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10 enero 2018 3 10 /01 /enero /2018 00:00
Fuente Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

Fuente Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

La bandera española actual es el resultado directo de un Golpe de Estado de carácter fascista a un régimen democrático, constitucional y republicano que elimina el color morado de la bandera al instalar una dictadura nacionalcatólica que dura casi 40 años. Luego, con la izquierda masacrada o exiliada, emprende su magna obra de reforma y modernización, el llamado régimen del 78. Con sus grandes poderes repartidos y adaptada a los nuevos tiempos neoliberales, graba sobre esos colores el escudo monárquico, símbolo del poder impuesto y heredado de los mejores tiempos medievales del imperio. A pesar de esto todavía extraña que algunos afirmemos que esta bandera no nos representa

Colectivo “Voces en Lucha”

Otra consecuencia de la impunidad penal y del olvido histórico de los crímenes del franquismo es el "revisionismo histórico", que niega los crímenes contra la Humanidad del fascismo, o que los sitúa al mismo nivel que los crímenes o la persecución religiosa que se cometieron en la zona republicana, pero no por el Estado democrático, sino por elementos descontrolados. Los responsables de este revisionismo son los mismos que se colocan equidistantes entre la II República y el Golpe de Estado, o que han dominado la educación para que nuestros estudiantes no conozcan la verdad de nuestra reciente historia. Ha sido este "revisionismo histórico" el que ha hecho posible el crecimiento electoral de un partido político, hoy denominado cínicamente "Partido Popular" (cuando es lo más antipopular que existe), fundado y presidido durante mucho tiempo por una persona que ocupó varios altos cargos en la dictadura, que formaba parte de su Consejo de Ministros, y que daba el visto bueno a los fusilamientos de personas por sus ideas políticas. Concretamente, era el responsable del orden público durante los terribles hechos de Vitoria de 1976. Pero lo peor de todo, como ya hemos señalado en diversas entregas anteriores de la serie, es que este "revisionismo histórico", en vez de corregirse, tendió a consolidarse significativamente después de los distintos Gobiernos bipartidistas alcanzados por PP y PSOE. Este último, que aún tiene la desvergüenza de conservar las siglas "Socialista" y "Obrero", es un caso especialmente sangrante, pues lleva varias décadas traicionando la voluntad histórica y la militancia de varias generaciones. 

 

Esta anómala situación no se da en ningún Estado de la Europa democrática, e indica la profunda malformación de las capacidades democráticas del Estado Español. Más en concreto, es la señal más palpable de la democracia de baja intensidad que sufrimos. Hoy día las fuerzas políticas que participan de ese indecente "revisionismo histórico" continúan teniendo un gran protagonismo en los órganos decisivos del Estado y dominan importantes medios de comunicación, por lo cual disponen de un inmenso poder para seguir manteniendo ese franquismo sociológico del que ya hemos dado consabidas muestras en artículos anteriores. Por tanto, no se puede demorar más la aplicación de la doctrina de las Naciones Unidas sobre los Crímenes contra la Humanidad a los cometidos de manera sistemática por la dictadura franquista. A más de 40 años de la muerte del dictador, el hecho de que este asunto sea una asignatura pendiente, resulta cuando menos una deficiencia democrática que invalida absolutamente nuestro Estado de Derecho. No se puede continuar con la ambivalencia del período preconstitucional en el que la legalidad franquista perdonaba a los demócratas. La legislación anterior a la publicación de la Constitución de 1978 no era propia de un Estado de Derecho, tal y como ha reconocido el Tribunal Supremo en la sentencia 2000/511 cuando afirma: "Es evidente la situación coactiva y de omisión de Estado de Derecho que prevaleció en España hasta la publicación de la Constitución Española en fecha de 29-12-1978". 

 

Sin embargo, las iniciativas legislativas presentadas hasta el momento por el Estado Español al tratar de reparar moralmente a las personas perseguidas y sus familiares, tiene más que ver con la ambigüedad legal del aquél período preconstitucional, que no con la legislación internacional que ha suscrito el Estado Español de acuerdo con lo que establece el artículo 10.2 de la Constitución. Los hechos gravísimos, que devinieron durante el período más sanguinario y oscuro de una historia española plagada de guerras y represión son escondidos y edulcorados, y se evita sistemáticamente tratarlos como atentados a los derechos humanos y como Crímenes contra la Humanidad. Se continúa de esta forma con esa ambigüedad preconstitucional sobre la vigencia de la legislación franquista como si la posterior legalidad constitucional debiera respetar toda la obra legislativa represiva del régimen militar anterior. Nos piden que pasemos página cuando son ellos realmente los que no la han pasado. De acuerdo con este tratamiento, no se reconoce en ningún artículo de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían los derechos, y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, la naturaleza de víctimas a los fusilados, encarcelados, torturados, exiliados, depurados, y demás personas que sufrieron persecución o violencia por sus ideas políticas. A las víctimas de los crímenes franquistas y a sus familiares, se les ofende continuamente cuando se oferta desde el Estado una reparación moral establecida por un Consejo de cinco personalidades, o cuando continúan constando como traidores, rebeldes o criminales en las Actas de unos Consejos de Guerra o del Tribunal de Orden Público que no son impugnados y anulados. 

 

Estos asuntos no se pueden tratar progresivamente, como si de entregas en fascículos se tratara. O contemplamos la totalidad de las medidas que establezcan definitivamente la verdad, la justicia y la reparación debidas, o las ofensas a las víctimas y la superación política y sociológica del franquismo no vendrá por sí sola. El anonimato de las personas que participaron en las farsas jurídicas que supusieron la muerte y la prisión de cientos de miles de compatriotas también son contrarias al Derecho Internacional sobre Derechos Humanos. Han de reconocerse todos los perjuicios causados a todas las víctimas durante la guerra civil y la dictadura, en todas sus facetas y variantes, y el Estado debe facilitar todo el apoyo económico y jurídico a las reclamaciones que por estos motivos formulen personas, entidades o instituciones, por los delitos cometidos durante las cuatro décadas de régimen fascista y totalitario. Deben declararse nulas de pleno derecho las sentencias de los tribunales franquistas, de los Consejos de Guerra por motivos políticos, las sentencias dictadas por el Tribunal de Orden Público, las sentencias dictadas por los tribunales de responsabilidades políticas, y las sentencias dictadas por el denominado Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo. Se debe reconocer la condición de víctima, con derecho a reparación jurídica, moral y económica, a todas las personas que sufrieron ejecuciones, penas, castigos, sanciones, detenciones, torturas, exilios, destierros, depuraciones, confiscaciones, o cualesquiera otros perjuicios económicos o patrimoniales.

 

La condición de víctima posibilitará una reparación que conllevará además la obligación del Gobierno de restituir los bienes inmuebles, dinero y otros valores, bienes muebles y archivos documentales, requisados a las personas físicas o jurídicas, entidades o instituciones, a cuyo favor se reconozca dicha reparación, o a sus herederos, familiares, cónyuges, parejas de hecho o personas ligadas con análoga relación de afectividad. Debe reconocerse igualmente el derecho a una indemnización económica a las personas beneficiarias de todas aquéllas que fallecieron debido a la represión franquista. Debe reconocerse también la labor de las organizaciones armadas antifranquistas que lucharon contra la dictadura, y a favor de la restauración de la legalidad republicana. Y como también hemos indicado, es la Administración General del Estado la que debe asumir la totalidad de las funciones y responsabilidades en cuanto a la localización, identificación y exhumación de las víctimas. En este sentido, las Administraciones Públicas procederán a localizar las fosas comunes de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o en la represión política posterior, así como a la identificación, y en su caso exhumación, de los restos humanos que contengan, atendiendo al debido rigor científico, y ofreciendo las máximas garantías de preservación de los derechos tanto de las víctimas como de sus familiares, así como de asegurar la conservación de los objetos que se puedan encontrar, de cara a su posible valor histórico. Continuaremos en siguientes entregas.

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8 enero 2018 1 08 /01 /enero /2018 00:00
Por la senda del Pacifismo (83)

La única capacidad que ha demostrado la OTAN en el norte de África y en el Medio Oriente es la de amenazar la seguridad mundial, por cuanto sus operaciones han obligado a que muchos gobiernos realicen incontables y multimillonarios gastos de guerra donde las grandes ganancias quedan en manos de los grandes monopolios y mega corporaciones, y estas se incentivan más a impulsar la carrera armamentista y la desestabilización de cuantos países entren en sus macabros cálculos hegemónicos

Ernesto Wong Maestre

En la última entrega nos quedamos afirmando que la gobernanza de los nuevos poderes (bajo el orden mundial neoliberal) se asegura hoy día mediante las instituciones militares (como la OTAN), el complejo militar-industrial-tecnológico, y los centros del poder financiero internacionales. Impedir que esta gobernanza funcione, atacando estas instituciones, es el primer paso para volver a dar espacio de democratización y oxígeno a los Estados nacionales, hoy faltos de soberanía y de políticas pacifistas bajo la camisa de fuerza de las instituciones europeas, tal como afirman Francisco Sánchez del Pino y Manuel Montejo López en el artículo de referencia que estamos siguiendo. El imperialismo se asegura estos mecanismos de poder, que llegan a todos los estamentos de la sociedad, delimitando el poder fáctico que no sólo controla nuestras políticas, sino nuestra forma de pensar. Las guerras y el enorme ejército de reserva de mano de obra barata que suministran las migraciones, son los instrumentos que la Troika utiliza para impedir que las crisis se transformen en procesos de solidaridad entre los pueblos. De hecho, las opciones de ultraderecha están consiguiendo cada vez más presencia parlamentaria en los diferentes países europeos. Es precisa la organización de grandes movimientos pacifistas, de desobediencia y de solidaridad activa para acabar con todo este execrable entramado. Es preciso despegarse del imperialismo norteamericano, dejar de ser su servil perrito faldero y salir de la OTAN, si pretendemos comenzar realmente una dinámica pacifista. 

