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13 marzo 2018 2 13 /03 /marzo /2018 00:00
Viñeta: Cecilia Zamudio

Viñeta: Cecilia Zamudio

Para quienes creemos que un modelo que destruye el planeta atenta directamente contra las personas, preguntarse si la huelga feminista del próximo 8 de marzo es ideológico, político u otros adjetivos más que vienen aplicándole algunas organizaciones a este movimiento internacional imparable y necesario, es sencillamente absurdo. Yo me pregunto, ¿cómo no va a ser ideológico y político?. ¿Quiénes han consolidado y mantenido en el tiempo un modelo heteropatriarcal, machista, jerárquico, insostenible, implacable, agresivo, individualista, competitivo, violento, que fomenta la desigualdad, la injusticia social, la invisibilización de las mujeres, el consumo incontrolado y la apropiación en manos de unos pocos de los recursos naturales de los territorios para hacer caja?

Isabel Brito

El feminismo es una enmienda a la totalidad hacia una forma de organización social, económica y política que aplica contra las mujeres una injusticia distributiva y una injusticia de reconocimiento

Tania Verge (Profesora de Ciencia Política y Directora del Departamento de Igualdad de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona)

Pues si entendemos "movimiento transversal" identificándolo con la superación de las ideologías, la respuesta a mi juicio es que no. Ocurren básicamente dos fenómenos que interfieren en que el feminismo pueda entenderse en su completa dimensión, y por tanto como parte de una ideología que aspira a un mundo igualitario con mayor justicia social. De un lado, vivimos en sociedades alienadas y alienantes, donde la madurez política e intelectual de la mayoría de las personas deja mucho que desear, precisamente porque todavía nos colea un pasado político caracterizado por la represión en todos los órdenes de la vida. Y por tanto, multitud de pensamientos, ideas, clichés, proclamas y falacias gobiernan la mentalidad de una gran parte de la población. En este sentido, y los sondeos que realizan cada cierto tiempo las agencias y medios de comunicación lo ponen de manifiesto, no existe una idea clara y completa sobre lo que implica el feminismo. Los datos son abrumadores en demostrar que se posee por parte de muchas personas una idea equivocada, incompleta o errónea del feminismo, o incluso que no se tiene absolutamente ni idea de en qué consiste. Se asocia por ejemplo con posturas supremacistas, discriminatorias hacia el hombre, e incluso si introducimos también la perversa influencia de la Iglesia Católica (véanse las recientes declaraciones del Obispo de San Sebastián), que descalifica lo que ellos llaman la "ideología de género", o de las organizaciones de ultraderecha, el caos está servido. La idea básica es que el feminismo persigue la igualdad entre hombres y mujeres. Punto. Parecería que a esta idea se pueden unir tanto mujeres (y hombres) de izquierdas como de derechas, pero como vamos a ver a continuación, la cosa no es tan simple. 

 

Por otro lado, la derecha en nuestro país (supongo que este fenómeno es extrapolable al resto de países) actúa con un cinismo impresionante, que desborda todas las expectativas. La derecha política, social y mediática jamás ha creído en el feminismo (una de las leyes más recortadas en los PGE de Rajoy ha sido la Ley de Violencia de Género de la época de Zapatero), pero cuando se ven desbordados por un tsunami social que desborda las calles, las plazas, los centros de trabajo, las Universidades, etc., entonces intentan adherirse de forma cínica a dicha causa, simplemente para no perder, digamos, el tren de la actualidad. Y de ahí que un argumento falaz y recurrente haya sido el alegar eso de que "el feminismo es un movimiento transversal", para apuntarse el tanto de que ellos y ellas, la derecha de este país, también están por la causa. Pero nada más lejos de la realidad. Es cierto, como muchas mujeres de diferentes pensamientos han expresado, que para estar en la pasada Huelga del 8-M (que ha sido todo un éxito, dicho sea de paso) no era imprescindible estar de acuerdo con todos los puntos expresados en el Manifiesto que las asociaciones feministas habían publicado, pero una cosa es esa, y otra cosa muy distinta es concluir que el feminismo no implica ninguna ideología concreta. Lo expresaremos de otra forma: toda mujer, cualquier mujer, ha podido apoyar y asistir a dicha huelga porque estaba de acuerdo con determinados aspectos de las reivindicaciones feministas (erradicación de la brecha salarial, acabar con el trabajo precario, etc.), pero una cosa es esa, y otra cosa es ser feminista en toda su dimensión, comprender y asimilar el feminismo como lo que es: una lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, a partir de la abolición de los dos sistemas que explotan a la mujer: el capitalismo como sistema de dominación económica, y el patriarcado como sistema de dominación cultural. 

 

Y ello, evidentemente, no puede sostenerse desde posturas ideológicas ligadas al neoliberalismo o al conservadurismo, es decir, el feminismo entendido de forma integral requiere un compromiso ideológico con la erradicación tanto del capitalismo como del patriarcado, y por tanto, es absolutamente incompatible proclamar el feminismo sin proclamar el anticapitalismo y la abolición del patriarcado. Lo repetiremos: algunas mujeres (y hombres, por supuesto) podrán apoyar ciertas medidas concretas que la Huelga del 8-M reivindicaba, pero otra cosa muy distinta es apoyar el feminismo en toda su dimensión, lo cual, como estamos afirmando, requiere un compromiso ideológico más ambicioso. Porque el feminismo pretende erradicar la violencia machista (quizá la manifestación más violenta del patriarcado), pero también es un movimiento contra el sistema económico capitalista que discrimina, explota y precariza a la mujer. El feminismo pretende abolir la brecha salarial, pero también preconiza el control de la mujer sobre su propio cuerpo, y defiende los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Tania Verge lo ha explicado en los siguientes términos: "Por un lado, el capitalismo produce formas específicas de desigualdad para las mujeres, como una mayor precariedad laboral, la feminización de la pobreza, la división entre trabajo productivo y reproductivo, la segregación vertical y horizontal del mercado laboral o la brecha salarial. Por otro lado, la ideología patriarcal basada en la construcción social del género lo impregna todo de jerarquías de estatus y poder. Estas jerarquías son, a su vez, la base de las violencias machistas". El feminismo persigue un empoderamiento de las mujeres para poder superar ambos sistemas de dominación. 

 

El feminismo persigue las posibilidades de conciliación de mujeres (y hombres) entre sus vidas laborales y personales, pero también acabar con la división sexual del trabajo que relega los trabajos de cuidados mayoritariamente a las mujeres, así como con la feminización de la pobreza. El feminismo persigue la abolición de la prostitución, pero también el final de las escuelas que segregan por sexos. El feminismo busca acabar con todos los tipos de agresiones machistas, no sólo con las más peligrosas que terminan en feminicidios. El feminismo busca acabar con el acoso sexual, con el acoso laboral, y con los micromachismos que inundan el comportamiento cotidiano de millones de hombres. En última instancia, el feminismo persigue que ninguna mujer vea restringidos sus derechos políticos, civiles o sociales. El feminismo persigue también erradicar los roles de género desde la infancia, y esto también implica cambiar los modelos educativos vigentes, donde se fomenta en los niños y en las niñas la reproducción de los moldes para su comportamiento futuro. El feminismo tiene que ver con reducir la desigualdad, pero también con respetar la diversidad cultural, sexual, funcional, religiosa, etc. El feminismo es un movimiento que cuestiona todos los modos productivos y reproductivos, y en ese sentido, abre el camino para transformar el mundo. Ello implica medidas de carácter social, pero también medidas y políticas centradas en la educación, en el mercado de trabajo, en el mundo de los cuidados y la dependencia, y también medidas y políticas fiscales, institucionales y de carácter macroeconómico. Todo ello enfocado a erradicar los arraigados estereotipos de género, que se manifiestan desde la escuela, pasando por los modelos de familia, hasta llegar a los más altos ámbitos de la toma de decisiones públicas y privadas.

 

El feminismo engarza con las líneas ideológicas que vienen complementando el marxismo clásico (o el socialismo, si se quiere) desde mediados del pasado siglo, que básicamente son el pacifismo (expresado en las organizaciones antimilitaristas y los foros contra las guerras) y el ecologismo (que engloba también los movimientos naturalistas y los movimientos en defensa de los derechos de los animales). El feminismo integral se une a dichos movimientos, casa perfectamente con ellos, converge en sus mismos ideales, se organiza en torno a una visión común del mundo, del planeta en el que vivimos, y de los modelos de sociedad a los que queremos migrar, basados en alcanzar mayores cotas de equidad y de justicia social, natural y ambiental. El feminismo también persigue otros modos de participar, así como otros modos de producir, de educar, de cuidar, de relacionarnos, de consumir y de reciclar: de vivir en una palabra. Y sobre todo de redistribuir: los roles, los trabajos, las responsabilidades, las riquezas. No nos dejemos engañar, por tanto: el feminismo no es un movimiento transversal, es un movimiento de la izquierda social y política, en toda su dimensión, y se sitúa al lado de otros para alcanzar un pleno desarrollo de sociedades igualitarias, justas y avanzadas. Definitivamente, el feminismo es política y es ideología. No tiene nada de movimiento transversal. Obedece a una concepción del mundo muy diferente a la que tienen los que ahora, después del éxito de la Huelga del 8-M, quieren colgarse las medallas. No permitamos que la derecha nos confunda, ni pretenda apuntarse a causas absolutamente incompatibles con su ideario. 

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12 marzo 2018 1 12 /03 /marzo /2018 00:00
Por la senda del Pacifismo (92)

Asistimos a la consolidación del militarismo que agrede a las sociedades, detrae sus recursos, las empobrece, erosiona sus derechos e impone, en el mundo global, la lógica de la violencia y la dominación y una geopolítica inadmisible. Para eso es para lo que EE.UU quiere un gasto militar abrumador. Para eso, para garantizar, con sus socios, su hegemonía, para hacer negocio de la guerra, de la paz, y de la venta de armas

Colectivo "Utopía Contagiosa"

Y ese es precisamente el motivo (en referencia a nuestra cita de entradilla) por el cual los Estados Unidos y todos sus "socios" y "aliados" occidentales no aplican ni por asomo la tan cacareada austeridad en los gastos militares, sino todo lo contrario, instan al crecimiento continuo de la escalada militarista. Frente a todas las demás partidas de gasto social, que merman continuamente de un año a otro, o como mucho se mantienen, los gastos militares sufren continuos aumentos, que incluso los Gobiernos se ven obligados a disfrazar, como ya hemos explicado en anteriores entregas. Y esto que ocurre en nuestro país puede extrapolarse (como siempre salvo en contadas excepciones) para el resto de países del globo: en el Informe del SIPRI (Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo) correspondiente al año 2015, se observa el aumento del presupuesto militar a nivel mundial en un 1% respecto al año 2014. Ya alcanzaba entonces la cifra de 1,7 billones de dólares (1,5 billones de euros). ¿Puede creerse alguien que un presupuesto militar tan desorbitado insiste en la senda del pacifismo? ¿Alguien puede ser tan ingenuo como para interpretar que los incrementos de estos presupuestos militares obedecen a un esfuerzo por conseguir la paz mundial y el final de los conflictos armados? No obstante, este incremento a nivel mundial no se distribuye por igual, ya que frente a los cuatro años anteriores de descenso, dicho aumento está marcado fundamentalmente por el incremento del gasto en países de Oriente Próximo, Asia y Europa Central.

