Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Nuestra cita de entradilla de Andrés Huego nos viene de perlas, porque efectivamente, el recurso a "las mafias" (así, en sentido general, aunque evidentemente se refieren, y nos referimos, a las mafias de tráfico de personas) suponen un argumento recurrente y falaz para encubrir los crímenes que este capitalismo decadente y brutal perpetra contra la humanidad. Seguiremos este estupendo artículo de Cecilia Zamudio a continuación, pues incide especialmente en este asunto. En efecto, echarle la culpa a las supuestas "mafias de migrantes" es buscar encubrir a los verdaderos responsables. El verdadero culpable, ya lo hemos señalado, es el propio capitalismo y todas las aberrantes consecuencias que genera. Las verdaderas culpables son las guerras genocidas e imperialistas, que generan estos dantescos éxodos de población. El verdadero culpable es el ansia explotadora de las grandes potencias occidentales, que no tienen escrúpulos en someter a los países de ese llamado "Tercer Mundo" a la miseria, el hambre y la desolación más absolutas. Las grandes empresas multinacionales obtienen sus ganancias de esta explotación masiva, de este saqueo continuado. Toda una hecatombe planetaria es causada por estos grandes agentes del capitalismo, que también son los mismos que están causando las graves crisis climáticas que padecemos, que a su vez también son motivo de grandes éxodos de millones de personas en el mundo. Y las mafias son los chivos expiatorios perfectos, la coartada que arguyen todos los adalides del ideario racista, para encubrir todos estos procesos expoliadores, y seguir legitimando la criminal masacre del capital. Pero...¿quiénes son las mafias? ¿Cómo se han originado? ¿Son siempre grupos organizados? ¿Son responsables de esta situación? Es evidente que siempre han existido organizaciones mafiosas que viven de chupar la sangre ante cualquier dificultad de las personas, pero ¿no deberíamos colocar el foco de atención, antes que en las mafias, en las causas que han colocado en esta situación a las personas que migran? ¿No son estas causas y sus provocadores los auténticos responsables?

Cecilia Zamudio lo explica en los siguientes términos: "Se intenta ocultar que el saqueo y las mal llamadas "guerras humanitarias" perpetradas por la UE y Estados Unidos contra África, tienen como lógica consecuencia el éxodo masivo. Los grandes capitalistas imponen mediáticamente a unos chivos expiatorios para ocultar las verdaderas causas del éxodo. Responsabilizan de la continua tragedia del Mediterráneo y del Atlántico a las supuestas "mafias" de transporte de personas, cuando es bien sabido que en muchas ocasiones el supuesto "mafioso" no es otra cosa que un pescador que ya no puede sobrevivir de la pesca en un mar saqueado por el arrastre de las grandes transnacionales; un pescador reconvertido en conductor de embarcaciones que clandestinamente intentan pasar las fronteras de la Europa Fortaleza. Incluso, si bien puede ser cierto que muchos transportistas de estos viajes clandestinos se aprovechan de las personas en situación de éxodo, estos transportistas no pueden ser tenidos por los responsables de esta tragedia, de estos crímenes de Lesa Humanidad. A menos que se quiera encubrir a los verdaderos responsables". Entonces, nosotros nos preguntamos...¿No es el imperialismo esa mafia responsable? ¿No son las mafias de los gobernantes occidentales las verdaderas responsables? ¿No es la mafia del complejo militar-industrial-tecnológico el responsable último? ¿No son los gobernantes simples peones al servicio de estas mafias? ¿No son los organizadores de estas guerras geoestratégicas la verdadera mafia? ¿Quiénes si no? Estas mafias legales, las que dirigen los destinos de nuestros países (la UE, la OTAN...) no vacilan un instante en iniciar una guerra devastadora contra cualquier país que contenga un amplio arsenal de recursos naturales, o simplemente que intente emancipar a su pueblo de los designios de estas bárbaras organizaciones. Estas agresiones son disfrazadas de "operaciones humanitarias", "para restaurar la democracia y los derechos humanos", cuando en realidad persiguen desestabilizar el país, convertirlo en un Estado fallido, y controlar sus reservas naturales. Y para ello no les importa si millones de personas mueren, si destrozan ciudades enteras, si generan miles de migrantes forzosos. 

Acciones que van generando un caldo de cultivo propicio para la instalación de empresas transnacionales extranjeras, dedicadas a saquear y expoliar el país en su beneficio. Países antes ricos, que se convierten en pobres precisamente por los planes despiadados de multinacionales que saquean y explotan al amparo de regímenes mantenidos mediante la represión y el exterminio de los opositores políticos, cuando no de Golpes de Estado y genocidios impulsados directamente por los servicios secretos y militares de Estados Unidos y sus secuaces países de la Unión Europea. Empresas cuyos mayores accionistas, completando este perverso círculo, no son otros que esas grandes fortunas europeas y mundiales, cuyos titulares salen en las revistas especializadas, y muchas de las cuales se consolidaron gracias a la deportación y a la esclavización de africanos, gracias al saqueo colonial, gracias al genocidio capitalista. En el colmo de la crueldad y de la desfachatez, los gobernantes más racistas tildan a los migrantes y a las personas que los salvan de "delincuentes" y "criminales". Esto es lo que hace exactamente Donald Trump en Estados Unidos (que acaba de iniciar una serie de redadas racistas este pasado fin de semana, con objeto de deportar a miles de migrantes), o lo que hace Matteo Salvini en Italia, que llamaba "delincuente" a la Capitana del buque "Sea-Watch 3", Carola Rackete, por haber evitado la muerte de algunas decenas de personas en alta mar. La obscenidad ha superado ya límites insospechados. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Van a organizar misiones de asesinato de los migrantes que vean en pateras? ¿Van a levantar también muros en los puertos? Este asunto ha llegado ya a tal grado de perversión que es imposible predecir cómo acabará. Lo que está claro es que los éxodos masivos de personas no van a cesar: mientras este capitalismo globalizado y terminal no se detenga en su escalada criminal, las personas tendrán que continuar buscando refugio en algún lugar seguro, cueste lo que cueste. La lógica del capitalismo más descarnado es la que provoca este fenómeno, pero este hecho no se quiere ver, se prefiere ocultar, se prefiere ignorar. Y así nos va. 

