegales, "en caliente" o como se les quiera denominar en las fronteras de Ceuta y Melilla. No es admisible que existan tratados que "permitan" expresamente esta inhumana práctica. Simplemente, no debería estar permitido que dos o más países cualesquiera acordaran tratar de esta forma a los migrantes que intentan cruzar sus territorios. Hay que derogar el llamado Acuerdo de Málaga firmado entre nuestro país y Francia, que también permite estas devoluciones en caliente en la frontera de Irún. Y a un nivel más general, es absolutamente necesario aprobar el Reglamento de desarrollo de la Ley de Asilo y Protección Subsidiaria, tras más de 9 años de retraso, y exigir el cumplimiento estricto del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que garantiza en todos los Estados miembro la existencia de controles fronterizos acordes con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión. 

 

Por otra parte, y como también venimos insistiendo, las normas y medidas de integración de los migrantes en sus sociedades de acogida deben ser ampliadas y fomentadas desde todas las instituciones. En nuestro caso español, por ejemplo, tal como indica Juan Hernández Zubizarreta en el artículo de referencia, el plan de integración establecido consta de la estancia durante 6 meses en un piso de acogida, más un año de ayudas para el alojamiento y manutención, más un tercer período de asesoramiento. Las dotaciones económicas para este plan son manifiestamente escasas, y a todo ello hay que unir las dificultades para poder empadronarse, lo que conlleva a su vez impedimentos para solicitar y conseguir el arraigo y el agrupamiento familiar, y la deriva de todo ello en un limbo jurídico sin límites, ya que al calvario cotidiano que sufren estas personas, se le suma el hecho de que las peticiones de asilo se conceden a un ridículo 3% de las personas que lo solicitan. A partir de ahí, pasan a engrosar las filas de "personas irregulares" y su consideración como individuos sin derechos. Por su parte, la Convención de Ginebra, que sirve como marco de referencia legal en materia de refugiados, también debe ampliarse y actualizarse para recoger los que hemos denominado "migrantes medioambientales", y evolucionar en la definición del agente perseguidor (Estado de origen, empresas transnacionales, instituciones económico-financieras, etc.) que haya causado tal circunstancia. Por ejemplo, Suecia y Finlandia ya tienen recogida esta figura del migrante medioambiental. Asímismo, la Convención de Ginebra debe también ser reinterpretada bajo criterios feministas, y tomar en consideración la violencia sexual que sufren las mujeres y las niñas en los tránsitos, por parte de los hombres con los que se encuentran en sus caminos (compañeros de viaje, policías, mafias, etc.), la existencia de los matrimonios forzados, la ablación genital, la prostitución forzosa y la persecución por causa de orientación e identidad sexual.

 

Todas estas son necesidades de adecuación que tienen los actuales tratados y convenciones, pero no únicamente para que queden negro sobre blanco de cara a la galería, sino que para que sean respetadas e incorporadas a los tratados, acuerdos y normativas que los países puedan implementar. Por otra parte, como también destaca Hernández Zubizarreta, las normas sobre migraciones comunitarias y nacionales (como nuestra Ley de Extranjería) deben también modificarse radicalmente y adecuarse a la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias, que es un tratado de la ONU que busca el respeto de los derechos hacia estas personas. Uno de los aspectos más reseñables de la citada Convención es la referencia que hace a los "trabajadores migrantes indocumentados" como titulares de derechos fundamentales, y por tanto, del acceso y protección a los mismos. Dicha Convención, curiosamente, no ha sido ratificada por Estados Unidos ni por ningún país europeo. En última instancia, debemos evolucionar hacia un panorama donde todas las personas excluidas del modelo neoliberal (migrantes, pero también inactivos, desempleados, mujeres, niños, ancianos, estudiantes, exiliados...) puedan alcanzar el status de sujetos de pleno derecho, al margen de fronteras, jerarquías y circunstancias personales y sociales. Eso requiere alcanzar y definir un nuevo instrumento jurídico universal, que tenga en cuenta las normas internacionales sobre refugio, sobre migraciones, sobre los efectos del cambio climático, sobre la persecución por motivos de género, sobre el dominio que ejercen las empresas transnacionales, etc., de tal forma que toda la casuística que se entienda como capaz de atacar la vulnerabilidad de cierto sector de personas, deba estar contemplada y protegida, lo cual implica profundas y sustanciales modificaciones del modelo vigente de regulación, que se nos queda a años luz de este objetivo. Deberíamos no solo alcanzar un instrumento jurídico que aborde los desplazamientos forzados por todas las causas posibles, sino que también sea sensible y proteja de forma integral, otorgando carta de naturaleza jurídica y protección internacional a todas las personas perseguidas, violentadas, expulsadas o excluidas del sistema, en cualquier país del mundo. Noble, justo y lejano objetivo el que estamos planteando. ¿Seremos capaces de alcanzarlo algún día?

