Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

En esta entrega número 50 de la serie sobre el franquismo y la necesidad de su plena superación, nos habíamos quedado comentando los aspectos más interesantes de una Conferencia impartida por Carlos Jiménez Villarejo (cuya completa lectura recomendamos a nuestros lectores y lectoras) en el Ateneo Republicano de Galicia, el 18 de septiembre de 2015, publicada en la revista Transversales en su número 36 de octubre de 2015, y reproducida, entre otros medios, por Eco Republicano. Dicha conferencia expone, sobre todo, lo que fue el asedio fascista a la Segunda República Española, y constituye otro elemento y fuente de análisis fundamental para comprender la verdad de todo lo que ocurrió durante aquéllos convulsos años. La República, entre los numerosos problemas que debió afrontar, uno de los más relevantes fue la ordenación de las Fuerzas Armadas, con miras a garantizar su lealtad. Sin embargo, los militares golpistas no tardaron en expresar su voluntad de destrucción de la República, incluso en intentonas anteriores al Golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Apoyadas por las derechas españolas de la época (CEDA, Falange...), asumieron como reto principal dejar sin efecto las principales medidas de progreso económico y social del período republicano. A todo ello se unía una provocación constante de terratenientes, caciques y de la Guardia Civil a grandes masas de campesinos carentes de tierras, de trabajo y de alimentos. Y ante la cada vez más explícita amenaza fascista, las elecciones de febrero de 1936 dan el triunfo al Frente Popular (no se dejen los/as lectores/as engañar frente a tanta manipulación histórica de los que dicen que la República jamás fue refrendada en las urnas). Y el Frente Popular adopta de inmediato decisiones avanzadas en favor de las clases populares, tales como el reparto de 250.000 hectáreas de tierra, o la libertad de 30.000 presos políticos. 

Pero al mismo tiempo, el terrorismo callejero de las milicias de Falange crearon una espiral de violencia, que preparaba la gran conspiración militar golpista de la primavera de 1936. Un caldo de cultivo que se nutría argumentando que el clima social era insostenible, pero que sólo pretendía tapar su odio hacia las clases populares que se estaban viendo beneficiadas por las medidas de justicia social republicanas. Y como en entregas anteriores hemos expuesto con la suficiente profundidad, es absolutamente evidente el papel que representó, desde los inicios de la sublevación, la violencia y la represión como elemento central de la política durante la dictadura. Así ha sido reconocido por los historiadores que han estudiado con detenimiento el ejercicio concreto de la represión en el conjunto de España. Por ejemplo, F. Moreno Gómez, en "La represión en la posguerra" (dentro de la obra colectiva "Víctimas de la Guerra Civil") expone: "La violencia fue un elemento estructural del franquismo. La represión y el terror subsiguiente no eran algo episódico, sino el pilar central del nuevo Estado, una especie de principio fundamental del Movimiento". En parecidos términos se expresan otros muchos autores. Así lo resumía Arcángel Bedmar (Coordinador de la obra colectiva "Memoria y olvido sobre la Guerra Civil y la represión franquista"): "Si la represión física y los derechos más elementales fue la más llamativa, también funcionó una represión cotidiana, permanente y opresiva, que condenó a la marginación social y laboral a una buena parte de la población. Cuando hablamos de represión siempre pensamos en los fusilamientos, pero existen otras formas sutiles de hacer daño que causan dolor profundo y traumático, y que acompaña a los supervivientes durante toda su existencia. A través de sus investigaciones sobre la justicia militar y civil Conchita Mir Curcó se ha acercado al espacio crudo y humillante de las nuevas estructuras de poder y de las nuevas relaciones sociales establecidas tras la victoria franquista que se adentraron en los ámbitos más privados de la vida personal (sobre todo en las mujeres) y se manifestaron por medio del control moral, la pobreza, la soledad, el subempleo, los ajustes de cuentas, la vigilancia de unos sobre otros...hasta configurar un mundo en el que vivir no era sino sobrevivir". 

Los derechos humanos fueron salvajemente negados y ultrajados durante la dictadura, y todas las conquistas sociales que se habían alcanzado durante el breve período republicano fueron fríamente destruídas. Y ello porque la dictadura emprendió una guerra continuada y cruel contra todo opositor político, es decir, contra todo aquél ciudadano o ciudadana del/de la cual se sospechara lo más mínimamente que hubiese sido siquiera simpatizante con los postulados de la República. Fueron encarcelados todos los dirigentes de los partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al "Movimiento Nacional", aplicándose contra ellos con especial ensañamiento una serie de castigos ejemplares. Los juicios sumarísimos del franquismo, sin ninguna garantía, convirtieron el derecho en un instrumento más al servicio del régimen dictatorial, quedando la justicia absolutamente desvirtuada y como herramienta del poder absoluto y de desprotección de los ciudadanos. Se desplegó durante casi 40 años toda una política de permanente exterminio y de aniquilación de lo que ellos (los fascistas) llamaban "la escoria" de España, entre otras similares lindezas. Se suprimieron bruscamente las libertades de expresión y de información, el pluralismo político y demás derechos fundamentales y libertades públicas básicas. El Estado se configuraba como un instrumento totalitario al servicio del poder absoluto del dictador. Por supuesto, se invalidaron todas las leyes y disposiciones jurídicas promulgadas durante la Segunda República, y fueron frecuentes las incautaciones de bienes y de patrimonio de particulares y de organizaciones políticas y sindicales, con objeto de despojar a dichas organizaciones de todo bien o derecho, inhabilitándolas para el ejercicio de cualquier actividad. 

