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14 mayo 2018 1 14 /05 /mayo /2018 23:00
Viñeta: Cecilia Zamudio

Viñeta: Cecilia Zamudio

La misma justicia que no condena por violación a la Manada es la que condena raperos y twitteros por cuestionar a la corona y deja libres a los agresores de la Blanquerna de la Falange y Alianza Nacional. Es la misma justicia que está al servicio de la represión y persecución a cualquiera que cuestione el orden, la impunidad del fascismo, o los ataques al conjunto de la clase trabajadora. Hablamos de un aparato judicial heredero del franquismo, con una Audiencia Nacional que antes era el Tribunal de Orden Público y plena de juzgados que nunca han sido depurados. Por eso afirmamos que la lucha feminista está totalmente ligada a la lucha contra el Régimen del 78. Un Régimen que refuerza cada vez más su carácter reaccionario

Fragmento de una declaración de Lucha Internacionalista (Sección de la UIT-CI en el Estado Español)

Las manifestaciones del Patriarcado están presentes, desgraciadamente, en todas las facetas de nuestra sociedad capitalista. Sus vestigios culturales son mucho más profundos y antiguos que el capitalismo en sí, pero como buenos aliados en la consecución de sus objetivos, se necesitan y se complementan el uno al otro. Capitalismo y Patriarcado forman esa criminal alianza que nos ahoga, nos explota y nos oprime, y cuyos coletazos llegan a todos los ámbitos de nuestra arquitectura política, social, económica y cultural: nuestras relaciones laborales son machistas, nuestra justicia es machista, nuestros comportamientos íntimos y cotidianos son machistas. Son machistas nuestros modelos de relación y de familia, son machistas las respuestas institucionales, y son machistas las concepciones que se tienen sobre los trabajos y la reproducción. Es machista, en fin, nuestra visión del mundo y de la sociedad. Todo está delimitado en nuestra sociedad desde el capitalismo heteropatriarcal, que proyecta los modos y formas de pensar, de actuar y de comportarnos, así como nuestras visiones y enfoques del mundo en que vivimos. Y si tuviéramos que resumir en una sola palabra la naturaleza de dicha visión, esa palabra sería violencia. Porque tanto el patriarcado como el capitalismo generan violencia en todas sus estructuras y manifestaciones. Y no solo ello, sino que estos dos sistemas defienden a los violentos, a los corruptos, a los especuladores, a los que esquilman el planeta para seguir obteniendo beneficios. 

 

Y así, violencia laboral, violencia doméstica, violencia de género, violencia medioambiental, etc., son las diversas manifestaciones en las que el patriarcado y el capital se expresan. La violencia es consustancial a ellos. No es posible disociarla de ellos. Capitalismo y patriarcado constituyen las dos caras de una misma moneda. Ambos deben ser abolidos, erradicados de las estructuras de nuestras sociedades. El problema es que llevan con nosotros mucho tiempo, y han generado tal cantidad de dogmas, valores, principios, esquemas, tendencias y enfoques, individuales y comunitarios, que es muy difícil combatirlos con éxito. Tanto el patriarcado como el capital poseen sus propios mecanismos de defensa, en un mundo globalizado bajo el enfoque neoliberal. Las grandes corporaciones transnacionales, paradigma del capitalismo globalizado, poseen toda una legislación ad-hoc para defender sus intereses, que se coloca por encima de leyes nacionales, Constituciones y tratados internacionales. La ley de las empresas es más poderosa que los derechos humanos. Todo ello ha ido desarrollándose con la connivencia de estas grandes empresas con instituciones y gobiernos de carácter neoliberal, que nos han traído al perverso escenario que sufrimos hoy. Lo que debemos entender, por tanto, es que los planteamientos capitalistas y patriarcales viajan en el mismo tren, son parte de un mismo todo, de una concepción del mundo, de la vida, de las personas, de los animales y de la naturaleza absolutamente irracional y aberrante. 

 

Por eso, la misma lucha de las mujeres es la lucha que demanda más democracia, la lucha feminista está integrada con la lucha por los servicios públicos, por la defensa de los derechos humanos, por una política pacifista e internacionalista, por una educación y una sanidad públicas, laicas, gratuitas y de calidad. La lucha contra la precariedad laboral es la misma lucha por la que se identifican las Kellys, el servicio doméstico o las que reivindican la abolición de las terribles leyes de extranjería. La lucha contra la corrupción es la misma lucha donde están integradas las reivindicaciones para una democracia más profunda, más plena, más completa, más intensa. La lucha que reivindica la recuperación de la soberanía popular, de los Estados y de los Gobiernos contra los corsés antidemocráticos de la Unión Europea (del Capital) es la misma lucha que reivindica el derecho de autodeterminación de todos los pueblos de Europa y del mundo. Todas ellas son las mismas luchas. Comparten y respetan los mismos ideales, anhelan unos mismos modelos de sociedad. Por ello no es posible erradicar el patriarcado ni la violencia machista que nos ahoga sobre la base del nacional-catolicismo del Estado monárquico y borbónico, que desprecia la democracia y hace oídos sordos a las manifestaciones populares. Todas las luchas, por tanto, deben ser unificadas. Todos los colectivos afectados deben unir sus luchas y sus demandas, porque al final, estamos demandando parcelas o ámbitos diferentes de un mismo modelo de sociedad: una sociedad republicana, laica, participativa y solidaria, enmarcada en un Estado Federal. Una sociedad donde se respeten los servicios públicos, donde los derechos políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales estén blindados para que no sea posible su recorte ni su privatización. Una sociedad moldeada por tintes democráticos en todas sus instancias: políticas, judiciales, económicas, comunitarias, mediáticas y culturales. 

 

Por todo ello, es absolutamente necesario unificar las luchas feministas (es decir, contra el patriarcado) con el resto de luchas obreras (para recuperar las conquistas y derechos perdidos) y del resto de colectivos afectados (pensionistas, estudiantes, parados, dependientes, etc.), así como con la lucha del pueblo catalán por su soberanía (que no por su independencia, eso lo deberá decidir el propio pueblo manifestándose en referéndum). El patriarcado y el capital llevan siglos aliados para desmantelar la soberanía de los Estados, para socavar la democracia y para aniquilar los avances y conquistas de la clase trabajadora. Al patriarcado y al capital le vienen grandes los servicios públicos, y los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y medioambientales del conjunto de la sociedad, así como los derechos de las mujeres,  porque quieren seguir sometiéndolas y controlando su fuerza de producción y de reproducción. También le vienen grandes los derechos de la naturaleza y de los animales, a los que llevan explotando igualmente durante siglos. No podemos cambiar la esencia depredadora del capitalismo ni la esencia explotadora del patriarcado. Sólo enfrentándonos decididamente a ellos alcanzaremos una sociedad más justa, equitativa, igualitaria, democrática y avanzada. Aunemos las luchas contra el patriarcado y contra el capital. Nos va la vida en ello.

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13 mayo 2018 7 13 /05 /mayo /2018 23:00
Por la senda del Pacifismo (101)

Las bombas atómicas que Estados Unidos usó contra Japón tenían entre 15 y 21 kilotones y generaron un hongo nuclear que no alcanzó los 10 mil metros de altura, que no es poca altura, un avión comercial de pasajeros viaja a una altura de 10 a 15 mil metros. Pero la capacidad atómica hoy ha aumentado en cien, mil y más veces, por ejemplo, la bomba atómica norteamericana B83 tiene mil kilotones y un hongo nuclear que llega a los 20 mil metros de altura y la Castle Bravo tiene 15 mil kilotones y un hongo nuclear que alcanza los 30 mil metros de altura pero la bomba atómica rusa “Bomba del Zar” es un gigante, con 50 mil kilotones y un hongo nuclear que alcanza los 40 mil metros de altura

Nora Fernández

La descripción que nos da Nora Fernández en la cita de entradilla que hemos rescatado es absolutamente escalofriante. Y ante tamaño despropósito...¿qué puede hacer una sociedad mínimamente inteligente? Si tenemos un mínimo de sentido común, entenderemos que lo mejor es que, simplemente, estos dispositivos nucleares dejen de existir. Lo que ocurre es que la filosofía estadounidense de la posesión individual de armas de fuego (recogida incluso en su Constitución fundacional), teoría y argumento irracionales donde los haya, ha calado profundamente en el resto de países, que han entendido aplicando esta falaz lógica que la mejor manera de disuadir un ataque es estando "bien preparado" para dicho ataque, o si se prefiere, bien preparado para contraatacar. Y así, se razona peligrosamente del siguiente modo: si mi vecino tiene una bomba peligrosa yo tengo que fabricar una más poderosa que la suya. Los avances han ido enfocados por ese camino, que es el camino equivocado. ¿Cuál es el camino más correcto? La senda pacifista razonaría en cambio del siguiente modo: si mi vecino posee una bomba peligrosa, tengo que convencerle para que desista de poseerla. Es en este razonamiento en el que nos basamos precisamente para concluir que son los países nucleares los mayores culpables de la ausencia de un procedimiento de retirada nuclear, o si se quiere, de desarme nuclear. Porque mientras la comunidad internacional hace algunos avances (que vamos a comentar a continuación), las grandes potencias nucleares no están por la labor. Saben que son las que tienen "la sartén por el mango" y aplican una filosofía absolutamente autodestructiva. 

 

Rodolfo Bueno nos lo explicaba muy bien en su artículo de referencia que estamos siguiendo. Allí se nos cuenta que a lo largo de la reciente historia, la humanidad ha intentado definir qué guerra puede ser considerada justa (si es que esta acepción es aceptable) y qué requisitos debería cumplir para poder ser tildada de esta forma. Últimamente se han alcanzado acuerdos y convenios internacionales, jurídicamente vinculantes, que permiten definir cuándo, de acuerdo con el derecho internacional, una determinada guerra puede ser considerada "justa" (como decimos, con las limitaciones y reservas que este término pueda alojar). En este sentido, la Carta de las Naciones Unidas ha consagrado que toda acción militar debe ser emprendida como último recurso, debe basarse en la defensa propia y no debe agredir a civiles y no combatientes. También se hace énfasis en determinado grupo de armas que no pueden utilizarse, así como en la posibilidad de un arbitraje internacional, y en evitar ser el primero en usar la fuerza en la resolución de los conflictos. Nosotros, desde la plena asunción de la senda pacifista, llevamos propugnando esto desde el primero de los artículos de esta serie, porque entendemos que es precisamente este punto el que no se acaba de asumir sin fisuras por parte de nuestros gobernantes. Pero en el práctica, y pese a todo ello, el Departamento de Defensa de Estados Unidos considera usar armas atómicas para destruir los reactores nucleares de Irán (con quien Donald Trump acaba de romper el acuerdo firmado por su antecesor Barack Obama en 2015, junto a un buen número de países), y la OTAN, por su parte, se ha negado a descartar el uso de este armamento como medida preventiva. Rodolfo Bueno concluye de forma clara: "Es imposible concebir cómo el uso de armas nucleares se compagine con cualquiera de los requisitos mencionados por la ONU".