 

Porque, puestos a reflexionar...¿por qué están en un marco de protección superior las personas que huyen de sus países por motivos bélicos, por asuntos políticos, por razones de raza, religión, nacionalidad, etc., que aquéllas personas que huyen por el hambre, por la miseria, por falta de expectativas vitales, porque los persiguen las empresas transnacionales (por medio de sus proyectos o para asesinarlos, como hacen en América Latina con los activistas que se enfrentan a sus proyectos), porque huyen de la violencia machista, por los efectos de la especulación alimentaria, por los acuerdos de los (mal llamados) Tratados de Libre Comercio, por efecto de los proyectos agroindustriales y extractivistas, por efecto del acaparamiento de tierras, por las políticas implementadas por las instituciones económico-financieras mundiales, etc.? ¿Es que acaso todos estos motivos no son reales? ¿Es que no suponen razones para el desplazamiento forzado de millones de personas en todo el mundo? Lo que debemos por todos los medios, como países avanzados y desarrollamos que presumimos ser, es establecer marcos jurídicos, políticos, regulatorios, sociales, económicos y culturales que mitiguen las migraciones de personas, por todos los efectos descritos. Sólo un mundo justo puede asegurar que cualquier persona, haya nacido donde haya nacido, nunca se encuentre en situación de tener que abandonar su país o comunidad de origen. Pero al menos, ya que no podemos garantizar eso (que queda todavía a más años luz si cabe), al menos garanticemos un contexto legal internacional que asegure que cualquier persona que se vea obligada a desplazarse de modo no voluntario, se encuentre protegida en cualquier otro país o comunidad al que se desplace. Ser sensibles con el que se ve obligado a huir es una necesidad democrática y humanitaria donde las haya, sobre todo porque también nos puede tocar a nosotros. Solo el concepto de "Ciudadanía Universal" alcanzará ese estadío. Continuaremos en siguientes entregas.

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9 junio 2019 7 09 /06 /junio /2019 23:00
Viñeta: Ramses

Viñeta: Ramses

La devastación ambiental que caracteriza nuestro tiempo no tiene precedente en la historia del planeta ni las culturas. Ha habido civilizaciones que han provocado desastres ambientales, pero nunca antes se habían mundializado, desequilibrando los propios flujos y sistemas naturales que sostienen la vida en el planeta. El capitalismo y su civilización petrolera, el modelo de producción y consumo industrial y basado en combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) provocó este desastre en poco tiempo, acelerado en las últimas décadas

Silvia Ribeiro (Investigadora de ETC Group.)

