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31 enero 2018 3 31 /01 /enero /2018 00:00
Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

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...A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero...

Miguel Hernández

Finalizamos ya en esta última entrega, la número 60, nuestra serie de artículos dedicada a la superación del franquismo. Y lo último que propone el texto legislativo que estamos exponiendo en esta recta final es la creación del Consejo Estatal de Pedagogía de la Memoria Histórica. Se trataría de un organismo paritario entre el Gobierno y la sociedad civil, que velaría por el absoluto respeto a la misma en todos sus órdenes y dimensiones. Dicho organismo, entre otras funciones, asesoría en la adaptación de los contenidos a los libros de texto escolares y a las series televisivas y documentales ya referidas en anteriores entregas, y velaría por el cumplimiento íntegro de la Ley de Memoria Democrática en todos sus aspectos. Porque como muy bien indica José María Pedreño (Federación Estatal de Foros por la Memoria) en este ya antiguo artículo de la Revista Pueblos, rescatado recientemente por el medio Eco Republicano, la recuperación de la Memoria Histórica es esencial para fortalecer la democracia, como elemento de lucha contra la impunidad, como arma para la defensa de los derechos humanos y como elemento ideológico de construcción y vertebración de la sociedad. Hay que acabar con el actual desconocimiento que nuestra sociedad posee sobre lo que supuso el franquismo, desconocimiento que provoca falta de comprensión sobre los procesos históricos que han dado como resultado nuestro presente, generando un profundo déficit democrático que se sustancia día a día en los mimbres de una sociedad despolitizada y poco participativa. Nuestra democracia de baja intensidad está edificada sobre el desconocimiento y el olvido. 

 

El miedo sigue siendo dueño del pensamiento y de las actitudes de muchas personas, un miedo asentado en la alienación mental y cultural procedente de décadas de franquismo (en primer lugar) y de otras décadas de neoliberalismo (en segundo lugar). Un miedo que ha proporcionado (y lo sigue haciendo) la victoria ideológica del franquismo, y la hegemonía del pensamiento neoliberal que defienden hoy día la mayoría de los partidos políticos que nos representan. Quizá quien mejor lo haya expresado recientemente ha sido Juan Rivera (miembro del Colectivo Prometeo y del Frente Cívico "Somos Mayoría"), quien ha escrito en este artículo: "El franquismo sociológico se apuntala en un estado mental en el que el predominio del pensamiento único oficial de hoy, bebe del exterminio violento de las ideas alternativas ejecutado ayer". Somos hijos de nuestra historia, de nuestro pasado, que nos explica el presente y nos proyecta al futuro. Por ello debemos pasar página del franquismo, pero pasarla bien, pasarla al completo, habiéndola leído con integridad. Sólo recuperando la Memoria Histórica y Democrática y restableciendo la verdad, la justicia y la reparación será posible pasar definitivamente esa página negra de nuestra historia, con plenas garantías de no repetición. Porque como afirmara Suso de Toro: "España no rompió con el franquismo, simplemente lo reformó". Reformó su apariencia, sus modos, sus formas de gobernar, pero no sus poderes fácticos, no las líneas básicas de su ordenamiento jurídico ni de sus bases legales, no los aparatos del Estado, ni el corpus ideológico que lo sustenta. 

 

El franquismo aún perdura en nuestro país, y en muchas ocasiones las huestes franquistas se envalentonan, pierden el miedo, se hacen fuertes, imponen su discurso. No podemos permitirlo. Esta serie de artículos ha intentado ser lo más pedagógica posible, mostrando todos los aspectos de ese franquismo político y sociológico que aún padecemos, y la enorme cantidad de medidas que podemos y debemos tomar para erradicarlos. Hemos puesto énfasis en luchar contra los postulados y el protagonismo tanto de la Iglesia Católica (que proporcionó el núcleo de la ideología legitimadora del golpe militar y de la dictadura) como de las Fuerzas Armadas (algunos de cuyos sectores aún nos recuerdan que son ellos los que mandan, los que ganaron la guerra, y los que defienden la "unidad indivisible de la patria" a golpe de sable). Superar el franquismo significa hoy día declararse abiertamente antifascista, y recuperar la legitimidad republicana. Superar el franquismo es entenderlo, como lo define Víctor Arrogante con su magistral sabiduría: "Políticamente antidemocrático; jurídicamente anticonstitucional; socialmente conservador y tradicionalista; espiritualmente clerical; ideológicamente totalitario; económicamente capitalista; militarmente absolutista, y moralmente inhumano". Así fue el franquismo, y por todo ello hay que superarlo. Superar el franquismo implica levantar el falso mito de la Transición, juzgar a los responsables aún vivos, respetar la memoria de todas las víctimas, luchar por la dignidad de todas las personas y colectivos, derogar la vergonzosa Ley de Amnistía, derribar el Valle de los Caídos, retirar toda la simbología franquista de nuestras calles y plazas, y dejar de disculpar, justificar o ensalzar la figura del execrable dictador. Todo ello está pendiente de llevarse a cabo en nuestro país. 

 

Porque el franquismo, aunque sea edulcorado, no puede tener cabida en una sociedad democrática, ni ningún otro tipo de fascismo. Por tanto, la impunidad de la que aún gozan los jerarcas y represores franquistas es una anomalía histórica, moral y democrática, que debe avergonzarnos a todos. Y esta vergüenza también se manifiesta en que continúe gobernando un partido político, hoy llamado "Partido Popular" (cuando es lo más antipopular que existe), heredero directo de la derecha franquista. Se les ve el plumero en multitud de ocasiones, cuando directa o indirectamente, legitiman el franquismo sociológico en el que estamos inmersos. Todo concuerda, porque son como los describe Juan Carlos Monedero: "...Aceptaron tarde la democracia, aceptaron tarde la Constitución, aceptaron tarde el municipalismo, aceptaron tarde la igualdad, el aborto, el divorcio, el matrimonio homosexual, aceptaron tarde Europa, aceptaron tarde la justicia internacional, aceptaron tarde la confesionalidad del Estado y van a aceptar tarde la plurinacionalidad (...). Ellos son España y España es lo que ellos dicen que es, el espacio que coincide con sus intereses. Aunque tengan el dinero en Suiza o Panamá". Magistralmente lo expresó Juan Goytisolo en el 80 aniversario de la II República, cuando sentenció: "No nos resignemos a una permanente injusticia. Bajar la guardia y rendirnos sería dar por buena la brutalidad de los alzados contra el conjunto de aspiraciones e ideales que encarnó la República. La herencia cívica y ética de ésta no ha muerto; sigue viva y muy viva en nuestros corazones y conciencias". 

 

Para finalizar la serie, hemos elegido el texto del Romance de Juan García, de Francisco Moreno Galván (cantado por tonás en un disco de José Menese), que retrata perfectamente uno cualquiera de todos los asesinatos viles y crueles que se cometieron durante la Guerra Civil y la dictadura:

 

"Fue sentenciado Juan García, a golpe de mosquetón,

primera noche de agosto, sin jueces ni defensor.

No era por miedo su llanto, porque llorando salió,

lloraba porque dejaba, lo que en su casa dejó.

Lo sacaron amarrao, y amarraíto quedó,

a dos pasos del camino, en el camino a Morón.

Así murió Juan García, testamento no escribió,

pero lo que Juan dejaba, el pueblo lo recogió"

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30 enero 2018 2 30 /01 /enero /2018 00:00
Viñeta: Malagón

Viñeta: Malagón

...Lo que se aplica es una política con cuatro constantes: austeridad, es decir, reducción de gastos sociales vitales, de salarios directos e indirectos, de pensiones y jubilaciones, de servicios colectivos, etc. Privatización, es decir, vender todo lo público, colectivo y común a la burguesía a precio de ganga, para que pueda aumentar la tasa media de beneficio aunque sea a costa del empobrecimiento popular. Flexibilidad, es decir, destrucción de derechos sociolaborales y democráticos, derechos políticos conquistados por el pueblo trabajador pero que dificultan los negocios burgueses. Y represión, es decir, amedrentar a las clases trabajadoras para que no se resistan y sobre todo no pasen a la ofensiva, para que malvivan en el miedo y en la obediencia acobardada

Iñaki Gil de San Vicente

A vueltas con el Sistema Público de Pensiones y sus últimos ataques orquestados, habría que aclarar en primer lugar que la defensa de las pensiones públicas en toda su extensión no es sólo cosa de las personas mayores jubiladas, puesto que el sistema incluye para las personas, además de la propia jubilación a su edad correspondiente, otros tipos de prestaciones asociadas, tales como las pensiones de viudedad, orfandad, protección ante las incapacidades derivadas de cualquier contingencia, las prestaciones familiares, la maternidad-paternidad, la asistencia sanitaria y el resto de servicios sociales vinculados a todas ellas. El Sistema Público de Pensiones (en adelante, SPP) debe ser defendido por el conjunto de la clase trabajadora, pues sus múltiples manifestaciones les afectan en mayor o menor medida a lo largo del tiempo. Todo el ataque que está sufriendo el SPP está derivado de la ofensiva neoliberal que está derribando poco a poco la práctica totalidad de las conquistas de la clase obrera durante las últimas décadas. En el fondo, la idea y el objetivo que subyacen es que sea la banca privada la que asuma el rol que ahora mismo posee la Seguridad Social, y se encargue de sufragar las pensiones de los mayores. Pero lógicamente, si tenemos en cuenta la trayectoria de estas entidades y los referentes ocurridos en otros países, el panorama es ciertamente desolador. 

