Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

La polémica ha vuelto a la palestra, sobre todo a raíz de los últimos descubrimientos en torno al terrible asesinato de Diana Quer, que ha devuelto también a la memoria los no menos terribles asesinatos de Mari Luz Cortés, Marta del Castillo (cuyo cadáver aún no ha sido hallado), Sandra Palo, Jeremy Vargas y otros tantos de nuestra historia reciente. Se ha avivado el debate sobre la denominada eufemísticamente "prisión permanente revisable" (en realidad cadena perpetua), y las posiciones parecen enconarse día a día. Se habilitó hace pocas semanas una petición en el sitio web Change.org para que firmaran los ciudadanos que estuvieran a favor de mantenerla, es decir, de no derogarla, que ha sobrepasado los dos millones de apoyos populares. El argumento principal para mantenerla es que exista una pena excepcional para criminales excepcionalmente peligrosos, como pueden ser los autores de estos horrendos crímenes. Pero a día de hoy, sólo el Partido Popular la defiende sin fisuras, mientras que Ciudadanos prefiere ponerse de perfil, y tanto el PSOE como Unidos Podemos se oponen a dicha pena, y defienden su derogación inmediata. El PP ha hecho de este asunto un nuevo pelotazo electoral, y ha celebrado recientemente mítines y convenciones a las que han asistido los familiares de estas víctimas. El asunto es peliagudo, y levanta las más fervientes pasiones encontradas. Porque de entrada, si cualquier persona se pone en el lugar de estos padres y madres, cuyos hijos e hijas murieron tan salvajemente en manos de estos criminales, es humano y lógico pensar que deseen para sus execrables autores el cumplimiento de las penas más extensas, incluso la indefinida reclusión.

Pero el problema es que el Estado (representado por los legisladores) no puede ponerse en el lugar concreto de ningún familiar de víctima, debe ponerse en el lugar de toda la sociedad, de la sociedad al completo, velando por lo que la sociedad de su tiempo entiende que es lo más justo, social, humano y avanzado. Legislar en caliente para estos asuntos, a golpe de noticia, de caso concreto, por vil y cruel que nos parezca (que nos parece), no responde a una ponderación serena y equilibrada que es la que el Estado debe ofrecer a su sociedad. Por otra parte, hay que desarmar algunos mitos y falacias que aún se comentan y se creen firmemente, como la falsa sensación de impunidad para los criminales, o como que las penas ejemplares consiguen mitigar los delitos. Esto no es así, y tenemos como ejemplo paradigmático a los Estados Unidos, donde a pesar de poseer la población reclusa más grande del mundo (sobre porcentaje de población real), y poseer la pena de muerte vigente en muchos Estados, los más crueles y detestables delitos no cesan de producirse en dicho país. No podemos perder el norte, ni dejarnos llevar por opiniones de café que no resisten el más elemental y riguroso análisis. Y como nos cuenta Daniel Amelang en este artículo para El Salto Diario, han sido consultados muchos expertos y expertas en Derecho Penal (incluido el Consejo General de la Abogacía Española), que concluyen que dicha pena en nuestro país es absolutamente innecesaria, pues España posee la mayor tasa de personas reclusas de Europa occidental, una media de 10 meses de cumplimiento en las cárceles (superior a la de la UE) y penas de hasta 40 años en prisión, mucho más elevadas en el tiempo efectivo de cumplimiento que las de los países de nuestro entorno que sí cuentan en sus códigos penales con la cadena perpetua. Pues aún con todo ello, el PP pretende ampliar en tres nuevos casos las posibilidades de aplicación de esta pena. 

Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reprochado a través de las redes sociales que el Gobierno lleve a cabo este anuncio, en lugar de dedicarse desde el Ministerio a dotar a la Administración de Justicia de mayores medios materiales (sobre todo tecnológicos) y humanos, que contribuirían a poder ofrecer respuestas penales más ágiles y adecuadas. Y es que como decimos, la legislación sobre estos asuntos ha de hacerse en frío, pues de lo contrario, asistimos a una legislación "que sale de las entrañas, es más emotiva que reflexiva" (en palabras de Daniel Amelang). Es muy comprensible que los familiares de las víctimas de estos horrendos crímenes clamen justicia de la forma más aplastante y efectiva posible que el sistema pueda ofrecer, pero el sistema debe tener en cuenta muchos más factores a la hora de decantarse por una figura jurídica como la que estamos haciendo referencia. Se instala a raíz de estos casos un sentimiento de inseguridad ciudadana que no obedece a motivos reales, una consideración de cierta laxitud de nuestro sistema penal, y algunos partidos políticos manipulan de forma obscena el dolor de los familiares de las víctimas, y utilizan de forma oportunista y populista dichos sentimientos, legítimos pero equivocados, porque no tienen en cuenta otros datos de la realidad penal ni jurídica de nuestro país. Porque la realidad de los datos nos revela claramente que hay que poner de manifiesto el bajo índice de criminalidad existente en España en relación a otros países de nuestro entorno. Y en última instancia, no podemos perder el norte de la razón de ser, la auténtica naturaleza, de la pena de prisión, que no es otra que la reeducación y reinserción social de los penados. Es una de las bases de la justicia reflejadas en nuestro sistema constitucional. 

