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24 diciembre 2018 1 24 /12 /diciembre /2018 00:00
Viñeta: Shaditoon

Viñeta: Shaditoon

A los objetivos, motivaciones y valores del capital financiero internacional se le contraponen los objetivos, motivaciones y valores de las personas y los pueblos. Al crecimiento del beneficio del capital, autonomía para sus gestores y supervivencia del sistema del capital financiero especulativo internacional, desde la EBC se le contrapone la supervivencia de la Vida, la humanidad y las personas, la seguridad y tranquilidad en el futuro sostenible y la participación en la determinación de sus vidas con la democracia participativa. Al deseo de acumular riquezas y poder en un individualismo competitivo irreal y suicida como motivación del sistema del capitalismo financiero internacional le contraponemos la motivación de una sociedad inclusiva e integradora de personas felices y cooperadoras que comparten la satisfacción de sus necesidades con bienes y servicios públicos gestionados y compartidos democráticamente. A los valores de egoísmo, avaricia y vanidad del sistema actual se le contraponen los de dignidad, solidaridad, cooperación y respeto

Fernando Moreno Bernal

En la entrega anterior ya dimos un pasito adelante, presentando una opción alternativa a nuestro modo de vida, como es la Economía del Bien Común. Vamos a dar otro pasito, presentando en esta ocasión lo que podemos llamar la "Democracia Energética". Los lectores y lectoras entenderán que hablemos en este punto de esta alternativa, pues venimos contando desde el primer artículo de la serie que el colapso civilizatorio viene provocado fundamentalmente por el agotamiento de nuestras fuentes energéticas principales, que abastecen y proporcionan el motor para nuestra compleja sociedad. Pero la energía no la controlamos desde abajo: ni los pueblos, ni las comunidades, ni las asociaciones, ni el conjunto de la ciudadanía controla dichas fuentes de energía, sino que las últimas décadas de neoliberalismo imperante han provocado que sean las grandes corporaciones transnacionales las que posean la propiedad y la gestión de dichas fuentes energéticas, tanto de sus procesos de extractivismo como de sus procesos de producción y distribución a las mayorías sociales. Estamos convencidos de que este panorama tiene que cambiar, e imponerse nuevos modos y formas de controlar las fuentes energéticas, y de eso va la llamada democracia energética. Básicamente, la idea es que debemos reclamar el derecho de las comunidades para poder ejercer el control democrático y la propiedad social sobre la industria de la energía, y debemos reestructurar el sistema energético para dirigir un proceso de transición justa y planificada hacia un sistema de energía renovable bajo el control de los propios trabajadores/as, la comunidad y el municipio donde se localicen. Lo que pretende la democracia energética es cambiar el fundamento de operación de los grandes sistemas energéticos, gobernados hoy día por grandes corporaciones, que basan su existencia en la obtención máxima de beneficio. Todo lo demás no importa. La democracia energética debe destruir este modelo de negocio abyecto y criminal, que nos conducirá al suicidio, para tomar el control y el poder de decisión sobre las fuentes de energía, y al no operar bajo criterios de maximización del beneficio, proceder a la transición de nuestros modelos energéticos hacia modelos renovables, que como venimos contando, no generarán emisiones GEI y contribuirán a un menor calentamiento global. 

 

La democracia energética ofrece, pues, una nueva orientación del sector público hacia el control de los recursos energéticos, destruyendo el peligroso modelo de negocio orientado a beneficios (que conlleva también la explotación humana y de la naturaleza), y sustituyéndolo por el modelo de orientación social. Y ello porque las personas y las comunidades deben tener el derecho de controlar su futuro energético, y no depender de las decisiones elitistas de las compañías privadas fundamentadas en el lucro de sus directivos y accionistas. La democracia energética nos permitiría dirigir, de forma soberana, una transición energética justa y planificada hacia las fuentes renovables. La democracia energética convertiría los recursos energéticos en bienes públicos controlados democráticamente, de propiedad social, y enfocados al verdadero fin que deben poseer, que no es otro que abastecer las necesidades sociales, haciendo el menor daño posible a nuestro medio ambiente. Y así, como la energía generada a través del sol, del mar o del viento no tienen precio, los costes de esta transición serían infinitamente menores, y además las inversiones podrían recuperarse rápidamente con enormes beneficios sociales y ambientales. Los puestos de trabajo estarían más controlados, las decisiones serían gestionadas democráticamente, y sobre todo, sería mucho más fácil dirigirnos hacia la finalidad y afrontar de forma más preparada la llegada del colapso (que como venimos contando, no es otra cosa que la adaptación a nuevos modos de vida como consecuencia de la caída brusca de las fuentes de energía que hasta ahora hemos utilizado). La democracia energética, de esta forma, se nos presenta como un modelo a seguir, como una meta a alcanzar para el conjunto de la ciudadanía en la consecución de estos objetivos, pero lógicamente debe llevarse a cabo mediante Gobiernos comprometidos en esta causa. No obstante, desde fuera de las instituciones, es decir, desde las múltiples organizaciones del tejido social, puede empujarse con fuerza en esta dirección, no sólo dejando de engordar los balances de estas grandes empresas, sino además participando a nivel comunitario en nuevos modos de consumir y canalizar la energía.

 

Y llegados a este punto, quizá sería ya conveniente ir entrando en una materia fundamental, que abordaremos múltiples veces durante toda esta serie de artículos, como es el Decrecimiento. Ya lo hemos mencionado varias veces, sin entrar a fondo en su significado. Phil Gasper, en este artículo para el medio Socialist Worker (en traducción para el digital Rebelion a cargo de Paco Muñoz de Bustillo), nos introduce a la necesidad del decrecimiento. Voy a rescatar sus palabras a continuación: "Tenemos que ser conscientes de que el problema no se resolverá si nos mantenemos dentro de los confines del actual sistema económico, basado en maximizar el beneficio. El "capitalismo verde" es un oxímoron, un término intrínsecamente contradictorio. La reducción de emisiones exigirá la reducción del volumen de la economía global y ello choca con el modo en que las economías capitalistas están organizadas. La dinámica del capitalismo se basa en la producción para el intercambio, no para el uso. En las economías capitalistas, es una pequeña minoría quien controla los medios de producción con el fin de competir y conseguir beneficios cada vez mayores. El sistema impone a los individuos capitalistas el deseo de acumulación, lo que les lleva a centrarse en las ganancias a corto plazo y a ignorar las consecuencias de la producción a largo plazo, incluyendo las repercusiones para el medio ambiente. El indicador del éxito del capitalismo es el crecimiento y la acumulación. Si un directivo de cualquier corporación intenta ir contracorriente, será despedido o provocará la quiebra de la compañía. El crecimiento ilimitado forma parte del sistema. El problema es que el crecimiento ilimitado es imposible en un planeta finito. El capitalismo ha abierto lo que Marx denominaba una "fractura metabólica" entre las sociedades humanas y el resto de la naturaleza: una disrupción entre los sistemas sociales y los sistemas naturales. Los procesos necesarios para mantener la sociedad capitalista la enfrentan al mundo natural". Pues todo esto, algo tan sencillo de entender y de asumir (cualquier escolar en edad temprana lo comprendería), se niegan a verlo los directivos y propietarios de las compañías. 

 

La realidad les desmiente, la ciencia se lo demuestra, pero ellos y ellas, los grandes agentes del capitalismo, se niegan a verlo. Y no hay más ciego que el que no quiere ver. Bien, vamos a ilustrarlo con un sencillo ejemplo. El decrecimiento aplicado a algo, a alguna cosa en particular: por ejemplo, el coche, nuestro automóvil particular.  Nos basaremos en este sencillo pero interesante artículo de Ricardo Natalichio, Director del medio Ecoportal. Desde hace décadas, un símbolo del nivel de vida de una persona o familia es el automóvil que posee. Éste se ha convertido en una especie de Dios con cuatro ruedas, sin el que no podemos vivir. Un Dios que a la larga va poniendo a quienes profesan su religión, a su servicio (gasolina, seguros, revisiones...). Y condena tanto a seguidores como a detractores a padecer su devastadora ira contaminante, depredadora y letal. Muchas personas trabajan todo lo que pueden sólo para poder pagar los gastos derivados del automóvil, y otros, debido a sus profesiones y actividades, se pasan gran parte del día subidos en él, conduciendo de un sitio a otro. Anualmente, los accidentes de tráfico matan o hieren de forma directa o indirecta a más personas que cualquier enfermedad terminal, y eso sin contar con la degradación del planeta que suponen, que se efectúa diariamente, como una ofrenda necesaria para mantener contenta a esta deidad, y que lo multiplica hasta el infinito como causa de mortandad y padecimientos a nuestra salud. De forma constante e ininterrumpida, se construyen en todos los países miles de kilómetros de carreteras y autovías, que no solamente producen los negativos efectos medioambientales que cualquier otra infraestructura de gran magnitud, sino que además muchas veces actúan como barrera, cortando corredores naturales de gran cantidad de especies, con sus correspondientes consecuencias nocivas. Esas grandes autovías atraviesan montes, ríos y lagos, dividen y articulan las ciudades, destrozan las vías naturales humanas y animales, destruyen parajes naturales, y en los peores casos, los recursos naturales de donde se nutren tribus o pueblos indígenas al completo. 

 

Desde hace años se ha emprendido una guerra contra el tabaco (con el consiguiente enfado de las empresas tabaqueras), e incluso las campañas de publicidad de las marcas están obligadas a advertir sobre la peligrosidad para la salud que supone el nocivo hábito de fumar. Pero ningún anuncio de automóviles advierte sobre el monóxido de carbono que produce el uso de los coches, y que vierten en miles de toneladas diariamente a través de sus tubos de escape. Sacamos hasta aquí una conclusión clara: con el tabaco, el conjunto de la sociedad llegó a un nivel de concienciación que fue más poderoso que el poder desplegado por la industria tabaquera, pero parece ser que con la industria automovilística aún no hemos llegado a ese estadío. Eduardo Galeano lo ha expresado magistralmente de esta forma: "La gente no puede fumar. Los autos, sí". Con todo esto no estamos diciendo que todos deberíamos salir corriendo mañana a vender nuestro coche, o dejar de utilizarlo de un día para otro (como por cierto sí podemos hacer con el tabaco). Solamente estamos reflexionando sobre una parte de nuestros hábitos, de nuestra cultura (en este caso de transporte) que está generando graves problemas al planeta y a las personas, y que necesariamente tendrá que modificarse para que la vida en la Tierra siga siendo posible. Es decir, que al igual que en el hábito de fumar hemos experimentado un "decrecimiento" (a nivel personal, que se extiende a nivel mundial, implicando a la propia industria del sector), lo mismo podríamos hacer para el hábito del coche (comprar un coche, mantenerlo, y usarlo de forma regular). Al igual que con el tabaco, el "decrecimiento" en la compra y uso de vehículos haría decrecer a la propia industria, que al principio no se lo tomaría muy bien (haría campañas en contra de los Gobiernos que apostaran por esa tendencia), pero poco a poco se asumiría como un bien social superior a los beneficios de la industria del automóvil. Las sociedades modernas están diseñadas de tal forma que convierten el automóvil en algo indispensable, y esto en gran parte es fomentado desde las tres grandes industrias que tienen competencia en este ámbito, como son las del petróleo, el caucho y las propias industrias automotrices. Por tanto, afirmamos que se deben buscar alternativas al automóvil: mejorando y fomentando el uso del transporte público, fundamentalmente los trenes, tranvías, subterráneos y aumentando la cantidad de vías para ciclistas y de sendas peatonales. Pero sobre todo fomentando un cambio en la cultura de nuestras sociedades que nos permita reducir drásticamente la necesidad de desplazarnos decenas de kilómetros cada día para cumplir con nuestras actividades laborales o cotidianas. Así, el automóvil irá siendo cada vez menos necesario (decrecimiento), las industrias fabricarán menos y se reciclarán, y todos nosotros gozaremos de una mayor calidad de vida. Continuaremos en siguientes entregas.