No debemos, pues, engañarnos, ni caer en la equidistancia de discursos huecos, vacíos o irresponsables. No podemos seguir cayendo en la indiferencia, ni dejar de denunciar los devastadores crímenes de esta globalización neoliberal. Son las lógicas inherentes al capitalismo las que decretan leyes migratorias cínicas e inhumanas, las que promulgan terribles intervenciones, y las que generan también grupos criminales que se aprovechan de las personas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. En resumidas cuentas, el fenómeno de explotación de los migrantes es inherente al propio sistema. Hay grupos criminales que secuestran a migrantes en la ruta que pasa por América Central hacia Estados Unidos, para pedir recompensas a sus familias, para esclavizarlos sexualmente, o para extraerles los órganos para el tráfico de los mismos. Pero ahí no finaliza la criminalidad: de la misma forma abundan los explotadores "legales" una vez que llegan a los países de destino, que los explotan laboralmente, que los acosan en los medios de transporte, que les cobran alquileres inflados, que los persiguen en sus ventas ambulantes, y un largo etcétera de discriminación, odio y persecución. Éste es el mundo que hemos diseñado. Todo un edifico de barbarie, toda una cosmovisión que legaliza el crimen, el expolio, la explotación y la humillación, que legitima el racismo (por mucho que disfracen sus mensajes y actuaciones), que genera mafias, que justifica las guerras, que criminaliza a las personas que huyen de esos infiernos, y que divulga la obscenidad de invertir las causas y las consecuencias. Está claro, por tanto, que otra Política de Fronteras debiera estar en plena sintonía con el cambio de valores, de actitudes, y de comportamientos no solo del conjunto de la ciudadanía, sino también de nuestros gobernantes, y de las instituciones y organismos internacionales que diseñan estas políticas del gran capital. No será posible cambiar nuestra política de fronteras sin un giro integral en las políticas colaboradoras con ella, pues no pueden verse de una forma aislada, sino integradas. 

No es una cuestión de seguridad, sino de humanidad. No es una cuestión de fronteras, sino de integración. No es una cuestión de protección de nuestra cultura, sino de apertura a la interculturalidad. Según Frontex, el 80% de las personas que llegan a Europa por la puerta de la patera (no del avión, ni de la limusina) son potenciales beneficiarios de asilo, ya que huyen de la guerra, de la violencia o de la persecución. ¿Pero quiénes sino nosotros, las potencias occidentales, hemos creado las situaciones de las que ellos y ellas huyen? ¿Quiénes han propiciado sus condiciones de miseria y de violencia? ¿Quiénes han configurado estas situaciones de desigualdad económica y de desequilibrio demográfico? ¿Quiénes continúan explotando sus recursos naturales, y aceptando mano de obra nativa esclava para obtener mayores beneficios? ¿Quiénes han hostigado a los pocos gobiernos que han siquiera esbozado la posibilidad de emancipar a sus pueblos de la dependencia y sumisión al colonialismo? ¿Quiénes han provocado en sus países el derrocamiento de gobiernos y de líderes populares, enfrentado a sus grupos tribales, y fomentado las guerras y los conflictos armados? Pero insistimos una vez más: no es una cuestión de caridad ni de solidaridad (que también), sino una cuestión de obligación, de responsabilidad y de derecho internacional. ACNUR insiste en la habitual confusión en el lenguaje mediático, popular y político con respecto a la nomenclatura, y a las responsabilidades internacionales: según este organismo, un solicitante de asilo es una persona que dice ser un refugiado, pero cuya solicitud aún no ha sido evaluada. Y para poder retornar una persona a su país de origen, mediante expulsión, extradición o deportación, es imprescindible que un procedimiento adecuado determine previamente que no se trata de un refugiado (es decir, que no está sometido a violencia ni a persecución por ninguna causa en su propio país) y que tampoco necesita otro tipo de protección internacional. El incumplimiento de estas obligaciones jurídicas de los Estados supone una violación del Derecho Internacional Humanitario. Continuaremos en siguientes entregas.

En la última entrega de la serie mencionamos algunos artículos de nuestra Constitución que recogen referencias a la energía como un derecho. Por su parte, a nivel europeo la legislación va introduciendo poco a poco la energía como derecho en su normativa. Por ejemplo, la Directiva 72/2009 del mercado interno de electricidad obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para proteger a los consumidores vulnerables y a ofrecer prestaciones en el marco de los regímenes de seguridad social para garantizar el suministro de electricidad a los clientes vulnerables (art. 3.8). De cualquier modo, es absolutamente imprescindible que consigamos un status de derecho humano fundamental para la energía reconocido a todos los niveles, ya que la crisis de los combustibles fósiles, la volatilidad de los precios, la demanda global y otras cuestiones geopolíticas dificultarán cada vez más el acceso a la energía a un precio asequible, para el conjunto de la población. Marta García y Joana Mundó, en el informe de referencia que venimos analizando, explican: "La pobreza energética es una prioridad social que se tiene que integrar en el ordenamiento jurídico, no sólo en el ámbito de la energía, sino también de la vivienda, la salud y el consumo. Un consumidor en situación de vulnerabilidad debe tener una cobertura legal que le proteja y que prevenga de las situaciones de pobreza energética. Desgraciadamente, esta cobertura es inexistente en nuestro país, y las personas que sufren pobreza energética tienen que recurrir a instrumentos de urgencia social, o escoger entre calentarse la casa u otros bienes y servicios de primera necesidad". A lo más que llega hoy día la legislación europea al respecto es a la obligación de definir el concepto de "consumidor vulnerable" y a establecer planes de acción para paliar las situaciones de pobreza energética.

