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28 diciembre 2015 1 28 /12 /diciembre /2015 00:00

Bajo el relato optimista de la superación de la crisis de deuda se esconde también la farsa del éxito de las políticas de austeridad. Lo cierto es que la deuda sigue lastrando los derechos y el bienestar de la mayoría de la población española. Los más de 700 mil millones de deuda emitida desde 2013 podrían haber servido para invertir en economía productiva y generar puestos de trabajo. Pero han ido a pagar la deuda, a rescatar los bancos o financiar grandes infraestructuras de dudosa utilidad social y viabilidad económica. Los pagos de deuda y sus intereses, realizados en base a nuevo endeudamiento, siguen siendo aún hoy la razón para seguir aplicando recortes, teóricamente para hacer frente a unos límites de déficit fijados desde Bruselas. Unos límites y una austeridad definidas con el único objetivo de desmantelar el Estado del bienestar, generando así mayores márgenes de beneficios para los propietarios del capital

Yolanda Fresnillo (Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda)

En el artículo anterior de esta serie comentábamos, dentro del contexto de la necesidad de auditoría de la deuda, el caso de nuestro país, en el sentido de la reforma constitucional del artículo 135, cambiado por las fuerzas del bipartidismo (PP-PSOE) para consagrar la ineludible obligación del pago de la deuda, antes que ningún otro gasto social. En el último artículo habíamos discutido los aspectos de forma, y ahora vamos a discutir los aspectos legales. Seguimos este artículo de Fátima Martín y Jerome Duval, cuya lectura recomiendo, para más información. Porque para empezar, por haber reformado de manera unilateral y sin consulta popular ni debate público nuestra Carta Magna en un asunto relevante como el que nos ocupa, el Gobierno del Presidente Zapatero violó también la propia Constitución Española, que recoge en su artículo primero, apartado 2, que "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". Y si resulta que ahora invocan tantas veces dicha soberanía y su ruptura ante la posible celebración de un referéndum en Cataluña...¿porqué no se aludió entonces al debido respeto a la soberanía nacional?

 

El cambio constitucional choca también con el artículo 158, que especifica la importancia de la garantía de los servicios públicos, lo que va justamente en dirección opuesta a los recortes practicados en dichos servicios, que afectan a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para priorizar el pago de la deuda. Dicho artículo se refiere exactamente a "...la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español". También tiene que ver con el artículo 128, que abre el Título VII de la Constitución, rotulado "Economía y Hacienda", y que subordina al interés general toda la riqueza del país, de forma que nadie puede ser privado de sus bienes y derechos si no es por causa justificada de utilidad pública o interés social. Y bajo este nuevo redactado, está claro que una gran parte de la riqueza del país (casi un tercio del PGE) va hacia afuera para llenar los bolsillos de los acreedores de nuestra deuda, léase grandes instituciones financieras, de seguros, bancarias, y grandes fortunas. De hecho, el apartado 2 del referido artículo 128 prevé "...acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general", lo cual parece ser una extrema medida comunista o bolivariana. Debe ser que los padres redactores de la Constitución eran todos unos peligrosos extremistas. 

 

De igual forma, el artículo 131 aboga por una distribución justa de la riqueza para atender a las necesidades colectivas, ya que reza que "El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza, y su más justa distribución". Pero plantear hoy día estas cosas en cualquier debate (es decir, la intervención del Estado en la economía y en una justa redistribución de la riqueza) también resulta de extrema izquierda, de radicales y de antisistema. Bien, vayamos al nuevo redactado del artículo 135, el que fue aprobado en agosto de 2011, en un claro ejercicio de obediencia ciega a los postulados de la EuroAlemania, y a los designios del gran capital que gobierna esta Unión Europea. En su apartado 3, se dice textualmente (la mayúscula es nuestra): "El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos Y SU PAGO GOZARÁ DE PRIORIDAD ABSOLUTA. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el Producto Interior Bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea".

 

Un apartado servil que nos consagra a tener que depender del prioritario pago de los intereses de la deuda, aunque el país esté necesitado de implementar cualesquiera otros servicios públicos fundamentales para el conjunto de la ciudadanía, y a redistribuir justamente la riqueza, como proclaman otros artículos de la Carta Magna. Nos sumamos así al carro de otros cambios constitucionales que han ocurrido en el mundo bajo los dictados y los dogmas neoliberales instaurados por el gran capital, al amparo de la presión de organismos internacionales como el FMI, que son auténticos nidos de fanáticos economistas neoliberales, que están en realidad al servicio de los intereses de la gran banca privada y de las grandes empresas transnacionales. Y así, se cambian las Constituciones para imponer un techo de déficit público, un equilibrio presupuestario o un techo de gasto público, pero no para cultivar realmente la importancia de dichos logros, sino para utilizar dichos objetivos como pretexto y excusa perfecta para la intervención económica de los países, con la clara meta de socializar las pérdidas de las grandes empresas deficitarias, privatizar los beneficios de las empresas rentables, e instalar toda una serie de medidas del ideario neoliberal, que implican desmantelamiento del Estado del Bienestar, precarización del mercado laboral, y privatización de los servicios públicos. Éste es el verdadero itinerario que se persigue, como podemos observar claramente tomando nuestro país como ejemplo. 

 

Estos principios, como muy bien señalan los autores del artículo de referencia, van justamente en dirección opuesta a otras Constituciones modernas del mundo, como la de Ecuador, que pone de relieve la prohibición de socializar deudas privadas (lo que exactamente está ocurriendo en España) o que prevé que el Estado sólo puede recurrir "...al endeudamiento público si los ingresos fiscales y los recursos procedentes de la cooperación internacional son insuficientes" (artículo 290, párrafo 1). La Constitución ecuatoriana proclama también a la propia naturaleza como sujeto de derechos, algo de lo que también deberíamos aprender. Otro ejemplo lo tenemos en la Constitución de Bolivia, que prohíbe expresamente la privatización del agua, o la de Costa Rica, que obliga a que el gasto público en Educación no sea inferior, en ningún caso, al 8% del PIB. Estos logros han sido posibles gracias a las movilizaciones sociales, a la tremenda presión ciudadana, e incluso a la organización de una Asamblea Constituyente, como en los casos referidos de Ecuador o Bolivia. Al contrario, el cambio constitucional del Estado Español impone la obligación de pagar deudas, aunque sean ilegítimas. Por si fuera poco, se prevé también multar al Estado si éste no cumple con los compromisos adquiridos de déficit o endeudamiento. Pero aún tenemos otros puntos de vista muy interesantes que resaltar. Continuaremos en siguientes entregas.

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24 diciembre 2015 4 24 /12 /diciembre /2015 00:00

La tortura no sólo degrada y destruye la humanidad de quien la sufre; también degrada y destruye al régimen político que ordena ejecutarla, la justifica o la consiente

Atilio A. Borón

Y volviendo a hablar de Derechos Humanos, y de las torturas practicadas por la Administración estadounidense, asunto que ya hemos abordado en entregas anteriores de la serie, tenemos el actual y flagrante caso de la emblemática prisión situada en el contexto de la base naval de Estados Unidos en Guantánamo. Seguiremos, entre otros, este artículo de Carlos Penedo para ilustrar la tremenda situación que se vive en dicho enclave, que además es reclamado por la Administración cubana, como parte de su territorio, como una de las condiciones que se han de dar para poder proseguir las conversaciones que retornen la normalidad diplomática entre ambos países, además de, por supuesto, el fin del bloqueo económico del gigante norteamericano hacia la pequeña isla caribeña, situación que dura ya más de medio siglo. Abierta a comienzos de 2002, la terrible prisión de Guantánamo sirve para mantener detenidas y en prisión extrajudicial a cientos de personas, a las que además se les somete a crueles torturas, ya descritas en artículos anteriores. 

 

La ONG AI (Amnistía Internacional) define la situación en Guantánamo bajo los siguientes términos: "Detenidos privados de libertad año tras año sin cargos ni juicio. Torturas y malos tratos, desaparición forzada, detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza, alimentación forzada, un puñado de enjuiciamientos en un sistema de comisiones militares que no cumple las normas internacionales para la celebración de juicios justos". Ahí es nada. Cuando el Presidente George W. Bush terminó su segundo mandato en enero de 2009, todavía había 245 personas detenidas en Guantánamo. El Presidente Barack Obama se comprometió a que su Gobierno cerraría dicho centro de detención ilegal "inmediatamente", y lo más tardar, antes de enero de 2010. Actualmente sigue habiendo 127 personas detenidas en esta macabra prisión, la mayoría de ellas sin cargos ni juicio. Pocos días antes de redactar este artículo, hemos sabido de la expresa intención de Obama de cerrar esta aberrante, inhumana e indecente prisión antes de que finalice su mandato, incluso aunque se encuentre con la oposición de la Cámara de Representantes, y tenga que recurrir a su capacidad ejecutiva para ordenar dicho cierre. Lo celebraremos en su caso, pero mucho nos tememos que no será así. 