 

Saliendo de la OTAN, nuestro país (en general, cualquier país miembro de dicha siniestra organización) se desengancharía de esta estrategia de guerra permanente, que perjudica nuestros intereses pacifistas y que proyecta los terribles sentimientos de odio, venganza, terror y devastación sobre nuestros hombros, tal como ya hemos explicado en el primer bloque temático de esta serie, dedicado al terrorismo internacional. La pertenencia a la OTAN priva a nuestro país de poder tomar decisiones autónomas en política exterior y de defensa, ya que la OTAN está comandada realmente, como hemos referido, por los Estados Unidos, que la usan para sus propios fines militares, políticos y económicos. La pertenencia a la OTAN refuerza nuestra dependencia hacia USA, nuestra subordinación a los intereses y proyectos estadounidenses, ejemplificada por la red de bases militares presentes en nuestro territorio. Especialmente grave es el alto volumen dedicado al gasto militar, no especificado realmente en la engañosa herramienta que son los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya que normalmente se disfrazan, ocultan o asimilan a otras partidas. La España integrada en la OTAN destinó ¡64 millones de euros diarios! al gasto militar durante el año 2015 (502 euros por habitante al año), superando el 2% del PIB que exige la OTAN a los países integrantes. Es un colosal desembolso de las arcas públicas que se detrae de otros necesarios proyectos sociales, para los cuales se nos argumenta vergonzosamente que "no hay dinero". El gasto militar genera también una "burbuja militar", esto es, una deuda pública de casi 9.000 millones de euros, cantidad superior, sin ir más lejos, a la reducción de gasto municipal entre 2013-2019 previsto en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) derivada de la aplicación de las políticas de austeridad que lesionan gravemente la capacidad presupuestaria de nuestros Ayuntamientos.

 

La OTAN y el imperialismo son malos consejeros. Saliendo de la OTAN, alejándonos de los intereses imperialistas, apostando por el pacifismo y la neutralidad, creando un modelo de defensa realmente "defensivo", reconvirtiendo la industria militar hacia la fabricación de bienes socioecológicamente necesarios y reconfigurando las Fuerzas Armadas bajo el prisma de la unidad cívico-militar, España volvería a conseguir recuperar su soberanía y a estar en condiciones de desempeñar el papel de puente de paz en el Mediterráneo, África y Oriente Medio, tal como fue en un lejano pasado. Pero quizá para comprender mejor hasta qué punto la OTAN funciona como lo hace, desde el enfoque belicista norteamericano, sea recomendable acercarse siquiera sea someramente a la filosofía de este bárbaro pueblo, y a su tremenda obsesión por las armas. Seguiremos, entre otras fuentes, este estupendo artículo de Renán Vega Cantor, que analiza la situación bajo el sugerente título de "Estados Unidos y el derecho de asesinar". Fue publicado en digital para el medio Rebelion.org y en papel en el medio Periferia, en julio de 2016, y a él remitimos a todos los lectores y lectoras interesadas. El autor parte de la base de que Estados Unidos es un país armado hasta los dientes en su vida cotidiana, hasta el punto de que existen más armas que número de habitantes. Los gobernantes jamás han propuesto en serio (entre otras cosas, porque la sociedad no está preparada para ello, ni los poderosos lobbies proarmas los dejarían) medidas para un control racional sobre el tema. En USA se ha proclamado como un derecho constitucional que cualquier ciudadano de ese país pueda comprar armas de fuego, sin restricción alguna.

 

Si a esa disparatada medida se le agrega que en Estados Unidos (bajo la eterna falacia del llamado "sueño americano") prima el individualismo, el sálvese quien pueda, la lucha de todos contra todos, el triunfo de los "exitosos", el rechazo a cualquier proyecto o medida colectiva o solidaria, etc., podemos entender y concluir que las armas se constituyan en una manifestación de la propia idiosincrasia del país y de sus gentes. En una sociedad donde la propiedad privada es exaltada como un tema sagrado, se justifica la compra y venta de armas como un asunto necesario para defenderla y para matar a quien ose ponerla en cuestión. Cualquier persona, sin importar su clase, su origen racial o étnico, su género, su condición religiosa, o cualquier otra circunstancia, en Estados Unidos puede convertirse de la noche a la mañana en un/a asesino/a, al poder recurrir a las armas para defender a sangre y fuego todo aquello que considere de su propiedad, lo cual está justificado con la supuesta defensa de las libertades (entre ellas, la libertad para matar) y es posible porque se consigue un arma de manera fácil, directa y barata. Si extrapolamos toda esta forma de entender el tema de las armas a los estamentos de poder, resulta que las propias bases jurídicas de la nación están construidas con esos mimbres. Los casos de asesinatos, individuales o colectivos, se cuentan por cientos al año, y la excusa política y social a la que más se recurre en la mayoría de estos terribles casos es que los asesinos son desquiciados mentales, están desequilibrados, pero nunca la socialización del derecho a portar armas. 

 

Y como muy bien señala Renán Vega Cantor: "La locura es otra, es la del sistema capitalista estadounidense, que inocula odio, sed de venganza y de muerte, para que sus ciudadanos maten a quien sea, incluso a sus propios hijos, todo con el fin de alcanzar objetivos mezquinos". Y en la práctica, este "derecho a asesinar" rebasa las amplias fronteras del territorio estadounidense, y desde este país sus gobernantes lo han exportado al resto del mundo. Así, el gobierno imperialista de USA designa con plena impunidad quienes son sus "enemigos", entre los cuales se encuentran aquellos catalogados como "terroristas", o que suponen "una amenaza para la seguridad nacional". No importan ni el continente, ni el país, ni la región donde se encuentren. USA está acostumbrada a que el resto del mundo se incline a sus pies, y abusa de tal impunidad con absoluto descaro. Lo que ocurre de hecho es que los voceros del imperialismo estadounidense aplican a nivel internacional, violando los más elementales derechos humanos y los códigos, convenios y tratados de guerra, la pena de muerte, amparándose en este supuesto "derecho a asesinar". Y esto se hace sin juicio previo, sin escuchar a los condenados, sin oír las recomendaciones de ningún tribunal, sin aportar pruebas, simplemente por decisión de los poderes y gobernantes de EE.UU. Y el resto del mundo a callar. Pero atención, porque además tienen la desvergüenza de argumentar que matan en nombre de la libertad, la democracia y los derechos humanos, altos objetivos de los cuales ellos, por lo visto, se han proclamado en supremos defensores. No se trata por tanto del "derecho a portar armas", sino del derecho a matar, con el que ha sido germinada y cultivada toda la denigrante sociedad estadounidense. Pues bien, este comportamiento criminal de los gobernantes imperialistas es el mismo que impregna la OTAN. Ellos están detrás de la OTAN, por lo que ésta sólo puede ser entendida como una organización para la guerra, la extorsión, el chantaje y el asesinato. Continuaremos en siguientes entregas.

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5 enero 2018 5 05 /01 /enero /2018 00:00
Arquitectura de la Desigualdad (71)

El mundo offshore es un proyecto de las elites ricas y poderosas con el sólo propósito de aprovechar los beneficios de la sociedad sin aportar nada a cambio (…) Las empresas offshore han concentrado la riqueza y poder en los ricos con mayor fuerza que cualquier otro acontecimiento de la historia

Nicholas Shaxson

Estamos intentando trazar la arquitectura fiscal desplegada mediante los paraísos fiscales, y hasta qué punto es responsable de la tremenda desigualdad social que padecemos. Como es evidente, las empresas que reducen su carga fiscal (tanto a través de elusión legal como de evasión ilegal) generan una ventaja desleal frente al resto de competidores nacionales, y demás pequeñas y medianas empresas (PYMES). Asímismo, el entramado de paraísos fiscales y esta competencia fiscal desleal acarrean a los Gobiernos un coste de miles de millones de dólares anuales, como ya señalábamos en nuestra entrega anterior. Aunque las cantidades exactas continúan siendo un misterio (aunque los diferentes organismos y ONG divulgan ya datos y estimaciones muy precisas), es evidente que esta pérdida de ingresos supone un grave problema, pues despliega, como decimos, una arquitectura social que acentúa la desigualdad. Oxfam Intermón (de cuyos informes nos hacemos eco en todos estos asuntos) ha analizado la información pública disponible sobre más de 200 empresas nacionales y multinacionales, entre ellas las 100 más grandes del mundo, y las socias estratégicas del Foro Económico Mundial, y ya encontrado pruebas de que 9 de cada 10 tienen presencia en al menos algún paraíso fiscal. Ello nos da una idea clara de la extensión del problema, y de la envergadura del mismo. Sus posibles soluciones se nos antojan complicadas, al menos mientras continúe inexistente la voluntad política para erradicar estas prácticas. Intrincadas redes de intereses cruzados mantienen esta presencia activa, y protegen de uno u otro modo la existencia de esta anomalía fiscal.

 

Por su parte, los datos del FMI revelan que la inversión empresarial en paraísos fiscales se ha multiplicado casi por cuatro entre los años 2000 y 2014. La utilización de paraísos fiscales y de otras prácticas de evasión y elusión fiscal afectan a países de cualquier nivel de renta, también a los más pobres, donde además la arquitectura de la desigualdad está más extendida. Se estima que los países en desarrollo pierden cada año al menos 100.000 millones de dólares como consecuencia de la evasión de impuestos por parte de las grandes empresas. Y dado que la recaudación tributaria generada por las multinacionales y las grandes fortunas está muy por debajo de su potencial, los Gobiernos suelen optar por dos soluciones: o bien recortan la inversión pública destinada a políticas sociales necesarias para la reducción de la desigualdad y la pobreza, o bien compensan la reducción de ingresos subiendo los impuestos a los sectores más desfavorecidos de la sociedad y a las empresas nacionales de menor tamaño. En ambos casos, los mayores perjudicados por estas medidas son los más pobres, con lo cual la brecha de la desigualdad aumenta. Por otro lado, el entramado de paraísos fiscales y la opacidad que ofrecen, permiten blanquear los fondos que provienen de los negocios más ilícitos y execrables, tales como la corrupción política, el tráfico ilegal de armas o el comercio mundial de drogas, contribuyendo a que se extienda la delincuencia mundial y facilitando el saqueo de los fondos públicos por parte de las élites corruptas. Como en otros casos que ya hemos citado, la gran banca privada es el actor más típico a la hora de desarrollar y contribuir a estas aberrantes prácticas. 