 

Nosotros pensamos que ningún agente ni entidad privada puede encargarse de este objetivo, pues se trata de un derecho humano fundamental, alejado del afán de lucro y beneficio que cualquier empresa pueda lícitamente tener. Desde este punto de vista, han de ser las instituciones y organismos públicos los que se sigan encargando de ello, pero el saqueo que llevan sufriendo desde los últimos años acá nos sugiere que este asunto necesita un replanteamiento urgente. Pero metidos en harina, también nos damos cuenta de que el SPP no puede sufragarse con ocurrencias como nuevos impuestos (como el sugerido recientemente por el PSOE para gravar las transacciones financieras, que además es un carro al que se ha subido tarde y mal), ni ordinarios ni extraordinarios, pues todos ellos dependen del nivel de recaudación que el Estado pueda hacer sobre ellos. El SPP es demasiado importante como para depender de los vaivenes del mercado, ni de la recaudación de cierto tipo de impuestos que contribuyan a las arcas públicas. Pero es evidente que la precariedad del mundo laboral actual (temporalidad, bajos salarios, escasa protección social, etc.) y los altos niveles de paro generados no pueden aportar las cantidades suficientes como para que el SPP sea sostenible. ¿Cuál es, entonces, la solución? Evidentemente, y en primer lugar, volver a reconstruir un mundo de relaciones laborales que ha sido prácticamente destruido mediante las últimas Reformas Laborales (tanto de PP como de PSOE), anulando el poder sindical y la negociación colectiva, y vinculando todo el poder y la hegemonía a las organizaciones empresariales. 

 

Pero aún nos quedaría alguna inseguridad en la financiación del SPP si lo derivamos todo y siempre al mundo laboral. Un mundo laboral fuerte, estable y con derechos, con bajas tasas de paro, permitiría por sí mismo, de entrada, anular las peligrosas incertidumbres que se ciernen sobre el SPP, pero todavía deberíamos dar alguna vuelta de tuerca más para asegurar definitivamente el sistema. Durante los últimos años, la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas ha sido alarmante, pues mientras el IPC ha seguido su curso, la revalorización de las pensiones públicas no se ha desviado del 0,25% contemplado en el Decreto que las regula. Por tanto, se necesita en primer lugar revalorizar las pensiones a niveles dignos, y la sola vuelta del mundo laboral a sus condiciones anteriores (cosa que aún está por ver) no sería quizá garantía para poder alcanzar dicho objetivo. Necesitamos unificar (en el horizonte tenemos la Renta Básica Universal que aglutinaría todas las prestaciones públicas con dicho rasero) el importe de las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), subiendo dichos valores hasta niveles dignos. Y como decimos, hemos de colocar un nuevo factor de sostenibilidad al sistema, que despeje cualquier tipo de duda al respecto. Dichas políticas han de descansar sobre la base del pleno y escrupuloso respeto a los Derechos Humanos fundamentales, luego está claro que si el sistema actual de cotizaciones a la Seguridad Social es insuficiente (o como medida hasta que vuelva a ser suficiente), hemos de implementar una fuente de recursos proveniente de otra vía, y esa vía no puede ser otra que los Presupuestos Generales del Estado. 

 

Porque en efecto, los PGE contemplan la financiación de múltiples partidas públicas de recursos (sueldos de todo tipo de funcionarios, por ejemplo), incluidas la financiación espuria a ciertos elementos que nosotros entendemos sobrantes, como la financiación a la Casa Real o a la Iglesia Católica, por no citar la cantidad de ingresos que se van a pagar los intereses de la demencial deuda pública que soportamos, o los presupuestos (muchos de ellos disfrazados u ocultos) destinados a las políticas de armamentos, de defensa (o mejor dicho, de ataque). La pregunta es muy fácil de enunciar: ¿cómo es posible que existan fondos para todas estas partidas, y no podamos garantizar fondos para sufragar el SPP? Pues es otro de los indecentes flecos que tenemos que soportar, sobre todo si comparamos las dificultades de toda persona asalariada o autónoma para cobrar una pensión digna, comparada con los privilegios de nuestros políticos, banqueros y grandes empresarios, que pueden compatibilizar en algunos casos hasta 3 pensiones, o cobrar la pensión máxima habiendo cotizado sólo 10 años, o autoconcederse indemnizaciones millonarias antes de liquidar la entidad, mientras a los demás trabajadores/as se les manda el mensaje de que hay que jubilarse cuanto más tarde mejor, e incluso, si se puede, jubilarse compatibilizando la pensión con un trabajo. Las vergüenzas de este injusto sistema aparecen por doquier. Se necesita imperiosamente romper con este panorama. Más que una solución mágica, lo que necesitamos es poner en marcha un conjunto de nuevas políticas que partan de la idea de asumir la sostenibilidad del sistema como absolutamente garantizada en todo momento.

 

No valen los cálculos demográficos baratos que nos hablan de la evolución de la esperanza de vida, porque los que nos argumentan esta falacia son los mismos que nos proponen planes de pensiones privados, o que llevan años degradando y precarizando el mercado laboral. Hay que romper con las limitaciones referidas a la financiación exclusiva a través de las cotizaciones sociales, abriendo el campo a la financiación pública a través de los PGE, y hay que crear puestos de trabajo estables y con derechos, en vez de continuar basando el discurso en mantras como los "20 millones de ocupados", que en realidad estarán ocupados en ser números de una estadística temporal. Las prioridades económicas serían restablecer el poder adquisitivo de los pensionistas (caído en picado desde 2011), devolver la vinculación de la subida de las pensiones al IPC, y sincronizar la pensión mínima con el SMI y demás prestaciones básicas, alcanzando hasta los 1.000 euros mensuales. A nivel social, necesitamos homologar nuestras cifras a los valores europeos de nuestro entorno, reducir (hasta anular) la brecha de género en las pensiones, eliminar todo tipo de co-pago (más bien re-pago) que se imponga a los pensionistas, y garantizar los servicios de suministros básicos (energía, agua, transporte...). Todo ello debe apoyarse en un conjunto de medidas legales que descansen sobre la aceptación del SPP como un derecho constitucional contemplado en los PGE, el restablecimiento de la jubilación ordinaria a los 65 años, que contemple la jubilación anticipada sin penalización alguna (es decir, con el 100% de la base reguladora a partir de 40 años cotizados), la integración y armonización de las cotizaciones de todos los regímenes de la Seguridad Social, y la recuperación del subsidio indefinido para las personas mayores de 52 años. Para todo ello, sólo necesitamos la voluntad política necesaria. 

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29 enero 2018 1 29 /01 /enero /2018 00:00
Por la senda del Pacifismo (86)

Ahora que reflexiono, la guerra no es triste porque los que la fomentan tienen cuentas en Panamá, la guerra no es triste porque la noche posterior a cada atentado hay personalidades descorchando botellas de champán al saber que al día siguiente subirán las acciones de la industria de las armas, la guerra no es triste porque los vencedores expolian, torturan y asesinan a su antojo… Para los que la sufren, la guerra es mucho más que jodidamente triste y ya no les respetan ni en Twitter. La guerra es jodidamente triste porque inunda las calles de cadáveres… porque nos enseña que fuera del dinero y del poder, nada, ni aún la vida, importa

Luis Gonzalo Segura (exteniente del Ejército de Tierra, miembro del Colectivo Anemoi)

Si entendemos la guerra como un negocio en los términos que estamos exponiendo, es evidente que no podremos acabar con las guerras hasta no acabar con el negocio de las guerras, con sus ganancias, con sus industrias, con sus políticas, con sus ambiciones, con sus necesidades, con sus objetivos. El estado de guerra permanente en que vivimos no obedece a ninguna realidad política ni a ninguna amenaza real, sino a las ansias de crecimiento y desarrollo del sector armamentístico y del complejo militar-industrial-tecnológico. Una industria y unos beneficios tan ciegos que ignoran los tremendos y definitivos daños que causamos no sólo a las personas, sino al medio ambiente y al planeta en general. La huella ecológica del permanente estado de guerra en que nos encontramos nos pasa una factura igualmente permanente y peligrosa, que de no reconfigurar el rumbo, será definitivamente perniciosa. Desaparecen ecosistemas locales, fauna y flora, los suelos se desertifican, la floresta se ve seriamente mermada, van desapareciendo las aves migratorias. Los equilibrios naturales se ven seriamente dañados. La guerra permanente es una guerra contra el planeta, contra todos los recursos, contra todas las personas, aunque podamos estar situados o viviendo a miles de kilómetros de los conflictos armados. Las guerras generan daños ecológicos y accidentes que se mantienen durante años después de la finalización de los conflictos, y que suponen una terrible huella difícil de superar. Dramas humanos, dramas colectivos, dramas ambientales, dramas planetarios que nos pasarán una factura demasiado elevada. 

 

Por su parte, y siguiendo a Nora Fernández en su artículo de referencia, hemos de prestar mucha atención a la contaminación ambiental que el propio militarismo obsesivo genera. El Departamento de Defensa de Estados Unidos por sí solo produce más basura que las 5 mayores corporaciones químicas de USA, incluyendo uranio empobrecido, petróleo, pesticidas, herbicidas, plomo y radiación producida durante la manufactura, el testeo y el propio uso de las armas. Miles de kilos de micro partículas radiactivas altamente tóxicas contaminan, por ejemplo, Oriente Medio, Asia Central o los Balcanes. Las minas antipersonas y las bombas de racimo (expresamente prohibidas por los actuales Convenios de la ONU vigentes ) están diseminadas por extensas áreas durante años siguientes a la finalización de los conflictos armados. Y continúan generando terribles accidentes, que hieren, mutilan y matan a víctimas inocentes. En 2009, esto es, 34 años después de la finalización de la guerra de Vietnam, la contaminación por dioxina en este país era entre 300 y 400 veces superior a la considerada como normal, provocando severas deformaciones en los nacimientos y numerosos casos de cáncer, en la tercera generación de habitantes desde el fin de la guerra. La huella ecológica es ciertamente la más destructiva, y la más perdurable. Y en cuanto a los pueblos, es evidente que los conflictos armados generan desestructuración de los mismos, lo que unido a las guerras tribales, los saqueos y las provocaciones de catástrofes (incendios, atentados, explosiones, tumultos, etc.) continúan asesinando a miles de personas. 