 

Sólo durante el último año, como señala Carlos Penedo, hasta tres órganos de la ONU responsables de la supervisión de los derechos humanos han reclamado una solución para este espinoso asunto. En abril de 2014, tras analizar el historial de EE.UU. en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Estados Unidos en 1992, el Comité de Derechos Humanos de la ONU hizo un llamamiento a dicho país "para que pusiera fin al empleo de la detención administrativa sin cargos ni juicio" en Guantánamo. Instó a la Administración norteamericana para que llevase a cabo los enjuiciamientos de los detenidos bajo el sistema ordinario de justicia penal, no en un sistema de comisiones militares, que incumple claramente las normas internacionales para la celebración de un juicio justo. En agosto de 2014, también hizo lo propio el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, exhortando al cierre de las instalaciones de detención de la Bahía de Guantánamo sin más demora, así como a que los detenidos que no fueran acusados de un delito formal y juzgados quedaran en libertad de forma inmediata. Y en noviembre de 2014, el Comité de la ONU contra la Tortura reiteró a EE.UU. lo que le había dicho 8 años antes, en 2006, en relación con las detenciones en Guantánamo, a saber, que "la detención indefinida constituye en sí misma una violación de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes", un Tratado también ratificado por Estados Unidos en 1994. 

 

Dicho Comité expresó asímismo su preocupación por "el efecto acumulativo que las condiciones de detención y trato en Guantánamo han tenido sobre la salud psicológica de los detenidos". Y es que los detenidos en dicha base naval fueron sometidos a torturas y otros malos tratos de forma constante, tanto en la prisión como antes de llegar allí. En Guantánamo así como en otros lugares del sistema de detención estadounidense se llevaron a cabo detenciones prolongadas en régimen de incomunicación y desapariciones forzadas. Durante años, a cientos de detenidos de Guantánamo se les negó el derecho a que un juez emitiera un fallo sobre la legalidad de su detención. Anecdóticamente, el Gobierno estadounidense sólo ha trasladado a un detenido al sistema ordinario de justicia penal para ser sometido a juicio en un Tribunal Federal del país, y eso ocurrió hace cinco años. Pero la regla, como decimos, es que este régimen de detención ilegal y despiadada viola flagrantemente el derecho a la vida y a la dignidad humanas, precisamente por la potencia que se erige en paladín mundial para la defensa de los derechos humanos, situación que hemos denunciado y hecho notar en multitud de ocasiones, y para infinidad de asuntos. 

 

No obstante, hay que recordar el pequeño programa de expulsión y reagrupamiento en terceras cárceles para presos de Guantánamo, que se llevó a cabo durante 2013. Y así, un total de 28 presos fueron trasladados de la base durante 2014, además de los 11 que ya habían sido trasladados durante 2013 a diversas cárceles de terceros países que quisieron participar en dicho programa de realojamiento. En diciembre de 2014, el Comité de Inteligencia del Senado confirmó que la CIA utilizó Guantánamo para detenciones secretas durante los años 2003 y 2004. Así que de nuevo, hacemos un llamamiento a la comunidad internacional, a la ONU y al resto de Organismos para que obliguen a Estados Unidos, el país del estado de guerra permanente, mediante la presión diplomática necesaria, no sólo a poner fin a las detenciones en Guantánamo de acuerdo con el derecho internacional, a poner fin a las torturas y al cierre inmediato de dicho centro de detención, sino también a garantizar las investigaciones exhaustivas e inparciales sobre todas las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos, hacer comparecer ante la Justicia a todas las personas responsables, y a garantizar el acceso real a una reparación para todas las personas que sufrieron dichas violaciones de sus derechos fundamentales. No es aceptable que en pleno siglo XXI, la mayor potencia mundial continúe siendo un referente de práctica habitual de torturas y detenciones ilegales, algo que no está justificado desde ningún punto de vista, ni bajo ninguna situación de emergencia. Continuaremos en siguientes entregas.

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23 diciembre 2015 3 23 /12 /diciembre /2015 00:00

El principio de la igualdad de los seres humanos no es una descripción de una supuesta igualdad real entre ellos: es una norma relativa a cómo deberíamos tratar a los seres humanos

Peter Singer

Muchas veces hemos hablado del capitalismo, de sus devastadores efectos, y de sus múltiples consecuencias a todas las escalas de la vida de las personas. Hemos afirmado que el capitalismo deshumaniza, en tanto en cuanto es un sistema económico y social que basa su existencia en la constante lucha del hombre contra sí mismo. En el presente artículo hablamos sobre otro de sus productos típicos, como es la constante presencia, incluso subliminal, del odio al diferente, catalogado en los diferentes delitos que nuestra sociedad contempla. En este artículo de Actualidad Humanitaria, Esteban Ibarra, Presidente del Movimiento contra la Intolerancia y Secretario General del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio, nos presenta una buena introducción hacia dichos delitos, que seguiremos como referencia. Pese a que no se habla de ellos diariamente en tertulias ni en programas informativos o de debate, más allá del estallido de cada caso puntual, hay que recordar que cada año se producen miles de agresiones relacionadas con este tipo de delitos, y desde principios de los años 90, se han cometido cerca de 90 homicidios racistas, xenófobos, homófobos y demás variantes de intolerancia social. 

 

El panorama es ciertamente preocupante, ya que según datos del último Informe Raxen, cada año en España se cometen 4.000 agresiones o delitos de odio, y apuntan a la existencia de grupos racistas y xenófobos en todas las Comunidades Autónomas, de la existencia de más de 10.000 ultras y neonazis en nuestro país, de la presencia de más de 1.000 sitios web xenófobos en Internet, así como de la organización de decenas de conciertos de música neofascista cada año. En la actualidad, quizá el sitio web crimenesdeodio.info, con la colaboración de Movimiento Contra la Intolerancia, sea el mejor escaparate que muestra la memoria de 25 años de olvido y desamparo institucional de estos crímenes. En su apartado de marco teórico, muy recomendable, podemos ver las diferencias que se marcan entre los diversos conceptos que pueden albergarse bajo el paraguas de los denominados como crímenes o delitos de odio, tales como la intolerancia criminal, el racismo, la xenofobia, la homofobia, la transfobia, la disfobia, la romafobia, el antisemitismo, la islamofobia, la aporofobia, y otras expresiones de intolerancia (donde podemos incluir el odio ideológico, la intolerancia por aversión estética, o por obesidad, entre otros). Es interesante también aclarar que, en realidad, el racismo no existe como tal, pues solamente existe (como afirmara Albert Einsten) una raza, la raza humana. Nos referimos aquí, entonces, al esclavismo, el apartheid, el holocausto, la limpieza étnica o el genocidio racial. 

 

Como siempre, las confusiones conceptuales y terminológicas empañan un asunto tan delicado, y es menester poner un poco de orden en el caos. Para empezar, hemos de afirmar, como puntualiza Esteban Ibarra, que el delito de odio no es un delito de sentimiento. Dicha circunstancia puede acontecer a diario en toda clase de delitos comunes, y no por ello podemos catalogarlos como delitos de odio. Así, se puede sentir odio hacia la víctima de cualquier delito por motivos de vecindad, relaciones laborales, de parentesco, afectivas, y un largo etcétera de variantes que los psicólogos analizan constantemente, pero no dejan de pertenecer al acervo de delitos comunes. ¿Dónde está, pues, el "plus delictivo" que marca un delito de estas características? Pues en que además de concitar prejuicios, ideologías, doctrinas, etc., se envía un mensaje de amenaza a personas semejantes al colectivo de referencia de la víctima, un mensaje de advertencia, de temeridad, de declaración de guerra. Aún, por tanto, se debe avanzar mucho en la legislación internacional, que no posee una definición exacta e inequívoca para este tipo o categoría delictiva. 

 

¿Qué motiva, por ejemplo, a agredir a un homosexual, o a un indigente, o a un inmigrante? Pues básicamente la intolerancia hacia el diferente, o si se quiere, el "miedo social" a la existencia de personas que no se ajustan, digamos, a los patrones o cánones que delimitan dónde se encuentra la "normalidad" social. Son, por tanto, producto de una sociedad enferma, que no tolera la diferencia, que insta a la uniformización de sus miembros, que preconiza la supervivencia de patrones de imagen, comportamiento y actitudes que entran en sus raseros de la "normalidad", excluyendo cualquier otra manifestación. En palabras de Esteban Ibarra: "Los delitos de odio (...) refieren a la negación delictiva de la igual dignidad intrínseca de la persona y la universalidad de derechos humanos en base al rechazo de nuestra diversidad, hacia personas o grupos a los que, desde una profunda intolerancia, se puede llegar a concebir como subalternos e incluso prescindibles". Son, por tanto, muestra del rechazo hacia lo diferente, y representan una clara muestra de comportamiento totalitario y excluyente. Suponen justo lo contrario del principio de tolerancia, basado en el respeto, la aceptación, la integración, la inclusión y la valoración de la diversidad humana, resquebrajando los universales principios de igualdad y libertad de todos los seres humanos. 

 

Cada legislación penal en cada país asocia una serie de disposiciones en cuanto a la protección de una serie de características (origen étnico, sexo, orientación sexual, religión, ideología, discapacidad, etc.), a los que añaden una serie de colectivos humanos diferenciados, de especial protección por su relevancia social. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, al colectivo de personas sin hogar, o a los de determinado origen territorial, o a los de determinado aspecto físico. Y así, el Comité de Ministros de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, 2003) vino a definir como delito de odio a "toda infracción penal, incluidas las infracciones contra las personas y la propiedad, cuando la víctima, el lugar o el objeto de la infracción son seleccionados a causa de su conexión, relación, afiliación, apoyo o pertenencia real o supuesta a un grupo que pueda estar basado en la raza, origen nacional o étnico, el idioma, el color, la religión, la edad, la minusvalía física o mental, la orientación sexual u otros factores similares, ya sean reales o supuestos". Definición que no cubre todos los flancos, pero sí se nos aparece bastante ilustrativa. Pero insistimos en que los delitos de odio no se deben confundir con la discriminación, que se sitúa sobre todo en el ámbito administrativo, y tienen más que ver con la negación del principio de igualdad ante la ley, de igualdad de trato, o de oportunidades. Los delitos por discriminación son otra consecuencia-efecto, otra conducta de intolerancia, como puedan serlo la segregación, la marginación, el hostigamiento, el homicidio, e incluso, los crímenes de lesa humanidad. 