 

El Colegio de Abogados Internacional (International Bar Association, IBA) no se equivoca al calificar la elusión fiscal como una vulneración de los derechos humanos, y tampoco lo hace el Presidente del Banco Mundial, que la considera "un tipo de corrupción que perjudica a los pobres". La arquitectura política y social de la desigualdad no acabará, entre otras muchas cosas, hasta que no se ponga fin a los paraísos fiscales, y al conjunto de secretos, voluntades y complicidades que permiten su existencia. De hecho, hace ya mucho tiempo que debería haberse alcanzado un gran acuerdo mundial para acabar con estas prácticas fiscales indecentes. Hace unos 15 años, el informe de la OCDE (el club de los países occidentales más ricos) titulado "Competencia fiscal perjudicial" proponía que los países "deberían plantearse rescindir sus convenios fiscales con los territorios considerados paraísos fiscales". Por desgracia, los Estados miembros de la OCDE que en la práctica funcionan como paraísos fiscales, junto a otros poderosos miembros de la organización que son sede de las empresas más grandes del mundo, bloquearon el acuerdo e impidieron que se avanzara más en aquél momento. Hoy día, lamentablemente, continuamos pagando el enorme precio de esta falta de voluntad política. El intento más reciente, el proyecto OCDE/G20 contra la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), validado por los líderes del G20 en noviembre de 2015, tampoco ha contribuido a frenar las prácticas fiscales dañinas, mientras que los intentos por endurecer las normas han quedado diluidos. Este proceso ofrecía una oportunidad histórica para revertir todos los escándalos y las prácticas abusivas que han encabezado los titulares en todo el mundo, pero lamentablemente se ha desaprovechado la ocasión. 

 

Es evidente que sólo la presión popular de organizaciones sociales, colectivos, ONG's y partidos políticos que estén por la labor, será capaz a nivel internacional de enfrentarse con los designios y el poder del gran capital, para ir poco a poco revirtiendo los perversos efectos de la existencia de estos paraísos fiscales. Otro autor que también ha explicado la dinámica de los paraísos fiscales es Alejandro Teitelbaum, quien en su obra "Capitalismo por dentro" sostiene: "En cuanto al control de los paraísos financieros, la famosa "lista negra" (ahora de diferentes tonalidades) de paraísos fiscales fue elaborada por la OCDE hace diez años y no sirvió para nada. La razón es muy simple: buena parte de los paraísos fiscales (que no figuran en las listas) están en territorio de las grandes potencias o controlados por éstas: la City de Londres, la isla de Jersey, la isla de Man, el Estado de Delaware en Estados Unidos, Mónaco, Macao, Hong Kong, las islas Caimán, etc. Y quienes se sirven de los paraísos fiscales son las grandes empresas transnacionales, los grandes bancos y sus clientes y los grupos financieros, que son intocados e intocables. Además, la "lista negra" o "gris" es como una puerta giratoria. Así como se entra se sale. Según un autor, el Profesor Michael Krätke (Paraísos fiscales, publicado por Sin Permiso el 2 de marzo de 2008) se estima que los más ricos tienen alrededor de un 30% de su patrimonio colocado en plazas financieras offshore. Más de un quinto (23%) de todos los depósitos bancarios del mundo se halla en los paraísos fiscales, al menos 3 billones de dólares según cálculos conservadores. Casi el 50% de las transacciones financieras transfronterizas mundiales pasan por ellos. Dice Krätke que de acuerdo con los cautelosos análisis del Tax Justice Network, los capitales disimulados en los paraísos fiscales evaden impuestos por un monto de entre 250 y 300 mil millones de dólares cada año. Es una buena parte del dinero que falta para reactivar la economía, aumentar el poder de compra de los más pobres y en general para mejorar la situación de las 3000 millones de personas que viven en el mundo con menos de 2,5 dólares por día".

 

Pero aún existen más datos, que nos dan idea de la inmensidad del problema: según la ONG Oxfam Intermón, hoy día los paraísos fiscales esconden 7,6 billones de dólares de fortunas individuales, una cantidad superior al PIB de Reino Unido y Alemania juntos. Y recientemente, el medio La Marea publicaba la noticia de que la inversión española en paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro entre los años 2015 y 2016, y a nivel internacional, el dinero acumulado aumentó un 45% entre 2008 y 2016, basándose de nuevo en datos de informes de Oxfam. Esta ONG advierte que la evasión fiscal en España ya acumula una pérdida de 23.000 millones de euros para las arcas públicas de nuestro país desde el año 2007, casi el doble del dinero que haría falta para pagar una renta mínima a todas las familias sin ingresos en España (estimada en unos 12.000 millones de euros). En 2016 las empresas del IBEX-35 tenían 891 filiales en territorios offshore, mientras que la impunidad de los delitos financieros contribuye a que bancos como el UBS, salpicados por grandes escándalos fiscales, estén pensando trasladar su sede a España. Básicamente, a grandes rasgos y entre otras medidas, necesitamos crear una ley integral de evasión fiscal, adoptar una definición clara y vinculante sobre paraísos fiscales, descartar de los concursos públicos a las empresas con actividad en territorios offshore, y equiparar los impuestos que pagan las grandes compañías, que actualmente disfrutan de una presión fiscal muy por debajo de que la que afrontan las pequeñas y medianas empresas. Un rosario de medidas al alcande de todo buen Gobierno que sitúe el beneficio de las arcas públicas y el interés general por delante de cualquier concesión al gran capital...¿Pero es tan difícil conseguir un Gobierno que realmente obedezca a estos objetivos? Continuaremos en siguientes entregas.

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3 enero 2018 3 03 /01 /enero /2018 00:00
Fuente Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

Fuente Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

Estamos viendo cómo renace un neofranquismo tan rancio, represor y antiguo como el de antes; un neofranquismo que se acompaña de aguiluchos y símbolos nazis, brazos hitlerianos cara al sol, y que promueve palizas en las calles y persecuciones de quienes no piensan como ellos. Esa España que nos avergüenza vuelve con inusitada violencia e intolerancia y el pueblo democrático no lo puede permitir

José Coy (miembro de la Mesa Estatal FCSM)

Como ya avanzábamos en la entrega anterior, el objeto de toda ley que pretenda la recuperación de la memoria histórica republicana ha de basarse en los siguientes fundamentos (enlace a la propuesta de ERC que estamos siguiendo):

 

1.- La aplicación de la doctrina de las Naciones Unidas sobre los Crímenes contra la Humanidad a los cometidos sistemáticamente por la dictadura franquista

 

2.- Reconocer el derecho inalienable a la verdad y el deber de recordar por parte del Estado establecidos por la ONU

 

3.- Reconocer jurídica y moralmente la condición de víctimas a todas las personas físicas y jurídicas que sufrieron persecución y muerte, y restituir moral y materialmente a todas las personas, colectivos, instituciones públicas, organizaciones y entidades de todo tipo que fueron perseguidas y represaliadas, y que hasta el momento no han obtenido su justo reconocimiento y reparación

 

4.- Reconocer a la II República Española como un Estado democrático y de derecho, precursor del presente sistema político

 

5.- Recuperar la memoria histórica de la II República y la represión franquista, que ha sido manipulada, silenciada, olvidada, o no estudiada y difundida en profundidad

 

Todos estos procesos y objetivos han de basarse a su vez en las decisiones políticas oportunas que permitan crear los marcos jurídicos y legales apropiados para desarrollar todos los puntos anteriores. Un punto esencial es derogar la Ley de Amnistía de 1977, entendida como ley de "punto final", que bajo la falacia de la "reconciliación nacional", perdonaba a todos los verdugos del régimen. En vez de dicha indecente ley, hemos de basarnos en los preceptos que Naciones Unidas divulga y reconoce como Crímenes contra la Humanidad. Porque desgraciadamente, la historia de todas las naciones y de la Humanidad entera está llena de períodos en los que gobiernos ilegítimos han establecido leyes y ordenamientos jurídicos y han organizado fuerzas armadas destinadas a cometer crímenes horribles contra la población a la que tenían que proteger. El fascismo y el nazismo llegaron a unos extremos inauditos de crueldad sistemática que conmovieron hondamente a las naciones civilizadas. Para condenar estos hechos sistemáticos, fruto de la acción y la organización de un Gobierno, que por su gravedad y amplitud ofenden la conciencia de la Humanidad entera, la comunidad de naciones civilizadas creó, después de la II Guerra Mundial, una legislación internacional específica que comenzó con los famosos Juicios de Nüremberg. Se creó entonces la figura jurídica de los "Crímenes contra la Humanidad", que complementa la noción de Crímenes de Guerra y de Crímenes contra la Paz. Todo ello con la intención de que estos crímenes se castigaran, y no se volvieran a reproducir. 

 

El régimen franquista se circunscribe de forma evidente a estos postulados, y una de las medidas instauradas por la doctrina de las NN.UU. con esta finalidad ha sido establecer que estos crímenes no puedan quedar impunes y que sean imprescriptibles. Por tanto, ninguna ley de punto final puede dictarse en relación a ellos, ni es legítima su aplicación cuando de un régimen fascista y genocida se trate. La Constitución de 1978, a pesar de haber sido redactada bajo las presiones de los renombrados "poderes fácticos", incardinó el Reino de España en la legalidad internacional sobre Derechos Humanos, al establecer que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades públicas tenían que adecuarse a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre estas materias ratificados por España. La extraña ambivalencia jurídica del período preconstitucional (1975-1978) se había acabado, y se estableció la doctrina internacional sobre Derechos Humanos que establece que los Crímenes contra la Humanidad no pueden quedar impunes. Durante aquél período preconstitucional, las víctimas de los crímenes del franquismo fueron ignoradas. De hecho, estaban tan aterrorizadas que se conformaban con sobrevivir, salir de las prisiones o regresar del exilio. Se establecieron algunas compensaciones económicas para algunos colectivos de represaliados. Sin embargo, nunca se reconoció su carácter de víctimas, ni nunca se calificaron jurídicamente en la legislación, los gobernantes que la habían impulsado y sus ejecutores de acuerdo con la legislación internacional sobre Derechos Humanos.