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21 diciembre 2018 5 21 /12 /diciembre /2018 00:00
Fuente Viñeta: https://www.ileon.com/

Fuente Viñeta: https://www.ileon.com/

¡Cuidado! La RB no es ecléctica, como nos quieren convencer. O es un instrumento de transformación social, o lo es de integración en los valores del sistema, acomodaticio con el poder; jamás debemos presentar la RB, y menos aceptarla, como una propuesta neutral. La limosna puede ser una RB; el modelo fuerte de RB, nunca

José Iglesias Fernández

Una ventaja muy poderosa de la RBU para la clase trabajadora (además de impedir las situaciones de pobreza y exclusión social a la que se ven abocadas millones de personas), es la que supone frente al capital, o si se quiere, frente a los grandes agentes del capitalismo, fundamentalmente las empresas y el mercado laboral que ellas diseñan (aunque el mercado laboral se regule por leyes y las leyes sean dictadas por los Gobiernos, lo hacen típicamente bajo los dictados de la patronal). En efecto, la RBU, al proporcionar la seguridad económica que estamos exponiendo, supone un colchón económico de resistencia que permite al conjunto de la ciudadanía defenderse mejor ante las contingencias derivadas de su vida laboral: un despido libre y gratuito, un cambio indeseado en las condiciones laborales, la arbitrariedad y la incertidumbre que la patronal ejerce a través de los contratos temporales, de la precariedad, de la temporalidad, de las bajas cotizaciones, de una menor capacidad para negociar individual y colectivamente niveles salariales, condiciones de trabajo, turnos, vacaciones, horarios, movilidad funcional o geográfica, flexibilidad, etc. Actualmente, los empresarios/as abusan sin límites de todo este conglomerado de circunstancias, entre otras cosas porque saben que de esta forma pueden presionar a los trabajadores que no poseen más ingresos que los derivados de su trabajo. Pero con la RBU esta situación cambia. La caja de resistencia de la clase trabajadora se incrementa de forma muy poderosa, lo cual les coloca en una situación de mayor empoderamiento para enfrentar dichas situaciones. Pero también existen otros efectos colaterales positivos: con la RBU, buena parte de la economía sumergida se integraría en la economía formal, al perder ésta la posibilidad de pagar salarios por debajo del umbral de pobreza, al no tener que pagar las cotizaciones a la Seguridad Social, y al incrementar la inspección contra el fraude fiscal. 

 

Por su parte, la RBU también proporcionaría a los sindicatos un mayor poder para enfrentarse a la patronal, especialmente cuando tuvieran que recurrir a la huelga, ya que la renta básica se convierte en estas situaciones de conflicto en un fondo de resistencia que puede utilizar cada trabajador/a contra el miedo al despido, al paro, o a la pérdida de parte de las remuneraciones. La RBU alteraría de forma profunda el poder de los mercados, pues ya no se encontrarían ante los desvalidos trabajadores/as que sólo pueden vender su fuerza de trabajo, sino ante personas empoderadas y libres, con su existencia material y sus necesidades básicas cubiertas. Incluso, desde ese colchón de seguridad que tendrían todas las personas, contribuiría a una mayor liberación de la mujer en el mundo laboral, avanzando en la igualdad salarial y en la división sexual del trabajo (por no hablar de la independencia económica que supone para las mujeres en situación de violencia de género). Incluso contribuiría a ayudar a la integración social de los reclusos que abandonan las prisiones, y que muchas veces no encuentran trabajo debido a su situación. En cualquier caso, la RBU debe ser entendida como un derecho básico de ciudadanía, un derecho fundamental que garantiza la existencia material de todas las  personas. Y ello porque, únicamente por el mero hecho de nacer, por la singular razón de existir, la sociedad debe estar obligada a proporcionar a cada ser humano los medios materiales que le garanticen el bienestar social que necesita para sobrevivir con dignidad. Si no asumimos esto, no entenderemos la naturaleza de la RBU. Los detractores de este derecho, normalmente adeptos a la filosofía económica neoliberal, no piensan que la sociedad deba garantizar nada al individuo. Sostienen que éste ha de labrarse su seguridad y su porvenir por sí mismo, y de esta forma, legitiman toda la arquitectura de la desigualdad social que estamos exponiendo en esta serie de artículos. 

 

Nosotros, por el contrario, pensamos que la sociedad no puede abandonar a cada individuo a su suerte, sino que ha de proveerle de un mínimo vital que le garantice, bajo cualquier circunstancia, una vida digna. Ahí está la principal diferencia. Sobre estos dos puntos de partida, absolutamente antagónicos, es donde los partidarios y detractores de la RBU montan el resto de los argumentos. Pero a lo que fundamentalmente se le tiene miedo no es quizá a la redistribución de la renta que implementa, sino al empoderamiento social que promueve. Tomando los lemas del Movimiento 15-M, podríamos afirmar que, en este sentido, la Renta Básica "hace que el miedo cambie de bando", al debilitar la fuerza de los mercados, fortalecer a la clase trabajadora, emanciparla de su dependencia frente al capital, redistribuir la renta, proporcionar un fondo de resistencia social frente a los avatares del mundo laboral, y permitir iniciar y cultivar otras formas y modos de vida. En último extremo, la RBU también pondría su granito de arena en el convencimiento social de los valores y la importancia de la verdadera austeridad: aprender a vivir mejor con menos, cultivar un consumo justo y solidario, engendrar formas productivas nuevas al margen del mercado, anular nuestras dependencias materiales, abandonar el culto al dinero y a los ricos y poderosos, influir en los valores comunitarios frente a los individuales, y recuperar el trabajo como opción vital de realización personal, en vez de como una cadena de la cual dependemos para poder sobrevivir. Necesitamos imperiosamente por tanto una medida como la RBU. Podemos enunciar que con la RBU ascendemos desde el sometimiento de la clase trabajadora al disfrute pleno de los derechos de ciudadanía. El trabajo asalariado ya no nos proporciona medios dignos de subsistencia. La Renta Básica vendrá a desplazarlo y a fomentar otros modelos de vida. La filosofía de la RBU está en sintonía con la filosofía general del reparto que tanto molesta al capitalismo: reparto del trabajo, reparto de rentas, reparto de responsabilidades, etc., todo ello hacia el modelaje y concepción de un mundo mejor, de un mundo más justo, avanzado, equitativo y humano. 

 

No obstante, como decimos, las reticencias de los paradigmas mentales dominantes (ligados como sabemos al neoliberalismo y al capitalismo globalizados) ponen en cuestión continuamente todas las ventajas de la RBU, porque en el fondo, se trata de un acoso y derribo importante para la arquitectura de la desigualdad que impera en nuestras sociedades. De ahí deriva la perversidad y falsedad de los argumentos de los detractores mayoritarios. No obstante, incluso en algunas corrientes de la izquierda se sitúan detractores de esta medida, pensamos que porque parten de análisis erróneos en torno a la financiación de la RBU, o bien a los enfoques de la misma. Los detallaremos en su momento. Sobre todo, como ya hemos contado en entregas anteriores, pesa mucho la losa del concepto capitalista del trabajo humano, es un tanque con mucha fuerza. Dicho modelo que conceptualiza el trabajo humano al servicio del capital lleva siglos funcionando, y es muy complicado desmontarlo. Además de este concepto, los ataques frecuentes a la RBU vienen de la esfera económica pura y dura, es decir, de los modos y formas de financiación. Montañas de números intentan ilustrar la no viabilidad de la Renta Básica, pero los números, tal y como también hemos demostrado, están también en función de las ideas. El predominio de la cultura económica dominante ha imbuido en nuestras mentalidades la relación de los números con hechos evidentes, pero esto también puede ser desmontado. Claro: si la RBU ha de ser financiada bajo el mismo prisma que el de los PGE actuales, seguramente será imposible hacerlo. Pero si cambiamos las prioridades, revertimos los valores, eliminamos algunas partidas presupuestarias, y practicamos la insumisión y desobediencia para otros asuntos, seguro que la financiación para la RBU es posible. A menor escala, este asunto está viéndose y demostrándose actualmente para el Sistema Público de Pensiones (SPP). Los ideólogos y economistas neoliberales (que están en los think tank más importantes y numerosos) nos intentan convencer de que las pensiones públicas son inviables, insostenibles, e incluso nos lo demuestran con números, y basándose en estimaciones demográficas. Si aceptáramos sus premisas nos convencerían enseguida de la certidumbre de su planteamiento, pero la verdad es que esas premisas y convenciones que asumen son falsas en su origen.

 

El Sistema Público de Pensiones, de esta forma, nos marca el camino: sólo hay que querer, es decir, sólo hay que poseer la voluntad política para entender que las pensiones públicas son un derecho fundamental, y los números se adecuarán a este fin. Con la RBU pasa igual: remito a mis lectores y lectoras a los interesantes estudios de simulación que han llevado a cabo los profesores y activistas de la Red Renta Básica, para que se convenzan de que efectivamente los números nos dan la razón. La RBU es perfectamente financiable. Mejor dicho: nuestro modelo de RBU es perfectamente financiable. Se trata simplemente de implementar una Reforma Fiscal realmente progresiva, complementada con el ahorro de otras partidas presupuestarias (para las cuales hay que desplegar la voluntad política necesaria), y la convergencia de todos los demás subsidios, pensiones y prestaciones económicas al conjunto de la población. Tan seguros estamos de que además la gente trabajaría incluso cobrando la RBU que el modelo de financiación propuesto desafía y se apoya también en esta premisa. Veamos: como hemos explicado en entregas anteriores (en relación a la tributación fiscal), los perceptores que únicamente cobren la RBU no cotizarán al IRPF, mientras que todas aquellas personas que dispongan de más de una vía de ingresos (es decir, la RBU más cualesquiera otros trabajos o fuentes de ingresos) comenzarán a tributar en función de la cuantía de los mismos. Y evidentemente, la financiación de la RBU surge de las arcas públicas, que a su vez se nutre de las tributaciones de todas las personas al sistema (de donde salen los fondos para poder pagar a todo el mundo la Renta Básica). Bien, sigamos este razonamiento: si fuera verdad esa opinión que argumenta que las personas dejarían de trabajar porque "se conformarían" con el importe de su RBU...¿nadie tributaría entonces? Y si así fuera...¿de dónde saldrían los fondos para poder abonar a todo el mundo la RBU? Curioso, ¿verdad? Dejo la reflexión planteada a todos mis lectores y lectoras. Seguro que se convencerán de la desfachatez del argumento de los detractores. Continuaremos en siguientes entregas.

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20 diciembre 2018 4 20 /12 /diciembre /2018 00:00
Viñeta: Eneko

Viñeta: Eneko

El feminismo no es el machismo al revés. El feminismo es la desobediencia individual y/o colectiva de las mujeres frente a mandatos patriarcales culturales o estatales, religiosos, económicos o de cualquier índole, fundados en el deber de sometimiento de las mujeres a la dominación del macho; éste disfrazado de Dios, de Estado, de padre, de marido o de partido

María Galindo

De un tiempo acá, sobre todo con el auge de los movimientos y partidos de la extrema derecha, estamos asistiendo a un creciente movimiento ultra, más misógino si cabe, que acapara nuevos adeptos y se crece. Básicamente, no deja de ser una reacción frente a los avances que los movimientos feministas han conseguido. El caso más reciente lo representa Vox, pero antes de Vox ya teníamos al PP, después a Ciudadanos, y por supuesto, a toda la caverna mediática aliada con ellos, a diversas organizaciones retrógradas (como Hazte Oír, que tuvo su protagonismo mediante diversas campañas antiLGTBI), y cómo no, al gran actor institucional por excelencia, como es la Iglesia Católica, verdadera avalista del espíritu nacionalcatólico que devolvió a las mujeres a sus casas, a cuidar de sus maridos y a la crianza de sus hijos durante la dictadura franquista (baste recordar los postulados de la Sección Femenina franquista, que parece que algunos Obispos no han superado). Pero en realidad, lo que todos estos actores denominan como “ideología de género” simplemente no existe. Es una invención, una denominación reaccionaria para catalogar de forma despectiva todos los avances en igualdad que las mujeres han conseguido durante las últimas décadas.