Asímismo, se derogó el Estado laico que la República había instalado, y se sustituyó por el Estado nacionalcatólico, pues no sólo se trataba de un Estado confesionalmente católico, sino de una hegemonía del catolicismo más rancio en todas las facetas de la vida social. De esta forma, volvieron los privilegios de una Iglesia Católica aliada de forma activa con los sectores militares y civiles más reaccionarios de la época. La jerarquía católica siempre mantuvo una total complicidad con los golpistas, y mostró un apoyo indiscriminado a la represión fascista durante la Guerra Civil y la posterior dictadura. La ley de 1939 restableció el presupuesto para el Clero, con un preámbulo digno de mención: "El Estado Español, consciente de que su unidad y grandeza se asientan en los sillares de la Fe Católica, inspiradora suprema de sus imperiales empresas y deseoso de mostrar una vez más y de una manera práctica su filial adhesión a la Iglesia, decide restablecer dicho Presupuesto al abnegado clero español, cooperador eficacísimo de nuestra victoriosa Cruzada". Como pueden comprobar mis lectores/as, este ilustrativo párrafo demuestra a las mil maravillas la plena colaboración que la Iglesia Católica mostró siempre al régimen franquista, así como la inquebrantable adhesión de éste a los postulados del nacionalcatolicismo.  De hecho, los párrocos participaron activamente en la represión política. Pero quizá la mayor expresión de la injusticia del régimen franquista fuesen sus Tribunales de Justicia, esos cuya propia existencia y cuyas sentencias debieran haber sido declaradas nulas de pleno derecho en cuanto se consumó el advenimiento de la democracia. Pero como ya hemos explicado en entregas anteriores, a esa Transición "democrática" jamás le preocuparon los juicios sumarísimos del franquismo, ni sus innumerables víctimas. 

Los procesos judiciales del franquismo fueron radicalmente ilegítimos por varias causas. Sigo a continuación la exposición realizada por Jiménez Villarejo en su texto de referencia. En primer lugar, no merecen la calificación de Tribunales de Justicia en cuanto fueron siempre constituidos por el Poder Ejecutivo, es decir, por la máxima instancia de los sublevados contra la República. En segundo lugar, los militares miembros de dichos tribunales carecían de cualquier atributo de independencia, propio de un juez, en cuanto eran estrictos y fieles servidores de los jefes de los que dependían, y compartían plenamente los fines políticos y objetivos represivos de los sublevados. Basta la lectura de cualquier sentencia de las dictadas en la época por cualquiera de esos "Tribunales" en las que destaca su absoluta falta de objetividad e imparcialidad, tanto en la exposición de los hechos como en los fundamentos jurídicos, si es que así pudieran calificarse, en los que asumen expresamente como legítimos los motivos y fines del golpe militar. En tercer lugar, era incompatible su posible independencia con la disciplina castrense impuesta por todos los jefes. Pero, sobre todo, en los procedimientos sumarísimos, también en menor grado en los ordinarios, concurría una total vulneración de todas las garantías y derechos fundamentales. Así, la instrucción del procedimiento en sí mismo era inquisitiva y bajo el régimen de secreto, sin ninguna intervención del defensor. El juez militar instructor practicaba diligencias con el auxilio exclusivo de las Fuerzas de Seguridad, Comisarías de Investigación y Vigilancia, y otros cuerpos policiales y militares, limitándose la relación con los investigados, siempre en situación de prisión preventiva, a la audiencia de los mismos, naturalmente sin asistencia de letrado. Continuaremos en siguientes entregas.

Bien, una vez introducido el perverso concepto de la deuda y aclaradas algunas falacias previas (aún tendremos muchas más que desmontar), vamos a exponer una primera semblanza general e internacional con datos, tomando como referencia este estupendo artículo del economista Óscar Javier Forero, y publicados en su Blog personal. Forero nos cuenta que la deuda pública de los Estados Unidos, la segunda más grande e impagable del mundo, alcanzó un nuevo récord histórico de 20,16 billones de dólares, según confirmó recientemente el Departamento del Tesoro. De seguir este ritmo, se estima que para el año 2047 la deuda supere ya el 150% del PIB estadounidense, que para ese año rondará los 34,1 billones de dólares, es decir, se espera que los pasivos de EE.UU. lleguen a 51,5 billones de dólares. De confirmarse estos datos, el crecimiento de la deuda estadounidense durante los próximos 32 años sería de 2.683 millones de dólares al día, o si se quiere, 1,8 millones de dólares por minuto. Esto representa que a cada estadounidense, para dejar la deuda a cero, le correspondería pagar en promedio unos 62.000 dólares. La deuda por habitante subiría a 98.823 dólares si sólo tomamos en cuenta a la población económicamente activa (PEA), es decir, la población que se encuentra en edad de trabajar. Son cifras ejemplo de la mayor potencia del mundo, paladín además de las políticas neoliberales internacionales, para que pueda comprobarse la irracionalidad e insostenibilidad del sistema-deuda. Y es que todos los países "industrializados", "desarrollados" o como se les quiera llamar, han basado su sistema económico y social en la posibilidad de endeudarse de manera gigantesca con financiación ilimitada y cómodas cuotas de pago, diseñando de esta forma un perverso sistema que fomenta la dependencia económica y las crecientes desigualdades. 