 

Tampoco podemos incluir en este tipo de delitos a los crímenes por violencia de género, ya que éstos tienen su origen y casuística en la existencia de relaciones de desigualdad entre hombre y mujer, bajo el imperio desde hace siglos de una sociedad patriarcal que impone sus formas y sus modos. La violencia de género obedece únicamente al terrorismo machista derivado de los postulados del sistema heteropatriarcal dominante, y que ha de ser erradicado de toda sociedad moderna y avanzada que se precie. Los casos más típicos de delitos de odio están relacionados con el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia, la homofobia, el antigitanismo, la disfobia, la aporofobia (fobia a los indigentes) u otras formas de odio basadas en la intolerancia, y justificadas desde una perspectiva retrógrada y totalitaria. Un caso típico y especialmente significativo lo constituye la violencia en el deporte en general, y en el fútbol en particular, mediante la existencia de los grupos ultra, de hooligans o hinchas de determinados equipos, que practican la extrema violencia en algunos casos, llegando a matanzas indiscriminadas de seguidores de equipos contrarios. Y también aquí, la mano del capitalismo también "mece la cuna" de este tipo de conductas, mientras sigamos consintiendo, como sociedad, que ciertos deportes salgan de su esfera natural, para convertirse en auténticos fenómenos de masas, y sus jugadores y directivos cobren sueldos exhorbitados, y representen un modelo social a imitar, y una referencia para los más jóvenes. 

 

Pero quizá hoy día su mayor frecuencia ocurre contra el grueso de la población inmigrante, desde una perspectiva y un discurso intolerante que propugna la invasión de nuestra civilización occidental, y la pérdida de nuestros valores. Pero más bien deberíamos pensar qué aportamos al mundo con nuestros valores, y dónde descansa la supremacía de nuestra "civilización occidental". Incluso desde los discursos de los líderes políticos mundiales mejor valorados surgen llamamientos a la defensa de nuestro "mundo libre y civilizado", enfrentado a un supuesto mundo preso, inferior, anticuado, o a una civilización del mal, a la que tenemos que erradicar. Es ahí donde podemos ver más claramente la influencia que el modelo capitalista, y su conjunto de valores sociales, morales y cívicos, han proyectado sobre nuestras mentes y nuestros comportamientos. El capitalismo es también la explicación última para la existencia de estos fenómenos, pues una buena inserción social de este tipo de personas, en vez del constante hostigamiento que practican nuestras Administraciones Públicas contra ellos, sería la base para la erradicación de todos estos comportamientos. Un buen ejemplo típico de ello lo podemos encontrar en la persecución que se realiza al colectivo de los llamados "top manta", desde la hipócrita óptica de que representan un peligro y una amenaza para el "comercio legal", cuando este comercio legal de los productos originales se nutre de las mismas fuentes de explotación que el comercio de la falsificación y de la imitación. 

 

Como siempre, la punta de lanza para la erradicación de todos estos delitos y conductas ha de descansar sobre la base educativa, la auténtica base de la pirámide que nos proyecta hacia una nueva sociedad con un nuevo conjunto de valores. Una educación inclusiva e integradora, que desde una perspectiva de ampliación y cultivo de nuestros valores democráticos, estudie y propague la enseñanza del humanitarismo y del total, completo y absoluto respeto hacia los Derechos Humanos, entendidos en su perspectiva más universal. Y en el marco normativo, hace falta de forma urgente e imprescindible disponer de una Ley Integral Contra los Delitos de Odio, que contemple perspectivas de prevención de la criminalidad y proyecte responsabilidades humanitarias, y líneas estratégicas y transversales de intervención contra esta terrible lacra del siglo XXI. El destino es conseguir un modelo de sociedad plenamente democrática, que excluya toda forma de conducta, pensamiento o comportamiento de intolerancia, y donde se respeten, acepten y apliquen universalmente y con garantías todos los Derechos Humanos. 

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21 diciembre 2015 1 21 /12 /diciembre /2015 00:00

Porque no se puede pactar con el diablo y con el pueblo a la vez, ni gobernar para “los de abajo” sin meter mano a ”los de arriba”, ni cambiar la sociedad con frases sin una organización preparada para la lucha

Red Roja

Bien, hemos ido exponiendo, durante las últimas entregas de esta serie, las consideraciones y criterios que un Gobierno puede tener en cuenta, por supuesto con el apoyo del conjunto de la ciudadanía, para investigar bajo la organización de un proceso de auditoría ciudadana de la deuda, y declarar toda o cierta parte de la misma como ilegítima, procediendo a su impago, independientemente de que se realice o no para el resto de la deuda, un proceso de renegociación o de reestructuración. Suponemos que los lectores, a estas alturas del asunto, ya tendrán muy claro la estupidez, la trampa y la falacia que encierra la típica afirmación que versa que "las deudas hay que pagarlas". Pero quizá hemos mezclado de varias formas y en diferentes puntos y circunstancias los términos deuda insostenible, impagable, ilegítima, odiosa o ilegal, creando un poco de confusión. Vamos a poner un poco de orden en este caos, siguiendo al Presidente del CADTM, Eric Toussaint, sobre las clasificaciones que podemos otorgar a la deuda:

 

1.- Deuda pública ilegítima: Básicamente, es la deuda contraída por las diferentes Administraciones Públicas sin respetar el interés general de la ciudadanía, o bien en perjuicio del mismo. O si queremos, una deuda contraída para favorecer el interés particular de una élite o minoría privilegiada.

 

2.- Deuda pública ilegal: Es la deuda contraída violando cualesquiera leyes del orden jurídico o constitucional, nacional o internacional, que fuesen de aplicación en el momento de adquirirla. Si la ilegalidad se confirma, el Estado puede declarar la nulidad de la deuda, y cancelar su pago.

 

3.- Deuda pública odiosa: Es la constituida sobre todo por créditos concedidos con la imposición de condiciones que suponen una clara violación de los Derechos Humanos, formados por los derechos sociales, económicos, laborales, culturales, civiles o políticos de las poblaciones concernidas por el pago de dichos créditos. 

 

4.- Deuda pública insostenible: Se puede catalogar así a toda deuda cuyo pago condene a la población de un país al empobrecimiento, a una degradación de las condiciones sanitarias y educativas, al aumento del desempleo, y al cualquier otra circunstancia que menoscabe sus posibilidades de progreso. En resumen, una deuda cuyo reembolso implica que los derechos humanos fundamentales no se respeten. En otras palabras, una deuda cuyo pago impide a los Gobiernos garantizar los derechos humanos fundamentales. Teniendo en cuenta este argumento de insostenibilidad de la deuda, un Estado puede declarar una moratoria de sus pagos, sin que ello genere nuevos intereses de demora. Por supuesto, también se podría hablar de insostenibilidad financiera y económica del reembolso de la deuda. 

 

Tenemos por tanto infinidad de criterios a la hora de considerar a nuestra deuda pública bajo el prisma de los diferentes criterios que hemos expuesto (se pueden cumplir varios de ellos a la vez, incluso todos), y todo ello, extrapolado a nivel mundial, conduce a que el sistema-deuda implantado globalmente, sea uno de los elementos que el nuevo Socialismo del siglo XXI debe erradicar. Pero apliquémoslo a nuestro contexto, al caso del Estado Español. Y podemos comenzar, siguiendo un artículo de Fátima Martín y Jerome Duval, deteniéndonos a profundizar sobre la reforma constitucional que el bipartidismo del PPSOE acordó en agosto de 2011 (sin el debate parlamentario adecuado, ni el refrendo del pueblo, ese al que tanto conminan ahora, porque es donde reside la "soberanía nacional", continuamente pisoteada por los mismos que la abanderan). Básicamente, la operación consistió en lo siguiente: en contra del derecho internacional, y de la legislación nacional, el Artículo 135 de la Constitución Española de 1978 se cambió para dar "prioridad absoluta" al pago de la deuda ante cualquier otra necesidad. De esta forma, el reembolso de la deuda gozaba de mayor prioridad que cualquier otra inversión social que el país pudiera necesitar, incluso en tiempos de crisis, y todo ello en aras del "saneamiento de las cuentas públicas", de la "disciplina presupuestaria", de la reducción del déficit público, y de los mantras ideológicos que aseguran que "no podemos gastar más de lo que ingresamos", y otras variantes más. 

 

Las consecuencias, pues, son absolutamente demoledoras para nuestro "Estado Social y de Derecho" consagrado en la Constitución. Porque esta modificación (para la cual sólo hicieron falta un par de llamadas telefónicas, mientras que para otras modificaciones necesitan años de "consenso"), hecha a toda prisa en varios días, permite reducir los gastos en Educación y Sanidad públicas, precarizando aún más a la clase trabajadora, y todo ello para reforzar las garantías a los acreedores de la deuda pública española (básicamente, otros bancos). Se trata, como indican los autores del citado artículo, "de una concesión inédita a los acreedores, un paso más para garantizar su supremacía y satisfacer sus prerrogativas en el edificio constitucional". De hecho, "constitucionalizar" (esto es, elevar a rango constitucional) la prioridad absoluta del pago de los intereses y del capital de la deuda sobre otras inversiones es algo muy grave, ya que mediante esta decisión, quedan sacrificados otros objetivos igualmente constitucionales, tal como la satisfacción de los derechos sociales o laborales de la ciudadanía.