 

Durante la Guerra Fría (período que cubre aproximadamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta comienzos de la década de los 90 del siglo XX), la OTAN y los Estados Unidos justificaban esta actitud por la proximidad de las fuerzas soviéticas a las capitales europeas. Hoy día, y pese a que la URSS ya no existe, se niegan a revisar esta política claramente agresiva y belicista. Pero es más: nos continúan presentando a la Federación Rusa como el verdadero "malo" de la película, y por tanto continúan justificando el agresivo comportamiento que las fuerzas de la OTAN llevan a cabo, cercando y hostigando a Rusia mediante sus antiguos países satélites. No seremos nosotros quienes justifiquemos el imperialismo ruso (ya lo hemos expuesto en entregas anteriores y hemos manifestado claramente la vocación antiimperialista del pacifismo internacionalista), pero si atendemos a la historia, llegamos a la conclusión de que el imperialismo estadounidense ha hecho mucho más daño al mundo. Sin embargo, se nos continúa fomentando la idea de los "bloques" antagónicos, mostrándose para los países occidentales a Rusia como el enemigo, y a Estados Unidos como los aliados. Una inmensa falacia del mundo contemporáneo. En todos los países nuclearmente armados, con Estados Unidos a la cabeza, se fabrican regularmente nuevos artefactos nucleares, y se legitima su posesión, cuando como estamos viendo, es un peligro potencial ni siquiera imaginable en todas sus circunstancias. Se trata de una obsesión del complejo militar-industrial (hemos hablado de él a fondo en el bloque temático anterior), que desde hace décadas expone todos los argumentos posibles, por irracionales que sean, para justificar esta execrable actividad. 

 

Además, las armas nucleares no forman una categoría separada en el arsenal de Estados Unidos, sino que están integradas en el conjunto general de armas que el Presidente puede utilizar de igual manera que cualquier otro tipo, lo que complica la situación, especialmente con el actual Presidente Donald Trump, un magnate arrogante y sin escrúpulos al que le gusta jugar a ver quién es el más temerario, tanto con la clase trabajadora como con el resto de países que no se someten a sus designios. La OTAN por su parte también almacena cabezas nucleares en países europeos, hecho que ya se contempla en el tratado. Hasta el año 2005, Estados Unidos tenía almacenadas unas 180 bombas atómicas tácticas en sus bases militares de Alemania, Bélgica, Holanda, Italia y Turquía. Desconocemos cuál es el número en la actualidad. La OTAN explica esta circunstancia con el argumento de que Estados Unidos controla estas cabezas nucleares y que sólo las empleará si son atacados, pero el Movimiento de Países No Alineados reiteró su posición contraria a esta posibilidad. Es decir, que mediante las bases militares estadounidenses situadas en nuestros territorios europeos, hacemos de completos vasallos de los intereses norteamericanos, por el simple hecho de pertenecer a la Alianza Atlántica. Pero USA no solo contempla estas prácticas, sino que además, pese a las bellas palabras de algunos de sus Presidentes (no es el caso del actual, que sólo sabe insultar y provocar), incumple reiteradamente el Tratado de No Proliferación Nuclear, por ejemplo al firmar con la India el acuerdo para abastecerla de reactores y tecnología nuclear avanzada. Lo mismo puede decirse respecto a su cooperación militar con Israel y Pakistán para fortalecer y modernizar sus arsenales nucleares. Por si fuera poco, ya ha mostrado su interés en desarrollar nuevas categorías de este armamento nuclear durante la próxima década, por valor de 348 billones de dólares. 

 

Todas estas actitudes, incumplimientos y provocaciones han obligado a Rusia, basada en la justificada desconfianza que siente hacia la política militarista de Estados Unidos, a diversificar también sus armas nucleares. En esta situación, ambos países, al desarrollar ojivas nucleares tácticas de menor potencia, que pueden ser usadas sin que se produzcan grandes cantidades de radiación, ignoran y violan constantemente el TNP. Además de este tratado de No Proliferación y de los diversos foros de la ONU, existe también el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que tiene como fin impedir la extensión de las armas nucleares. Se trata de un foro intergubernamental orientado a la cooperación científica y técnica para el empleo y utilización de la energía nuclear con fines pacíficos a nivel mundial. Este OIEA se encarga, mediante inspectores internacionales, de supervisar la aplicación de las salvaguardas nucleares, y de tomar medidas para verificar que los programas nucleares para usos civiles se someten a los requisitos exigidos. Si el OIEA constata que algún Estado (de los 133 que lo componen) no ha cumplido con sus obligaciones, somete el caso al Consejo de Seguridad de la ONU, que es el único organismo habilitado para tomar medidas que remedien la infracción. Pero de nuevo, todo esto no se aplica para los cinco países nuclearmente armados, sólo para los países no poseedores de armamento nuclear. Por lo cual, como vemos, estamos otra vez ante un absurdo y un despropósito que sólo sirve a los intereses de los países que dictan a los demás lo que pueden o no pueden hacer, reservándose ellos el derecho (como si de una gracia divina se tratara) de poseer armas nucleares y de controlar su evolución, sin someterse a los dictados de ningún organismo. Continuaremos en siguientes entregas.

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10 mayo 2018 4 10 /05 /mayo /2018 23:00
Viñeta: Makhmud Eshonkulov

Viñeta: Makhmud Eshonkulov

Puntualizamos lo siguiente: la columna vertebral del sistema capitalista actual es el poder corporativo. Este poder no es homogéneo, es necesario verlo de manera dialéctica, como un conjunto de actores ; los del poder político (los representantes de los Estados) y los del poder económico (las empresas, los bancos, las lobbies etc.). Estos dos poderes se han fundido de tal forma que hay un espacio en donde Estados, empresas, instituciones, lobbies, trabajan de manera conjunta para favorecer los intereses de las élites capitalistas globales. Hoy en día este poder se materializa, sobre todo, a través del poder de las empresas transnacionales

Raffaele Morgantini

Continuando con el perverso régimen de comercio e inversión vigente, última razón del poderío corporativo actual, y de la enorme desigualdad creada por dicho motivo, hay que señalar (siguiendo con el completo y fantástico artículo de Rafffaele Morgantini, del cual hemos extraído también la cita de entradilla) que el retroceso de las conquistas sociales de los pueblos se hizo, y se continúa haciendo, en el marco de la extensión del sistema neoliberal al mundo entero (proceso que se ha dado en llamar globalización), sobre todo a través de la implementación de un nuevo régimen de comercio e inversión (es decir, de expansión empresarial) controlado y hecho a la medida del poder corporativo. Y todo ello cristalizó en base a un constructo jurídico que le daba soporte y protección en todas partes del mundo. Y así, con el paso del tiempo, una multitud de nuevos acuerdos de "libre" comercio e inversión corporativos, de carácter regional, bilateral o multilateral, forman  parte de este régimen. Estos acuerdos han desmantelado progresivamente, vaciado de su sustancia y primacía a las normas nacionales e internacionales, en favor del gran capital transnacional. Poco a poco, estos acuerdos comerciales se iban haciendo más completos y potentes, y no se limitaban a definir productos o aranceles, sino que intentaban extender la semilla de la eliminación de lo que para estas empresas eran "obstáculos" a dicho comercio, pero que en realidad eran garantías que situaban los derechos humanos, de los animales y de la naturaleza por encima de los beneficios empresariales. Para los lectores y lectoras que deseen más información sobre el asunto de los peligrosos tratados comerciales de última generación, les recomendamos nuestra serie de artículos (recientemente finalizada) titulada precisamente "Contra los Tratados de Libre Comercio".

 

El hecho de haber ganado la batalla de la primacía legal, permite a este sistema desmantelar la soberanía de los Estados (ya que incluso no son ellos mismos los que negocian estos tratados, sino instancias supranacionales, como en nuestro caso la Unión Europea), atacarlos cuando éstos deciden adoptar políticas económicas y/o sociales en contra de los intereses comerciales de estas corporaciones. De esta forma, se ha creado un caldo de cultivo para que estas multinacionales puedan actuar en cualquier parte del mundo con (casi) absoluta impunidad, sin rendir cuentas por sus crímenes corporativos, ni por las tremendas violaciones de los derechos humanos que practican. Y de esta forma, si saquean a los pueblos, si expropian propiedades, si esclavizan a sus trabajadores/as, si no respetan las leyes locales, si masacran animales, si esquilman el planeta, o si comercian con derechos humanos fundamentales, entre otras deleznables prácticas, siempre estarán protegidas, o como mucho, se les impondrá una ridícula multa que no les disuadirá de continuar ejecutando tales atrocidades. En otras palabras, esta red de acuerdos comerciales funciona como un sistema de "vasos comunicantes" que permiten a las políticas neoliberales circular, extenderse, y sobre todo penetrar e imponerse en las economías nacionales. Las empresas siempre ganan, mientras pierden los Estados y sus poblaciones. En el fondo, siempre llegamos a la misma palabra: desigualdad. Una arquitectura (en este caso de comercio e inversión) pensada, planificada y extendida para garantizar que las grandes corporaciones siempre se salgan con la suya, mientras la democracia es socavada, la soberanía ignorada, los trabajadores y trabajadoras explotadas, y la naturaleza destrozada.

 

El elemento fundamental de los acuerdos de libre comercio e inversión es su naturaleza coercitiva y vinculante, que les proporciona prioridad absoluta frente a cualquier otra legislación, incluida la del derecho internacional sobre los derechos humanos. Como hemos indicado más arriba, las legislaciones nacionales, las Constituciones de los respectivos Estados y la legislación internacional se subordinan a estos acuerdos. Incluso para los casos de litigio se crean tribunales privados internacionales de arbitraje, donde las corporaciones también se ven respaldadas frente al resto de actores. Y en caso de no cumplimiento, una serie de mecanismos de presión, chantaje y coerción política y económica entran en juego: sanciones económicas, presiones diplomáticas, y en los casos más graves, intervenciones militares, Golpes de Estado, o Golpes blandos o parlamentarios (auspiciados bajo el paraguas de la democracia, pero que en realidad son sucias maniobras al servicio del gran capital). Además, dentro del marco de estos tribunales de arbitraje, la desigualdad es plena y evidente: mientras las empresas pueden demandar a los Estados que estimen oportuno, los Estados no pueden perseguir a las empresas en caso de violaciones de la legislación nacional o internacional, laboral o medioambiental, en caso de crímenes o violaciones de los derechos fundamentales de sus respectivos pueblos. ¿Se permitiría una desigualdad tan palpable y discriminatoria en cualquier otro ámbito? Piensen los lectores y lectoras en algunos ejemplos: ¿Se permitiría que los propietarios pudieran denunciar a los inquilinos de sus pisos pero no al revés? ¿Se permitiría que empresarios pudieran denunciar a sus empleados/as pero no al revés? ¿Se permitiría que una Comunidad pudiera denunciar vecinos pero no al contrario? Podríamos pensar en más ejemplos. Saquen sus propias conclusiones.

 

Bien, expuesto todo lo cual, ¿qué habría que hacer para desmontar toda esta aberrante arquitectura de la desigualdad? Es evidente que habría que revertir todo el camino andado, lo cual no es tarea de un día. En última instancia, hay que volver a recuperar la soberanía de los Estados, y su derecho a regular en el contexto de su obligación para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos, y el compromiso de desarrollar un modelo económico alternativo que ponga las necesidades básicas de las personas por delante del lucro empresarial. Hay que garantizar la supremacía y la superioridad del derecho internacional sobre los derechos humanos en relación a las políticas de comercio e inversiones, acuerdos y convenios comerciales, y tratados de libre comercio que puedan concertarse. Se trata de recuperar el derecho al trabajo decente, a las condiciones seguras de trabajo, a la protección social y a salarios dignos. Se trata de dar valor a los servicios públicos y a los bienes públicos, de prohibir su privatización, y de blindarlos frente al continuo interés empresarial para mercantilizarlos. Y se trata de reconocer los derechos a la naturaleza y a los animales, todo ello bajo un marco de profundo respeto hacia todas las formas de vida, de cuidados, de producción y de reproducción. Todo ello no anula el mercado, simplemente lo regula, le pone límites, le impone restricciones, para que el irracional y desmedido afán de lucro de las grandes corporaciones se encuentre con determinados obstáculos en su camino, que impida que desarrollen ciertas prácticas que se están demostrando absolutamente depredadoras con el trabajo humano, con los servicios públicos y con la naturaleza. Ellas son las verdaderas fuentes de riqueza: hagámoslas respetar. Pero para poder llevar a cabo medidas que reviertan todo esto, hemos primero de sufrir una revolución en los paradigmas, en los conceptos y en nuestro pensamiento. Vamos a ir poniendo algunos ejemplos para ilustrar lo que decimos. 