La pena de prisión permanente revisable (por muy reservada que se encuentre a ciertos delitos excepcionalmente graves) asegura ser revisable en la teoría, pero en la práctica ofrece pocas garantías efectivas de que no se vaya a provocar el encierro de por vida de estos condenados. Necesitamos por tanto un llamamiento a la reflexión serena y colectiva, con calma y sosiego, y al margen de los ritmos de las agendas políticas y de los titulares mediáticos, que más pretenden sacar tajada electoral y apoyos ciudadanos a sus causas desde un punto de vista visceral e irracional. Por más que podamos encontrarnos con casos aberrantes y con individuos execrables, que cometan abominables crímenes, no podemos caer en la tentación de trasladar su lógico duelo personal en leyes que regulen nuestro sistema garantista de justicia y nuestro derecho penal, que han de seguir sustentados en el profundo respeto hacia todos los derechos humanos fundamentales. Hacer populismo barato con estos asuntos suele salir muy caro, manipular las conciencias hacia la decantación de figuras penales anacrónicas basadas en la venganza, olvidándose de los propios principios constitucionales que inspiran el derecho, sólo contribuirá a involucionar hacia una sociedad más salvaje. Nuestros referentes deben seguir siendo el profundo respeto a la dignidad humana, así como al rechazo a penas inhumanas o a tratos crueles o degradantes. Definitivamente, hay que erradicar de nuestro imaginario las condenas eternas a prisión, y entender ésta siempre como un medio y nunca como un fin. Ello no obsta para refinar, mejorar y perfeccionar en todo lo posible los mecanismos empleados para comprobar el grado de reinserción de un reo determinado, que siempre serán la herramienta fundamental para proteger a la sociedad de que éste vuelva a cometer los delitos por los que fue condenado. 

Y como siempre en este asunto de los paraísos fiscales, los grandes "dando ejemplo". Mal ejemplo, se entiende. Nuestro índice bursátil, el famoso IBEX-35, paradigma de las empresas transnacionales de peor gusto, es un buen exponente del uso de los territorios offshore, tal como nos contaba Lucía Villa en este artículo para el medio Publico en mayo de 2016. Su titular ya es bastante sustancioso: "El Ibex-35 triplicó su presencia en paraísos fiscales durante la crisis". Tal como suena. Me remito a sus datos e informaciones. En 2014, el número de filiales ubicadas en territorios con ventajas fiscales batió el récord, con un total de 891. El Banco Santander, con 235 filiales, se llevaba la palma como principal beneficiaria de la elusión fiscal, según un informe de Oxfam Intermon y el ORSC, que puede consultarse en este enlace. Concretamente, entre los años 2009 y 2014, es decir, durante los peores años de la crisis, repletos de medidas de austeridad para el conjunto de la mayoría social,  las empresas de dicho índice bursátil multiplicaron por 3,3 el número de filiales situadas en paraísos fiscales. Es decir, que mientras la crisis (en realidad, la estafa) estrangulaba a miles de pequeñas empresas, lanzaba a los jóvenes al exilio laboral, obligaba a muchas familias a dejar sus casas porque no podían hacer frente a sus hipotecas, reducían las pensiones y prestaciones por desempleo, y nos sentenciaban hasta la saciedad con el mensaje de que habíamos vivido "por encima de nuestras posibilidades", estas indecentes empresas, las compañías con mayores beneficios de nuestro país, incrementaron hasta un 228% su presencia en estos territorios de régimen tributario extremadamente favorable. Parece ser que su "responsabilidad social" sólo daba para eso. 

Enseguida saldrán los defensores de estos grandes agentes del más desalmado capitalismo a decirnos que estas prácticas son absolutamente legales, pero en la mayoría de casos la domiciliación de estas empresas en lugares como Delaware (417 filiales), Holanda (131), Irlanda (65), Luxemburgo (55) o Islas Caimán (29), no está relacionada con la producción de bienes y servicios en dichos territorios, sino que responde a operaciones financieras que les permiten eludir el pago de unos impuestos que, de otra manera, irían a parar a las arcas públicas del Estado, contribuyendo (como es su obligación) al conjunto de servicios públicos que todos (incluidos ellos) disfrutamos. El caso de Banco Santander es absolutamente paradigmático, pues como indica Lucía Villa los datos son escalofriantes, ya que la media fue de una apertura de 53 filiales en un solo año, es decir, una por semana. Le seguían en ese aberrante ránking ACS con 113 filiales, Iberdrola con 69, Abengoa con 67 y BBVA con 52. El informe citado más arriba afirma taxativamente: "La economía de los paraísos fiscales crece al doble de velocidad que el resto de la economía productiva mundial. En los últimos años, la inversión hacia paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro y más de la mitad del comercio mundial pasa por estos territorios". El resultado, como venimos indicando repetidas veces durante esta serie de artículos, es que esta arquitectura de la desigualdad (apoyada en este caso por los paraísos fiscales y una legislación fiscal regresiva) está diseñada para proteger los intereses de las grandes corporaciones y fortunas, frente a las necesidades de la mayoría. 

