Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Y al igual que se les recluye en los CIE, se les recibe hostilmente, no se les integra en la sociedad, se les deja al margen de cualquier salida digna, se atacan sus derechos fundamentales, se persiguen si se dedican a cualquier actividad sumergida, y un largo etcétera de despropósitos, también se les ve como cosas amenazantes para nosotros. Más que como extranjeros, los migrantes pobres son vistos como entes rechazables. Después de que les enviamos armas para enconar sus conflictos, de que expoliamos sus riquezas naturales, y de que intervenimos sus alimentos, lo último es hacerles pasar un nuevo calvario cuando llegan aquí. Toda una serie de campañas mediáticas exageradas, desenfocadas, fuera de contexto e inmersas en el periodismo más sensacionalista, nos presentan a los migrantes de esta forma. No nos cuentan nada sobre la responsabilidad de nuestros gobiernos, sobre el trabajo que realizan en sus países de origen las grandes empresas multinacionales. En palabras de Antonio Fernández Vicente: "Sencillamente, no se habla de personas. El otro extranjero es un número. Sin derechos ni tan siquiera rostro que le singularice. Cosas a las que se dispara con balas de goma y de quienes se nos protege con cuchillas afiladas. Y es la estrategia de reificación de los medios la que apuntala la falta de empatía y sensibilidad hacia los desplazados de la miseria. Reducirlo todo a números y cifras. Suscitar miedo a esos pretendidos 30.000. Lo extraño es que no se agolpen los 300 millones de hambrientos". Ni aún se podría hablar de invasión, sino de una huida justificada. Justificada ante tanta aberración, ante tanta devastación, ante tanta masacre. Se discute con frivolidad no solo en barras de bares o tertulias, sino incluso en las Cortes, por señorías diputados/as y senadores/as, sin apenas tener idea del sufrimiento de los otros. Se les adjunta una simple etiqueta de migrante, como algo de lo que hay que huir, que hay que esconder, o al que hay que impedir su llegada. Y si es que llega, algo a lo que hay que hacerle la vida imposible. Desde la distancia que marca nuestra plácida vida capitalista y consumista, desde la indiferencia de quien posee una vida colmada de derechos, y en cuya obtusa mente no cabe ni siquiera la imaginación y la sensibilidad necesarias para comprender una situación así. 

Todo un pleno ejercicio de deshumanización de los migrantes, al que estamos acostumbrados, porque además el propio sistema nos ayuda a ello, nos conmina a ello. Y después de todo ello, hemos de escuchar además que los migrantes "denigran nuestra sanidad", "ensucian nuestra educación", "atacan nuestra seguridad", y otros exabruptos por el estilo, salidos de la boca alienada y embrutecida de la ciudadanía, sobre todo de aquéllas que pertenecen a personas con una sensibilidad bajo mínimos. Sin embargo, vemos con perfectos ojos el fenómeno del turismo rico, o de la inmigración rica. Santiago Alba Rico lo explica muy bien en este artículo para el medio Cuarto Poder. Retomo sus palabras: "900 millones de personas se mueven por el mundo todos los años. No son emigrantes. Son turistas que viajan libremente a Senegal, a Túnez, a Tailandia, a Egipto por poco dinero y sin ningún peligro. Gastan poco, destruyen los recursos locales y generan dependencias neocoloniales que convierten a los nativos en inmigrantes en sus propios países, donde son perseguidos y reprimidos como si estuvieran en París o Madrid. Esto también es un hecho. Y sin embargo a nadie se le pasa por la cabeza prohibir el turismo, no obstante la destrucción ecológica y social que genera. Aún más: todo el mundo consideraría una medida totalitaria la de un país del Tercer Mundo que, para proteger a sus conciudadanos de los efectos comprobadamente perniciosos del turismo, impidiese la entrada a los extranjeros que quieren ver las Pirámides o persiguiese y deportase a los clandestinos que sorprendiese fotografiando el Tah Mahal. Pues bien, entre esos 900 millones de turistas que viajan todos los años (cifra 100 veces inferior a la de los emigrantes desplazados) muchos pertenecen a las clases trabajadoras europeas. Cuando hablamos de limitar o combatir la inmigración en nuestros países y de hacerlo en nombre de esa clase trabajadora, estamos legitimando --y movilizando y explotando-- el voto insolidario de españoles --o italianos o franceses-- que reclaman su derecho a viajar a Senegal, y al mismo tiempo, su derecho a impedir que los senegaleses viajen a España. Es decir, estamos aceptando como natural un doble rasero de consecuencias materiales éticamente más que dudosas: nosotros tenemos derecho a viajar a Senegal, los senegaleses no tienen derecho a viajar a España. Más aún: nosotros tenemos el derecho "universal" de viajar a Túnez y tenemos además el derecho "español" de impedir a los tunecinos viajar a España". 

Desde esta lógica, es preciso entender que los migrantes están reivindicando su derecho universal al desplazamiento, y lo están haciendo además no por ocio ni por aventura, ni por conocimiento ni por vacaciones, lo están haciendo por necesidad. Por estricta necesidad. Y nuestra vileza llega hasta tal punto que para impedirles llegar alcanzamos acuerdos con sangrientas dictaduras, los ponemos en manos de traficantes de personas, los sometemos al encierro o a los campos de concentración, los herimos con concertinas, los dejamos ahogar en el mar, los deportamos a sus lugares de origen, o los condenamos a vagar por un submundo de ocupaciones ilegales o sumergidas. Solo un pequeñísimo porcentaje de personas llegadas por la vía migrante (pobre) consiguen insertarse en su sociedad de destino, e incluso destacar como buenos profesionales, si les permiten dedicarse o formarse en ello. Practicamos, sin paños calientes, un genocidio estructural ante el fenómeno de la migración. Estamos dispuestos (pero no lo conseguiremos) a acabar con los migrantes al precio que sea, bajo los modos que sean, ejerciendo las prácticas que sean, tomando las decisiones que sean. No nos importa el precio que haya que pagar. Solo pretendemos acabar con el fenómeno. Que deje de venir gente, que se reduzcan las cifras. Ese sería, para nuestros dirigentes y nuestras desalmadas instituciones, el mayor éxito en política migratoria que podríamos alcanzar. Sin más explicaciones. Todo esto, además de imposible, es de todo punto inhumano y degradante. Los derechos de los españoles, de los americanos, de los franceses o de los italianos, los derechos de los ciudadanos de cualquier sitio del mundo, no están por encima de los derechos humanos. El tiempo situará en su sitio a estas bárbaras políticas. Y también el tiempo hará comprender a la sociedad en su conjunto que la apertura de las fronteras y la recepción e integración de los migrantes es la única salida digna que podemos ofrecer. Tenemos una mochila de horrores muy cargada para con sus pueblos, y mientras no la corrijamos, lo menos que podemos hacer es permitir a estas personas, obligadas a migrar, que puedan hacerlo con dignidad. Es el programa mínimo para una nueva Política de Fronteras, como venimos reivindicando durante toda esta serie de artículos. 