Entre las 22 primeras potencias mundiales, esos países del grupo de los "industrializados" se concentra el 81% del total de la deuda mundial, de acuerdo a datos proporcionados por la Consultora Global McKinsey, y las 171 naciones restantes deben tan sólo el 19% de dicha deuda mundial. Los llamados "países subdesarrollados" poseen niveles de endeudamiento muy bajos, que rara vez superan el 50% de su PIB. No obstante, la gran banca privada mundial y los Organismos internacionales han hecho enormes ganancias a costa de otorgar préstamos con condiciones de pago, como ya introducíamos en la entrega anterior, que violan cualquier principio de soberanía económica. Esta dinámica les sitúa en una creciente deuda que no pueden asumir, y que además impide que se desarrollen políticas a favor de las mayorías más desfavorecidas de la población. El grueso de los préstamos a nivel mundial proviene de hecho de los recursos que los propios países "subdesarrollados" depositan en los bancos de los países "desarrollados". Es decir, los endeudados prestan nuestro dinero, depositado (en cuentas de ellos) a altísimas tasas de interés. Un verdadero y miserable negocio redondo. El sistema-deuda forma, pues, parte imprescindible para poder desarrollar una arquitectura mundial de la desigualdad, a base de intervenir los presupuestos de los países pobres en función de las necesidades de los países ricos, necesidades que se satisfacen a base de saquear y expoliar los recursos de los países pobres, para de esta forma perpetuar esa dependencia. Así, el sistema financiero internacional está diseñado para que los países más endeudados ("desarrollados") sean quienes impongan recetas a los demás. ¿Recetas para qué? Óscar Javier Forero nos recuerda que el propio Henry Ford sostenía que "Si la gente entendiese cómo funciona nuestro sistema financiero, creo que habría una revolución antes de mañana". Interesante y reveladora confesión. 

Pero es que aún llega a mayores niveles de perversión el sistema-deuda mundial. A su vez, son estos mismos países "desarrollados" los que de manera grosera deciden las tasas de interés y las condiciones de los préstamos a cada país. Por ejemplo, en la década de los años 70 por cada dólar que los países latinoamericanos pedían prestado tenía que devolver 11. Son muchos los países que devolvieron, con el paso de los años, varias veces el montante original de sus préstamos, y aún seguían debiendo dinero a los organismos e instituciones prestatarias. Bien, y las reglas que se les imponen a los países deudores...¿en qué consisten? Pues básicamente se les chantajea mediante la obligatoriedad de adoptar medidas que en esencia perpetúen el sistema capitalista neoliberal, es decir, perpetúen las desigualdades. De entrada, como decimos, su propio presupuesto queda intervenido, con lo cual dejan de disponer del conjunto de los recursos de las arcas públicas, pero además, con el resto, se les obliga a implementar medidas que han sido denominadas bajo varios eufemismos, tales como "Planes de Ajuste Estructurales", que consisten básicamente en planificar transferencias desde los fondos públicos a los privados, en empobrecer y precarizar a las clases populares y trabajadoras en beneficio de los más ricos y poderosos, en desmontar y privatizar los servicios públicos, y algunas otras que tienen que ver con una mayor complacencia política, las facilidades para instalar bases militares, la compra de armas, los jugosos negocios o la permisividad con la llegada de capitales extranjeros transnacionales, entre otras posibilidades y variantes. Desde los famosos Acuerdos de Breton-Woods en 1944, base de la creación del FMI y del BM, y más concretamente desde el Consenso de Washington, esta es la filosofía y la política que se practica para cualquier país que pretende acceder al sistema-deuda, es decir, a financiarse acudiendo a los mercados financieros internacionales. 

El sistema-deuda es, de facto, un robo legal implementado a los países que acuden a él. El sistema-deuda garantiza su perpetuidad, ya que aunque miles de millones de euros (o de dólares) sean cancelados de manera puntual (piénsese en Grecia para nuestro contexto europeo), sin embargo estos pagos corresponden en su inmensa mayoría sólo a intereses. La deuda como tal podríamos decir que continúa intacta. En los peores casos, los países son víctimas de todo un orquestado ataque financiero internacional, que busca quebrar sus economías, para pasar a un ulterior nivel de intervención, que suele ser la antesala para apoderarse de los recursos naturales (petróleo, gas, minerales, etc.) del país en cuestión. Las ganancias producto de las deudas impagables van a parar a los países del norte, lo cual contribuye a dinamizar su economía y a generar a los países endeudados relaciones de absoluta dependencia. El concepto de "Riesgo País", que los lectores y lectoras habrán escuchado alguna vez en boca de estos "expertos" de los organismos internacionales, se mide básicamente en base a la capacidad de pago de cada nación, y al montante y porcentaje sobre su riqueza de la deuda que posean. Pero en realidad, el "riesgo país" es de nuevo un concepto político que se utiliza para prestigiar o desprestigiar a una determinada nación, basándose en su adhesión a los compromisos con los organismos, naciones y entidades prestatarias, independientemente de su nivel real de deuda. Las cifras son realmente escalofriantes. Japón es el país  más endeudado del mundo si lo comparamos con su PIB, algunas estimaciones colocan su deuda alrededor del 400% del PIB japonés, y las más conservadoras en alrededor del 250%. Y aunque las cifras varían de unas fuentes a otras, naciones como Francia, Grecia, Portugal, Italia, Alemania, Gran Bretaña, China, España, Suiza o Canadá se encuentran por encima del 100% de sus respectivos PIB. 