 

Se optó por el olvido y la ignorancia histórica. Las instituciones y los poderes públicos dejaron que se instalaran y pervivieran en la sociedad española los rescoldos de aquél franquismo, en forma de una especie de "franquismo sociológico", que ya hemos explicado a fondo en entregas anteriores, y del que hemos expuesto multitud de ejemplos actuales. Esta peligrosa actitud ha tenido graves repercusiones en los estratos más profundos de la conciencia democrática de los pueblos del Estado Español: ha supuesto el triunfo del relativismo moral a la hora de juzgar a los gobernantes y ha minado los mínimos requisitos éticos exigibles en las relaciones entre los ciudadanos, la ley y los gobernantes. El franquismo no se ha estudiado de forma adecuada en las escuelas, y se ha tolerado una cierta dosis de "simpatía" con el régimen de Franco, algo absolutamente inaceptable bajo los mimbres de una sociedad que se autodenomina "democrática", pero que por ello mismo, no lo es. No se puede ser demócrata sin ser antifascista. Una sociedad plenamente democrática no se basa únicamente en el voto, sino en sus comportamientos, valores y actitudes, y el antifascismo militante es uno de ellos. Gran parte de la crisis de valores democráticos que padecemos en la actualidad se debe al olvido y a esa ignorancia histórica, patrocinados por un Estado que no ha colocado el pasado en sus justos términos. En ese sentido, una ley que pretenda recuperar la memoria histórica republicana ha de diseñar todo el conjunto de mecanismos para garantizar que migramos hacia dicho modelo de sociedad. Continuaremos en siguientes entregas.

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1 enero 2018 1 01 /01 /enero /2018 00:00
Viñeta: Moro

Viñeta: Moro

Los pueblos de Europa se han convertido en un protectorado de los Estados Unidos, siendo la OTAN su instrumento criminal de dominación y de hegemonía, es decir, sin consentimiento de sus poblaciones

Manuel Ruiz Robles (Colectivo ANEMOI)

La OTAN como brazo armado del imperialismo lleva no solamente el mensaje belicista al mundo, sino la normalización de la guerra a las conciencias de las personas, de los pueblos y de los colectivos. Quizá los lectores y lectoras de este Blog no conozcan el dato de que la creciente presencia militar en todo el planeta del decadente imperio de los Estados Unidos fue seleccionada como "la noticia más censurada" del año académico 2015-2016 por el Proyecto Censurado de California, tal como nos cuenta parte de su elenco en este artículo del que se hizo eco el medio Rebelion.org. Este ingenioso y útil proyecto está cumpliendo 40 años en la ardua tarea de investigar y sacar a la luz pública las grandes noticias ignoradas por los grandes medios de comunicación hegemónicos. Existe un dato demoledor, y es que actualmente, Estados Unidos despliega tropas en alrededor del 70% de los países del mundo. De hecho, según un portavoz del Comando de Operaciones Especiales (SOCOM, por sus siglas en inglés), las Fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses (SOF) se desplegaron durante el año 2015 en 147 de las 195 naciones reconocidas en el mundo, con un aumento del 80% desde el año 2010. El presupuesto de SOCOM se ha más que triplicado desde 2001, y ya en el año 2014 alcanzaba la friolera de tres mil millones de dólares. Pero en 2015, la financiación de SOCOM había subido a casi 10.000 millones de dólares. Son las cifras de un mundo configurado para la guerra, y a su vez, para el hambre, los desplazados forzosos, el paro, la miseria y la devastación. 

 

Pero las cifras no terminan aquí. Podemos suministrar algunas más para conformar mejor la idea. Por ejemplo, en el período 2012-2014 las Fuerzas de Operaciones Especiales llevaron a cabo 500 misiones de Intercambio de Entrenamiento Combinado (JCET, por sus siglas en inglés) en 67 países cada año. Y mientras, a nosotros, la inmensa mayoría social, tan sólo nos llegan los mensajes que el Ministro o Ministra de turno dedica por Navidad a las tropas desplazadas en el extranjero. Por cierto, mensajes insulsos y falaces donde los haya, donde se repiten los mismos mantras de siempre, y donde las grandilocuentes palabras esconden y disfrazan la trágica realidad. Otro aspecto donde las consecuencias de las actividades de la OTAN (y, en general, del imperialismo estadounidense y europeo) se ven crudamente reflejadas es en lo relativo a los refugiados. De nuevo aquí las cifras son escalofriantes. No entraremos a fondo en este asunto, pues tenemos en preparación una nueva serie de artículos que, bajo el título "Hacia otra política de fronteras", va a analizar la situación global al respecto, y las posibles soluciones que se pueden aportar. Circunscribiremos por tanto a continuación este tema al asunto que nos concierne. Como decíamos, los datos son demoledores: unas 22.000 personas han muerto desde el año 2000 intentando llegar a Europa. En 2014, más del 75% de los migrantes que murieron en el mundo, lo hicieron en el Mediterráneo. Es una tragedia prolongada, inmoral, indecente, vergonzosa. A comienzos de septiembre de 2015, la Organización Internacional para las Emigraciones publicó estas cifras: cerca de 220.000 refugiados han llegado a Grecia, y cerca de 115.000 a Italia desde enero de 2015. Desde esa fecha, más de 2643 personas han muerto en el mar tras haber intentado llegar al Viejo Continente. Un Continente que se muestra hoy día como una terrible fortaleza. 

 

¿Y qué tiene todo esto que ver con la OTAN? No desesperen. Desde marzo de 2016, una poderosa flota de la OTAN, compuesta por cinco fragatas (griega, turca, alemana, italiana y canadiense) y otros 10 ó 15 navíos de guerra, patrullaba ya por el Mar Egeo del Este apuntando a seres humanos indefensos, en situación de miseria y desarmados, que simplemente constituyen algunos de los miles de refugiados que arriesgan diariamente su vida en su esfuerzo por salir del infierno de la guerra incontrolable impuesta en Siria. Combinando buenas dosis de racismo, nacionalismo e imperialismo, la Alianza Atlántica vuelve a ser el brazo ejecutor de la peor política, en este caso no sólo belicista, sino también despiadada e inhumana. Seguimos datos e informaciones de este artículo de Antonis Ntavanellos para el medio A l'encontre, traducido por Faustino Eguberri para el medio Viento Sur. Los dirigentes políticos y los mandos militares tienen la indecencia de argumentar que dichas operaciones se realizan para "luchar contra los flujos migratorios", y se quedan tan panchos. O sea, que dedican navíos de guerra supermodernos y poderosos, que cuestan un gran pico a las arcas públicas de los países de la Alianza, para ¡frenar inmigrantes! Ahí es nada. Pero la aberración llega a más cuando se conocen los medios que los refugiados utilizan para su odisea: centenares de hombres y mujeres, de todas las edades, incluyendo niños y niñas, y mujeres embarazadas, se amontonan en canoas hinchables y se lanzan a la deriva. Sin la presencia de un solo marinero mínimamente experimentado, intentan atravesar la mar por sus propios medios, abandonados a su suerte, buscando peligrosos trayectos lo más breves posibles para alcanzar su objetivo. Y se ahogan por miles. Diariamente. 

 

Y ante esa inmensa tragedia humanitaria, provocada por los espurios intereses imperialistas, los mismos países imperialistas responden con más dolor, con más venganza, con más horror. Los argumentos racistas no se disimulan en las declaraciones de los dirigentes europeos, muchos de los cuales hacen gala de un ultraderechismo nacionalista a ultranza más propio del nazismo del siglo XX. Pero la verdad es que los flujos de refugiados son imposibles de detener. Los resultados entonces se nos antojan trágicos, como de hecho está ocurriendo, y además se han recrudecido durante el último lustro. Desde este punto de vista, la hostigadora presencia de los navíos de la OTAN obligará a estos refugiados a intentar su odisea por vías y medios aún más peligrosos, de noche, con frío y mal tiempo. Circunstancias todas ellas que multiplican los naufragios, y con ellos las muertes, los ahogamientos, las penurias, las tragedias, el dolor. Según Antonis Ntavanellos, y nosotros coincidimos con él, la entrada de la OTAN en el Mar Egeo para esta tarea está evidentemente ligada a razones diplomáticas y geopolíticas más generales, y de mayor envergadura. Tremendos juegos de poder entrecruzan sus intereses, y trazan sus estrategias. Y en medio de todo ello, los refugiados, personas, hombres y mujeres que vivían tan tranquilamente en sus países de origen y que se han visto abruptamente obligados/as a abandonarlos, pagan el pato. Ellos son las víctimas. El imperialismo se ceba con personas inocentes, con nombres y apellidos, con ancianos indefensos, con hombres, mujeres y niños y niñas inocentes. La OTAN, aquí también, vuelve a ser el aparato del terror. 

 

Por cualquier medio, con cualquier pretexto, ante cualquier circunstancia, el decadente imperialismo occidental intenta continuamente mantener su hegemonía, y la guerra permanente es un instrumento a dicho servicio. A tal efecto, como sostienen Francisco Sánchez del Pino y Manuel Montejo López en esta serie de dos extensos y fantásticos artículos publicados en el medio Rebelion.org, la gobernanza de los nuevos poderes se asegura hoy por medio de las instituciones militares (OTAN), el complejo energético-industrial-tecnológico, y algunos otros centros pertenecientes a la órbita del poder financiero internacional. En este sentido, los intereses de estas oscuras corporaciones son las que guían las decisiones políticas y económicas, y no duelen prendas en provocar todos los efectos "colaterales" necesarios para conseguir sus objetivos, por macabros que éstos puedan llegar a resultar. Así que con la inestimable ayuda de los medios de comunicación dominantes, y la retórica del discurso vacío que resignifica profundos conceptos como "libertad", "paz", "derechos humanos", etc., estos agentes del belicismo internacional nos van introduciendo en su macabro mundo, para que la mayoría social también justifique las agresiones y escaladas militaristas que hoy día ocurren en todas partes del mundo. La OTAN es la punta de lanza de todas ellas. Sólo con su desaparición, y la creación de foros mundiales realmente democráticos, será posible rediseñar los parámetros surgidos de un orden mundial capitalista, imperialista y globalizado, para conseguir hacer primar los enfoques pacifistas, cooperativistas e igualitarios. Continuaremos en siguientes entregas.