 

En cambio, lo que sí existe, y que toda la cultura machista y misógina se niega a reconocer, es la ideología patriarcal. El sistema de dominación heteropatriarcal (que nosotros hemos desarrollado en esta breve serie de dos artículos) es lo que determina todo nuestro entorno cultural de dominación sobre las mujeres, en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Se trata de un atávico sistema de relaciones sociales y sexo-políticas que domina la cultura de las sociedades desde tiempos ancestrales. Básicamente, este sistema permite que los varones opriman a las mujeres, tanto de forma individual como colectiva, y se apropien de su fuerza productiva y reproductiva. Sus puntales se basan en la aceptación de un único modelo de familia universal (compuesto tradicionalmente por una pareja heterosexual y sus posibles hijos), así como en la perpetuación, reparto y legitimación social de una serie de roles para hombres y para mujeres. Esta ideología patriarcal es responsable, entre otras discriminaciones laborales para las mujeres, de la brecha salarial, de la división sexual del trabajo, de la feminización de la pobreza, del techo de cristal, etc. Es igualmente responsable, entre otras explotaciones capitalistas del cuerpo de las mujeres, de la prostitución, de la industria pornográfica o de las gestaciones de alquiler. Y es también responsable, entre otros ataques sociales a las mujeres, del acoso callejero, del lenguaje sexista o de los abusos y agresiones sexuales a las mujeres.

 

Y por supuesto, el heteropatriarcado es también el responsable de la consagración de toda una “hegemonía de la masculinidad”, que cuando toca al ámbito privado, puede llegar a su máxima expresión en la violencia de género, en los feminicidios. Este terrorismo machista es el responsable de la muerte de decenas de mujeres cada año, ante la estupefacción y el horror de sus seres queridos, y la indiferencia (cada vez menor, afortunadamente) del resto de la sociedad. Y es que todo sistema de dominación (y el heteropatriarcado lo es) necesita emplear la violencia de un modo u otro para imponerse, y después para poder mantenerse en el tiempo. Culturalmente, sigue muy viva la idea de que los hombres disponen de ciertos derechos sobre las mujeres con las que se relacionan sexual y afectivamente, y esto redunda en cierta tolerancia social cuando el maltratador o asesino en cuestión no puede soportar el hecho de que “su” mujer le haga saber que ya no le pertenece. Ello va también unido a la tolerancia institucional y política, e incluso a la propia tolerancia de los medios de comunicación, que suavizan el lenguaje para referirse a estos macabros hechos. Así, pues, en realidad, ellos matan por una determinada idea política, por esta ideología que consagra el modelo patriarcal.

 

La lectura de la violencia de género debe ser, por tanto, una lectura política, y precisamente es esta carga política (la ideología patriarcal) la que la extrema derecha se esfuerza en ignorar. Es su ideología patriarcal la que les lleva a minimizar los asesinatos machistas (desviando la atención al compararlos con otras muertes, por ejemplo las de accidentes de tráfico), la que les lleva a atacar a los modelos de familia que rompen con el esquema tradicional (de ahí su profundo rechazo al mundo LGTBI), la que les lleva a mezclar el terrorismo machista con otros asesinatos del mundo doméstico, la que les lleva a maximizar las supuestas “denuncias falsas”, la que les lleva a tener en cuenta el falso Síndrome de Alienación Parental, la que les lleva a no reconocer una violación (y tildarla como abuso sexual), y un largo etcétera de aberraciones contra las mujeres. Frente a todo ello, defendamos y luchemos por la difusión del feminismo, y hagámoslo de forma transversal en nuestra sociedad, es decir, invocando en todos los órdenes la perspectiva de género. Partamos de la idea de que la mujeres son atacadas por serlo, y de que tenemos que erradicar este injusto y anacrónico modelo heteropatriarcal que marca nuestras vidas y proyecta la injusticia y la desigualdad entre sexos en nuestra sociedad. No existe por tanto la “ideología de género”, pero sí la ideología patriarcal, y debemos acabar con ella.

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19 diciembre 2018 3 19 /12 /diciembre /2018 00:00
Viñeta: Osval

Viñeta: Osval

Los componentes de la caravana son los más pobres entre los pobres; pertenecen a los estratos más bajos y despreciables cuyo entorno social se desenvuelve en un medio delincuencial donde reina la drogadicción y el alcoholismo. En esta marcha vienen desde bebes, niños, jóvenes, mujeres, madres embarazadas, familias enteras, novios, matrimonios, viudas, huérfanos, abandonados, hombres maduros, ancianos, ciegos, paralíticos, cojos, sordos, mudos, retrasados mentales. La mayoría son de origen mestizo, indígenas, negros, mulatos, zambos, en fin, todas las sangres todas. Estamos hablando del lumpen más miserable condenado a la brutalidad y el analfabetismo. Incluso hay varios grupos de LGBTI víctimas de la discriminación y la homofobia en unos países dominados completamente por el heteropatriarcado

Carlos de Urabá

Se preparan nuevas oleadas de migrantes centroamericanos que saldrán durante las próximas semanas a repetir el periplo que están realizando los integrantes de la actual Caravana, y que engrosarán el número de personas que intentan llegar a los Estados Unidos, que hoy día registra la cifra de 11 millones de indocumentados. Y aunque el Presidente electo mexicano López Obrador les ha dado la bienvenida, el alcalde de Tijuana se ha sumado a los insultos y las descalificaciones: "Hay que tener mano dura con esta bola de vagos y marihuaneros. Son intrusos malolientes que vienen a quitar puestos de trabajo a los mexicanos", ha declarado, y les ha reconocido como "personas non gratas" en su ciudad. Al ser ciudad fronteriza, Tijuana es punto de encuentro de miles de migrantes de varias nacionalidades. Allí se encuentra por ejemplo (tal como describe Carlos de Urabá en su artículo de referencia) la "Pequeña Haití", una especie de gueto donde se han visto obligados a atrincherarse los más de 3.000 haitianos llegados desde su país (otros 19.000 ya han sido repatriados). Para sobrevivir trabajan de obreros, como operarios en las maquiladoras, en los restaurantes, en los hoteles, etc. Otro medio donde nos podemos documentar de primera mano es Resumen Latinoamericano, que en este artículo señala que la ONU estima en 7.000 las personas que se dirigen a Estados Unidos en esta primera Caravana. Además, cuenta en detalle los ataques y comentarios racistas y xenófobos que estas personas están teniendo que soportar durante su estancia en México. Y Alberto Pradilla, reportero de Plaza Pública en Guatemala nos aporta igualmente en este artículo una crónica muy interesante sobre algunos aspectos de la Caravana. Por ejemplo, nos relata el itinerario seguido por los migrantes: "Han serpenteado por Guatemala y los Estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tijuana. Han caminado bajo el sol, dormido bajo la lluvia, avanzado trepados a un camión. Se han enfermado, han pasado hambre y suplicado por un transporte. Han hecho historia, y a pesar de ello, ahora les llega el tramo más difícil. La gran decisión: qué hacer. Cómo cruzar". 

 

Más adelante se refiere a la extorsión como mecanismo de sometimiento en Honduras: "La extorsión, "impuesto de guerra" en Honduras, es una de las formas de financiamiento de las pandillas. Chicos pobres sacan el poco dinero que tienen a otras personas también pobres como condición para no asesinarlos. Comerciantes, vendedores informales, conductores de autobús. Hasta por vivir en determinada colonia hay que darles plata a las maras en lugares como Tegucigalpa, San Salvador o Ciudad de Guatemala. Si no pagas, te matan. Si te retrasas, te matan. A veces quieren dar un aviso a otro, y por eso te matan". Alguien podría pensar que es un problema de los Gobiernos centroamericanos, que no actúan con la suficiente contundencia contra estas redes criminales, pero como venimos contando, los Gobiernos de estos países son títeres de los Estados Unidos, que les controla sus políticas, sus economías, sus reformas sociales, y les amenaza continuamente si no obedecen sus designios. En una palabra: todo este horror en los países de origen es patrocinado por los Estados Unidos. ¿Cabe entonces mayor hipocresía y cinismo que el que hace gala la gran superpotencia criminal estadounidense? Pero el hecho de ser víctima de la criminalidad de las pandillas no es considerada una razón o causa suficiente en cuestión de asilo para los jueces norteamericanos. Está tan claro como el agua que las salvajes, crueles e inhumanas políticas de fronteras tienen que cambiar. Pero...¿es que hay otra forma de entrar a los Estados Unidos? Claro, uno puede entrar como turista, entonces siempre será bienvenido, sobre todo si posee una gran fortuna. Los ricos y milmillonarios siempre son bien vistos en todas partes de este mundo globalizado de forma capitalista. Pero analicemos las dos formas de entrada si no entras "por la puerta grande".

 

Citando de nuevo a Alberto Pradilla: "El éxodo centroamericano tiene dos vías. La primera, la legal, tiene poco recorrido. Los migrantes llegan a la puerta de entrada de Estados Unidos y piden asilo. No les permiten entrar directamente, sino que les dan un ticket. Allí tendrán por delante a otros centroamericanos y a 2.000 mexicanos procedentes de Estados como Guerrero o Michoacán que también piden refugio debido a la guerra del narcotráfico. Cuando logren cruzar la puerta serán entrevistados. Si pasan esa primera prueba, permanecerán encerrados durante un tiempo indefinido, hasta que el juez decida si se concede o no el asilo. En caso de que no califiquen, serán deportados. Es cruel ser deportado tras haber hecho todo este camino, pero muchos de los integrantes de la larga marcha de los hambrientos ya conocen lo que es estar encerrado por ser migrante. La segunda, la irregular, es la de siempre: pagar a un coyote [el precio actual está entre 4.000 y 10.000 dólares] y jugársela a cruzar de modo irregular, esquivando a la migración y a las patrullas de civiles armados dedicados a la caza del extranjero irregular". En cualquier caso, la incertidumbre es una de las sensaciones que marcan el éxodo centroamericano. Pero a pesar de todo, estas personas, estos "sin nadie" (en expresión de Eduardo Galeano) prefieren esa incertidumbre a quedarse en sus países de origen. ¿Por qué será? Veamos: Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), se considera que existe una pandemia de violencia si se alcanza la tasa de 10 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Pues bien, el índice de homicidios en Guatemala es de 26 por cada 100.000 habitantes. En Honduras, de 46 por cada 100.000. En El Salvador, de 62 por cada 100.000.  Con estos datos, es certero concluir que Centroamérica está enferma de violencia. La otra cara de la moneda es la pobreza. Casi el 60% de los guatemaltecos vive en condiciones de pobreza, la misma cifra de hondureños, y el 34% de los salvadoreños...¿está ya respondida la pregunta anterior?