Continuando con la exposición de la teoría de los pioneros Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y Martin Hopenhayn sobre el Desarrollo a Escala Humana (1986), habría que exponer lo que podemos llamar una Matriz de necesidades y satisfactores. Es decir, los satisfactores pueden ordenarse y desglosarse dentro de los cruces de una matriz bidimensional que, por un lado, clasifica las necesidades según las categorías existenciales de ser, tener, hacer y estar, y por otro, las clasifica según categorías axiológicas de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. En la intersección entre cada una de ellas colocaremos los satisfactores adecuados. Por supuesto, la matriz que vamos a presentar aquí (la propuesta por los autores de referencia) sólo es un ejemplo de tipos de satisfactores posibles. De hecho, cada persona o cada comunidad puede construir y llenar los suyos según sea su cultura, su tiempo, su lugar o sus circunstancias, o bien según sus limitaciones o aspiraciones. De la observación de los distintos casilleros de la matriz que contienen propuestas de satisfactores posibles, se desprende que muchos de los satisfactores indicados pueden dar origen a diversos bienes económicos. Si se escoge, por ejemplo, la casilla de la matriz que indica formas del Hacer para satisfacer la necesidad de Entendimiento (casilla 15), se encuentran satisfactores como investigar, estudiar, experimentar, educar, analizar, meditar e interpretar. Ellos dan origen a su vez en la práctica a determinados bienes económicos, según sea la cultura, su evolución o sus recursos, tales como por ejemplo papiros, libros, revistas, instrumentos de laboratorio, herramientas, computadoras y otros artefactos. Pero como los autores advierten, la matriz propuesta es únicamente ilustrativa, no es exhaustiva, es decir, no agota los tipos de satisfactores posibles. Se propone únicamente como herramienta de orientación, de concreción y de análisis. En la siguiente figura exponemos dicha Matriz de Necesidades-Satisfactores en su primera parte, es decir, la que recoge las necesidades de Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento y Participación:

Matriz de Necesidades y Satisfactores. Fuente: Max-Neef et all (primera parte)

 

La lectura de la matriz es bien simple: el eje existencial de las necesidades se plantea arriba (Ser, Tener, Hacer y Estar) y el eje axiológico de las mismas se plantea en la primera columna vertical (Subsistencia, Protección...). En la intersección de cada fila y columna, se encuentran los ejemplos de satisfactores propuestos en primera instancia por los autores. Recomiendo a los/as lectores/as sitúen el zoom de su navegador al nivel adecuado para ver correctamente el contenido de las casillas. Ahora mostraremos la segunda parte de la Matriz, es decir, la que recoge las necesidades de Ocio, Creación, Identidad y Libertad:

Matriz de Necesidades y Satisfactores. Fuente: Max-Neef et all (segunda parte)

 

Una vez hemos completado la matriz, comentemos algunos ejemplos de ella. Por ejemplo, el satisfactor ligado a Tener Libertad (casilla 34) sería la igualdad de derechos. O por ejemplo, los satisfactores ligados a Estar para la necesidad de Creación serían (casilla 28) los ámbitos de producción y retroalimentación, tales como talleres, ateneos, agrupaciones, audiencias, espacios de expresión y libertad temporal. Obsérvese también que el satisfactor "trabajo" aparece en varias casillas de la matriz, expresando en cada una de ellas un tipo, variante, modelo o adaptación del satisfactor para satisfacer necesidades concretas en ámbitos existenciales distintos. Pero obsérvese también que, debido a ello, no debemos entender "trabajo" bajo la única acepción dominante de la sociedad capitalista, es decir, el realizar o llevar a cabo alguna actividad considerada productiva y remunerada. El satisfactor "trabajo" debe entenderse, en sentido general, como cualquier ocupación a la que le dediquemos nuestra pasión, nuestras capacidades, nuestra sensibilidad y nuestra inteligencia, que nos llene un tiempo determinado, y que nos satisfaga realmente en su dimensión concreta, independientemente o no de si es productiva o rentable desde el punto de vista capitalista. Dejo la matriz a mis lectores y lectoras para que la examinen con calma, y sobre todo reflexionen hasta qué punto vivimos o no en un mundo y una sociedad que nos proporciona todos los satisfactores que necesitamos. Continuaremos en siguientes entregas.

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6 junio 2019 4 06 /06 /junio /2019 23:00
Viñeta: Eneko

Viñeta: Eneko

La idea de consagrar el derecho a la energía como un derecho fundamental es una manera de reforzar un derecho humano básico a una vida digna, independientemente de cualquier otra consideración relativa a la capacidad económica, condición social, raza, sexo, etc. Sobre todo si se tiene en encuentra que se trata de un derecho instrumental para el ejercicio de otros derechos fundamentales (como el derecho a la salud, a la educación o la alimentación…), derechos irrenunciables para nuestro desarrollo

Cecilia Sánchez (Comisión de Energía de Ecologistas en Acción)