Un programa mínimo para una Política de Fronteras que crea en la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha de ir de la mano, de forma inseparable, de la transformación de las políticas exteriores de nuestros países, abandonando el germen imperialista que nos abduce y nos conmina a dominar territorios extranjeros. En el capitalismo, señala Alba Rico, existe una clara paradoja, al mostrarse como movilizador e inmovilizador: "obliga a huir, a reciclarse, a trasladarse, y al mismo tiempo, refuerza las fronteras". Esta flagrante contradicción muestra a las claras que al capitalismo no le interesan las personas, ni de dentro ni de fuera de cualquier país. Sólo al capital le interesa el capital. De ahí que los impedimentos, controles, protección, militarización, etc., se realicen siempre a las personas, pero no a los capitales, que fluyen libremente por todo el mundo, de terminal en terminal, de paraíso fiscal a paraíso fiscal. ¿Por qué no nos dedicamos a crear un paraíso para las personas en vez de un paraíso para los capitales? ¿Por qué no un paraíso poblacional en lugar de un paraíso fiscal? He ahí la reflexión a la que tenemos que hacer frente, tarde o temprano. ¿Política de Fronteras dura? Sí, pero para los capitales, no para las personas. ¿Controles y exigencias? Sí, pero para las empresas, no para los migrantes. Precisamente, el capitalismo ha dejado tanta libertad a los capitales, que han llegado a la prostitución del ser humano. Para el venerado capital no existen inconvenientes, sino ventajas: cualquier empresa puede "externalizar" sus sedes y sus capitales, es decir, sus fronteras, y ahí no existe el menor problema. Más bien al contrario, las leyes de la globalización neoliberal cada vez lo ponen más fácil. En cambio, para los migrantes pobres todo son problemas: el abandono de su país, las propias rutas migratorias, las mafias, las fronteras rígidas, las deportaciones, la falta de integración, el racismo institucional realmente existente...¿Existe racismo para el capital? Nada de eso, el capital puede fluir de nación en nación, de continente en continente, el capital puede ser negro o blanco, puede hablar todos los idiomas bancarios, se recibe siempre con honores, siempre habla el idioma del país receptor, nunca tiene problemas para integrarse...

Por tanto, el problema reside en qué elementos colocamos en la balanza, es decir, a qué elementos queremos poner alfombras rojas, queremos suavizarle la vida, y a qué elementos, por el contrario, queremos aplicarle los mayores controles, los mayores impedimentos, haciéndole la vida imposible. El capitalismo, en su fase terminal, está enfrentándose actualmente a las consecuencias de su propia perversión: lleva décadas (incluso siglos) maltratando a los territorios (nacionales y extranjeros), esquilmando los recursos naturales, saqueando todo lo que puede a los países que albergan riquezas, dejando a sus poblaciones en la miseria, y llevando a cabo todo ello como si nuestro entorno fuese infinito, no se agotara jamás. Pero la realidad nos ha hecho topar con sus propios límites: los recursos externos e internos están sujetos a limitaciones, se agotan, y cada vez quedan menos sitios de donde extraer. A su vez, esos territorios a los que esquilmamos sus riquezas, incluso favoreciendo guerras y enfrentando a sus habitantes, entre ellos mismos y con los habitantes de terceros países, cuando ya no poseen recursos para sobrevivir, son movidos por los instintos más básicos de supervivencia, e intentan llegar a este otro mundo más "desarrollado", precisamente el culpable de haber expoliado al otro mundo, el mundo más "pobre". ¿Qué solución le daremos a esto? ¿Quizá un endurecimiento de nuestras políticas de fronteras? ¿Pondremos más vallas y alzaremos más muros? ¿Colocaremos más concertinas? ¿Desarrollaremos más tecnología para controlarlas? ¿Promulgaremos leyes más restrictivas? ¿Extorsionaremos aún más a estos terceros países de origen para que controlen que sus habitantes no salgan de sus fronteras? ¿De verdad creemos que todo esto va a funcionar? ¿De verdad pensamos que es sostenible la escalada donde se coloca alfombra roja a los capitales mientras se trata al ser humano con la punta del pie? Jamás solucionaremos este grave abismo civilizatorio hasta que recorramos el camino inverso al que venimos transitando: facilitar los tránsitos humanos, mientras colocamos fronteras duras a los capitales. Abrir las fronteras a las personas, mientras controlamos los flujos y accesos a los capitales. Recibir e integrar a los migrantes, mientras impedimos la aberrante "libre circulación" de los capitales. Pero la ceguera de nuestros gobernantes aún no les permite ver el abismo al que hemos llegado. ¿Tardarán mucho más en comprender la realidad? Continuaremos en siguientes entregas.

Además de los factores generales que determinan el estado de pobreza, para el caso que nos ocupa de la pobreza energética es evidente que la subida desorbitada del precio de la factura eléctrica es un factor principal a considerar. A este respecto, tenemos un dato esclarecedor y escalofriante: la factura de la electricidad aumentó en un 76% entre 2007 y 2013. Y como sabemos, la Ley del sector eléctrico de 1997 (tras las privatizaciones de las empresas públicas que gestionaban el servicio) supuso la liberalización del sector eléctrico, y con ello el fin de la consideración de la electricidad como un servicio público. Hoy día, el escenario es igual al de cualquier otro servicio de pago: sólo se presta a quien posee la capacidad de pagarlo. En consecuencia, los "consumidores" no solo hemos sufrido durante este tiempo aumentos en el precio de nuestra factura, sino que, en la práctica, han dejado de existir mecanismos eficaces que garanticen el acceso universal de los ciudadanos a este suministro básico. Esto coloca directamente a las personas en una situación cercana a la exclusión social, y por tanto, lo justo sería que las Administraciones garantizaran por Ley tal suministro fundamental. Pero al no entenderse el acceso a la energía como un derecho humano fundamental, tal acceso básico no es garantizado, y de ahí vienen los problemas. La solución más viable y directa sería que las Administraciones Públicas pusieran en marcha los mecanismos de evaluación necesarios para que cada hogar pagase por el suministro básico un precio razonable de acuerdo con sus ingresos (o sus niveles de renta). Por supuesto, el actual diseño del llamado Bono Social no cumple este requisito. Si a esto se le une el enorme poder político y económico que posee el lobby energético en nuestro país (responsable como hemos visto del mayor fenómeno de puertas giratorias), la situación se complica bastante. La tendencia durante estos años ha sido la de evolucionar hacia un mercado de la energía cada vez más salvaje, absurdo, injusto y desregulado, lo cual provoca las aberrantes situaciones actuales para multitud de personas y familias de nuestro país. La pobreza energética es otra modalidad de la desigualdad, de la pobreza que invade una parte importante de la población, que no puede ser ignorada. 