Después de la lectura de todo lo anterior, suponemos que al menos dejarán de ser asumidas como tan tajantes las famosas frases ("Las deudas hay que pagarlas") donde se asienta este perverso, chantajista y manipulador sistema-deuda mundial. Muchos líderes mundiales han abogado por transformar el sistema-deuda internacional, así como los mecanismos del sistema financiero mundial, asentado también en otros muchos aberrantes principios prácticos, como el de los paraísos fiscales, a los cuales dedicaremos amplia exposición en nuestro siguiente bloque temático. Pero desgraciadamente, aún no se ha conseguido variar su funcionamiento, al menos en lo que se refiere a sus reglas y normas esenciales. En la actualidad, algunas economías emergentes, como las pertenecientes al grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) trabajan en esta vía, pero lo único que han conseguido hasta ahora es crear una serie de organismos internacionales alternativos a los del mundo capitalista globalizado, cuyo adalid son los Estados Unidos. Está bien claro, a la luz de todo lo expuesto, que se deben crear mecanismos alternativos donde los países explotados puedan depositar sus reservas, y donde se ofrezcan créditos con tasas de interés justas que aporten dividendos en beneficio de todos. También es preciso que las instituciones públicas internacionales dejen de actuar como poderosos lobbies de la gran banca privada mundial, como ocurre por ejemplo en la Unión Europea con el Banco Central Europeo, que mientras financia de forma altruísta a bancos nacionales y grandes empresas, prohíbe a los Estados financiar su deuda pública a través de los mecanismos y el respaldo del BCE. Óscar Javier Forero finaliza su artículo mediante tajantes conclusiones: "La independencia de los países se logrará cuando se alcance la verdadera dependencia económica. Mientras que el sistema financiero mundial permanezca intacto, dominado por los países industrializados, las demás naciones sólo servirán para continuar siendo expoliadas por el capital". Continuaremos en siguientes entregas.

Como hemos afirmado en entregas anteriores, es lógico que la antimodélica e injusta Transición tuviera éxito con una población adocenada, adormecida en la larga noche del franquismo, pues se le vendió una idea de la democracia falsa e incompleta. A este respecto, José María Pedreño, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Estatal de Foros por la Memoria, en este artículo para el medio Rebelion, afirma lo siguiente: "Este pacto [se refiere a la Transición], tejido con mucha generosidad y renuncias por parte de la izquierda, sobre todo por parte del PCE, ha provocado a la larga un silencio que ha propiciado que los tópicos tejidos por el franquismo se hayan extendido durante toda la restauración borbónica, dando como resultado un franquismo sociológico que impregna todas las capas de la sociedad. Tenemos que tener en cuenta que el principal partido de la derecha, el PP, fue fundado por franquistas y que los apellidos de muchos de sus dirigentes los podemos encontrar entre los golpistas y adictos a la dictadura franquista. Lo mismo podemos decir de muchos miembros de los consejos de administración de grandes empresas y de la banca. Por todas estas cuestiones, considero que hablar de ruptura del régimen del 78 sin entender que la impunidad es uno de los pilares fundacionales del mismo, y que hablar de construcción del nuevo sujeto político y social alternativo sin entender que la memoria es uno de los principales componentes de la "argamasa" ideológica de su construcción, tratándola como un elemento aislado de la política, es un grave error". No vale, por tanto, un borrón y cuenta nueva sobre la base de la no superación del franquismo, que ha de ser, por tanto, plena y absoluta, y ha de llegar a todas las facetas y ámbitos de nuestra sociedad. 

La clave es la Memoria Histórica. A ella nos hemos referido en nuestros anteriores artículos desde varios puntos de vista, y a ella nos tendremos que seguir refiriendo. La memoria histórica como memoria colectiva y latente de un pueblo, que es feroz y cruelmente aplastada por un despiadado sistema represor durante una dictadura, pero que permanece oculta para volver a resurgir en cuanto el fantasma desaparezca. Una memoria histórica hoy día sepultada en el miedo, y fundada en las tremendas falacias que el régimen nacionalcatólico fue sembrando en las mentes de la población. Unas mentes educadas en el anticomunismo, en el ultracatolicismo y en el españolismo de pandereta. Unas mentes imbuidas de los valores excluyentes de la familia tradicional, el trabajo obediente y el rechazo al desorden público. Unas mentes educadas en la antipolítica, en la visión uniforme y excluyente de la España "Una, Grande y Libre" del franquismo, que nos trae los lodos actuales de los polvos pasados. Unas mentes donde la simple mención de la palabra "República" ya provoca miedos. Pero sin embargo, en vez de temerla, la República es el sistema al que debemos aspirar, pero no a cualquier República, sino a la que nos conduzca a la plena superación del franquismo. Y ello porque tirando de la cadena, como llevamos haciendo durante toda esta serie de artículos, y viajando de un argumento a otro, llegamos por fin a la conclusión de que todo el régimen actual descansa sobre la ilegitimidad del régimen de la Constitución de 1978. Un régimen que nos llega de la Transición que consagró a un Rey como Jefe del Estado impuesto por un dictador, y que jamás se sometió a referéndum popular. Y un régimen que se había asentado anteriormente en una dictadura de casi 40 años que surgió del sangriento hundimiento de la II República, a través de un Golpe de Estado ejecutado por viles y abyectos militares. Hemos de retornar a aquél estadío, porque simplemente él es el punto de partida.