 

Respecto a esta última zona del mundo, la cifra alcanza según el SIPRI una subida del 13%, distribuida sobre todo en los países del Este europeo fronterizos con Rusia y Ucrania, debido a la proximidad del conflicto ucraniano. Y por supuesto, lo más peligroso de todo es el incremento registrado durante estos últimos años por las tres grandes potencias mundiales (Estados Unidos, Rusia y China), cuya escalada militarista parece imparable y desquiciada. Tomo a continuación datos del Informe SIPRI 2015, que por supuesto nos sirven hoy día a título orientativo, porque las cantidades serán ligeramente distintas, pero para que se puedan tomar como referencia. Por supuesto, Estados Unidos, el país más belicista y agresivo del globo, es el que lidera el podio mundial del gasto militar con 596.000 millones de dólares (un 3,3% de su PIB) aunque mantuvo un descenso continuo desde el año 2009. El informe muestra además un aumento del gasto militar en China, segundo país del mundo que más dinero destina a armamento: su presupuesto subió un 7,4%, hasta alcanzar los 215.000 millones de dólares. Por debajo, pero cerca, se encuentra Arabia Saudí con un 5,7%, que pasa del cuarto al tercer puesto tras duplicar su gasto militar desde el año 2006 hasta el 2015. Y Rusia, cuarto país en gasto militar, contabilizaba para el año 2015 un aumento del 7,5%, hasta los 66.400 millones de dólares. La radiografía mundial es ciertamente desoladora. No es comprensible cómo en un mundo tan socialmente desigual y desestructurado las principales inversiones no se dediquen a Ayuda al Desarrollo y a cohesión social, en vez de a una escalada armamentista que sólo conduce a los conflictos, a la devastación, al odio y a la barbarie, tan sólo por alcanzar una mayor influencia geopolítica, un mayor control sobre los recursos naturales, y unos desorbitados beneficios del complejo militar-industrial. 

 

Decididamente, esta tendencia tiene que cambiar. No es sostenible desde ningún punto de vista una comunidad internacional preocupada sobre todo (a tenor de estas cifras) por mantener una escalada de gasto militar tan aberrante. Y una de las principales actividades ligada a esta escalada armamentista está relacionada con las exportaciones de armas. En el caso español, tal como recoge este artículo del medio eldiario.es, diversas ONG's denuncian que un tercio de las armas españolas exportadas va a parar a la peligrosa coalición liderada por Arabia Saudí, principal responsable de la cruel matanza que se está produciendo en Yemen. Nuestro país exportó durante el primer semestre de 2015 armas por valor de 560 millones de euros a dicha coalición, y Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón alertan de que dichas exportaciones superaron los 1.800 millones de euros, un 15,8% más que la media de los tres últimos años. Parte de estas armas fabricadas en España se podrían estar usando para cometer crímenes de guerra en conflictos como el de Yemen (uno de los más silenciados por la comunidad internacional), en Colombia, en Egipto, en Israel, en Pakistán o en Irak. Otro asunto de importancia capital relacionado con el gasto militar es la insoportable deuda militar relacionada con el mismo. Es decir, debemos tener en cuenta los recursos que consume el gasto militar que generan deuda, y por tanto, intereses de la deuda pública. Según cálculos del Centre Delàs cada año se destinan más de mil millones de euros a pagar los intereses de la deuda pública generada por el gasto militar. 

 

A ello hay que añadir el apoyo financiero de la banca española (le dedicaremos una exposición con más calma en sucesivas entregas), que contribuye al desarrollo y expansión de la industria militar mediante la concesión de créditos, emisión de bonos y pagarés, participaciones accionariales, gestión de fondos de inversión y financiación de exportaciones. Y todo ello se lleva a cabo en un contexto donde el crédito a las PYMES está fuertemente restringido, con lo cual la decisión de destinar el dinero de un banco a apoyar a la industria militar, afecta indudablemente a la disponibilidad de estos recursos para la economía productiva. Es absolutamente intolerable que mientras miles de pequeñas y medianas empresas hayan tenido que echar el cierre durante estos últimos años (en detrimento del empleo, del consumo y de la propia economía real), los bancos hayan dedicado parte de sus beneficios e inversiones a una industria criminal como la del armamento. Según esta institución catalana, al menos 30 empresas de armamento españolas recibieron apoyo financiero de 42 grandes bancos (españoles y extranjeros), entidades de tamaño medio y reducido, cajas de ahorros ahora convertidas en bancos, con algunos grupos de cooperativas de créditos, con empresas de seguros y con intermediarias financieras. Los apoyos se complementan a través de grandes empresas transnacionales, empresas de capital riesgo, inversiones particulares, entidades financieras diversas y algunas SICAV. Desde el año 2007 (comienzo de la crisis) y hasta 2011, el apoyo financiero que ha recibido el complejo militar-industrial supera los 2.300 millones de euros, como se recoge en este artículo de Jordi Calvo.

 

Por su parte, los bancos que han participado en el negocio armamentístico con mayor volumen de negocios (según la fuente citada) y mayor presencia en empresas de armas españolas durante el período 2007-2011 son, por orden de importancia: Bankia y Liberbank (cuya estimación según este informe en la industria militar es de más de 300 millones de euros para Bankia y de cerca de 90 millones de euros para Liberbank, debido principalmente a sus elevadas participaciones en Indra). A continuación aparece el Banco Santander, Caixabank, BBVA y Cataluña Caixa (cuya actividad dedicada en los últimos años a la industria militar española se puede estimar entre los 30 y los 40 millones de euros), seguidos por Banco Popular, Banco Sabadell, Ibercaja y Bankinter (que se encontrarían en la horquilla entre 20 y 30 millones de euros en armamento español). Así que no hay dinero (según nuestros gobernantes) para sanidad, educación, cultura, pensiones, desempleo, dependencia, y otros gastos sociales que necesita el conjunto de la ciudadanía, pero nuestros bancos (donde residen los depósitos de dicha ciudadanía) se dedican a invertir en armas. Un jugoso e ilustrativo ejemplo de la alienante y demencial sociedad donde vivimos. Por otra parte, las empresas de armamento deben miles de millones de euros al propio Estado en concepto de crédito para I+D (créditos blandos a interés prácticamente cero), con lo cual la conclusión está bien clara: el estamento militar en su conjunto y la industria del armamento reciben un trato especial por parte del Gobierno y de las entidades financieras públicas y privadas. Miles de millones de euros son desviados cada año en detrimento de la necesaria inversión social para dedicarlos al gasto militar y a la producción de armas. Continuaremos en siguientes entregas.

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9 marzo 2018 5 09 /03 /marzo /2018 00:00
Viñeta: Malagón

Viñeta: Malagón

El poder mundial realmente existente está en gran parte en manos de gigantes que nadie eligió, y sobre los cuales cada vez hay menos control. Son billones de dólares en manos de grupos privados cuyo campo de acción es el planeta, mientras que las capacidades de regulación global van a gatas. Investigaciones recientes muestran que 147 grupos controlan el 40% del sistema corporativo mundial, siendo el 75% de ellos, bancos. Cada uno de los 29 gigantes financieros genera un promedio de 1,8 billones de dólares, más que el PIB de Brasil, octava potencia económica mundial. El poder ahora se ha desplazado radicalmente

Ladislau Dowbor

En la última entrega habíamos comenzado, siguiendo este artículo de los expertos Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro, a exponer lo que según ellos pueden ser las diez grandes claves para entender la "Lex Mercatoria" o ley del mercado, que hacen suya las grandes empresas transnacionales, y la hacen grabar a sangre y fuego en todo tipo de tratados, acuerdos, convenios y demás normativas a las que se adscriben. Continuaremos a partir de ahí. Habíamos comenzado dichas claves enunciando que los derechos de las empresas transnacionales se protegen por un ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversiones, también de carácter internacional, que obedecen al paradigma de la globalización capitalista. Pues bien, mientras esto funciona así para los derechos, no lo hace de esta forma para las obligaciones de estas entidades. Más bien al contrario, las obligaciones de estas grandes empresas transnacionales se reenvían a legislaciones nacionales sometidas a las políticas neoliberales de desregulación, privatización y reducción de la capacidad de intervención del Estado (esto último en lo que se refiere a las políticas públicas, no así en el fortalecimiento de los aparatos militares y de control social). Es decir, se construyen legislaciones ad hoc para la defensa de los intereses de las multinacionales. ¿Y qué ocurre en los casos donde existen comunidades indígenas o nativas? Pues como los autores afirman, en ese caso el aparato del Estado (en connivencia con todo tipo de mafias y con las propias transnacionales) explota, expulsa e incluso elimina físicamente a todas las personas y pueblos que se opongan a los planes del capital. Esto está ocurriendo de forma muy palpable en México o en Honduras, por ejemplo.

 

La tercera característica donde se apoya la lex mercatoria descansa en que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos presenta una manifiesta fragilidad a la hora de proteger los derechos de las mayorías sociales y de controlar a las corporaciones transnacionales. Y así, frente al rigor y la dureza de las normas sobre comercio e inversiones, persiste la suavidad y la poca exigencia de riguroso cumplimiento para las normas internacionales sobre Derechos Humanos. Los autores ponen un ejemplo muy ilustrativo: "Las sentencias favorables a los fondos buitre especulativos contra el gobierno argentino (en la judicatura de EE.UU.) no tienen punto de comparación, por su eficacia y ejecutividad, con las "represalias morales" que el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha impuesto a Colombia por los miles de asesinatos de sindicalistas en los últimos años. Mientras al gobierno colombiano no le ocurre nada por incumplir la "sentencia", el argentino ve cómo se bloquea su economía". Ello ocurre a su vez porque las bases legales donde descansan ambos tipos de normas tienen diferente status, y mientras a unas se les supone de frágil cumplimiento, otras tienen un rango de plena exigibilidad. La cuarta característica de la lex mercatoria se refiere a que la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y los códigos de conducta (o de buenas prácticas) son fórmulas de Derecho blando (esto es, normas voluntarias, unilaterales y sin mecanismos reales de exigibilidad) para poder contener el enorme poder de las empresas transnacionales. Por tanto, son normas de carácter orientativo, nunca normas de obligado cumplimiento y vigilancia. Las empresas suelen proteger férreamente sus derechos y remiten sus obligaciones a sus memorias anuales y a la "ética empresarial". 

 

Frente a ello, la responsabilidad social de las empresas privadas debería ser asunto de mayor calado, a tenor del gran daño que provocan, tanto en la vida laboral de las personas, como en el desprecio a la naturaleza, al medio ambiente y al resto de animales. La legislación societaria debería ser en este sentido mucho más estricta y poderosa, y los estatutos de las propias sociedades mercantiles deberían recoger ampliamente los límites en cuanto a dicha responsabilidad. La quinta característica de la lex mercatoria recogida por los autores de referencia se refiere a que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sólo les resulta aplicable a las empresas transnacionales a través de la acción estatal. Es el propio derecho nacional (interno) de cada país el que se constituye en eje sobre el que bascula la responsabilidad jurídica de estos grandes agentes del capitalismo. De hecho, a día de hoy únicamente pueden aplicarse a cada sociedad las disposiciones legales concretas del país en que se encuentre localizada. Por ejemplo, la filial de Repsol en Colombia sólo cumple (cuando lo hace) las normas colombianas. Cometa el delito que cometa, las normas internacionales sobre derechos humanos y las leyes del país de la empresa matriz no le incumben. Así que para defender mejor sus derechos, y ampliar su rango de posibilidades, las empresas transnacionales pueden cambiar su domicilio sin dificultad. Pero para el cumplimiento de sus obligaciones, el domicilio es un elemento sustancial e inalterable. En su momento insistiremos también en el fenómeno de la deslocalización como un nuevo apoyo para mantener el poder empresarial, y por tanto, seguir consagrando la arquitectura de la desigualdad. 