La situación es ciertamente desoladora: el IBEX-35 posee casi mil sociedades en paraísos fiscales, a datos de abril de 2017, como nos destacaba Marina Estévez en eldiario.es. De hecho, la única empresa del selectivo español que no posee ninguna filial en paraísos fiscales es AENA. Todo este escenario crea un halo de absoluta impunidad de las grandes empresas transnacionales, y sobre todo de la gran banca privada, es decir, de la gran delincuencia financiera. Apoyados en el "secreto comercial", se cometen todo un abanico de aberraciones fiscales absolutamente toleradas y consentidas por los Gobiernos, que además con sus medidas fiscales favorecen aún más a los poderosos. Lo explica muy bien Jérôme Duval en este artículo para el medio Diagonal, que rescatamos a continuación. Duval se pregunta: "¿Cómo explicar, por ejemplo, que las Bermudas (donde el banco Sóciéte Générale tiene una filial que ha obtenido 17 millones de euros de cifra de negocio en 2013 sin ningún asalariado) hayan sido retiradas de la lista francesa de paraísos fiscales en enero de 2014? ¿Cómo Bélgica ha podido esperar a 2015 para colocar oficialmente al gran ducado de Luxemburgo en la lista belga de los paraísos fiscales? ¿Cómo es posible que ciertos Estados europeos, la Unión Europea (UE), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental de lucha contra el blanqueamiento de dinero, la OCDE o el FMI tengan listas de paraísos fiscales distintas?". Y concluye: "Esta incoherencia de las falsas soluciones aportadas por actores que supuestamente luchan contra el fraude y la evasión fiscal favorece la impunidad de los grandes delincuentes financieros que disfrutan, por otro lado, de una justicia a medida, tolerante o continuamente esquivada". 

Y así, la actual directiva europea sobre la protección del "secreto comercial" protege a los delincuentes. Esta directiva fue aprobada en el Parlamento Europeo el 14 de abril de 2016 (dimos cuenta de ella en uno de los artículos de la serie "Contra los Tratados de Libre Comercio"), y a pesar de una petición popular contra esta iniciativa firmada por más de 500.000 personas, una gran mayoría de los eurodiputados aprobaron el texto por 503 votos a favor, 131 en contra y 18 abstenciones. Esta directiva supone un peligro extraordinario, y constituye otro armazón legal que protege la arquitectura de la desigualdad. El actual texto amenaza el trabajo de investigación de los periodistas, y por extensión, la información revelada del ciudadano, protege a las empresas y sus maniobras ilegales prohibiendo la divulgación de sus "secretos económicos" a la opinión pública interesada. Compromete seriamente y se sitúa en contra del trabajo de periodistas, filtradores, denunciantes, ONG's y demás actores que intenten sacar a la luz pública informaciones sensibles de interés general. En el fondo, como sostenemos, protege y da amparo a la criminalidad financiera y fiscal. Coloca los intereses de las multinacionales por encima del interés general. Estamos ante el mundo al revés: vía libre, legal y encubierta a las empresas que quieren eludir impuestos y evadir capitales, y denuncias y penas (incluso de prisión) para aquéllos denunciantes de dichas prácticas y actividades, justo los que deberían estar protegidos y recompensados en vez de perseguidos y castigados. 

También sería interesante preguntarnos...¿cuál es nuestro paraíso fiscal más cercano? Respuesta: Andorra. Tomo datos e informaciones de este artículo donde se publicó la misiva que las EuroMarchas remitieron al Papa Francisco, para denunciar (a propósito de que el Obismo de la Seu d'Urgell es copríncipe de dicho territorio) la tremenda situación de nuestro paraíso fiscal. Extraemos a continuación los párrafos más suculentos de dicho escrito: "El principado no muestra ningún respeto por los derechos de los trabajadores. La política de inmigración es sumamente restrictiva. El derecho de voto está restringido sólo a los andorranos, incluso en las votaciones locales. La independencia de la justicia está seriamente cuestionada, y la mendicidad prohibida. Y mientras las puertas de Andorra han permanecido cerradas a los inmigrantes, han estado abiertas de par en par para los evasores fiscales y los ricos residentes extranjeros. La vocación de la banca andorrana como paraíso fiscal se reafirma con su internacionalización hacia las localizaciones offshore más importantes del mundo, como son Panamá, Luxemburgo, Suiza, Mónaco, Bahamas, Islas Vírgenes y otros. Y por supuesto, las puertas de Andorra se abren para facilitar la elusión fiscal de particulares y empresas españolas hacia el principado. Andorra ha introducido impuestos por primera vez en su historia para captar capitales, atraídos por su baja fiscalidad, practicando una competencia desleal, en lo que se denomina "dumping fiscal". Estas políticas fiscales agresivas de Andorra se traducen en recortes en servicios públicos para los ciudadanos del Estado Español. La sanidad, la educación y otros servicios básicos se ven seriamente perjudicados en detrimento de las clases más débiles". Continuaremos en siguientes entregas.