En la entrega anterior expusimos el fenómeno de las puertas giratorias, y pusimos el foco de atención en su relación con el oligopolio que estas empresas representan, y por ende, el enorme poder que ostentan en nuestro país. Sin ir más lejos, y para que nos hagamos una leve idea, este artículo del medio Infolibre nos contaba en febrero de 2017 que las compañías eléctricas habían disparado sus beneficios. Concretamente, Iberdrola había ganado 2.705 millones de euros en 2016 (lo que representaba casi un 12% más con respecto al año anterior), elevando hasta un 11% sus dividendos. Por su parte, Endesa y Red Eléctrica aumentaron un 30% y un 5% respectivamente sus beneficios en 2016, precisamente un año de subidas constantes del recibo de la luz, como señala este otro artículo del mismo medio. La pregunta es obvia y apunta a una realidad indignante: ¿Cómo es posible que mientras los beneficios netos de estas grandes compañías no paran de aumentar, la pobreza energética sea una realidad al alza en nuestro país? Habría que partir de la base de considerar el derecho a la energía como un derecho humano fundamental (además de una cuestión de soberanía a nivel de los pueblos). Pero debido al más flagrante ultraneoliberalismo que nos gobierna, resulta que este derecho únicamente obedece a un mercado (cada vez más desregulado), como ya ocurre para otros derechos, como el de la vivienda. Y aquí es donde entra al pelo la cita de entradilla de Cecilia Sánchez, que escribe sobre el asunto en este artículo para el medio Contrainformación, que seguiremos a continuación. Al ser considerado como derecho humano fundamental, habría que dotarlo de mayores garantías jurídicas para hacer efectivo su ejercicio y su disfrute. En efecto, el derecho humano a la energía está ya expresamente recogido en numerosos tratados internacionales, aunque como siempre, los Estados vayan con un enorme retraso en estos asuntos (los que tienen que ver con la protección de los derechos fundamentales de su población). 

 

Como se indica en el artículo de referencia, el Comité Económico y Social Europeo estimó en 2013 que en la Unión Europea la pobreza energética afectaba a más de 50 millones de personas que tenían dificultades para abonar las facturas de la energía, o veían limitado su acceso a la misma debido a bajos ingresos, viviendas con un pésimo aislamiento térmico, equipamientos con escaso rendimiento o elevados costes de la energía. Otras fuentes menos conservadores estiman que dicha cifra podría aumentar hasta los 125 millones de personas en el contexto de los países europeos. Según el estudio "Pobreza energética en España" publicado por la Asociación de Ciencias Ambientales en 2018, en nuestro país 6,8 millones de personas (el 15% de la población) declararon tener dificultad para mantener su vivienda a una temperatura adecuada o retrasos en el pago de las facturas de energía, y 900.000 personas (el 2% de la población) dejaron de disponer de sus fuentes habituales de energía doméstica por dificultades económicas, tanto por no poder pagar dicha energía (autodesconexión) como por haber tenido algún tipo de corte en el suministro energético. Además, se calcula que 5,4 millones de personas (el 12% de la población) declaraban gastos energéticos usualmente bajos (lo que se conoce como "pobreza energética escondida"), porque no podían afrontar unos gastos superiores. La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) fue la herramienta estadística mayoritariamente usada para obtener estos datos. Ante esta terrible realidad, es evidente que reclamar el derecho a la energía como un derecho humano fundamental es algo vital y urgente. Muchos son los factores responsables de esta desigualdad energética que nos afecta, y ya vamos perfilando algunos de ellos. La complicidad del poder económico (que estas grandes empresas privadas representan) con el poder político es un factor a considerar, así como la erradicación de un terrible, confuso y demencial mercado energético. 