 

La sexta característica que recogen Zubizarreta y Ramiro se refiere a que el concepto de "seguridad jurídica" únicamente hace referencia a una serie de normas y acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales promovidos desde la OMC, el FMI y el Banco Mundial (instituciones internacionales guardianas del neoliberalismo globalizado), cuyo único fundamento es la protección de los contratos y la defensa de los intereses comerciales de las compañías multinacionales. En opinión de estos autores: "Se olvida, por tanto, la verdadera seguridad jurídica: aquélla que sitúa al Derecho Internacional de los Derechos Humanos por encima del nuevo Derecho Corporativo Global. Es decir, la que antepone los intereses de las mayorías sociales a los de las minorías que controlan el poder económico". No sólo nos venden una versión manipulada de esta "seguridad jurídica", sino que además la potencian como un mantra universal e irrenunciable, al lado del cual el resto de derechos se quedan en papel mojado. La séptima característica pone la pelota en el tejado de los Estados, ya que muy pocos de ellos han sido los que han expresado la suficiente valentía como para aprobar instrumentos legales para poder exigir responsabilidades en el país sede de la empresa matriz. Como referíamos anteriormente, la complicidad de los Gobiernos en este asunto se sitúa claramente del lado de las empresas. Los autores vuelven a darnos otro buen ejemplo: "¿Por qué no se admite que ante crímenes internacionales el pueblo mapuche pueda demandar a Repsol ante tribunales españoles?". Parece por tanto que en su estrecha concepción de la "seguridad jurídica", los principios de la justicia universal no existen, o simplemente no son aplicables. Mientras por ejemplo la justicia española puede buscar y perseguir a un grupo de delincuentes a nivel internacional, esto no se aplica para las empresas. 

 

La octava característica recogida por los autores se refiere a que las empresas transnacionales subcontratan y deslocalizan su actividad en el ámbito global sin atenerse a ninguna norma. Es más, cuando ha existido una propuesta de convenio internacional sobre la regulación de la subcontratación en el seno de la OIT, todas las grandes empresas se han opuesto radicalmente. ¿Ocurre lo mismo para los trabajadores? ¿Puede un trabajador congoleño "deslocalizarse" a España? ¿Puede un trabajador bangladesí "deslocalizarse" a Francia? Pues parece que no, o al menos, digamos que no tan fácilmente como las empresas cierran y abren filiales, franquicias o subcontratas en cualquier sitio del mundo en cuestión de días (incluso de horas). Y es que las empresas prefieren hablar de la responsabilidad ética en la cadena de subcontratación antes que aceptar controles internacionales. Claro, saben que la primera es mucho más fácil de vulnerar (sin que ocurra nada) que los segundos. Y así nos va. La arquitectura de la desigualdad va creciendo y estos gigantes empresariales disfrutan hoy día de una plena arquitectura de la impunidad, provocando todo tipo de "crímenes legales", esto es, amparados en su "libertad" y en su aberrante "seguridad jurídica". La novena característica de la lex mercatoria se refiere a los tribunales (privados) internacionales de arbitraje, que al igual que el resto de mecanismos ya expuestos, también se sustentan en la idea-fuerza de dotar de plena seguridad jurídica a las inversiones realizadas por las multinacionales frente a los Estados receptores. En este sentido, también constituyen normas de obligado cumplimiento. Por último, la décima característica se refiere a la fuerte negativa por parte de las empresas transnacionales para aprobar un código externo de carácter vinculante en el seno de Naciones Unidas o un tribunal internacional para el control de sus operaciones. así como la firme oposición a que pueda crearse un centro u organismo que fiscalice sus peligrosas prácticas, inspeccione sus incumplimientos y formule las correspondientes denuncias. Conclusión: la arquitectura de la desigualdad está absolutamente proyectada en las leyes del mercado. Continuaremos en siguientes entregas.

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7 marzo 2018 3 07 /03 /marzo /2018 00:00
Por un Proceso Constituyente (23)

España puede volver a ser una República. Hay que decirlo más. No hay que tener miedo a proponer un Proceso Constituyente que impida el proceso restituyente que las élites han puesto en marcha justo cuando estaban más debilitadas

Javier Gallego

Continuaremos en esta entrega profundizando en los conceptos de un Estado Laico, que es una de las características principales de la nueva Constitución que queremos crear como resultado del Proceso Constituyente. En concreto, una República Democrática, Federal, Laica y Socialista. Es decir, una República solidaria y participativa. Una República al servicio de las personas. Y el laicismo, como ya estamos comentando desde anteriores entregas, es un principio fundamental. Vamos a profundizar en él con ayuda de este magnífico artículo de Andrés Carmona Campo, Licenciado en Filosofía y Antropología Social y Cultural, que ejerce como Profesor de Filosofía en un Instituto de Enseñanza Secundaria. El artículo que vamos a seguir fue publicado en el medio Filosofía en la Red, y nos ayudará a aclarar algunos conceptos de cara a las posibles discusiones sobre el verdadero alcance del laicismo. Andrés Carmona comienza afirmando que pese a las controversias que suscita el término, existe consenso en definir el laicismo en base a cuatro principios fundamentales: libertad de conciencia, igualdad, separación y neutralidad. Ya hemos insistido sobre los mismos en anteriores artículos, así que nos centraremos en el posible debate sobre el laicismo expresado en los espacios públicos "formal" e "informal". Lo que fundamentalmente está en juego es el papel de la religión en el ámbito público. De los cuatro principios anteriores, el principio de separación viene a distinguir tajantemente entre dos ámbitos: el público (la res publica) y el privado (la res privata). El primero es el ámbito de lo universal, de lo político, de lo que es de todos sin exclusión, y remite al "laos" o pueblo indiferenciado (de ahí la génesis de "laicidad") donde las pertenencias comunitarias, identitarias o religiosas son irrelevantes. El segundo es el ámbito de lo particular, de lo íntimo y privado, de las creencias, de las identidades personales o comunitarias. 

 

Este principio de separación implica la mutua independencia y autonomía de cada ámbito, sin permitir injerencias de uno en el otro. Así se garantiza la universalidad en el ámbito público y la máxima libertad en el ámbito privado. Por otra parte, el cuarto principio (el de neutralidad) impide identificaciones del público con el privado. La idea principal es que todo el mundo, cualquiera (pertenezca a mayorías o a minorías) se sienta incluido en el ámbito público y representado por los cargos públicos. Esto no estaría garantizado si el ámbito público o sus representantes se identificaran con una opción de conciencia (o religiosa) determinada. Por esta razón, la laicidad impide que los cargos públicos participen como tales en actos religiosos, por ejemplo. En palabras de la STC 24/1982 del Tribunal Constitucional: "El Estado se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o de actitudes de signo religioso". Pero no obstante, pueden surgir dudas con respecto a otras cuestiones mucho más concretas. Por ejemplo, una procesión, de claro carácter religioso, tiene lugar en la calle, que es un espacio público. ¿Vulneraría el desfile procesional la laicidad? A primera vista podría parecer que sí, pero expongámoslo con más calma. De hecho, desde el clericalismo se hace caricatura del laicismo para intentar "demostrar" que los laicistas quieren hacer cosas como esa: prohibir las procesiones o cualquier otra manifestación pública de la fe particular. De acuerdo a esta falacia, el principio de separación "encierra" a la religión en el ámbito privado de la conciencia y prohíbe todas sus formas de manifestación pública, por ejemplo las procesiones. Dicha falacia les sirve para contraponer maliciosamente el "laicismo" a la "laicidad": el laicismo se expresaría en esa caricatura que hemos ejemplificado, y otra cosa sería la laicidad, que sí permitiría cualquier manifestación pública de la fe. 

 

Por tanto, pongamos las cosas en claro: ni es cierto que el laicismo se identifique con esa caricatura, ni hace falta una laicidad "abierta" o de otro tipo para evitarlo. El laicismo tal cual, bien entendido, se basta. Y bien entendido significa que el principio de separación, que a efectos de divulgación se explica con trazo grueso, a nivel de detalle y concreción hay que matizarlo mucho más, para que no haya lugar a dudas, equívocos o malas interpretaciones. No es que en realidad el asunto se preste a confusión, sino que debido a la inmensa influencia de la religión en nuestra sociedad (por una parte), y a la intencionalidad manifiestamente perniciosa de los que quieren crear confusión, la cosa se ha complicado bastante. Concretamente, la separación público-privado hay que trazarla con pincel fino en el ámbito público para subdividirlo en dos: el primero, público-formal. El segundo, público-informal. El ámbito privado no requiere mayor nivel de subdivisión, porque es el ámbito propio de la conciencia: es un ámbito totalmente protegido frente al Estado, para garantizar la plena libertad de conciencia. El Estado no puede entrar a legislar este ámbito, ni dictar lo que la ciudadanía debe o no debe creer. Es el espacio íntimo (personal, familiar, comunitario) donde se puede cultivar cualquier creencia o religión. Pero como decíamos, el ámbito público se subdivide en dos nuevos espacios: el ámbito público-formal es el propio del Estado, sus instituciones y sus cargos públicos: Parlamento, Gobierno, Presidente, Ministros, Ejército, hospitales, escuelas, etc. En este ámbito la exigencia del principio de neutralidad es máxima. Aquí no caben símbolos o creencias particulares. Sería inconcebible, por ejemplo, que un juez, al dictar sentencia, tuviera en cuenta sus creencias religiosas (o de otro tipo) para hacerlo. Por lo mismo, no caben crucifijos o medias lunas en Ayuntamientos, ni procede que los Concejales, en su calidad de tales, asistan a actos religiosos. Sería impensable, como acaba de ocurrir con el Rey Felipe VI hace pocos días, que el Presidente de la República asistiera en calidad de tal al besapiés del Cristo de Medinaceli, por poner un ejemplo concreto. 

 

Pero también tenemos, como ya hemos avanzado, el ámbito público-informal. Este ámbito es aquél que es público (porque no es privado y está regulado también desde instancias públicas), pero para el cual su publicidad deriva de que es un ámbito abierto a cualquiera, y por supuesto, ese cualquiera vendrá con sus propias creencias, religiones o aspectos de conciencia determinados. Un buen ejemplo de este ámbito son las calles y plazas públicas, en las que la ciudadanía puede expresar libremente sus ideas. En este ámbito no sería de recibo exigir, atendiendo al principio de separación, que se cumpliera también aquí el mismo grado de estricta neutralidad que en el ámbito público-formal. De un juez o un diputado exigimos que no tenga en cuenta para nada sus propias creencias religiosas a la hora de juzgar o legislar (ámbito público-formal), pero de unos manifestantes en la calle, procedentes de tal o cual colectivo, con su propia idiosincrasia, educación y características, no podemos esperar que no expresen con total libertad sus opiniones o creencias particulares, sino que más bien al contrario, debemos garantizarles absolutamente que puedan hacerlo. Y es que en este ámbito público-informal, aunque es público, participa la sociedad civil como tal. Incluimos a continuación una imagen que muestra gráficamente el espacio de los tres ámbitos señalados.