Hemos sostenido que las principales motivaciones de las guerras son de tipo económico, en realidad una intrincada maraña de intereses geopolíticos y del complejo militar-industrial-tecnológico se mueven para detectar nuevos focos de conflicto, y desembocar o no finalmente en un conflicto armado. Para comprenderlo mejor, tomemos una guerra actual, como es la guerra de Siria, para explicar hasta qué punto se dan cita intereses económicos de todo tipo en su despliegue y en su mantenimiento. Nos lo explica muy bien Lola Sánchez (Eurodiputada de Podemos) en este artículo para el medio Publico que vamos a seguir a continuación. El primero y más importante de estos negocios es el petróleo. Numerosos analistas sitúan como origen del conflicto sirio el acuerdo de 2011 entre Siria, Irán e Irak para construir un gaseoducto que uniría el Golfo Pérsico con el Mediterráneo, cruzando los tres territorios. Así, Siria se convertiría en un nodo esencial en el transporte de gas y petróleo hacia Europa. Sin embargo, esta estrategia habría perjudicado enormemente los planes de otros actores de la zona, como Turquía o Arabia Saudí, cuya mayoría religiosa es suní, en vez de chiíta. En 2009, Qatar propuso a Estados Unidos la construcción de otro gaseoducto que partiría de allí y cruzaría Arabia Saudí, Jordania, Siria y Turquía. De este modo, el control de Rusia sobre el petróleo que consume Europa sufriría un serio revés, pues el gobierno sirio es aliado ruso. Pero aunque sea ésta la razón del inicio de los movimientos que desembocaron en esta sangrienta contienda que dura ya más de 6 años, otros muchos factores han incidido en ella.

Los bandos implicados en esta guerra se acusan mutuamente de estar comprando petróleo al Estado Islámico, y es muy probable (como muy acertadamente señala Lola Sánchez) que todos los actores implicados lo estén haciendo. El Estado Islámico vende el barril de crudo a un precio menor al de mercado, por lo cual es posible que numerosas empresas energéticas occidentales estén haciendo un negocio redondo para mantener sus negocios en Siria. Pero evidentemente, el sector por antonomasia que se ve ampliamente reforzado con cada conflicto es el de las armas. Europa vende con absoluto descaro todo tipo de material bélico a los países del Golfo, a pesar de que es evidente que muchos de ellos arman a su vez al Daesh. Lamentablemente, nuestro país es uno de los que se llevan la palma. Según un informe de la Secretaría de Comercio, sólo durante la primera mitad de 2015 nuestro país vendió a Arabia Saudí artillería por valor de 450 millones de euros, batiendo récords históricos. Así que luego, estas granadas, misiles o minas acabarán en manos de los radicales islámicos o bombardeando civiles en Yemen. Lola Sánchez explicó la relación con el mundo laboral en los siguientes términos: "Estaba previsto que durante la visita que el Rey Felipe VI iba a realizar a Arabia Saudí hace unas semanas, la empresa pública Navantia firmase un contrato para la construcción de cinco corbetas por un valor de 3.000 millones de euros. El Gobierno justifica esta operación y la "vende" a la ciudadanía alegando que dará trabajo a unas dos mil personas durante cinco años, en los astilleros de Cádiz y Ferrol. En tiempos de crisis, esta pequeña bomba de oxígeno para tantos trabajadores hace que todos miremos para otro lado y obviemos, y no queramos ver, la relación directa entre este caramelo laboral y la crisis humanitaria de los refugiados, que huyen de una guerra que estamos alimentando. Enfrentar a pobres contra pobres ha sido siempre una táctica eficaz de las élites políticas y económicas". 