 

En todas estas dimensiones de la devastación, de la tragedia y del horror están firmemente interesadas todas las industrias implicadas, incluso en las posteriores tareas de carácter "humanitario" y de "reconstrucción". Cientos de empresas cruzan sus intereses en las actividades y contratos posteriores a una guerra, por lo cual les interesa la destrucción previa a la construcción. La guerra como negocio es quizá la vertiente más detestable de la naturaleza humana. Hemos de acabar con ella, que implica por tanto acabar con los propios intereses que las mueven. Los perjuicios humanos no se contabilizan además sólo en los más graves (heridos, mutilados o asesinados en guerra), sino que también inciden en los soldados que vuelven a sus países de origen después de cualquier conflicto armado. Entonces, muchos de ellos y ellas tienen que recibir asistencia debido a daños físicos, emocionales o psicológicos, que pueden suponer elevados gastos a las arcas públicas, además de la propia incidencia personal sobre sus familiares y amigos. Por su parte, el mito de que las guerras son positivas para la economía también es falso. Para las economías, también es mejor la senda del pacifismo. De entrada, los gastos militares desvían recursos que deberían haber sido destinados a usos productivos, y ello ralentiza la expansión económica y el empleo. Las guerras extinguen la riqueza, deprimen la economía, socavan la democracia, afectan negativamente a los mercados, anulan la prosperidad. Sólo los más pérfidos intereses pueden excusar las guerras y ver algún enfoque positivo en ellas. La guerra es el negocio de la muerte y de la destrucción, pero es un negocio. 

 

Un terrible negocio de tal volumen que en el año 2016 todos los gastos militares del mundo supusieron un 2% del PIB mundial. Y cada año no cesan de aumentar. Los presupuestos públicos de países de todo el mundo, salvo honrosas excepciones, dedican cada año más cantidad proporcional a los presupuestos de la guerra. Sin ir más lejos, en nuestro país la Ministra de Defensa ha anunciado que se duplicará el gasto militar durante los próximos siete años, y se ha quedado tan pancha. Es un absoluto suicidio aceptar la guerra como estrategia y situación permanente, es un horror aceptar el proyecto globalizador (basado en la falsa premisa de la "lucha global contra el terror") que valida y normaliza el uso de armas nucleares, sino que hay que entenderlo como un acto criminal contra la vida del planeta. Nora Fernández lo expresa en los siguientes términos: "Justamente porque la guerra es un evento funesto para la humanidad, se hace crucial cuestionarla abiertamente como estrategia fallida. La guerra se presenta como última solución, estrategia de último recurso, pero no es solución ni es aceptable. Facilitar la paz es la única solución (...). Promover la paz como única solución a los problemas de la humanidad es crucial. Hoy, a los daños de guerra a humanos y a otras especies, se suman los daños al medio ambiente y el despilfarro de recursos naturales esenciales para la supervivencia de la humanidad. Es prioritario decir no a la guerra y al militarismo y terminar con la glorificación de la muerte para beneficio del poder". Es totalmente prioritario luchar y desmantelar los intereses de cuantos sectores puedan beneficiarse de la barbarie de la guerra, porque de la devastación ningún sistema racional puede obtener ventajas ni beneficios. 

 

Ese negocio nos deja un irrespirable ambiente plagado de muerte, destrucción, dolor, hambre, miedo, inestabilidad, sufrimiento, heridos, desplazados y traumatizados de por vida. Sin embargo, los poderes interesados nos presentan siempre las razones de la guerra como de defensa, nos dicen que nos atacan los salvajes, los herejes, los desalmados, los malos, los otros despojados del planeta. Se nos dice que sufrimos amenazas, que quieren destruirnos, que quieren romper nuestro modo de vida. Se nos dice que nosotros representamos el bien, y ellos el mal. Nada de eso es verdad. Las verdaderas razones de la guerra son interesadas, son prosaicas, son económicas, son ambiciosas. Simplemente, tenemos armas que probar y vender, ingresos que obtener, beneficios que multiplicar, territorios y recursos que explotar, intereses que proteger, privilegios y estatus que defender. Por eso la guerra es un negocio. De ahí que los gastos para las guerras (llamados eufemísticamente gastos "de defensa") se hayan convertido en pieza esencial de los presupuestos públicos de cualquier país, cuyos Gobiernos son presionados por los lobbies del sector. En algunos casos, los gastos de guerra se convierten en proyectos de ley de emergencia. La ley se alía con la guerra, desvirtuando de este modo su sublime carácter. De ahí que los presupuestos para la guerra hayan de ser disfrazados, tengan que ser manipulados y ocultados bajo otras partidas, escondidos de las cifras visibles, para que no lleguen a la población de forma cruda y directa. Las guerras son un negocio muy caro. Continuaremos en siguientes entregas.

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26 enero 2018 5 26 /01 /enero /2018 00:00
Viñeta: Enrico Bertuccioli

Viñeta: Enrico Bertuccioli

Existen datos fehacientes de cómo debido a la evasión fiscal, los Gobiernos no logran recaudar un tributo óptimo de las multinacionales y los multimillonarios, por lo que suelen optar por recortar en inversión pública, destinada a políticas sociales, o por subir los impuestos a los sectores más desfavorecidos, agravando las desigualdades

Lidia Fagale

Bien, parece que vamos teniendo ya una idea bastante clara de la perversa dimensión de los paraísos fiscales, y de hasta qué punto intervienen como piezas imprescindibles para el despliegue de la arquitectura de la desigualdad social que padecemos. Por si aún no lo tenemos claro, valgan las siguientes palabras de Emir Sader, uno de los mejores científicos sociales del mundo, que nos deja en este artículo para el medio Alainet: "Los llamados paraísos fiscales son verdaderos prostíbulos del capitalismo. En esos territorios se practica todo tipo de actividades económicas que serían ilegales en otros países, captando y limpiando sumas millonarias de recursos, como los provenientes del comercio de armas, del narcotráfico y de otras actividades ilegales de otros países. Sirven asímismo para hacer circular capitales sin pagar los impuestos que deberían pagar en sus países de origen". Está fuera de toda duda que estos territorios offshore poseen un rol central en el universo de las finanzas sucias, es decir, en los activos generados en todo tipo de negocios oscuros, ilícitos, execrables, criminales, ilegales y perversos. Mafias y políticos corruptos, además de por supuesto las grandes fortunas, los bancos y las grandes empresas transnacionales, son clientes asiduos de estos territorios. Tráfico de armamentos, empresas de mercenarios, tráfico de drogas, prostitución internacional, corrupción, asaltos, secuestros, contrabando, evasión de impuestos, etc., son las fuentes que alimentan a estos micro-Estados offshore, todas ellas basadas en el blanqueo de dinero y en la ocultación de sus verdaderos titulares. 

 

Y como señala Susana Ruiz al medio Contextos: "Economistas tan prestigiosos como Thomas Piketty, el Premio Nobel Angus Deaton o el antiguo economista jefe del FMI Olivier Blanchard coincidían hace unos meses en que no existe una justificación económica para su existencia. Los paraísos fiscales son tóxicos, corrosivos y aceleran la crisis de desigualdad extrema. Entonces, ¿qué nos impide ponerles coto? Por absurdo que parezca, el problema fundamental de los paraísos fiscales es la falta de una definición universal común. Y así conviven casi tantas listas como países y organismos internacionales. Desde la de Brasil, con más de 50 jurisdicciones, hasta la de la OCDE, ahora mismo completamente vacía". Susana Ruiz (responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón) hacía estas declaraciones en diciembre de 2016, por lo cual sospechamos que el panorama habrá cambiado, pero muy ligera y vergonzosamente. En cualquier caso, la falta de un acuerdo universal sobre la lista de territorios offshore es el primer paso a la hora de mostrar la falta de voluntad política de acabar con ellos. Pero volviendo a relacionar esta historia con la arquitectura de la desigualdad (que es lo que nos ocupa en esta serie de artículos), hay que dejar claro que en el fondo se trata de un inmenso robo organizado a gran escala de una riqueza que pertenece al conjunto de la población que la ha creado con su trabajo y con su aportación, y que debería servir al bien común, financiando los servicios públicos que a todos pertenecen. El fraude organizado a través de los paraísos fiscales obstaculiza el desarrollo económico, frena las capacidades del país, reduce el montante de las arcas públicas, socava la implantación y sostenibilidad de los servicios públicos, y fomenta la desigualdad (básicamente, el empobrecimiento colectivo de la mayoría social a mayor gloria de las élites más poderosas).

 

Queda claro por tanto que dichos flujos ilícitos de capitales privan a los Estados de los recursos necesarios que podrían (y deberían) financiar actividades indispensables para la eliminación de la pobreza y para la consecución de derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles. Los paraísos fiscales contribuyen de esta forma a la socialización de la pobreza, y a la privatización de la riqueza. Las cifras las tenemos por doquier. Ya hemos dado algunas en entregas anteriores. Existen muchas más: en este artículo de Enric Llopis para el medio Rebelion.org se cita un informe de Intermon Oxfam de abril de 2017 donde se señala a empresas como Pfizer, AT&T, Exxon Mobil, Goldman Sachs, Dell, Ford, Tesla, General Electric, Chevron, Walmart y Apple como los más significativos de un total de 50 gigantes empresariales de Estados Unidos, responsables de ocultar 1,6 billones de dólares en paraísos fiscales. Y ante ese escandaloso dato, la Casa Blanca lo que anuncia es una masiva rebaja fiscal y una mayor desregulación de los mercados. Hasta un grupo de ricos medianamente responsables salió hace algunas semanas en banda a oponerse a dichas medidas, porque entendían que dichas medidas sólo contribuirían a aumentar las desigualdades, pero el desalmado gobierno de Donald Trump hizo caso omiso. De hecho, los impuestos a las corporaciones han pasado de un 35% a entre el 15% y el 20%. Miguel Alba, responsable de Fiscalidad y Sector Privado de Oxfam Intermon lo señalaba con total claridad: "Cada año los individuos y empresas que eluden el pago de impuestos roban a Estados Unidos cerca de 135.000 millones de dólares en ingresos fiscales". Se puede decir más alto, pero no más claro. 

 

Y citando a Higinio Polo desde su artículo sobre los Panamá Papers: "Un ejército de abogados, de expertos en tributos e impuestos, de empresas fiduciarias y bufetes mercantiles, de firmas de auditoría y consultoría, trabaja en el corazón del sistema al servicio de las grandes fortunas. La función de esos despachos es siempre la misma: lavar dinero sucio, evadir impuestos, evitar sanciones de las agencias tributarias de cada país. No es ninguna novedad, pero el conjunto de las filtraciones pone ante los ojos del mundo que, además de la explotación legal que los grandes patrones del capitalismo imponen a la población de cada país, éstos ni siquiera respetan las normas legales del propio sistema capitalista, generando un entramado delincuente y criminal del que los Papeles de Panamá son apenas la punta del iceberg". Y como decimos, no existen impedimentos técnicos ni económicos para acabar con los paraísos fiscales. Habría que alcanzar un consenso sobre la lista universal de territorios offshore, habría que acabar con los secretos bancarios y demás variantes, habría que prohibir y limitar las actividades de las empresas que operaran con filiales o a través de paraísos fiscales, habría que crear registros públicos de tenedores, beneficiarios y dueños reales de empresas, además de intercambiar sin límites información financiera y fiscal sin excusas entre todos los países, inclusive pudiendo contrastar la información de las bases de datos de las distintas agencias tributarias. Para todo ello, sólo hace falta voluntad política. 