Fuente: Filosofía en la Red (http://www.filosofiaenlared.com/2016/06/laicismo-espacio-publico-formal-e.html)

Fuente: Filosofía en la Red (http://www.filosofiaenlared.com/2016/06/laicismo-espacio-publico-formal-e.html)

El Profesor Carmona Campo añade además que para entender correctamente lo anterior debemos tener en cuenta otra distinción, la que se expresa entre "laicidad" y "secularidad", porque muchas veces pueden llevarnos a engaño o confusión añadida. La laicidad se predica desde el Estado y sus instituciones, pero no desde la sociedad. En este sentido, la sociedad no es laica, si acaso será secular, que es distinto. El término "secular" alude a la pérdida progresiva de importancia de la religión en la sociedad. Y así, mientras que la laicidad es un concepto político, una aspiración o característica del Estado, la secularidad es un término sociológico, que expresa el grado de inmersión de las religiones en una sociedad determinada. Tanto la laicidad como la secularidad se miden en grados, no en valores absolutos. Si mezclamos los dos conceptos en sus diferentes grados, tendríamos cuatro posibilidades, dependiendo de Estados más laicos (con sociedades más o menos secularizadas) o Estados menos laicos (con sociedades más o menos secularizadas). Es decir, Estados más o menos laicos, con poblaciones más o menos religiosas. De hecho, podemos poner ejemplos de Estados que mezclan estos dos conceptos de forma diametralmente opuesta, incluso antagónica, pues pueden declarar la laicidad del Estado, pero poseer sociedades fuertemente religiosas. Por ejemplo, Francia posee una Ley de Separación Estado-Iglesia desde 1905, y el principio de laicidad recogido en el Art. 1 de su Constitución. O por ejemplo Estados Unidos, uno de los países más religiosos del mundo, donde la Primera Enmienda de su Constitución establece el principio de separación Iglesia-Estado. Tenemos variantes de todos los tipos. Continuaremos en siguientes entregas.

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6 marzo 2018 2 06 /03 /marzo /2018 00:00
Viñeta: Kalvellido

Viñeta: Kalvellido

El patriotismo es defender a tu gente, no engalanarse para cocktails en los días de fiesta y luego desahuciar, expulsar a nuestros jóvenes, regalarle a tus amigos lo que era de todos. Claro que tenemos motivos y ejemplos de orgullo, pero no suelen salir en las fotos: los vecinos que defienden a vecinos para que no les echen de casa, los científicos españoles por el mundo, los que defienden con uñas y dientes su empleos, los que hacen malabarismos para llegar a fin de mes, los que han defendido nuestros ambulatorios y hospitales de la rapiña de los de arriba. El patriotismo no se mide en tanques o en grandes banderas. Un gobierno patriota es aquel que recupere la soberanía de su país, que no deje a nadie atrás y que proponga un horizonte de desarrollo y convivencia para la próxima década. Mientras tanto, nos gobiernan intermediarios coloniales de Merkel y el FMI, de mente estrecha, sin proyecto de país, sin amor por su gente

Iñigo Errejón

En España diez cabezas embisten y una piensa

Antonio Machado

Cientos de veces lo habrá afirmado y seguirá afirmándolo M punto Rajoy en sus mítines, junto a toda la pléyade de sus seguidores: "España es un gran país", "No dejéis que hablen mal de España", y sandeces por el estilo, como una especie de argumento barato y simplón de quien no posee verdaderos argumentos para defender su ideario. Variantes a miles de ese mensaje se cuentan por doquier en el argumentario no sólo de los propios dirigentes del PP, sino de cuantos piensan como ellos: "Nos gusta España" parece ser el lema que recoge todas esas variantes, como si los demás odiáramos a nuestro país o fuéramos menos patriotas que ellos. Y tan "orgullosos" se sienten de su país que hasta patentan una "Marca España" para venderla por el mundo, parece ser que basándose en los récords de nuestros deportistas de élite, en nuestra gastronomía, en nuestro clima o en nuestros artistas. ¿Somos ya por todo ello un gran país? Pues de entrada parece que lo primero que deberíamos hacer es fijar el marco de referencia de lo que entendemos por "un gran país", pues de lo contrario, estaremos practicando un absurdo ejercicio. Y en este sentido, emerge una clara conclusión: un país será grande en tanto en cuanto trate bien a su gente, mejore las condiciones de vida de su población, alcance altos récords de justicia social. Los que estamos en contra de esa frase no es que no amemos a nuestro país, sino que precisamente porque lo amamos, queremos que se convierta en realidad, porque como vamos a ver a continuación, dista mucho de serlo. 

 

Se nos han inculcado visiones equivocadas de los "grandes países" de la historia, equiparándolos a las "grandes potencias" (Reino Unido, Estados Unidos, o España durante toda su época colonial a partir del descubrimiento del "Nuevo Mundo"), pero todo ello tampoco es garantía de ser "un gran país", sino más bien de ejercer un dominio imperialista sobre el resto de pueblos y naciones del mundo. Constituir un gran país es otra cosa bien distinta, pero para ello, como decimos, hay que cambiar el concepto, el fondo, el significado (hasta ahora manipulado) del término. Un gran país es aquél que es gobernado bajo un claro proyecto de igualdad y justicia social, redistribución de la riqueza, y absoluto respeto a los derechos fundamentales. La aspiración a ser "un gran país" no debe confundirse con obtener o reclamar determinado protagonismo en ciertos foros internacionales (la mayoría de ellos enfocados desde la única perspectiva de la globalización capitalista), sino en constituir un ejemplo, una referencia, un estilo y un modo de proyectar sociedades justas y avanzadas. Por tanto, y a la luz de este nuevo horizonte...¿podemos concluir que somos efectivamente un gran país? Pues a las pruebas nos remitiremos: España es el país de la Unión Europea con peores condiciones de trabajo, con escandalosos niveles de baja protección social, con altísima precariedad, con bajos salarios, con alta temporalidad, y todo ello como resultado del enorme poder político y mediático de las clases empresariales, que consiguen sus elevados beneficios a costa de un enorme declive en la calidad de vida de las clases trabajadoras. 

 

Nuestro país posee el mayor índice de trabajadores pobres de los países de nuestro entorno, y como concluye Vicenç Navarro, autor del artículo de referencia: "No puede amarse la nación, la patria, un país, y a la vez dañar la calidad de vida de la población que vive en ella (...). Los nobles sentimientos patrióticos se han estado manipulando y utilizando para ocultar el daño que los falsos patriotas han estado imponiendo a la población". ¿Puede ser un gran país aquél donde sus pensionistas se ponen en pie de guerra, precisamente debido a que sus gobernantes se dedican sistemáticamente a empobrecerlos? ¿Podemos hablar de que España sea un gran país cuando silencia de forma agresiva la voz disidente de artistas, poetas, escritores, músicos, etc.? ¿Acaso puede un gran país ejercer censura sobre la libertad de expresión, reprimiendo, multando, encarcelando, cerrando medios, cuando no está de acuerdo con lo que se defiende por otras voces? Sonados han sido durante estos últimos días los casos de Pablo Hassel, Valtonyc, La Insurgencia, César Strawberry, Cassandra, etc., que se unen a los más antiguos de Alfon, Andrés Bódalo, etc. ¿Podemos hablar en términos de "gran país" porque nuestras empresas eléctricas paguen un 15,8% más a sus Consejeros, tras aumentar sus beneficios un 3%, cuando cientos de miles de personas han de recurrir a los Servicios Sociales de sus Consistorios porque no pueden hacer frente a los recibos de la luz? ¿Hablaríamos en términos de "gran país" en una España donde el machismo en todos los órdenes aún campa a sus anchas, lo que motiva que las mujeres tengan que organizar una Huelga General para demostrar su fuerza?

 

No parece muy de recibo hablar de "gran país" cuando 650 juristas de diversas asociaciones llevan ante el Consejo de Europa las violaciones de derechos humanos que se cometieron por parte del Estado durante la jornada de votación del pasado 1 de Octubre en Cataluña, donde un pueblo sólo pretendía votar sobre el modelo de relación con el resto del Estado. Y el Estado, sus gobernantes y sus seguidores argumentaban que no se estaba "respetando la Ley", como si ellos mismos pudieran ponerse de ejemplo de leales defensores de la misma, cuando estamos acostumbrados a ver cómo la esquivan cuando no les interesa, pone en peligro su status quo, o defiende ideales diferentes a los suyos. Todo ello pasa en la Ley de Memoria Histórica, o en la Ley de Violencia de Género, o en la Ley de Dependencia, que son sistemáticamente despojadas de presupuesto, precisamente porque son leyes que no quieren cumplir. Eso sí, después se hacen llamar "constitucionalistas" con todo el descaro. O bien, se olvidan de los derechos sociales, civiles y políticos que refleja la Constitución (esa que tanto defienden, y que habla del derecho al trabajo, a la vivienda, etc.) y dejan ese trabajo a asociaciones populares que intentan defenderlos. Es el caso de la PAH, que lleva años reclamando una Ley de Vivienda digna ¿Puede afirmarse sin complejos de "gran país" bajo un molde social donde las nuevas generaciones de todas las profesiones (como los investigadores) se rebelan ante el sistema porque los condena al paro, al exilio o a la precariedad? 

 

¿Puede hablarse en términos de "gran país" cuando hasta las organizaciones más prestigiosas de derechos humanos, como AI, denuncian la restricción injustificada y desproporcionada de la libertad de expresión bajo esta España de leyes mordaza? ¿Es que un "gran país" puede poner coto a la información, a la noticia, a la actualidad, a la crítica y al análisis imparcial en sus medios de comunicación públicos, como ocurre actualmente con el ente Radio Televisión Española? ¿Es que acaso puede calificarse de "gran país" aquél donde el pasado fascista aún no ha sido superado, y se mantienen claros vestigios como el Valle de los Caídos, las dedicatorias de calles y plazas a personajes franquistas, o el ideario religioso en las aulas? ¿Es quizá un "gran país" aquél que participa cada vez más activamente en recursos militares, en su integración en una organización armada, con la voluntad de continuar incrementando el presupuesto de Defensa mientras reduce las partidas para gasto social? ¿Puede considerarse un "gran país" aquél que reduce, recorta y desmantela las grandes conquistas del Estado del Bienestar, a costa del enriquecimiento de las empresas privadas, como ocurre con la sanidad o la educación? ¿O donde la banca, quizá el sector privado por excelencia que se encuentra detrás de todas las reformas regresivas del Gobierno, ha ganado 84.000 millones de euros desde el inicio de la crisis, aumentando sueldos e indemnizaciones de sus directivos y consejeros, mientras cierra sucursales y destruye miles de empleos directos? Por si todo ello fuera poco, nuestro "gran país" está denunciado (o amonestado) por diversas organizaciones y tribunales internacionales (ONU, TEDH, etc.) por asuntos de torturas, por lo que poco que invierte en protección a la infancia, por sus leyes hipotecarias, por su política penitenciaria, por sus vestigios franquistas, y por algunos otros asuntos que denotan prácticas execrables que ningún gran país debería permitirse. 