El estadío republicano, por supuesto actualizado a nuestro siglo XXI, sería una condición imprescindible, aunque no suficiente, para la plena superación del franquismo, que lógicamente debería asentarse sobre otros muchos pilares que ya hemos venido comentando en entregas anteriores. No podemos por tanto temer a la República sino todo lo contrario, tenemos que aspirar a ella, tenemos que volver a reconstruirla, hemos de volver a traerla. Sólo bajo un escenario republicano será posible la plena superación del franquismo. Por eso la República posee tantos enemigos. Son enemigos de la República los mismos que saquean nuestras arcas públicas, que fomentan la desigualdad, que han salvado indecentemente a los bancos mientras han aplicado salvajes recortes sociales sobre la inmensa mayoría social, son enemigos de la República los que acallan las voces rebeldes mediante leyes mordaza mientras protegen a los corruptos y a los que poseen cuentas en paraísos fiscales, son enemigos de la República los que defienden la "unidad de España" a la fuerza, y no vacilan en reprimir por la fuerza los legítimos anhelos de Repúblicas nacientes, son enemigos de la República los descendientes de aquéllos que colaboraron con el Golpe de Estado y la dictadura, y que ahora dirigen nuestra política desde lujosos despachos, o bien se sientan en Consejos de Administración de grandes empresas, son enemigos de la República los que no desean Verdad, Justicia ni Reparación para las víctimas del franquismo y sus familiares, y continúan amparando a los torturadores y colaboradores del régimen dictatorial, son enemigos de la República aquéllos que tildan de "extremistas" y "antisistema" a los que defendemos un Proceso Constituyente, la superación del franquismo y un modelo de país y de sociedad más justo y avanzado, son enemigos de la República quienes desmantelan las conquistas obreras conseguidas después de siglos de lucha popular, quienes desmontan todas las coberturas de nuestro Estado del Bienestar, y quienes están derribando nuestros servicios públicos y universales. 

Son enemigos de la República los que se llenan la boca con "la patria", los que llevan banderitas de España en la solapa o las cuelgan de los balcones, mientras jalean a todos los corruptos e indecentes que nos gobiernan, son enemigos de la República los que defienden la "democracia" española y el "cumplimiento de la ley", mientras aplican únicamente las que a ellos les interesan, e ignoran y vacían de contenido aquéllas que no les favorecen, son enemigos de la República los que nos meten en la OTAN y en sus crueles guerras de rapiña, para despojar a terceros países de sus recursos naturales, son enemigos de la República los que desprecian el empleo público y sólo conceden valor a la iniciativa privada, a pesar de que sea un principio contrario a esa Constitución que tanto dicen defender, son enemigos de la República los que mantienen a una cúpula militar golpista y fascista, alineada con los preceptos franquistas, mientras expulsan y dejan sin recursos a los oficiales honestos que denuncian la corrupción en nuestros Ejércitos, son enemigos de la República los que instauran un sistema educativo adoctrinador, elitista y segregacionista, porque son enemigos de la educación pública, son enemigos de la República, en fin, los que están conduciendo a nuestra sociedad a las más altas cotas de pobreza, precariedad, paro, exclusión social y exilio juvenil nunca vistas. Todos ellos son enemigos de la República. Por eso es tan difícil luchar por su instauración, y por eso estamos sufriendo, desde la muerte del dictador, esta restauración borbónica que nos está llevando por estos derroteros. La cita de entradilla de esta entrega, del siempre magnífico Víctor Arrogante, nos resume muy bien que la II República fue destrozada por la prevalencia de los intereses y privilegios de un conjunto de sectores que habían sido afectados por ella. El resultado ya lo sabemos. Está escrito en la historia. Les molestaba aquél régimen, pero en cambio no les molestaba el régimen genocida del General Franco, porque éste reponía a aquéllos sectores en sus privilegios. 

Las cartas están bien claras: la II República Española representó (como nos recuerda Carlos Jiménez Villarejo en esta conferencia publicada en diversos medios, que vamos a tomar como referencia a continuación) el mayor esfuerzo modernizador y democratizador de nuestro país durante todo el siglo XX. Los enemigos de aquélla República lo siguen siendo de una nueva República que vuelva a conducir a España a altas cotas de justicia, bienestar y redistribución de la riqueza, y que acabe con los privilegios de los poderosos. Por eso la República tiene tantos enemigos, y por eso la plena superación del franquismo aún no ha sido posible. La Segunda República vino a poner fin al atraso económico, a unas relaciones laborales injustas y abusivas, generadoras de profundas desigualdades sociales, al analfabetismo, al centralismo, al caciquismo y a unas instituciones corruptas y anacrónicas. Frente a todo ello, frente a tantas sombras, la República iluminó con sus luces, y vino a representar por primera vez en España la implantación de una verdadera democracia, de una pluralidad política y sindical, de un Parlamento verdaderamente representativo, o del sufragio femenino, entre otras muchas conquistas. Implantó la laicidad del Estado, el reconocimiento de la autonomía de las diversas nacionalidades históricas, la reforma agraria ante un campesinado empobrecido, la admisión de los matrimonios civiles, el divorcio, etc. Con todo aquél arsenal de medidas y reformas, las clases más poderosas juraron acabar con aquélla osadía popular, con aquélla aventura republicana, con aquél modelo de justicia social. Hasta tal punto es así que la Ley 24/2006, de 7 de julio, que declaraba el año 2006 como "Año de la memoria histórica", dijese en su preámbulo que la Segunda República Española "constituyó el antecedente más inmediato y la más importante experiencia democrática que podemos contemplar al mirar nuestro pasado". El franquismo vino a destruirla, a enterrarla, y a enterrar con ella a todos los que la amaban. Los enemigos de la República de entonces siguen siendo los enemigos de una posible República de hoy. Nuestra conclusión es lógica: sin República no habrá plena superación del franquismo. Continuaremos en siguientes entregas.