 

Por si no nos quedó claro: Centroamérica está enferma de violencia, de pobreza, de miseria, de colonialismo, de muerte, de extorsión, de gobiernos corruptos, de Estados que no protegen a sus habitantes y que sólo sirven a sus amos del norte. Por todo eso se organizan las Caravanas. Cuando la única experiencia vital que nos aborda es la desesperación, el ser humano intenta escapar de ella de múltiples formas. La más común es huir, escapar, migrar. Todos estos migrantes han llegado a la conclusión de que en sus respectivos países no hay fututo. Y lo quieren intentar en el referente más cercano que poseen. Estas personas en masa están convencidas y determinadas a desafiar las leyes migratorias y a jugarse la vida porque han llegado a la conclusión de que en sus países no pueden vivir, que sus países son imposibles de cambiar. Es, en cierto modo, "un enorme ejercicio de desobediencia civil masiva" (en expresión de Alberto Pradilla). Y además, no es un fenómeno nuevo ni reciente. Estas oleadas migratorias comenzaron su auge durante los años 80 del siglo pasado, a consecuencia del masivo apoyo de Washington a los ejércitos y fuerzas represivas de El Salvador y Guatemala en sus cruentas guerras contra los movimientos de liberación de esos países. Pero la historia se remonta aún más atrás. Desde comienzos del siglo XX, Estados Unidos envió decenas de veces a sus marines para imponer sus deseos a esa región de América Latina. Y más recientemente, el caso del Presidente Zelaya en Honduras es paradigmático al respecto. Citamos al respecto textualmente a Ángel Guerra Cabrera en este artículo para el digital Rebelion: "En 2009, desde la base militar de Soto Cano, en Honduras, donde radica la Fuerza de Tarea Bravo del Comando Sur de Estados Unidos, éste digitó el Golpe de Estado contra el Presidente Manuel Zelaya. Esa acción tiene mucho que ver con los hechos que han conducido a la migración masiva de centroamericanos. Zelaya ingresó al ALBA y estableció una fluida relación de cooperación con la Venezuela chavista. Logró que la OEA levantara la exclusión de Cuba en una asamblea general del organismo celebrada en su país, e intentaba organizar una asamblea constituyente para transferir al pueblo hondureño el control de su soberanía nacional y de sus recursos naturales. Nada de esto era tolerable para Washington, que no sólo ordenó el golpe sino hizo cuanto estuvo a su alcance para consolidarlo. Desde entonces todas las elecciones en Honduras han sido fraudulentas, incluyendo la que aupó al actual gobernante Juan Orlando Hernández. Zelaya, aliado a la Nicaragua de Daniel Ortega, habría sido un obstáculo para los planes de saqueo y expansión territorial a través de las transnacionales mineras y las llamadas Zonas Económicas Especiales".

 

Por tanto, las razones para el éxodo migratorio centroamericano hay que buscarlas en el expolio de sus pueblos, de sus recursos naturales, en el saqueo de sus territorios, en la opresión de sus ciudadanos/as, y en la criminal aplicación a rajatabla de las perversas políticas neoliberales surgidas del Consenso de Washington, que han tornado cada vez en más cruentas, despiadadas e insostenibles.  Con las excepciones de rigor, todos los pueblos de América Latina y El Caribe están siendo avasallados y sometidos a una segunda reconquista y recolonización, a través de la acción de las corporaciones transnacionales, actores principales de este capitalismo globalizado. El capital no posee fronteras, no es amenazado por ninguna patrulla, no tiene que pedir asilo, su migración tarda fracciones de milisegundos, lo que tarda en viajar la información por Internet de una cuenta a otra situada en cualquier país del mundo. La inmensa mayoría de los Gobiernos son "aliados" de Washington, lo que significa que son meros satélites del imperialismo estadounidense, que brindan todas las facilidades a las empresas transnacionales en sus planes expansionistas, y en sus acciones de depredación y despojo de los recursos naturales, allí donde se encuentren. Este salvaje panorama, exacerbado a su enésima potencia, es lo que crea el insoportable clima viciado de negocio y corrupción que las familias centroamericanas no pueden soportar. Y por eso marchan. Marchan ante la impotencia, ante la desesperación y el hartazgo de vivir en un país que los abandona, que no los protege, que los aniquila. Pero insistimos: es Washington con su infame política exterior la que crea este caldo de cultivo, es Washington y sus secuaces los que crean este ambiente de violencia y terror en los países satélite. Es Washington quien condena a estos pueblos al más absoluto abandono y desintegración. Es Washington el último responsable de sus condiciones de vida, que se vuelven insoportables para cualquier persona con un mínimo de dignidad. Y es Washington quien no sólo destruye sus esperanzas de vida en sus respectivos países, sino quien, cuando estas personas intentan entrar a su territorio, los recibe con más horror y violencia. ¿Otra Política de Fronteras? Sobran los motivos. Continuaremos en siguientes entregas.

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18 diciembre 2018 2 18 /12 /diciembre /2018 00:00
La situación de los presos políticos catalanes

Denunciamos el bloqueo a la justicia europea que el Constitucional nos impone. Y lo hacemos con toda la fuerza y dignidad de una acción empapada en la no-violencia. Una de las pocas protestas legítimas que el hecho de estar encarcelados nos permite: la huelga de hambre

Jordi Sánchez y Jordi Turull

El próximo día 18 tendrá lugar una vista inicial, y en enero comenzará el juicio contra los presos políticos catalanes. La situación política y social continúa enrarecida en Cataluña, en una especie de callejón sin salida en el que no se vislumbra horizonte de solución. El Gobierno del PSOE le exigía al anterior del PP que se sentara a hablar y a dialogar con las autoridades catalanas, y ahora es él quien no lo hace. Y es que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene una papeleta dura, ya que fue uno de los que apoyaron la aplicación del artículo 155 (que ahora le piden insistentemente PP y C’s), y eso le coloca en una posición muy comprometida. Sabe que haga lo que haga va a ser criticado. Es muy evidente que los presos políticos catalanes no van a tener un juicio justo, dados los antecedentes de nuestra justicia, corregida y enmendada varias veces tanto por la justicia de otros países de nuestro entorno como por el Tribunal de Estrasburgo. Precisamente ese es el motivo de que dos de los presos políticos hayan iniciado una huelga de hambre desde el 1 de diciembre pasado, tal como ellos mismos han contado en una carta hecha pública desde la prisión de Lledoners, y recogida por varios medios de comunicación, por ejemplo por la revista Sin Permiso. A ella nos remitimos.

 

El escrito de ambos políticos recogió más de 140.000 adhesiones en solo 24 horas. El motivo por el que han iniciado la huelga de hambre se refiere al bloqueo continuado que el Tribunal Constitucional les impone, al dejar sus recursos de amparo en los cajones, es decir, se admiten a trámite, pero no se les da curso posteriormente. De este modo, al no ser inadmitidos ni desestimados (simplemente ignorados), se bloquea el acceso a la instancia judicial europea, que es quien podría reconocer la vulneración de sus derechos. Como ellos mismos explican en su escrito: “La legislación española (Ley de Enjuiciamiento Criminal) y la doctrina del mismo Tribunal Constitucional establecen que los recursos contra los escritos de prisión provisional tienen que gozar de tramitación preferente y tienen que ser resueltos en un plazo máximo de 30 días”. Pues bien, hace más de un año desde la interposición del primer recurso, y aún están esperando la respuesta. Resulta del todo inadmisible que una instancia judicial pueda hacer dejación de sus funciones de esta forma tan torticera, violando los más elementales derechos de estas personas. Es más insultante aún cuando ya sabemos lo diligente que este alto tribunal se ha mostrado para enunciar otras resoluciones.

 

No tenemos por tanto muchas pistas para pensar que estas personas van a poder disponer de uno de los pilares fundamentales bajo un Estado de Derecho, que es un juicio justo. Los aberrantes cargos de rebelión y sedición (que “existen sólo en la imaginación del juez”, tomando las palabras del Catedrático Javier Pérez Royo), ya desestimados por la justicia belga y alemana, y los furibundos ataques de la atávica derecha y extrema derecha que tienen (tenemos) la desgracia de soportar, haciendo uso de apelativos como “golpistas”, etc., han caldeado el ambiente de tal forma que es bastante ingenuo pensar que nuestra justicia vaya a protagonizar un episodio digno. Todo ello está originado en un caldo de cultivo social que defiende a ultranza la sagrada “unidad de España”, y que descansa a su vez en rescoldos tardofranquistas que aún no se han apagado. Y así, la masiva reacción intolerante contra el “procés” ha normalizado el discurso del odio, desde un ultranacionalismo español absolutamente cerrado a ningún atisbo de autodeterminación de sus pueblos.

 

Nuestros dirigentes políticos no han sido capaces de abordar este problema desde la política, sino negando, criminalizando, judicializando, e incluso usando la fuerza bruta para reprimir el gesto político de un pueblo que simplemente quería votar. El 1-O quedará en la historia como uno de nuestros episodios más perversos, cuando los Cuerpos de Seguridad del Estado (jaleados desde los intolerantes españolistas) apalearon brutalmente a simples ciudadanos por el hecho de poner una urna y manifestar su voluntad. Por su parte, como nos cuenta Jordi Oriola desde este artículo para el digital Rebelion, los medios de comunicación no han ayudado a entender lo que pasaba, sino todo lo contrario, han distorsionado la realidad, han presentado a los soberanistas (no todos los que querían votar eran independentistas) como nuestros enemigos, intoxicando la información con mentiras, tergiversaciones y una falta de información veraz, contrastada y plural, ofreciendo únicamente opiniones sesgadas e interesadas. Nos han presentado toda la operación como un “Golpe de Estado” a nuestra Constitución, en definitiva a nuestro país, cuando ha sido el Gobierno del PP, intolerante y cerril hasta las cejas, quien no ha permitido que una mera cuestión de democracia se tratara como tal. Aludían a “la Ley”, pero antes que la ley se sitúa la democracia, y no al contrario.

 

Se ha abonado en la opinión pública todo un clima de odio hacia los independentistas catalanes, mediante discursos y proclamas incendiarias, falsas y exageradas, fuera de todo contexto democrático, hasta conseguir que estos presos políticos catalanes estén privados desde hace más de un año de sus derechos fundamentales (no sólo su libertad, sino también sus derechos civiles y políticos), y la vida cotidiana en Cataluña continúe envenenada. Este PSOE que ahora gobierna lo hubiera podido evitar si no se hubiera plegado a los supuestos y decisiones antidemocráticas de un PP y un C’s echados al monte (negando el problema, negando la nación catalana, rechazando el referéndum pactado, atacando a las personas que votaban, imponiendo el artículo 155, encarcelando a determinados dirigentes, obligando al exilio a otros…). Así que ahora sólo le queda resistir, resistir la revuelta social de los CDR, resistir las declaraciones de ONG’s que piden la libertad de estas personas, resistir los insultos y ataques de la derecha cada vez más extrema y nacionalista, y seguir resistiendo hasta que alguna vez pueda tratarse este problema como lo que es: un problema político, que se soluciona adaptando y ampliando la democracia. Pero para eso, deberíamos despegar por fin, y alejarnos del franquismo sociológico que aún padecemos.

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17 diciembre 2018 1 17 /12 /diciembre /2018 00:00
Viñeta: Oleh Smal

Viñeta: Oleh Smal

El cambio que nos espera es de un calibre semejante al de las grandes transiciones del pasado que dieron paso de la etapa cazadora recolectora, a la de la civilización neolítica y de ésta a la era industrial. La diferencia es que en estas transiciones la disponibilidad de energía aumentó significativamente en cada una de ellas, mientras que en la actual sucederá lo contrario; la disponibilidad de energía se reducirá en varias veces la que se consume actualmente en los países desarrollados. Tal reducción vendrá acompañada de una pérdida de complejidad de las sociedades futuras y de un descenso demográfico importante, hasta llegar a sociedades de un tamaño demográfico y económico compatible con las capacidades de los ecosistemas

Máximo Luffiego García

Llegados a este punto, y antes de entrar a fondo en el asunto del decrecimiento (tan necesario para la adaptación al colapso civilizatorio, como estamos comentando), vamos a introducir también algunos conceptos previos, como pueden ser la Economía del Bien Común o la Democracia Energética, para intentar ir cambiando un poquito nuestra filosofía económica y nuestra ética de valores compartidos. Como ya hemos afirmado en anteriores entregas, la adaptación a nuevos modos de vida requerirá por parte del conjunto de la población la asunción de un nuevo imaginario colectivo acorde con dichos nuevos modelos de producción y de consumo. El punto de partida ya lo hemos venido contando: una humanidad que se encamina hacia el abismo si no somos capaces de sustituir el actual marco de valores del sistema-mundo (capitalista) agonizante, por otra forma de vivir en armonía con el planeta y su biodiversidad, con otra economía para las personas y la vida, la Economía del Bien Común (EBC). Para ello hemos de romper muchos de nuestros esquemas mentales, por ejemplo, el individualismo. Hemos de elevar la conciencia hacia una conciencia colectiva, pensar como humanidad, y pensar que somos parte integrante de la madre naturaleza, una aldea común universal que tenemos que defender y respetar entre todos. Siguiendo a Fernando Moreno Bernal en este artículo sobre la EBC (que forma parte del número 151 de la Revista Salud 2000 de la FADSP), este cambio de mentalidad nos trae dos conceptos jurídicos nuevos que lo cambiarán todo: en primer lugar, el concepto de Ciudadanía Universal. Y en segundo lugar, el reconocimiento de la Madre Tierra como persona jurídica sujeto de derechos. Hay que desarrollar los ejes esenciales de una Economía al servicio de la vida, y como elemento principal de ella los fundamentos de un sistema productivo alternativo para el Buen Vivir. Y en este contexto aparece la Economía del Bien Común "como propuesta holística, como un nuevo paradigma completo de objetivos, motivaciones y valores, que den sentido y coherencia a todas las propuestas que surgen dispersas fruto de las luchas parciales".