 

Por tanto, introducir dicho criterio en nuestra Constitución (como en cualquier otra Constitución del mundo) no es más que una muestra del carácter fanático, cerrado y dogmático de la ideología neoliberal imperante, excluyendo modelos alternativos y alejándonos de la propia filosofía consagrada en la Constitución y del posible alcance democrático que pudiéramos extraer de nuestra Carga Magna. Fijémonos que incluso en el propio lenguaje que se utiliza y se difunde por la clase dominante, esta filosofía de considerar al país como una empresa, y a sus dirigentes como sus Directores Generales se va imponiendo. De hecho, en el debate "cara a cara" entre el actual Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, el moderador presentó el debate como si fuera "una entrevista de trabajo, para un proceso de selección de personal, que elija a la persona que va a dirigir los destinos de esta gran empresa que se llama España". La perversión del propio lenguaje, que legitima subliminalmente este enfoque, es clara y evidente. Pero como decimos, más allá de la mera interpretación política del asunto, podemos apelar a los aspectos formales y legales. Los expondremos en la próxima entrega.

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18 diciembre 2015 5 18 /12 /diciembre /2015 00:00

La naturaleza en todas sus formas tiene el derecho de existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales. Las personas tenemos la responsabilidad y el deber de conservarla

Carta de Derechos Sociales de Heuskal Herría

Abordaremos a continuación las medidas propuestas por las cinco principales ONG's ambientalistas en lo relativo a impulsar un modelo energético renovable, justo y democrático para la sociedad, pilar fundamental para respetar la naturaleza. Frente a los grandes retos del cambio climático, puestos de manifiesto en la reciente cumbre de la COP21 en París, la dependencia energética del exterior y la pobreza energética, cada vez es más urgente que las comunidades, países, pueblos y territorios contribuyan al fomento de un nuevo modelo energético 100% renovable, justo y democrático para la sociedad. En este sentido, es necesaria la adopción de políticas activas que permitan una rápida transición hacia una plena explotación de las energías renovables, en manos de la propia ciudadanía, así como la promoción y concienciación sobre el ahorro y la eficiencia energética. Con todo ello, las medidas propuestas serían las siguientes:

 

1.- Fomentar, a todos los niveles de la Administración (Central, Autonómica y Local), a través de las respectivas y pertinentes Agencias Públicas, la transición hacia el nuevo modelo energético mediante los respectivos Planes Integrales. Lo ideal y coherente es que dichos planes sólo sean una pieza del puzzle para la consecución de un nuevo modelo productivo, donde el modelo energético es elemento fundamental. 

 

2.- Generar energía limpia mediante renovables en los edificios, tanto públicos como privados (escuelas, bibliotecas, hospitales, bloques de viviendas, etc.), y en el mismo punto de consumo para las instalaciones públicas en municipios rurales, explotaciones agrarias y forestales. Progresivamente, sustituir todas las fuentes de energía fósil para calefacción, por nuevos sistemas renovables y eficientes. 

 

3.- Promover el autoconsumo, mediante una política incentivadora en vez de impositiva como la actual, así como la generación distribuida y comunitaria de energía fotovoltaica, eólica y la recuperación de pequeños saltos de agua. 

 

4.- Dotar del máximo apoyo institucional al conjunto de la ciudadanía, para conocer, promover y hacer posible las opciones de consumo renovable en el hogar. Todo ello mediante campañas informativas, y la puesta a disposición de comunidades de vecinos del conjunto de herramientas necesarias para tal fin. 

 

5.- Dotar del máximo apoyo institucional a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), industria y comercio a nivel estatal, autonómico y local en materia de ahorro y eficiencia energética. 

 

6.- Incorporar las tecnologías más eficientes en los sistemas gestionados por cada nivel de la Administración, tales como el alumbrado público, la climatización de edificios públicos y los sistemas de abastecimiento y depuración de aguas. 

 

7.- Poner en marcha regulaciones para movilizar los fondos para el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación de edificios, la reforma de los mismos, y la reconversión de sus sistemas de alimentación, abastecimiento y control, así como la regeneración y renovación urbanas, que faciliten el acceso a dichos fondos para las Comunidades de Vecinos. Pensamos, además, que todo este proceso es fundamental para la creación de un nuevo nicho de empleo, que se utilice como reconversión profesional de muchos profesionales (sobre todo del mundo de la construcción) que están en desempleo desde el estallido de la crisis, y la explosión de la burbuja inmobiliaria. 

 

8.- Promover, desde todos los ámbitos de la Administración Pública, nuevos modelos de rehabilitación integral y profunda, que lleven progresivamente a una reducción de al menos el 70% del consumo energético de cada edificio. 

 

Por otra parte, pero muy en relación con lo que hablamos, está la necesidad de reducir nuestras necesidades de movilidad y sus impactos, pues constituyen hoy día un factor de consumo irracional de recursos, así como una pérdida de la calidad de vida para el conjunto de la ciudadanía. Durante las últimas décadas, los planes de desarrollo urbanístico únicamente han contemplado la extensión sin límites del territorio urbano y residencial, y su comunicación mediante infraestructuras viarias, lo cual ha contribuido a que una gran cantidad del tiempo invertido en nuestra vida diaria sea consumido por nuestras necesidades de transporte y movilidad, lo cual se traduce en impactos ambientales muy peligrosos para el medio ambiente. Así, nuestro modelo de movilidad genera actualmente graves impactos sobre el medio ambiente y sobre nuestra calidad de vida. De hecho, el transporte público y privado es el principal sector de emisiones de gases de efecto invernadero, provocando además graves problemas de salud, debidos fundamentalmente a la contaminación atmosférica y al ruido, que son dos problemáticas que hoy sufren prácticamente todas las grandes urbes a nivel mundial. 

 

Además, la construcción de infraestructuras conlleva un coste económico muy elevado, y a menudo también un fuerte impacto medioambiental. Por otro lado, el transporte y el volumen de mercancías que han de ser trasladadas a larga distancia crecen a ritmos desmesurados, hasta el punto de que cada día desplazamos más de 85 toneladas/kilómetro por habitante. Es imperiosamente necesario disminuir urgentemente este escandaloso ratio, para todo lo cual las ONG's de referencia sugieren las siguientes medidas:

 

1.- Promover Planes de Movilidad Sostenible a todos los niveles de la Administración, uno de cuyos fines principales debe ser la reducción significativa de la movilidad motorizada, de forma coordinada con la política urbanística (que depende de las Administraciones Locales).

 

2.- Implementar Planes de Fomento de Movilidad No Motorizada, y en el caso de la bicicleta, en combinación con el uso del transporte público. Asímismo, implementar planes de desplazamiento peatonal y de movilidad ciclista regionales y locales. 

 

3.- Decretar una moratoria para las grandes infraestructuras sin justificación por su limitada demanda (Trenes de Alta Velocidad, Autovías, etc.). Aquí es preciso poner en debate el claro conflicto de intereses del Estado por una parte, y de las grandes empresas constructoras por otra, ávidas de cerrar cuantiosos contratos con las Administraciones Públicas. Pero son éstas las que deben evaluar de forma equilibrada el grado de pertinencia en torno a la construcción de dicha infraestructura, así como los impactos sociales, económicos y medioambitales que se generarían. 

 

4.- Promover los medios de transporte más limpios y eficientes, y siempre ajustados a la demanda real, fomentando los sistemas integrados de transporte público metropolitano. Ello debe hacerse incidiendo sobre todo en el factor educacional, concienciando sobre la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, así como de potenciar los transportes públicos colectivos, baratos y menos contaminantes. Hay que potenciar los medios de mayor capacidad, como los ferroviarios (líneas de cercanía, talgos convencionales, etc.), cuando la densidad de población lo justifique.

 

5.- Incentivar el abandono sobre el uso del automóvil privado mediante la implantación de medidas fiscales, de reducción del viario urbano, así como de la prohibición expresa de que los vehículos privados puedan entrar en los cascos urbanos. Lógicamente, todo ello liga con el punto anterior, ya que no podrá realizarse si no existe una red de transporte público fuerte alternativo.

 

6.- Potenciar el coche eléctrico para el servicio público y municipal, y asegurar la existencia de puntos de recarga con energías limpias y autoconsumo. De hecho, durante un tiempo de transición la mejor alternativa es que sólo los vehículos eléctricos (no contaminantes) puedan entrar en los cascos urbanos. No debe perderse de vista el horizonte de que el vehículo eléctrico privado sustituya totalmente al turismo de diésel o gasolina tradicional. Continuaremos en próximas entregas.