 

"Los empresarios somos los que creamos la riqueza y el empleo", aseguraba, entre otros muchos, el Presidente de Mercadona, Juan Roig. Es una de las frases que se difunden como un mantra incuestionable, con sus muchas variantes. De este modo, la clase empresarial se legitima a sí misma, y se cubre de un halo de necesidad en cuanto a su existencia. Como si el empleo fuese algo etéreo, resultante de una fórmula mágica que sólo ellos conocen, y a los cuales les debemos el favor. Y hay que decirles a estos señores que dejen de manipular, que los empresarios no crean el empleo, que esto es una falacia como un castillo. El empleo no lo crean los empresarios simplemente porque no es su interés, su obsesión ni su función. El empleo es creado por la demanda de un determinado producto o servicio, es decir, por el potencial de clientes que dicho producto o servicio pueda disparar. Ellos lo único que hacen (que en el fondo y dicho sea de paso, es lo único que les importa) es poner el dinero (para ganar mucho más, claro) para que esto sea posible, y si para ello resulta que hay que contratar a 20 personas, o a 2.000, pues se contratan, al igual que si hay que comprar 50 máquinas. No nos dejemos engañar. El empleo lo crea el mercado, lo crean las necesidades, lo crea un mercado laboral adecuado, lo crea la confianza y el crecimiento económico, pero no los empresarios, que únicamente son el instrumento final para que dicha creación de empleo se formalice. Y tampoco son los únicos agentes que pueden hacer esto, también está el Estado, al que los empresarios desean reducir de tamaño, precisamente para que deje de cumplir con su labor de garante último en la creación de empleo. Y ello por una razón muy clara: a los empresarios sólo les interesa el trabajo humano rentable económicamente, mientras que al Estado también le interesa el trabajo rentable socialmente. Continuaremos en siguientes entregas.

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8 mayo 2018 2 08 /05 /mayo /2018 23:00
Viñeta: Kalvellido

Viñeta: Kalvellido

Barramos el capitalismo, el patriarcado, la corrupción y la monarquía: autodeterminémonos, desobedezcamos leyes injustas para construir una república libre, solidaria, independiente y socialista

Fragmento del Manifiesto de las CUP para el Referéndum del 1 de Octubre de 2017

En la entrega anterior ya comenzamos a exponer los primeros cinco puntos del Decálogo de propuestas generales que Manolo Monereo proyectaba y explicaba en este artículo de referencia que estamos siguiendo. Continuaremos con el resto de los puntos:

 

6.- Un Estado Social y Democrático, fuerte y eficiente. Un Proceso Constituyente debe volver a fortalecer el Estado, sus roles y capacidades. La idea neoliberal de un Estado débil que lo único que busca es socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, asumiendo los costes sociales, económicos y ecológicos de los monopolios privados, ha de ser abandonada. Lo hemos visto en los peligros de las sucesivas "crisis" que se generan, en quiénes las pagan, y en la utilización como excusa de las mismas para imponer las políticas de "austeridad" llevadas a cabo por los Gobiernos y las instituciones de la Unión Europea. Bajo el capitalismo actual globalizado, el enriquecimiento es siempre privado y oligárquico, con crisis económico-financieras que se desatan de forma cada vez más recurrente, y que son producto de las propias contradicciones del capitalismo, de la falta de control de las instituciones y organismos internacionales, y de la mercantilización creciente de los bienes y recursos públicos. ¿Cómo paramos toda esta debacle? Necesitamos recuperar un Estado Social y Democrático fuerte y eficiente, capaz de regular el mercado, de planificar y de intervenir en la economía, de asumir el rol de último garante del empleo, de redistribuir la riqueza desde los intereses de las mayorías sociales.

 

7.- Un Estado Federal, Laico, Solidario y Participativo. El Proceso Constituyente debe defender la idea de un Estado construido colectivamente por personas y pueblos, pero de forma solidaria y voluntaria. Un Estado Federal de corte participativo, donde los pueblos históricos que se remontan a muchos siglos antes de que existiera la idea de España puedan unirse si lo desean para seguir compartiendo una cultura y un destino comunes. Aquí y ahora, en la Unión Europea del capital, no existe más democracia ni más libertad ni derechos sociales que los que garantizan el Estado-nación. A las instituciones europeas no les interesa una subdivisión tendente hacia una Europea de los pueblos, ya que bajo el paradigma de la "defensa de la integridad territorial" de los Estados esconden en realidad un dominio territorial en pro del ideal del capitalismo globalizado. La oligarquía desea este modelo de Europa porque se ha convertido en la garantía última de su poder. Si los Estados se dividen, pueden perder su hegemonía política, social y cultural, algo no deseado ya que perderían su status quo. De ahí que tengan en el concepto supranacional de la Unión Europea su reserva estratégica, un poder real, efectivo, que protege sus intereses como clase y sus privilegios antidemocráticos.

 

Los pueblos de España, esa nación que los franquistas aseguraban que era la "reserva espiritual de Occidente" son una buena prueba de todo ello. La descentralización política, expresada en el llamado "Estado de las Autonomías" ha resultado a todas luces un modelo insuficiente y antidemocrático. Queremos construir mediante el Proceso Constituyente los moldes para un Estado Federal que democratice el poder económico, mediático y cultural, y que blinde todos los derechos sociales para alcanzar una democracia plena y madura, justo lo que no se consiguió tras el franquismo. Por esto, unimos la "cuestión social y de clase" con la llamada "cuestión nacional" (que no territorial) para construir un nuevo proyecto de país, una nueva sociedad, un nuevo Estado, una democracia participativa. En este sentido, el reconocimiento al ejercicio del derecho de autodeterminación de todos los pueblos que forman el Estado Español es un claro puntal de dicho modelo. Sólo desde un verdadero escenario democrático los pueblos se sentirán libres de unirse para participar de este proyecto común. 

 

8.- Una política económica al servicio de las personas. Así podríamos resumir el conjunto de transformaciones económicas que queremos emprender, la meta que queremos alcanzar, y el objetivo que el Proceso Constituyente debe proponerse. Tenemos el problema central de la profunda desigualdad existente, desigualdad que además ha llegado a asumirse por el pueblo de forma normalizada, cuando es una absoluta aberración. En la economía capitalista el trabajo es una derivada, una consecuencia, un objeto de mercantilización, y no un derecho, una forma de realización personal y una expresión fundamental de riqueza. Bajo el capitalismo un volumen razonable de desempleo sirve para disciplinar la fuerza de trabajo, abaratando los costos y contribuyendo a la expansión de la hegemonía empresarial. Los dogmas neoliberales fomentan la especulación y la búsqueda de dinero fácil, de ahí las ingentes privatizaciones que se suceden en todos los sectores y ámbitos laborales, así como en los propios servicios públicos, que dejan de sostener derechos humanos para convertirse también en objetos de mercancía. Se impulsan los bajos salarios, la precariedad, se deprime la demanda y se favorece la baja productividad del sistema. Los sistemas de protección social (desempleo, pensiones, etc.) caen, y se fomenta un sistema fiscal cada vez más injusto y con serias dificultades para poder financiar al Estado Social. 

 

Todo este perverso sistema provoca que el Estado tenga que emitir deuda pública para poder financiarse, y así, los mismos capitalistas anteriormente beneficiados por las rebajas fiscales emprendidas, compran deuda pública, es decir, siguen ganando dinero y a la vez chantajean al Estado, sometiendo la soberanía popular a sus intereses. Manolo Monereo concluye: "Así mandan los que deciden y no se presentan a las elecciones". El Proceso Constituyente debe abordar la salida de este círculo vicioso: una profunda transformación en nuestro modelo laboral y fiscal que ponga la economía al servicio de las personas, que favorezca el pleno empleo, la renta básica, los planes de trabajo garantizado, la contratación indefinida y los altos salarios, prohibiendo la precariedad, y haciendo factible un nuevo modelo de crecimiento sostenible social y ecológicamente, basado en el impulso de los salarios, la protección social y los derechos laborales, es decir, dando más poder a la fuerza de trabajo, a los recursos y necesidades colectivas y a los bienes comunes. Pero todo ello pasa también por deconstruir las falacias y falsedades de los dogmas neoliberales y capitalistas, es decir, pasa por una revolución intelectual, que debe afectar a los modos y maneras de pensar, de concebir un nuevo modelo de sociedad, de cambiar comportamientos, visiones y actitudes. Necesitamos, por tanto, y el Proceso Constituyente debe ayudar a ello, millones de revoluciones individuales en paralelo a la gran revolución social. 

 

9.- Una política de paz y seguridad colectiva que garantice la solidaridad y el derecho al desarrollo. En nuestra serie de artículos "Por la senda del Pacifismo", que sigue publicándose actualmente y cuyas entregas suelen aparecer los lunes de cada semana, los lectores y lectoras de este Blog podrán encontrar amplios análisis de los planteamientos pacifistas que necesitamos en nuestras sociedades actuales. El Pacifismo debe romper la inercia de violencia, devastación y horror que sufrimos, y a la cual contribuimos con nuestras políticas exteriores. Participando en misiones en el extranjero, sirviendo recursos militares desde nuestras bases norteamericanas en nuestro país, contribuyendo a las perversas decisiones de la OTAN, y haciendo política servil y seguidista del belicismo de los Estados Unidos no vamos en la dirección correcta. Hemos de parar y reflexionar. Hemos de romper con ciertos planteamientos militaristas instalados en nuestra sociedad, y ello pasa también por disminuir paulatinamente los presupuestos de Defensa, por dejar de contribuir al desarrollo del complejo militar-industrial, y por romper ciertos imaginarios colectivos que contribuyen a instalar conceptos y decisiones equivocadas. Básicamente, todo esto se consigue enfrentándonos a todo tipo de imperialismo, especialmente ahora que estamos pasando de un mundo unipolar a un mundo multipolar, mediante una gigantesca redistribución del poder mundial, lo cual no ha podido conseguirse anteriormente sin guerras. 