A nivel estatal, nuestra Constitución proclama en su artículo 10 la dignidad de la persona, y el artículo 51 establece un mandamiento a los poderes públicos para la defensa y protección de los consumidores, su seguridad, su salud y sus legítimos intereses económicos. También el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece la protección de los derechos necesarios para la vida. Como se puede observar, por tanto, no es tanto una cuestión de avance en las leyes y normativas, sino de intervención del mercado, de tal forma que se haga accesible la energía para todo el mundo. Porque si algún texto legal identifica, por ejemplo, los suministros de gas, electricidad y agua como servicios básicos y necesarios para la vida cotidiana...¿no poseen ya suficiente protección y reconocimiento? Lo que necesitamos es hacer valer el contexto normativo en el día a día de las empresas y consumidores. En este sentido, el principal actor involucrado son las Administraciones Públicas (a los tres niveles, estatal, autonómico y municipal), que desde diferentes departamentos pueden y deben actuar como garantes de derechos, asegurar la protección de los consumidores, facilitar ayudas y prestaciones a los usuarios energéticos vulnerables, y actuar de puente entre varios departamentos y entre éstos y otros agentes sociales. En cuanto a las medidas para luchar contra la pobreza energética, las autoras del informe las clasifican bajo tres enfoques distintos, a saber:

1.- Enfoque Correctivo: Las medidas correctivas tienen como objetivo paliar una situación puntual, como por ejemplo pagar la factura de una persona que no puede asumirla, y que sufriría un corte de suministro si no se le ayudara en un momento concreto. Se trata de un conjunto de medidas importantes para hacer frente a situaciones de urgencia, en las que si no se actúa las personas sufrirían unas consecuencias inmediatas. Son, por tanto, medidas coyunturales necesarias para ayudar a las personas a poder mantener unos mínimos de confort en un momento determinado. A pesar de esto, un enfoque correctivo no garantiza que las personas puedan gozar de los suministros de energía necesarios en el futuro inmediato, dado que no contemplan la mejora del bienestar a medio y largo plazo. Por este motivo, las medidas de carácter preventivo, que comentaremos a continuación, ayudan a tratar la pobreza energética desde una perspectiva más amplia y robusta. Algunos ejemplos de medidas correctivas serían, como se ha mencionado, el pago de facturas de electricidad o gas, o negociar con las compañías suministradoras el aplazamiento de una deuda para evitar un corte. Por ejemplo, los Servicios Sociales municipales se encargan típicamente de estas tareas. 

2.- Enfoque Preventivo: Las medidas preventivas están dirigidas a mejorar el bienestar y el confort de una manera permanente, mejorando la eficiencia energética y el aislamiento térmico de los hogares, concienciando sobre el uso racional de la energía, y optimizando los servicios que las familias tienen contratados a las compañías para adecuarlos a sus necesidades reales. Se trata, pues, de medidas estructurales que tienen un impacto a medio y largo plazo, y que evitan la aparición de casos de pobreza energética, o atenúan considerablemente los efectos de ésta, asegurando el confort de una manera perdurable en el tiempo. Existen cuatro grandes grupos de medidas preventivas, que ahora mencionamos, pero que analizaremos con detalle en el próximo artículo: 1) Mejoras en la eficiencia energética y en el aislamiento, 2) Promoción de un uso racional de la energía, 3) Optimización de los servicios contratados, y 4) Mejoras en la transparencia y en el acceso a la información para poder tomar decisiones informadas, y por tanto, más correctas. En sentido general, las dos primeras medidas podrían ser responsabilidad de las Administraciones Públicas, mientras que las dos últimas estarían más del lado de las RSC (Responsabilidad Social Corporativa) de las empresas suministradoras o comercializadoras. 

3.- Enfoque Integrado: Vistos ambos enfoques anteriores, la estrategia que proporciona una mayor resiliencia a una determinada comunidad es un enfoque integrado, esto es, que incorpore tanto medidas correctivas para poder afrontar situaciones puntuales de urgencia, como medidas preventivas que eviten que estas situaciones se repitan. Este enfoque requiere una coordinación entre diferentes agentes, que actúen a diferentes niveles: atención directa, rehabilitación, asesoramiento, prevención en el ámbito de la salud, etc. Como es lógico pensar, el enfoque integrado requiere la actuación conjunta de todos los actores implicados en el asunto energético, trabajando en perfecta coordinación, y dedicados absolutamente a evitar cualquier conato de pobreza energética en los hogares. 

Continuaremos en siguientes entregas.

Bien, llegados a este punto, creo que deberíamos insistir en el punto que pudiéramos denominar como una ética del medio ambiente. El ser humano, desde que vive en sociedad, es decir, desde los tiempos más remotos, ha estado conducido por su capacidad de reflexión ante los hechos que observa. Esta capacidad de reflexión ha intentado, sobre todo, indagar, con más o menos acierto, en lo que está bien y lo que está mal. Las más diversas culturas se han diferenciado a lo largo de los tiempos por el desarrollo de una ética aplicada a diferentes ámbitos, y de hecho, la ética es una parte fundamental de la Filosofía, desde los más primitivos filósofos. La ética de las sociedades pequeñas, como la del hombre primitivo, que vivía en pequeños grupos nómadas, nos ayuda también a comprender los elementos de los sistemas éticos aptos para modelos de sociedad que pueden ser también exportables a hoy día (de hecho, algunas tribus aún conservan y se mueven bajo estos parámetros). Aunque nuestro pensamiento actual está en sintonía con la ética filosófica occidental, tenemos muchos otros referentes éticos donde mirarnos, tales como la ética india, la budista, la china, la judía, la cristiana y la islámica. Una gran parte de la población del mundo se guía por todas estas tradiciones éticas, que aún constituyen sistemas éticos vivos. Y como decimos, nuestro pensamiento occidental actual está fuertemente influido por la ética filosófica occidental a lo largo del tiempo, desde la ética de la antigua Grecia, pasando por la ética medieval y renacentista, hasta la filosofía moral moderna. Nos interesa, de cara al tema que nos ocupa, entrar de lleno en las teorías éticas que intenten responder a las cuestiones prácticas fundamentales, dándonos respuesta a las clásicas preguntas: ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo vivir?, etc. Al circunscribir nuestra ética a un asunto muy actual y concreto, nos interesa únicamente esta parte de la ética más relativa a la orientación de la conducta particular y comunitaria del ser humano. De hecho, otros muchos problemas como el imperio de la ley y la desobediencia, la pobreza en el mundo, las guerras y los conflictos armados, la eutanasia, el aborto, la sexualidad, las desigualdades sociales, el rechazo a los inmigrantes, nuestro comportamiento hacia los animales, el desarrollo de una ética de los negocios, la existencia de la corrupción, o la pena de muerte, entre otros muchos, pueden y deben también ser estudiados desde puntos de vista éticos. De entrada, podemos afirmar que precisamente la aplicación de una ética correcta a estos problemas constituye el fondo para discernir si nos enfrentamos a ellos con éxito o fracaso. 