 

 

Fuente principal de referencia: Documento "Un Programa por la Tierra"

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17 diciembre 2015 4 17 /12 /diciembre /2015 00:00

El ataque al modelo social europeo no viene sólo de la Troika, sino también del impulso de tratados como este, que son alabados por populares, socialdemócratas y liberales, aunque suponen un giro de 180 grados en regulación europea e incluso en la cultura de protección social y ambiental

Laia Ortiz y Ernest Urtasun

Y otro gran caballo de batalla del TTIP lo constituye la agroindustria, representada en el Tratado, cómo no, por las grandes corporaciones agroalimentarias, sin representación de las respectivas asociaciones de agricultores y ganaderos, de cada país (futuro, en su caso) suscriptor del mismo. Como nos cuenta Javier Guzmán, Director de VSF Justicia Alimentaria Global, estas corporaciones llevan años pleiteando ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), contra diversas normativas europeas que protegen elementos clave de nuestra seguridad alimentaria. Sus intereses en el TTIP no son, por tanto, abrir fronteras a los productos alimenticios estadounidenses, sino abrir los órganos reguladores agroalimentarios europeos. Quieren sentar las bases de lo que pudieran ser los fundamentos de la nueva etapa de liberalización alimentaria mundial, profundizando la desregulación alimentaria, y la hegemonía de sus grandes empresas. Los aranceles en este área no son en realidad ningún problema, ya que si analizamos los derechos arancelarios sobre el comercio agrícola bilateral entre EE.UU. y la UE, comprobaremos que  no han hecho otra cosa que reducirse durante las últimas décadas, sin necesidad alguna de un gran acuerdo comercial. 

 

Así, los Estados Unidos han pasado en 6 años de un arancel agrícola medio respecto a los productos europeos de un 9,9% al 6,6%, y en la UE se ha pasado de un 19,1% a un 12,8%. Para poder entender la magnitud de este dato, como nos señala Javier Guzmán, hay que señalar que el arancel agrícola promedio a nivel mundial está en un 60%. El problema, por tanto, no está aquí, sino en el conjunto de leyes, normas, regulaciones o políticas de ciertos países, que pueden afectar a determinados productos agroalimentarios, y que son distintas a las de otro país. Si finalmente se alcanza un acuerdo, los efectos en la salud alimentaria y en los derechos de los consumidores serán inmensos, pero aún lo serán más desde el punto de vista de la producción del mundo rural. Mirémonos en el espejo de México, donde después de 20 años de la ratificación del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), dos millones de campesinos han abandonado sus cultivos, emigrando a los Estados Unidos. De ser un gran exportador de maíz, ha pasado a convertirse en importador de dicho producto, cuyo precio cayó en un 59% tras la firma del tratado. Ello permitió la entrada de maíz de baja calidad a bajo precio en el mercado, acabando con la producción autóctona de calidad, que era fuente del sustento de millones de familias mexicanas. 

 

En el fondo, no se trata tanto de la imposición de un mercado sobre otro, sino más bien del enfrentamiento entre dos modelos de agricultura y alimentación, expresados por el modelo de las grandes corporaciones, frente al modelo de producción campesino y local, de proximidad. El resultado de la batalla está muy claro, arrasando con los modelos de vida y de cultura de millones de familias rurales y campesinas, y convirtiéndose en un modelo de baja calidad, que sirve sobre todo para engordar las cuentas de resultados de las grandes empresas alimentarias. Y ya nos llevan bastante ventaja, ya que, de hecho, la Comisión Europea lleva armonizándose con la Administración norteamericana desde hace varios años. Las sucesivas reformas de la PAC (Política Agraria Común) van, indudablemente, en esta dirección. Sin ir más lejos, la UE acabó hace poco tiempo con las cuotas de producción lechera, que aún protegían a los pequeños ganaderos de multitud de localidades, que podían vivir de su pequeña producción frente a los gigantes de la industria agroalimentaria. La política europea se ha decantado por favorecer a las grandes corporaciones, aunque ello suponga una crisis devastadora no sólo económica, sino también territorial y social de extensos territorios, que llevaban siglos bajo un modelo productivo sostenible. 

 

Las diferencias de tamaño también son evidentes, y nos hemos referido a ellas en anteriores entregas. Estados Unidos posee el triple de superficie agraria que la Unión Europea, pero también tres veces menos explotaciones. Es decir, que cada explotación agraria es mucho mayor, de media, que la europea. En la UE, la media de hectáreas por explotación es de 18, mientras que en EE.UU. esa cifra es de 176. En el caso concreto de nuestro país, más del 50% de las granjas tienen menos de 5 hectáreas. Y mientras que en la UE se considera una gran explotación agraria aquélla que posee más de 50 hectáreas, en Estados Unidos, dicha clasificación se aplica a las que tienen más de 800. Con dichos datos, está claro que el TTIP supondrá en este ámbito para nosotros una dramática reconversión del actual sistema de agricultura y ganadería a menor escala, acabando con la existencia del campesinado. Las fases clave de la producción, transformación y distribución alimentaria pasarán a estar controladas por los grandes oligopolios empresariales, lo que alterará los precios que reciben las pequeñas explotaciones agrarias, rebajándolos cada vez más. Y con unos costes productivos en constante crecimiento, las explotaciones familiares tendrán muy difícil la subsistencia, encontrándose atrapadas en unos márgenes comerciales cada vez menores, siendo empujadas inexorablemente a su desaparición y extinción. 

 

Todo este proceso se vería con el TTIP incrementado y acelerado, y el hostigamiento a dichas pequeñas explotaciones agrarias familiares, típicas en nuestro mundo rural, entrará en una fase crucial y definitiva. Únicamente las mayores, o que puedan asociarse bajo otros paraguas de mayor extensión sobrevivirán, pero el resto se verán abocadas a su cierre y desaparición, lo que acarreará una total ruina no sólo para dichos pequeños productores, sino también para su entorno local, para su ecosistema natural, y para su población cercana. Modelos de negocio locales, sostenibles y necesarios para el medio ambiente, se verán sustituidos progresivamente por la hegemonía de grandes corporaciones, que pueden estar situadas a miles y miles de kilómetros de distancia, y que poseen modelos de negocio y políticas comerciales y medioambientales absolutamente agresivas. La soberanía alimentaria será totalmente eliminada, al tener que disponer de los recursos que los gigantes de dicha industria quieran imponer.  El panorama para el ámbito agroalimentario al que nos conduce el TTIP es absolutamente desolador, bajo un escenario en el que unas pocas grandes empresas multinacionales controlen todo nuestro sistema alimentario, desde las semillas hasta los productos más elaborados. Simplemente bárbaro. Continuaremos en siguientes entregas.

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16 diciembre 2015 3 16 /12 /diciembre /2015 00:00

Es soñando con lo imposible que el hombre ha realizado siempre lo posible. Los que se han conformado con lo que les parecía posible no han avanzado nunca ni un solo paso


Bakunin

Ya no hay nadie que se presente a las elecciones diciendo que no pagamos la deuda, por eso seguimos en la calle, la lucha es el único camino


Víctor Jiménez (Marchas de la Dignidad)

No basta con ganar las elecciones, hay que tumbar al capitalismo, un modelo insostenible en lo social, lo económico y lo ambiental


Manuel Millera (ATTAC-Nafarroa)

PODEMOS es alternativa electoral al bipartidismo. Al poder, me parece mucho decir. El poder no lo tienen los partidos, lo tienen los bancos, el Banco Central Europeo (BCE) y Alemania


Carlos Fernández Liria

Hoy, una España caciquil, corrupta, explotadora, depredadora, destructora de la vida, se está muriendo, pero en los últimos estertores se aferra a lo que todavía posee, arrasando con lo que queda, mintiendo y manipulando; mientras que una España libre, honesta, solidaria, cooperadora y creadora de ilusiones y dignidad, intenta abrirse camino en medio de la adversidad, tratando de dar a luz una mejor vida, más decente y más fértil


Andrés H.

Y así podríamos continuar, citando pequeñas yojas del pensamiento demostrativas del título de nuestro artículo. El hipotético Gobierno de PODEMOS tendría mucho trabajo por hacer. Han de comenzar derogando todas las contrarreformas antisociales que este indecente Gobierno del PP ha llevado a cabo durante los últimos cuatro años, y esto incluye a las leyes que decretan la austeridad a los tres niveles de la Administación Pública, la Reforma Laboral, la Reforma de las Pensiones, las reformas parciales en Justicia, la Reforma Fiscal, La Ley Mordaza, la Ley de Seguridad Privada, la Reforma del Código Penal, la LOMCE, la Reforma Universitaria, y además han de revertir las subidas del IVA, así como reintegrar a los funcionarios y resto de trabajadores públicos todo el poder adquisitivo perdido por medio de todas las oleadas de recortes practicadas. Han de revertir igualmente las privatizaciones de la Sanidad Pública, y todas las reformas parciales llevadas a cabo en el sector energético, no reconociendo el denominado "déficit de tarifa" de las transnacionales eléctricas, y derogando además la Ley de Costas y la Ley de Montes, que abrían la puerta a peligrosas prácticas privatizadoras.

 

Asímismo, debe asegurarse la recuperación para el sector público de todas las ayudas a la banca privada que se han venido practicando durante estos años, además de desarrollar los pilares para un sistema de banca pública. De igual forma, ha de dotarse de cuerpo presupuestario a leyes a las que se les ha despojado de fondos, como la Ley de la Dependencia, o la Ley Integral para la Violencia de Género, y han de establecerse nuevas reformas de calado, como la reforma de la Ley Electoral vigente, sobre todo para que el algoritmo que calcula el reparto de escaños atendiendo al número de votos de cada formación política, sea auténticamente proporcional. Igualmente, debe declararse la intención de auditar el conjunto de la deuda pública de nuestro país, y proceder al impago de la parte ilegítima de la misma, así como asumir el compromiso de implantar una renta básica de ciudadanía, para que progresivamente adopte las características de individualidad, incondicionalidad y universalidad, que es la única forma no de consolar a los pobres, sino de que no haya pobreza. 