Pero aún existen más negocios implicados en esta guerra, frotándose las manos, y deseando que el conflicto sirio produzca la mayor destrucción posible en los territorios afectados. Se trata del negocio de la reconstrucción. Ya lo vimos en Irak y lo volveremos a ver en Siria. Seguramente ya existan borradores de contratos, acuerdos, compromisos, alianzas y estrategias de todo tipo para sacar tajada cuando se acabe formalmente la guerra, y haya que comenzar esa "reconstrucción". Son los auténticos buitres carroñeros de la guerra, empresas constructoras europeas y estadounidenses, que hacen que las bolsas suban, que se dedican al "fomento" de los países y las naciones, gracias a las que las primas de riesgo bajan, y el "desarrollo" del país se acrecienta. Y por último, no podemos dejar de citar al execrable negocio del tráfico de personas. Las mafias ilegales que se aprovechan de la terrible situación de miles y miles de víctimas inocentes, que comprueban cómo su mundo se desmorona, su aire se vuelve irrespirable, y todo su entorno social y familiar cae en pedazos. Son las que contemplan con estupor e impotencia cómo los edificios que frecuentaban ya no existen, cómo sus calles favoritas se han convertido en infinitos escombros, y cómo un simple paseo se puede convertir en una experiencia mortal. Sus anhelos se evaporan, sus posibilidades se anulan, su experiencia vital se vuelve tenebrosa y espantosa. Muchos deciden quedarse a pesar de todo, pero otros muchos deciden abandonar dicho infierno y migrar hacia otros puntos del planeta. Otros países y regiones donde también habrán de sufrir el odio, la discriminación y la intolerancia de este mundo bélico y salvaje. En este contexto, y sobre todo para las familias pobres, las mafias que controlan el tráfico ilegal de personas encuentran su vivero. 

La economista Loretta Napoleoni calcula que el Estado Islámico llega a obtener medio millón de dólares diario en concepto de tributos a las personas que cruzan los territorios que están bajo su control, durante la huida de las mismas. También afirma que cada refugiado que llega a las puertas de Europa (unas puertas cada vez más herméticas) ha pagado aproximadamente unos 5.000 euros al Estado Islámico y a los diferentes grupos armados durante las diversas etapas de su viaje. En Turquía vuelven a encontrarse con otras redes de traficantes, pero gracias al indecente acuerdo que Erdogan firmó con la Unión Europea, Turquía hace la vista gorda mientras recibe hasta 7.000 millones de euros de los 28 países miembros de la UE por controlar y redistribuir el flujo de refugiados. Así que entre algunos otros que no hemos mencionado, y que son normalmente negocios colaterales a los ya descritos, los sectores armamentístico, energético, y de la construcción, apoyados por los propios Estados, están muy interesados en que conflictos como el de Siria exploten, se mantengan en el tiempo y se rentabilicen lo mejor posible, porque esa es exactamente la forma de vivir que ellos han diseñado en este asqueroso mundo capitalista. Pero claro, cuando la pelota se nos devuelva a nuestro tejado, en forma por ejemplo de atentados terroristas que asesinen sin piedad a varios (incluso a cientos de) inocentes de cualquier país occidental, entonces aparecerán con rostros compungidos nuestros indecentes gobernantes, no para reconocer la barbarie y la sinrazón de la guerra que están apoyando con sus políticas, sino para argumentar falacias como que los terroristas quieren "anular nuestro sistema de libertades". Simplemente vergonzoso. 

La realidad sobre Siria (es sólo un ejemplo actual de conflicto bélico, podríamos recurrir a otros muchos presentes o pasados, el patrón es siempre el mismo) es otra bien distinta a la que nos cuentan los medios de comunicación dominantes, que lógicamente también se mueven por intereses económicos. Nos lo explica muy bien el sociológo e investigador vasco José Antonio Egido (autor del libro "Siria es el centro del mundo") en esta entrevista de Enric Llopis para el medio Rebelion.org, cuya lectura completa recomiendo a los seguidores de este Blog. Egido considera que los medios han puesto mucho interés en presentar a Bashar Al-Assad como un dictador, y que una de las razones de la agresión a Siria es evitar un renacimiento del "panarabismo" en la región. Egido asegura que si se consigue la derrota de los planes occidentales, Siria es el país donde puede nacer un mundo multipolar, en el que se ponga fin a la impunidad de Estados Unidos y de la OTAN. Los medios de comunicación nos ofrecen una visión perversa y tergiversada del humanismo, que implica obviar todo tipo de información seria y análisis político, objetivo y plural, que pueda armar ideológicamente a la opinión pública sobre las verdaderas razones y contradicciones de la guerra. Nuestros medios occidentales nos cuentan siempre la misma película, con los mismos buenos y malos, con los mismos mensajes, lo cual supone una falta de rigor y de imparcialidad tremenda. En el fondo, como decimos, el negocio de los medios (participado también por terceras empresas de los otros negocios) también está implicado en los conflictos, desempeñando el papel "informativo", que en realidad es una indecente divulgación de sus postulados. Los medios no fomentan el análisis, sino la adhesión ideológica a unos objetivos. Continuaremos en siguientes entregas.