Vamos a basarnos, para la exposición de nuestros puntos de vista éticos sobre el medio ambiente, en uno de los capítulos del tratado sobre Ética Práctica publicado por el gran pensador Peter Singer, conocido sobre todo por su pionero tratado sobre Liberación Animal, publicado en 1975, que fue la base de los posteriores estudios donde se incorporaron teorías de defensa y protección animal, basadas en el respeto a sus derechos, y que hoy día extienden y practican miles de asociaciones y organismos de protección animal por todo el mundo, y que además han conseguido llevar a leyes nacionales e internacionales el reconocimiento de los derechos de los animales. Singer comienza su exposición planteando una pregunta al siguiente e hipotético supuesto práctico (basado en una propuesta de presa en el río Franklin, en el sudoeste de la isla de Tasmania, Estado australiano del mismo nombre): "Un río se agita por barrancos selváticos y desfiladeros rocosos hacia el mar. La Comisión Hidroeléctrica del Estado ve el agua caer como energía sin explotar. Construir una presa a través de uno de los desfiladeros proporcionaría tres años de empleo para un millar de personas, y un trabajo para un período más largo para veinte o treinta. La presa almacenaría agua suficiente para asegurar que el Estado pudiera satisfacer económicamente sus necesidades de energía para la próxima década. Esto estimularía el establecimiento de industrias que consumen mucha energía, las que a su vez contribuirían a la creación de empleo y al crecimiento económico. El accidentado terreno del valle del río lo hace sólo accesible para los que estén más en forma, pero no obstante, es un lugar magnífico para ir de excursión. El mismo río atrae a los que se atreven a deslizarse por sus rápidos en balsas. Adentrándose en los valles protegidos hay bosques de raros pinos Huon, muchos de ellos con más de mil años. Los valles y desfiladeros son el hogar de muchas aves y animales, entre los que se encuentra la especie, en peligro de extinción, del ratón marsupial, la cual rara vez se ha visto fuera de este valle. Puede que también haya otras plantas y animales raros, pero nadie lo sabe, ya que los científicos todavía han de investigar la región completamente". Bien, después de todo este relato descriptivo, Singer plantea la siguiente pregunta: ¿Se debería construir la presa? 

El ejemplo anterior es aplicable, salvando las distancias, a otros muchos que podamos imaginar: la construcción de un Hotel a la orilla del mar, el levantamiento de todo un mega-complejo hotelero y de juegos en mitad de un valle, la construcción de un cementerio nuclear, la explotación de bosques vírgenes, construir una fábrica de papel que arroje agentes contaminantes en la costa, abrir una nueva mina al borde de un Parque Nacional, construir un oleoducto que pase por diversos entornos naturales, etc. Bien, veamos los argumentos que pueden exponer los que defiendan o rechacen la propuesta del ejemplo: en general, podríamos deducir que los que estén a favor de construir la presa estarán valorando el empleo que se va a crear con el proyecto, y el alcance de una mayor renta per cápita para los habitantes de dicho Estado, por encima de la conservación de una zona salvaje, de plantas y animales, y de oportunidades para realizar actividades de recreo al aire libre. Antes de continuar, examinaremos las actitudes occidentales típicas o dominantes hacia el mundo natural, para situarnos en contexto. El conjunto de la tradición occidental hacia la naturaleza, de nuestras actitudes y cosmovisión hacia ella, surgen básicamente de la combinación de las del pueblo hebreo (como se representaban en los primeros libros de la Biblia), y la filosofía de los antiguos griegos, particularmente la de Aristóteles. En contraste con otras tradiciones antiguas, como la de la India, tanto para la tradición hebrea como para la griega, los seres humanos eran el centro del universo moral, y de hecho no sólo el centro, sino a menudo la totalidad de los rasgos moralmente importantes del mundo. Como ejemplo ilustrativo y paradigmático, podemos extraer el relato bíblico de la creación en el Génesis (teoría del Creacionismo, que se enfrenta a otras teorías científicas y evolutivas): "Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra". 