 

Y todo ello, cómo no, hay que elevarlo a altura de máximo rango legal, es decir, supone e implica un desarrollo normativo nuevo, elaboración de nuevas leyes, otras nuevas Constituciones para los Estados-nación, regionales e incluso una Constitución mundial (como fruto de la creación de ese concepto de ciudadanía universal al que aludíamos anteriormente). ¿Tenemos precedentes o referencias? Pues sí: ya hemos visto surgir las constituciones de Bután, que mide la felicidad bruta de sus habitantes; las de Venezuela, Bolivia o Ecuador, todas ellas Constituciones orientadas al Buen Vivir, y que reconocen a la naturaleza como sujeto de derechos. Y recientemente, el cambio constitucional para reconocer los derechos jurídicos del río Whanganui en Nueva Zelanda. La EBC debe superar los parámetros y objetivos de la economía financiarizada y puesta al servicio de los mercados, orientándose hacia la vida, hacia las necesidades de las personas, y hacia el respeto a los seres vivos y la naturaleza. Y para hacer posible todo ello, debe impregnarse de perspectiva ética. De entrada, no será posible una economía del bien común si no se reduce la desigualdad y polarización social, tanto entre países y continentes como dentro de cada país. Hay que pasar a producir bienes duraderos en lugar de bienes perecederos, hay que desprogramar la obsolescencia, y hay que olvidarse del PIB como indicador de la riqueza, y pasar a evaluar otros indicadores que miden redistribución, igualdad y felicidad. La EBC también debe cambiar el paradigma energético reduciendo el consumo y desarrollando energías alternativas renovables, que también bajarán el PIB al reducir el transporte internacional de petróleo y carbón, pero incrementarán la soberanía energética y alimentaria, reduciendo el hambre y la pobreza extrema. La EBC debe igualmente erradicar la especulación financiera sobre bienes alimentarios, energéticos, deudas públicas de los países, etc. Hemos de tener en cuenta que las soberanías (capacidad de ser autónomos en cualquier ámbito) forman una pirámide, de tal forma que no podremos disfrutar de soberanía política sin soberanía económica, y no tendremos soberanía económica sin soberanía energética, tecnológica y alimentaria. Todas ellas actúan como una cascada. 

 

Y por supuesto, no puede haber EBC si no profundizamos los cauces y los canales democráticos, si no ampliamos la democracia a todos los ámbitos, en una palabra, si no alcanzamos la democracia real. La meta es alcanzar la implicación (libre y soberana) de toda la sociedad civil en el diseño, implantación y evaluación de las políticas públicas. Sin ánimo de ser catastrofista, estamos a años luz de todo ello. En la actualidad, no poseemos soberanía monetaria (usamos la moneda única, que no común, del euro), ni soberanía económica (somos dependientes de la política del Banco Central Europeo), ni soberanía política (nuestras decisiones están supervisadas por las instituciones europeas). Por otro lado, nuestra soberanía energética es aún muy limitada, pues dependemos de terceros países de los cuales importamos su petróleo, y nuestro grado de implantación de energías renovables (en las cuales somos muy ricos, sobre todo en energías solar y eólica) es aún muy limitado. Por su parte, nuestra soberanía alimentaria es también muy dependiente de mercados extranjeros y emergentes, cuando dentro de nuestro país somos productores básicos y pioneros de determinados bienes, productos y servicios. Por último, nuestra democracia es una democracia de baja intensidad, muy limitada, no tenemos conciencia desarrollada sobre la participación popular y las consultas y referéndums sobre los temas que nos conciernen, ni disfrutamos de democracia revocatoria (poder revocar los cargos públicos), ni por supuesto democracia económica (las decisiones económicas son tomadas por los grandes agentes del capitalismo, es decir, las grandes corporaciones y lobbies empresariales, con mucha menor fuerza de los sindicatos y la iniciativa pública). La guinda del pastel la pone una ciudadanía no concienciada sobre estos asuntos, que continúa dando su confianza a las fuerzas políticas que precisamente menos hacen por avanzar en todos estos temas. 

 

Todo ello define un modelo económico alternativo al capitalismo. Es absurdo pensar que el capitalismo será capaz de adaptarse a un colapso industrial como el que vivimos, simplemente porque dicha adaptación va en la dirección contraria a sus postulados, que lleva practicando durante casi tres siglos. Por tanto, se trata de introducir una nueva escala de valores sobre los que descanse la economía en general, y el funcionamiento de las empresas en particular, alejándose del valor beneficio para apostar por el valor social. Debemos fomentar en la economía los mismos valores que hacen florecer nuestras relaciones humanas: confianza, cooperación, aprecio, respeto, solidaridad, etc. Está demostrado que estos valores y las buenas relaciones que promueven son los factores que más contribuyen a la felicidad y a la motivación de los seres humanos. La Economía del Bien Común persigue tres objetivos principales: 1) Ofrecer una alternativa completa y coherente al actual modelo económico; 2) Proceso de implementación democrática abierto a la combinación y cooperación con otras alternativas y con aquéllas partes del sistema actual que funcionen bien; y 3) Brinda a toda persona, empresa, organización e institución una forma de co-crear la transición hacia una economía más social, sostenible, humana y democrática. Fernando Moreno Bernal lo explica con las siguientes palabras: "El pensamiento económico dominante se ha desconectado de sus contextos cultural-ético, político-democrático y natural-ecológico. La ciencia económica clásica se ha desprovisto de alma. La EBC se basa en la reconciliación del pensamiento económico con sus contextos, y en consecuencia con la economía real o productiva". Para la EBC los beneficios empresariales ya no son un fin en sí mismo, sino un medio para aportar lo máximo posible al bienestar general. La EBC propone clasificar a las empresas conforme a unos criterios más sociales, según la matriz del bien común, que establece una serie de valores que se puntúan y se miden: dignidad humana, solidaridad, sostenibilidad ecológica, justicia social, democracia y transparencia.

 

Siguiendo estos criterios, se establece una clasificación de las empresas que será la que las haga merecedoras de mayores o menores incentivos, que a su vez permitirán que las empresas más justas sean competitivas frente a aquéllas que pasan por encima de reglas y valores, es decir, que ignoran los valores de la EBC. Quedarán fuera las empresas que compitan de forma desleal, las que exploten a sus trabajadores/as, las que devalúen las condiciones laborales, las que perjudiquen al medio ambiente, etc. Actualmente existe una red de más de 2.000 empresas adheridas, repartidas entre diferentes países, entre los que se encuentran Alemania, Austria, Francia, Suiza, Italia, España, México y Brasil. Este movimiento por la EBC comenzó a nivel mundial en octubre de 2010, y en nuestro país en 2012. Las Administraciones Públicas, por supuesto, también pueden y deben adherirse a este movimiento. Por ejemplo, a nivel de los Ayuntamientos, la EBC ha creado una matriz específica para ellos y una "Red de Municipios del Bien Común", cuyo objetivo es el compromiso público de promover entre sus vecinos y empresas los valores de la EBC, mediante la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública, decisiones basadas en la transparencia y participación democrática, etc. Esto es muy interesante, ya que la contratación pública supone entre un 20% y un 30% del total de la actividad productiva de los territorios. Por último, las propias ciudades también pueden tener sus propias matrices EBC. Y así, partiendo del derecho a la ciudad (uno de los derechos emergentes reconocidos) de toda la ciudadanía y utilizando la misma metodología y valores que para el resto de matrices, se crea una matriz para la ciudad del bien común cuyos valores son: 1) cohesión social; 2) derecho a la vivienda; 3) derecho a servicios públicos y 4) sostenibilidad medioambiental. Para estos cuatro valores se conforman en el cruce hasta 16 campos de interés, que se concretan en un total de 67 indicadores, que determinan y miden el grado de bienestar de la población que vive en la ciudad en cuestión. Es una herramienta de diagnóstico y gestión para los responsables políticos que apuesten por la EBC, y de transparencia y de empoderamiento de la ciudadanía, sobre todo si sus indicadores se hacen públicos y sus valores se contrastan y debaten democráticamente. Continuaremos en siguientes entregas.

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14 diciembre 2018 5 14 /12 /diciembre /2018 00:00
Fuente Viñeta: Frente Cívico "Somos Mayoría"

Fuente Viñeta: Frente Cívico "Somos Mayoría"

El grueso de las tradiciones emancipatorias que han arribado al mundo moderno afanándose en contradecir la dinámica desposeedora del capitalismo ha coincidido en señalar la importancia del vínculo existente entre seguridad socioeconómica, poder de negociación y libertad para lograr una conformación verdaderamente colectiva y democrática de las distintas esferas del mundo en el que vivimos. Así, no nos basta con la asistencia ex-post a quienes salen perdiendo de una interacción ineluctable con un status quo también ineluctable; se precisan estructuras de derechos que blinden ex-ante aquellos recursos que, al garantizar nuestra existencia material básica, puedan actuar como mecanismo para la puesta en funcionamiento de vidas realmente nuestras

David Casassas

Pero este ingreso social universal que supone la RBU ha de descansar sobre modelos de sociedad más justos y democráticos que los que ahora poseemos. La razón fundamental que esgrimen quienes no quieren que se implante esta medida es de tipo económica, es decir, vienen a afirmar básicamente que no hay dinero para soportar que el Estado (en general, cualquier Administración Pública) pueda proporcionar a todo el mundo esta asignación monetaria. Nos suelen dar cifras bastante hinchadas, pero además, toman como base el esquema contable actual, que ya sabemos que es injusto y discriminatorio. El Estado pierde sistemáticamente muchos ingresos porque se dedica básicamente a pagar a los capitalistas (pagar la deuda a los bancos que se la exigen), o a dedicar fondos públicos para financiar a otros actores privados (la Iglesia Católica, por ejemplo). También poseemos un presupuesto para el Ministerio de Defensa y para las actividades ligadas a las Fuerzas Armadas extremadamente desorbitado, injustificado, opaco y caótico, además de mantener un sistema fiscal injusto y regresivo, donde no se cumple el principio de justicia social que dice que quien más cobre y más tenga, más ha de contribuir. Más bien al contrario, las rebajas de impuestos están a la orden del día para los grandes actores económicos, que además son los mismos que se afanan en defraudar a la Hacienda pública, en evadir impuestos y en practicar la elusión fiscal mediante todo tipo de ingenierías contables y empresariales diseñadas a tal efecto. Si a todo ello sumamos los desperdigados gastos en prestaciones condicionales de todo tipo que el Estado ha de reservar para los distintos colectivos, es evidente que las cuentas que los detractores de la RBU nos presentan son, cuando menos, sesgadas e interesadas. Y es que en general, cualquier sistema de redistribución de la riqueza por parte de cualquier Gobierno será mal visto, criticado (y si es posible, impedido) por las élites económicas, que son precisamente las mismas que ahora se están oponiendo a la pretensión de subida del SMI a 900 euros a partir de 2019. Siempre nos vamos a encontrar con esa resistencia, así que nuestra tarea es desmontar sus burdos argumentos, y sus reticencias a ampliar sus miras en cuanto a justicia social y fiscal. 