 

Pero precisamente por ello, el Proceso Constituyente debe debatir en este sentido, y acabar instalando una verdadera visión pacifista de los conflictos, entendiendo que se trata de un proceso largo, que no se conseguirá de un día para otro. Pero hay que estar convencidos de oponernos al predominio de una política basada en la fuerza de las armas, en la continuación de las guerras para reforzar al capitalismo, y en contribuir al crecimiento de los bloques militares y de la industria militar. Hay que entender la Paz, así con mayúsculas, como un verdadero derecho humano fundamental, y exigirlo y requerirlo en todo momento y lugar. En este sentido, nuestra posición como país debe ser fundamental en conflictos como el del Sáhara Occidental, el conflicto entre Palestina e Israel, y los diversos conflictos que el imperialismo estadounidense ha exportado a Oriente Medio, así como el cerco que la OTAN lleva practicando sobre la Federación Rusa desde hace ya varios años. Una política internacionalista, pacifista, de cooperación, de solidaridad y de ayuda al desarrollo, antiimperialista, antimilitarista, y basada en la no violencia, que respete y haga respetar los Derechos Humanos a nivel universal. La salida de la OTAN, la retirada de las bases militares estadounidenses de nuestro territorio, la retirada de todas nuestras tropas de zonas en guerra, y una activa negociación en pro de la solución pacífica de todos los conflictos son básicamente las líneas maestras que el Proceso Constituyente debería abordar en este ámbito. 

 

10.- Democratización de los medios de comunicación. Los grandes medios convencionales de comunicación de masas son hoy día propiedad de gigantescos conglomerados empresariales que se mueven, como todas las demás, por la obtención del máximo beneficio, y en este sentido, están igualmente interesadas en que todo el orden nacional e internacional no cambie. Todo lo que ataque al capitalismo globalizado es puesto en cuestión por estos medios, que son los grandes voceros de la derecha internacional. No existe democracia sin plena libertad de expresión. Pero la libertad de expresión está secuestrada por estos grandes medios y por los dueños de los mismos, al servicio del sistema y del pensamiento dominante. El Proceso Constituyente debe debatir y defender un espacio político y social donde quepa la libre deliberación plural, la exposición de todas las ideas por los mismos canales, en igualdad de oportunidades, el libre debate de ideas, propuestas y proyectos, y el derecho de la ciudadanía al acceso a una información plural, libre y transparente. En cambio, lo que hoy tenemos es una libertad de empresa que ahoga la verdadera libertad de expresión, secuestrando los planteamientos alternativos, y practicando un acoso y derribo a todas las opiniones disidentes. Debemos romper con todo este endiablado panorama, que sólo nos conduce a una dictadura del pensamiento dominante, y a la tiranía de los poderes fácticos que los defienden. Todo ello puede conseguirse democratizando los medios de comunicación, tanto públicos como privados. 

 

Finalizado este decálogo de objetivos fundamentales que el Proceso Constituyente debería abordar y poner sobre la mesa, continuaremos en siguientes entregas.

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6 mayo 2018 7 06 /05 /mayo /2018 23:00
Fuente Viñeta: http://canariasporlapaz.blogspot.com.es/

Fuente Viñeta: http://canariasporlapaz.blogspot.com.es/

Valga de ejemplo: de activarse todo el arsenal atómico disponible en este momento (que comparten unas pocas potencias capitalistas con Estados Unidos a la cabeza junto a Rusia y China) no quedaría ninguna forma de vida en el planeta. Más aún: colapsaría la Tierra, probablemente fragmentándose, con efectos igualmente tremendos para Marte y Júpiter, en tanto las consecuencias de la onda expansiva llegarían a la órbita de Plutón…, pero todo ese espectacular desarrollo científico-técnico no logra terminar con el hambre en el mundo (un muerto por inanición cada 7 segundos). ¡Eso es el capitalismo!

Marcelo Colussi

Nos vamos a quedar durante algunos párrafos con nuestro autor de la cita de entradilla, el gran Marcelo Colussi, uno de los pensadores más certeros de la actualidad, tomando como referencia su artículo "¿Tercera Guerra Mundial?", publicado en el medio digital Rebelion.org. Rescatamos lo siguiente de dicho artículo: "Hoy por hoy, el sistema capitalista mundial, liderado por Estados Unidos, cada vez más está manejado por inconmensurables capitales de proyección global, con megaempresas que detentan más poder que muchísimos gobiernos de países pobres. Las decisiones de esas corporaciones globales, en muchos casos exclusivamente financieras --en otros términos: parásitos improductivos que viven de la especulación-- tienen consecuencias también globales. De todos modos, la crisis los golpea. Ello es así porque el sistema económico basado en la ganancia no ofrece salidas reales a los problemas. Si lo que cuenta es seguir ganando dinero a cualquier costo, eso choca con la realidad humana concreta: vale más la propiedad privada que la vida humana. ¿Vamos inexorablemente hacia una nueva Guerra Mundial entonces? En esa lucha por mantener la supremacía, o dicho de otro modo, por no poder un centavo de la ganancia capitalista, la geoestrategia de Washington apunta a asfixiar por todos los medios a sus rivales, a sus verdaderos rivales, que no son ni la Unión Europea ni Japón, que son, sin vueltas de hojas, el eje Pekín-Moscú. La guerra, lamentablemente, es una de las opciones, quizá la única, en esta lucha a muerte. Comentario marginal: hablamos de civilización, pero por lo que se ve, la dinámica humana no ha cambiado mucho en relación a la historia de nuestros ancestros: las cosas se siguen arreglando --más allá de cualquier pomposa declaración-- en relación a quién tiene el garrote más grande. El pequeño --y desgarrador-- detalle es que hoy, ese garrote se llama misil balístico intercontinental con ojiva nuclear múltiple". 

 

Y continúa: "De darse un enfrentamiento entre los gigantes, definitivamente se usaría material nuclear. Los países que detentan armas atómicas son muy pocos: Gran Bretaña, Francia, India, Pakistán, Israel (aunque oficialmente declara no tenerlas), Corea del Norte, China, todos ellos en una escala moderada, y en mayor medida, con infinitamente mayor capacidad destructiva: Rusia y Estados Unidos. A la Unión Soviética la terminó asfixiando la carrera armamentista; a Estados Unidos, el negocio de las armas le provee una cuarta parte de su economía. De hecho uno de cada cuatro de sus trabajadores laboraba en la industria bélica. Es obvio que la guerra alimenta al capitalismo. Pero sucede que jugar con energía nuclear es invocar a los peores demonios. No hay duda de que para esas megaempresas ligadas a la industria militar (Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Honeywell, Halliburton, BAE Systems, General Motors, IBM), todas estadounidenses, la guerra les da vida (¡y dinero!). El problema trágico es que hoy, pese a las locas hipótesis de "guerras nucleares limitadas" que existen en el Pentágono, si se desata un conflicto, nadie sabe cómo terminará, y la citada expresión de Einstein puede ser exacta. Por eso es que en defensa de toda la Humanidad y de nuestro planeta debemos luchar denodadamente contra esa enfermiza, perturbadora posibilidad". Y es que las armas nucleares son las únicas armas de destrucción masiva que todavía no se han prohibido de forma universal, a pesar de las consecuencias humanitarias y ambientales bien documentadas que se poseen. Por ejemplo, las armas biológicas y químicas, las minas antipersona y las bombas de racimo están explícitamente prohibidas por el derecho internacional. Pero en lo que se refiere a las atómicas, sólo existen prohibiciones parciales. 

 

Pero además de la propia comunidad internacional, representada sobre todo por la ONU, debemos instar al mundo de la iniciativa privada a que abandone la financiación de los proyectos nucleares. En la actualidad, unos 400 bancos privados, fondos de pensiones y aseguradoras continúan financiando, con el dinero de sus clientes, la producción de armas nucleares. Unas armas, como decimos, que en caso de utilizarse generarían daños catastróficos a la humanidad, ya que de todas las armas creadas por el hombre, las nucleares son las más destructivas, inhumanas e indiscriminadas. Debido a la escala de devastación que causan, y a sus terribles consecuencias radiactivas (que son persistentes, se propagan y producen daños genéticos durante varias generaciones), las armas nucleares no admiten parangón con otras. Son una clara amenaza a la supervivencia humana. Una sola bomba nuclear detonada sobre una gran ciudad podría matar a millones de personas. El uso de cientos de bombas nucleares alteraría el clima global y causaría una hambruna generalizada, destruyendo el planeta tal como lo conocemos. No existiría entonces respuesta humanitaria posible a tanta devastación. Y frente a todo ese peligro potencial...¿cuál es la respuesta de los países? Pues veamos: la inmensa mayoría de los mismos (un total de 151) apoyan la prohibición total del uso de estas armas, y luego tenemos un conjunto de 22 países que no se comprometen a dicho desmantelamiento, y otro tercer grupo de 22 que se oponen tajantemente a dicha prohibición (entre los cuales está España), lo cual dibuja un panorama ciertamente preocupante para la comunidad internacional. Para un listado completo de todos los países situados en dichos grupos, así como la postura concreta de cada país, recomendamos la referencia de esta página del sitio web de ICAN

 

Desde el punto de vista de la senda pacifista, es evidente que cuanto mayor sea el número de países que dispongan de armas nucleares, mayor será el riesgo de que sean deliberadamente utilizadas, o de que se desencadene un conflicto nuclear, o de que un cierto país bombardee preventivamente las instalaciones de sus adversarios (aunque esto último se lo reservamos exclusivamente a EE.UU.), o de que armas, municiones o materiales concretas caigan en manos de grupos terroristas. Por todo lo cual, la proliferación nuclear es uno de los peligros más graves para el futuro de la humanidad. Para el sabio norteamericano Noam Chomsky, una posible guerra nuclear, junto al cambio climático, son los mayores peligros que acechan el destino de la especie humana en nuestro planeta. Y al igual que para el gran problema del cambio climático se adoptan grandes acuerdos en conferencias internacionales, cuyos compromisos no se respetan, igual ocurre con el asunto de la tecnología nuclear. Lejos de destruir las armas nucleares existentes y renunciar a su investigación futura, los países poseedores de armamento nuclear cuentan con programas bien dotados de fondos para modernizar sus arsenales a largo plazo. Lo primero y fundamental es conseguir que todos los países se adhieran al Tratado de No Proliferación Nuclear, después que exista un mecanismo de verificación universal y eficaz de comprobación de que todos los países respetan lo acordado, y en tercer lugar, que la comunidad internacional posea la capacidad de tomar medidas enérgicas para los países transgresores del tratado, que disuadan a los demás países de imitar al transgresor. Desgraciadamente, ninguno de estos tres estadíos se ha alcanzado aún, por lo cual la situación es muy preocupante, pues la deriva nuclear se sitúa al albur de las decisiones concretas de las potencias imperialistas, y de sus países aliados. 

 

La situación internacional derivada del TNP es ciertamente absurda e injusta, pues consagra y legitima un sistema que permite sólo a 5 Estados poseer arsenales atómicos, mientras prohíbe a todos los demás obtenerlos. Igualmente, se recela de algunos países que declaran abrir líneas y proyectos de investigación nuclear con fines pacíficos, mientras se ignoran los peligros de que otros países posean armas nucleares encubiertas. Las cinco potencias nuclearmente armadas ignoran también las tendencias relativas al desarme nuclear, e incluso cuando se firman tratados vinculantes multilaterales, normalmente se incumplen por algunas o por todas las partes implicadas. Impera la desconfianza, el descontrol, el belicismo, la dominancia y la beligerancia de determinados países, a todo lo cual hay que unir la escasa fuerza de la ONU para hacer respetar sus resoluciones. Vivimos en un mundo, a este respecto, dividido, desengañado y desamparado. Un mundo hostil que se prepara para más hostilidad, un mundo inconsciente del peligro al que se ve sometido, y un mundo donde la voluntad de unos pocos puede imperar sobre los deseos y necesidades del resto. Un caso especialmente singular es el de Israel. Apoyado por Estados Unidos de forma inquebrantable y por el resto de potencias aliadas, se tiene conocimiento de la existencia de su arsenal nuclear, aunque Israel nunca lo ha confirmado ni negado. Y como decimos, con su actitud desprecia a la comunidad internacional, violando continuamente las resoluciones vinculantes de los tratados de la ONU, y no respetando los acuerdos alcanzados. En cualquier caso, son los países nuclearmente armados los principales responsables no sólo de la escalada nuclear creciente, sino de que el mundo en su conjunto no adopte medidas decisivas de cara al completo desarme nuclear. Son las más grandes potencias enfrentadas las que tienen que dar ejemplo, porque son ellas precisamente las que pueden desencadenar un conflicto de hecho. Son ellas las que poseen los arsenales nucleares, y las que carecen de voluntad política para destruirlos. Continuaremos en siguientes entregas.