Este enfoque se mantiene hoy día para la Iglesia Católica, y para todos sus fieles, pero los cristianos enfrentan y debaten esta concesión de "señorío", y le dan un nuevo significado, sobre todo los que se preocupan por el medio ambiente, en el sentido de que este señorío no debería contemplarse como una licencia para hacer lo que queramos con otros seres vivientes, sino como una instrucción divina para cuidar de ellas, en nombre de Dios, y así poder dar cuentas a Dios de cómo las tratamos. Los primeros pensadores cristianos influyentes no tenían dudas sobre cómo se había de entender el señorío del hombre. San Agustín, por ejemplo, compartió esta línea de pensamiento, refiriéndose a relatos del Nuevo Testamento en los cuales Jesús destrozaba una higuera y hacía que se ahogara una piara de cerdos. San Agustín explicó estos desconcertantes incidentes diciendo que pretendían enseñarnos que "abstenerse de matar animales y destrozar plantas es el colmo de la superstición". Por su parte, el relato del Diluvio Universal es igualmente ilustrativo al respecto: Dios ahogó a casi todos los animales de la tierra con objeto de castigar a los seres humanos por su maldad (¿merece entonces la pena preocuparnos por anegar el valle de un río?, pareceríamos deducir de ello). Después del Diluvio, hay una repetición de la concesión del "señorío" en un lenguaje más siniestro: "El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar; en vuestra mano son entregados". La implicación de este mandato parece bien clara: actuar de un modo que cause miedo y pavor a todo lo que se mueva en la tierra no es impropio; en realidad es actuar según decreto divino. Cuando el cristianismo predominaba en el Imperio Romano, también absorbió elementos de la actitud de los antiguos griegos hacia el mundo natural. La influencia griega es manifiesta en la filosofía cristiana por el más grande escolástico medieval, Santo Tomás de Aquino, cuyo trabajo fue la unión de la teología cristiana con el pensamiento de Aristóteles, quien consideraba a la naturaleza como una jerarquía donde los que tienen menos poder de razonamiento existen por el bien de los que tienen más.

El gran sabio griego expresaba: "Las plantas existen por el bien de los animales, y las bestias por el bien del hombre: los animales domésticos por su uso y comida, los salvajes (o, en cualquier caso, la mayoría de ellos) por la comida y otros accesorios de la vida, tales como el vestido y diversas herramientas". Y concluía: "Puesto que la naturaleza no hace nada en vano o sin ningún fin, es innegablemente cierto que ha creado a todos los animales por el bien del hombre". En su principal obra, la Summa Theologica, Santo Tomás de Aquino siguió este pasaje de Aristóteles casi al pie de la letra, añadiendo que esta posición se atiene al mandato de Dios, como consta en el Génesis. Y en su clasificación de los pecados, Santo Tomás sólo tiene lugar para los pecados contra Dios, nosotros mismos o nuestros vecinos. Para él, entonces, no existía la posibilidad de pecar contra animales no humanos o contra la propia naturaleza. Este fue el pensamiento de la corriente principal del cristianismo durante al menos sus primeros ocho siglos. Hubo personajes de un espíritu más moderado, como San Francisco de Asís (cuya doctrina influye mucho en el pensamiento del actual Papa Francisco, que adoptó este nombre en honor precisamente de su referente), pero para la mayor parte de la historia cristiana no ha tenido ningún impacto relevante en la tradición dominante. Por tanto, vale la pena hacer hincapié en los rasgos principales de esta tradición occidental dominante, puesto que éstos pueden hacernos entender mejor, y servir como puntos de comparación cuando discutimos diferentes puntos de vista sobre nuestra actitud ante la naturaleza y el medio ambiente. Según la tradición occidental dominante, por tanto (comentaremos en siguientes entregas hasta qué punto el actual Papa ha influido para romper con esta línea), el mundo natural existe para el beneficio de los seres humanos. Dios dio al ser humano señorío sobre el mundo natural, y por tanto, a Dios no le importa cómo lo tratemos. Entonces, los seres humanos son los únicos miembros moralmente importantes de este mundo. La naturaleza en sí misma no tiene ningún valor intrínseco, y por ello la destrucción de plantas y animales no puede ser pecaminosa, a menos que con esta destrucción se haga daño a seres humanos. Continuaremos en siguientes entregas.

Y la forma de atacar dichas causas estructurales ya las hemos venido mencionando. Podríamos alegar que acabar con las guerras, los extractivismos y las prácticas coloniales en los países de origen de los migrantes es un objetivo muy grueso, que hay que plantear a medio plazo, como mínimo. Pues bien, mientras vamos recibiendo a los migrantes de forma digna, humana y solidaria (que es lo que deberíamos hacer), podemos ir planteando (a la vez que dichos objetivos gruesos) unos objetivos a más corto plazo, como es el aumento de los presupuestos dedicados a la Ayuda al Desarrollo. Sin embargo, ¿qué se ha hecho durante estos últimos años? Todo lo contrario: reducirlos. El montante de las ayudas al desarrollo ha caído a cifras absolutamente ridículas, indignas de cualquier gobierno mínimamente decente, al que le importe de verdad la solidaridad internacional. Concretamente, desde el año 2011 se han visto recortadas en un 45%. Pero en general, en España nunca en toda su historia como país donante un solo Gobierno ha dado cumplimiento a sus previsiones de gasto en AOD, situándolas siempre por encima de las cifras realmente alcanzadas, y presentándolas bajo toda una ingeniería presupuestaria y maquillaje de cifras, tal como señala Carlos Gómez Gil en este artículo para el digital Rebelion. La historia de nuestra cooperación al desarrollo para terceros países puede ser resumida en una constante distorsión de las cifras y estadísticas oficiales en los tres sentidos siguientes, según señala Gómez Gil: "En primer lugar, incorporando partidas y gastos de dudoso encaje como AOD. En segundo, presupuestando partidas mucho más elevadas de las que finalmente se ejecutan, de forma que se anuncian cantidades muy superiores a las gastadas. Y por último, una continuada política de desinformación en torno a los presupuestos, cifras y gastos reales en materia de ayuda al desarrollo por parte de sus responsables políticos y técnicos, que han ayudado muy poco a tener un conocimiento preciso de nuestro perfil y de nuestra posición en el mundo". O sea, que no somos ni siquiera capaces de diseñar y ejecutar de manera coherente una justa política de ayuda al desarrollo. ¿Cómo vamos a tener voz propia? ¿Cómo vamos a representar una voz digna y diferenciada en el mundo en este asunto? ¿Cómo vamos a replantear otras política de más difícil cobertura?