La pobreza energética atenta contra los más vitales y elementales derechos, colocando a los que la sufren en una situación de extrema vulnerabilidad. En muchos casos, las situaciones de pobreza energética (o derivadas de ella), son las responsables últimas de provocar peligrosos accidentes, costando incluso la vida de las personas en algunos casos. Por otra parte, la evolución hacia las fuentes energéticas renovables ha potenciado la posiblidad del autoconsumo, que de hecho puede representar un papel importante en la lucha contra la pobreza energética. Pero sin embargo, para que esto ocurra en España es preciso dotarnos de una regulación que lo impulse y facilite, en vez de obstaculizarlo (recuérdese el llamado "impuesto al sol" de la Administración del PP). Últimamente, la tasa de pobreza energética ha subido más rápidamente que la que mide la pobreza general de la población, hecho que sólo puede deberse al enorme incremento en el precio del suministro de la energía registrado en nuestro país durante los últimos años. Durante ese mismo período de tiempo (coincidente con los años más duros de la actual crisis), los beneficios de las grandes empresas eléctricas del país no solo no se han visto reducidos, sino que han aumentado considerablemente, razón de más que nos sitúa ante una realidad de todo punto injusta, desigual y aberrante. Por supuesto, medidas como la reducción del nivel de desempleo, reducir considerablemente la precarización de los puestos de trabajo, que los trabajadores obtengan unos salarios dignos, y que exista una Renta Básica universal, individual e incondicional (de la que ya hemos tratado a fondo en el anterior bloque temático), pueden cambiar este penoso panorama, y reducir de forma importante los niveles de pobreza energética. A finales de 2016 ya sufríamos un 10% de los hogares en situación de pobreza energética, mientras desde el Gobierno y las instituciones se nos vendía la idea de que "habíamos salido de la crisis" y de que galopábamos reduciendo las cifras de desempleo. 

Un Estado que se precie de administrar una mínima justicia social no puede permitir casos de pobreza energética, mientras se asegura la impunidad y los beneficios de las compañías suministradoras. Ello nos devuelve de nuevo a las primeras entregas de esta serie, donde hablábamos de las dos caras de una misma moneda, al referirnos a la existencia de ricos y pobres. Si las Administraciones Públicas aseguraran una situación de garantía de suministros básicos (incluso a los que no pudieran pagarla), quizá nuestras grandes compañías (sus dueños, accionistas y directivos) no serían tan ricas. Precisamente alcanzamos cifras de pobreza energética tan elevadas porque nuestras compañías eléctricas son las más ricas de Europa. Un mercado que las favorece, cada vez menos regulado, es el que provoca que estas compañías puedan campar a sus anchas, y dicten unos precios prohibitivos para gran parte de la población, que tiene que elegir entre comer o pagar facturas. Y evidentemente, eligen comer. Y a continuación, vienen los cortes en el suministro. Sólo en 2015, como extraemos de este artículo de Gladys Martínez para el medio Diagonal, Iberdrola y Endesa (empresas que gestionan el 80% de la distribución eléctrica en nuestro país) realizaron cortes de luz por impagos en más de medio millón de viviendas, según los datos que dichas compañías elevaron a la CMVC. En 2012, uno de los años más duros de la crisis, la cifra de cortes de electricidad fue aún mayor: 1,4 millones de viviendas lo sufrieron. Es decir, que al menos millón y medio de personas quedaron a oscuras en nuestro país. Mientras estas grandes empresas transnacionales directamente forraban sus bolsillos, se estaba produciendo el cóctel explosivo compuesto por la mezcla de las facturas más caras de electricidad para unos hogares que quedaban en desempleo, y los recortes jibarizaban las economías familiares. 

En el primer semestre de 2016, según datos de Eurostat, el kilovatio/hora costaba hasta 0,218 euros, muy por encima de la media europea (situada en 0,206 euros por kwh), y de países como Francia (0,168 euros), Suecia (0,189), o Reino Unido (0,195). Este incremento desenfrenado se traducía en elevados beneficios para las empresas energéticas. Entre 2008 y 2015, las tres grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy (antes Gas Natural Fenosa), se embolsaron 56.624 millones de euros en beneficios. Por tanto, hablemos en plata: vivimos en una sociedad donde se proyecta una arquitectura de la desigualdad en multitud de facetas, y en lo que se refiere a la energía, a día de hoy un suministro básico como éste la ofrecen únicamente unas pocas empresas privadas en régimen de oligopolio que se deben únicamente a sus accionistas, es decir, que están pensadas y diseñadas únicamente para obtener los máximos beneficios. ¿Acaso desconocían estos detalles nuestros ex Presidentes Felipe González y José María Aznar? ¿Promovieron acaso dicha privatización en beneficio del conjunto de la ciudadanía? La respuesta a esta pregunta se nos ofrece clara como las aguas fluyentes de un arroyo cristalino. Lo extraño es que continúe habiendo personas que creen (imbuidos en el dogma neoliberal, o bien por ignorancia supina o falta de madurez intelectual) que la gestión privada de estos servicios fundamentales es mejor que la gestión pública. A los datos nos remitimos. Y como siempre, detrás de esos datos hay personas: personas y familias que se quedaron sin luz, que tuvieron que pasar grandes fatigas para poder abonar los recibos...en una palabra, detrás de los fríos datos hay mucho sufrimiento humano. El único mecanismo que palía un poco la pobreza energética hoy día es el llamado Bono Social (al que han unido recientemente un tal Bono Social Térmico), aprobado en 2009 por el Gobierno del PSOE y modificado desde 2013 por el Gobierno del PP. Este bono se concreta actualmente en un 25% de descuento en la parte del consumo de la factura. Es la única medida que ha tomado la Administración para aliviar el gravoso problema. Veámosla con un poco más de calma. 

El Bono Social no ha tenido el resultado esperado. De entrada, se estima que aproximadamente un 80% de familias en situación de pobreza energética no están recibiendo dicha ayuda pública, mientras que por el contrario, existen muchas familias que no lo necesitan y sin embargo lo reciben, ya que este Bono Social no se basa en el criterio de renta. Algunas modificaciones han sido efectuadas desde el último Gobierno del PSOE tras la Moción de Censura de 2018. Por si todo ello fuera poco, el Tribunal Supremo (tan aliado desde siempre de los grandes poderes económicos) se ha puesto en dos ocasiones del lado de las empresas, ilegalizando que éstas asumieran el coste del Bono Social y obligando al Estado a que se les reembolsara con dinero público: concretamente 500 millones de euros han ido a parar a las arcas de estas empresas desde 2013. A todo ello le hemos de añadir la estigmatización que supone la tramitación de dicha ayuda. En este sentido, posee mucho paralelismo con las ayudas que concede el Servicio Público de Empleo Estatal o los Servicios de Empleo de las Administraciones autonómicas, ante las que hay que justificar la situación de desempleo y de necesidad que dichas personas sufren. Pero como aún después de estas ayudas estatales continúan existiendo familias que no pueden hacer frente al pago de los recibos, algunas Administraciones autonómicas y locales han creado sistemas de ayuda adicionales. En concreto, han desarrollado planes de protección para las familias que se encuentran en situación más vulnerable, a través de ayudas para el pago de los recibos de la luz o asumiendo directamente el coste de los mismos a través de convenios con las principales distribuidoras eléctricas. En estos casos, son los Servicios Sociales de cada Ayuntamiento los que se encargan de gestionar dichos expedientes. Dicho nivel supone otro escalón en la estigmatización para estas personas, es decir, otra ventanilla donde hay que volver a demostrar lo pobres que son. Continuaremos en siguientes entregas.