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3 mayo 2018 4 03 /05 /mayo /2018 23:00
Arquitectura de la Desigualdad (88)

Con independencia de la bandera a cuya sombra transcurra su existencia, un pobre nunca podrá ser un ciudadano libre, pues la única nación en la que está abocado a vivir será el Reino de la Necesidad

Cive Pérez

¿Cómo podemos entonces revertir la arquitectura de la desigualdad en lo que se refiere al enorme poder de las grandes empresas transnacionales? Su poder, como decimos, gracias al capital globalizado, es ciertamente inmenso. Pero existe una línea de trabajo que podemos emprender desde los movimientos sociales, colectivos afectados y fuerzas políticas de izquierda, que consiste en delimitar y hacer respetar la frontera entre el poder de las empresas y la garantía de los derechos humanos. Si conseguimos (y el mercado y el ámbito laborales están muy relacionados evidentemente con todo esto) que el conjunto de la ciudadanía entienda que son dos ámbitos en conflicto (cosa que aún no se acaba de comprender, gracias a la ideología y al pensamiento dominante) habremos dado un paso de gigante, pues podremos comenzar a abrir camino hacia las garantías laborales, y de ese modo acabar con la precariedad. Dejémoslo claro por tanto: bajo la actual arquitectura de la desigualdad, las empresas transnacionales están enfrentadas a los derechos humanos. Esto es algo que hemos de aceptar de forma clara y rotunda. Quien vea fisuras en esta afirmación es que aún no es consciente del tremendo poder de estos grandes agentes del capitalismo, por lo cual le recomendamos que relea las entregas anteriores de esta serie. Bien, si aceptamos por tanto la afirmación realizada, está claro que hemos de poner límites a la impunidad jurídica de las corporaciones, cortar el vínculo entre el poder económico y la democracia, desprivatizar ciertos aspectos relativos a los servicios y bienes públicos actualmente mercantilizados, e impedir el continuo saqueo practicado con la naturaleza. 

 

Pero llevar a cabo todas estas acciones será muy difícil bajo un marco regulatorio internacional favorable a las empresas transnacionales, lo cual no significa que desde los ámbitos locales no se pueda actuar para revertir estos procesos. Diversas medidas, tácticas y estrategias pueden ponerse en marcha para que los efectos de la globalización capitalista hagan el menor daño posible a nuestros mercados laborales, legislando contra la precariedad, favoreciendo a las empresas que se comporten de forma socialmente responsables, y sobre todo, volviendo a recuperar para el ámbito público bienes, suministros, actividades y servicios que ya se encuentran dentro del ámbito privado. Con todo ello habremos dado pasos de gigante en favor de la igualdad. En un segundo estadío, la meta es ampliar el marco normativo del derecho internacional sobre los derechos humanos, para extenderlo también a los animales y a la naturaleza por sí misma. Al ser reconocidos como sujetos de derechos, podremos legislar y prohibir su continua explotación por parte de las empresas, y evitar los graves efectos derivados de estas execrables prácticas, tales como una mayor conciencia animalista y el freno a las diversas prácticas que están disparando el cambio climático a marchas forzadas. El estadío final es alcanzar un nivel de gobernanza democrática de tal forma que pongamos fin al libre albedrío y a la impunidad de la que gozan las grandes corporaciones, y evitemos los nocivos efectos que proyectan sobre los trabajadores y las trabajadoras en todo el mundo, y la degradación de los ecosistemas naturales. La prevalencia de los derechos humanos (en este caso, aplicados a un mercado laboral más racional y regulado) ha de ser total. No podemos consentir por más tiempo la salvaje situación que padecemos, que deja en manos del gran capital el destino de millones de seres humanos, que se convierten en simples piezas a su servicio. 

 

Por su parte, hay que deconstruir los grandes monopolios u oligopolios corporativos, hay que recuperar la soberanía alimentaria de los pueblos, hay que reivindicar los derechos campesinos, hay que impedir el constante abuso corporativo sobre la propiedad intelectual, hay que establecer entornos legales que primen la atención a las personas de forma universal sobre los beneficios empresariales (por ejemplo, para el sector de la salud), y hay que intentar cerrar todos los huecos y vacíos legales de tipo jurídico en el derecho internacional en todo lo relativo a las grandes empresas transnacionales. Hay que reconceptualizar el significado (hoy día absolutamente manipulado y magnificado) de la seguridad jurídica, y hay que crear instancias y tribunales internacionales donde los pueblos, las personas y los Estados puedan dirigirse a la hora de litigar con ciertas garantías contra estas megaempresas. Pero sobre todo, en lo que aquí nos ocupa (que es todo lo relativo a su poder en el mercado laboral, y sus injusticias derivadas), hay que revolucionar las relaciones entre las empresas multinacionales y las normas del trabajo, derogando leyes regresivas o contrarreformas, y volviendo a diseñar para este siglo XXI una herramienta universal como el Estatuto de los Trabajadores (al lado de organismos internacionales, como la OIT) que ofrezca plenas garantías de derechos, protecciones y coberturas. Pero dicho todo esto, quizá el mayor escudo de las empresas transnacionales sea el perverso régimen de comercio e inversión vigente, y auspiciado por organismos tan peligrosos como la OMC (Organización Mundial del Comercio) y los Tratados de Libre Comercio de última generación (TPP, TTIP, TISA, CETA...), a los cuales les hemos dedicado recientemente toda una serie de artículos, que recomiendo a los lectores y lectoras que no la hayan seguido. Seguiremos a continuación datos, opiniones e informaciones que nos proporciona Raffaele Morgantini en este artículo aparecido en uno de los números de la revista América Latina en Movimiento (ALAINET), y difundido también por el medio digital Rebelion.org.

 

La desigualdad laboral viene enmarcada en un proceso de desmantelamiento de los históricos derechos laborales conquistados por la clase obrera al gran capital. La globalización neoliberal ha contribuido a ello, y se enmarca en el fondo en la misma dinámica que niega el derecho a decidir de los pueblos, y la propia soberanía de los Estados. La globalización pretende imponer su visión del mundo, y por tanto, se opone a cualquier réplica que desde estas instancias se pueda lanzar. Se impone una nueva lógica corporativa desde las élites económicas mundiales, y los altos directivos de las organizaciones internacionales guardianas del nuevo orden neoliberal, y en este sentido, la prevalencia de los derechos comerciales de las grandes empresas tienen absoluta prioridad. Todo comenzó con los procesos de privatización de las grandes empresas públicas, la desregulación sistemática de los aparatos económico-industriales nacionales, y de los derechos laborales, sociales y ambientales. Aunque parezca que cada cosa va por su lado, hay que verlo todo en un solo paquete, pues todo forma parte de una misma estrategia conjunta, que responde a un mismo fin y objetivo compartido, que no es otro que estas grandes empresas transnacionales se impongan en los sectores estratégicos de la economía. Recetas como la internacionalización de las empresas, sus deslocalizaciones, la apertura de mercados en países del Sur (donde se podían imponer bajos salarios y nulas protecciones sociales), la liberalización del comercio y la aceptación de la posición dominante de las grandes empresas, respondieron a este macabro objetivo. Pero lo cierto es que desde el principio, la actividad de todas estas grandes empresas estuvo asociada a las más sangrantes violaciones de los derechos humanos, y al constante expolio de la naturaleza. 

 

Pero lógicamente, para proteger este entorno y proporcionar legitimidad y respaldo legal a la actividad de las empresas, era necesario desarrollar un nuevo marco jurídico-normativo donde insertar "legalmente" sus mafiosas actividades. Y así, la nueva estructura económica internacional sitúa en el epicentro de la misma al poder corporativo transnacional. La deriva ha consistido no sólo en que estas grandes empresas han acaparado cada vez mayor número de actividades, sino que lo han hecho prácticamente sin fronteras, sin límites a la naturaleza de tales actividades, y pisoteando los marcos laborales nacionales e internacionales. La arquitectura de la desigualdad está, también aquí, servida. Se abrió la puerta a un nuevo Derecho Internacional Privado, dominado y erigido a propósito para el ilimitado poder corporativo. Un nuevo orden internacional que desafía a la propia democracia, a los derechos humanos y a todo cuanto se interpone en su demencial camino. El derecho corporativo prevalece hoy día sobre el derecho internacional de los derechos humanos, sobre el derecho laboral internacional y sobre las normas medioambientales. Los marcos legales y normativos han sido instrumentalizados en favor de las empresas y en contra de las personas, los pueblos y la naturaleza. El panorama surgido de tales aberraciones está claro, y lo sufrimos diariamente: abusos de poder empresarial, estafas económicas masivas, generalización de la precariedad laboral, ausencia de protección social, existencia de puertas giratorias, influencia cultural en los paradigmas de pensamiento, existencia de un consumismo alienante y compulsivo, desarrollo de peligrosos procesos extractivistas, negación del derecho al trabajo y a la seguridad social, acoso y derribo al sindicalismo, aprobación de contrarreformas laborales, desnaturalización y desvirtuación del trabajo humano, desprecio a las normas medioambientales, conversión de derechos y servicios públicos en objetos de mercantilización, etc. Todo ello lo podemos resumir en la palabra sagrada: Desigualdad. Continuaremos en siguientes entregas.

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1 mayo 2018 2 01 /05 /mayo /2018 23:00
Viñeta: ENEKO

Viñeta: ENEKO

El rey está desnudo. La monarquía está desnuda. El poder del Estado Español está desnudo. Han evidenciado cuál es su esencia. Ante este hecho, y ante la derechización de nuestro entorno político y social, ante las medidas fascistas, intervencionistas y golpistas de nuestras instituciones, ante la aprobación en el Senado del artículo 155 por parte de una clase política reaccionaria encarnada por el tridente PP, PSOE y Cs, a la izquierda, al pueblo y a las fuerzas progresistas del Estado Español sólo les queda una respuesta coherente: acompañar y respaldar al pueblo catalán y tomar el testigo de la rebelión catalana

Colectivo “Voces en Lucha”

La situación de podredumbre política y social en la que nos encontramos es patente, y nos conduce a una involución democrática sin límites: la surrealista situación catalana, la execrable sentencia a los cinco violadores que se hacen llamar "la manada", la dimisión de políticos por robar cual vulgares delincuentes (pero no por prostituir las instituciones a su servicio, como acaba de ocurrir con Cristina Cifuentes), la escalada perversa que coarta la libertad de expresión y condena, multa y encarcela a activistas sociales, blogueros, tuiteros, gente del espectáculo, manifestantes, etc., todo ello y mucho más está llegando a producir un hedor asqueroso que emana de nuestra sociedad, y que nos sitúa cada día en la imperiosa necesidad de levantar un proceso destituyente, para proceder después a un proceso constituyente, que levante alfombras, abra ventanas y permita renovar nuestra clase política, los poderes del Estado y nuestras instituciones. La situación que vivimos es absolutamente patética y bochornosa, propia de un país no digo ya tercermundista, sino cuartomundista. Los signos o movimientos que se están viendo no son más que simples recambios para que el vil y corrupto sistema que nos gobierna continúe haciendo de su capa un sayo. Como tantas veces hemos afirmado, la reforma no es posible. Sólo cabe la ruptura democrática y un nuevo proyecto de país basado en otros valores, en otros sistemas y en otras instituciones. Renovar los poderes del Estado se ha vuelto una tarea prioritaria, y derogar ciertas leyes y transformar otras se torna una imperiosa actividad de regeneración democrática. 