 

Pero aún se pueden tomar más medidas. Se debería multar o ilegalizar a corporaciones, empresas, accionistas, directores o responsables de filiales en paraísos fiscales y de empresas pantalla. E investigar a entidades bancarias, asesorías fiscales, despachos de abogados, empresas de auditoría, gabinetes jurídicos intermediarios o asesores habituales de evasión y elusión de impuestos. A nivel internacional, nuestros Gobiernos deberían imponer aranceles elevados a las exportaciones de países que mantengan el secreto bancario, pero todo ello es muy complicado porque ya está acotado bajo los Tratados de Libre Comercio multilaterales, que para nada son herramientas a las que les interese luchar contra los paraísos fiscales. El panorama por tanto es posible pero difícil de implementar. Deberíamos comenzar por dar ejemplo y convertirnos en esa "aldea gala" (tomando el símil del famoso cómic de Astérix y Obélix) que resiste al invasor, y el invasor en este caso es el fraude fiscal, la evasión de impuestos y los secretos que les rodean. A continuación, sería muy interesante poder formar una coalición de varios países que luchen activamente contra los paraísos fiscales, una especie de alianza supranacional que ejerciera una mayor presión en la escena internacional. Con todo ello habría más posibilidades de obligar a terceros países a facilitar la información fiscal, así como a establecer políticas fiscales e impuestos justos y sostenibles. Sin presiones, prohibiciones ni sanciones todo lo que se hable sobre paraísos fiscales quedará en la inoperancia del discurso, en la falacia de la idea que no posee la valentía de llevarse a cabo. Continuaremos en siguientes entregas.

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24 enero 2018 3 24 /01 /enero /2018 00:00
Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

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Si Franco levantase la cabeza estaría orgulloso pensando que los cuarenta años de democracia han servido para consolidar los valores patrióticos en los que se inspiraron sus cuarenta años de dictadura; porque la España del 600, la nevera, y el fútbol la hemos convertido en la España del Ibiza, el móvil, y el fútbol. Aunque las nuevas tecnologías han permitido una difusión a lo bestia para que el adormecimiento social sea aún mayor, para mayor gloria de nuestros gobernantes. De lo único que estaría arrepentido el dictador es de no haber introducido la democracia, porque al menos sus desigualdades sociales y la corrupción masiva de su sistema le hubiese permitido gobernar con una mayoría absoluta holgada

Fernando de Silva

Pero quizá lo más importante para la plena superación del franquismo, sea el reconocimiento del derecho inalienable a la verdad y el deber de recordar por parte del Estado. Esto implica que una vez acabado el régimen fascista (en nuestro caso hace más de 40 años que acabó), es el nuevo Estado y la nueva Administración la responsable de hacer llegar los hechos y las verdades de forma auténtica, justa y no tergiversada al conjunto de la población que formen las nuevas generaciones del país. Evidentemente, es una de nuestras mayores asignaturas pendientes. Por tanto, el Estado Español debe reconocer y afirmar el derecho inalienable a la verdad y el deber de recordar por parte del mismo, principios establecidos por la ONU para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. En virtud de dichos principios, se considera absolutamente necesaria la recuperación de la memoria democrática del período histórico de la II República (1931-1936) y de la represión franquista, que han sido manipuladas, silenciadas, olvidadas, o bien no estudiadas ni difundidas en profundidad. Nuestros alumnos y estudiantes de las últimas generaciones nacidos ya en democracia no han obtenido un conocimiento justo y cabal de aquéllos períodos históricos recientes, sino que por intereses políticos y partidistas, la historia ha sido contada de manera liviana, edulcorada e injusta. 

 

Por tanto, y en virtud a todo lo anterior, el Estado Español debe reconocer a la II República Española como un Estado democrático y de derecho, precursor del presente sistema político, y reconocer sus leyes y símbolos como propios e históricos. Debe condenar enérgicamente el franquismo y todo su entorno, eliminando la equidistancia que ha venido practicando hasta ahora entre la defensa del sistema republicano y la defensa del sistema que instauraron los golpistas. Debe reconocer que el franquismo no fue un sistema legítimo sino represor e impuesto por la fuerza de las armas a la ciudadanía, rompiendo la legalidad republicana que tantos avances sociales estaba consiguiendo. El Estado Español debe reconocer la labor de todas las instituciones, los políticos y la población en general que durante la II República Española trabajaron por la construcción de un Estado democrático y de derecho, caracterizado por la voluntad de progreso social y de reconocimiento de las libertades públicas y de derechos históricos de los pueblos que lo conforman. El texto que estamos siguiendo propone que el 14 de abril se declare "Día de la Memoria Histórica", y se honre la labor de toda la resistencia antifranquista que se enfrentó al fascismo en nuestro país. Este día será cada año una solemne jornada de recuerdo de la lucha por la democracia y las libertades y contra la tiranía. A tal fin se llevarán a cabo una serie de actos institucionales en las Administraciones Públicas y de carácter pedagógico en los centros públicos de enseñanza. 

 

Al margen de ello, el Gobierno español deberá realizar una campaña institucional, en todas las lenguas oficiales del Estado, de difusión de la historia de la II República mediante exposiciones, conferencias, charlas, coloquios, mesas redondas, etc., y la edición de vídeos, documentales, textos y material sonoro. Todos estos materiales estarán disponibles gratuitamente en todas las lenguas oficiales del Estado, en formatos digitales accesibles (incluyendo su adaptación para personas con discapacidad) en sitios web oficiales que serán públicamente conocidos y publicitados. Se propone igualmente, y estamos de acuerdo con ello, la realización de una serie documental televisiva sobre la historia de la II República Española. A través de la radio televisión pública (RTVE) se procederá a la realización de la misma, en todas las lenguas oficiales del Estado. Dicha serie será emitida por la primera cadena de TVE y en horario de máxima audiencia. También será emitida por el Canal Internacional de TVE. Dicha serie, en formato digital, también será distribuida por todas las bibliotecas de ámbito estatal. En las Comunidades Autónomas con lenguas cooficiales será distribuida en la lengua propia. Asímismo, será distribuida por todas las escuelas del territorio del Estado, tanto públicas como privadas. Y para garantizar la fidelidad histórica a los hechos, la serie contará con el asesoramiento científico de diversos Catedráticos de Historia Contemporánea de distintas Universidades de cada una de las Comunidades Autónomas. También se aplicará todo lo anterior a una serie documental televisiva que explique y retrate la represión franquista en toda su extensión.

 

Por su parte, como tantas veces hemos afirmado a lo largo de toda esta ya extensa serie de artículos que estamos finalizando, es totalmente imprescindible incorporar los asuntos relativos a la memoria histórica y democrática al sistema educativo, para que nuestros jóvenes conozcan la importancia de la misma. A tal efecto, el Ministerio de Educación, en colaboración con las Comunidades Autónomas, velará por la incorporación de los contenidos que se consideren oportunos para la recuperación de la memoria histórica de la II República, la represión de la dictadura franquista (incluyendo el intento de genocidio cultural y lingüístico de las nacionalidades) y la lucha por las libertades, y todo ello será trasladado en todos los niveles del sistema educativo. Asímismo, se garantizará de manera primordial la incorporación de contenidos propios de las Comunidades Autónomas, sobre todo para que éstas puedan extender o ampliar lo relativo o circunscrito a su territorio y sus habitantes durante aquéllas etapas negras de nuestra reciente historia. Se trata, evidentemente, en última instancia, de que el sistema educativo forme pieza fundamental en el engranaje de transmitir valores democráticos a las nuevas generaciones, y podamos ir acabando con el franquismo sociológico que aún perdura en algunos segmentos de nuestra sociedad. Como mensaje fundamental: no se puede ser demócrata sin ser antifascista. Por su parte, las bibliotecas públicas también constituyen un eslabón fundamental en esta cadena. En ese sentido, el Ministerio de Cultura, en colaboración con las CC.AA., velará por la edición e incorporación a las bibliotecas de su competencia, de libros y vídeos pedagógicos sobre la recuperación de la memoria histórica de la II República, la represión de la dictadura franquista y la lucha por las libertades. 

 

Necesitamos igualmente en este ámbito una máxima divulgación de la represión política, social, económica, cultural y lingüística, para lo cual el Ministerio de Cultura y las CC.AA. articularán a través de los medios de comunicación públicos, del sistema educativo, de exposiciones, programas de divulgación o actividades, la divulgación del conocimiento de la persecución de las lenguas y de las culturas de los diferentes pueblos del Estado Español llevadas a cabo por parte del régimen dictatorial durante más de cuatro décadas. Asímismo, deberán llevarse a cabo actos de reconocimiento, recuerdo y homenaje a las personas asesinadas por los derechos de las nacionalidades del Estado, a las personas fusiladas por su defensa de la democracia, a las personas encarceladas por los mismos motivos, y sobre todo, a las mujeres en condición de su especificidad como víctimas de la represión dictatorial. También sería muy necesario un homenaje a las personas desterradas o exiliadas por la dictadura, En especial, debe exaltarse el recuerdo a aquéllas personas que trabajaron desde el exilio por la recuperación de las libertades en nuestro país. También deberán producirse homenajes a las personas integrantes de la lucha armada contra la dictadura y por la democracia y las libertades, a las víctimas de trabajos forzados como mano de obra esclava procedente de presos republicanos (también de los campos de exterminio nazi), a las personas represaliadas por su orientación sexual o identidad de género, a las organizaciones prohibidas o perseguidas por la dictadura, a la comunidad gitana (en su condición de víctima de la represión dictatorial), a los miembros de la comunidad educativa que fueron purgados, expulsados o represaliados por el franquismo, así como al conjunto del funcionariado represaliado por la dictadura. Finalizaremos en la siguiente entrega, la número 60 de la serie.