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29 diciembre 2017 5 29 /12 /diciembre /2017 00:00
Arquitectura de la Desigualdad (70)

En los países en vías de desarrollo, al menos 250.000 millones de euros de ingresos fiscales desaparecen cada año en los paraísos fiscales, es decir, seis veces el importe anual necesario para luchar y vencer el hambre hasta 2025

Jérôme Duval

En su Informe "Una economía para el 99%", correspondiente al año 2017, la ONG Oxfam Intermón (una de las más especializadas y prestigiosas cuando sobre desigualdad se hable) expone los siguientes datos: "Las grandes empresas también han optado por un modelo de maximización de sus beneficios a costa de tributar lo menos posible, utilizando paraísos fiscales, sacando provecho de tipos impositivos cada vez más bajos o logrando que los países compitan agresivamente entre sí para ofrecerles privilegios fiscales. La rebaja en los tipos nominales del impuesto de sociedades se está convirtiendo también en una tendencia generalizada, lo cual, unido a las técnicas de evasión y elusión fiscal tan extendidas, hace que muchas grandes empresas reduzcan su contribución fiscal a mínimos. Se estima, por ejemplo, que en 2014, Apple tributó por sus beneficios en Europa a un tipo efectivo del 0,005%. Los países en desarrollo pierden cada año al menos 100.000 millones de dólares como consecuencia de la elusión y evasión fiscal de grandes empresas a través de paraísos fiscales y dejan de ingresar miles de millones de dólares por ofrecer exenciones y exoneraciones fiscales improductivas e ineficientes. Esta sangría de recursos afecta sobre todo a los más pobres, que dependen en mayor medida de los servicios públicos en los que podrían invertirse todos estos recursos fugados. Kenia pierde 1.100 millones de dólares anuales en concepto de exenciones fiscales, una cifra que prácticamente duplica su presupuesto de inversión en salud, en un país donde la probabilidad de que las madres mueran durante el parto es de uno entre cuarenta". Creo que lo han dejado perfectamente claro. 

 

La complicidad entre Estados, gobiernos y empresas en la existencia de los paraísos fiscales es absolutamente evidente. La voluntad política presente en todos estos actores les lleva a que estos territorios especiales existan de forma palpable, otras veces encubierta, y a que su pasividad frente a los mismos acabe siendo absolutamente indecente. La influencia de las élites sobre el sistema fiscal mundial a la hora de mantener los paraísos fiscales es manifiesta, y la complicidad entre todas ellas es vergonzante. Porque en todos los países del mundo, los ingresos fiscales sirven para financiar los servicios públicos, las infraestructuras, el Estado del Bienestar, y otros bienes y servicios que mantienen el funcionamiento del Estado. Todo ello está muy bien si se apuesta por una sociedad justa, equitativa y redistributiva, pero el hecho es que esto no es así. De cara a la galería los mensajes de los líderes políticos y sociales nos hablan de este discurso de la solidaridad, pero lo cierto es que ni se cree ni se practica ese modelo social. Se sabe que un sistema fiscal justo es una pieza fundamental y parte esencial para financiar el correcto y eficaz funcionamiento de los Estados, así como para permitir que los Gobiernos cumplan con su obligación de garantizar al conjunto de la ciudadanía su derecho a contar con servicios públicos esenciales, tales como la sanidad o la educación. Especialmente en los países en desarrollo, donde existe una mayor necesidad de fortalecer los servicios sanitarios y educativos para los cientos de millones de personas que todavía se encuentran en situación de pobreza extrema, los ingresos fiscales constituyen un mecanismo sostenible de generación de ingresos. Además, un sistema fiscal progresivo y bien diseñado permite garantizar que quienes más tienen y más cobran (sueldos, riqueza, patrimonio, fortunas, bienes, etc.) aporten más al sistema.

 

Sin embargo, puede que los regímenes fiscales nacionales y la estructura fiscal internacional no sólo no cumplan con esta función, sino que además provoquen el efecto contrario y que la mayor carga tributaria recaiga sobre los más pobres. Cuando esto ocurre (y ocurre en la mayor parte de países del globo) los modelos sociales se pervierten, por mucho que existan votantes que democráticamente los hayan elegido. Se desvirtúan las funciones públicas, las arcas públicas dejan de recibir los ingresos necesarios para financiar los servicios, y las clases populares y trabajadoras se van distanciando de las élites. Y ahí tenemos la arquitectura de la desigualdad. No es por tanto una desigualdad natural, sino una proyección de la misma, una creación política y social ad hoc para que los ricos salgan beneficiados, y así romper la necesaria cohesión social imprescindible para garantizar una mínima igualdad. La actual arquitectura fiscal mundial también socava la capacidad de los Gobiernos para recaudar los impuestos que les corresponden, facilitando la evasión y la elusión fiscal transfronteriza y la ocultación de riqueza, especialmente a través de los paraísos fiscales. Estas jurisdicciones, que entre otras cosas se caracterizan por el secretismo y la baja o nula tributación, son una de las vías más obvias que pueden utilizar tanto individuos como empresas para eludir sus obligaciones fiscales. Hasta la fecha, los Gobiernos no han logrado acabar con la evasión y elusión fiscal a nivel mundial, ni tampoco con el entramado de paraísos fiscales asociado a dichas prácticas. Una maraña de intereses creados convierte esta tarea casi en un imposible, sobre todo para un solo país, por muy buena voluntad política que pueda desplegar. 

 

Por tanto, este es el vergonzoso esquema de trabajo que facilitan, entre otros, los profesionales de la gran banca privada y de inversión, y de los lujosos despachos de abogados o auditores, todos ellos muy bien remunerados, para aprovecharse de una economía mundial cada vez más globalizada y con menos trabas. Una economía al servicio del 1%, donde la desigualdad campa a sus anchas, y donde el poder de las clases populares es cada vez más reducido. En cambio, con un sistema fiscal progresivo, las empresas y personas más ricas serían los más grandes contribuyentes. Sin embargo, actualmente son quienes tienen mayores incentivos para hacer uso de este aberrante entramado fiscal con el objetivo de eludir el pago de los impuestos que les corresponden, además de ser quienes pueden permitirse contratar a este tipo de profesionales que facilitan la elusión y evasión fiscal. Recientemente, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, colaborando en cada país con diversos medios, ha logrado sacar a la luz pública la existencia no sólo de estos despachos de profesionales, sino la práctica totalidad (se cuentan por miles) de clientes por todas partes del mundo. Y aunque los escándalos han sido mayúsculos, aún la sociedad no ha tomado conciencia de la gravedad del problema. Los llamados "Papeles de Panamá", los "Papeles de la Castellana", o los "Papeles del Paraíso" han sacado las vergüenzas (fiscales) a montones de políticos, artistas, empresarios, deportistas, etc., a los cuales se les ha descubierto su participación en empresas radicadas en estos oscuros territorios. 

 

Aprovechar los vacíos legales en materia impositiva para eludir impuestos son dos componentes fundamentales de las estrategias de maximización de beneficios para muchas empresas multinacionales. Y es que estas empresas pueden trasladar artificialmente la propiedad de activos o el coste real de sus transacciones a filiales llamadas "pantalla" en jurisdicciones fiscales de baja imposición o que no exijan la divulgación pública de información empresarial relevante. Así, las ganancias de estas empresas "desaparecen" de los países donde tiene lugar su "actividad económica real", para pasar a existir sólo en paraísos fiscales. Por ejemplo, en el año 2012, las empresas multinacionales estadounidenses declararon 80.000 millones de dólares de beneficios en las Islas Bermudas, una cantidad superior a los beneficios que declararon en Japón, China, Alemania y Francia juntas. Esta cantidad es tan grande (el 3,3% de los beneficios totales generados por estas empresas en todo el mundo) que claramente no refleja su actividad económica real en las Bermudas, donde generan sólo el 0,3% de sus ventas totales, y donde el número de empleados/as y los costes salariales asociados constituyen un ínfimo 0,01%-0,02% del total. Es solo un ejemplo, pero la casuística y sus datos asociados son absolutamente impresionantes. Empresas que declaran beneficios en sucursales donde no poseen empleados/as, territorios que poseen casi más empresas que habitantes, y secretos por doquier (secreto bancario, mercantil, judicial, comisiones rogatorias, etc.) marcan este perverso mundo de los paraísos fiscales, unas zonas económicas que podrían dejar de existir de un día para otro si realmente existiera voluntad de acabar con ellos. Continuaremos en siguientes entregas.

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27 diciembre 2017 3 27 /12 /diciembre /2017 00:00
Viñeta: http://www.publico.es/

Viñeta: http://www.publico.es/

En España se da un tipo específico de negacionismo que no es “esto no pasó”, sino “de esto no se habla”, y así seguimos. Es una anomalía tremenda que exista la Fundación Francisco Franco, es una anomalía obscena que no se haya hecho del Valle de los Caídos un monumento de memoria y siga como símbolo operativo de los valores fascistas en una democracia. Igualmente es repugnante que la Iglesia Católica continúe ocupando esferas de la vida pública que bajo ningún concepto debería ocupar en, insisto, una democracia avanzada

Víctor Mora

Encaramos ya la recta final de esta serie de artículos. Sólo nos queda el repaso (ya hemos expuesto dos referentes en las últimas entregas), en propuestas, de todo lo que hay que hacer para superar completamente el franquismo en nuestro pais, una vez analizados todos los puntos de vista, y todos los aspectos donde residen nuestras carencias democráticas en torno a este asunto. Bien, pues finalmente, vamos a presentar el texto de una proposición de ley presentada por ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), donde se desarrollan todos los asuntos que se deberían abordar para un restablecimiento absoluto de la memoria histórica y democrática republicana. Fue presentada al Congreso de los Diputados en diciembre de 2016, es decir, hace justo un año, y se puede consultar al completo en este enlace. Como siempre, nosotros vamos a destacar aquí los puntos más sobresalientes de dicho texto, centrándonos en los aspectos que nos parezcan más relevantes. Como se introduce en la exposición de motivos de la PL referida, "se pretende la recuperación de la memoria histórica de la II República y de la represión franquista, que la propia dictadura y la amnesia de la transición tergiversó y escondió". Hemos de partir de la base de que la legislación actual (Ley de 2007) no reconoce a todas las personas represaliadas, ni les otorga la condición jurídica de víctimas. Es una ley timorata y cobarde, que no enfrenta con garantías la superación del franquismo. 