 

Mientras las fuerzas políticas más votadas continúen siendo aquéllas que apoyan sin fisuras el anquilosado y anacrónico régimen del 78 no habrá nada que hacer. Por eso necesitamos un Proceso Constituyente apoyado por todo el frente de fuerzas políticas y sociales de la izquierda, y por todos los sectores y colectivos víctimas de este injusto sistema. Mientras la Triada PP+C's+PSOE continúe siendo fuerza mayoritaria, impulsarán la restauración borbónica, incluyendo únicamente pequeños cambios cosméticos para dar la impresión de que las cosas van mejor. Como mucho, estas tres fuerzas políticas y los que las apoyan pretenden reformar la Constitución del 78 tímidamente, profundizar nuestra dependencia de las instituciones supranacionales europeas, y dar más libertad y alas al gran capital para que continúe su disparatada senda del esclavismo social y laboral. Frente a todo ello, nosotros, mediante el Proceso Constituyente, debemos impulsar una completa transformación de la sociedad para que pase a funcionar con parámetros bien distintos, bajo otras prioridades, hacia otros objetivos. En el corazón mismo de dichas transformaciones, debemos situar el rescate de nuestra soberanía en todos los ámbitos: soberanía monetaria, soberanía económica, soberanía política, soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía tecnológica, soberanía medioambiental. Sólo un país realmente soberano posee la autonomía y la independencia necesarias para plantear transformaciones sustanciales de sus estructuras de poder. Ello debe plasmarse en la implementación de una serie de transformaciones que incidan sobre todo en la profundización democrática, para que la soberanía de la que hablamos provenga realmente del pueblo, es decir, vuelva a ser una soberanía popular (que no nacional), tal como expresaba la Constitución Republicana de 1931. 

 

Una profundización democrática centrada y pensada para las mayorías sociales, que blinde todos los derechos humanos en todas sus facetas, y que ponga (como ya afirma en vano nuestra actual Constitución) toda la riqueza del país subordinada al interés general. Un nuevo proyecto de país enfrentado totalmente a los paradigmas del capitalismo neoliberal, que garantice los derechos humanos, de los animales y de la propia naturaleza, todo ello como una construcción colectiva al servicio de una sociedad avanzada, plural, libre, justa y equitativa. Una sociedad radicalmente respetuosa y democrática, basada en los pilares de la igualdad, la cooperación, la solidaridad y los bienes comunes. Este es el modelo al que queremos aspirar, y el Proceso Constituyente ha de definir sus bases, concretar sus propósitos, y redactar finalmente una nueva Constitución que responda a todo ello desde todos los frentes. Vamos a basarnos a continuación en este maravilloso decálogo que propuso Manolo Monereo en este artículo para el medio Cuarto Poder, en mayo de 2016, pero que se sitúa dos años después en rabiosa actualidad y en plena vigencia: 

 

1.- Derecho a decidir. Pero decidir en su amplio sentido, ya que este concepto se ha empleado eufemísticamente para referirse a algunas decisiones parciales. Y así, queremos decidir nuestro futuro, nuestros derechos humanos básicos, el modelo de sociedad que queremos, nuestro modelo de Estado, nuestro modelo de mercado, de relaciones laborales, y los límites y fortalezas de nuestra democracia. En una palabra, queremos poder decidir sobre todos los aspectos que nos conciernan de forma colectiva e importante. 

 

2.- Soberanía popular. En efecto, la soberanía popular y todas las manifestaciones y decisiones que de ella se derivan deben situarse en el centro del proceso. En este sentido, y como ya hemos indicado, necesitamos toda una serie de transformaciones y ampliaciones de nuestro actual marco democrático, para profundizarlo y para volverlo pleno y real, tangible y expansivo. Ningún poder externo o interno debe poder eludir o subordinar nuestra soberanía popular, lógicamente sin perjuicio del conjunto de tratados, convenios y acuerdos que podamos suscribir con otros pueblos, comunidades, instituciones, naciones, países o Estados. 

 

3.- Alcanzar una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales, "una sociedad de trabajadores y trabajadoras de toda clase" (como ya definía la Constitución Republicana de 1931). Pero entendiendo el trabajo humano no como sumisión, dependencia o esclavismo, sino como realización humana, como riqueza fundamental y como redistribución y reparto de la misma. Para alcanzar este estatus social avanzado hay que renunciar (individual y socialmente) a los perniciosos valores que nos ha ido imponiendo el neoliberalismo (ya los expusimos  a fondo en este otro artículo), y volver a recuperar los valores sociales y universales que inspiran el socialismo. Hay que recuperar la función social del trabajo, de la propiedad, del bien común, y entender que la producción y reproducción de nuestras vidas requiere de un enfoque y de una visión comunitarias y sociales a las cuales no es posible renunciar. 

 

4.- Alcanzar una democracia económica. En efecto, y como también explicamos en este otro artículo (y en muchos más de nuestro Blog), la democracia económica es el estatus más avanzado de la misma, su máxima expresión, su cénit expansivo. Y así, la democracia nunca lo será de forma plena si no alcanza también al centro de trabajo, a la fábrica, a la empresa, al poder económico. En palabras de Manolo Monereo: "Los que mandan y no se presentan a las elecciones tienen tanto poder hoy que capturan al Estado y convierten a nuestras democracias en un instrumento de legitimación de su poder oligárquico". Debemos aspirar a una democracia donde imperen empresas públicas y privadas democratizadas y eficientes, un sector privado donde pueda seguir funcionando el mercado (lógicamente supeditado al interés general y sin dejar a nadie en la estacada), una economía social y cooperativa fuerte (capaz de impulsar nuevas formas de gestión y autogestión colectivas), y un sector público que recupere su poder y su iniciativa, que vuelva a ser garante del trabajo, la socialización de la inversión y la cobertura de todos los servicios públicos bajo naturaleza universal, gratuita y de calidad. 

 

5.- Definir un nuevo modelo productivo sostenible desde los puntos de vista humano, social y medioambiental. Un modelo laboral que impida la precariedad, que destierre la hegemonía empresarial, que consagre el respeto a los derechos sociales y laborales, que invierta en nuevas tecnologías y en I+D+i, que anule los enormes poderes del capital financiero, las relaciones de dependencia de nuestra economía de las grandes empresas transnacionales, que reparta el trabajo y los beneficios, que recupere la función social del trabajo dando valor a los trabajos comunitarios, de restauración, ecológicos, de reconversión y de cuidados, y que extirpe el machismo y todas sus manifestaciones derivadas (la brecha salarial, la división sexual del trabajo, el techo de cristal y la feminización de la pobreza). Un nuevo modelo productivo que dé valor a la rentabilidad social y no sólo a la económica, que mida la riqueza nacional en función de otros parámetros (y no sólo por el PIB), que dé importancia a la felicidad e integración laborales, a la productividad surgida del buen ambiente laboral, y que conceda menor importancia a los sectores productivos clásicos (sector servicios, turismo, construcción, etc.), recuperando la base industrial propia.

 

Aún nos quedan el resto de puntos de este catálogo. Los continuaremos en la próxima entrega. 

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29 abril 2018 7 29 /04 /abril /2018 23:00
Fuente Viñeta: Colectivo "Utopía Contagiosa"

Fuente Viñeta: Colectivo "Utopía Contagiosa"

La perspectiva de la raza humana se ha oscurecido más allá de cualquier precedente. La humanidad se enfrenta a una clara alternativa: O bien morimos todos o bien adquirimos un ligero grado de sentido común. Un nuevo pensamiento político será necesario si se quiere evitar el desastre final

Bertrand Russell (reflexión aparecida en el Glasgow Forward, agosto de 1945, en referencia a los bombardeos de Nagasaki por EE.UU.)

¿En qué situación estamos actualmente en cuanto a armamento nuclear? ¿Son fundadas las sospechas de su existencia? Pues veamos: según este reciente artículo publicado en el medio Tiempo Argentino, existen en el mundo más de 17.000 armas nucleares, repartidas entre nueve países, 2.000 de ellas situadas en estado de "Alerta Alta". Tomaremos como referencia algunos de sus datos e informaciones. El estado de "Alta Alerta" implica su preparación para poder ser usadas en cuestión de segundos, y con un poder de destrucción muy superior (ya lo comentamos en la entrega anterior, cuando comenzábamos este bloque temático) al de las arrojadas por los Estados Unidos en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Sólo entre Rusia y Estados Unidos, suman el 92% del total, con 8.500 y 7.700 respectivamente, según un informe de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas (ICAN), la organización que fue galardonada en octubre del pasado año con el Premio Nobel de la Paz por su labor a favor del desarme. Además de esos dos países, que forman como decimos la peligrosa punta de lanza, Francia (con 300), Reino Unido (con 275), China (con 250), Pakistán (entre 100 y 120), India (entre 90 y 110), Israel (80), y Corea del Norte (entre 10 y 60) poseen también armas nucleares, pero curiosamente, solo los primeros cinco lo hacen de forma "legal", en virtud del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (NPT, por sus siglas en inglés), firmado en 1968.

 

Bien, una duda nos asalta antes de continuar. Mejor dicho, dos dudas. La primera es de todo punto lógica: ¿se firma un tratado internacional de "no proliferación" de armas para permitir que algunos países las posean y otros no? ¿Algún lector o lectora entiende la lógica de este tratado? Sin más comentarios. Segunda duda, o mejor dicho, reflexión: ¿no es extremadamente curioso que aún apareciendo Corea del Norte como el último de la lista de los países poseedores de armas nucleares, sea el más peligroso de todos según nuestros medios de comunicación? Dejo dichas reflexiones a la interpretación de los lectores y lectoras. El Tratado de No Proliferación antes referido, firmado por 190 Estados, estableció la prohibición del desarrollo nuclear a todos los firmantes, excepto a los llamados "Estados Nuclearmente Armados", que eran los que, al momento de la firma del tratado, ya habían realizado un ensayo nuclear. Bien, lógico hasta aquí...Pero si el tratado es de no proliferación...¿Por qué a dichos países se les permite seguir proliferando y al resto no? Vamos a expresarlo de otra forma: ¿Por qué es un escándalo que Irán realice una serie de experimentos con uranio empobrecido pero no lo es que Donald Trump afirme que "posee el botón nuclear más gordo"? ¿No parece más bien que nos guiamos por una doble vara de medir? ¿La no proliferación es sólo para los países escogidos o para todo el mundo? ¿Quiénes deciden quién puede proliferar y quién no? Como vemos, todo es un absoluto despropósito. Concretamente, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, que se encuentran fuera del acuerdo, lo han criticado argumentando (con mucha razón, por lo que estamos viendo) que crea un club de países "nuclearmente ricos" y un grupo de países "nuclearmente pobres", sin explicar bajo qué motivos o fundamentos éticos se realiza esta irracional distinción. 