Finalizamos ya en esta última entrega, la número 60, nuestra serie de artículos dedicada a la superación del franquismo. Y lo último que propone el texto legislativo que estamos exponiendo en esta recta final es la creación del Consejo Estatal de Pedagogía de la Memoria Histórica. Se trataría de un organismo paritario entre el Gobierno y la sociedad civil, que velaría por el absoluto respeto a la misma en todos sus órdenes y dimensiones. Dicho organismo, entre otras funciones, asesoría en la adaptación de los contenidos a los libros de texto escolares y a las series televisivas y documentales ya referidas en anteriores entregas, y velaría por el cumplimiento íntegro de la Ley de Memoria Democrática en todos sus aspectos. Porque como muy bien indica José María Pedreño (Federación Estatal de Foros por la Memoria) en este ya antiguo artículo de la Revista Pueblos, rescatado recientemente por el medio Eco Republicano, la recuperación de la Memoria Histórica es esencial para fortalecer la democracia, como elemento de lucha contra la impunidad, como arma para la defensa de los derechos humanos y como elemento ideológico de construcción y vertebración de la sociedad. Hay que acabar con el actual desconocimiento que nuestra sociedad posee sobre lo que supuso el franquismo, desconocimiento que provoca falta de comprensión sobre los procesos históricos que han dado como resultado nuestro presente, generando un profundo déficit democrático que se sustancia día a día en los mimbres de una sociedad despolitizada y poco participativa. Nuestra democracia de baja intensidad está edificada sobre el desconocimiento y el olvido. 

El miedo sigue siendo dueño del pensamiento y de las actitudes de muchas personas, un miedo asentado en la alienación mental y cultural procedente de décadas de franquismo (en primer lugar) y de otras décadas de neoliberalismo (en segundo lugar). Un miedo que ha proporcionado (y lo sigue haciendo) la victoria ideológica del franquismo, y la hegemonía del pensamiento neoliberal que defienden hoy día la mayoría de los partidos políticos que nos representan. Quizá quien mejor lo haya expresado recientemente ha sido Juan Rivera (miembro del Colectivo Prometeo y del Frente Cívico "Somos Mayoría"), quien ha escrito en este artículo: "El franquismo sociológico se apuntala en un estado mental en el que el predominio del pensamiento único oficial de hoy, bebe del exterminio violento de las ideas alternativas ejecutado ayer". Somos hijos de nuestra historia, de nuestro pasado, que nos explica el presente y nos proyecta al futuro. Por ello debemos pasar página del franquismo, pero pasarla bien, pasarla al completo, habiéndola leído con integridad. Sólo recuperando la Memoria Histórica y Democrática y restableciendo la verdad, la justicia y la reparación será posible pasar definitivamente esa página negra de nuestra historia, con plenas garantías de no repetición. Porque como afirmara Suso de Toro: "España no rompió con el franquismo, simplemente lo reformó". Reformó su apariencia, sus modos, sus formas de gobernar, pero no sus poderes fácticos, no las líneas básicas de su ordenamiento jurídico ni de sus bases legales, no los aparatos del Estado, ni el corpus ideológico que lo sustenta. 

El franquismo aún perdura en nuestro país, y en muchas ocasiones las huestes franquistas se envalentonan, pierden el miedo, se hacen fuertes, imponen su discurso. No podemos permitirlo. Esta serie de artículos ha intentado ser lo más pedagógica posible, mostrando todos los aspectos de ese franquismo político y sociológico que aún padecemos, y la enorme cantidad de medidas que podemos y debemos tomar para erradicarlos. Hemos puesto énfasis en luchar contra los postulados y el protagonismo tanto de la Iglesia Católica (que proporcionó el núcleo de la ideología legitimadora del golpe militar y de la dictadura) como de las Fuerzas Armadas (algunos de cuyos sectores aún nos recuerdan que son ellos los que mandan, los que ganaron la guerra, y los que defienden la "unidad indivisible de la patria" a golpe de sable). Superar el franquismo significa hoy día declararse abiertamente antifascista, y recuperar la legitimidad republicana. Superar el franquismo es entenderlo, como lo define Víctor Arrogante con su magistral sabiduría: "Políticamente antidemocrático; jurídicamente anticonstitucional; socialmente conservador y tradicionalista; espiritualmente clerical; ideológicamente totalitario; económicamente capitalista; militarmente absolutista, y moralmente inhumano". Así fue el franquismo, y por todo ello hay que superarlo. Superar el franquismo implica levantar el falso mito de la Transición, juzgar a los responsables aún vivos, respetar la memoria de todas las víctimas, luchar por la dignidad de todas las personas y colectivos, derogar la vergonzosa Ley de Amnistía, derribar el Valle de los Caídos, retirar toda la simbología franquista de nuestras calles y plazas, y dejar de disculpar, justificar o ensalzar la figura del execrable dictador. Todo ello está pendiente de llevarse a cabo en nuestro país. 