 

Al mismo tiempo, se obvia la calificación de Crímenes contra la Humanidad para aquéllos realizados impunemente por el franquismo, no se retiran las distinciones otorgadas a los criminales por serlo, y ni siquiera se anulan las sentencias que tribunales absolutamente ilegítimos dictaron. La actual Ley (estatal) de Memoria Histórica está absolutamente influenciada por una situación de franquismo sociológico que una nueva Ley ha de superar, para establecer los moldes definitivos de una sociedad que supere completamente todos los tics franquistas, que es igual que decir todos los tics fascistas, genocidas o totalitarios. Tampoco se reconoce la restitución del patrimonio, los documentos y el papel moneda incautado a personas e instituciones. Finalmente, el Estado no asume ni siquiera la responsabilidad con las víctimas, tanto pidiendo perdón como ejerciendo el deber y la obligación que tiene para la localización e identificación de las víctimas abandonadas en fosas comunes repartidas por todo el territorio nacional. Es, pues, necesaria y urgente una modificación de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica para lograr el reconocimiento y reparación de todas las víctimas, la aplicación de la doctrina de las Naciones Unidas sobre los Crímenes contra la Humanidad y la asunción por parte del Estado de sus responsabilidades con las víctimas, entre otros asuntos pendientes para alcanzar una plena superación del franquismo en nuestra sociedad del siglo XXI. 

 

Pero desarrollemos en primer lugar lo referente a la recuperación de la Memoria Histórica Republicana. Seguimos a continuación el texto de referencia. Después de siglos de caciquismo político y de una década de dictadura, con la connivencia de la Monarquía, la Iglesia y el Ejército, la proclamación de la II República Española el 14 de abril de 1931 supuso una época de democratización del Estado Español y de sus poderes públicos, así como de progreso social. La II República, instaurada legítima y democráticamente por la voluntad popular que otorgan las urnas (en contra de las indecentes voces que aún lo niegan), supuso una gran transformación política y social, que hizo avanzar al país hacia mayores cotas de democracia, justicia, igualdad y bienestar social. En entregas anteriores ya hemos repasado los principales puntos donde la República incidió para alcanzar tales cotas. Remito a ellas a los lectores y lectoras interesadas. No obstante, nos volveremos a referir a ellas en sus aspectos principales a continuación. Las más importantes transformaciones políticas fueron el reconocimiento del sufragio universal (se reconocía por fin el derecho de voto a la mujer) y el referéndum, el reconocimiento de la pluralidad territorial del Estado (con la consiguiente descentralización y elaboración de Estatutos de las nacionalidades históricas), la separación Iglesia-Estado, la reforma militar o la instauración del Tribunal de Garantías Constitucionales. A nivel social, hay que destacar la abolición de los privilegios sociales, las reformas sobre la propiedad de la tierra, la protección de la infancia, la protección social de las clases trabajadoras, la reducción de la jornada laboral, la universalización, gratuidad y laicidad de la enseñanza primaria, la independencia y garantías judiciales, o la instauración del matrimonio civil y el divorcio. 

 

No obstante, la continuación de las reformas políticas y sociales por las cuales la ciudadanía apostó legítimamente en las urnas, después de dos años de contrarreformas, fueron interrumpidas por la fuerza en un golpe militar que a la postre derrocó al legítimo régimen republicano. Bajo el falaz pretexto de "salvar a España del comunismo", los golpistas trajeron primero una feroz Guerra Civil que se extendió durante tres años, y después una infame, cruel y despiadada dictadura que exterminó a todos los que no pensaban como dictaba el régimen. El derrocamiento de la República conllevó la instauración de una dictadura criminal y represiva que a nivel político supuso la aniquilación de las instituciones republicanas, del pluralismo político y de las reformas de modernización estatal que se habían comenzado a implantar. Más allá de eso, el nuevo régimen condenó al ostracismo y la ilegalidad a todos los símbolos republicanos desde la moneda a la bandera, pasando por el escudo y el himno, y canalizando sus ansias totalizadoras en la usurpación del concepto de patria. Pero durante el último cuarto del siglo, la recuperación de la democracia (que fue abolida por el golpe militar y la dictadura) no ha conllevado el reconocimiento del legítimo régimen republicano como sistema democrático que modernizó el Estado Español y reconoció los derechos y libertades de que gozamos hoy y que instauraría la Constitución de 1978, arrogándose un mérito que no era tal, pues en muchos aspectos (también en alguna entrega anterior ha sido desarrollada esta comparativa) la anterior Constitución republicana superaba a la Carta Magna actual. 

 

Como el proceso de restauración de la democracia no fue rupturista y el desalojo de los afectos al régimen dictatorial de los poderes fácticos se ha ido produciendo gradualmente, se ha instaurado en los poderes políticos de la actual democracia la idea de que no había que recuperar la memoria histórica por temor a que estos poderes se rebelaran. No obstante, a más de 40 años de la muerte del dictador y con un Estado democrático y de derecho plenamente consolidado (aunque no real), este miedo ya no puede existir, por lo cual pensamos que ha llegado el momento no solo de recuperar la propia historia, sino de reconocer el valor reformista y democrático de la etapa republicana. Ha llegado el momento de descubrir la verdad, de enfrentarse a ella, de pasar página, de hacer justicia y de conseguir del Estado la debida reparación. Ha llegado el momento de que la reciente historia de nuestro país deje de ser manipulada en las escuelas, de que el franquismo se cuente como lo que de verdad fue, una manifestación del fascismo más puro y duro, y de que la tolerancia social hacia estos regímenes totalitarios sea, a ser posible, nula. Ha llegado el momento de reconocer los cimientos de la democracia, los avances de la II República, de regresar a su filosofía, y de cerrar definitivamente aquél paréntesis negro de cuatro décadas. Ha llegado el momento de conformar un Estado sensibilizado con las víctimas, que a su vez ofrezca las garantías de reparación debidas, pero que no exima ninguna de sus responsabilidades como garante finalista de una sociedad respetuosa, pacífica y pluralista. Ha llegado el momento de la madurez democrática, y de superar totalmente el franquismo. Continuaremos en siguientes entregas. 

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22 diciembre 2017 5 22 /12 /diciembre /2017 00:00
Arquitectura de la Desigualdad (69)

Los paraísos fiscales esconden 7,6 billones de dólares de fortunas individuales, una cantidad superior al PIB del Reino Unido y Alemania. Oxfam ha analizado 200 empresas, entre ellas las más grandes del mundo y las socias estratégicas del Foro Mundial de Davos, revelando que 9 de cada 10 tienen presencia en paraísos fiscales

Joan Boada

BLOQUE IV. PARAÍSOS FISCALES.

 

La protección gubernamental e institucional a los ricos, como ya explicábamos en el primer bloque temático de esta serie de artículos, es poderosa. De hecho, en el informe del muy oficial Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea correspondiente al año 2010, y titulado "¿Qué defensa europea tendremos en 2020?", cuya larga introducción fue escrita por Catherine Ashton (que era entonces la número 2 de la UE, es decir, la Alta Representante de la UE para los Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad) se puede leer que la misión de la UE es: "Proteger a los ricos del mundo contra las tensiones y los problemas de los pobres. Dado que la proporción de la población mundial que vive en la miseria y la frustración continuará siendo muy elevada, y las tensiones entre este mundo y el mundo de los ricos seguirá acentuándose, con las consecuencias que ello comporta". La sola lectura de este indecente párrafo ya da idea de la perversión de la arquitectura de las instituciones europeas, que las vuelve indignas y contribuye de forma decisiva y abierta a la extensión de la desigualdad. A tenor de lo cual, el periodista griego Yorgos Mitralias, y uno de los fundadores del Comité sobre la Verdad de la Deuda griega, comentaba en su artículo "Grecia, la democracia desaparecida" lo siguiente: "La conclusión no es difícil y es sobre todo evidente: cuando los más altos dirigentes de la UE, su Presidente de la Comisión y su ministra de asuntos exteriores y de la defensa muestran tal cinismo confesando públicamente y sin ambages que a la UE le importa un comino la democracia porque se preocupa con toda prioridad de proteger a los ricos de la cólera de los pobres, entonces nadie puede decir que no ha estado avisado". Pues bien, uno de esos "mecanismos de defensa" son los famosos paraísos fiscales, que vamos a abordar en el presente cuarto bloque temático de la serie. 

 

Hace pocos días, la UE ha hecho público un nuevo listado de paraísos fiscales reconocidos por la misma, donde aún se siguen quedando fuera muchos de los territorios que evidentemente lo son. En este sentido, GESTHA (sindicato de los Técnicos de Hacienda) reclama que se agilice la armonización europea que califique como paraíso fiscal cualquier país, territorio o centro offshore que permita una baja o nula tributación para los no residentes, y donde existan el secreto bancario, registral y mercantil. Derivado del hecho de que los ricos no suelen creer en la sociedad, sino en los individuos (tal como sostuviera Margaret Thatcher), como expresión típica del egoísmo y del individualismo que caracterizan a la filosofía política que subyace al neoliberalismo imperante, las prácticas derivadas en los llamados "paraísos fiscales" denotan exactamente eso: no queremos pagar, es decir, no queremos contribuir, es decir, no queremos construir Estado y sociedad con el resto de la gente, con la totalidad de las personas. Y amparado en este hecho empírico, se vienen planificando desde hace décadas terribles normativas que conceden "libertad" plena a la circulación de los capitales, para que los ricos y las grandes empresas puedan hacer circular su dinero más allá de los límites territoriales donde radica su actividad o reside su patrimonio. La libertad para los capitales, por sí misma, ya es un hecho que contribuye a una mayor desigualdad social, tal como relata el Catedrático de Economía Aplicada Juan Torres en este artículo, publicado en el medio Contextos, y que vamos a seguir a continuación. Como se verá en su momento, los llamados "paraísos fiscales" son simplemente una manifestación derivada de dicha "libertad" de circulación de los capitales, mientras generan crisis, desigualdad y pobreza para el resto. 