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22 enero 2018 1 22 /01 /enero /2018 00:00
Viñeta: Vasco Gargalo

Viñeta: Vasco Gargalo

Sean las que sean las causas reales que se esconden detrás de cualquier conflicto, las guerras existen y los conflictos se repiten. Y para que haya guerras es necesario crear toda una industria armamentística alrededor. Si hay un mecanismo que hace que dinero, personas, investigación y transporte estén al servicio de la guerra, se puede decir que las guerras se calculan y se preparan

Arcadi Oliveres

BLOQUE V. CAPITALISMO Y DEUDA MILITAR: LA GUERRA COMO NEGOCIO.

 

¿Es la paz un derecho humano fundamental? Evidentemente, sí. Entonces...¿por qué no se garantiza? Sólo existe una respuesta: porque bajo el capitalismo, simplemente, las guerras son RENTABLES. Es decir, existe todo un complejo capitalista (empresarial) dedicado a la fabricación, exportación y comercialización de todo tipo de utensilios, maquinaria, armamento, municiones, etc., utilizados para la guerra, y que como cualquier otro negocio, es necesario mantener y obtener de él cada vez más beneficios. El resto...¿importa bajo el capitalismo? Pero tomemos a continuación las sabias palabras de Juan Torres López, uno de nuestros mejores economistas alternativos, que nos contextualiza la guerra bajo el capitalismo: "...Una de esas vías es el gasto militar. Prácticamente todas las grandes empresas mundiales sin excepción tienen una buena parte de su actividad dedicada a suministrar bienes o servicios al Estado y más concretamente a sus Ejércitos. Es una forma muy rentable y no dependiente de los salarios de realizar su producción. Y no importa que la producción militar a veces simplemente se vaya almacenando o que destruya recursos cuando se utiliza, porque en el capitalismo la producción no se lleva a cabo en función de que sea más o menos útil lo que se produce, sino de que proporcione beneficios. Es por eso que se alimenta el crecimiento continuado del gasto militar, aunque ya sea tan alto (1,33 billones de euros en 2012) que hasta resulte claramente innecesario, pues con muchísimo menos de esa cantidad sería suficiente para destruir varias veces a todo el planeta. Un gasto tan elevado, irracional y desproporcionado (o mejor dicho, un negocio tan redondo) que sólo se puede justificar si se generaliza la idea y se convence a la población de que vivimos en permanente peligro y de que hay múltiples enemigos a punto de atacarnos, cuando en realidad lo que hay de por medio no es otra cosa que el deseo incontrolado de ganar cada vez más dinero de las grandes empresas multinacionales".

 

Y por su parte, otro de nuestros autores favoritos, José López, afirma a este respecto lo siguiente: "La guerra forma parte del capitalismo, aunque la llaman eufemísticamente competencia. Incluso a veces esto se reconoce y se usa el término "guerra comercial". De hecho, la competencia por los recursos naturales es la principal causa de las guerras que causan millones de víctimas. La guerra que provoca muertes y destrucción del medioambiente se nutre de la competencia. En realidad, dicho en términos dialécticos, supone un peligroso cambio cualitativo, la cantidad se convierte en calidad. La competencia exacerbada y agresiva se convierte en guerra. El capitalismo se nutre de la guerra y hace negocio de la guerra. El capitalismo provoca guerras y éstas realimentan al capitalismo porque suponen la mejor oportunidad de crecer. El capitalismo necesita un ciclo continuo de destrucción-construcción para conseguir su ansiado crecimiento continuo. El capitalismo es por naturaleza cíclico. Los ciclos forman parte de él. Sin ciclos, sin altibajos, no hay capitalismo. El problema es que cada vez es más peligrosa esa dinámica de destrucción-construcción, cada vez es mayor el riesgo de que nos quedemos a mitad de camino, de que a la destrucción no le suceda la construcción". Así es, exactamente. Y aunque de hecho siempre estuviera garantizado dicho ciclo,  ningún sistema puede basarse en la potestad de tener que destruir territorios y poblaciones para garantizar futuras reconstrucciones. Es un sistema, de entrada, injusto y cruel. Hay que buscar otro sistema. Los problemas son dos: el primero, la mínima concienciación de este mensaje. El segundo, la máxima fuerza que se ejerce en contra de él. 

 

La inmensa mayoría de los conflictos bélicos que se han producido durante toda la Historia de la Humanidad se han debido a motivos económicos (en el pasado, poder, territorios y dinastías garantizaban la expresión práctica de ese dominio económico), y también ahora ocurre así. Las últimas guerras de Siria, Irak o Afganistán, por poner los ejemplos más cercanos, o incluso las que a menor escala se desarrollan en otras partes del mundo tienen todas ellas su origen, y cada vez con menos disimulo, en intereses económicos. Pero, además de eso, lo que ocurre bajo el capitalismo es que la propia guerra y el gasto no sólo sirven a intereses económicos, sino que se han convertido en un interés económico en sí mismo. Eso nos lleva a contemplar un escenario bien distinto y sumamente peligroso: se busca la guerra en sí misma. La guerra es el fin, y todos los demás argumentos son el pretexto. El sistema necesita las guerras cada cierto tiempo, además de la fabricación creciente de sistemas de armamento cada vez más sofisticados, que han de ser empleados en conflictos armados. Luego por tanto, el sistema necesita las guerras, las busca y las pretexta. Las justifica apoyándolas sobre espurios y falsos argumentos. Se habla sobre la seguridad global, por ejemplo, pero se usa en realidad como promotora del terror global. Los modelos de seguridad imperantes bajo la globalización capitalista, bajo la falacia de prevenir el mal y combatir el terrorismo, han convertido la humillación, el temor y los tratos crueles, degradantes e inhumanos en la fórmula que contrariamente a lo planteado, legaliza al terrorismo de Estado, como muy bien explica en este artículo para el medio Rebelion.org Manuel Humberto Restrepo Domínguez. 

 

En nombre de la seguridad global y la lucha contra el terrorismo se han amontonado por miles los cuerpos inertes de víctimas inocentes por todas partes del mundo. La senda del pacifismo debe poner en cuestión todas estas falacias, debe denunciarlas y debe combatirlas. Restrepo Domínguez lo explica en los siguientes términos: "La seguridad anunciada invalida de manera violenta los fundamentos de conceptos, prácticas y sentido de los valores y principios contenidos en el Derecho Universal de los derechos humanos y en el Derecho Internacional Humanitario. El terror del Estado quedó legalizado y a diferencia del momento anterior quedó protegido, en tanto su primer efecto fue la eliminación de la división entre las esferas civil y militar y con ella la desaparición de la distinción entre resistencia civil y resistencia armada". Y más adelante continúa: "La seguridad es una fórmula ideológica inventada en el marco del neoliberalismo por las élites políticas, económicas y militares, aferradas al poder sin límite ni escrutinio público y necesitada de justificaciones legales globales para mantener el despojo". Y en nombre de esa supuesta "seguridad" el sistema se permite discriminar, perseguir a minorías, violentar derechos de mayorías, impedir la protesta social, condenar adversarios políticos y sociales, asesinar en masa o al detalle, y difundir todo un nuevo lenguaje para disfrazar el horror y la barbarie que se practica a diario. Y con todo ello, planifican los escenarios de guerra, venden armas y tecnologías, organizan ejércitos, movilizan mercenarios, exportan armas, y declaran embargos a diestro y siniestro para garantizar sus cuotas de mercado. 

 

Todo ello nos hace estar en guerra permanente contra la humanidad y contra el planeta, como muy explica Nora Fernández en este artículo para el medio Rebelion.org, que tomamos como referencia a continuación. Durante los últimos 60 años, al menos el 40% de los conflictos están vinculados a la explotación de los recursos naturales de gran valor (madera, diamantes, oro, petróleo...), o escasos (el suelo fértil o el agua), por lo cual se demuestra que la guerra, como ya sostuvieron grandes pensadores de la izquierda, es la continuación del capitalismo por otras vías y con otros medios. Los efectos de todos estos conflictos sobre el medio ambiente son enormes, y evidentemente, se proyectan a todas las especies de seres vivos que habitamos este planeta. Típicamente las estadísticas de guerra se limitan a contabilizar las víctimas humanas de las mismas, pero no reparan en el resto de daños y perjuicios que causamos con nuestras políticas belicistas y agresivas. Sabemos que los conflictos armados incluyen estrategias de guerra como la quema de cosechas, la tala de bosques, el envenenamiento del aire, del agua, del suelo, la utilización de armas bioquímicas, o la destrucción de ciudades y de sus infraestructuras. De esta forma, las guerras se imponen como estrategias de expansión y de recolocación de las fuentes de riqueza, dando así alas al crecimiento de las industrias, mercados y tecnologías que se mueven en este ámbito. Y como hemos analizado en el bloque temático anterior (dedicado a la OTAN y al imperialismo), Estados Unidos y el resto del "aliado" Occidente favorecen una estrategia de guerra permanente (también la hemos detallado en esta serie de artículos ya publicada), contra los humanos y la naturaleza, alimentando un ciclo autodestructivo, doloroso y en extremo peligroso porque incluyen la creciente aceptación del uso de las poderosísimas armas nucleares, a las que nos dedicaremos también en su bloque temático correspondiente. Continuaremos en siguientes entregas.