 

Por su parte, la corrupción es marca de la casa de este "gran país" que según ellos es España, convirtiéndose en una ciénaga putrefacta de la que cada día se nos informan nuevas noticias. Los casos de corrupción se cuentan ya por cientos, y por miles los imputados, y hasta el partido político que nos gobierna ha sido declarado como "asociación para delinquir" por algunos jueces y fiscales. ¿Denota todo este ambiente características de "gran país"? Y si a todo esto añadimos una Casa Real absolutamente ilegítima, unos privilegios inmensos para la Iglesia Católica (en contra de lo que declara la propia Constitución), que además realiza activas campañas en contra de determinados avances sociales para algunos colectivos, unos Ejércitos donde la vena fascista anida en muchos de sus mandos, una política migratoria centrada en la dejación de funciones (incluso con ataques a los colectivos que se dedican a realizar tareas humanitarias), unas "tradiciones" ancestrales absolutamente salvajes y aberrantes con los animales (el principal ejemplo es la tauromaquia, aún apoyada por las instituciones), la existencia de Centros de Internamiento de Extranjeros (que son en realidad auténticas cárceles para los inmigrantes sin papeles) con prácticas absolutamente crueles contra sus internos...la conclusión se nos ofrece clara como las aguas fluyentes de un arroyo cristalino: España no es un gran país. Desgraciadamente, nos queda mucho recorrido para ser un gran país. Los mismos programas informativos de cualquier cadena de radio o de televisión, sea pública o privada, nos ofrecen diariamente la imagen decadente, oscura, antisocial y antidemocrática de este "gran país" que es España. Podríamos continuar poniendo ejemplos de la desfachatez política, social y económica, cívica y medioambiental que practica este "gran país", pero no queremos cansar más a los lectores y lectoras. Creemos que ha quedado claro.

 

Y si España es un atisbo de gran país (que no podemos decir que lo sea hasta que superemos las limitaciones antes indicadas) es a pesar de toda la gente que lo afirma, es sobre todo gracias a los luchadores y luchadoras por la libertad de nuestra gente, de nuestros pueblos, por los servicios públicos, por la protección social, por la solidaridad de las personas. Si España es un atisbo de gran país es gracias a todos los colectivos que están luchando por conseguirlo, es decir, es gracias a todas las personas que precisamente no afirman que nuestro país sea un gran país, sino que se esfuerzan porque esa frase sea algún día una realidad. "Hacer América Grande otra vez" era el engañoso mensaje de Donald Trump durante su campaña electoral, cuando en realidad lo que está haciendo es empeorar todos los aspectos sociales de su gente, de sus habitantes, destruyendo las pocas y tímidas conquistas sociales que durante la era Obama se habían conseguido. Desconfiemos pues de quienes alegan la "grandeza" de su país, de su patria o de su pueblo de entrada, sin demostrarlo primero, sin aducir y argumentar los logros conseguidos, los avances realizados, las conquistas alcanzadas para la gente, los progresos en igualdad, en solidaridad, en justicia social. La política ha de ser humilde, los pueblos también, los gobernantes más aún, y no recurrir como argumento barato y chovinista al alegato de injustificada grandeza cuando en tantos aspectos debemos avanzar, cuando llevamos tanto retraso en avances sociales, o cuando lo que estamos consiguiendo, como en nuestro caso español, es retroceder a marchas forzadas. Si España comienza a marchar en sentido inverso al actual, quizá, algún día, podamos concluir que somos "un gran país". Ahora mismo no somos ni aspirantes.

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5 marzo 2018 1 05 /03 /marzo /2018 00:00
Viñeta: Cecilia Zamudio

Viñeta: Cecilia Zamudio

Que en tiempos de crisis aspectos como la economía o la corrupción política adquieran protagonismo es inevitable, pero que después de algo más de una década hayamos pasado por las guerras en Iraq, Afganistán, Libia, Siria o Ucrania; en unos momentos en que hay 36 países en conflicto con una población de 2700 millones de personas en riesgo de conflicto bélico; con 9 de cada 10 niños que llegan a Italia huyendo de la guerra haciéndolo solos… Que en esta situación la preocupación por las guerras sea del 0,0 sólo significa que el poder hace su labor con una eficacia realmente impactante

Joaquín García (Foro Contra la Guerra)

En nuestra cita de entradilla, el autor se refiere a la expresión de la ciudadanía en las últimas Encuestas del CIS, en torno al problema de las guerras, y como él afirma, todos los agentes que auspician y controlan las guerras hacen muy bien su trabajo, a tenor de la poca preocupación que este asunto despierta en la opinión pública. Y ello ocurre porque la guerra se normaliza, se va modelando en el imaginario colectivo como parte de nuestra realidad cotidiana. Es un proceso de normalización de la barbarie, al que asistimos de forma subconsciente. Porque debajo de todo ello, lo estamos explicando en este bloque temático, se cruzan los múltiples y variados intereses de las empresas que trabajan en el sector de la industria militar, así como los intereses de los Gobiernos de carácter geopolítico, que también responden a una casuística muy variada. Asistimos desde hace varias décadas a un incremento de la militarización, a un mayor patrocinio y protección pública de la industria del armamento, a un mayor protagonismo de nuestro país en los escenarios de la OTAN, a una potenciación de las exportaciones de armas (incluso a países en conflicto o que las utilizan a su vez en dichos conflictos), y asistimos, como analizábamos en la entrega anterior, a un aumento de las compras internas de armamento (lo que también engrosa la deuda pública), disfrazadas en los PGE de forma descarada. Unos presupuestos que, cuando son analizados de forma rigurosa, descubren un ingente gasto militar ilegítimo, opaco e insolidario. 

 

Esos son los motivos por los que los gastos militares (y el empleo que se hace de los mismos) pasa desapercibido ante el conjunto de la opinión pública, ante la capa de silencio, irrelevancia, opacidad y falta de transparencia de la que sus promotores hacen gala. Estos gastos en Defensa son inaceptables en comparación con los gastos necesarios para hacer frente a otras prioridades públicas y sociales. Sin ir más lejos, los pensionistas están en pie de guerra en nuestro país desde hace algunos días, denunciando y enfrentándose a la cruel y desalmada política del Gobierno, que los empobrece más cada año. Y ante tamaña situación de despropósito, nuestros gobernantes continúan aduciendo que "no hay dinero" para pagar las pensiones de nuestros mayores, aunque sí para aumentar los presupuestos de Defensa. Una absoluta vergüenza. Pero lo peor es que todo ello nos obliga, como estamos señalando, a una mayor sumisión respecto a los "señores de la guerra" y los vendedores de armas, en general los halcones de Occidente y su agresiva política militar. Según el colectivo "Utopía Contagiosa", el gasto militar oculto supone más del 80% del gasto militar real (una estimación que para el año 2016 suponía por ejemplo más de 25.000 millones de euros), un montante que a los ojos de la sociedad no existe, a pesar de repercutir gravemente en nuestro nivel de vida, en la deuda ilegítima que nos obligan a pagar (en este caso con doble motivo, porque es deuda para adquirir armas en beneficio de unos pocos y con ocultación y en perjuicio de todos), y en las posibilidades de usar el dinero público en bienes sociales y en servicios públicos, en vez de en una creciente militarización y participación de nuestro país en todo tipo de conflictos bélicos. 

 

Lo ideal bajo una sociedad plenamente democrática sería que el gasto militar y sus correspondientes asignaciones presupuestarias se decidieran de forma democrática y transparente en su totalidad por la población. Estamos aún en un escenario muy alejado, ya que lo que tenemos frecuentemente son incrementos ocultos de presupuesto, artimañas contables para disfrazar (y hacer aparecer como menor) un gasto militar que ya de por sí es grande, y ausencia de control social y parlamentario en este aspecto. El gasto militar real revela que nuestros gobernantes realizan sus funciones de espaldas a la sociedad, atendiendo a espurios intereses, engañando al conjunto de la opinión pública y sin dar verdaderas explicaciones democráticas. De hecho, si el nivel de ocultación de gasto militar ocurriera en cualquier otro Ministerio, esto se consideraría escandaloso, y enseguida saltarían todas las alarmas y controles para sacarlo a la luz. En cambio, esto no ocurre con el gasto militar, porque como decíamos más arriba, se ha instalado en el imaginario colectivo que los gastos en Defensa disponen de unos privilegios que no poseen los demás. Hemos de revelar todas estas falacias, e intentar que este asunto vuelva (si es que lo estuvo alguna vez) a estar gobernado por la cordura, la racionalidad y la transparencia. En el fondo, esta situación anómala delata también que el Ejército actúa como un Estado dentro del Estado que sólo vela por sus intereses. Conforma una casta altamente privilegiada, y a la vez, oculta a la crítica social por múltiples mecanismos políticos y económicos. Asistimos, en palabras del Colectivo Utopía Contagiosa, a una "impunidad total del militarismo", ciertamente un aspecto grave que cualquier sociedad que se denomine democrática no puede tolerar. 

 

Todo ello es proclive igualmente a la generación de un clima de corrupción en el ámbito del complejo militar-industrial-tecnológico y su relación con las élites políticas y económicas, donde el despilfarro, el descontrol económico y político, y muy posiblemente la corrupción sistémica en las cuestiones de defensa campen a sus anchas. El engaño social en estos temas es generalizado, y para mantenerlo, utilizan en su favor la desinformación, el miedo y la ignorancia en la sociedad, a lo que por supuesto se prestan muy bien los medios de comunicación dominantes. Pero se nos olvida también que el gasto militar no sólo es inversión directa en armamentos o en exportación de armas, sino que nos influye también en multitud de circunstancias, todas ellas de carácter negativo, tales como el coste de la violencia, el elevado número de operaciones militares en el exterior donde participamos, la dependencia del entramado de la OTAN, la militarización del territorio, la deuda militar, la huella ecológica de la actividad militar, o la pérdida de oportunidades vitales, entre otras muchas que se pueden citar. La escalada militarista no es, en ningún aspecto, buena consejera. Estamos refiriéndonos a nuestro país, pero en el ámbito europeo de los países de nuestro entorno cercano el tema es igualmente delicado: el complejo militar-industrial europeo, con la suma de todas sus empresas, factura al año más de 140.000 millones de euros, y es de los más potentes del planeta; cuenta con una Agencia Europea de Defensa plenamente operativa, y que moviliza miles de millones de euros; recientemente se ha constituido, por acuerdo de sus Presidentes de Gobierno, un gran fondo europeo para gasto militar que ya ha movilizado 5.000 millones de euros en 2017, y que movilizará 25 millones anuales entre 2018 y 2019 y unos 500 millones anuales a partir del año 2020.

 

Volviendo a nuestro país (pero igualmente extrapolable a los países de nuestro entorno), es lógico pensar que todo este ingente gasto militar sirva a un conjunto de intereses creados de la élite política y económica, sea funcional a dichos intereses, de los cuales se sirve también el Ejército. Pero los militares, con sus desfiles, con su colorido, con su exhibición propia, sus acciones, sus maniobras, etc., sólo son la punta de este grandísimo iceberg que representa el sistema de militarización del gasto público, que posee muchos otros promotores y beneficiarios. Según este artículo del medio "El Salmón Contracorriente", tenemos tres ámbitos fundamentales de interés, a saber: el círculo militar, el círculo financiero-económico militar, y el círculo internacional. Esta configuración por capas tiene la misión principal de ocultar muchos millones de euros fuera de los PGE, justamente para que no se note tanto la presencia de lo militar en el resto de ámbitos de nuestra sociedad. En el primer círculo tenemos al Ministerio de Defensa como actor y promotor principal, pero también al Ministerio del Interior (con la Guardia Civil que son personal militar), el Ministerio de Presidencia (con el CNI y su labor de espionaje, donde alrededor de un 50% de su personal también es militar), así como la financiación de las clases pasivas y de los Organismos Militares Autónomos. Por su parte, el círculo financiero-económico militar lo componen los Ministerios de Industria, Hacienda y Economía, con funciones coordinadas y diversas (autorizan los gastos y excesos, emiten la deuda, delimitan las estrategias para ocultar el gasto militar, promueven las industrias armamentistas, etc.). Por fin, tenemos el círculo internacional, que sirve de soporte y legitimación internacional, promocionando el gasto militar español de forma espiral, y adscribiéndonos al militarismo internacional. Aquí participan el Ministerio de Asuntos Exteriores, las operaciones militares en el exterior y todo su despliegue, y la propia Casa Real (que también posee gasto militar oculto). Continuaremos en siguientes entregas.