En este año 2019 se cumplen 80 años del fin de la Guerra Civil (1936-1939), que nos han querido presentar como una contienda entre dos bandos enfrentados. Es falso, a menos que mostremos equidistancia entre los defensores de la legalidad republicana, y los sublevados golpistas que la interrumpieron abruptamente. Se cumplen también 80 años del inicio del exilio republicano, que expulsó de nuestro país a eminentes políticos, escritores, poetas, cineastas, y a miles de heroicos demócratas. Un exilio republicano que, en cierto modo, como señala Silvia Casado en este artículo para el medio Cuarto Poder, llega hasta nuestros días, ya que los partidos republicanos no han tenido el eco mediático necesario, ni las formaciones políticas de izquierdas han reivindicado la Tercera República con la fuerza que esta legítima aspiración merece. Ni siquiera el preámbulo de la actual Constitución de 1978 hace mención alguna a la Constitución de 1931 como legítima antecedente, como si la Segunda República nunca hubiese existido. Ese fue precisamente el objetivo franquista por antonomasia, eliminar cualquier rastro físico, histórico, documental, testimonial, político y filosófico de aquél gran pero breve período de nuestra reciente historia.

De hecho, ninguna de las fuerzas políticas actuales que se sientan en el flamante recién renovado Congreso de los Diputados, reivindica aquel período, es decir, lleva abiertamente en sus objetivos políticos iniciar el camino hacia la Tercera República. Pero sin embargo, la memoria democrática de aquél período se está convirtiendo en la única receta para plantar radical batalla frente a la actual restauración borbónica, expresada en el Régimen del 78, que con mínimos cambios, llega hasta nuestros días. El Gobierno de la República en el exilio se refugió en primer lugar en México hasta 1946, y luego en París hasta 1977, cuando se disolvió definitivamente. Cuando el entonces Príncipe Juan Carlos fue nombrado sucesor de Franco en 1969, el Gobierno en el exilio emitió un comunicado donde afirmaba que “no hay otro soberano más que el pueblo español, que un día, sin duda próximo, dirá lo que piensa y decidirá definitivamente”. Lamentablemente, ese día aún no ha llegado. A 80 años del final de la Guerra Civil, no solamente no se ha consultado de nuevo al pueblo español sobre la forma de Estado que desea, sino que los rescoldos del franquismo continúan vivos, y sus brasas nos siguen quemando.

Muerto el dictador, muchos pensaron ingenuamente que la República podría volver, pero su recuerdo fue de nuevo enterrado, y no solo eso, sino que además se alimentó (y se continúa en ello) una fuerte amnesia colectiva, mediante una infame Ley de Amnistía de 1977, y aún a más de 40 años de aquellas fechas continuamos luchando por la Verdad, la Justicia y la Reparación para las víctimas de la dictadura y sus familiares. Aquélla “modélica” Transición dejó fuera a las fuerzas políticas que continuaban reivindicando la República, y hoy día son residuales en los diversos comicios a los que se presentan. Aún hoy, a 80 años del final de la Guerra Civil, la (extrema) derecha española continúa azuzando el miedo al “comunismo”, que según ellos, representan las fuerzas políticas socialdemócratas que se sientan en las Cortes. Es el mismo argumento que movilizó a la derecha política y social y a los militares golpistas en 1936 para sublevarse y lanzar el Golpe de Estado, con el apoyo de la Iglesia Católica. Hoy día, el PSOE es señalado despectivamente de “socialista” por la derecha (sin serlo), y a los dirigentes de Podemos se les tacha de “comunistas”, cuando ni siquiera el Podemos original de 2014 lo era (mucho menos el de 2019, totalmente descafeinado). Por tanto, a 80 años del final de la Guerra Civil nos encontramos con una sociedad embrutecida políticamente, que no ha sido capaz de arrancar las cadenas ideológicas que el franquismo sembró en sus mentes.

Y hoy día, a 80 años del final de la Guerra Civil, los más legítimos representantes del franquismo están, de nuevo, entrando en nuestras instituciones. En realidad nunca se fueron. Pero ahora, además, ni siquiera lo disimulan. El embrutecimiento y la falta de madurez política de la sociedad española, que ni siquiera ha conseguido declarar ilegal el enaltecimiento del franquismo, está teniendo como consecuencia que tengamos que soportar una extrema derecha franquista declarada y convencida, que no disimula su culto a la dictadura, y que, lógicamente, se presenta con un ideario absolutamente abominable y aberrante. De hecho, uno de sus objetivos es acabar con la Ley de Memoria Histórica, que siempre se negaron a cumplir. Y hoy, cuando por fin tenemos un Gobierno que está intentando exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos (monumento público a la dictadura que aún sigue en pie), estas fuerzas políticas de la extrema derecha están poniendo todo su empeño en torpedear dicho objetivo. Y mientras se retiran las subvenciones públicas para asociaciones memorialistas, la Fundación Francisco Franco continúa recibiéndolas, ente que no debería existir ni siquiera con fondos privados. Hoy día quedan unos 25.000 cuerpos de víctimas del franquismo sin recuperar, según un estudio coordinado por el antropólogo forense Francisco Etxeberría, que destaca que con una buena dotación humana y material, dichos trabajos podrían estar completados en cuatro o cinco años.

El legado de aquel período republicano, a 80 años del fin de la Guerra Civil, se ha dilapidado por completo. Aunque en algunos aspectos hemos vuelto a avanzar, como en el feminismo, en general las aspiraciones de la Segunda República (muchas de ellas plasmadas en su texto constitucional de 1931) han quedado desde entonces en el tintero. En primer lugar, el siniestro período franquista promovió un retroceso político, cultural y social en todos los órdenes, pero después de la muerte del dictador, los sucesivos gobiernos “democráticos” que han ostentado el poder no han continuado los mimbres generales de la filosofía inspiradora del breve período republicano. Por ejemplo, la República se definía como “un proyecto de democratización social y política que pasaba por la primacía del poder civil sobre el militar y eclesiástico”, renunciando expresamente a la guerra como instrumento político, y promoviendo una reforma agraria y un sistema educativo, como símbolos de la justicia social a la que aspiraba. Solo 6 años pudieron aguantar estas reformas, que fueron brutalmente atacadas y desmanteladas por la reacción fascista. Y hoy día, a 80 años del final de la Guerra Civil, volvemos a sufrir el poderoso ataque de los poderes económicos, que secuestran nuestra vida y nuestros derechos fundamentales, convertidos en mercancías; volvemos a sufrir los latifundios que reciben enormes subvenciones, mientras los jornaleros y campesinos no poseen lo esencial para vivir; y volvemos a sufrir el adoctrinamiento religioso en los colegios concertados, que cada día comen más terreno a la escuela pública, así como la injerencia de la Iglesia en los asuntos políticos y sociales. El verdadero Estado Laico sigue siendo un sueño.