La cifra que se asumió hace tiempo, del 0,7% del PIB dedicado a estas ayudas, no se ha cumplido jamás. La cooperación española, como país, merece como vemos un suspenso declarado, implicando nuestra incapacidad hasta el momento para alcanzar la justa sensibilidad con estos países. Desde que España ingresó al CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo) en diciembre de 1991, nunca hemos alcanzado la cifra media europea en estas ayudas (el 0,5%), y nuestro país se coloca en los últimos puestos de los donantes europeos, solo por delante de Grecia. Si todos los países contribuyeran de forma justa a las instituciones internacionales de ayuda, al apoyo a las ONG, a la acción humanitaria, a la promoción de la paz, al respeto a los derechos humanos o a la erradicación de la pobreza, otro gallo nos cantara, en cuanto al triste hecho de los desplazados forzosos. Las ayudas al desarrollo son el mayor instrumento a nivel global para reforzar nuestra contribución a que todos los países del mundo alcancen para sus poblaciones unas condiciones de vida dignas. Son quizá el símbolo por excelencia de la solidaridad internacional. Tan solo con que viviéramos en un mundo que se tomara en serio las Ayudas al Desarrollo y las políticas de cooperación, y dejara de perseguir otros intereses, ya tendríamos una estupenda rampa de lanzamiento para encarar el problema de los migrantes desde otro enfoque. Pero desgraciadamente, esta globalización neoliberal no está por estos menesteres. Por su parte, también mantenemos un enorme déficit estructural en políticas de multiculturalidad, es decir, adecuadas al justo encaje de ciudadanos/as de diversas culturas en una misma comunidad. Porque una buena integración intercultural no solo exige aceptar y respetar las diferencias, sino también valorar y educar al conjunto de la ciudadanía en los principios de la convivencia entre personas procedentes de varias culturas. La educación, desde este punto de vista, es un soporte especialmente importante para proyectar modelos de sociedades multiculturales, de una forma justa y sana. Mucho camino tenemos que recorrer aún por esta senda. 

Al hilo de este asunto, José Luis García, en su texto "Interculturalidad" (inserto en VV.AA.: Diccionario de relaciones interculturales. Diversidad y Globalización, Universidad Complutense, Madrid, 2007, pag. 205) afirma: "Los problemas de la interculturalidad, lejos de concretarse en la coexistencia entre sujetos con diferentes mentalidades, habilidades y prácticas, en los problemas interactivos de comunicación o en la educación para magnificar los valores de todas las culturas, se plasman en las consecuencias sociales de los mecanismos existentes en los Estados nacionales para acoger, reconocer, dar derechos y exigir deberes de ciudadanía a los individuos que conviven en su territorio, sin que la naturaleza del origen les discrimine en la vida social". Un verdadero proyecto de interculturalidad ha de tomar como pilar fundamental la erradicación del racismo, fundamentado en una crítica al etnocentrismo, ya que en caso contrario, no cuestionaremos las propias estructuras de desigualdad provocadas, en este caso, por la procedencia o la etnia. Pero no solo ha de quedarse en esto: ha de abarcar también políticas de convivencia, políticas de integración, políticas de derechos, políticas de reconocimiento, políticas de discriminación positiva, políticas laborales, políticas sociales, políticas educativas, etc. El peor signo de que somos incapaces de diseñar buenas políticas de interculturalidad es el alto índice de rechazo social hacia la población inmigrante y refugiada, especialmente cuando su situación de clase es desfavorecida. Y los paneles luminosos donde todo este odio y rechazo al extranjero se manifiestan es en el ideario aberrante de los partidos políticos de la ultraderecha, que desgraciadamente, resurgen tanto en el contexto del viejo continente como en las políticas de la Casa Blanca. Según los datos del informe "Evolución del racismo y la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia en España" de 2013, el 72% de la población española considera "elevado" o "excesivo" el número de inmigrantes en España, mientras que solo el 23% considera que este número es "aceptable", y el 1% "insuficiente". Además, el 40% está "muy de acuerdo" o "más bien de acuerdo" con que un extranjero que sea parado de larga duración sea expulsado del país, y un 47% piensa que los españoles deben tener preferencia en el acceso a la atención sanitaria. Asímismo, un 66% de la población considera "muy aceptable" o "bastante aceptable" que a la hora de contratar a un trabajador, tenga preferencia un español antes que un inmigrante. 

Como podemos apreciar, tenemos aún mucho que trabajar en las políticas de inserción, tolerancia e interculturalidad (además de en políticas de ayuda al desarrollo, como destacábamos al comienzo). Y muy en relación con estas políticas, hemos también de reducir la muy abultada cifra de delitos de odio que se cometen en nuestras sociedades. Los informes de la Red Europea de Información sobre Racismo y Xenofobia contabilizan unos 4.000 casos de agresiones racistas al año en nuestro país. Según sus estimaciones, cada día al menos 10 personas sufren una agresión física o verbal por motivos de raza, etnia o nacionalidad (no están contabilizados aquí las agresiones por homofobia, sexismo o aporofobia, que contabilizarían un capítulo aparte). Los programas informativos diarios, con bastante frecuencia, nos dan cuenta de agresiones de este tipo. Son síntomas evidentes de una sociedad enferma de racismo e intolerancia, que no está preparada para recibir ni para integrar y convivir de forma civilizada con personas extranjeras, o procedentes de otras culturas. Arturo Borra, un autor bastante especializado en estos asuntos, le dedica (entre otros muchos) este artículo al asunto de la interculturalidad, que estamos tomando como referencia. Nuestro país, como otros muchos, necesita sumergirse ampliamente en una pedagogía de la interculturalidad, que nos enseñe a fabricar correctamente las alteridades necesarias para comprender y asimilar este fenómeno. Una verdadera política interculturalista "apuntaría a la construcción de condiciones igualitarias en una sociedad culturalmente plural" (en palabras de Arturo Borra), y necesita de la creación de espacios de comunicación, participación y decisión inclusivos. Una sociedad plenamente intercultural debe intervenir en los mercados de trabajo, en los procesos de discriminación racista, en las políticas de inclusión de todos los colectivos culturales en las instituciones públicas (incluyendo el sistema educativo), y en la construcción de un relato discursivo de las migraciones correcto y justo en los medios de comunicación, entre otros planos fundamentales. 