El peligro que supone la OTAN ha ido creciendo con el paso de los años. Los documentos estratégicos públicos, en sus últimas versiones, han formalizado la conversión de la Alianza desde una organización formalmente defensiva hacia una organización ofensiva y con un ámbito de actuación territorial ilimitado. De ser una organización militar que sólo puede utilizar la fuerza armada en caso de agresión a alguno de sus miembros (Artículo 5 del Tratado) y sólo si ésta se produce en alguno de los territorios de los Estados parte al norte del trópico de cáncer (Artículo 6 del Tratado), ha pasado a asumir como principio la seguridad y la estabilidad de una imprecisa región euroatlántica que abarca todo el hemisferio norte y desborda, de forma clara, los ámbitos del Tratado fundacional y las fronteras de los países miembros, tal como se indica en el documento de referencia ("30 preguntas sobre la OTAN. 30 años después del Referéndum", del Centre Dèlas). Terminada la Guerra Fría y disuelto el antiguo bloque soviético, y en una Europa en la que difícilmente se vislumbraban amenazas militares a corto plazo, la OTAN comenzó a actuar en las llamadas "Operaciones Fuera de Zona", eufemismo para llamar a las operaciones que no están bajo la cobertura del Tratado. Las primeras intervenciones "fuera de zona" fueron el bloqueo naval en el Mar Adriático en 1993 para reforzar el embargo de armas a los territorios de la antigua Yugoslavia, la utilización en 1994 de la infraestructura de la OTAN para consolidar una zona de exclusión aérea en Bosnia y Herzegovina y la guerra de Kosovo en 1999, que no contó con el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que por lo tanto se hizo al margen de la legalidad internacional, como ya destacamos en nuestra última entrega. 

El cambio de estrategia de la OTAN se ha hecho de espaldas a la opinión pública, sin tener en cuenta al conjunto de la ciudadanía de los Estados miembros, y sin que los respectivos Parlamentos ratificaran los importantes giros experimentados por la Alianza. Los autores del documento de referencia lo explican en los siguientes términos: "La OTAN reconoce que el riesgo de una amenaza convencional contra el territorio de la OTAN es baja, pero de acuerdo con su nuevo papel global, ve "amenazas" por todo el mundo, convirtiéndolo de esta manera en el escenario de la seguridad euro-atlántica, y consolidando así una OTAN global, capaz de actuar en cualquier lugar, lejos de las fronteras de una imprecisa zona euro-atlántica". Pero la OTAN no se cuestiona en ningún momento ni la desestabilización que han producido las diferentes intervenciones militares occidentales, ni las amenazas que nuestro mundo representa para los países del Sur, resultado de un proceso de globalización impulsado por el mundo capitalista occidental que hoy se lamenta por la falta de seguridad. No son capaces de comprender que es el propio capitalismo, la propia esencia del sistema-mundo en que vivimos, lo que desata las inseguridades, el terrorismo, la lucha despiadada por la explotación de los recursos naturales, el crecimiento desmedido del complejo militar-industrial, el agresivo comercio internacional sin barreras, y los gravísimos efectos derivados del cambio climático, entre otras causas. No son capaces de entender que las actuales amenazas, como ya hemos indicado en artículos anteriores de la serie, son las derivadas de los mismos peligros del sistema, que nos explota en nuestras propias narices, mientras continuamos defendiéndolo como la única alternativa posible. Y de forma demencial, frente a todas estas amenazas, la OTAN continúa espoleando toda su abrumadora maquinaria militar, todo su agresivo poderío, todas sus ambiciones derivadas del mando imperialista. 

Y así, la OTAN contaba en 2013 con más de 3 millones y medio de soldados procedentes de todos su Estados miembro, y a todos ellos les corresponde el 53% del total del gasto militar mundial. La OTAN no ha renunciado a las armas nucleares, ni siquiera a eliminarlas del suelo europeo, y sigue definiéndose como una alianza nuclear. Planifica sus fuerzas convencionales para poder actuar lejos de sus fronteras. Compromete a todos sus países aliados a mantener e incrementar el gasto militar (como hizo recientemente Donald Trump en su gira europea), y se permite el lujo de advertir que ningún país miembro suscriba un acuerdo de control de armamentos o de desarme sin consultarlo previamente. La deriva belicista de la OTAN es, pues, algo absolutamente evidente. La estrategia militar de la OTAN es ciertamente agresiva y peligrosa, desprecia la legalidad internacional, socava la democracia expresada en los foros internacionales de seguridad, y menoscaba el papel que estos organismos de seguridad colectiva deberían tener como reguladores de un orden internacional basado en la legalidad y en el derecho internacional. La OTAN representa el anti-pacifismo por excelencia, es el brazo ejecutor y la pieza activa y armada del imperialismo norteamericano y de todos sus aliados, que están contribuyendo a convertir el planeta en un polvorín a punto de estallar para siempre. ¿Dónde viene representada toda la filosofía de la OTAN? En su documento sobre Concepto Estratégico, que es un documento político aprobado por todos los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la OTAN. Dicho documento no es una norma jurídica, sino un acuerdo político de las partes. Su versión más reciente fue aprobada en la Cumbre de la Alianza celebrada en Lisboa en noviembre de 2010. Pues bien, según este documento sobre Concepto Estratégico, la OTAN puede actuar más allá de sus fronteras frente a cualquier tipo de amenaza, y se permite incluso llevar a cabo operaciones militares ofensivas, que podrían realizarse al margen de la Carta de las Naciones Unidas, y de las decisiones de los foros internacionales sobre seguridad (tales como la OSCE, o el propio Consejo de Seguridad de NNUU).