En 2019, a 80 años del fin de la Guerra Civil, nuestros escolares continúan estudiando el período histórico de la II República unido irremediablemente a la guerra, con lo que se pretende inculcar al alumnado la idea de que la Guerra Civil fue una consecuencia casi necesaria tras el “experimento” republicano. Se trata de enterrar el ejemplo, de asociar la experiencia republicana con el desastre y el caos. Pero nada más lejos de la realidad. Se les habla a los escolares de un tal “bando nacional” (cuando en realidad eran los golpistas) y del otro “bando” como el de los “rojos”, en expresión peyorativa, legitimando el lenguaje hostil hacia los avances propugnados por la izquierda republicana de la época. Y a 80 años del final de la Guerra aún hemos de soportar nombres de calles, plazas, avenidas, monumentos, placas, recordando a los protagonistas del “Glorioso Alzamiento Nacional”, como fue llamado el criminal Golpe de Estado. Y también hemos de soportar que existan militares que legitimen la figura del dictador, y que además lo hagan públicamente, mediante la firma de un Manifiesto donde un buen número de generales en la reserva o retirados, hicieran “desagravio” a su figura.

En realidad, hace 80 años que en nuestro país no vivimos la paz, sino la victoria, tal como afirma Alfons Cervera en este artículo para el digital Rebelion. Incluso cierto ex Ministro se permitió recordarlo, refiriéndose a la bancada de la izquierda: “Parece que aún no se han enterado de que hace 80 años que perdieron la guerra”. Terminó la guerra, pero la venganza y el exterminio continuaron. Aún continúan la guerra sucia en las cloacas del Estado. Y así, bajo el poderío de esa derecha que viene gobernándonos desde entonces, antes más brutal y ahora más suavizada, pero en el fondo la misma, nos han impuesto su lenguaje, han tergiversado la historia, y han procedido a la destrucción de los vencidos desde todos los puntos de vista. Por eso hoy, en 2019, a 80 años del final de la Guerra Civil, aún tenemos que escuchar el discurso que se refiere a los que “defienden España” frente a aquéllos que “quieren romper España”. Todavía hoy intentan inculcarnos su venenoso discurso, su patético y fanático discurso, su excluyente discurso, y lo intentan, además, robándonos la memoria, la memoria democrática, nuestra memoria como pueblo. La memoria histórica, quizá lo más grande que se le puede robar a un pueblo, quizá lo más importante que nos pueden tener secuestrado como comunidad. Esa memoria colectiva que comienza con el derecho a saber, a conocer la verdad de lo que ocurrió, y por qué ocurrió. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU estableció en 1998 que el “derecho a saber” es un derecho colectivo que implica el derecho inalienable a conocer la verdad de lo que ocurrió y que va unido al “deber de recordar”, como señala Agustín Moreno en este artículo para Cuarto Poder.

Y es que el Régimen del 78 fue fundado sobre la desmemoria. A partir de ahí, se extienden falaces mantras como que “en los dos bandos había buenos y malos”, “todos fuimos culpables”, o “al menos con Franco vivíamos en paz”. Los niños y niñas de mi generación (años 60) escuchamos eso de nuestros mayores, y a su vez, muchos lo repitieron cuando fueron adultos, desde el desconocimiento, desde la desmemoria. Pero después, los niños y niñas que ya nacieron en “democracia”, tampoco han estudiado en sus colegios el exilio republicano, la brutal represión franquista, el expolio económico hacia los vencidos, la purga de profesionales, los guerrilleros antifranquistas, los trabajos forzados, los campos de concentración de Franco, el robo de bebés, la oposición obrera, el papel de la Iglesia Católica, las muertes de la Transición, etc. Pero todo cuadra, porque mientras nuestra educación a los escolares adolece de la enseñanza histórica de todos estos asuntos, a su vez, somos un país que, tras 80 años del final de su Guerra Civil, continúa con estatuas franquistas, con placas de calles que recuerdan a los genocidas, continúa sin anular las condenas de los tribunales franquistas, continúa sin devolver al pueblo todo lo que la familia Franco expropió, continúa sin llevar a cabo un inventario de todos los bienes expoliados durante la Guerra Civil y la dictadura, continúa sin juzgar a los responsables políticos y policiales aún vivos de toda aquélla represión, continúa sin llevar a cabo la apertura de todos los archivos militares, civiles y eclesiásticos que contienen información esencial para los investigadores, y continúa con miles de muertos en cunetas y fosas comunes, entre otras asignaturas pendientes.

El exterminio ideológico fue total y absoluto. Finalizada la guerra, se trataba de aniquilar al enemigo, de “limpiar” España, limpiarla de marxistas, de rojos, de comunistas, de socialistas, de anarquistas, de sindicalistas, de feministas, de profesores y profesoras libres (que recogían la semilla de la Institución Libre de Enseñanza que fundaran otros tantos pensadores), de intelectuales (“¡Muera la inteligencia!”, gritaría un irritado Millán-Astray al gran Miguel de Unamuno en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, en respuesta a su famosa frase “Venceréis, pero no convenceréis”), en definitiva, limpiar España de todos aquellos/as que no compartieran su visión excluyente, imperial, católica y tradicional. Todo un holocausto, como señala Paul Preston en su famosa obra. En palabras del arqueólogo Álvaro Falquina, se trataba de “eliminar la identidad política republicana, y crear una nueva conciencia de sujetos válidos para el régimen franquista”. Todo un cruel sistema de violencia organizada y sistemática se llevó a cabo durante décadas, dirigido institucionalmente por el Estado franquista. Y a 80 años del final de la Guerra Civil, ningún dirigente político ni policial de aquella época ha sido juzgado por sus crímenes. No se ha depurado ni una sola responsabilidad. Más bien al contrario, tenemos personajes públicos bien señalados durante la dictadura, que se pasean por la calle como personas respetables, sin el más mínimo reproche penal. Así que en 2019, 80 años después, es un tribunal y una jueza argentina, María Servini de Cubría, la encargada de atender la querella de las víctimas del franquismo a los dirigentes vivos de aquélla época. Algo insólito y absolutamente vergonzante e incomprensible desde todos los puntos de vista, en un país que se proclama democrático. Tenemos informes de la ONU, de sus Relatores concretos, que instan a España a corregir este déficit democrático, pero desde la muerte del dictador, ningún gobierno ha movido el asunto. Han mirado para otro lado. Y por su parte, la judicatura, esa casta judicial formada también bajo la sombra franquista, ha bloqueado todo lo que ha podido el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares. Incluso el ex juez Baltasar Garzón fue injusta y vilmente apartado de la carrera judicial por atreverse a poner orden en el caos y la vergüenza de los crímenes franquistas.