 

Durante los últimos años, Irán, pero sobre todo el programa nuclear de Corea del Norte (enemigo histórico de USA desde la masacre a la que fue sometido durante la guerra de 1950-53) es el que más tensión ha generado en el mundo, instalando la idea de que una guerra nuclear es posible, y concitando todo tipo de tensiones entre sus defensores (únicamente China) y sus detractores (el resto, con Estados Unidos a la cabeza). Rusia se mantiene en este aspecto neutral a simple vista, pero también lleva sus propios intereses. La senda del Pacifismo no puede justificar en absoluto ninguna escalada armamentística, y mucho menos nuclear, pero dicho esto, hay que comprender la actitud histórica de Corea del Norte, que entiende que sólo una actitud belicista fehaciente tendrá como resultado el "respeto" de Estados Unidos. Porque lo cierto es que USA jamás ha consentido cualquier tipo de negociación con Corea del Norte, que hubiera contribuido a aliviar la tensión histórica entre ambos países. Muy al contrario, siempre ha alentado (como es su estilo) la provocación. Pero nuestros medios de comunicación occidentales, todos ellos pertenecientes a serviles aliados estadounidenses, siempre nos han dado la visión equivocada de la realidad, presentando a Corea del Norte como los provocadores, y a Estados Unidos como el gendarme que tiene que controlarla. Otro absurdo histórico en lo que a pacifismo se refiere. La única solución es la de siempre: negociar, presionar y respetar. Presionar, respetar y negociar. No existen más soluciones. Hay que alcanzar acuerdos mundiales para el desarme nuclear, pero que afecten a TODOS los países, sin excepciones. 

 

Corea del Norte era parte del NPT hasta 2003, pero a partir de ahí comenzó a desarrollar su programa nuclear, pensamos que como herramienta de disuasión ante Estados Unidos, para poder entablar negociaciones de igual a igual, cosa que ningún inquilino de la Casa Blanca ha tenido a bien hasta ahora. Según ICAN, Corea del Norte posee 10 cabezas nucleares, una cifra que fue elevada a 60 en un informe de inteligencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos publicado en julio de 2017 por el medio The Washington Post. No obstante y afortunadamente, parece ser que soplan vientos de paz y reconciliación durante estas últimas semanas, ya que ambas Coreas han firmado acuerdos de colaboración, y el dirigente norcoreano ha mostrado su firme propósito de comenzar a desnuclearizarse sin condiciones si se respetan los acuerdos. Otro caso importante es el Irán, que constituye igualmente un foco de conflicto permanente, incluso con su más tolerante y aperturista presidente Hassan Rouhani. El caso es que Irán intentó durante muchos años desarrollar un programa nuclear propio que le costó innumerables sanciones por parte de la ONU, que llegaron incluso a hundir al país islámico en una grave crisis económica. Al final, bajo el segundo mandato de Barack Obama, se alcanzó por fin un acuerdo internacional con Irán, que levantaba las sanciones a cambio de la interrupción de su programa nuclear. No obstante, el actual inquilino de la Casa Blanca, el ignorante y temerario magnate Donald Trump, ha manifestado su intención de no respetar dicho acuerdo. 

 

El caso de Estados Unidos, como estamos viendo a lo largo de toda esta serie de artículos (ya lo vimos también en nuestra serie "USA: Estado de Guerra Permanente", publicado hace algún tiempo en nuestro Blog) es ciertamente paradigmático. Posee el nada honorífico ránking de haber sido el primer país en desarrollar armas nucleares, el único que las ha usado en una guerra (Japón, 1945, Segunda Guerra Mundial) y es el que más gasta en el mantenimiento e investigación de su arsenal nuclear (de hecho, gasta más que todos los demás países juntos). Le sigue la Federación Rusa, que posee el arsenal nuclear más grande del mundo (heredado de la antigua U.R.S.S.) y está invirtiendo en la modernización de sus cabezas nucleares y en sus sistemas de lanzamiento. Por su parte, China posee un arsenal nuclear mucho más pequeño que Estados Unidos y Rusia, y no parece estar aumentando su tamaño, a diferencia de la India, que rompiendo sus compromisos con el NPT, comenzó a incrementar de forma constante el tamaño de su arsenal nuclear y de su capacidad de lanzamiento. Asímismo, Pakistán aumentó su arsenal y mejoró sustancialmente su infraestructura nuclear durante los últimos años. En el caso de Israel, que se cree que cuenta con 80 cabezas nucleares, existe bastante secretismo en cuanto a su programa, y además sus autoridades siempre han sido muy ambiguas en relación a este asunto, sobre el cual nunca han confirmado ni negado su existencia. Además de esos nueve países, Alemania, Bélgica, Italia, Holanda y Turquía poseen armas nucleares fabricadas por otros países, como parte de una política de disuasión de la OTAN que implica que todos los miembros de la alianza militar deben poseer armas de este tipo. Este es el panorama internacional a día de hoy. Continuaremos en siguientes entregas.

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26 abril 2018 4 26 /04 /abril /2018 23:00
Arquitectura de la Desigualdad (87)

En los últimos 15 años, cerraron casi 60 mil fábricas en el mundo, y desaparecieron más de 4,8 millones de empleos manufactureros bien pagados. Buena parte de esto está relacionado con los desastrosos tratados comerciales que estimulan a las empresas a instalarse en países de bajos salarios

Bernie Sanders

Como comentábamos en la entrega anterior (a propósito de la obra "La empresa criminal. Por qué las corporaciones deben ser abolidas", de Steve Tombs y David Whyte, reseñada por Pedro López en este artículo para el medio Crónica Popular que estamos siguiendo), la impunidad se disfraza en el caso de las grandes empresas en aspectos como el lenguaje, y una legislación muy favorable hacia sus perversas prácticas. Los autores dan numerosas datos que avalan dicha tesis. A principios del siglo XXI, según Tombs y Whyte, menos del 3% de todos los juicios por delitos contra la salud y la seguridad de los trabajadores acabó en condena individual en crímenes con resultado de muerte o lesiones. Asímismo, el total de multas impuestas a los bancos por la crisis de 2008 no alcanza ni el 1% de los beneficios obtenidos por los mismos. Por su parte, los procesos de liquidación y concurso de acreedores ofrecen a las empresas una mayor cobertura y flexibilidad legales. La conclusión está bien clara: el estatus de personalidad jurídica ofrece enormes beneficios y ventajas con respecto al de personalidad física, a la hora de eludir responsabilidades penales para los altos cargos directivos de estas corporaciones. En palabras de los autores, la corporación delimita un ente de "irresponsabilidad estructurada" basada en la separación de intereses entre sus acciones y los directivos que las ordenan. Es decir, la actividad de la empresa acaba enajenada de las acciones humanas que tienen lugar dentro de ella, dada la compleja estructura burocrática, con múltiples capas de gestión y una compleja división del trabajo. Todo ello además se dispara cuando la gran empresa matriz contrata para sus actividades a empresas intermediarias, las llamadas subcontratas. 

 

Por cientos podríamos contabilizar los tipos de daños (delitos corporativos, hablando en propiedad) que estas empresas cometen al mundo en general, que han de ser entendidos como crímenes en toda su dimensión. A vuelapluma, podríamos citar los delitos de cuello blanco, los de adulteración alimentaria, los de abuso de monopolio u oligopolio, las muertes laborales, o los producidos por los flagrantes ataques y destrucciones que se realizan al medio ambiente. El Estado, aunque intenta paliar (mediante una muy laxa legislación) los efectos dañinos de esta actividad económica sin escrúpulos, en realidad no incluye este objetivo entre sus principales funciones. Así que más que perseguir, identificar y castigar estos crímenes corporativos, previene con su dejadez que éstos sean identificados, perseguidos o formalmente reconocidos como tales. Si un banco cobra una determinada comisión abusiva a un determinado cliente no pasará nada, mientras que si es el cliente quien roba al banco será inmediatamente perseguido y detenido por la policía. Y eso que atracar al banco se traducirá en descontar de los beneficios, y restituir lo robado mediante las compañías aseguradoras, todo lo cual no afectará en nada a los depósitos de sus clientes. La desigualdad es clara e insultante, manifiesta y perversa. Pedro López concluye de la siguiente forma, a la luz de los datos de los autores: "El único fin de la empresa, soporte del moderno capitalismo, es la mera acumulación y maximización de beneficios, queda claro que la empresa no es una institución benefactora; y queda claro que sus daños y crímenes no son meros efectos marginales, sino centrales de su actividad. Y también que su pretendida eficiencia sea un motor de innovación, progreso y bienestar; por el contrario, la mayoría de los sectores mantienen de hecho un régimen de oligopolio y sus beneficios derivan no tanto de su iniciativa como de su posición de poder; en este sentido, no sólo nunca ha existido un mercado libre, sino que éste es imposible". 

 

Por tanto, para nosotros está claro que la entidad, la forma corporativa mata, mutila, daña, estafa, roba, delinque y destruye a las personas y al medio ambiente, en su búsqueda insaciable de beneficio. Y todo ello no lo hace de forma colateral, como un efecto secundario, o como un fleco adicional, sino como un producto inevitable de su propia actividad. Y todos estos crímenes corporativos, como debieran ser llamados, gozan de un alto grado de impunidad, debido al Derecho y a los Estados, ya que éstos crean y facilitan un mercado, que es en realidad una construcción política, social, legal e ideológica. La asociación entre los Estados y las más grandes corporaciones es una asociación estratégica para ambos. En caso contrario, no podrían haberse dado, sin ir más lejos, los famosos rescates bancarios, paradigma de la cruel colaboración entre ambos bajo el modelo capitalista. Pero gracias a dicha colaboración son también posibles los fondos buitre, las privatizaciones, los desahucios, las estafas masivas a clientes, los cortes de suministros básicos, y un largo etcétera de aberraciones que venimos padeciendo. Parece que sólo una conclusión racional es posible, si queremos romper esta arquitectura de la desigualdad: la criminalidad y el daño generados sólo pueden ser mitigados aboliendo las corporaciones como tales. Y ello implica atacar y destruir toda la argamasa legal sobre la que descansa el poder y la tremenda irresponsabilidad de las empresas, y sanear y transformar el mercado laboral para acabar con la hegemonía, la precariedad y el terrorismo empresariales. Las grandes corporaciones no pueden ser reformadas, ya que son violentas, depredadoras, criminales y ávidas de beneficio. Son la peor expresión del capitalismo organizado. 

 

Las grandes empresas constituyen el lado más visible de este deshumanizado sistema que esclaviza a la humanidad y destruye el planeta, por lo que hemos de evitar que continúen su expansión sin límites y su crecimiento en influencia y poder sobre el resto de las esferas sociales. Pero entiéndase bien: no estamos demonizando a la empresa como tal, estamos demonizando al modelo actual de corporación capitalista, por ser el fiel reflejo de los paradigmas que éste difunde: competitividad, egoísmo, individualidad, falta de solidaridad, afán desmedido de lucro, y actividad depredadora por propia esencia. No estamos en contra de un nuevo modelo empresarial surgido al calor de los valores contrarios. Porque además, dicho modelo contrario descansaría sobre un mercado laboral menos mercantilizado, más humano e igualitario. La arquitectura de la desigualdad debe ser desmontada, en cuanto al modelo corporativo se refiere, atacando la impunidad de las empresas transnacionales, definiendo marcos de actuación desde la fortaleza de un derecho internacional basado en la prevalencia de los derechos humanos, y volviendo a colocar el trabajo humano y la naturaleza como las dos fuentes de riqueza por excelencia, que por consiguiente han de ser profundamente respetadas. El actual poder de las organizaciones transnacionales es el propio escudo del capitalismo, es la armadura fabricada a su medida, para dar preferencia al modelo empresarial tiránico y depredador. La arquitectura de la desigualdad laboral se ha disparado durante las últimas tres décadas, dado el tremendo avance de los procesos de desregulación y globalización económica, y la expansión a escala global de las políticas neoliberales ya implementadas en los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Reino Unido, auténticos laboratorios para los economistas de la famosa "Escuela de Chicago" de Milton Friedman, de la que ya dimos profunda cuenta en este otro artículo. 