Con todos estos mimbres, solo bajo una sociedad plenamente intercultural será posible instalar el concepto de "Ciudadanía Universal", como expresión que resume la capacitación y madurez social para abarcar todos estos campos con éxito. Sin embargo, a años luz de este deseado panorama, hoy día asistimos a un discurso agresivo que identifica la inmigración como una amenaza, no solo a un nivel laboral, sino también en los planos identitario y de seguridad. Todo un discurso de hostilidad hacia los migrantes es desplegado sin el más mínimo reproche social, lo cual es indicativo de nuestra podredumbre en estos asuntos. La capitana del barco "Sea-Watch 3" ha sido detenida por desembarcar a varias decenas de migrantes en el puerto de Lampedusa, y curiosamente, el más bravo y agresivo discurso contra ella ha sido vertido por el propio Ministro del Interior italiano, Mateo Salvini. Pero no solo él: mientras desembarcaba y era detenida por "tráfico de inmigrantes", había personas que se habían acercado hasta el puerto para gritarle que "quién era ella para llegar con todas esas personas a su país". La situación es lamentable, indignante, perversa. Nuestra educación en valores interculturales es nula. La brutalidad, insensibilidad e ignorancia de nuestros dirigentes políticos son fiel reflejo de hasta dónde llegamos como sociedad en la asunción de valores interculturales. Hay razones sobradas para afirmar que los obstáculos institucionales para una política intercultural son recurrentes, y de carácter estructural, y que no conseguiremos avanzar hasta no desplegar todos los recursos necesarios para convertirnos en sociedades de acogida, de integración, de amistad, de cooperación, plenamente interculturales. Han de ser desechadas las actuales "políticas de identidad", que magnifican nuestra cultura y nuestros valores en detrimento de los demás, que se limitan a reclamar, por mera caridad humanitaria, sistemas de "cuotas" o "cupos" para la recepción de personas extranjeras pobres. Nuestra responsabilidad humana ante los otros no puede ser ignorada. La historia no nos absolverá de ello. Baste recordar para ello la consabida consigna de que "ningún ser humano es ilegal". Continuaremos en siguientes entregas.

La triste realidad de la pobreza energética (al igual que ocurrió con el cadáver del niño Aylan Kurdi ahogado en la playa), tuvo su hito más emblemático con la muerte el 15 de noviembre de 2016 de Rosa, una anciana de 81 años de la localidad catalana de Reus, a quien Gas Natural Fenosa había cortado la luz dos meses atrás por no poder pagarla. Rosa murió de madrugada en su casa a causa de un incendio provocado por una vela que usaba para poder alumbrarse. La vela se cayó mientras dormía, incendió el colchón y la anciana murió asfixiada por el humo. Según la Ley catalana 24/2015 (la primera de este tipo, aprobada por unanimidad a raíz de una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por organizaciones de la sociedad civil y avalada por 143.380 firmas), la compañía debería haber avisado a los Servicios Sociales en el momento del impago, para que éstos pudieran poner en marcha los mecanismos previstos en la referida ley para evitar el corte del suministro. Pero esto no ocurrió. El de Rosa no ha sido el único caso. Según ha denunciado la agrupación de bomberos de UGT en Cataluña, 6 de cada 10 muertes en incendios ocurridos dentro del hogar se pueden atribuir directamente a situaciones de pobreza energética. En toda España, la falta de suministro se cobra unas 7.200 vidas al año, según calcula la Asociación de Ciencias Ambientales. El problema se ha vuelto, pues, extremadamente preocupante. Al igual que las medidas de "austeridad" han llegado a provocar el suicidio de miles de personas durante los últimos años, estas muertes por pobreza energética se encuadran bajo la misma perspectiva. Podemos discutir hasta cansarnos sobre si la muerte de Rosa fue un "accidente". Creemos firmemente que no. Un accidente ocurre por la concurrencia de causas absolutamente arbitrarias. En este caso, se trata de un acontecimiento trágico, generado por una suma de factores que concurrieron en tan fatal desenlace: empobrecimiento, precariedad, expolio y desigualdad. El incendio lo provocó una vela, pero la vela jamás habría sido usada si Rosa no hubiera sufrido el corte del suministro, una decisión inhumana, vil y cobarde donde las haya. 

Pero los datos siguen estando ahí: más de cinco millones de personas pasan frío en invierno para no hacer frente al importe económico que supone mantener sus viviendas mínimamente climatizadas. Concretamente, como nos indican en este artículo desde eldiario.es, el 11% de los hogares españoles se declaró en el año 2014 (uno de los peores años de la crisis) incapaz de hacer frente a los meses de invierno con una temperatura adecuada en sus viviendas. Son datos de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). Esta asociación nos contaba también un dato muy significativo: en un solo año, el sueldo de Juan Rosell (Presidente de CEOE) como consejero de la primera empresa del sector en España, Gas Natural subió un 64%, desde los 127.000 euros de 2014 hasta los 208.000 del año siguiente. Cualquier asociación de datos que hagan los lectores y lectoras entre este aumento paralelo en los recibos de la luz y el sueldo de los consejeros de la eléctrica será pura y lógica consecuencia. Pero no solo este factor influye: durante el mandato del ex Ministro del PP José Manuel Soria (quien tuvo que dimitir del Ejecutivo por la aparición de unos datos de una supuesta empresa suya alojada en un paraíso fiscal), y en su afán por poner fin al multimillonario déficit de tarifa (otra mentira más del sistema eléctrico, como explicamos ya nosotros en este artículo) que arrastraba el sistema eléctrico, Soria aprobó un nuevo sistema de fijación de precios basado en la cotización horaria de la electricidad en el mercado mayorista, que no ha impedido que nuestro país sea, según Eurostat, uno de los países europeos más caros en el recibo de la luz. Según cálculos de la ACA, 1,2 millones de personas en nuestro país (el 3% de los hogares) dedican más del 20% de sus ingresos totales en abonar el recibo eléctrico. ¿Es plausible que el pago de un suministro básico llegue a alcanzar tales cotas? ¿Es sostenible este sistema? Dejo de nuevo la reflexión de la respuesta a mis lectores y lectoras. La ACA considera, con buen juicio, que lo aceptable sería que esta partida no superase nunca el 5% del total del presupuesto de las familias, algo que ocurre, según sus cálculos, únicamente en el 45% de los hogares. 