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2 marzo 2018 5 02 /03 /marzo /2018 00:00
Arquitectura de la Desigualdad (79)

Un contrato anual antiguo de camarero hoy es un trabajador con doce contratos semanales de temporada de verano, tres meses cobrando el paro y otros tres sin nada. Se firman contratos, pero no se añade trabajo nuevo, al contrario, se destruye. Para la estadística hemos registrado doce contratos contra uno, para la realidad hemos creado tan sólo un ciudadano vulnerable y dejado en la cuneta de la desocupación a un 20% de la población activa

Economistas Sin Fronteras

En la introducción al libro "La empresa criminal", sus autores, Steve Tombs y David Whyte, exponen: "Una de las razones por las que hemos escrito este libro era mostrar que el crimen corporativo está en todas partes. En su carrera por la acumulación de ganancias, todas las grandes corporaciones de todos los sectores se ven obligadas a romper las reglas en algún momento. Todas acaban poniendo el beneficio por delante de la salud humana o el interés general. Queremos mostrar que esta dinámica no es solo un resultado desafortunado de las decisiones tomadas en una sala de juntas o del error de un inversor "codicioso". El impulso a delinquir y causar daño a expensas de la corporación está en el ADN de las estructuras políticas y jurídicas que dan vida a la corporación. Recorremos la historia de esas estructuras para explicar que la corporación (esa forma de propiedad que fue ganando importancia social desde principios del siglo XIX) nació como mecanismo para asegurar la impunidad ante cualquiera de los daños humanos que produzca". Así de claro. La corporación fue concebida en su época fundacional como una "persona" idealizada (de hecho, se habla en la jerga legal de "persona jurídica" para referirse a ellas), con su propia identidad, con capacidad de poseer propiedades y poder reclamar "derechos" hasta entonces reservados a algunas personas físicas. Y es este mismo proceso el que permite atribuirle también a la empresa ciertas formas de falsa racionalidad, incluida la supuesta capacidad de poder comportarse de modo "responsable" y "ético". 

 

Pero no nos engañemos. La supuesta independencia de las grandes corporaciones con respecto a los Estados no es tal. La historia está plagada de casos donde estos mega actores económicos han reclamado al Estado correspondiente (o a algún organismo internacional competente creado precisamente para estas labores) toda suerte de "rescates" (en realidad, para sus directivos) cuando las cuentas y los balances contables no han alcanzado las expectativas deseadas, o bien cuando la corporación en cuestión ha amenazado con hundirse en la quiebra. Pero mientras estas situaciones no llegan, las grandes empresas se envalentonan cada día más, y los dogmas neoliberales que las apoyan declaran abiertamente que las decisiones empresariales no deben ser asunto público, sino que deben dejarse en manos de las partes directamente involucradas en la compra-venta de los bienes, productos o servicios implicados. Desde la perspectiva de las empresas, los consumidores son "libres" para decidir adquirir dichos productos, y las posibles injerencias de los Gobiernos no son deseables. Y efectivamente, esta es la tendencia desde hace varias décadas. Pero claro, después estallan los fraudes masivos, las estafas, las quiebras, el hundimiento de los valores, y en los casos más graves, la destrucción de vidas humanas, de animales o del medio ambiente. La supuesta "libertad" de los consumidores, usuarios, trabajadores o clientes no es tal, ya que las empresas evitan activamente que todos ellos cuenten con toda la información para tomar sus propias decisiones. 

 

Pero el asunto llega a más, porque las corporaciones (con el auspicio, connivencia o complicidad de los gobiernos y sus leyes) no sólo cometen delitos, sino que además mienten sobre esos delitos y luego encubren sus mentiras. Véase por ejemplo el reciente caso del engaño de VolskWagen sobre el nivel de emisiones contaminantes de sus motores diésel. Las grandes corporaciones son uno de los peores cánceres de nuestro tiempo. Violan las leyes de forma calculada y estructural a su modus operandi. Y además son entes que no pueden reformarse, pues hacerlo iría en contra de su propia naturaleza como agentes de la propia evolución irracional del capitalismo. Por tanto, para abolir a este nivel la arquitectura de la desigualdad habrá que encontrar una forma de frenar el poder político y económico de las grandes corporaciones, muchas de ellas hoy día más poderosas que algunos Estados. Los autores del texto antes citado concluyen su introducción en los siguientes términos: "La tarea política más acuciante de nuestro tiempo es la abolición de la corporación y de los fundamentos económicos, políticos y jurídicos que la sostienen. De no lograrlo, las corporaciones seguirán engañando, mintiendo, robando, mutilando, matando y envenenando hasta extinguirnos". No se trata de ninguna profecía bíblica, está en nuestras manos evitarlo. Pero continuemos explicándolo: en este artículo para el medio La Marea, Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro, dos de los más grandes expertos mundiales en el tema, nos exponen las que según ellos son las diez claves para entender las leyes del mercado, o como ellos las bautizan, la "Lex Mercatoria". De entrada, afirman que las normas corporativas globales están diseñadas a imagen y semejanza de los lobbies (grupos de poder e influencia) transnacionales, es decir, son normas para ricos. Vamos a exponerlas con calma, basándonos en el artículo de referencia de dichos autores. 

 

En primer lugar, los derechos de las empresas transnacionales se protegen hoy día por un ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversiones cuyas características son imperativas, coercitivas y ejecutivas. Es decir, los actores implicados poseen tanto poder que las hacen respetar de forma enérgica. Pero resulta que dicho ordenamiento jurídico global (como producto de la globalización neoliberal que padecemos) no está para nada preocupado por los derechos humanos, de los animales o de la propia naturaleza. Sólo le preocupan los beneficios que las empresas puedan obtener. Este ordenamiento jurídico se basa en los contratos firmados por las grandes corporaciones, en las normas, disposiciones, políticas de ajuste y préstamos condicionados de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, el sistema de solución de controversias de la OMC, los tribunales arbitrales privados, etc. Pongamos un ejemplo reciente muy ilustrativo sobre la capacidad y la reacción de estas grandes empresas cuando los gobiernos adoptan decisiones legítimas para beneficio de su ciudadanía: cuando en el año 2012 el gobierno argentino nacionalizó IPF, la filial de Repsol implicada puso en marcha la arquitectura de la impunidad: alegando el contrato firmado, la petrolera ejerció acciones legales ante los tribunales nacionales, interpuso un recurso ante el CIADI (tribunal de arbitraje privado internacional dependiente del Banco Mundial) en base al Acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones entre Argentina y España, presentó (junto a una firma financiera estadounidense) una demanda colectiva en Nueva York contra la República Argentina por la expropiación, interpuso una demanda mercantil en Madrid por competencia desleal, y además, se benefició de toda la presión política, económica, mediática y diplomática ejercida por el Estado Español y la Unión Europea, ya que estaban (según dichas corrientes de opinión) maltratando a una "empresa española" (haciendo un llamamiento a la vena patriótica de la opinión pública).

 

Traslademos dicho acto al ámbito de los trabajadores, y preguntémonos: ¿es que acaso algún despido colectivo de alguna plantilla de trabajadores a nivel mundial ha generado alguna vez una reacción tan poderosa? ¿No son igualmente importantes los intereses de los colectivos de trabajadores que los de su empresa? ¿Qué conclusión sacamos entonces? Es fácil: la arquitectura legal que sostiene y defiende a las corporaciones es infinitamente más potente que la defiende a los trabajadores, lo cual vuelve a consagrar (siempre regresamos al mismo punto) la arquitectura de la desigualdad. Si existiera una arquitectura para la igualdad, los intereses de los trabajadores podrían y deberían ser defendidos con la misma fuerza y poder que los de sus empresas, pero esto no ocurre jamás. Simplemente, porque la globalización neoliberal ha creado superestructuras legales que atienden únicamente a los intereses empresariales, ignorando los de sus trabajadores, y a los derechos humanos en general. Y además es un proceso que continúa su evolución imparable, porque no contentos con los marcos legales de actuación y la existencia de los Organismos Internacionales que velan por sus intereses, las grandes corporaciones están contraatacando con nuevas hornadas de lo que eufemísticamente se han denominado "Tratados de Libre Comercio" (véase la reciente serie de artículos que hemos dedicado a ellos), auténticos instrumentos políticos al servicio exclusivo de las grandes corporaciones, que eliminan todos los "obstáculos" al desarrollo de sus objetivos, extensiones y beneficios. Continuaremos en siguientes entregas.

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28 febrero 2018 3 28 /02 /febrero /2018 00:00
Por un Proceso Constituyente (22)

La corrupción del capitalismo español tiene anclaje desde el franquismo. Seguimos con el mismo reparto de la riqueza, los mismos poderes financieros, industriales, latifundistas y las mismas familias (los Botín, March, Ybarra, Koplowitz, Del Pino, Entrecanales, Serratosa, Abelló…), las mismas instituciones recicladas que participaron en el genocidio franquista (ejército e iglesia), la misma bandera, y el mismo himno

Miguel Ángel Montes

En la entrega anterior comenzábamos nuestra perspectiva de relación entre el republicanismo y el laicismo, y ya afirmábamos allí algunos puntos elementales de contacto. Y del Estado social al Estado legal. Porque las leyes del Estado republicano, es decir, las leyes elaboradas por los representantes legítimos del conjunto de la ciudadanía atendiendo a la libertad de conciencia, a la igualdad y al bien común, no pueden obedecer a otros frentes que no sean los de la ciencia, la razón, el conocimiento y la reflexión. Precisamente todo ello es lo que garantiza que el Estado sea laico, manifestado en una clara separación entre el poder civil y el poder religioso. Y siempre sin perder de vista que no sólo no deben existir interferencias entre uno y otro, sino que el poder civil, el universal, el de todos, siempre debe estar por encima del religioso, incluso por muy mayoritaria que pueda ser una confesión determinada, o una comunidad religiosa cualquiera. Si el Estado flaquea en cuanto a sus aspiraciones laicas, enseguida esta circunstancia será aprovechada por las comunidades religiosas (especialmente las mayoritarias) para imponer su ideario en el ámbito público. Desde este punto de vista, hay que ser extremadamente estrictos, y estar vigilantes en que cualquier formación religiosa no migre a formación política precisamente por el impulso acaparador de lo religioso. Debemos fijarnos en los idearios concretos de las formaciones políticas, porque ahí es donde se expresa hasta qué punto el hecho religioso inspira el ideario político. 