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19 enero 2018 5 19 /01 /enero /2018 00:00
Arquitectura de la Desigualdad (73)

El conjunto de paraísos fiscales, unos 50 territorios a nivel global, viene a ser como un club privado en el que hay una gran fiesta y están invitados las grandes fortunas, los artistas, futbolistas, mandatarios mundiales, delincuentes internacionales, grandes multinacionales, todas las empresas del IBEX 35 (que tienen 900 sociedades y filiales en paraísos fiscales, las han triplicado desde 2009), o los 20 mayores bancos de Europa, que obtienen el 26% de su beneficio a través de paraísos fiscales

José María Peláez (Inspector de Hacienda)

Continuamos con la descripción de los aspectos generales de los paraísos fiscales, basándonos en el estupendo artículo de Paula Bach para el medio La Izquierda Diario. Según el esquema básico de funcionamiento que hemos expuesto, bancos, empresas transnacionales, grupos de empresas e individuos propietarios de voluminosos patrimonios son los candidatos típicos para el usufructo, mediante varios mecanismos, de los paraísos fiscales. Estos territorios se utilizan fundamentalmente para tres tipos de prácticas: la elusión (esquivar el pago de determinados impuestos), la evasión impositiva (desviar cantidades a otros territorios para eximir el pago en el territorio de origen) y el lavado de dinero (mediante el cual se consigue que aparezcan determinadas cantidades legales cuando proceden de actividades alegales, ilegales o ilícitas). La elusión es una práctica considerada legal mediante la cual las empresas diversifican los territorios donde pagan impuestos buscando minimizar la carga con respecto a lo que pagarían en un único territorio. Por el contrario, la evasión es una práctica ilegal que consiste en no consignar ganancias que formalmente deberían ser gravadas con algún tipo de impuesto. Por su parte, el blanqueo de capitales es una práctica destinada a lograr que los fondos y activos provenientes de actividades ilícitas aparezcan como resultado de actividades lícitas. 

 

El caso más típico que podemos analizar son las grandes empresas transnacionales. Ellas suelen fragmentar sus actividades para maximizar el beneficio. Suelen así tener sus fábricas en un país, sus oficinas en otro, su servicio de teleasistencia en otro, y su sede en un paraíso fiscal. Y así, esta diversificación les permite combinar la mano de obra más barata con los impuestos y costos medioambientales más bajos o los requisitos legales menores. En los paraísos fiscales se pueden también constituir sociedades en instantes y casi sin exigencias, manteniendo el secreto bancario que permite la no revelación del verdadero propietario así como la exención de dividendos e intereses cobrados. Además también se puede obtener financiación más barata, se realizan autopréstamos, compras y ventas entre distintas sociedades de una misma firma, entre otras múltiples transacciones que desvirtúan completamente los balances. La arquitectura de la desigualdad permite toda esta casuística, y además posee un montón de intermediarios (bancos, asesorías, empresas pantalla, etc.) para que todo ese despliegue sea lo más rápido y eficiente posible. La empresa Enron, por ejemplo, conocida por sus escándalos contables, utilizó una red de casi 900 sociedades en paraísos fiscales. Las empresas suelen también manipular los precios exportando figuradamente, por ejemplo, a muy bajo precio (y por tanto con bajas ganancias y baja tributación) desde una filial a su sede en un paraíso. Exportando luego realmente al precio efectivo desde el paraíso al lugar de destino, pagando muy baja tributación precisamente porque la operación se realiza desde el paraíso. 

 

Pero como decíamos más arriba, otro caso muy frecuente de los paraísos fiscales es el que hacen de ellos los individuos particulares, evidentemente las grandes fortunas, bien multimillonarios, empresarios, banqueros...pero también deportistas de élite, escritores/as, actores y actrices, cantantes...Muy típicamente, los patrimonios de las personas con activos líquidos superiores al millón de dólares suelen colocarse en manos de los bancos que cuentan con secciones especializadas para gestionar (léase revalorizar y proteger) grandes fortunas, utilizando los paraísos fiscales como pieza determinante. A través de fideicomisos (personas que detentan la propiedad de algo sólo virtualmente) esquivan regulaciones fiscales de sus propios países e incluso las leyes sobre herencia y sucesiones. La banca privada asesora a esas grandes fortunas creando unos complejos entramados de empresas y entidades destinadas a ocultar la propiedad, evitando así las posibles inspecciones fiscales. A su vez, el dinero sucio proveniente de la corrupción o de cualquier otro tipo de delito, en los paraísos fiscales se fragmenta y se va introduciendo en muchas cuentas corrientes bancarias. En una segunda fase el dinero se dispersa en los mercados financieros para que en una tercera fase se utilice después en la compra de diversos tipos de bienes o servicios (viviendas, creación de empresas o inversión en determinados productos). La dinámica es simple y los inspectores de las agencias tributarias (incluso los propios periodistas de investigación) son capaces de seguir la pista y sacar a la luz estas turbias operaciones, pero como decimos, no se tiene voluntad política de acabar con ellas. 

 

Y como venimos repitiendo, la hipocresía más absoluta es la moneda de cambio en cuanto a la actitud que los dirigentes y gobernantes mundiales presentan ante el terrible hecho de los paraísos fiscales. Todos los dirigentes y organizaciones internacionales practican en este sentido un doble juego. Desde hace muchos años en sus discursos hacen fulgurantes alocuciones contra los paraísos fiscales, llenándose la boca de palabras morales que invocan la necesidad imperiosa de liquidar estos territorios offshore. Pero también todos, en la trastienda, bajo cuerda y hasta a veces en la superficie, pero siempre en sus medidas concretas, protegen el mantenimiento de su existencia bajo esta economía globalizada y ferozmente competitiva, que sólo consagra la arquitectura de la desigualdad. Y cuando finalmente los periodistas de investigación sacan a la luz determinados casos, como lleva ocurriendo durante estos últimos años, los Gobiernos condenan (cuando ya no tienen más remedio y para quedar bien ante el conjunto de la ciudadanía) a los protagonistas pillados in fraganti, mientras se absuelven a sí mismos de la corrupción instalada en la estructura y el corazón del propio sistema. Mientras apoyan los paraísos fiscales con una mano, desacreditan al que haya sido pillado con empresas offshore con la otra, y en todo caso, no mueven un dedo por cambiar realmente la legislación ni en la teoría ni en la práctica. Necesitamos por tanto combatir los paraísos fiscales para ganar esta tremenda batalla y derribar la cruel arquitectura de la desigualdad, y hemos de hacerlo a nivel social, a nivel económico y a nivel legal. 

 

¿Qué medidas podrían implementarse? Evidentemente un país de forma aislada posee menos fuerza dentro del contexto de la economía globalizada, por lo que lo ideal sería que se fuera desarrollando un marco homogéneo, convergente hacia la armonización fiscal a nivel internacional. Siguiendo a Miguel Urbán y Daniel Albarracín en este artículo, que a su vez citan a Gabriel Zucman, entre las reformas necesarias cabría señalar un tratamiento de los beneficios empresariales bien distinto, que supusiese no sólo una armonización de sus bases imponibles, sino también la generalización de la norma de hacer pagar a las empresas su impuesto de beneficios en cada país en las que operan en función de su facturación o, de manera aún más fidedigna, la presencia de personal empleado. Otra fórmula que debiera plantearse habría de ser el establecimiento de tipos y bases imponibles armonizadas en el impuesto de beneficios a escala internacional que desincentive el uso de los precios de transferencia internacionales. En el caso de los bancos la solución habría de pasar por la retirada de permisos bancarios y la interposición de crecientes obstáculos a los bancos que operen con jurisdicciones consideradas como refugio fiscal. Pero además de todo ello, necesitamos establecer un registro internacional de propietarios reales actualizado, o fórmulas de intercambio de registro nacional automático, en las que hayan de darse los nombres de estas personas. Otro aspecto fundamental es la exigencia del cumplimiento de pautas de diligencia debida a los diferentes facilitadores, haciéndoles responsables de declarar el nombre de sus clientes, acabando con la detestable práctica del secreto "profesional". Continuaremos en siguientes entregas.

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17 enero 2018 3 17 /01 /enero /2018 00:00
Fuente Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

Fuente Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

Cuando fascistas y antifascistas son considerados merecedores del mismo respeto o del mismo desprecio, cuando agresores y resistentes son juzgados en los mismos términos, tengo la impresión de que dicha sociedad pierde la perspectiva y el sentido de la justicia a la hora de juzgar su pasado, y por lo tanto, su presente

Pablo Mesejo

En el último artículo nos quedamos advirtiendo que bajo una sociedad justa que desee pasar página, las competencias para los trabajos derivados de la búsqueda y exhumación de las víctimas deben recaer sobre el Estado, y su financiación debe residir en los Presupuestos Generales del Estado. Asímismo, la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas competentes crearán bancos de ADN de familiares de desaparecidos y de los restos localizados, con el fin de identificar a los desaparecidos. Dichos bancos se coordinarán con la finalidad de llevar a cabo las posibles identificaciones. La extracción de muestras de los familiares se llevará a cabo a través de los Centros de Salud públicos, y dichas muestras serán transferidas a los bancos de ADN establecidos que correspondan en su caso. Los costes de todos estos procesos serán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En el caso de terrenos de titularidad privada, las Administraciones Públicas, los descendientes o las organizaciones legitimadas a tal efecto, deberán solicitar el consentimiento de los titulares de derechos afectados sobre los terrenos en los que se hallen los restos. Si no se obtuviere dicho consentimiento, las Administraciones Públicas competentes autorizarán la ocupación temporal, siendo hecho de utilidad pública a efectos de la ley de expropiación. Algo similar recoge ya la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que ya comentamos a grandes rasgos en entregas anteriores. 

 

En cuanto a símbolos, nombramientos, distinciones, títulos honoríficos, monumentos públicos o cualesquiera otras exaltaciones, reconocimientos o recuerdos a los golpistas, o a los represores de la posterior dictadura, entendemos que la ley debe ser escrupulosamente exigente. Ninguna sociedad que se precie de ser democrática puede permitir albergar estas exaltaciones del fascismo en sus escenarios, instalaciones o actos públicos. Así, por parte de las instituciones públicas se procederá en el plazo de un año a revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de cualesquiera personajes ligados al régimen franquista y condecoraciones por hechos de colaboración con el franquismo o por vulneración de derechos fundamentales, procediéndose en dicho plazo a realizar las diligencias oportunas que lo certifiquen, así como a la retirada de placas y todo tipo de referencias a la concesión de dichas distinciones. Se procederá igualmente a señalizar los centros penitenciarios, los campos de concentración o centros de detención, estableciendo un plan de protección y museización de los más significativos, con el objetivo de que sean testimonio del horror de la represión franquista. Estos edificios o conjuntos se protegerán de acuerdo con la normativa de patrimonio histórico o cultural del Estado o de las respectivas Comunidades Autónomas a quienes corresponda. También se señalizarán con indicadores y plafones documentales las grandes obras públicas realizadas durante la posguerra con el trabajo forzado de los prisioneros republicanos, así como aquéllos espacios en donde se hubiesen localizado fosas comunes o tuvieran relevancia por los hechos históricos acaecidos en ellos. 