 

Todos esos precedentes han servido para construir un sucio entramado político, económico, jurídico y cultural, a nivel global, del cual las empresas y grandes corporaciones han sido las principales beneficiarias. No sólo el propio poder alcanzado, sino hasta un sinfín de conceptos de nuestro imaginario colectivo, que benefician profundamente la visión y la actividad empresariales, marcan nuestro ideario económico de andar por casa. El poder económico es brutal (la petrolera Shell, por ejemplo, obtiene unos ingresos superiores al PIB de Emiratos Árabes Unidos). El poder político se manifiesta y afianza mediante las llamadas "puertas giratorias" y los procesos de privatización de los servicios públicos y derechos fundamentales de las personas, los pueblos y las comunidades. El poder cultural se manifiesta a través de la poderosa publicidad y sus técnicas de márketing asociadas, que consolidan y amplían su gran poder de comunicación y persuasión, imponiendo los cánones de la alienante sociedad de consumo. Y en cuanto al poder jurídico, como estamos comentando, resulta ser la cuarta y última pata, pero no menos importante, que consagra el poder y la hegemonía empresarial: tratados internacionales, acuerdos de libre comercio, organismos internacionales que velan por las relaciones comerciales, jurisprudencia nacional e internacional favorable a las empresas, y un derecho internacional sobre los derechos humanos muy laxo, son los principales puntales donde descansa la inmensa influencia que las grandes corporaciones ejercen sobre países, Estados y gobiernos, y el conjunto de sus poblaciones. Y así, una tupida red de convenios, acuerdos, tratados y convenciones conforman un nuevo "Derecho Corporativo Global", que en esencia proyecta la desigualdad favoreciendo a estos adalides del más salvaje capitalismo. Continuaremos en siguientes entregas.

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24 abril 2018 2 24 /04 /abril /2018 23:00
Fuente Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

Fuente Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

La sacrosanta CE del 78 es un papel mojado cuando se trata de garantizar los derechos del pueblo trabajador, y una ley implacable para garantizar los derechos de las clases dominantes

Miguel Ángel Montes

Porque la libertad de expresión, al igual que otras libertades básicas y derechos fundamentales, está siendo vapuleada por este régimen. En este sentido, debemos aspirar a conseguir todas las demandas democráticas estructurales que continúan pendientes desde la dictadura franquista, pues aquél famoso período de la Transición, y los años siguientes, no sirvieron a dicho fin. Por ejemplo, la efectiva separación entre la Iglesia y el Estado (ya hemos hablado largo y tendido sobre el Estado Laico en entregas anteriores, por lo que no insistiremos más en el asunto, sólo recordar que dicha meta se consigue acabando con toda financiación pública para la Iglesia Católica o cualquier otra confesión, la devolución de todo el patrimonio expoliado por la misma durante décadas, y el fin de los conciertos educativos, entre otros objetivos), el fin de la Monarquía, la salida de la OTAN, el fin de las perversas leyes de extranjería (incluyendo los CIE's y la apertura de las fronteras), la retirada de todas las tropas españolas de lugares en conflicto, la lucha por el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos, la lucha por la renta básica (universal, incondicional e individual), un programa contra el desempleo masivo (prohibiendo por ley las situaciones de precariedad laboral, el reparto de las horas de trabajo sin reducción salarial o los Planes de Trabajo Garantizado), y la apuesta porque toda fábrica o empresa que cierre o despida sea nacionalizada y puesta bajo el control democrático de sus trabajadores/as. Un Proceso Constituyente que aborde la problemática de la vivienda bajo un punto de vista social y como derecho humano fundamental, impidiendo los desahucios, y decretando la expropiación de todos los pisos vacíos en manos de la banca y de los especuladores financieros, fondos buitre y demás ralea por el estilo. 

 

En el horizonte, la construcción y mantenimiento de un Parque Público de Viviendas de Alquiler Social, en el cual toda persona o familia vea consagrado su derecho a una vivienda digna cuyo alquiler no supere el 15% de los ingresos familiares (o individuales). Un debate que vuelva a situar al conjunto de los servicios públicos gratuitos, universales y de calidad, asociándolos con un derecho fundamental, y garantizando su blindaje dentro de un fortalecimiento de los pilares del Estado del Bienestar. Pero para todo ello, será necesario tomar medidas elementales de cara a su financiación sostenible, tales como la auditoría ciudadana de la deuda pública (para proceder al repudio de aquélla parte de la misma que sea considerada ilegítima, odiosa, ilegal o insostenible), la nacionalización de todo el sistema financiero, de los sectores económicos estratégicos, y de la aplicación de fuertes impuestos a las grandes fortunas, además de eliminar la financiación a la Iglesia Católica, y a la Casa Real (que, evidentemente, ya no existirá). Junto a todos estos fondos, tenemos que reseñar también los procedentes de la eliminación paulatina de los presupuestos de Defensa, pues el Proceso Constituyente debe abordar desde sus cimientos la implantación de una política pacifista en todas sus dimensiones. Con todas estas medidas puestas en marcha, es evidente que habrá dinero para financiar la totalidad de los servicios públicos, pero no sólo ello, sino también la implantación de una Renta Básica Universal, así como la asunción por parte del Estado de todas las tareas de exhumación de los cadáveres enterrados en fosas comunes o en el Valle de los Caídos, procedentes de la Guerra Civil o de la posterior dictadura. Este demencial monumento habrá de ser demolido, o bien transformado en un museo de la Memoria Histórica Democrática. 

 

Y como venimos comentando, un programa de estas características no cabe dentro de los estrechos márgenes del régimen del 78. No cabe por tanto reforma alguna, pues las posibles reformas propuestas y aceptadas por la derecha política, social y mediática sólo servirán para maquillar algunos aspectos de nuestro modelo, para aparentar ciertos cambios que sólo persiguen apuntalar los cimientos del régimen, que como sabemos apuntalan las desigualdades y las injusticias sociales. Pero igualmente, estas transformaciones que estamos proponiendo tampoco caben en los límites de la Unión Europea del gran capital, del Euro y de los tratados europeos, que habrá que desobedecer, y salirse de su radio de acción. Habrá que ser libres para no estar sometidos a los indecentes dictados de la Troika, del FMI, de la OCDE, de la OMC, del BM y demás instituciones y organismos internacionales consagrados al dominio del dogma neoliberal. Desengañémonos: una democracia completa y plena no es algo que sea conquistable dentro del régimen político heredero de la dictadura franquista. Hay que romper con ello, hay que intentar hacer lo que no pudimos hacer en 1978, tras pocos años de la muerte del dictador. Ahora ya han pasado más de 40, y sin embargo todo continúa "atado y bien atado". El Proceso Constituyente es la única forma en que se podrá conquistar todo este modelo social, y además de forma libre y soberana. ¿Será una tarea fácil? Muy ingenuos seríamos si lo afirmáramos. La tarea del verdadero Proceso Constituyente será tremendamente complicada, no porque lo sea en sí mismo, sino porque la clase dominante y capitalista, y todos los medios a su servicio, intentarán de todas las maneras posibles abortarlo, hacerlo descarrillar, llevarlo al fracaso. La clase capitalista no se dejará perder sus privilegios por las buenas, aceptando sin más lo que las diversas Asambleas nacionales del Proceso Constituyente vayan decidiendo. 

 

Por tanto, es lógico pensar (como ya ocurrió en el pasado en otros contextos históricos) que levantar y llevar a cabo un programa de estas características, con verdaderas medidas de redistribución de la riqueza y de justicia social, implica necesariamente la concienciación, la movilización y la autoorganización de todos aquéllos sectores que somos víctimas y que estamos padeciendo las consecuencias de estas políticas enmarcadas en esta estafa llamada "crisis", en realidad una clara ofensiva sin paliativos del gran capital. En realidad el Proceso Constituyente sólo tendrá éxito si genera un contrapoder dirigido desde abajo, inserto en los centros de trabajo y de estudio, en los barrios y en los pueblos, en las fábricas y en las oficinas, apoyado por estudiantes, obreros, profesionales, jubilados, parados, mujeres, sindicatos, mareas, y todos aquéllos colectivos que entiendan que este infernal sistema sólo favorece a unos pocos. La vía no es la negociación con las instituciones europeas, la vía no es la "tercera vía", la vía no es la rebaja del programa hasta hacerlo minimalista, la vía no es la claudicación ante pequeñas migajas...La única vía posible es la movilización para la transformación social. La vía es la revolución que el mismo Proceso Constituyente representa. La vía es la unión de los intereses de todos los colectivos afectados, de todas las clases vulnerables, indefensas, desprotegidas, precarias. Solamente desde la movilización y la lucha podremos cambiar nuestras condiciones de vida. Sólo desde un frente colectivo anticapitalista y de clase podremos conseguir las transformaciones a las que aspiramos. Una movilización de todos los sectores populares, cuya fuerza imparable consiga superar todos los ataques y chantajes que intenten imponernos. 

 

Y así, sólo los que producimos día a día las riquezas, sólo la suma de los colectivos afectados, todos a una, somos quienes podremos poner contra las cuerdas a los capitalistas y a sus serviles representantes políticos, y avanzar en construir un nuevo proyecto de país donde los medios de producción pasen a las manos de las grandes mayorías sociales, y se coloquen a su servicio, a nuestro servicio. El Proceso Constituyente es en realidad un frente para la movilización y para levantar una alternativa política y social al tímido reformismo imperante. Las conquistas propuestas nunca serán alcanzadas sin dejar de someterse a las lógicas capitalistas, al imperio del dogma neoliberal. Nunca será posible mejorar de verdad las condiciones de vida de los de abajo sin enfrentarse a los designios del capital, sin rebelarse ante sus normas, sin cuestionar la acumulación de riquezas por parte de una minoría privilegiada. Ellos lucharán con uñas y dientes por no perder dichos privilegios, su estatus quo. Nosotros debemos organizarnos en la lucha para poder implantar un sistema justo, racional, avanzado, libre y democrático. Y sólo la movilización sostenida mediante huelgas, manifestaciones, concentraciones, etc., podrá reconstruir la conciencia política de los sectores más desfavorecidos, más explotados, más saqueados, más injustamente tratados. El Proceso Constituyente debe estar ahí, codo con codo con todas estas luchas, con todas esas manifestaciones, con todas esas reivindicaciones de los sectores más duramente afectados. El Proceso Constituyente deberá atender sus demandas, deberá alojar sus debates y conversaciones, deberá incluir sus objetivos, deberá recuperar sus conquistas, o alcanzarlas por primera vez si no lo fueron nunca. El Proceso Constituyente es un crisol de voces que desean superar las injusticias de un sistema viciado de facto, podrido y corrupto. Continuaremos en siguientes entregas. 

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