¿Qué son "amenazas" para la OTAN? En principio, cualquier medida, decisión o planificación de las mismas que constituya un peligro para la globalización capitalista. Pero más concretamente, las amenazas se centran en la proliferación de armamentos modernos, entre ellos los misiles balísticos, el armamento nuclear y las armas de destrucción masiva; el terrorismo, muy especialmente el que afecta a zonas de importancia estratégica para la Alianza, la inestabilidad más allá de las fronteras de la OTAN, y todo aquéllo que pueda amenazar la seguridad de las rutas del tráfico del comercio internacional, de las que dependen el flujo energético y de materias primas hacia el Primer Mundo. La OTAN, por otra parte, tampoco es un grupo homogéneo ni cohesionado, que actúe bajo una sola voz, sino que la historia de dicha organización, y las diversas crisis que ha atravesado, han puesto de manifiesto que Estados Unidos es el líder indiscutible de la OTAN, y quien decide en última instancia la posición de la Alianza cuando surge algún conflicto. Las crisis internas también han puesto de manifiesto la poca confianza de los Estados Unidos ante unos aliados europeos divididos entre sí, que no tienen una posición común sobre cómo intervenir en conflictos exteriores. No existe unión política y de defensa común en la propia Unión Europea, ya que a pesar de lo que quieren dejar entrever, se trata de países con una historia muy amplia y con unos intrincados intereses, muchos de los cuales derivan de sus antiguas etapas imperialistas, como Francia o Reino Unido. Todo ello, como decimos, pone de relieve la difícil convivencia y armonía interna en la OTAN, una organización gigantesca que agrupa a 28 países miembro con políticas e intereses exteriores muy dispares, en la cual es muy difícil la visión uniforme sobre los conflictos, pero donde, como decimos, Estados Unidos se reserva siempre el derecho de imponer sus decisiones, así como de actuar de manera unilateral cuando le interese. 

Porque ni antes ni ahora, los países europeos han sido capaces de ofrecer visiones homogéneas ante los diversos conflictos mundiales. Aprovechando esto, uno de los objetivos de la política de Estados Unidos ha sido desde siempre impedir  la creación de una política de seguridad y de defensa europea autónoma, tanto en el terreno político como en el militar, que pudiera hacerle sombra o competencia. Bajo el enfoque de los "aliados", en realidad se esconde un fiel seguidismo de los países europeos hacia los dictados de la OTAN, que a su vez son decididos por Estados Unidos. La OTAN ha jugado un papel crucial para que la Unión Europea siga manteniendo una política de defensa completamente dependiente de las estructuras, decisiones y objetivos militares de la OTAN. La Unión Europea está así fuertemente vinculada a la OTAN, la cual le proporciona la infraestructura militar atlántica, con todo lo que ello implica sobre control de su actividad militar, respondiendo a una imagen de clara subordinación. La OTAN, en resumidas cuentas, es el pilar indiscutible de la defensa colectiva europea. Y el mando militar estadounidense, de vocación imperialista y de gendarmería mundial, ordena los enfoques y las estrategias que hay que adoptar en cada momento. Ni siquiera en el Parlamento Europeo son bien vistos los debates sobre la defensa europea, pues se entiende que son asuntos que se tratan en los foros especiales destinados a ello, y éstos están fuertemente influenciados por la OTAN. Teniendo en cuenta todo ello, se explica la extraña "unanimidad" en torno a ciertos asuntos, tales como la demonización de ciertos países, como Cuba, Corea del Norte o Venezuela, enemigos acérrimos de Estados Unidos, la infame "neutralidad" ante ciertos conflictos históricos (como el que enfrenta a Palestina e Israel, socio y amigo inquebrantable de USA), y el descubrimiento de la clara complicidad de los países europeos con planes y decisiones de Estados Unidos. Continuaremos en siguientes entregas.

Otro aspecto que recoge el Tratado de los Pueblos es el relativo a los medios de comunicación. Los Estados, con el fin de garantizar la libertad de expresión y el derecho a una información objetiva e imparcial, deben prohibir la formación de monopolios en los medios de comunicación, así como la formación de sociedades o acuerdos inter-empresariales, etc., entre empresas de comunicación y otros sectores de actividades industriales, comerciales o financieras. El Estado debe garantizar una pluralidad genuina de proveedores de servicios. Esto es absolutamente vital para alcanzar una sociedad plenamente libre y crítica, profundamente democrática, donde todas las opciones, puntos de vista y posicionamientos de cualquier índole puedan ser igualmente escuchados, difundidos y rebatidos. El Tratado de los Pueblos también indica que se deben prohibir los paraísos fiscales y la especulación con la deuda soberana. Además, la deuda pública que se declare ilegítima (se entiende tras un proceso de auditoría ciudadana y democrática), de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se verá anulada y se aplicará una quita sustancial para el resto de la deuda de los países en cuestión. Asímismo, se deben prohibir las llamadas "puertas giratorias" (circulación sin obstáculos de altos cargos y representantes políticos entre el sector público y el privado), la cooptación del proceso decisorio de las políticas públicas (la cooperación regulatoria, la coescritura de legislación, la elaboración de normas tipo o de anteproyectos de leyes), el soborno y otras prácticas de corrupción. El TP también prevé la multiplicidad de actores en las consultas y tomas de decisión, ya que instan a los Gobiernos y Parlamentos a consultar (en línea y en audiencias públicas) con las empresas, grupos de presión, movimientos sociales, sindicatos, ONG's, pueblos autóctonos, etc., en las tomas de decisiones que afecten a los intereses de los mismos. 