 

Siguiendo de nuevo la Ponencia de César Alfonso Viñas, hay que destacar que otro punto de contacto entre republicanismo y laicismo es el profundo respeto de ambos por el espacio común (Res Publica), esto es, el espacio de convivencia de todos los ciudadanos, frente a los peligrosos postulados de la Monarquía y el neoliberalismo (la una porque convierte en súbditos a los ciudadanos, el otro porque disminuye el espacio público privatizándolo). Republicanismo y laicismo hunden sus raíces en la Ilustración, quizá el período histórico donde la Humanidad despega su pensamiento, y consigue su mayoría de edad, expresada también por su autonomía moral. Durante la I República Francesa los revolucionarios redactaron la primera Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (después se han sucedido muchas otras), al mismo tiempo que Thomas Payne distribuye sus obras "Los Derechos del Hombre" y "La edad de la razón" por Inglaterra, América y Francia, defendiendo temas como, precisamente, la república y el laicismo. Payne declara que el hombre es mayor de edad para elaborar sus propias leyes, sin ninguna "inspiración divina", sólo las leyes del hombre y del ciudadano, y no depender de ningún Rey o Dios. La Monarquía siempre va unida al poder religioso impuesto por una burguesía y oligarquía dominantes, que también nos imponen su moral, convirtiéndose en la moral dominante. Estos asuntos fueron expuestos con más profundidad en nuestra serie de dos artículos "Dios, la Moral y la Religión desde una óptica marxista", la cual recomiendo a los lectores y lectoras que no la hayan seguido. Y en el plano político, es la Monarquía el instrumento del poder religioso para mantenerse en el poder, ampliarlo y perpetuarlo. Ambos poderes son antidemocráticos. 

 

En definitiva, laicismo y republicanismo parten de un tronco común, de un concepto primigenio, y se unen en la misma realidad social: la autonomía moral de los seres humanos libres para elaborar unas leyes del Estado (o de su comunidad) sin tener que recurrir a instancias divinas o superiores, ya sean éstas la Monarquía o un supuesto Dios. La República es por tanto libertad plena para el autogobierno, abandono del sometimiento a figuras sobrenaturales, soberanía popular, poder que emana del pueblo y que se vierte en él, y que no procede de ningún Rey ni Dios. Vistos como tales, el laicismo es el principio de convivencia democrática, pues el pueblo no se somete a la voluntad de seres superiores. El poder surge del propio raciocinio humano, libre y democráticamente expresado, sin limitaciones ni ataduras. Y esto sólo se puede encauzar a través de una República. El Proceso Constituyente debe abordar y ofrecer vía libre al pueblo para canalizar sus aspiraciones, pero sin ningún dogal que las limite. No nos basta por tanto con modificar, retocar o transformar la caduca Constitución de 1978, base del actual régimen político que nos condena a vivir en la precariedad. Es necesario derogarla, abandonarla, olvidarla, comenzar desde cero, porque dicha Carta Magna no fue fruto de un Proceso Constituyente que diera la voz al pueblo de forma libre y autónoma. Nuestra sociedad, después de más de 40 años de la muerte del dictador, ya está lo suficientemente madura como para dar paso a una nueva Constitución, pero esta vez sí, desde un nuevo Proceso Constituyente. Esta Constitución nos llevará a la III República. 

 

El régimen del 78, como nos sugiere la imagen de entradilla, está acosado por varios frentes que delatan su fragilidad, su corrupción y su ilegitimidad. Es necesario derribarlo, por supuesto de una forma pacífica, ordenada y democrática. Y el laicismo debe ser una bandera del nuevo modelo de sociedad al que aspiramos. Porque el laicismo es el respeto a la individualidad de cada persona (respeto a su libertad de conciencia, a su libertad religiosa y a sus creencias personales), combinado con el profundo respeto a lo común, que se sitúa en otra dimensión distinta, en otro ámbito diferente. Esto es exactamente lo que determina la República con su espacio común, con sus leyes. Y precisamente estas leyes de la República son necesarias para proteger los tres principios del laicismo, a saber: libertad de conciencia, igualdad y bien común. Y así, el laicismo republicano es la libertad de conciencia junto a la defensa del bien común. Tanto respeto merecen las convicciones personales como el espacio público de convivencia. Todo ello delimita un nuevo modelo de convivencia ciudadana libre de injerencias religiosas de toda índole. ¿Tenemos algún precedente de ello en nuestro país? Pues sí: por vez primera en la historia del constitucionalismo español se implantó un Estado Laico con la II República, expresado en la Constitución de 1931, estableciendo un proyecto de convivencia laicista, en cuanto a derechos cívicos y en cuanto a una verdadera separación entre el Estado y las religiones. Desgraciadamente, un grupo de criminales militares golpistas acabó con la II República, instalando un régimen de terror en nuestro país durante cuatro décadas. Y muy significativamente, fue un régimen muy aliado con el pensamiento religioso, lo cual debería darnos pistas muy claras de por qué defendemos el laicismo bajo un modelo republicano.

 

No siempre democracia es el voto de la mayoría. Existen principios básicos como la dignidad humana, la libertad de conciencia, la propia existencia de la democracia, etc., que no pueden someterse a votación de la mayoría. Si se hace, un grupo determinado se estaría situando por encima de la Ley (es decir, de la Constitución), elaborada por el conjunto de los ciudadanos de la República. Por ejemplo, se sitúa por encima de la Ley un Consejo Escolar que vota a favor de mantener los símbolos religiosos en las instalaciones de un determinado colegio público, que es espacio público de todos, y que a todos pertenece, no respetando la libertad de conciencia. Podríamos poner muchos más ejemplos, pero pensamos que la idea ha quedado clara. El régimen actual da prevalencia a los poderes religiosos y a sus valores frente al conjunto de los poderes civiles. Y a su vez, nos declara como súbditos en el sentido de estar representados por un Rey, es decir, por un sujeto perteneciente a una cierta dinastía. Dicho régimen no es democrático, y debe ser cuestionado. Ya tuvimos una oportunidad en la II República, que fue cruelmente abortada. Hoy volvemos a tener una nueva oportunidad. No podemos desaprovecharla. El grado de madurez política e intelectual de nuestra sociedad deben superar el franquismo sociológico aún instalado en muchos frentes. Porque sin Proceso Constituyente, sin nueva Constitución, sin espacio republicano, sin laicismo, las cadenas que hoy nos condenan no serán destruidas. Continuaremos en siguientes entregas.

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26 febrero 2018 1 26 /02 /febrero /2018 00:00
Viñeta: Antonio Rodríguez

Viñeta: Antonio Rodríguez

Los bancos son los que realmente toman las decisiones y –detrás de la cortina de una respetabilidad fingida– son la fuerza motriz detrás de las interminables guerras

Michael Hudson

Nos quedamos analizando en la entrega anterior algunas pinceladas del gasto militar de nuestro país, que vamos a desarrollar a continuación, con ayuda de los informes del Centre Dèlas de Estudios por la Paz, quizá la entidad española de mayor prestigio dedicada a estos asuntos. Lo primero que tenemos que dejar bien sentado al analizar nuestros presupuestos en Defensa es, básicamente, que lo que nos cuentan es mentira. Es decir, no es cierto que los gastos en Defensa sean los que nos cuentan oficialmente, sino que la realidad es otra bien distinta. Como hemos señalado en entregas anteriores, los gastos militares son una excepción a la regla general, en el sentido de que se ocultan y enmascaran en diversas partidas presupuestarias de terceros Ministerios, con lo cual la cifra real es muy diferente a la que se nos ofrece desde las instancias oficiales. Existen toda una serie de argucias presupuestarias que se aplican para ocultar y disfrazar ante la opinión pública el gasto militar real, con la clara intención de que dicho gasto no se conozca. Según el organismo citado, el gasto militar español del año 2017 ascendió a 18.776 millones de euros, una cantidad que representa 51,4 millones diarios, y un 1,64% del PIB, muy por encima del 1% que señala la actual Ministra de Defensa. El principal truco consiste en que el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el de Defensa, decidió desde el año 2012 no incluir el pago de los Programas Especiales de Armamento (PEA) en los PGE, para luego, durante el ejercicio, recurrir a la aprobación en el Consejo de Ministros de un crédito extraordinario para hacer frente a los pagos de esos PEA.

 

Mediante esta argucia (en realidad una clara estrategia para burlar a la opinión pública) se desvían claramente los gastos reales que se van a ejecutar, y se transmite al conjunto de la ciudadanía una información que no es cierta. Porque de esta forma se lleva a cabo un engaño, pues aunque el presupuesto para Defensa aparentemente disminuía, en realidad aumentaba. Pero la incorporación de los pagos de los PEA no es el único ejemplo de ocultación de datos en Defensa, pues existe otra partida, la de las misiones militares en el exterior, a las que se asigna un crédito de 14,3 millones de euros todos los años, cuando en realidad se gastan entre 800 y 1000 millones, que son aportados desde un fondo de contingencia, situado en el programa denominado "Imprevistos y funciones clasificadas" de gastos de Otros Ministerios, que es en realidad un cajón de sastre para imprevistos contemplado en los PGE. Otra falacia que el Gobierno nos transmite en este sentido es el hecho (falso) de que el gasto militar en España se encuentra entre los más bajos de Europa, pues según los datos del Centre Dèlas y del SIPRI (organismo internacional), esto no es cierto. Otra interesante información que normalmente se nos escapa es la comparación entre lo que el Estado invierte en I+D+i (Investigación y Desarrollo) en los campos civil y militar, ya que también aporta una información muy significativa. Según los datos evaluados por el Centre Dèlas en su informe de referencia, la I+D militar representa el 7,1% de la asignación total dedicada a la investigación, el desarrollo y la innovación en los PGE del pasado año 2017. 

 

Pues bien, se trata de un porcentaje que consideramos desmesurado, teniendo en cuenta que la inversión en investigación del Estado Español es de las más bajas de la Unión Europea. Pero comparando la I+D militar con las asignaciones a otras áreas de investigación científicas y sociales (que es lo que nos interesa en este momento), resulta que el presupuesto en I+D militar es 1,7 veces el dedicado a investigación sanitaria, más de cinco veces superior al dedicado a investigación energética, medioambiental y tecnológica, siete veces y media el de la oceanográfica y pesquera, ocho veces y media la agraria, y la mitad de la investigación y desarrollo tecnológico-industrial. Las cifras, por tanto, son tremendamente ilustrativas del gran peso que posee el complejo militar-industrial, y de la clara discriminación positiva que disfruta frente a otros campos de investigación en nuestro país. Pero volviendo a los Planes Especiales de Armamento (PEA), hay que decir que éstos representan un gran lastre de cara a la deuda que están generando, cuyas cifras reales desconocemos. Según el Secretario de Estado de Defensa, los PEA tienen un gasto previsto hasta el año 2030 de más de 20.000 millones de euros, lo que significa que se tendrán que abonar entre 1.000 y 2.000 millones de euros anuales, además de las devoluciones pendientes al Ministerio de Industria de los créditos de I+D. Una enorme deuda que se debe resolver y que representa una grave hipoteca para futuros gobiernos. Hasta ahora, todas las peticiones de auditoría sobre los PEA instadas por los grupos políticos han sido descartadas, y es que los dos partidos que han gobernado alternativamente en nuestro país (el famoso bipartidismo) no quieren que se sepa qué tipos de anomalías rodean los contratos de estos PEA.