Nos han hurtado, en efecto, nuestra historia y nuestra memoria. Y la memoria es lo peor que puede arrebatársele a un pueblo, porque al igual que cualquier enfermo/a de Alzheimer, desconoce su pasado, no sabe quién es. Los poderes económicos se han encargado de ello. Durante la dictadura se fue asentando toda una élite empresarial cuyas cúpulas poseen descendientes que llegan hasta hoy día, y que sirvieron de cantera para los primeros gobiernos de la Transición y cuyos imperios continúan, en muchos casos, situados sobre todo en los Consejos de Administración de las principales empresas del IBEX-35. El dinero estuvo del lado de la sublevación golpista (el empresario Juan March fue el financiador principal del Golpe de Estado), y contribuyó decisivamente a la derrota de la democracia republicana. No en vano los terratenientes de la época eran los más amenazados por aquella reforma agraria que el gobierno republicano emprendió como un objetivo de justicia social. Las sagas de todos aquellos empresarios se enriquecieron como nunca en base al trabajo esclavo de los presos políticos republicanos, y comenzaron a dominar la vida económica del país durante la posguerra y toda la dictadura, así como durante la Transición y el período “democrático” posterior, es decir, han proyectado sus fortunas durante estos 80 años. Por su parte, el otro poder fáctico proveniente del franquismo, como son las Fuerzas Armadas, también proyectan su ideología fascista hasta nuestros días, y a 80 años del final de nuestra Guerra Civil, aún no se ha producido una profunda democratización en sus escalafones superiores. Solamente alguna pequeña parte de la tropa posee una conciencia democrática a la altura de las circunstancias.

Hoy día, las Fuerzas Armadas (y en general los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado) representan el mayor exponente de la presencia de sectores antidemocráticos en nuestra sociedad, que se manifiestan en señales que van desde el reconocimiento a la función de las Fuerzas Armadas en el propio texto constitucional (“garantes de la soberanía y de la integridad territorial”), hasta la presencia de grandes sectores profundamente ideologizados aún en las semillas provenientes del franquismo. Véanse, como casos concretos, el Manifiesto en favor de Franco al que antes hacíamos referencia, o el gran espaldarazo de voto a Vox en estas últimas elecciones general del 28 de abril pasado. A 80 años de dicha atrocidad, todavía no hemos implementado las debidas garantías de no repetición. Puede que algún/a lector/a ingenuo/a se pregunte: “Ah, pero…¿es que puede volver a suceder?”. A mi juicio, es evidente que sí. Mientras no consigamos unas Fuerzas Armadas plenamente democráticas, en todos sus cuadros, mandos  y estructuras, no estaremos libres de dicha amenaza. Ya afirmó Joan Tardá en el Congreso, muy acertadamente, refiriéndose a las formaciones políticas de la derecha: “Si pudieran, nos fusilarían al amanecer”. No creo que sea ninguna exageración. Más bien al contrario, Tardá dio en el clavo.

Por su parte, la judicatura es otro cuerpo profundamente conservador en nuestro país, que mantiene actitudes, pensamientos e ideología claramente intolerantes. Por ejemplo, a 80 años del fin de la Guerra Civil, el Tribunal Supremo tiene la desfachatez de paralizar la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, y de calificarlo como “Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936”. El franquismo sigue muy vivo en la élite judicial española, como puede apreciarse claramente en la falta de sensibilidad hacia los cientos de miles de represaliados y sus familiares que esta suspensión cautelar rezuma. Veremos si al final desestiman los recursos de la familia del dictador, y conseguimos de una vez sacar sus restos de esa construcción faraónica que exalta el régimen y su figura. Habremos conseguido avanzar un pequeño paso en la normalización democrática de nuestro país. Pero no sólo esto: habría que acabar también (porque también eso es acabar con el franquismo) con el saqueo al que somete al pueblo esa corriente neofranquista que podríamos denominar como el “patriotismo españolista”, representada por las nuevas versiones del PP, Ciudadanos y Vox. Esos abanderados de la rojigualda, que la llevan por todas partes, menos a la hora de tributar, porque prefieren hacerlo en otros países, o simplemente evadir impuestos todo lo que pueden.

Y así, bajo el mantra de la “unidad de España” se han venido a denominar todos ellos “constitucionalistas”, y comprenden al aparato del Estado (y sus cloacas), la jerarquía de la Iglesia Católica, la judicatura, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Familia Real, y detrás de todos ellos, los Consejos de Administración de las empresas del IBEX-35. A todos ellos les guía únicamente el mantener sus abultados privilegios, y de ahí que continúen (como antes de 1936) azuzando el fantasma del “comunismo” y de los “separatistas”, porque saben que tanto unos como otros representan una amenaza a sus intereses, por estar a favor de los intereses de la clase trabajadora, excluida, exiliada, pobre, precaria y vulnerable de este país. Pero no solamente ellos son su objetivo, ya que a 80 años del final de la Guerra Civil, se persiguen en nuestro país a tuiteros, a cómicos, a activistas, a republicanos catalanes, a artistas, etc., simplemente por manifestar sus opiniones. Y por supuesto, todas las fuerzas reaccionarias de este “patriotismo españolista” tienen en la Monarquía su escudo protector. El que ha sido conocido como Rey “Emérito” (algo insólito) se acaba de retirar definitivamente de la vida pública, pero a efectos prácticos no va a existir diferencia alguna, ya que seguirá con el mismo tratamiento, con la misma impunidad y con el mismo sueldo. Así que hoy, como hace 80 años, el patriotismo sigue siendo un engaño para ocultar la opresión de clase.

Decididamente, la tarea principal que tenemos por delante, después de 80 años de finalizar aquélla feroz contienda, es enterrar a Franco de forma definitiva. Pero eso no significa solo exhumar sus restos del Valle de los Caídos. Enterrar al dictador implica enterrar su ideología, enterrar el fascismo, porque aún sigue vivo en las cabezas y en las actitudes y comportamientos de la derecha política, social y mediática de hoy día. Y como afirma Santiago Alba Rico, mientras Franco esté vivo no se le puede enterrar en ninguna parte. Pero enterrarlo implica también recuperar la esencia y la filosofía de la República, entendida no solo como ausencia de un Rey, sino como sistema político y social donde imperan la libertad, la igualdad, la justicia social y la fraternidad. Han pasado 80 años, y todavía tenemos que seguir reconstruyéndolo. Finalizo con una cita de Higinio Polo, recogida de un artículo publicado para El Viejo Topo en 2006: “Los vendedores de mentiras que han pretendido enterrar la memoria ignoraban que el esfuerzo de la Segunda República para llevar la instrucción y la cultura a los ciudadanos del país contrastaría con esta monarquía que reina sobre el embrutecimiento popular, el triunfo de una televisión de cloaca, el agitar de las sotanas de obispos y el fanatismo deportivo. Porque la república española era la instrucción popular, el desarrollo, la aspiración a una “España libre, próspera y feliz”, como decían entonces”. Creo que define muy bien estos 80 años que han transcurrido desde el final de la Guerra Civil hasta ahora.