 

Pues bien, vayamos al meollo de la cuestión. Si estamos de acuerdo en que la energía ha de ser considerada como tal derecho humano, hay que comenzar por entenderla como un bien común y no como una mercancía. Está encuadrada en el grupo de los derechos económicos y sociales, y al igual que el resto de los derechos de última generación ( o derechos emergentes), gira en torno a la solidaridad, dado que puede afectar tanto a la generación actual como a las generaciones futuras. Y como explica Cecilia Sánchez: "El agotamiento de los recursos fósiles, el escenario de crecimiento de consumo energético, la alta dependencia del exterior, el cambio climático y el gran aumento de la pobreza energética en los últimos años, nos hace configurarlo necesariamente como un derecho humano a una energía asequible, renovable o sostenible, fiable y moderna para todos y todas". En la siguiente figura se esquematiza la interdependencia de todos estos factores:

Derecho Fundamental a la Energía. Fuente gráfico: Cecilia Sánchez

Derecho Fundamental a la Energía. Fuente gráfico: Cecilia Sánchez

Estas características a las que antes hemos aludido relacionan el derecho humano fundamental a la energía con otros derechos de última generación, a saber:

 

1.- Asequible, porque se ha de poder adquirir a un precio razonable por razones de justicia social. Jamás el precio de la energía puede disuadir a cualquier persona o familia de su consumo. Lo ideal es conseguir que exista un servicio público, gratuito y universal que suministre a todas las personas este recurso básico. O en su defecto (como se propone también para el derecho a la vivienda), que los gastos ocasionados por el consumo energético nunca superen un determinado porcentaje de los ingresos (definido en función de la renta).

 

2.- Renovable o Sostenible, porque nos encontramos a nivel medioambiental en un punto sin retorno donde no podemos seguir quemando más combustibles fósiles sin poner en peligro el derecho al medio ambiente y el desarrollo sostenible de los pueblos. En este sentido, dicho derecho ha de garantizar un plazo, transcurrido el cual la energía consumida será obtenida de fuentes limpias y renovables (energía solar, eólica, etc.).

 

3.- Fiable o Segura, no solo en cuanto a que se pueda garantizar el abastecimiento de la propia energía, sino en cuanto a que no ponga en peligro otro derecho humano fundamental como es el derecho a la paz, amenazado gravemente por la industria nuclear. A este respecto, debe definirse y respetarse un calendario de cierre definitivo de las centrales nucleares. 

 

4.- Moderna, porque ha de asegurarse que las tecnologías utilizadas no pongan en peligro el derecho a la intimidad (derecho igualmente fundamental, y uno de los aspectos protegidos por el derecho a la libertad informática). 

 

Continuaremos en siguientes entregas.

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4 junio 2019 2 04 /06 /junio /2019 23:00
Hacia otra Política de Fronteras (50)

En una sociedad racista y machista, no basta con no serlo, hay que ser antirracista y feminista

Angela Davis

En la Unión Europea no solo se practica la política de "externalización" de fronteras, de refuerzo de seguridad de las mismas y de rechazo al inmigrante, sino que además existen muros físicos que detienen a los mismos, y los obligan a quedar recluidos en enormes campos a cielo abierto, o tener que jugarse la vida para conseguir alcanzar sus destinos. Por ejemplo, nos encontramos el muro entre Francia e Inglaterra, en el puerto de Calais, para impedir que los migrantes salten del país galo al británico, y que fue financiado por éste último. Otros ejemplos en Europa son el muro construido por Hungría en 2015 (el gobierno húngaro de Viktor Orbán es de los más beligerantes en este sentido), con 175 km. de longitud, para detener a los migrantes provenientes de Serbia y Croacia; o el construido en Bulgaria, de similares dimensiones que el anterior, para detener el flujo proveniente de Turquía, alimentado principalmente por la guerra en Siria, o los que existen entre Austria y Eslovenia, y entre Macedonia y Grecia. La vocación racista y militarista que subyace tras la construcción de todos estos muros es evidente. Mediante loas a supuestas "invasiones" y a la pérdida de la identidad cultural europea, los discursos intolerantes hacia los flujos migratorios van calando en una ciudadanía global muy martilleada por los efectos de la globalización neoliberal. Y a todo ello, los motivos para las migraciones forzadas no dejan de aumentar. Sólo tenemos un nexo común: las personas migrantes forzosas responden siempre a procesos de criminalización y estigmatización. No podemos olvidarlo. Sus vidas normalmente han sido truncadas. Quizá el último motivo a añadir a esa diabólica lista son los refugiados o desplazados climáticos o medioambientales. Se entiende por tales a aquéllas personas (puede aplicarse incluso a pueblos enteros) que se han visto obligados a migrar a otros lugares del mundo por la degradación medioambiental experimentada en sus tierras de origen. Las causas de las mismas se pueden deber a razones naturales (tifones, huracanes, tsunamis, terremotos...) o a acciones humanas, las cuales han provocado efectos sobre el clima que han minado sus sistemas de sustento. 