 

Al igual que con el tema de la búsqueda y recuperación de cuerpos, la financiación de los trabajos de museización se realizará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y se transferirá a las Comunidades Autónomas que lo soliciten junto con las respectivas instalaciones para su gestión de acuerdo con los respectivos Estatutos de Autonomía. Por otra parte, la plena superación del franquismo también necesita la solidaridad internacional. El Estado debe reconocer la labor ejercida por los Estados, organizaciones internacionales y personas significadas que contribuyeron a paliar los efectos del sufrimiento de la ciudadanía víctima de la dictadura. En este sentido, el Estado deberá reconocer la labor llevada a cabo por las personas integrantes de las llamadas Brigadas Internacionales que, provenientes de otros Estados, apoyaron la lucha en defensa de la legitimidad y legalidad republicanas. Y más aún, el Estado debe restituir las instituciones de autogobierno existentes previamente al franquismo, tales la Generalitat de Catalunya, el Gobierno vasco y la Generalitat valenciana. Dichas instituciones y algunas otras dependientes de ellas deberán ser restituidas con todos los honores, bienes y documentos institucionales relacionados con todas las competencias ejercidas entre 1931 y 1940 que les fueron incautadas por el franquismo. El Estado también deberá reconocer que se llevó a cabo todo un genocidio lingüístico contra las lenguas y culturas vasca, catalana, gallega, occitana, aragonesa y asturiana. Para ello, el Estado reservará en los Presupuestos Generales del Estado diversas partidas para fomentar la normalización de dichas lenguas, y su oficialidad en los Organismos Generales del Estado, para actos de su proyección internacional y su presencia en los medios de comunicación territoriales en los ámbitos de estas respectivas lenguas, facilitando la interconexión territorial y territorios conexos interfronterizos. 

 

Otro asunto pendiente de cara a la plena superación del franquismo es el de la apertura pública de los archivos de la represión. En este sentido, lo que propone la propuesta legislativa que estamos exponiendo es que el Ministerio de Cultura establecerá una planificación para que en el plazo de dos años se proceda a la identificación y catalogación de los fondos documentales de las instituciones franquistas, los organismos represivos dependientes de las Fuerzas Armadas, de las distintas fuerzas policiales y de la Secretaría Nacional del Movimiento Nacional, entre otros, siendo preceptiva su digitalización para su mayor difusión y acceso. Estos fondos serán depositados en los archivos de la Administración Central del Estado o en los archivos de las Comunidades Autónomas que correspondan, por gestionar la documentación de los órganos territoriales del Estado, en lo que se refiera a los órganos periféricos, sean del Estado o de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos de Autonomía, respetándose la ubicación de las zonas donde se originaron estos archivos o fondos documentales. Además, el Ministerio de Cultura realizará en el plazo de un año un inventario de todos los fondos documentales relacionados con el exilio republicano y antifranquista, depositados en archivos e instituciones extranjeras, con el objeto de evaluar y valorar el alcance del coste humano que comportó la dictadura. Todo ese material es fuente de primer orden a la hora de realizar estudios estadísticos, y de analizar los hechos ocurridos desde diversos puntos de vista. 

 

Igualmente, hay que proceder a la restitución de los documentos incautados por las fuerzas represivas durante el franquismo. Serán restituidos a las instituciones públicas,  entidades privadas o particulares los archivos o fondos documentales actualmente conservados en archivos u otras instituciones del Estado, que les fueron requisados por éste durante la Guerra Civil o la dictadura franquista por parte de órganos estatales amparados por ésta o a su servicio, con motivo de la guerra o durante la posguerra, o por acciones represivas de los cuerpos policiales franquistas. En caso de que los organismos o personas expoliadas hayan desaparecido, los fondos documentales serán entregados a los que los sucedan en sus funciones, o en todo caso, a las Comunidades Autónomas del lugar de procedencia. Por su parte, los patrimonios incautados también deberán ser restituidos. Los bienes inmuebles que no pudieran ser restituidos a sus legítimos titulares provocarán que se les restituya el equivalente al valor que tendrían éstos en la actualidad. Asímismo, se deberá establecer un procedimiento para restituir a las personas perjudicadas, o en su caso a sus herederos, el dinero incautado por el régimen fascista. Y tampoco podemos olvidarnos de la reparación moral. En este sentido, y atendida la trascendencia de los actos de reparación de esta índole, corresponderá al Jefe del Estado formalizar solemnemente en nombre del Estado Español y como su máximo representante las demandas de perdón a las víctimas de las consecuencias del levantamiento militar contra la Constitución republicana. Sólo de esta forma el Estado en su conjunto y de manera significativa y unitaria se manifiesta en contra del genocidio y del holocausto que representó el franquismo, y expone su voluntad de ofrecer todas las garantías para su no repetición. Continuaremos en siguientes entregas. 

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15 enero 2018 1 15 /01 /enero /2018 00:00
Viñeta: Popa Matumula

Viñeta: Popa Matumula

La pretendida “guerra infinita contra el terrorismo” (que incluye entre otras maravillas civilizatorias formas de tortura peores y todavía más sádicas que las medievales) implementada desde hace década y media por EEUU en varios países y continentes a través del Pentágono y la OTAN, la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, el monstruoso y omnipresente big brother de nuestros días según las escandalosas revelaciones de Edward Snowden), no es más que la pantalla ideológica del intento por reconquistar la hegemonía mundial apropiándose de los recursos naturales, bienes comunes, territorios y mercados a escala planetaria

Néstor Kohan

Hemos de ir finalizando ya este tercer gran bloque temático de la serie, que hemos dedicado al imperialismo norteamericano y a la OTAN como mayores elementos divulgadores de la filosofía y práctica belicistas y agresoras. Decididamente, la OTAN no es la solución para nada, sino que más bien es el problema. Su objetivo parte de una mera ambición geopolítica. Se basa en defender los intereses económicos de las grandes empresas transnacionales de Occidente, y asegurar la explotación de recursos naturales en beneficio de la dominación y hegemonía imperialista. Esta necesidad constante es el mayor factor provocador de guerras y conflictos armados, de tener que inventarse enemigos y amenazas permanentes para subsistir. Si ayer fue la resistencia contra el bloque soviético, hoy es el constante enfrentamiento con los países que no se someten a sus designios, o bien la lucha por la explotación de las riquezas naturales. Y en el fondo de todo ello, la implantación de gobiernos "aliados", es decir, serviles a los intereses del imperialismo yanki. En el horizonte se sitúa la actitud beligerante y provocadora contra Rusia y China, las dos grandes potencias orientales que pueden hacerle sombra a los todopoderosos Estados Unidos. De ahí que la senda del pacifismo nos obligue a desvelar estos espurios intereses, y a velar y difundir continuamente que la paz es una construcción permanente y continua, es el propio camino, la propia senda que hay que ir construyendo.

 

Denunciemos la falacia de las falsas amenazas, y destaquemos el mensaje de que las clases populares y trabajadoras y la defensa de sus intereses, nada tienen que ver con la OTAN y la Unión Europea. Bajo la globalización capitalista que nos gobierna, el consumo, la explotación, la competencia y la guerra son caras de una misma moneda, lados de una misma realidad. Porque el capitalismo jamás será sostenible ni pacífico. Estas características son contrarias a su naturaleza. Y en este escenario, la OTAN es pieza fundamental que ayuda a imponer la hegemonía ideológica, en base a demonizar cualquier intento de disidencia hacia los países de los que ellos llaman "el mundo libre". El imperialismo y la OTAN imponen una visión totalitaria y ciertamente peligrosa sobre el nuevo orden mundial. A través de la manipulación del lenguaje y de los conflictos armados, intentan (y lo consiguen) que todo el mundo occidental piense de una manera uniforme, comulgue con las mismas "verdades", asuma los mismos postulados. La colonización de los gobiernos y mentalidades occidentales es aún una guerra que se mantiene, y que se desarrolla y se encona ante cada intento de emanciparse de ellas por parte de cualquier país. El enfrentamiento ideológico con el imperialismos es, pues, una práctica absolutamente necesaria. Y el abandono de la OTAN y de cualesquiera otros planteamientos belicistas se nos antoja absolutamente imprescindible para abordar una senda neutral y verdaderamente pacifista. La filosofía de la OTAN se destila hoy día en todos los grandes foros políticos y económicos mundiales (Davos, el G8, el G20, el Club Bildelberg, etc.), por lo cual es imperiosamente necesario el desarrollo de foros alternativos que ofrezcan otras visiones. 

 

Pensamos que ha quedado claro para nuestros lectores y lectoras, después del abordaje de este bloque temático, que hay que desarrollar ampliamente una perspectiva antiimperialista, no sólo mediante la salida de la OTAN y el desmantelamiento de todas las bases militares norteamericanas en nuestro territorio, sino también desarrollando los fundamentos políticos, económicos y sociales para la implementación de una nueva geopolítica internacional, sustentada en la ruptura con las Instituciones y Organismos internacionales que representan al capitalismo en su versión más dura (FMI, BM, UE...), y el establecimiento de sólidas alianzas con países que desarrollen procesos revolucionarios y de emancipación y liberación nacional, en todos los continentes. Y así, apostar decididamente por la ruptura de la política de aislamiento hacia Cuba o Venezuela, y por la interacción con las asociaciones y organismos internacionales que desarrollan visiones alternativas al capitalismo mundial globalizado. Todo ello deberá ir enfocado, fundamentalmente, a contribuir a quebrar la hegemonía unipolar imperialista, y a la construcción de un nuevo mapa geopolítico multipolar y equilibrado. Estados Unidos construyó el imperio más poderoso que jamás haya existido en la historia de la humanidad. Es hora de clausurarlo. Sus dispositivos de hegemonía y dominación son realmente admirables. Su capacidad de control y sometimiento también. Pese a ser uno de los países más tiránicos del planeta, figuran y son reconocidos como una "democracia avanzada". He ahí el poder de la retórica capitalista.