 

La RBU supone por tanto una medida anticapitalista de profunda transformación social, pues implica una verdadera revolución en la ecuación contable de ingresos y gastos que el Estado proyecta sobre el conjunto de la ciudadanía. Pero para que la RBU pueda llegar bajo la óptica transformadora que nosotros proponemos, antes hemos tenido que cambiar la mentalidad de numerosas personas, ancladas en la perversa lógica capitalista, en su concepción del trabajo humano, en la esclavitud de la deuda pública, y la aceptación del derecho a no trabajar, pero sí a subsistir, al que hemos aludido ya en entregas anteriores. La RBU supone una herramienta y un instrumento de lucha de las clases populares y trabajadoras, que las emancipa enormemente de sus clases explotadoras. La RBU es una medida tan importante que tiene que ver con los derechos humanos, con la fiscalidad, con la justicia social, con la deuda pública, con el sistema de relaciones laborales, con el sistema de bienestar y protección social, con la pobreza y la exclusión social, con el feminismo, con la integración de los migrantes, etc. Pero sobre todo, tiene que ver con la arquitectura política y social de la desigualdad. Es una medida tan revolucionaria que aporta nuevos criterios, utilidades, enfoques y puntos de vista para todos esos temas. Precisamente por eso es tan discutida, tan perseguida, tan demonizada, tan defendida y tan deseada. Incluso, como hemos venido contando, no todo el segmento de la izquierda la avala, existen dentro de la izquierda algunos críticos con esta medida. Bajo nuestro modelo de justicia redistributiva, consideramos al Estado como el agente principal por excelencia encargado de asegurar el derecho a la existencia material garantizada, y los principales instrumentos para cumplir esta función son precisamente unos buenos pilares de política fiscal progresiva y la reasignación del gasto público, liberándolo (entre otras cosas) de la pesada losa de la deuda. El presupuesto público también deberá verse reforzado mediante la creación de impuestos ad hoc hacia las clases más poderosas, tales como el Impuesto sobre el Patrimonio o sobre las Transacciones Financieras.

 

Que no nos vengan con excusas, pues la RBU es (lo estamos demostrando aquí) no sólo una propuesta ética, sino también económica, financiera y políticamente viable. La propuesta de la RBU también es radicalmente opuesta a los llamados "complementos salariales" que algunas fuerzas políticas llevan en sus programas, y que al parecer son unas cantidades que el Estado abonaría a los trabajadores/as que no superaran el umbral de cierto salario. Nos parece una propuesta que no altera las relaciones de poder, ya que de uno u otro modo habría que "trabajar" para disfrutar de ese complemento, es decir, continuamos asociando, equivocadamente, el concepto de trabajo en su visión capitalista, y permitimos que la fuerza empresarial continúe imponiendo sus formas y modos. La RBU también sería interesante para desarmar, desde un punto de vista social, toda la labor caritativa que montones de organizaciones y de ONG's, muchas de ellas ligadas a la Iglesia Católica (o a otras formaciones religiosas), vienen realizando por los pobres. Como con la RBU ya no habría pobres, toda esa ingente labor "caritativa" (Bancos de Alimentos, bancos de ropa, de calzado...), deja de tener sentido. También dejaría de tener sentido la labor que realizan los servicios sociales en cuanto a la ayuda económica que los Ayuntamientos y Comunidades autónomas prestan actualmente a las personas que no pueden hacer frente a determinados recibos de suministros básicos (la energía, el agua, el alquiler...). Ahora bien, la RBU por sí misma no eliminaría la pobreza si no se cumplen las dos siguientes condiciones:

 

1.- La cuantía de la propia RBU ha de estar situada claramente por encima de lo que en cada momento se considere como el umbral de pobreza, es decir, debe representar un ingreso monetario que se considere digno para poder cubrir todos los gastos de las necesidades básicas de una persona (no una familia, pues la RBU es individual, como venimos afirmando).

 

2.- El resto de políticas públicas que el Gobierno diseñe han de tener en cuenta que los precios de determinados bienes, servicios o suministros no pueden en ningún modo escapar al alcance de las personas que estén percibiendo únicamente la RBU. Pongamos un simple ejemplo: si la RBU se situara por ejemplo en los 700 euros, el precio medio de alquiler de una vivienda no podría superar dicha cantidad, pues entonces, resumiéndolo en plan castizo, "habríamos hecho un pan como unas tortas". No obstante, todos estos problemas se pueden paliar si un Gobierno de izquierda transformadora y comprometido con facilitar el acceso de todas las personas a sus derechos fundamentales (recogidos en la Constitución), incluye todos estos bienes y servicios bajo la órbita pública, o bien expropia y nacionaliza para el sector público a las empresas privadas que los gestionan. 

 

El asunto de las ONG's es ciertamente importante y sensible, pues de entrada, ha de quedar claro que no queremos desde aquí llevar a cabo una campaña de desprestigio de las mismas (de hecho, nosotros nos estamos basando para el desarrollo de esta serie de artículos en estudios, datos e informes de varias de ellas, sobre todo de Oxfam-Intermón), pero sí llamar la atención sobre la hipocresía de la propia dinámica de funcionamiento donde muchas de estas ONG's que funcionan en la órbita de la caridad se encuadran. De forma muy resumida, podríamos decir que las ONG's están insertas en la dinámica propiamente capitalista, que son producto del capitalismo, es decir, que es el capitalismo quien las necesita y se sirve de ellas. Muchas de estas organizaciones están financiadas por empresas, instituciones y gobiernos, que son precisamente los que crean las condiciones de injusticia, pobreza y desigualdad para que tengan que intervenir las ONG. Tomando las palabras de Emir Kusturica (director de cine serbio): "En el nuevo orden capitalista, las guerras las financian las multinacionales, que pagan a los partidos y a los políticos para que las declaren. Quieren a las ONG's para lavar la sangre y las conciencias de los ciudadanos que votan a esos políticos que ordenan bombardeos. Las ONG's, financiadas por el capitalismo o sus gobiernos, recogen los heridos y son su coartada para ser políticamente correctos después de lanzar bombas sobre niños y adultos en nombre de la democracia. Esas multinacionales, y quienes les sirven para implantar el capitalismo global, acorralan a cualquier país que se atreva a tener una cultura propia, una identidad, un modo de organizarse diferente, una alternativa". La caridad existe porque existe esta arquitectura de la desigualdad. Por tanto, la caridad institucionalizada a través de gobiernos, organizaciones y empresas debe acabar. Sin pobres no habrá necesidad de caridad, y la RBU ayudará a este fin. La caridad existe simplemente porque los Gobiernos hacen dejación de sus funciones, en última instancia, la caridad existe porque los Derechos Humanos no se toman en serio. Continuaremos en siguientes entregas.

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13 diciembre 2018 4 13 /12 /diciembre /2018 00:00
Viñeta: Félix Moya

Viñeta: Félix Moya

Queremos poner en evidencia que el poder judicial protege las élites y que la judicialización de la vida política es un mecanismo que se aplica sistemáticamente contra toda forma de discrepancia política que quiere ser transformadora y que pretende actuar para superar el régimen de 1978. Por todo esto, denunciamos que, ahora hace 40 años, se instauró una transición que pretendía blindar la monarquía, perpetuar los privilegios de las oligarquías y restringir los derechos civiles y políticos, tanto de la ciudadanía como de las diversas Naciones del Estado Español

Manifiesto "NO HAY JUSTICIA" (Extracto)

Como saben todos nuestros lectores y lectoras habituales, nos gusta en este Blog hacernos eco de cuantas declaraciones, documentos o manifiestos creamos de especial relevancia o interés público general, para contribuir desde esta humilde tribuna a su masiva difusión. Pues bien, en este caso hacemos lo propio con el que ha sido denominado Manifiesto "NO HAY JUSTICIA", publicado en su web original https://nohayjusticia.org/, y cuyo contenido completo suscribimos, y reproducimos en su totalidad a continuación. Los autores/as de dicho Manifiesto convocan a toda la ciudadanía a una concentración pública en Madrid, el próximo sábado 15 de diciembre, a las 13:00 horas, en la Plaza Villa de París, frente al Tribunal Supremo, para manifestar la preocupación por la peligrosa deriva que está experimentando la justicia española. El texto íntegro del Manifiesto es el siguiente:

 

"En el Estado Español, con frecuencia, se están dictando distintas resoluciones del Tribunal Supremo, el Constitucional y la Audiencia Nacional que, con una interpretación abusiva de la ley, son una clara vulneración de los derechos civiles y políticos. Esta dinámica genera indefensión en la ciudanía, a la vez que alarma social producto de la creciente falta de confianza en la tarea del Poder Judicial.

 

Todos tenemos en la memoria casos tan escandalosos como el de la Manada, Castor, Palma Arena, Nóos, jóvenes de Altsasu; el No Caso 14N, sentencias que vulneran claramente la libertad de expresión (Valtònyc, Pablo Hasél,..) y recientemente respecto a los bebés robados. En casos similares, se ha tenido que recurrir al Tribunal de Justicia de Estrasburgo que, muchos años más tarde, finalmente ha dictado sentencia a favor de los afectados, como en el caso de la Mesa del Parlamento Vasco, el caso del diario Egunkaria, el caso de los jóvenes de Girona por la quema de fotos del rey, etc.

 

Las malas prácticas clientelares en el ascenso a la carrera judicial, ha comportado que todavía perdure una reducida cúpula de magistrados que son ascendidos por designación política a los máximos cargos de la administración judicial, sin que esta promoción responda a méritos profesionales sino a su adscripción ideológica. Este mecanismo de designación atenta contra el principio de la división de poderes, siendo un auténtico fraude en el núcleo mismo del sistema democrático. Con estos nombramientos, podemos afirmar que el Poder Judicial es uno de los poderes que todavía no ha llevado a cabo un paso efectivo de democratización que suponga una ruptura con la época franquista.

 

Esta anomalía en el funcionamiento de la Justicia española, se ha puesto de manifiesto en el informe GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa que, en cuatro informes consecutivos, incluyen advertencias y denuncias por malas prácticas realizadas de forma continuada en el tiempo. Los informes GRECO concluyen la absoluta parcialidad de los altos estamentos de la Justicia española como consecuencia de su designación por un órgano politizado como es el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial).

 

A la vez, la aprobación y la aplicación irregular y abusiva de instrumentos jurídicos como la ley mordaza, la ley de partidos, etc., que, junto a los traslados de expedientes al Tribunal  Supremo y a la Audiencia Nacional comportan situaciones de indefensión de la ciudadanía y son una coartada que favorece la aplicación de medidas de excepción incomprensibles en ausencia de violencia (prisión incondicional sin fianza, inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, elevadas multas disuasorias, embargos de patrimonio, confinamiento territorial, etc.). Tampoco es admisible que las políticas penitenciarias conlleven medidas de represión o alejamiento que comportan daños a las familias. Esta dura actuación va acompañada de la permisividad por parte de la judicatura con las actitudes violentas de grupos racistas y fascistas (València, Blanquerna, …), que hacen pensar en una alarmante deriva.

 

Y todavía más, la judicialización de la política ha permitido durante años que el Gobierno Español actúe a través de la Fiscalía para combatir modelos sociales y económicos alternativos, la disidencia política, prohibiendo mecanismos de consulta y participación popular, actuaciones que son un grave atentado contra los derechos civiles y políticos y que debilitan, cada día más, la calidad democrática.