 

Curiosamente, los refugiados climáticos proceden de países que contaminan muy poco al mundo, por lo cual la perversidad de esta causa es manifiesta. Nos hacen falta, debido a que este fenómeno tiende también a expansionarse, nuevas políticas de fronteras con visión humanista y solidaria, que aboguen por un mundo sin muros y sin fronteras, hasta alcanzar la idea de ciudadanía universal. Este concepto ha sido definido en la última Conferencia Mundial de los Pueblos (Bolivia) en 2017, y volveremos a él posteriormente. Ante tanta confusión, será mejor que aclaremos un poco el asunto de la nomenclatura, con ayuda de este artículo de Juan Hernández Zubizarreta, Profesor de la Universidad del País Vasco y miembro del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL). A esta confusión, evidentemente, están contribuyendo todos los países de la UE (siguiendo la estela de USA), al reinterpretar de forma maliciosa las normas nacionales e internacionales, creando un grado de confusión que alimenta el caos actual que estas personas sufren. ¿Quiénes son refugiados/as? ¿Quiénes son personas migrantes? El Profesor Hernández Zubizarreta explica: "Aunque es evidente que todos y todas son seres humanos, la respuesta jurídica, es decir, la calificación como personas refugiadas o migrantes económicas les coloca en una situación de mayor o menor vulnerabilidad cotidiana. Los proyectos de vida se truncan según dicha calificación, y lo que es más grave, todos ellos se encuentran en espacios que transitan entre la desregulación, la discriminación, la impunidad, los limbos jurídicos y los espacios sin derechos". Es decir, que a la complejidad del panorama jurídico, se le suma la falta de voluntad política para aplicar los tratados de forma justa. De entrada, el concepto de persona refugiada y el marco jurídico recogido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y el Protocolo de 1967, resultan claramente insuficientes. Por otra parte, las migraciones económicas se presumen voluntarias, pero ocultan los desplazamientos forzados.

 

Además, los millones de personas y pueblos que emigran por causa del caos climático y por el modelo y proyectos de desarrollo capitalista y heteropatriarcal se enfrentan a un vacío político, social, legal y humano. ¿Dónde encajarían personas homosexuales que se ven obligadas a huir de su país por motivos de represión por su condición sexual? ¿Dónde encajarían familias completas que lo han perdido todo por causa de un fenómeno climático violento y destructor? Es evidente que las realidades humanas han de tener cabida en nuevos contextos jurídicos más amplios y adaptados a las nuevas realidades mundiales. ¿Es justo que estas personas tengan que atravesar muros? ¿Obedecen quizá a motivos políticos? ¿Dónde situamos los límites para describir y amparar la realidad de estas personas? Quizá la definición más completa sea la que aportan Raquel Celis y Xavier Aierdi en su texto "¿Migración o desplazamiento forzado? Las causas de los movimientos de población a debate", perteneciente a la colección "Cuadernos Deusto de Derechos Humanos" (2015) cuando afirman: "El desplazamiento forzado sería el cambio involuntario de lugar de residencia de una persona o grupo de personas, viéndose obligadas a huir, a abandonar su residencia habitual, para proteger su vida o integridad, independientemente de que suponga o no cruzar la frontera estado-nacional como consecuencia de: una violación grave o sostenida o sistemática de derechos humanos (incluyendo los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales); una violación masiva de los derechos humanos; la violencia generalizada; los conflictos armados; las catástrofes y desastres naturales o provocadas por el ser humano y la implementación de proyectos de desarrollo a gran escala". Y añaden: "También se considera desplazamiento forzado el que sufren las personas que han migrado por cualquier otra causa pero se encuentran en riesgo de sufrir torturas o tratos inhumanos o degradantes en caso de ser devueltas a sus países de origen o a terceros países". Creemos que aquí se recoge la pluralidad y amplitud de la casuística estudiada, y que además, el contexto internacional necesita ser adaptado a ella de forma consecuente. 