Porque el franquismo, aunque sea edulcorado, no puede tener cabida en una sociedad democrática, ni ningún otro tipo de fascismo. Por tanto, la impunidad de la que aún gozan los jerarcas y represores franquistas es una anomalía histórica, moral y democrática, que debe avergonzarnos a todos. Y esta vergüenza también se manifiesta en que continúe gobernando un partido político, hoy llamado "Partido Popular" (cuando es lo más antipopular que existe), heredero directo de la derecha franquista. Se les ve el plumero en multitud de ocasiones, cuando directa o indirectamente, legitiman el franquismo sociológico en el que estamos inmersos. Todo concuerda, porque son como los describe Juan Carlos Monedero: "...Aceptaron tarde la democracia, aceptaron tarde la Constitución, aceptaron tarde el municipalismo, aceptaron tarde la igualdad, el aborto, el divorcio, el matrimonio homosexual, aceptaron tarde Europa, aceptaron tarde la justicia internacional, aceptaron tarde la confesionalidad del Estado y van a aceptar tarde la plurinacionalidad (...). Ellos son España y España es lo que ellos dicen que es, el espacio que coincide con sus intereses. Aunque tengan el dinero en Suiza o Panamá". Magistralmente lo expresó Juan Goytisolo en el 80 aniversario de la II República, cuando sentenció: "No nos resignemos a una permanente injusticia. Bajar la guardia y rendirnos sería dar por buena la brutalidad de los alzados contra el conjunto de aspiraciones e ideales que encarnó la República. La herencia cívica y ética de ésta no ha muerto; sigue viva y muy viva en nuestros corazones y conciencias". 

Para finalizar la serie, hemos elegido el texto del Romance de Juan García, de Francisco Moreno Galván (cantado por tonás en un disco de José Menese), que retrata perfectamente uno cualquiera de todos los asesinatos viles y crueles que se cometieron durante la Guerra Civil y la dictadura:

"Fue sentenciado Juan García, a golpe de mosquetón,

primera noche de agosto, sin jueces ni defensor.

No era por miedo su llanto, porque llorando salió,

lloraba porque dejaba, lo que en su casa dejó.

Lo sacaron amarrao, y amarraíto quedó,

a dos pasos del camino, en el camino a Morón.

Así murió Juan García, testamento no escribió,

pero lo que Juan dejaba, el pueblo lo recogió"

Si entendemos la guerra como un negocio en los términos que estamos exponiendo, es evidente que no podremos acabar con las guerras hasta no acabar con el negocio de las guerras, con sus ganancias, con sus industrias, con sus políticas, con sus ambiciones, con sus necesidades, con sus objetivos. El estado de guerra permanente en que vivimos no obedece a ninguna realidad política ni a ninguna amenaza real, sino a las ansias de crecimiento y desarrollo del sector armamentístico y del complejo militar-industrial-tecnológico. Una industria y unos beneficios tan ciegos que ignoran los tremendos y definitivos daños que causamos no sólo a las personas, sino al medio ambiente y al planeta en general. La huella ecológica del permanente estado de guerra en que nos encontramos nos pasa una factura igualmente permanente y peligrosa, que de no reconfigurar el rumbo, será definitivamente perniciosa. Desaparecen ecosistemas locales, fauna y flora, los suelos se desertifican, la floresta se ve seriamente mermada, van desapareciendo las aves migratorias. Los equilibrios naturales se ven seriamente dañados. La guerra permanente es una guerra contra el planeta, contra todos los recursos, contra todas las personas, aunque podamos estar situados o viviendo a miles de kilómetros de los conflictos armados. Las guerras generan daños ecológicos y accidentes que se mantienen durante años después de la finalización de los conflictos, y que suponen una terrible huella difícil de superar. Dramas humanos, dramas colectivos, dramas ambientales, dramas planetarios que nos pasarán una factura demasiado elevada. 

Por su parte, y siguiendo a Nora Fernández en su artículo de referencia, hemos de prestar mucha atención a la contaminación ambiental que el propio militarismo obsesivo genera. El Departamento de Defensa de Estados Unidos por sí solo produce más basura que las 5 mayores corporaciones químicas de USA, incluyendo uranio empobrecido, petróleo, pesticidas, herbicidas, plomo y radiación producida durante la manufactura, el testeo y el propio uso de las armas. Miles de kilos de micro partículas radiactivas altamente tóxicas contaminan, por ejemplo, Oriente Medio, Asia Central o los Balcanes. Las minas antipersonas y las bombas de racimo (expresamente prohibidas por los actuales Convenios de la ONU vigentes ) están diseminadas por extensas áreas durante años siguientes a la finalización de los conflictos armados. Y continúan generando terribles accidentes, que hieren, mutilan y matan a víctimas inocentes. En 2009, esto es, 34 años después de la finalización de la guerra de Vietnam, la contaminación por dioxina en este país era entre 300 y 400 veces superior a la considerada como normal, provocando severas deformaciones en los nacimientos y numerosos casos de cáncer, en la tercera generación de habitantes desde el fin de la guerra. La huella ecológica es ciertamente la más destructiva, y la más perdurable. Y en cuanto a los pueblos, es evidente que los conflictos armados generan desestructuración de los mismos, lo que unido a las guerras tribales, los saqueos y las provocaciones de catástrofes (incendios, atentados, explosiones, tumultos, etc.) continúan asesinando a miles de personas. 