 

Hay que recordar que sólo en Catalunya hay más de 1.200 personas imputadas e investigadas, más de 700 son autoridades locales y otros cargos electos, los cuales han visto gravemente afectados sus derechos individuales y colectivos por actuaciones pacíficas y no violentas en el ejercicio de su cargo. Aunque todavía no se han celebrado los juicios y por lo tanto todo el mundo debería tener el derecho de presunción de inocencia, la acción de la Justicia Española está comportando prisión incondicional sin fianza, inhabilitaciones preventivas e injerencias graves en el funcionamiento de las instituciones (Parlament y ayuntamientos), vulnerando el resultado de las elecciones.

 

Todas estas prácticas contrastan con las respuestas que han dado los tribunales de los países europeos (Alemania, Bélgica y Gran Bretaña) a la petición de extradición que ha emitido la Justicia Española, a los cargos políticos exiliados, acusados injustamente por rebelión y sedición.

 

En los últimos tiempos, se están abriendo insólitos procesos penales en muchos territorios, Andalucía, Madrid, La Rioja, … imponiendo incluso penas de prisión a personas que participaban en protestas pacíficas sin respetar el derecho a la protesta y la libertad de expresión y manifestación. Otra de las manifestaciones alarmantes es la aplicación del artículo 315.3 del Código Penal, con reminiscencias franquistas, contra los sindicalistas que participan en huelgas y manifestaciones, que ha comportado más de 300 personas encausadas. Todas estas circunstancias serían inimaginables, teniendo en cuenta la total ausencia de violencia, en los hechos que se juzgan y contrastan con el trato dispensado a personajes como Urdangarin, Rato o Bárcenas que han gozado de libertad durante sus procesos judiciales.

 

Y es de destacar el modelo de impunidad mantenido por el poder judicial en relación con la falta de investigación y enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista. Desde el ámbito judicial se sostiene la política de impunidad desde dos planos: Por un lado obstaculizando gravemente la tramitación de la causa penal que se instruye en el Juzgado de Buenos Aires (la denominada Querella Argentina), denegando las órdenes de detención y los pedidos de extradición de los imputados, negándose a tomar declaración indagatoria a los propios imputados, etc… y, por otro, inadmitiendo a trámite las querellas criminales que se presentan en los Tribunales del Estado español. En este sentido se enmarca la no admisión de las querellas contra Antonio González Pacheco (Billy el niño).

 

Sentencias como la de la Manada ponen en evidencia que el Poder Judicial tiene todavía que asumir que la violencia hacia las mujeres no es una cuestión individual, ni privada, sino que es una cuestión de dimensión social y política. La violencia ejercida contra las mujeres es una alta negación de los derechos humanos y la evidencia del dominio patriarcal que se ejerce provocando que las mujeres no puedan lograr su pleno desarrollo como seres humanos y ciudadanas de pleno derecho. La violencia machista es una de las peores lacras de las sociedades y el Poder Judicial tiene que formarse para incrementar su sensibilidad social y contribuir a su erradicación.

 

También son llamativas las dificultades que encuentran las organizaciones ambientales y otras organizaciones sociales en su acceso a la justicia: condenas en costas, restricciones a la justicia gratuita, fianzas inasumibles para parar obras que luego se acaban demostrando ilegales una vez terminadas… son la norma más que la excepción.

 

Las persones racializadas y migrantes sufren vulneraciones flagrantes de sus derechos ante los tribunales. Desgraciadamente el estamento judicial no suele aplicar el artículo 510 del Código Penal, pensado para proteger colectivos históricamente discriminados (mujeres, homosexuales, negros, gitanas, etc.). Y el mero hecho de ser personas extranjeras o racializadas las convierte sistemáticamente en sospechosas.

 

En el caso reciente de las hipotecas, la desigual capacidad de reacción del Poder Judicial para frenar una sentencia que era desfavorable a la banca, son un claro indicador que pone en cuestión la neutralidad de la justicia española. En cambio, por su falta de sensibilidad ambiental no contribuye a frenar los delitos ecológicos, que a menudo quedan impunes.

 

Por todo esto, NO HAY JUSTICIA quiere ser un espacio social de denuncia contra todas estas vulneraciones de derechos y, por esto, os proponemos llevar a cabo una movilización conjunta, impulsada desde muchos ámbitos, para denunciar las irregularidades manifiestas del Poder Judicial Español. En este sentido os convocamos para el próximo 15 de diciembre en Madrid, delante de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, a manifestarnos para visibilizar, todavía más, los fuertes déficits democráticos que se arrastran desde el franquismo.

 

Queremos poner en evidencia que el poder judicial protege las élites y que la judicialización de la vida política es un mecanismo que se aplica sistemáticamente contra toda forma de discrepancia política que quiere ser transformadora y que pretende actuar para superar el régimen de 1978. Por todo esto, denunciamos que, ahora hace 40 años, se instauró una transición que pretendía blindar la monarquía, perpetuar los privilegios de las oligarquías y restringir los derechos civiles y políticos, tanto de la ciudadanía como de las diversas Naciones del Estado español."

 

Adhesiones: https://nohayjusticia.org/adhesiones

 

Más información: contacto@nohayjusticia.org

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12 diciembre 2018 3 12 /12 /diciembre /2018 00:00
Viñeta: Falcó

Viñeta: Falcó

La migración indocumentada de centroamericanos y mexicanos hacia Estados Unidos se da en un contexto sociopolítico muy claro: la corrupción, la violencia institucionalizada y la impunidad

Ilka Oliva Corado

Al igual que África camina hacia su norte, sin ser Europa su sueño buscado sino la posibilidad de salir de la pesadilla que hoy representa el continente africano para las grandes mayorías, también Centroamérica camina hacia su norte, los Estados Unidos, y no porque éstos representen el tópico del "sueño americano" (que dicho sea de paso nunca existió), sino por huir de los infiernos en que se han convertido sus respectivos países (infiernos promovidos por la propia USA, a través de sus políticas de constante injerencia en todos los órdenes). Y la reacción de nuestro Viejo Continente no es muy diferente a la que está teniendo el Gobierno del Tío Sam, consistente en cerrar fronteras, militarizarlas o alambrarlas y condenar y criminalizar a los visitantes. Las reacciones son muy parecidas: mientras aquí la derecha (y ahora ya también la ultraderecha) aboga por la "migración ordenada" (y por construir vallas más altas en Ceuta y Melilla), Trump declara la "emergencia nacional" en su país para detener la "invasión de pandilleros y terroristas" centroamericanos. Toda una muestra de la empatía, la humanidad y la solidaridad de nuestros dirigentes. Pues bien, estas personas, después de recorrer más de 5.500 kilómetros a pie, han llegado a tierras mexicanas. Según la Policía Federal, a su paso por Guadalajara, la Caravana Migrante contabilizó unos 7.000 migrantes. No sólo son personas de las urbes centroamericanas, sino también campesinos que han sido despojados de sus tierras por los terratenientes locales, o por las grandes corporaciones transnacionales. Como expone magníficamente Carlos de Urabá en este artículo para el digital Rebelion, que tomamos como referencia, el mundo rural agoniza a causa de la destrucción violenta de la naturaleza y el cambio climático. El hambre y la sed asolan las comunidades campesinas, y la única salida es emigrar a las ciudades o al extranjero. 

 

Carlos de Urabá explica: "Este éxodo es el síntoma más claro del fracaso de los procesos de paz llevados a cabo en Centroamérica en los años 90 para poner fin a la guerra que desangraba Salvador, Guatemala o Nicaragua. Las guerrillas entregaron las armas desmovilizándose a cambio de reformas que incluyeran mejoras socio-económicas para la población más vulnerable. Pero con el paso de los años todas estas demandas se fueron aplazando hasta caer en el olvido. La "izquierda revolucionaria" fue lentamente integrándose en la democracia burguesa atraída por las prebendas burocráticas e institucionales. Algo que derivó en la imparable ascensión del neoliberalismo más reaccionario que ha generado más precariedad y pobreza. Algunos sociólogos de la vieja escuela sostienen que en América Latina la única oposición posible es la lucha armada". Hoy día (de aquéllos polvos, estos lodos) Centroamérica se ha convertido en una de las regiones más violentas del planeta. Bandas armadas, extorsión, asesinatos, impunidad de las multinacionales, todo ello blanqueado con la connivencia de gobiernos títere de los Estados Unidos, han perfilado un panorama ciertamente desolador.  Como región muy rica en recursos naturales, estos países están siendo brutalmente esquilmados mediante los criminales proyectos de estas corporaciones, y los activistas populares y medioambientales que se oponen a dichos proyectos son asesinados. Por su parte, y como ya nos tiene acostumbrados, Washington premia a las élites del poder elegidas fraudulentamente en procesos "democráticos" viciados y que ellos mismos certifican, asegurándose de que en cuanto toma el poder algún gobierno con aspiraciones populares, de izquierda o revolucionario, es desalojado rápidamente por la fuerza de las armas, o bien por cauces pseudodemocráticos, como al final han hecho con Dilma Roussef en Brasil. 

 

Y es que Washington no tolera en su patio trasero que existan gobiernos que le opongan la más mínima resistencia. Tan sólo los gobernantes realmente valientes y apoyados masivamente por sus pueblos (como ha sido Cuba durante más de medio siglo, o Venezuela desde la llegada de Hugo Chávez) tienen alguna posibilidad de éxito. Pero USA nunca se rinde en su hostigamiento a estos pueblos, hasta que consigue doblegar sus intenciones, de una u otra manera. Y así, sin igualdad de oportunidades para poder progresar, con sus medios de vida destruidos o secuestrados, y con las amenazas del crimen organizado, es casi imposible poder asegurar un porvenir mínimamente digno a sus familias. Están escapando de un sistema diabólico que sólo les conduce al suicidio o a la autodestrucción. Y como además están fuertemente alienados en sus mentalidades colonizadas por los mensajes consumistas de los medios de comunicación, piensan que "si quieren cambiar radicalmente sus vidas, el Tío Sam es el único que puede redimirlos y ofrecerles trabajo, seguridad, educación, salud, vivienda, y sobre todo, dólares a punta de pala" (en palabras de Carlos de Urabá). Y así, a distintos puntos de los Estados Unidos llevan emigrando desde hace años legal o ilegalmente millones de latinoamericanos deseosos de participar en el gran banquete capitalista. La inmensa mayoría se convierten en indocumentados explotados, a costa de trabajar en el sector servicios, pero prefieren continuar siendo ciudadanos de segunda en USA, que ni siquiera ciudadanos en sus países de origen. Los segmentos de población son amplios, vienen de todas las edades, de todas las circunstancias sociales. Quizá su nexo común es la pobreza. Han experimentado en carne propia los más terribles suplicios: han asesinado impunemente a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos, a sus amigos, tienen que soportar la extorsión y los chantajes por parte de las maras y otros grupos delincuenciales. Sobreviven a la barbarie pero todavía les resta sobrepasar incontables obstáculos hasta llegar a su destino. 