 

Deberían además definirse de forma más completa y precisa todo un conjunto de medidas que en el anterior Programa para las pasadas Elecciones Autónomicas quedó un tanto confuso, incompleto o desdibujado, perfeccionando los fundamentos del nuevo modelo productivo, o las medidas de corte ecologista y animalista que pensamos deben contemplarse, entre otros aspectos. El Programa Electoral de alcance para las Elecciones Generales debería centrarse, en mi modesta opinión, en el reconocimiento de los tres grandes y principales sujetos de derecho, a saber: los derechos humanos (de todas las personas individualmente, objetiva y subjetivamente), los derechos de los pueblos (como derechos de las colectividades humanas que los forman, atendiendo a su soberanía), y los derechos de la naturaleza (la naturaleza como sujeto de derechos figura ya en algunas Constituciones modernas). Éstos deberían ser los tres grandes pilares sobre los que se asentara todo programa de gobierno de izquierdas que se precie, incluyendo las corrientes de pensamiento feministas, ecologistas, animalistas y pacifistas. 

 

Además de todo ello, han de atacar los diversos frentes que no estuvieron contemplados en los Programas Electorales de las pasadas Elecciones Autonómicas de mayo, simplemente porque no cabían allí, dado el ámbito competencial de las mismas. En este sentido, cabe aquí referirse a una decidida acción contra el inmenso poder de que goza la Iglesia Católica en nuestro país, a medidas para ir desmantelando las bases militares de la OTAN que tenemos instaladas en nuestro territorio, o a medidas para incrementar la acción del Estado en pro de la recuperación de nuestra Memoria Histórica, y así dotar de verdad, dignidad y reparación a los familiares de las víctimas del franquismo. Todo ello, por supuesto, enmarcado dentro de un Proceso Constituyente que ofrezca un camino a la ciudadanía para que pueda finalmente romper con el actual régimen proveniente de la Constitución de 1978, declarando para nuestro país una República (la Tercera), con organización territorial de corte Federal, y con un régimen económico Socialista, reconociendo la plurinacionalidad del Estado Español, así como el derecho de autodetermnación de todos sus pueblos. Y el momento es ahora, ya que, además tenemos muy preparado al líder de CIUDADANOS, Albert Rivera, para ejercer de tercera pata del bipartidismo, dispuesto a contemplar, llegado el caso, una gran coalición con PP y PSOE, que él ya bautizó como una especie de "Pactos de la Moncloa del Siglo XXI". Y el PP, por su parte, se deja querer. No lo podemos permitir. 

 

El problema es que, llegados a este punto, nos damos cuenta de que ninguna formación o coalición política de las que se presentan a los próximos comicios del 20D está por la labor de llevar a cabo todas estas medidas y transformaciones sociales, por lo cual la conclusión está clara: ¿Podemos? Sí, claro que podemos, el problema es que no queremos. No nos lo acabamos de creer. Por su parte, incluso aunque más de 500 ONG's, después de múltiples análisis de los programas electorales de las diferentes opciones políticas que se presentan al 20D, han concluido que el programa de la formación de Pablo Iglesias es el mejor con diferencia (aunque por supuesto, es manifiestamente mejorable en multitud de aspectos), continúa en cuarta posición en las encuestas que todos los medios de comunicación están publicando durante estos días. Y el peor programa con diferencia, el del PP, continúa como opción más votada según las mismas encuestas. No queremos creernos estos datos, porque si nos los creemos, o si se confirman el día de las elecciones, sólo podremos pensar que es lo lógico en un país que cultiva las plazas de toros, las iglesias y los campos de fútbol, mientras que recorta en Universidades, en sanidad, en dependencia o en cultura, que aún no ha alcanzado la madurez intelectual suficiente como para votar a las fuerzas políticas que defienden los intereses de la clase trabajadora, inmensamente mayoritaria. Así nos va. Lo dicho: Podemos, pero no queremos.

 

Y con respecto a esta Unión Europea de la que formamos parte desgraciadamente, la cuestión está clara: es imposible dejar de aplicar políticas de austeridad sin romper con el marco del euro, sin romper con la deuda, sin romper con la hegemonía de la banca privada y de las grandes empresas transnacionales. No es, como sostienen algunos autores, una cuestión de tener euros o pesetas en el bolsillo, es cuestión de estar o no sometidos al control de una serie de Instituciones antidemocráticas, gobernadas por el gran capital, que no rinden cuentas ante nadie, y que sólo buscan permanentemente precarizar la vida de las clases trabajadoras. ¿Y, entonces, podemos? Sí, claro que podemos, el problema es que, como los griegos, no queremos. Es imperativo por tanto expropiar a las empresas que gestionen los grandes sectores estratégicos de la economía (banca, alimentación, energía, transportes, comunicaciones, etc.), para poder poner al servicio del pueblo sus bienes, servicios y productos básicos, y poder así recuperar y garantizar como derechos humanos un conjunto importante de ellos, que hoy día se han convertido en mercancía, accesible sólo para quien puede pagarla. Es absolutamente imprescindible recuperar la soberanía monetaria, para, en base a ella, poder recuperar también la soberanía política, la económica, la energética, la alimentaria, la tecnológica, etc...¿Podemos? Sí, pero no queremos. 

 

Y al no querer, al no estar convencidos realmente de nuestro potencial como pueblo, como país, no disponemos de la fuerza social necesaria para apoyar a la fuerza política concreta que propusiera dichas transformaciones. Las revoluciones no se dictan por Decreto-Ley, sino que nacen "en callejones sin salida" (como dejó dicho Beltolt Brecht), porque la Historia nos enseña que las profundas transformaciones sociales no surgen de la noche a la mañana, sino que se gestan a lo largo del tiempo, durante años de trabajo y esfuerzo, a través de un largo camino no exento de problemas y obstáculos, que podrán vencerse únicamente desde un inmenso apoyo popular. Por tanto, sin la concurrencia de todos estos factores difícilmente podremos, porque no queremos, es decir, porque aún no estamos en el nivel de madurez social y política necesaria para disponer de la fuerza, como sociedad, que nos permita alcanzar dichas metas. Incluso contando con un programa electoral como el que necesitamos, los cambios no tendrían lugar de un día para otro, porque obtener una victoria en las urnas, no implica obtener el poder, porque el auténtico poder fáctico que nos gobierna, que es el poder económico, se resistirá e intentará impedir por todos los medios posibles que dicho programa se lleve a cabo. 

 

Y ello porque dicho poder económico posee las grandes fortunas, es dueño de los grupos financieros e industriales, de los grandes medios de comunicación, de las grandes empresas, de la banca, del gran comercio, de las grandes tecnologías, etc., y todo ello pertenece, es propiedad de una élite de la población, la auténtica "casta" que hay que asaltar. Llevar a cabo un programa de acción popular requiere ir en contra de los intereses de esta élite social, que no está dispuesta a ser desalojada del poder. Y su poder es inmenso. Dicha élite capitalista controla el Estado y todos sus resortes, ya que la clase gobernante (el bipartidismo y sus acólitos) le obedece, y por tanto controla el poder judicial, el poder político, el poder de la comunicación, y por tanto, un nuevo Gobierno que pueda (antes, como hemos dicho, tiene que querer, y  tiene que estar masivamente apoyado por la ciudadanía), debe estar dispuesto a enfrentarse a todos estos resortes del auténtico poder, entrando en conflicto con los intereses del poder económico y de todos sus agentes, y debilitando su capacidad de influencia sobre los grandes medios de producción, de servicios, de comunicación, y sobre todos los aparatos del Estado....La pregunta no es por tanto, ¿podemos?, sino más bien...¿queremos?

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15 diciembre 2015 2 15 /12 /diciembre /2015 00:00

De entre los numerosos y esperpénticos vídeos que se lanzan en estos períodos electorales, nos ha llamado la atención especialmente uno de los últimos publicados por el PP, que responde al eslogan "Somos el partido más votado, porque nos vota gente muy diferente". En efecto, describe una escena dentro del hogar de una típica familia "hipster", donde al parecer, uno de sus miembros se está pensando votar al PP, y los demás no salen de su asombro. Vamos a lo que nos interesa, porque además toca con la conciencia animalista y ecologista, que muchos movimientos sociales están intentando inculcar en la ciudadanía, para que ahora venga un partido de estas características, a apropiarse su lucha en dicho ámbito, precisamente tratándose de un partido que preconiza su absoluta insensibilidad para con estos asuntos. Vamos a la frase concreta que nos interesa, que es la que, en un momento de la conversación, el personaje comenta: "...Y que yo sepa, Rajoy...no tiene nada en contra de las ballenas". Una inocente frase, si no fuera porque está terriblemente manipulada, en el afán de este partido de obtener el voto de todos los sectores. 

 

Para desmontar esta frase, hay que comenzar desde el principio, y no dejarse llevar por las perogrulladas. Porque claro, si nos preguntamos: "¿Tiene Rajoy algo en contra de las personas sin hogar?", en principio podríamos llegar a la misma conclusión, así como si nos preguntáramos: "¿Tiene Rajoy algo en contra de los palestinos?", preguntas inocentes, a las que de entrada, también podríamos responder que no. Pero las cosas no son tan sencillas. Se me viene a la mente la famosa frase de aquéllas dos amigas que estaban conversando, y la una le decía a la otra: "Pues mi marido, en el fondo, es bueno...", y la amiga le respondía: "¿Por qué es bueno, porque todavía no ha matado a nadie?"...Hemos de distinguir por tanto la inocentada, la pregunta y la respuesta de perogrullo, del razonamiento profundo e inteligente, que es el que nos permite alcanzar las auténticas conclusiones. Centrándonos en el caso que nos ocupa, efectivamente, y si nos atenemos a la pregunta en cuestión, es cierto que ni Rajoy ni su gobierno han tenido jamás una mala palabra contra las ballenas, lo que nos llevaría a concluir que, efectivamente, no tienen nada en su contra. Pero los que hemos estudiado algo de lógica y de filosofía, sabemos que el famoso aforismo "Si P, entonces Q", no es tan fácil como  nos lo pintan. 