 

Pero afortunadamente, el inicio de su decadencia ya es inocultable. Lo reconocen ya hasta los propios dirigentes del imperio, así como los estrategas del Pentágono y la CIA. El desarrollo del bloque de los BRICS, la grandeza y poderío actuales de Rusia y China, y la crudeza de la actual Administración Trump están contribuyendo a su caída vertiginosa.  El antiimperialismo es hoy día otro de los paradigmas fundamentales de la izquierda transformadora mundial, esa que bebe de las fuentes del marxismo y se complementa con los nuevos paradigmas del ecologismo, el pacifismo o el feminismo. Esto implica que tenemos que luchar contra el imperialismo con todas nuestras fuerzas. El nuevo orden global será antiimperialista, o no será. La senda del pacifismo exige romper con todo atisbo imperialista, y abordar nuevos marcos de relación justos, democráticos y equilibrados con todos los países del mundo, bajo relaciones de solidaridad, cooperación, justicia, democracia y equidad. En nuestro índice inicial de los primeros artículos de la serie, recogíamos un cuatro bloque temático dedicado a la superación del franquismo en nuestro país, pero como dicho tema está siendo ampliamente desarrollado en su serie de artículos correspondiente (que ya estamos también finalizando), desde la siguiente entrega comenzaremos a abordar el quinto gran bloque temático de esta serie, dedicado a la guerra como negocio, y a la deuda militar. Hablaremos del gasto militar, del negocio de las exportaciones de armas, de la relación de la banca con el negocio de las armas, y de otros asuntos relacionados. 

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12 enero 2018 5 12 /01 /enero /2018 00:00
Viñeta: Iñaki y Frenchy

Viñeta: Iñaki y Frenchy

La experiencia demuestra que a menudo quienes aprovechan el anonimato de las sociedades pantalla son aquellos que realizan negocios basados precisamente en el anonimato. Contrabandistas de armas, tratantes de personas, narcotraficantes y otros delincuentes. Inversores que no quieren dar a conocer su verdadera identidad ni sus verdaderas intenciones. Políticos de primera fila que desean sacar del país su patrimonio, posiblemente porque los han acumulado de una forma no del todo limpia. Empresas que mueven el dinero destinado a sobornos…La lista podría alargarse con muchos más elementos

Extracto del libro “Los papeles de Panamá. El club mundial de los evasores de impuestos”

Una vez descrito rápidamente (volveremos a dicha descripción con más detalle) el panorama de los paraísos fiscales, hemos de incidir en el concepto, en la idea fundamental, de que los paraísos fiscales y sus cómplices (gabinetes jurídicos, asesorías fiscales, bancos, etc.) provocan víctimas. Si no se entiende este concepto en su plena extensión, o mejor dicho, si no se comprende la magnitud de lo que hemos denominado en otro artículo como el "crimen económico", no seremos capaces de ver el problema en su auténtica envergadura. Son víctimas porque ven vulnerados sus derechos básicos una y otra vez. Son crímenes económicos en el sentido de provocar sufrimiento y empobrecimiento a terceras personas. Lo explica también a la perfección Xavier Caño Tamayo en este artículo de referencia para el medio El Salmón Contracorriente, que seguimos a continuación. Víctimas cuya salud empeora, por ejemplo, porque se han recortado los presupuestos para la sanidad pública. Víctimas porque no reciben buena educación por los mismos motivos. Víctimas porque son personas dependientes sin ayudas, o que no las reciben, o que cuando las reciben ya han fallecido. Víctimas que son jubilados con pensiones de miseria. Víctimas porque son trabajadores asalariados, pobres a pesar de tener trabajo. Víctimas porque son desempleados que se ven excluidos de las prestaciones...Víctimas y más víctimas de toda índole, que son el resultado de un sistema que ha de recortar en su vertiente social y pública, para poder mantener el chollo de las élites en los paraísos fiscales, o bien simplemente mediante una fiscalidad injusta. 

 

Víctimas que tienen que ver con que el Estado recaude menos por fraude fiscal, porque además recorta en personal que investiga desde la Agencia Tributaria. Víctimas porque el Estado recorta en medios para investigar las fugas de capitales, y ello se hace porque no se posee la voluntad política para impedir que las grandes corporaciones y las grandes fortunas no paguen impuestos. Sí: los paraísos fiscales y el fraude fiscal amparado por su existencia tienen víctimas. Con nombres y apellidos. Con vidas propias. Vidas que se truncan, que se precarizan, que se tornan difíciles. ¿Acaso no se aliviaría la situación de todas estas víctimas si se persiguiera a los evasores y elusores de impuestos, a los propios paraísos fiscales, a la banca que los patrocina, y se les forzara a pagar lo que deben? De hecho, corrupción, austeridad presupuestaria y fraude fiscal forman parte del mismo entramado que provoca todas estas víctimas. Xavier Caño lo explica en los siguientes términos: "La ecuación es sencilla. Quiénes más tienen y atesoran no pagan los impuestos que debieran. El Estado no recauda bastante para afrontar sus obligaciones con la ciudadanía y se endeuda. Pero satisfacer los derechos de la gente no es prioritario para las élites y se limita el endeudamiento con porcentajes máximos de déficit público. Al mismo tiempo la corrupción se institucionaliza y resta más recursos al Estado. Pero quienes se quedan con los beneficios de la corrupción y del saqueo de la ciudadanía (rebajas de salarios, recortes de pensiones, privatizaciones...) blanquean las ganancias y no pagan impuestos". Una explicación muy aleccionadora de la cruda realidad. 

 

¿Y las cifras? Las cifras son realmente obscenas. Ya hemos proporcionado algunas en artículos anteriores. Por ejemplo, Violeta Muñoz escribió en octubre pasado un artículo para el medio El Boletín donde destapaba que las grandes fortunas españolas ocultan en paraísos fiscales la barbaridad de ¡un 12% del PIB! Y aporta que según un estudio pionero con datos de la década de los 2000, España es uno de los tres países europeos donde la evasión de capitales provoca una mayor desigualdad social. Se sabe también que alrededor del 10% del PIB mundial se encuentra en paraísos fiscales. Por su parte, la cantidad de riqueza oculta en estos territorios offshore pertenece a muy pocas manos: el 0,1% de los hogares más ricos son los dueños del 80% del capital offshore de todo el país. Cerrando el círculo, el 0,01% de los más ricos poseen el 50% de todo el capital evadido. Los datos confirman también una realidad obvia: hay más desigualdad derivada de evadir impuestos en aquéllos países en los que las grandes fortunas ocultan más porcentaje de su riqueza en el extranjero. La arquitectura jurídica, legal y fiscal que permite la existencia de estos paraísos fiscales está perfectamente estudiada. La explica muy bien el Inspector de Hacienda José María Peláez, gran experto en estos asuntos, en esta entrevista para eldiario.es realizada por Marina Estévez: "Situar dinero en lo que se conoce como paraísos fiscales no incumple ninguna norma. Lo que la incumple es utilizar esos territorios para ocultar la identidad del verdadero titular de esa cuenta corriente, esos inmuebles o  bienes, con ánimo o bien de defraudar o de blanquear dinero proveniente de delincuencia, trata de blancas, armas...La experiencia nos dice que alguien que crea un trust en Singapur no es para pagar sus impuestos. Es una industria perfectamente engrasada con el objetivo final de ocultar". 

 

La permisividad es ciertamente indignante. Los paraísos fiscales se aceptan como una parte del engranaje de la globalización de la industria financiera. Los mismos que dicen que van a adoptar medidas para su erradicación son los que tienen intereses en empresas radicadas en dichos territorios. Las empresas multinacionales utilizan la planificación financiera o fiscal internacional para no pagar impuestos en ningún sitio del mundo. Por ejemplo, en la Unión Europea los Parlamentos nacionales (incluso el Parlamento Europeo) proponen decisiones y medidas, las cuales nunca son llevadas a cabo por la Comisión Europea. La voluntad es nula. De hecho, la UE ni siquiera se pone de acuerdo en la lista oficial de paraísos fiscales. La red de paraísos fiscales se va conociendo a raíz de investigaciones periodísticas serias, pero nunca desde las instancias fácticas del poder. Seguimos a continuación este estupendo artículo de Paula Bach para el medio La Izquierda Diario, que nos aclara algunos conceptos interesantes sobre los paraísos fiscales. Según Tax Justice Network (la mayor organización mundial que lucha por la justicia fiscal) existen 73 paraísos fiscales en el mundo. Entre ellos los conocidos Luxemburgo, Andorra, Bahamas, Mónaco o Panamá. Esencialmente se trata de territorios que gozan de un "autogobierno" que les permite determinar su propia regulación en materia fiscal y económica. Esto significa que no tienen que tener necesariamente la condición de países, por lo que pueden existir determinados territorios en el interior de los Estados que posean características de paraíso fiscal. 

 

Todo ello los convierte en territorios difíciles de controlar, a lo que hay que sumar los acuerdos y convenios que poseen con todo tipo de entidades e instituciones, tanto públicas como privadas. Se trata de enclaves, es decir, territorios con un sistema regulatorio dual, esto es, diferente para residentes y extranjeros. A las entidades que se establecen en paraísos fiscales no se les aplica prácticamente ninguna regulación. Los territorios considerados paraísos fiscales (ya hemos indicado que no existe acuerdo mundial en este asunto) reducen la presión impositiva para las entidades extranjeras hasta incluso hacerlas desaparecer, y gozan de una muy laxa normativa financiera. Estos territorios buscan de este modo atraer capitales y suelen producirse desproporciones aberrantes entre cantidad de habitantes de los mismos, nivel de actividad financiera y nivel de actividad económica. Por ejemplo, según el diario El País, Delaware (Estados Unidos) contaba en el año 2015 con una población de algo más de 935.000 personas, y en cambio poseía 1.181.000 sociedades. Dentro de los "inquilinos fiscales" de Delaware se encuentran, entre otras muchas, empresas tan conocidas como American Airlines, Apple, Amazon, Coca-Cola, Facebook, General Electric, Google, JP Morgan, Twitter, Visa y Walmart. Que una sociedad tolere estos datos como una realidad política y fiscal es ciertamente un indicador de hasta qué punto la arquitectura de la desigualdad viene marcada por los intereses de las élites sociales. Continuaremos en siguientes entregas.

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