En todas estas dimensiones de la devastación, de la tragedia y del horror están firmemente interesadas todas las industrias implicadas, incluso en las posteriores tareas de carácter "humanitario" y de "reconstrucción". Cientos de empresas cruzan sus intereses en las actividades y contratos posteriores a una guerra, por lo cual les interesa la destrucción previa a la construcción. La guerra como negocio es quizá la vertiente más detestable de la naturaleza humana. Hemos de acabar con ella, que implica por tanto acabar con los propios intereses que las mueven. Los perjuicios humanos no se contabilizan además sólo en los más graves (heridos, mutilados o asesinados en guerra), sino que también inciden en los soldados que vuelven a sus países de origen después de cualquier conflicto armado. Entonces, muchos de ellos y ellas tienen que recibir asistencia debido a daños físicos, emocionales o psicológicos, que pueden suponer elevados gastos a las arcas públicas, además de la propia incidencia personal sobre sus familiares y amigos. Por su parte, el mito de que las guerras son positivas para la economía también es falso. Para las economías, también es mejor la senda del pacifismo. De entrada, los gastos militares desvían recursos que deberían haber sido destinados a usos productivos, y ello ralentiza la expansión económica y el empleo. Las guerras extinguen la riqueza, deprimen la economía, socavan la democracia, afectan negativamente a los mercados, anulan la prosperidad. Sólo los más pérfidos intereses pueden excusar las guerras y ver algún enfoque positivo en ellas. La guerra es el negocio de la muerte y de la destrucción, pero es un negocio. 

Un terrible negocio de tal volumen que en el año 2016 todos los gastos militares del mundo supusieron un 2% del PIB mundial. Y cada año no cesan de aumentar. Los presupuestos públicos de países de todo el mundo, salvo honrosas excepciones, dedican cada año más cantidad proporcional a los presupuestos de la guerra. Sin ir más lejos, en nuestro país la Ministra de Defensa ha anunciado que se duplicará el gasto militar durante los próximos siete años, y se ha quedado tan pancha. Es un absoluto suicidio aceptar la guerra como estrategia y situación permanente, es un horror aceptar el proyecto globalizador (basado en la falsa premisa de la "lucha global contra el terror") que valida y normaliza el uso de armas nucleares, sino que hay que entenderlo como un acto criminal contra la vida del planeta. Nora Fernández lo expresa en los siguientes términos: "Justamente porque la guerra es un evento funesto para la humanidad, se hace crucial cuestionarla abiertamente como estrategia fallida. La guerra se presenta como última solución, estrategia de último recurso, pero no es solución ni es aceptable. Facilitar la paz es la única solución (...). Promover la paz como única solución a los problemas de la humanidad es crucial. Hoy, a los daños de guerra a humanos y a otras especies, se suman los daños al medio ambiente y el despilfarro de recursos naturales esenciales para la supervivencia de la humanidad. Es prioritario decir no a la guerra y al militarismo y terminar con la glorificación de la muerte para beneficio del poder". Es totalmente prioritario luchar y desmantelar los intereses de cuantos sectores puedan beneficiarse de la barbarie de la guerra, porque de la devastación ningún sistema racional puede obtener ventajas ni beneficios. 

Ese negocio nos deja un irrespirable ambiente plagado de muerte, destrucción, dolor, hambre, miedo, inestabilidad, sufrimiento, heridos, desplazados y traumatizados de por vida. Sin embargo, los poderes interesados nos presentan siempre las razones de la guerra como de defensa, nos dicen que nos atacan los salvajes, los herejes, los desalmados, los malos, los otros despojados del planeta. Se nos dice que sufrimos amenazas, que quieren destruirnos, que quieren romper nuestro modo de vida. Se nos dice que nosotros representamos el bien, y ellos el mal. Nada de eso es verdad. Las verdaderas razones de la guerra son interesadas, son prosaicas, son económicas, son ambiciosas. Simplemente, tenemos armas que probar y vender, ingresos que obtener, beneficios que multiplicar, territorios y recursos que explotar, intereses que proteger, privilegios y estatus que defender. Por eso la guerra es un negocio. De ahí que los gastos para las guerras (llamados eufemísticamente gastos "de defensa") se hayan convertido en pieza esencial de los presupuestos públicos de cualquier país, cuyos Gobiernos son presionados por los lobbies del sector. En algunos casos, los gastos de guerra se convierten en proyectos de ley de emergencia. La ley se alía con la guerra, desvirtuando de este modo su sublime carácter. De ahí que los presupuestos para la guerra hayan de ser disfrazados, tengan que ser manipulados y ocultados bajo otras partidas, escondidos de las cifras visibles, para que no lleguen a la población de forma cruda y directa. Las guerras son un negocio muy caro. Continuaremos en siguientes entregas.