 

Porque en efecto, no basta con haberse pronunciado sobre un aspecto concreto, para colegir que tenemos o no algo en contra (o a favor) de dicho aspecto. Tomemos la misma pregunta, pero formulada en sentido inverso: "¿Tiene Rajoy algo en favor de las ballenas?", lo que equivaldría a preguntarse: "¿Ha hecho Rajoy algo positivo para las ballenas?". Si lo comparamos con otro de los ejemplos que poníamos más arriba, concretamente con el de los palestinos, la pregunta podría ser la misma, con diversas variantes, tales como las siguientes: "¿Apoya Rajoy al pueblo palestino?", o bien "¿Se ha pronunciado alguna vez Rajoy a favor del pueblo palestino?", o bien, "¿Se ha mojado alguna vez Rajoy por Palestina?", lo cual nos llevará indefectiblemente al NO en todas las respuestas, aunque en principio, Rajoy "no tenga nada en contra de los palestinos". Y es que existen diversos temas en los que no se puede ser, digamos, completamente neutral, pasivo, porque entonces, dicha pasividad o neutralidad va a engordar a los que están en contra, activa o pasivamente, de dicha causa o de dicho colectivo. Ya nos dejó dicho Desmond Tutu que ante la causa del opresor no se puede ser neutral, porque entonces, estaríamos en contra del débil. Por tanto, la siguiente pregunta podría ser: ¿Quién es aquí el débil? La respuesta está bien clara: las ballenas.

 

Y a partir de aquí, todo el razonamiento se nos altera. Porque si las ballenas son el agente débil, el agente que hay que proteger activamente, la pregunta ya no es "¿Tiene Rajoy algo en contra de las ballenas?", sino que la pregunta se transforma en: "¿Qué ha hecho Rajoy por las ballenas?", lo cual nos lleva a su vez a muchas variantes, como las siguientes: "¿Se ha pronunciado alguna vez Rajoy sobre las ballenas?", "¿Le han importado las ballenas en algún momento?", y otras tantas. Pero avancemos un poco más. En realidad, la causa de las ballenas es una concreta dentro de una causa mayor que es la causa del animalismo, es decir, la causa de la lucha por los derechos de los animales, por su reconocimiento, y por alcanzar una sociedad, también en este aspecto, más justa, sensible y avanzada. Y entonces, la nueva pregunta que se nos plantea es: "¿Está Rajoy por la causa del animalismo?", "¿Le ha importado alguna vez esta causa?". La conclusión, de nuevo, está clara, como las aguas fluyentes de un arroyo cristalino, porque el hecho es que jamás en los programas electorales del PP ha aparecido reflejada la causa del animalismo en su total extensión (cosa que desgraciadamente, también tenemos que extender a otras fuerzas políticas), y si ha aparecido, ha sido mínimamente, y en la práctica, no se ha hecho absolutamente nada por dignificar el mundo animal, ni por el reconocimiento de sus derechos. 

 

Es más, la causa de Rajoy y del PP está claramente en contra del animalismo, puesto que proponen (y actúan donde gobiernan) desde un enfoque claramente antianimalista, con medidas como, entre otras muchas, el apoyo a la tauromaquia, y el mantenimiento de todos nuestros salvajes festejos populares donde se torturan y se maltratan animales. Difícilmente puede importarles el mundo de las ballenas, cuando a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional, sobre todo en verano, alardean de una "cultura popular" que se basa casi en su totalidad en la más cruel práctica con todo tipo de animales. Pero aún tenemos que subir, para acabar con nuestro razonamiento, y llegar a las conclusiones finales, un último escalón. Porque en realidad, la causa del animalismo hay que entenderla en un contexto más amplio, que no es otro que el propio contexto de nuestra naturaleza, de nuestro entorno natural, de nuestros ecosistemas. Difícilmente puede afirmar una persona que le gusta (o está interesada, o es activista por) el mundo animal, desde posiciones antinaturalistas, antiecologistas, incluso antipacifistas. Y así, llegamos a la causa del ecologismo, entendido como el respeto y la conservación de la armonía natural, de la coexistencia plena del Hombre con su entorno, como la suprema manifestación del respeto que hemos de tenerle al resto de los seres vivos y de los sistemas naturales que existen en nuestro planeta. 

 

La conclusión final, ahora, está clara como la misma luz: "¿Es ecologista el PP?", "¿Apuesta por la aplicación de unas políticas de conservación del medio ambiente, y de respeto a los entornos naturales?". Podríamos poner, de nuevo, muchos ejemplos que avalan las respuestas: su apoyo al fracking, su apoyo a las energías fósiles, su negativa a potenciar las energías renovables, y su reticencia a implementar políticas de reconversión energética, o de simple evolución hacia las energías no contaminantes, entre otros muchos temas, nos dan las respuestas. Quizá la mayor y más clara expresión, en coherencia con los temas que argumentamos, sea la lucha contra el cambio climático, precisamente donde en las filas del PP tenemos, desde siempre, a sus mayores negacionistas. Porque la fuerza política por antonomasia en nuestro país que niega el cambio climático y sus efectos, o le resta credibilidad, sin duda alguna, es el Partido Popular. Sonados han sido en un pasado reciente los comentarios de Rajoy ridiculizando estas afirmaciones, y el activismo para luchar y minimizar los efectos de dicho cambio climático. Simplemente, no le conceden ninguna credibilidad al discurso científico que alarma sobre la peligrosa deriva climática y ambiental que sufrimos, a nivel de todo el planeta....A tenor de todo ello, nos volvemos a preguntar: "¿Tiene Rajoy algo en contra de las ballenas?". Quizá si el resto de la familia le hubiera razonado en estos términos al personaje del vídeo, su voto no hubiese ido al PP.

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14 diciembre 2015 1 14 /12 /diciembre /2015 00:00

Los trabajos del comité que auditó la deuda griega revelaron que los rescates no eran para salvar al pueblo o a la economía griega, sino a los bancos franceses y alemanes

Zoe Konstantopoulou (expresidenta del Parlamento griego)

Bien, vamos a abordar ya el cuarto y último apartado donde habíamos clasificado las posibles causas de ilegitimidad de las deudas públicas, relativo a la utilización de los fondos prestados. Es decir, este apartado se refiere a estudiar todos los posibles casos donde los fondos adquiridos por el préstamo mediante el cual se adquirió la deuda, se dedicaron a actividades, financiación o presupuestos ilícitos, ilegales, odiosos o ilegítimos. Y es que un préstamo cuyo objeto respeta en apariencia el derecho puede ser ilegítimo, cuando es utilizado con fines ilícitos, poco éticos o inmorales. En consecuencia, hay que comprobar, mediante el oportuno proceso de auditoría ciudadana de la deuda, que el préstamo ha sido utilizado de una manera adecuada, y para los fines para los cuales la deuda fue adquirida. En caso contrario, deberíamos hablar de causa ilícita o inmoral del contrato, situación que se encuentra respaldada en numerosas legislaciones civiles y comerciales. 

 

También podemos observar y analizar a este respecto la conducta del supuesto acreedor, y preguntarse por la legitimidad del reembolso....¿quién debe a quién? Recordemos que los prestamistas tienen una obligación de vigilancia y que el reembolso de las deudas está limitado concretamente por los principios generales del derecho, los cuales se imponen a todos los actores que intervienen en el proceso de endeudamiento. Entre estos principios, se encuentra la inequidad, la buena fe, o también el enriquecimiento sin causa. En consecuencia, una deuda contraida de una manera legal puede ser ilegítima cuando el acreedor obra de mala fe o se comporta de manera injusta, exigiendo por ejemplo el reembolso de una deuda que no ha sido utilizada para el interés general de la ciudadanía. Tenemos casos históricos que lo avalan, como por ejemplo la sentencia que se dictó en 1923 por la Corte Suprema de Estados Unidos a favor del Gobierno de Costa Rica, que había denunciado al Royal Bank of Canadá (un banco inglés) por un préstamo suscrito bajo el régimen del dictador Federico Tinoco. La sentencia fue especialmente edificante y ejemplarizadora, ya que en su argumentación, el juez afirmó que "...el Banco Royal debió probar que el dinero fue prestado al gobierno para usos legítimos. Y este banco no lo hizo". 

 

Se puede también invocar la doctrina sobre la deuda odiosa para estos casos, que incluye en la categoría de las mismas a "los préstamos contraídos con fines manifiestamente interesados y personales por parte de los miembros de un gobierno o de personas y grupos relacionados con el gobierno, fines que no tienen ninguna relación con los intereses del Estado", apostillando que "las deudas del Estado deben ser contraídas y los fondos procedentes de las mismas, utilizados para las necesidades y por el interés del Estado". Bien, sobre la base de todos estos elementos expuestos, pueden considerarse ilegítimas bajo este apartado los siguientes siete casos o variantes, que exponemos a continuación:

 

1.- Las deudas que hayan servido para el enriquecimiento personal. Situación muy típica por ejemplo durante las dictaduras, cuyos regímenes suelen incurrir en deudas absolutamente arbitrarias que sirven únicamente para el enriquecimiento personal de sus dirigentes, como ocurrió en el caso de la deuda argentina contraída bajo la junta militar entre 1976 y 1983. 