En el artículo anterior ya introducíamos nuestra posición política a favor del reconocimiento del acceso a la energía como un derecho humano fundamental, y un factor de soberanía esencial para los pueblos. Siguiendo de nuevo el fantástico artículo de Cecilia Sánchez (Comisión de Energía de Ecologistas en Acción) publicado en el medio Contrainformación, vamos a plantear el encaje de este derecho en nuestro texto constitucional, así como en el contexto del derecho europeo. Para empezar, y esto es aplicable a cualquier acuerdo, convenio, normativa o texto legal, el hecho de que no esté recogido expresamente como tal no significa que no tenga cabida en la misma. Lo que debemos hacer es intentar buscarle el resquicio adecuado, es decir, comprobar si existen las mínimas referencias legales donde nuestro derecho pueda ser enmarcado. Veamos: en la Constitución Española de 1978 se reconocen varios derechos fundamentales relacionados con el acceso y disfrute de la energía, tales como el artículo 15 (derecho a la vida y a la integridad física), el artículo 43 (derecho a la salud), el artículo 47 (derecho a una vivienda digna y adecuada), el artículo 45 (derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona), o el artículo 39 (protección a la familia). Además, contamos con un artículo que establece un contexto de reconocimiento general, como es el 10.2, donde se establece que "Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España". Dicho precepto, según la sentencia del Tribunal Constitucional (TC 198/2012, de 6 de noviembre) contiene el único criterio interpretativo de la Constitución que expresamente ella misma recoge y que incluye tanto a los derechos civiles y políticos como a los derechos económicos, sociales y culturales. 

Porque, poniendo en contexto todo este articulado...¿alguien puede interpretar que pueden cumplirse sin atender a unas mínimas necesidades energéticas? ¿Podemos llevar una vida digna, proteger nuestra salud, disfrutar de nuestra vivienda o proteger a nuestra familia sin acceso a la energía? ¿Alguien puede afirmar que careciendo de la garantía del acceso a la energía se puede cumplir todo este articulado? Es evidente que no. Extendiendo a todo su alcance este precepto, se vincula directamente nuestra Constitución con el CEDH, y la interpretación realizada por su Alto Tribunal. Pero aún hay más: no podemos olvidar el artículo 9.2 de la Constitución que establece lo siguiente: "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social". En resumen, podemos afirmar sin resquicio de duda que nuestra Constitución cuenta con herramientas más que suficientes para seguir las indicaciones hechas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la pobreza (en este caso energética) y su vinculación a otros derechos fundamentales. Sin embargo, la realidad es bien distinta, dado que en la práctica, el concepto de energía en nuestro ámbito (y en general, en el de toda la UE) responde más al de una mercancía (esto es, sujeta a oferta y demanda bajo una sociedad capitalista de libre mercado), que al de un bien común, necesario, accesible y compartido por el conjunto de la ciudadanía. Así, por ejemplo, podemos comprobar que a lo largo de los últimos años se ha venido configurando un "mercado de la electricidad" como un mercado competitivo donde prima más la preocupación por la libre competencia y el beneficio de las empresas, que por el bienestar del conjunto de la ciudadanía. Esta es la triste realidad, que de nuevo, como estamos viendo en todos los bloques temáticos que abordamos, crea, difunde, proyecta y perpetúa una arquitectura de la desigualdad. 

Y tenemos ejemplos concretos que demuestran cómo el supuesto "derecho" a la energía se desliga de los derechos fundamentales, y las condiciones para su acceso de forma universal empeoran continuamente. Como prueba de ello tenemos la nueva Propuesta de Directiva de la Unión sobre el mercado interior de la electricidad, surgida del Cuarto Paquete legislativo, que prevé que las tarifas reguladas destinadas a los consumidores más vulnerables tiendan a desaparecer (condenándolos a la desprotección energética), o el artículo 14 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece que las empresas que ofrezcan servicios de interés económico general (servicios de energía, en el caso que nos ocupa), actúen especialmente con arreglo a principios y condiciones económicas y financieras (es decir, sujetas a las reglas de mercado). En suma, si bien en teoría la Carta de Derechos Fundamentales de la UE hace posible un derecho a la energía en el marco europeo, en la práctica estos preceptos que hemos comentado lo dificultan e imposibilitan. La última palabra estaría en la interpretación que en su caso pudiera hacer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TJUE), ante cualquier demanda particular o colectiva. El panorama, como podemos comprobar, es incierto y desesperante. Si nos vamos a la definición que del concepto de pobreza energética hace el Consejo Económico y Social Europeo (CESE), ésta se refiere como "la dificultad o la incapacidad de mantener la vivienda en unas condiciones adecuadas de temperatura, así como de disponer de otros servicios energéticos esenciales a un precio razonable". Precisamente en el "precio razonable" tenemos el problema. ¿Es lícito, justo o "razonable" el ascenso del precio de la factura eléctrica durante los últimos años en nuestro país? Parece evidente que no es así, si atendemos a los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de estos últimos años, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si cientos de miles de familias en nuestro país declaran no poder hacer frente a estos pagos, mientras los beneficios de las compañías que la suministran no deja de ascender, tenemos un grave problema de accesibilidad, de pobreza, en última instancia de desigualdad. 

Porque las "necesidades esenciales" a las que se refiere la definición anterior incluyen la climatización, la iluminación, y el uso de equipos que consumen energía, y que nos permiten estar integrados en la sociedad (televisores, ordenadores, acceso a Internet...). La movilidad, en cuanto que también consume energía, podría incluirse igualmente en la definición. Siguiendo la entrevista colectiva que lleva a cabo José Bellver para la Revista Papeles de la organización Fuhem Ecosocial, existen dos consecuencias fundamentales de sufrir la pobreza energética: por un lado, los problemas de salud, y por otro, los relativos a la exclusión social. Nos estamos refiriendo, sobre todo y en los países desarrollados, a la incidencia de enfermedades debidas a temperaturas inadecuadas en las viviendas, y a la presencia de barreras en los procesos educativos y comunicativos, que nos permiten relacionarnos con nuestro entorno social. Por todo ello, debemos situar el foco de atención en expresar el nivel de servicio energético que consideramos básico o esencial para poder llevar a cabo estas tareas, o si de prefiere, conseguir esos objetivos. En este sentido, desde los estudios pioneros realizados en el Reino Unido, se considera que un hogar está en situación de pobreza energética cuando ha de destinar más del 10% del total de sus ingresos para pagar la factura eléctrica. Pero en sentido general, una familia se encuentra en situación de pobreza energética cuando sus ingresos no son suficientes para satisfacer las necesidades básicas de energía de su hogar (principalmente de calefacción, electricidad y agua caliente). Alcanzando este nivel, estamos ante situaciones límite, rozando la exclusión social. Ante ello, la simple amenaza de poder quedarse sin suministro por impago, obliga a estas familias a ahorrar por encima de lo recomendable en electricidad y calefacción, lo cual tiene enormes consecuencias negativas, tanto físicas como psicológicas, en su calidad de vida. En este sentido, se estima que la pobreza energética está detrás de miles de muertes al año en nuestro país. 