 

Y esto se ha demostrado matemáticamente. De hecho, un estudio publicado en octubre de 2016 por dos economistas del FMI ha demostrado que cuanto mayor es la libertad de movimientos para el capital más elevada es la desigualdad. Pero claro, a la inmensa mayoría de la población llegan los (falsos) mensajes contrarios, que básicamente afirman que la liberalización de los movimientos de capital es muy positiva porque genera crecimiento a largo plazo y mayor bienestar. Sin embargo, el estudio citado revela lo contrario, y ha sido realizado para muchos países (149) y para un período de tiempo muy largo (1970-2010). Los autores estudian tres vías por las que la mayor libertad de los movimientos de capital suele aumentar generalmente la desigualdad, tal y como ellos confirman en su investigación. En primer lugar, porque está asociada a sistemas financieros menos inclusivos que aumentan las tasas de pobreza. En segundo lugar, porque esa mayor libertad suele anticipar crisis financieras que generalmente terminan con efectos muy desiguales e injustos para la población, y finalmente, porque limita el poder de negociación de los trabajadores y eso provoca que caiga la participación de los salarios en la renta nacional. Pero además puede comprobarse históricamente, ya que existen períodos (1945-1970) donde prácticamente no hay ningún país que sufra crisis financieras, y es el mismo donde se da menos desigualdad (reflejada como una menor participación del 10% más rico en el total de la renta) y muy poca libertad de movimientos para el capital. Y al revés, también se comprueba históricamente que cuando existe mayor desigualdad y más crisis es justamente cuando hay más libertad de movimientos para el capital. 

 

Por su parte, como destaca Juan Torres en su artículo, otros estudios también han demostrado que la liberalización del capital no sólo no reduce la pobreza, como se empeña en afirmar sin ningún fundamento la sabiduría económica convencioinal (adscrita sin reservas al dogma neoliberal), sino que, por el contrario, está asociada a una menor participación de los más pobres en el ingreso (en el cómputo total de la renta nacional). La conclusión se nos ofrece nítida: esta coincidencia entre mayor libertad para el capital y mayor número de crisis, más pobreza y desigualdad más elevada no es ni mucho menos casual. La experiencia práctica demuestra que cuando se liberalizan, los capitales se expanden como un gas a la búsqueda de ganancia inmediata y fácil, y eso crea una gran inestabilidad financiera que se agrava, porque, además, la suma de esos dos fenómenos (menor rentabilidad en la parte productiva y mayor en la financiera) desatan el endeudamiento (ya tratado en el bloque temático anterior), aumentando la deuda pública y multiplicando la inversión especulativa. Y todo ello vuelve más ricos a los ya ricos, y más pobres a los pobres: volvemos a la desigualdad. La liberalización de los capitales contribuye, por tanto, a esta arquitectura social de la desigualdad. El edificio de la desigualdad se construye con muchas piezas, con muchos pisos, y cada uno de ellos realiza su función encaminado al mismo objetivo: construir modelos de sociedad más injustos, crueles y desiguales. Vivimos en un sistema tan perverso que concedemos al dinero y a sus grandes propietarios la libertad que negamos al conjunto de los seres humanos, y especialmente a los más vulnerables. Permitimos de esta forma que los grupos sociales más poderosos aumenten todavía más sus ingresos, sus privilegios y sus riquezas. 

 

Como resume Juan Torres, "En aras de darle libertad a los capitales se hace esclavas a las personas". La evidencia empírica demuestra que esa libertad se traduce inevitablemente en crisis desastrosas que provocan tremendos (y en muchos casos irreversibles) daños a millones de personas, a los pueblos y a la naturaleza. Sabemos que sus costes sociales son mayores que sus beneficios, y sin embargo, seguimos creyendo a los que postulan tales medidas económicas (políticas, en el fondo). No existe ni la más mínima razón científica ni prueba evidente que demuestre que la liberalización de los capitales es mejor para las economías que su estricto control. Los paraísos fiscales son un claro ejemplo de lo que estamos contando. Los ricos argumentan que lo hacen porque "la ley lo permite", es decir, básicamente porque es legal, lo cual no quiere decir que sea bueno ni lícito. Pero es el sistema el que lo permite. Son los grandes agentes económicos los grandes implicados en el gran negocio de los paraísos fiscales. Son los políticos los mejores avalistas de la existencia de estos lugares offshore, son los grandes empresarios los grandes evasores, son los bancos los grandes partícipes e instigadores de su existencia, y son los pueblos, las clases populares y trabajadoras, las que asumen y sufren las consecuencias de la existencia de estos perversos sistemas de baja tributación. Toda una clara arquitectura de la desigualdad, planificada, proyectada y asumida por el conjunto de la sociedad. De tarde en tarde conocemos nombres de empresarios, aristócratas, grandes fortunas, deportistas, cantantes, actores y actrices, etc., que participan de este aberrante mundo. Protestamos durante algún tiempo. Después nos olvidamos. Así nos va. Continuaremos en siguientes entregas. 

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20 diciembre 2017 3 20 /12 /diciembre /2017 00:00
Fuente Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

Fuente Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

Las heridas aún no están cerradas. Laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego. Su único tratamiento es la verdad. Y luego, la justicia. Solo así es posible el olvido verdadero

Juan Gelman (Fragmento de su Discurso de Recepción del Premio Cervantes 2007)

Continuamos, desde la entrega anterior, con el listado de puntos propuesto por la Asociación Estatal de Foros por la Memoria como superación plena del franquismo en nuestro país:

 

6.- Normalización legislativa de los bancos de datos de ADN para la identificación de las víctimas, procediendo al registro judicial de las muestras de sus restos, así como las de los familiares que lo soliciten, y creando los parámetros de reconocimiento que surjan de la experiencia antropológica, sociológica y forense. 

 

7.- Promulgar una Ley de reconocimiento de los campos de concentración y de trabajos forzados, y reconstrucción de los procesos seguidos en los mismos, y de las víctimas. Como hemos comentado en entregas anteriores, éste es una faceta del franquismo poco conocida (incluso negada por varias personas, estamentos e instituciones), y por ello sería muy útil conocer con detalle toda la información al respecto para despejar cualquier atisbo de duda. 

 

8.- Desclasificación y catalogación de todos los archivos diplomáticos, militares y de inteligencia hasta la instauración del régimen democrático. Precisamente, como ya hemos explicado, la tremenda dificultad en acceder a la información oficial sobre hechos, datos e informaciones contrastables ha sido una circunstancia común que han sufrido prácticamente todos los diversos autores que han pretendido acercarse al franquismo con un poco de rigor. 

 

9.- Llevar a cabo un inventario, catalogación y reorganización, con medios adecuados a la tecnología actual, de los archivos penales, judiciales, carcelarios, militares, administrativos, de inteligencia, municipales, etc., a todos los niveles de las Administraciones Públicas, adecuándolos a las normas del derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas. Los medios tecnológicos permiten hoy día digitalizar toda la información de la época en diversos formatos, que luego puedan aplicarse para la búsqueda eficiente de todo aquél volumen de información. Asímismo, se ha de reconocer el libre acceso y la obligación de colaboración judicial de los responsables de dichos archivos con las víctimas y sus familiares, organizaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos y con la justicia nacional o de otros países. En honor a la verdad, hay que reconocer que la colaboración judicial hasta hoy ha sido bastante escasa, lo cual ha dificultado aún más la incansable labor de las víctimas en su búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación.

 

10.- Llevar a cabo una reconstrucción de los listados de víctimas españolas en terceros países como consecuencia del régimen franquista, incluyendo especialmente a los denominados "niños y niñas de la guerra", y solicitando, si fuera necesario, la colaboración internacional, especialmente en el ámbito europeo, para lo que se contará con las organizaciones de exiliados o de organizaciones extranjeras que hubieran colaborado con el exilio republicano. Se procederá igualmente a la regularización jurídica de los problemas de nacionalidad española derivados del exilio y de los que son consecuencia de la inscripción de españoles/as en registros de autoridades legítimas de la Segunda República, otorgando el mantenimiento de la doble nacionalidad de los exiliados y de sus descendientes en todos los casos. 

 

11.- Reconstrucción de las listas de víctimas y represaliados desde el levantamiento franquista, de forma legalmente válida, otorgando el reconocimiento y estatus jurídico válido y teniendo especial cuidado con los menores, huérfanos/as, homosexuales y mujeres. Es evidente que sólo desde un reconocimiento preciso y exacto de las víctimas puede otorgárseles la debida justicia y reparación. 

 

12.- Llevar a cabo la adecuación de las normas de los registros civiles a efectos de la correcta determinación de las causas de muerte. Los investigadores e historiadores que han estudiado el tema se han encontrado con situaciones claramente atípicas con respecto a estos casos. 

 

13.- Establecer un inventario de los bienes saqueados, embargados o expoliados por motivos políticos o religiosos, o bien por represalias hacia personas no afectas al régimen franquista. Dentro de este apartado también caben los bienes públicos colectivos que afectan a determinados pueblos o localidades, como es el caso del famoso Pazo de Meirás, que fuera la residencia de verano franquista durante décadas. 

 

14.- Establecer una legislación que permita la recuperación e indemnización a cargo del Estado, o de los responsables patrimoniales si existieran, de los bienes expoliados a personas físicas o jurídicas por motivos políticos o religiosos, o bien por represalias por no ser afectos al régimen. Este punto es continuación del anterior, y reconoce la debida reparación al efecto. 

 

15.- Aprobar una legislación de reconocimiento de todos los militares que sirvieron lealmente a la Segunda República, restableciendo su condición histórica y adecuando sus méritos reglamentarios a todos los efectos. Es una reparación debida a todos los familiares de las víctimas militares que no se aliaron con los golpistas, y continuaron defendiendo la legalidad republicana, brutalmente doblegada por los militares sublevados. 

 

16.- Aprobar una legislación de reconocimiento de todos los militares y fuerzas irregulares de origen español que colaboraron con los países aliados en la resistencia contra los países del Eje y contra el régimen franquista, equiparándolos al reconocimiento juridico, militar y social que se siguió en países como Francia. Colectivos como los maquis, los guerrilleros y toda la resistencia antifranquista se merecen por tanto la debida reparación. 