 

2.- Las deudas generadas por los rescates bancarios. Este caso ya lo hemos encuadrado también en supuestos expuestos en artículos anteriores, pero caben también en éste, ya que estas deudas descansan sobre una causa inmoral o ilícita en la medida en que el conjunto de la mayoría social del país en cuestión no es responsable de los errores cometidos por los banqueros. 

 

3.- Las deudas generadas por medidas fiscales y sociales injustas. Como sabemos, la deuda de los Estados europeos ha aumentado durante las últimas décadas debido principalmente a la bajada de los ingresos fiscales procedentes del impuesto sobre los beneficios de las grandes empresas, así como del impuesto sobre la renta y el patrimonio de las familias más ricas, en una clara ofensiva neoliberal por parte de la clase dominante. Esta situación ha sido conscientemente mantenida (mientras se quejaban hipócritamente de los pocos recursos que recaudaba el Estado) a través de una sucesión de reformas fiscales que han favorecido a las grandes fortunas y las grandes empresas privadas, en perjuicio de la inmensa mayoría social (son las famosas políticas para la élite del 1%, en contra del 99% restante). Estas políticas han sido las responsables de los tremendos niveles de desigualdad social, del enorme endeudamiento público (por socializar las pérdidas y privatizar los beneficios), así como de la existencia de mecanismos (incluso legales) para evadir impuestos, y de la propia existencia de los paraísos fiscales.

 

4.- Las deudas reclamadas por los denominados "Fondos Buitre". Designamos así a los fondos de inversión especulativos, que obtienen sus beneficios basándose en que los propios Estados han puesto los derechos humanos como objetos de mercantilización. Este sobrenombre les viene a propósito de sus prácticas odiosas, que consisten básicamente en recomprar a muy bajo precio las deudas de los Estados en dificultad, para más adelante, obligarlos por vía judicial a que les reembolsen la deuda a precio fuerte, es decir, por el importe inicial de las deudas, aumentado por los intereses y los diversos recargos de los propios procesos judiciales. Para una mayor información, los lectores interesados pueden consultar los artículos de esta serie dedicados al capitalismo del siglo XXI. Es evidente que su actuación viola de manera flagrante los principios generales del derecho, tales como la equidad, la buena fe o el enriquecimiento sin causa, a todo lo cual se añade la propia violación de los DDHH cuando los bienes, productos o servicios objeto de su especulación se consideran como tales, como en el caso de la vivienda.

 

5.- Los intereses reclamados por los bancos que han recibido fondos prestados del Banco Central Europeo (BCE). Situación muy típica, avalada por los propios Tratados de la UE, mediante la cual la banca privada puede exigir tipos de interés elevados a los Estados, cuando estos bancos han recibido fondos del BCE sólo al 0,75% o al 1%, enriqueciéndose gracias a dichas prácticas de manera indebida. Todo ello ha sido y es posible porque el BCE en realidad nunca ha actuado como un verdadero Banco Central (al estilo de la Reserva Federal estadounidense, el Banco de Inglaterra o el Banco de Japón), sino como un auténtico lobby de la banca privada europea. Por tanto, aunque en principio legal, es una situación absolutamente repudiable. 

 

6.- Las deudas externas de los países del Sur. También se puede hablar aquí de enriquecimiento sin causa, en la medida en que estos países han reembolsado varias veces sus deudas a sus países e instituciones acreedoras, como ya dejamos constancia en artículos anteriores de la serie. 

 

7.- Las  deudas que sirven para pagar antiguas deudas ilegítimas. Así, el hecho de contraer deudas para reembolsar antiguas deudas reconocidas como ilegítimas constituye de por sí una causa inmoral e ilícita. Podemos también argumentar que una deuda no pierde, incluso bajo un proceso de renegociación o reestructuración, su carácter de ilegal, ilegítima u odiosa. Por tanto, la deuda conserva su vicio de origen, que perduda en el tiempo, y no puede ser ocultado bajo nuevos endeudamientos. Continuaremos en siguientes entregas.

 

 

Fuente principal de referencia: Artículo de Renaud Vivien para CADTM

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11 diciembre 2015 5 11 /12 /diciembre /2015 00:00

(…) lo único que aumenta más rápidamente que nuestras emisiones es la producción de palabras de quienes prometen reducirlas

Naomi Klein

Vamos a enumerar los principios generales por los que deberían regirse, según las organizaciones de referencia, las políticas sociales y ambientalmente sostenibles:

 

1.- Creación de "empleo verde" para alcanzar una economía baja en carbono. En este sentido, hay que potenciar todas las profesiones u oficios ligados con el sostenimiento medioambiental, pero también hay que tenerlas en cuenta en los Planes de Empleo Público, así como en los Planes de Trabajo Garantizados que desde los estamentos y poderes públicos se puedan patrocinar. Los nichos de empleos ligados a las famosas "R" (Reparar, Reciclar, Reformar) deben orientar gran parte de las políticas públicas orientadas a la generación de puestos de trabajo.

 

2.- Conservación de la naturaleza, protegiendo, gestionando y restaurando la biodiversidad y los ecosistemas como un gran patrimonio común, y la base que sustenta nuestro entramado social y económico. Es el puntal fundamental, y los que apostamos por un Proceso Constituyente y una nueva Constitución estamos convencidos que la propia naturaleza debe reconocerse en ella como sujeto de derechos, como ya ocurre en las Constituciones más avanzadas del mundo.

 

3.- Eficiencia en el uso de los recursos naturales, reducción de residuos y de contaminación, apoyando la explotación local, ecológica y renovable, y asegurando que el consumo de recursos naturales (agua, suelo, materiales biológicos y minerales, y atmósfera) esté dentro de unos límites sostenibles. Estamos convencidos de que ello implica, más tarde o más temprano, poner en práctica políticas decrecentistas, que cambien el modelo productivo y consuman de otra forma.

 

4.- Asignación de dinero público para bienes públicos, asegurando que todas las ayudas públicas supongan un beneficio para la sociedad y el medio ambiente, y eliminando todos los elementos perversos para la biodiversidad y el medio ambiente. Ello implica acabar con las corruptelas a todos los niveles, y gestionar lo público desde otro paradigma, abandonando el principio de rentabilidad económica, para sustituirlo por el de rentabilidad social. 

 

5.- Cumplimiento del principio de que "Quien contamina, paga", huyendo de los mecanismos de compensación. Pero tenemos dos importantes observaciones que hacer aquí: la primera tiene que ver con el montante en sí de las multas, ya que las que se han impuesto hasta ahora a las grandes empresas transnacionales, han sido absolutamente ridículas en comparación con sus niveles de beneficio, y de esta forma, las multas y sanciones no cumplen su función disuasoria. Por otra parte, entendemos que tampoco el paradigma enunciado es la solución, sino sólo un apoyo, porque la imposición de sanciones a los agentes contaminantes no restaurará los efectos dañinos que producen. Véase este artículo de referencia, donde explicamos esta problemática con profundidad. 

 

6.- Modernización de las estructuras de gobierno y procesos de gobernanza, sobre todo en lo tocante a la transparencia y participación pública en el diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas ambientalistas. 

 

Bien, vamos a adentrarnos ya en las propuestas del primer gran bloque, que trata sobre la necesidad de que el combate contra el cambio climático y sus terribles efectos sea el epicentro de las políticas ambientalistas. La urgencia y gravedad del cambio climático requieren del compromiso público y privado, y de la acción política a todos los niveles, pues nos estamos jugando, en última instancia, la propia supervivencia de la especie humana en el planeta. Pero no sólo desde el Estado, sino que las Comunidades Autónomas disponen de una gran cantidad de oportunidades para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de medidas ambientales en áreas como el transporte, la energía, la producción agraria, la gestión de los residuos o la potenciación de la industria. Es necesario que todas las regiones, de mayor o menor entidad, hagan del cambio climático un eje político transversal a todas las decisiones que se tomen. En este sentido, hay que establecer legislaciones a todos los niveles (Estatal, Autonómica y Local) en materia de mitigación de las emisiones basadas en presupuestos de carbono de acuerdo a las competencias de cada Administración Pública, en áreas como el transporte, los recursos forestales, la agricultura o el medio ambiente, con objetivos de reducción de emisiones de obligado cumplimiento en todos estos sectores. 

 

Hay que cuantificar los objetivos de manera más ambiciosa que el actual reparto europeo de la carga, de acuerdo a la capacidad de cada región o Administración y su responsabilidad histórica, para poder alcanzar el nivel de "Emisiones Cero" en el año 2050. Hay que incorporar y apoyar a nivel regional medidas recogidas en la Hoja de Ruta de los sectores difusos 2020 para transporte, eficiencia energética, residuos y agricultura. Debemos establecer una política y una planificación para la progresiva adopción de medidas de adaptación al cambio climático, coordinadas y coherentes con otras regiones y países de nuestro entorno, y en consonancia con los compromisos adquiridos en los Planes Nacionales contra el Cambio Climático. Hay que declarar a los diversos territorios, después de la erradicación de ciertas prácticas, como "territorios libres de extracción y generación de combustiles fósiles y nucleares", por ejemplo libres de prospecciones de hidrocarburos y de fracking, y contra la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares, introduciendo también en la legislación de planificación territorial medidas de salvaguardia ambientales que impidan el uso del suelo para la exploración y extracción de gas de esquisto. Continuaremos en siguientes entregas.

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