 

Los Programas Especiales de Armamento son una clara amenaza para la utilización social de los PGE, y seguirán pendientes del debido esclarecimiento. El secretismo que los rodea algún día saldrá a la luz, y hará aparecer el enorme iceberg de irregularidades que esconden, y que están hipotecando nuestro futuro como país. Además de representar compras de armas que no necesitamos, implica una injusta asignación de recursos públicos, precisamente en años en que deben ser dedicados a las necesidades sociales más básicas y fundamentales. Y es que incluso desde una perspectiva economicista, los PEA continúan siendo una pérdida de oportunidades para las empresas de la economía productiva, y continúan ahondando en la crisis, al producir unos bienes inútiles desde el punto de vista social, pues las armas consumen recursos del Estado que, de ser destinados a la economía real y productiva, tendrían un mayor impacto en la creación de puestos de trabajo. El informe de referencia finaliza en una clara conclusión: "En la coyuntura actual de enorme retroceso en las políticas públicas que ha generado la crisis del capitalismo financiero global, las políticas económicas de los gobiernos deberían inclinarse por proteger el denominado Estado de Bienestar, es decir, aquéllas políticas que proporcionan auténtica seguridad y protección a las personas, así como desarrollar políticas que incentiven la economía productiva, que son las que proporcionan empleo. Ni las armas, ni la industria militar que las produce, ni los ejércitos que las consumen, dado el enorme gasto que originan (18.776 millones de euros en 2017) proporcionan más seguridad que el empleo o las coberturas sociales; por el contrario debilitan el Estado de Bienestar al derivar recursos hacia un ámbito improductivo, la seguridad militar". 

 

Está claro por tanto que la senda pacifista debe invertir estas prioridades, y devolver los recursos necesarios a las arcas públicas para apostar por dichos modelos de seguridad, más humanos y reales. Las amenazas que podamos sufrir no se resuelven con fragatas ni aviones de combate, sino con empleos decentes, protección social, rentas dignas, cotizaciones justas y amplios sistemas de protección y seguridad social. Ahí es donde se demuestra la capacidad de un país para proteger a sus ciudadanos y ciudadanas. Los gastos militares deben ser reducidos, los presupuestos para Defensa deben ser recortados, y el resto de presupuestos para inversiones, gastos e investigaciones sociales deben ser aumentadas. Es decir, hay que invertir la actual tendencia. Pero desgraciadamente, nuestros gobiernos están muy presionados, y no solamente por el enorme poderío del complejo militar-industrial, sino por las propias directrices del imperialismo estadounidense y la OTAN, su brazo armado, de los cuales ya hemos hablado largo y tendido en el anterior bloque temático, al cual remito a mis lectores/as. No es posible un país justo y avanzado si éste dedica los presupuestos que deben incidir en el bienestar de las personas, a una industria militar, a la exportación de armas, y a la participación de misiones militares en terceros países. No es posible un país justo y avanzado si la perversión de los gastos militares llega a nublar la debida asignación a otras partidas que garantizan los servicios públicos y los derechos fundamentales del conjunto de la ciudadanía. No es posible una senda pacifista que dedique gastos militares en escalada, porque dichos gastos no son sino un reflejo de la actividad de la sociedad en la que se vive. Continuaremos en siguientes entregas.

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23 febrero 2018 5 23 /02 /febrero /2018 00:00
Viñeta: ENEKO

Viñeta: ENEKO

Las Empresas Transnacionales (ETN) se han convertido en una suerte de entidades intocables, en organizaciones descentralizadas, deslocalizadas, ramificadas en largas cadenas de suministro en las que se diluye la responsabilidad y se multiplican y diversifican las formas de explotación, relocalización, evasión y elusión de normas laborales o fiscales

Adoración Guamán

BLOQUE V. EL PODER DE LAS EMPRESAS Y EL MERCADO LABORAL.

 

En este quinto bloque temático de la serie que comenzamos, uno de los más importantes de la misma, vamos a incluir muchos temas que tienen como nexo común al mundo del trabajo y de las empresas. La arquitectura de la desigualdad se ha desplegado de forma especialmente cruel y despiadada en este ámbito, y hoy día el mundo laboral está salvajemente desregulado y precarizado, y mientras los altos directivos de las entidades cobran sueldos astronómicos y tienen garantizados sus elevados emolumentos de por vida, el grueso de los trabajadores y trabajadoras que se dejan su piel vendiendo su fuerza de trabajo para sus empresas llevan una vida cada vez más mísera y pobre. Indecentes empleos, abusiva temporalidad, sueldos miserables, escasa o nula protección social, etc., inundan un "mercado" (el nombre ya es en sí mismo muy ilustrativo) laboral donde la desigualdad se proyecta a marchas forzadas. Por tanto, muchos temas abordaremos en este importante bloque temático, tales como el nuevo imperialismo de las élites económicas, el poder de los lobbies empresariales, la vulneración de los derechos laborales, la trama empresarial y su relación con la política, el poder de las grandes cadenas distribuidoras, la precariedad laboral, los trabajadores pobres, el terrorismo laboral de las grandes empresas, las estrategias de explotación a los trabajadores y trabajadoras, las falacias del paradigma del emprendimiento, las vertientes de la precariedad, el debate sobre la evolución del trabajo, el trabajo formal e informal, la influencia de las nuevas tecnologías en el mundo laboral, la renta básica universal, o los planes de trabajo garantizado, entre otros muchos asuntos. 

 

Algunas series de artículos previas ya publicadas en este Blog pueden servir de orientación para nuestros lectores y lectoras, tales como "Filosofía y Política del Trabajo", o la más reciente "Contra los Tratados de Libre Comercio", entre otros muchos artículos aislados donde hemos analizado el comportamiento y las actitudes del mundo empresarial. Algunos de los más destacados han sido "Sobre la Reforma Empresarial", "¿En qué consiste el empleo digno?", "¿Debe existir el Derecho a No Trabajar?", ..... También  hemos dedicado varios artículos independientes a exponer el tremendo peligro de la actividad de muchas empresas, auténticos paradigmas del funcionamiento del capitalismo más descarnado, tal como hicimos, entre otras, con la consultora PriceWaterhouseCoopers (PWC), el grupo textil Inditexla petrolera Repsol, etc. Igualmente recomendamos a nuestros seguidores y seguidoras la lectura de la serie de artículos "Una Reforma Laboral desde la izquierda", también publicada en este Blog. Bien, podemos comenzar entonces por algunas pistas que nos ofrezcan la auténtica dimensión del poder empresarial en nuestro país, y en general, en todos los países de nuestro entorno. En este artículo del pasado verano firmado por Aitor Riveiro y Rodrigo Ponce de León para eldiario.es se nos informa de que la CEDE (uno de los más poderosos lobbies empresariales) volvió a acudir al almuerzo opaco que el Congreso de los Diputados les ofrece, desde hace más de 20 años. Una reunión no publicitada oficialmente, donde la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) se reúne con diversos diputados del Parlamento, previa invitación de su Presidente/a. 

 

En dichos encuentros estos altos ejecutivos y directivos empresariales les ofrecen a nuestros representantes políticos sus soluciones para asuntos tan importantes como las pensiones, la fiscalidad o la educación, y ya podemos intuir el carácter de sus "recomendaciones". Normalmente no se da información sobre los asistentes a dicho almuerzo ni de los temas de la supuesta agenda, por ser una reunión "de carácter privado". Podríamos pensar que reuniones de este tipo son absolutamente normales, correctas y deseables para trasladar el pensamiento de las organizaciones de la sociedad civil en torno a los grandes asuntos sociales, pero este pensamiento sería algo ingenuo, de entrada porque no es equilibrado, en el sentido de que el Parlamento no se reúne (al menos hasta ahora) con las asociaciones de presos, con las Kellys que limpian los hoteles, con las organizaciones del precariado, con los sindicatos minoritarios, o con las mareas defensoras de los servicios públicos, por citar tan sólo algunos ejemplos. ¿Es que lo que estas asociaciones puedan aportar no es tan importante como lo que pueda aportar la CEDE? Pues parece que al Parlamento le interesa más lo que la Confederación de Directivos pueda aportar, una organización cuya Junta Directiva está presidida por Isidro Fainé, y que cuenta con una Fundación en cuyo Patronato aparecen los Presidentes o Consejeros Delegados de varias grandes empresas como Bankia, Repsol, Telefónica, Abertis, Deloitte, Fujitsu, Caixabank o Bankinter. Por si los lectores y lectoras no lo sospechan, daremos algunos ejemplos de sus ideas: en 2014, durante un encuentro con diputados sobre desempleo propusieron rebajar las cotizaciones empresariales y subir el IVA, mientras que en una reunión sobre pensiones expusieron a los parlamentarios implementar un sistema mixto, es decir, planes de pensiones públicos y privados. Sin más comentarios.

 

El dominio corporativo en todas las esferas de la vida se desarrolla cada vez más en el escenario de globalización capitalista y neoliberal que sufrimos, y esta dictadura del empresariado se manifiesta en demasiadas vertientes de nuestra vida. El enfrentamiento entre la democracia y los mercados se viene saldando en favor de éstos últimos, y básicamente cada batalla se vence aportando un grado más de desregulación. Y ello no sólo se manifiesta en un ataque frontal contra los más elementales derechos de la clase trabajadora y contra sus históricas conquistas, sino también en el fraude y el robo corporativo, el desprecio hacia los consumidores, y en los crímenes medioambientales, entre otros frentes de actuación. El desaforado poder corporativo ha convertido el trabajo humano en una despiadada selva, y ha vuelto más ciertos que nunca todos los postulados que ya enunciara Marx en sus famosos escritos y trabajos. Las formas actuales de gobernar (salvo en algunos honrosos casos) consisten cada vez más en someter todas las esferas de la vida humana a las lógicas de la maximización del beneficio. Hoy día se han instalado como mantras indiscutibles la eficacia empresarial, la autonomía del mercado, la desregulación ilimitada, la seguridad jurídica y la ineficiencia de lo público, con tal fuerza que los que nos esforzamos por desmontar dichos mantras hemos de enfrentarnos a una feroz resistencia. Tal fuerza poseen dichos mitos en el pensamiento dominante, que incluso tras la debacle social provocada por la crisis de 2007, las grandes corporaciones han salido reforzadas. En consecuencia, una concentración aún mayor de este poder empresarial gobierna casi todos los aspectos de nuestras vidas. 

 

Y como decimos, todo ello se traduce en una arquitectura de la desigualdad absolutamente impregnada de dichos mitos, falacias y mantras, preñados a su vez de un dogma neoliberal profundo y casi incuestionable. Las empresas son hoy día las que gobiernan el mundo, y el resto de actores políticos y sociales se ponen a su servicio. Las leyes, normas y decretos a nivel global están repletas de procesos de privatización, mercantilización, flexibilidad laboral y desmantelamiento del sector público, todo ello para favorecer el campo de acción de las empresas. Estas grandes empresas están detrás de la entrada de capital privado en los hospitales públicos, el copago sanitario, la exclusión sanitaria de las personas migrantes, las contrarreformas laborales y educativas, el encarecimiento de la formación universitaria (lo cual ha provocado la expulsión del sistema de muchos estudiantes),  la subida continuada de tasas para suministros básicos, y así sucesivamente, hasta dibujar un panorama ciertamente desolador y excluyente. En la actualidad el poder de bancos, empresas de comunicaciones, mediáticas, energéticas, sanitarias, etc., es absolutamente desmesurado e irracional, y constituye un hecho que socava profundamente los cimientos de nuestras democracias. Los abusos de poder y el dominio y control sobre los mercados de estos grandes actores económicos llegan a ser tales que el conjunto de la ciudadanía experimenta un sometimiento injusto a sus dictados, y una situación insostenible de dependencia hacia las mismas. La desigualdad está servida, y se manifiesta fundamentalmente en la desregulación de los mercados laborales, y en la impunidad de estas megacorporaciones. Continuaremos en siguientes entregas.

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