El enorme poder (económico y político) de las grandes compañías energéticas (normalmente empresas transnacionales, con un gran número de sus sedes en terceros países) está detrás de todo ello, siendo la primera gran causa de que la pobreza energética exista. El poder de estos grandes agentes económicos, junto con la liberalización total de su mercado, se traduce en muy altos precios de la electricidad, y en legislaciones laxas y desreguladas que les permiten cortar el suministro a los ciudadanos, bajo determinadas condiciones de impago. Es decir, esa situación límite (de corte del suministro) se ha normalizado perfectamente, y de hecho es practicada a diario por estas grandes empresas. Este hecho supone ya, de entrada, una aberración social en sí misma, pues a nadie debería poderse dejar de suministrar la electricidad, si de verdad lo estimamos como un derecho humano fundamental. Sin temor a exagerar, afirmamos rotundamente que cortar el suministro eléctrico a cualquiera es, simplemente, un acto criminal. Un acto reprobable, que debería estar castigado penalmente en una sociedad que se precie de ser democrática, y respetuosa con los derechos humanos. ¿De verdad estas empresas y sus grandes propietarios, directivos y accionistas tienen una idea clara de lo que implica un corte de suministro? ¿Cuántos de ellos/as lo han vivido alguna vez en sus propias carnes? Una sociedad democrática no debería tolerar estos flagrantes ataques a los derechos fundamentales, pero nuestra "sociedad de mercado" (diametralmente opuesta a una sociedad democrática) ha ido creando en nuestro imaginario colectivo que la energía es un servicio "que hay que pagar", y sin más, si no puede pagarse (al precio de mercado establecido), estas perversas compañías están en su derecho de cortar el suministro. Así de sencillo, así de grave. La pobreza energética se normaliza cada vez más, bajo los parámetros de una sociedad cada vez más salvaje, cada vez más desregulada, cada vez más caótica, cada vez más injusta. Continuaremos en siguientes entregas.

Continuando con la exposición de la teoría de los pioneros Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y Martin Hopenhayn sobre el Desarrollo a Escala Humana (1986), habría que exponer lo que podemos llamar una Matriz de necesidades y satisfactores. Es decir, los satisfactores pueden ordenarse y desglosarse dentro de los cruces de una matriz bidimensional que, por un lado, clasifica las necesidades según las categorías existenciales de ser, tener, hacer y estar, y por otro, las clasifica según categorías axiológicas de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. En la intersección entre cada una de ellas colocaremos los satisfactores adecuados. Por supuesto, la matriz que vamos a presentar aquí (la propuesta por los autores de referencia) sólo es un ejemplo de tipos de satisfactores posibles. De hecho, cada persona o cada comunidad puede construir y llenar los suyos según sea su cultura, su tiempo, su lugar o sus circunstancias, o bien según sus limitaciones o aspiraciones. De la observación de los distintos casilleros de la matriz que contienen propuestas de satisfactores posibles, se desprende que muchos de los satisfactores indicados pueden dar origen a diversos bienes económicos. Si se escoge, por ejemplo, la casilla de la matriz que indica formas del Hacer para satisfacer la necesidad de Entendimiento (casilla 15), se encuentran satisfactores como investigar, estudiar, experimentar, educar, analizar, meditar e interpretar. Ellos dan origen a su vez en la práctica a determinados bienes económicos, según sea la cultura, su evolución o sus recursos, tales como por ejemplo papiros, libros, revistas, instrumentos de laboratorio, herramientas, computadoras y otros artefactos. Pero como los autores advierten, la matriz propuesta es únicamente ilustrativa, no es exhaustiva, es decir, no agota los tipos de satisfactores posibles. Se propone únicamente como herramienta de orientación, de concreción y de análisis. En la siguiente figura exponemos dicha Matriz de Necesidades-Satisfactores en su primera parte, es decir, la que recoge las necesidades de Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento y Participación:

La lectura de la matriz es bien simple: el eje existencial de las necesidades se plantea arriba (Ser, Tener, Hacer y Estar) y el eje axiológico de las mismas se plantea en la primera columna vertical (Subsistencia, Protección...). En la intersección de cada fila y columna, se encuentran los ejemplos de satisfactores propuestos en primera instancia por los autores. Recomiendo a los/as lectores/as sitúen el zoom de su navegador al nivel adecuado para ver correctamente el contenido de las casillas. Ahora mostraremos la segunda parte de la Matriz, es decir, la que recoge las necesidades de Ocio, Creación, Identidad y Libertad:

Una vez hemos completado la matriz, comentemos algunos ejemplos de ella. Por ejemplo, el satisfactor ligado a Tener Libertad (casilla 34) sería la igualdad de derechos. O por ejemplo, los satisfactores ligados a Estar para la necesidad de Creación serían (casilla 28) los ámbitos de producción y retroalimentación, tales como talleres, ateneos, agrupaciones, audiencias, espacios de expresión y libertad temporal. Obsérvese también que el satisfactor "trabajo" aparece en varias casillas de la matriz, expresando en cada una de ellas un tipo, variante, modelo o adaptación del satisfactor para satisfacer necesidades concretas en ámbitos existenciales distintos. Pero obsérvese también que, debido a ello, no debemos entender "trabajo" bajo la única acepción dominante de la sociedad capitalista, es decir, el realizar o llevar a cabo alguna actividad considerada productiva y remunerada. El satisfactor "trabajo" debe entenderse, en sentido general, como cualquier ocupación a la que le dediquemos nuestra pasión, nuestras capacidades, nuestra sensibilidad y nuestra inteligencia, que nos llene un tiempo determinado, y que nos satisfaga realmente en su dimensión concreta, independientemente o no de si es productiva o rentable desde el punto de vista capitalista. Dejo la matriz a mis lectores y lectoras para que la examinen con calma, y sobre todo reflexionen hasta qué punto vivimos o no en un mundo y una sociedad que nos proporciona todos los satisfactores que necesitamos. Continuaremos en siguientes entregas.