 

17.- Llevar a cabo la reconstrucción de todos los mandos de todas las organizaciones franquistas en el interior y el exterior de España, para facilitar el derecho a la verdad y el conocimiento de los perpetradores de los crímenes contra la humanidad. Precisamente ha sido (y continúa siendo) un peliagudo asunto al que las autoridades políticas y judiciales han puesto trabas, y han protegido incluso a muchos de los protagonistas aún vivos de la represión franquista. 

 

18.- Y por último, establecer la fijación de un sistema de resarcimiento económico actualizado, en términos y condiciones que se correspondan con la realidad económica y social española, a todo tipo de víctimas aún vivas, herederos y sus familiares, así como adoptar las medidas necesarias para el reconocimiento social y cultural, para lo que se procederá a la localización, catalogación y declaración como patrimonio histórico de los lugares de memoria de la lucha en defensa de la República y de la represión franquista. Como recoge la ley andaluza de memoria democrática que hemos comentado en entregas anteriores, es la Administración Pública la que debe erigirse en vigilante del propio mantenimiento y dedicación de dichos lugares a su función memorialista, y exigir a sus respectivos gestores su debido cuidado. Continuaremos en siguientes entregas.

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19 diciembre 2017 2 19 /12 /diciembre /2017 00:00
Viñeta: Jean-François Rochez

Viñeta: Jean-François Rochez

Puesto que la mayoría de líderes políticos responde a la presión, los científicos, los medios de comunicación y los ciudadanos deben insistir en que sus gobiernos pasen a la acción inmediata, como un imperativo moral hacia las actuales y futuras generaciones, humanas y de otras formas de vida

Fragmento del Manifiesto

Un total de 15.364 científicos de 184 países han publicado recientemente en la prestigiosa revista "BioScience" un Manifiesto de "Advertencia a la Humanidad" que ha sido replicado en diversos medios, y que a continuación nos vamos a hacer eco desde esta humilde tribuna. Se trata del segundo aviso mundial después del realizado el año 1992. Básicamente nos llaman la atención sobre la velocidad a la que avanzamos hacia el abismo, y que pronto será ya demasiado tarde para corregir el rumbo, y poder desviarnos de nuestra trayectoria. Una diabólica trayectoria condenada al fracaso, y que acabará con el concepto de vida tal cual hoy la entendemos.  Reproducimos a continuación el texto completo del Manifiesto:

 

Hace 25 años la asociación norteamericana Union of Concerned Scientists y más de 1.500 científicos independientes, incluyendo la mayoría de los Premios Nobel en Ciencias que vivían entonces, escribieron “La Advertencia de los Científicos del Mundo a la Humanidad”, 1992. Estos profesionales preocupados, reclamaron a la humanidad que frenase la destrucción ambiental y avisaron de que “sería necesario un gran cambio en nuestra forma de cuidar la Tierra y la vida sobre ella, si quería evitarse una enorme miseria humana...”. En su manifiesto, mostraban que los seres humanos estaban en rumbo de colisión con el mundo natural. Expresaron preocupación acerca de daños actuales, inminentes y potenciales sobre el planeta Tierra por: La destrucción de la capa de ozono, la disponibilidad de agua dulce, el colapso de la pesca marina, el incremento de zonas muertas en los océanos, la pérdida de masa forestal, la destrucción de biodiversidad, el cambio climático y el crecimiento continuado de la población. Proclamaron que cambios fundamentales eran urgentes y necesarios para evitar las consecuencias que nuestro actual rumbo podrían acarrearnos.

 

Los autores de la declaración de 1992 temían que la humanidad estaba empujando a los ecosistemas de la Tierra más allá de su capacidad de soportar la red de la vida. Describieron cuán rápido nos estábamos aproximando a muchos de los límites de lo que el planeta puede tolerar sin daños serios e irreversibles. Los científicos alegaron que deberíamos estabilizar la población, describiendo como la enorme cifra - que ha crecido en 2000 millones desde 1992, un incremento del 35 % - ejerce una presión sobre la Tierra que puede aplastar otros esfuerzos para conseguir un futuro sostenible (Crist et al. 2017). Imploraron que redujéramos las emisiones de gases efecto invernadero (en adelante, GEI) y eliminásemos los combustibles fósiles, redujéramos la deforestación y revirtiéramos la tendencia de extinción de la biodiversidad.

 

En el 25º aniversario de su llamada de atención, miramos hacia atrás a su alarma y evaluamos la respuesta humana, analizando la evolución en el tiempo de los indicadores disponibles. Desde 1992, con la excepción de que se ha estabilizado la capa de ozono, la humanidad ha fracasado en hacer suficientes progresos para resolver esos retos ambientales previstos y, de manera muy alarmante, en la mayoría de ellos, estamos mucho peor que entonces. Especialmente preocupante es la trayectoria actual del catastrófico cambio climático de origen humano debido a las crecientes emisiones de GEI procedentes de la quema de combustibles fósiles (Hansen et al. 2013), la deforestación (Keenan et al. 2015) y la producción agrícola - principalmente por la ganadería de rumiantes y el consumo de carne (Ripple et al. 2014). Además, hemos desatado un evento de extinción masiva de especies, la sexta en unos 540 millones de años, mediante la cual muchos de las actuales formas de vida podrían ser aniquiladas o, como poco, comprometidas a la extinción hacia el final de este siglo.

 

Por la presente, damos un Segundo Aviso a la Humanidad (...). Estamos poniendo en peligro nuestro futuro por nuestro desproporcionado consumo material y por no darnos cuenta de que el alocado crecimiento de la población mundial es el principal impulsor detrás de la mayoría de amenazas ecológicas e, incluso, societales (Crist et al. 2017). Con su fracaso en limitar adecuadamente el crecimiento de la población, en reevaluar el papel de una economía enraizada en el crecimiento permanente, en reducir la emisión de GEI, en incentivar la energía renovable, en proteger el hábitat, en restaurar los ecosistemas, en parar la extinción de fauna, en frenar las especies invasivas, la humanidad no está tomando los pasos urgentes que necesitamos para salvaguardar nuestra muy amenazada biosfera.

 

Puesto que la mayoría de líderes políticos responde a la presión, los científicos, los medios de comunicación y los ciudadanos deben insistir en que sus gobiernos pasen a la acción inmediata, como un imperativo moral hacia las actuales y futuras generaciones, humanas y de otras formas de vida. Con una marejada de esfuerzos desde organizaciones surgidas desde el pueblo, la obstinada oposición puede ser superada y los líderes políticos se verán obligados a hacer lo correcto. Es también el momento de reexaminar y modificar nuestros comportamientos individuales, incluyendo nuestra propia reproducción (idealmente, al nivel de reemplazo, 2 hijos por mujer, como máximo) y reducir drásticamente nuestro nivel de consumo per-cápita de combustibles fósiles, carne y otros recursos.

 

La rápida reducción mundial de las sustancias que destruían la capa de ozono nos muestra que podemos hacer cambios positivos cuando actuamos de manera decidida. También hemos hecho avances importantes para reducir la pobreza extrema y el hambre (www.worldbank.org). Otros progresos notables incluyen: rápida reducción de las tasas de fertilidad en muchas regiones mediante políticas educativas entre mujeres y jóvenes (www.un.org/esa/population), la prometedora reducción de la tasa de deforestación en algunas regiones y el rápido despliegue de energías renovables. Hemos aprendido mucho desde 1992, pero el progreso de los cambios necesarios y urgentes en políticas ambientales, comportamiento humano y reducción de las inequidades globales está, todavía, lejos de ser suficiente.

 

Las transiciones hacia la sostenibilidad se pueden producir de diferentes maneras, pero todas requieren presión de la sociedad civil y argumentaciones basadas en evidencias, liderazgo político, políticas adecuadas, mercados y otras consideraciones. Ejemplos de acciones diferentes y efectivas que la humanidad puede tomar para la transición a la sostenibilidad incluyen (sin presumir orden de importancia o urgencia):

 

Priorizando la promulgación de grandes reservas protegidas de una proporción significativa de los hábitats terrestres, marinos, de agua dulce y aéreos de todo el mundo;

 

Mantenimiento de los servicios ecosistémicos de la naturaleza parando la conversión de selvas, bosques, pastizales y otros hábitats naturales;

 

Restaurar comunidades con plantas autóctonas a gran escala, principalmente, bosques;

 

Devolver a la naturaleza salvaje zonas con especies nativas, especialmente con depredadores ápice, para recuperar procesos y dinámicas ecológicos;

 

Implementar políticas adecuadas para remediar la extinción de especies animales, la caza furtiva y la explotación y comercio de especies amenazadas;

 

Reducir el desperdicio de alimentos mediante educación y mejores infraestructuras;

 

Promover un cambio hacia dietas más vegetales y menos animales;

 

Promover la reducción adicional de los índices de fertilidad procurando que mujeres y hombres tengan acceso a la educación reproductiva y a los servicios voluntarios de planificación familiar, especialmente, en lugares donde falten tales recursos;

 

Aumentar la educación ambiental para niños y fomentar un mayor aprecio por la naturaleza por parte de la sociedad.

 

Desinvertir en inversiones monetarias e invertir en iniciativas que promuevan cambio ambiental

 

Idear y promover tecnologías no contaminantes y adoptar masivamente energías renovables y, simultéaneamente, eliminar subvenciones a la producción de energía con combustibles fósiles.

 

Revisar nuestra economía para reducir desigualdades y asegurarse que precios, impuestos y sistemas de incentivos tengan en cuenta los costes reales que nuestro patrón de consumo imponen en nuestro medio ambiente; y

 

Evaluar de manera científica el tamaño de población humana sostenible a largo plazo y pedir a las naciones y a sus líderes que apoyen ese objetivo vital.

 

Para prevenir pérdidas catastróficas de biodiversidad y un deterioro generalizado de las condiciones de vida humana, la humanidad debe poner en práctica una forma de vida más sostenible ambientalmente que la actual (“business as usual”). Esta receta ya fue bien articulada hace 25 años por los científicos del mundo, pero en la mayoría de los temas, no hemos escuchado su llamada de atención.

 

Pronto será demasiado tarde para cambiar el rumbo de la actual trayectoria que nos lleva al fracaso y nos estamos quedando sin tiempo. Debemos reconocer, en nuestras vidas diarias y en nuestras instituciones de gobierno, que la Tierra con toda su vida es nuestro único hogar.

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