 

Expresado en otros términos, el derecho internacional debe recoger la profunda correlación existente entre la violación de los derechos humanos y las migraciones forzadas. Hay que ampliar la actual visión estrecha de los derechos humanos, hay que rebasar su enfoque liberal y limitado, que los circunscribe a los ámbitos político y civil (el clásico "derecho de asilo político") y ampliar sus bases universales, indivisibles e interdependientes. El derecho internacional en materia de desplazamiento forzado de personas debe adecuarse a los actuales contextos donde se fuerza a las mismas a migrar, recogiendo todos los casos expresados anteriormente, y otros que puedan ir surgiendo ante nuevas circunstancias. El objetivo es evidente: proteger de forma global e integral a todas las personas y pueblos que se vean obligados a desplazarse por cualesquiera motivos. Como estamos comprobando, actualmente en el panorama internacional, las múltiples causas que atraviesan la calificación de los desplazamientos forzados, dificultan la tipificación de todos y cada uno de los derechos vulnerados. Nuestro cruel mundo de hoy no protege a todas las personas ante el derecho a la vida, el derecho de asilo, de la omisión de socorro, de la protección a la infancia, de la no detección y protección de las víctimas de trata, de la esclavitud, del hambre, de las expulsiones, de las migraciones medioambientales, de la guerra, de la violencia sistemática, de la tortura, de los tratos inhumanos o degradantes, de las violaciones y vejaciones, de la explotación laboral, de las redadas racistas, de los vuelos de deportación, de la prostitución forzosa...¿Resuelven los muros estos problemas o los enconan? ¿Son la solución para los mismos, o representan una mayor impunidad para quienes los perpetran? ¿Suponen un enfrentamiento con el problema o una huida hacia adelante en relación a los mismos? La comunidad internacional no puede por más tiempo hacer dejación de sus funciones. Los diversos foros del derecho internacional han de actuar de forma valiente y en consecuencia. 

 

La Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (Argel, 1976) establece que todo pueblo tiene derecho a existir, al respeto de su identidad nacional y cultural. Y que todo pueblo tiene el derecho de conservar en paz la posesión de su territorio, y de retornar allí en caso de expulsión. También proclama que nadie puede ser, debido a su identidad nacional o cultural, objeto de masacre, tortura, persecución, deportación o expulsión, o ser sometido a condiciones de vida que puedan comprometer su identidad o la integridad del pueblo al que pertenece. A la luz de las nuevas realidades, nos parece que la Declaración de Argel debería ser reinterpretada y adaptada a estas nuevas realidades transnacionales, no dejando fuera de dicha protección universal a las personas desplazadas forzosas. Porque, tal como se pregunta Hernández Zubizarreta en el artículo de referencia: "En estos tiempos en que millones de migrantes deambulan de un lugar a otro del planeta global, ¿por qué no reclamar --siguiendo la estela de Argel-- que sean considerados sujetos de pleno derecho, como si de "un nuevo pueblo se tratase" con identidades heterogéneas de carácter transnacional al que hay que proteger y dotar de derechos y obligaciones vivan donde vivan?". O bien expresado en otros términos: si nuestra realidad planetaria es la que es, si hemos llegado a este punto, donde millones de personas desplazadas forzosas han dejado el lugar que les vio nacer...¿por qué no somos consecuentes y les dotamos también, en línea con la Declaración de Argel, de protección a sus derechos a todas estas personas? ¿Por qué no promovemos un contexto legal internacional que los proteja donde se encuentren? Es exactamente lo que deberíamos hacer para, al menos y de momento, adecuarnos a una trágica realidad vital que afecta a millones de migrantes en el mundo. Es cierto que hoy son ellos, pero quizá mañana puede tocarnos a nosotros. ¿O es que acaso algún país, Estado, nación, pueblo o comunidad del planeta está definitivamente a salvo de sufrir los terribles efectos de las migraciones forzadas? Continuaremos en siguientes entregas.

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