Por otra parte, el estudio referido también destaca como dato interesante el hecho de que 7,8 millones de personas viven con goteras o humedades en sus viviendas, precisamente una de las señales más evidentes de la pobreza energética, derivadas del insuficiente uso de la energía. Ante este hecho, la eficiencia energética emerge como una de las principales soluciones al mismo, especialmente la rehabilitación de edificios antiguos que no cumplen con las actuales normativas, actualizadas en niveles de consumo y eficiencia. Es precisamente una política a la que hay que concederle una atención especial, no ya solo por el nivel de empleo que generaría, sino también por su aportación a la sostenibilidad energética de los hogares. Nuestros vecinos europeos lo llevan mucho mejor que nosotros. En un reciente artículo de Carolina García Hervás para el medio La Vanguardia, al que nos remitimos, se analiza brevemente el contexto europeo de la pobreza energética. Mientras que en nuestro país se eleva a 63 euros al mes, el precio de la energía en países con mayor nivel de vida que el nuestro, como Noruega o Finlandia, solo pagan 10 euros. ¿Es que allí las empresas de energía están en suspensión de pagos? ¿Es que acaso son peligrosos países "comunistas" que han nacionalizado dichas empresas? ¿Será porque no existen puertas giratorias? ¿Cómo es posible ese modelo nórdico, donde cobran más y pagan menos? Que se lo cuenten con urgencia a nuestros gobernantes, a ver si aprenden algo. Esta gran diferencia se debe (entre otros factores) a que estos países aumentaron el uso de energías renovables para abastecerse. Carolina García lo explica en los siguientes términos: "Noruega y Finlandia producen casi la totalidad de la energía que consumen a través de energías renovables como la hidroeléctrica, a diferencia de España, donde existe un modelo energético derrochador, dependiente, donde se consume más de lo que se produce. Algo que debería ocurrir en España y que ha contribuido a disminuir la pobreza energética en estos países nórdicos es la existencia de voluntad política y de la sociedad civil, el aprovechamiento de los recursos naturales y una legislación flexible, que combinados adecuadamente, han llevado a excelentes resultados en el norte de Europa". 

En efecto, pero para ello tendríamos que tener no solo un Gobierno concienciado y decidido a abordar el problema (que no lo tenemos), sino un gremio empresarial inteligente, justo, humano y sensible, que tampoco tenemos. Nuestros empresarios (y no solo los energéticos) conforman la ralea más indecente de toda Europa, los más trogloditas de todo el continente, cosa de todo punto lógica si echamos un poco la vista atrás, y comprendemos que la mayoría de ellos (y sus descendientes) vienen de la época franquista. No son capaces de la más mínima empatía con las personas, y no comprenden (ni les interesa comprender) las gravísimas consecuencias de esta pobreza energética, que en el fondo son las mismas consecuencias que provoca la propia desigualdad: la salud de las personas, las relaciones familiares, el rendimiento económico, etc. Como destacan Marta García y Joana Mundó en su dossier "La energía como derecho", que tomaremos como referencia a continuación, la Cruz Roja ha constatado que el 58% de la población que es atendida por esta organización vive en hogares donde no se pueden permitir encender la calefacción. Además, España es uno de los países con mayor nivel de mortalidad adicional en invierno de toda la Unión Europea. La pobreza energética se diferencia de la pobreza general en que, además de incidir en ella la situación personal de quien la sufre (ingresos, privación material severa, intensidad de trabajo en el hogar...), inciden también factores relativos a su propio hogar (ubicación, zona climática, tipo de vivienda, antigüedad de la misma, equipamiento...). Por tanto, podríamos distinguir tres causas principales que determinan la situación de pobreza energética:

1.- Bajo nivel de renta. En una mayoría de casos, las personas que sufren pobreza energética son las que están percibiendo prestaciones sociales, que están en desempleo, que trabajan a tiempo parcial, que trabajan de forma discontinua, o que están fuertemente endeudadas. Se suma también a todo ello el hecho frecuente de que estas personas a menudo no se pueden permitir vivir en viviendas adecuadas, y suelen hacerlo en edificios que requieren reformas y mejoras de cara a una mayor eficiencia energética. 

2.- Baja calidad de la edificación. Este factor supone un problema estructural que afecta a gran parte del parque de viviendas de nuestro país, dado que más del 50% de las viviendas actuales fueron construidas antes de que se aplicara cualquier normativa de regulación térmica. Lógicamente, este hecho tiene unas consecuencias más graves para las personas económicamente vulnerables y con problemas de salud, pero en general tiene un impacto en toda la población que vive en edificios de estas características donde la calidad de la edificación no permite mantener una temperatura de confort y se necesita más energía (y por tanto más recursos económicos) para climatizar las viviendas.

3.- Incremento continuado de los precios de la energía. Este tercer factor es también determinante, ya que durante los últimos años, la escalada en los precios de la energía no ha cesado, convirtiendo un suministro básico y un derecho humano casi en artículo de lujo. A ello hay que unir que el poder adquisitivo de la mayoría de la población ha empeorado. Además, hasta el momento no se han justificado estos incrementos en el precio de la factura eléctrica en base a los costes reales de generación, distribución y suministro de la energía, dada la opacidad general del sector energético español. Esta falta de transparencia también aumenta la vulnerabilidad de los consumidores. 

Evidentemente, cuando los tres factores aludidos anteriormente se unen, nos encontramos ante un cóctel explosivo que determina casos realmente graves de pobreza energética. Pero fijémonos en el siguiente dato: nuestros gobernantes podrían incidir directamente en los tres factores indicados, solo falta la voluntad política para hacerlo. Continuaremos en siguientes entregas.