 

Porque llegar a su destino no es nada fácil. Resulta que esa super potencia que los explota y los margina en su tierra natal, después no les permite integrarse en ella. Es decir, los condena desde todos los puntos de vista. En estos países, todo joven de 12 ó 13 años es obligado a enrolarse en las peligrosas pandas, se solicitan mensajeros, fleteros, extorsionistas, ladrones, vendedores de droga, transportistas, sicarios, secuestradores, proxenetas...Está contemplado todo el abanico del crimen organizado. Las pandillas llegan a ser tan potentes que se extienden fuera de sus respectivos países de origen, al igual que las mafias. Quien se niegue a obedecer las órdenes será inmediatamente eliminado. Por lo general se elimina a los insumisos con el fin de aterrorizar a la población. Practican también el rapto de niñas para que sirvan de concubinas de los grandes capos. Urabá afirma: "Esta caravana es un grito de protesta contra esos gobiernos corruptos y autoritarios que aplican una política militarista de represión, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas --que es el mejor método para eternizarse en el poder--. Esta es la herencia que han dejado los regímenes indolentes que desde hace siglos cumplen al pie de la letra su papel de esclavistas y explotadores". Su calvario aún no ha finalizado, y seguramente no finalizará aunque consigan culminar su meta. Allí también les esperará un gobierno estadounidense hostil, que explota salvajemente a los migrantes indocumentados y que proyecta los peores males de nuestra civilización occidental, capitalista y globalizada. Se les criminalizará por su apariencia física, porque sean negros o mulatos, porque sean pobres, por su forma de hablar o de expresarse, porque sean latinos, porque carezcan de recursos, porque "no aporten al país" ni lo "hagan grande" de nuevo, como prometía el perverso magnate devenido en Presidente Donald Trump. Pero precisamente Estados Unidos también es lo que hoy es gracias a los migrantes, gracias a esas personas que se ocuparon de llevar a cabo las tareas que otros no querían realizar. 

 

Por su parte, el gobierno mexicano no ha querido seguir las consignas de Trump y no se ha dedicado a impedirles la llegada, sino que más bien al contrario les ha prestado auxilio y apoyo para que puedan culminar su periplo migratorio. No han acatado las órdenes de Washington de que detuvieran esa odisea humana, esa marea de hombres y mujeres, ancianos y niños que cansados de no poder vivir en su país comienzan su andadura hasta alcanzar nuevos horizontes vitales. El nuevo Presidente mexicano López Obrador ha ordenado proteger y asistir a la caravana por motivos humanitarios. No es la primera vez que este éxodo migratorio se produce, puesto que México es un país de tránsito constante de migrantes. Desde hace muchas décadas se han producido con mayor o menor intensidad este tipo de fenómenos migratorios en los que también están involucrados los propios mexicanos, centroamericanos, caribeños, sudamericanos y más recientemente africanos, asiáticos y hasta de Oriente Medio. Lo que no trasciende es que miles de ellos han muerto en los caminos, víctimas de las enfermedades, los accidentes o los cárteles que les cobran peaje, los secuestran, los trafican, los esclavizan o los hacen desaparecer. Las mafias migratorias tienen su "negocio" en este caldo de cultivo de la desesperación humana por encontrar nuevos horizontes de paz y de seguridad, para poder desarrollar un proyecto de vida digno. El Secretario de Estado USA Mike Pompeo ha declarado que "los migrantes son un inaceptable riesgo para la seguridad de Estados Unidos". Hace falta ser indecente para declarar tamaña barbaridad. Hace falta no tener sangre en las venas, y no demostrar la más mínima empatía, pero justo a eso nos tienen acostumbrados/as los dirigentes políticos estadounidenses. Y por su parte, como era de esperar, las declaraciones de Trump no se han quedado en menos: ordenó directamente disparar contra los indios rebeldes que pretendan violar la soberanía patria. Ha desplegado en la frontera de San Diego varios miles de contingentes militares, porque por lo visto, "a esa chusma infecta de matones y pandilleros hay que fumigarla". Y lo dice él, que desciende de migrantes, el colmo de la desvergüenza, de la crueldad y de la desfachatez. El Gobierno de los Estados Unidos impide solicitar asilo a quien ingresa de forma ilegal en su territorio, y está empeñado en derogar las medidas migratorias de la era Obama, como el Dream Act y el Obamacare. Continuaremos en siguientes entregas.

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11 diciembre 2018 2 11 /12 /diciembre /2018 00:00
40 años de Constitución postfranquista

Ya sabemos lo que ha dado de sí este régimen monárquico del 78: la impunidad del franquismo, su permanencia en todas las instituciones (judicatura, ejército, policía, administración), su incapacidad para resolver cualquier conflicto, su prepotencia, su soberbia, su estulticia y su brutalidad. Y hasta aquí hemos llegado

Rosa García (Miembro de La Comuna, represaliados por el franquismo)

Corría el año 1978. Hacía casi tres años que había muerto el dictador, y lo había hecho matando. El maremágnum de fuerzas políticas que venían de todo el arco parlamentario (salvo los partidos republicanos, los únicos que aún representaban la legitimidad tumbada de la Segunda República, abatida por los golpistas) se agitaban ante un panorama convulso. En la calle, huelgas y manifestaciones empujaban para que cayera de una vez la dictadura de facto y surgiera un nuevo escenario. Costó muchos muertos y heridos. La correlación de fuerzas no estaba ajustada, y el ruido de sables de fondo era evidente. Las Fuerzas Armadas estaban atentas a lo que se fraguaba, así como los Estados Unidos y Alemania, los principales observadores exteriores. Con todos estos mimbres, los “siete padres” de la Constitución Española de 1978 (no hubo ninguna madre) hicieron su trabajo. Y salió lo único medianamente decente que podía salir, es decir, una Constitución muy ajustada, demasiado equilibrada, escorada a la derecha (salvo algunos artículos muy especiales que no se han cumplido jamás), y sobre todo, muy generalista, dejando para ulteriores leyes y normativas el desarrollo de lo que allí se enunciaba. El “paquete” que diseñaron era una especie de “trágala” donde el pueblo tenía que aceptar una reforma política (que no una ruptura) procedente del franquismo (sin Franco), o la vuelta a la dictadura. Evidentemente, se eligió lo primero.

 

Pero en dicho paquete nos colaron la Monarquía (un Rey nombrado directamente por el dictador), la “sociedad de mercado”, y un conjunto de derechos individuales y colectivos, objetivos y subjetivos, todos ellos muy difusos, por lo cual su desarrollo posterior ha quedado siempre al albur de los Gobiernos (bipartidistas) de turno. También nos trajo como herencia el concepto de la “unidad de España” (bajo una visión de nuestra “patria” de forma excluyente y homogénea), y un papel ligado a las Fuerzas Armadas absolutamente anacrónico. La Constitución tampoco definió los moldes de un verdadero Estado Laico, por lo que el poder de la Iglesia Católica (con la clara connivencia de los Gobiernos de turno) ha ido “in crescendo” paulatinamente (sus terribles resultados pueden comprobarse en la actualidad). Anteriores a la Constitución de 1978 surgieron las leyes postfranquistas, como la Ley de Amnistía (1977), los Pactos de la Moncloa (1977), la Ley para la Reforma Política…Todo ello iba en la línea no de llevar a cabo una ruptura con el régimen anterior, sino más bien una simple reforma bajo un contexto pseudodemocrático. Algunas de dichas leyes (como la infame Ley de Amnistía) continúan vigentes, a más de 40 años de su promulgación, lo cual arrastra un clima absolutamente anómalo e injusto para una sociedad que pretende ser democrática.

 

Y a 40 años de todo aquello, los mimbres básicos con los que se construyó aquél cesto siguen intactos. La agenda de profundos avances sociales, la democratización real del Estado, la transformación de sus estructuras económicas, la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede, la Monarquía, la revisión de nuestra Memoria Histórica y Democrática (impulsado la Verdad, la Justicia y la Reparación para todas las víctimas del franquismo), el reconocimiento de la pluralidad del Estado Español…todos ellos son asuntos de gran calado que quedan pendientes aún en nuestras agendas políticas, económicas y sociales. A su vez, nuestra implicación en estructuras supranacionales (la Unión Europea) nos ha restado soberanía en todos los campos, por lo cual es evidente que necesitamos reconstruir nuestras interdependencias y relaciones con estas superestructuras. Hoy día, la España postfranquista se agarra de forma hipócrita a la Constitución de 1978 para no cumplirla, ya que existen graves retrocesos en casi todos los derechos fundamentales y libertades básicas que allí se recogen (recortes a la libertad de expresión, enaltecimiento del franquismo, ataques a la igualdad entre mujeres y hombres, desprecio a los inmigrantes, ataques al mundo laboral, y a todos los colectivos de personas más vulnerables, tales como pensionistas, estudiantes, precarios…).

 

Toda esta deriva involucionista en derechos y en libertades no ha ocurrido durante estos cuarenta años porque sí, como una plaga divina, como un castigo celestial, sino porque estaba perfectamente calculado y planeado. Instrumentos como la Ley Electoral, por ejemplo, para instalar y consagrar el bipartidismo “sine die” (aún no se ha modificado), atestiguan fielmente este relato. Y el bipartidismo, al estilo de Demócratas y Republicanos en Estados Unidos, ha estado muy vigilante en que los moldes del Régimen surgido de la Constitución de 1978 no se deformaran, sino que se mantuvieran bien firmes. Y así, se nos ha ido imponiendo y normalizando el neoliberalismo, en pequeñas dosis, sin prisa pero sin pausa. Y con él, fuimos asistiendo al derrumbe de los pilares democráticos, así como al debilitamiento y desmantelamiento de nuestro Estado del Bienestar. Hoy día, a 40 años de aquélla Constitución, imperan los cada vez más escasos puntales democráticos y la precarización de nuestras vidas, por mucho que los dirigentes políticos actuales acudan a magnificar “el espíritu de la Transición” y la dimensión de la CE 78. Necesitamos un nuevo orden político, económico y social. Necesitamos reforzar nuestros valores democráticos, y asentarlos sobre nuevos e inequívocos pilares. Necesitamos corregir todo aquello que durante estos 40 años se ha ido quedando por el camino. Todo lo que no se hizo y se debió hacer. Es preciso superar el Régimen del 78.

 

Y para ello necesitamos una nueva Constitución, que refleje un nuevo proyecto de país. No caben las reformas si pretendemos otro proyecto de país. Si lo que pretendemos es edulcorar, completar o reforzar algunos supuestos, bastará con algunas reformitas. Pero eso no nos traerá una sociedad más justa. La Constitución tiene que ser redibujada desde la propia base de su pirámide, por supuesto de forma democrática, esto es, mediante la celebración de Procesos Constituyentes donde el conjunto de la ciudadanía se pronuncie sobre todos los asuntos clave, tanto del interior de nuestro país como del exterior: la Unión Europea, la OTAN, la guerra y la paz, las bases de una sociedad solidaria, la Corona (¿Monarquía o República?), el Estado Federal, el derecho de autodeterminación de los pueblos, el blindaje de los derechos sociales, laborales, políticos, civiles, económicos…También el blindaje de los servicios públicos fundamentales, para que no puedan ser recortados, externalizados ni privatizados (sanidad, educación, dependencia, pensiones, servicios sociales…). Por tanto, no se trata sólo de algunos retoques cosméticos, como algunos dirigentes políticos llevan anunciando (Estado de las Autonomías, igualdad en el acceso a la Jefatura del Estado, inclusión de las referencias a la Unión Europea…), porque esos puntos no atacan las verdaderas bases de la justicia social y del modelo de sociedad libre y avanzada que pretendemos diseñar.

 

Nuestra Constitución se queda vieja. Sobre todo, porque existen multitud de personas que en 1978 aún no tenían la mayoría de edad para poder votarla, y otras muchísimas personas que ni siquiera habían nacido. Su concepción del mundo, su educación y sus experiencias vitales no pueden ser las mismas que las de las generaciones que en 1978 ya teníamos algunos añitos (15 años el que firma este artículo). Una Carta Magna constituye el marco de convivencia más general y completo que un pueblo puede concederse a sí mismo. Por tanto, no puede convertirse en una reliquia del pasado. Una Constitución, si de verdad quiere ser hija de su pueblo y de su tiempo, fiel reflejo de la voluntad popular, tiene que adaptarse, reconvertirse, significar la expresión del pueblo al más alto nivel. La Constitución de 1978, a sus 40 años, ya no representa este instrumento. Y los que se niegan a abrir el melón, seguramente es porque tienen miedo a lo que pueda resultar de dicha apertura. No le tengamos miedo. Al final, de una forma u otra, la voluntad de los pueblos siempre se impone.

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