Como estamos comprobando, el texto de propuesta del Tratado Internacional de los Pueblos intenta corregir todos los aspectos viciados hasta ahora, para que sean anulados o reconvertidos en un sentido justo y democrático. Asímismo, el TP indica que se debe prohibir todo intento de patentar las diversas formas de vida presentes en la naturaleza (es decir, intentar su apropiación privada indebida) y los organismos genéticamente modificados, y establecer un derecho de preferencia del dominio público sobre los descubrimientos fundamentales para la salud. Esta cláusula es sumamente importante, ya que impide a las empresas mercantilizar todo tipo de avances científicos y descubrimientos importantes, así como patentarlos, llevándolos al terreno de la iniciativa privada, con todo lo que ello supone. El TP también intenta poner un poco de orden en la gestión de bancos, fondos de inversión y grandes empresas. Su cláusula 2.33 ordena que se debe regular el complejo entramado de bancos, empresas, grupos de inversores, agencias, consultoras, comisionistas y otros actores que operan en los mercados financieros. En este sentido, se aprobarán normas, al menos, sobre la transparencia de las prácticas financieras, el control de capitales y de los servicios financieros, el control de los fondos de inversión (hedge funds), el fraude y la elusión fiscal, las agencias de calificación, la retribución de los altos directivos, el secreto bancario y las sanciones a los flujos ilícitos de capital. Se elaborarán también reglas sobre las tasas al movimiento de capitales y la imposición fiscal progresiva sobre la renta, el patrimonio y los beneficios empresariales. En efecto, si se consiguieran controlar todos estos aspectos, no cabe duda de que elevaríamos bastante el listón sobre la justicia fiscal y se pondría orden en todas las tropelías que hoy día cometen bancos y grandes ETN.

El TP también ordena derogar y eliminar algunos tratados previos y organismos internacionales que los avalan. Indica que se debe iniciar un proceso de transición hacia un nuevo mecanismo de regulación del comercio mundial y de resolución de controversias que sustituya a la OMC y sus reglas (ya nos hemos referido en profundidad a la OMC en entregas anteriores, a las que remito a los lectores y lectoras interesadas). De forma urgente, se deben derogar el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, los acuerdos que conlleven la eliminación de las pequeñas explotaciones agropecuarias y el campesinado, el Acuerdo relativo a los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio celebrado en la Organización Mundial del Comercio (TRIPS, por sus siglas en inglés) y el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Estos últimos, en particular, benefician a las ETN y afectan negativamente, entre otros, al derecho a la salud, el acceso a los productos farmacéuticos y los derechos y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. El Tratado de los Pueblos también detalla con extensión las obligaciones específicas que deberán tener las empresas transnacionales. Lo hace en su punto 4, que recoge las siguientes cláusulas. La primera indica que las ETN, sus filiales de hecho y de derecho y sus proveedores, subcontratistas y licenciatarios deben reconocer los principios de la primacía de los derechos humanos y del interés público sobre el interés económico particular. Esta es una cláusula (4.1 del Tratado) de enorme importancia, dado el tremendo panorama que estamos viviendo, y la terrible impunidad de que gozan los agentes empresariales. También se indica que las ETN y sus filiales en cualquier categoría o grado deben respetar los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales, y cumplir con sus obligaciones fiscales para que los Estados garanticen, en particular, el derecho al desarrollo, a una alimentación adecuada, a la soberanía alimentaria, a la salud, al medioambiente saludable, al trabajo, a la vivienda, a la educación y a la tierra. 

El anterior es un punto absolutamente esencial del Tratado de los Pueblos, que si se sigue fielmente, es capaz de acabar con cualquier chantaje al que las ETN quieran someter a cualquier pueblo que decida en uso de su plena autonomía y soberanía alterar su sistema económico o político bajo medios pacíficos y democráticos. Vamos a poner un par de ejemplos de rabiosa actualidad para que esta cláusula pueda entenderse en todo su alcance. En Venezuela, desde la victoria original de Hugo Chávez en 1998, parte de la estrategia de desestabilización del Gobierno bolivariano consiste en que los grandes agentes económicos (siguiendo órdenes de la derecha política, social y mediática local e internacional) llevan practicando una serie de desabastecimientos de bienes, productos y suministros básicos en sus locales y dependencias (tiendas, supermercados, cadenas, etc.), de tal forma que están provocando el caos y el estallido social, y promoviendo el levantamiento del pueblo ante dicha situación de desprovisión. El segundo ejemplo se refiere a Cataluña, que desde el pasado día 1 de octubre, cuando se realizó el referéndum de autodeterminación, está sufriendo todo un acoso económico, mediante la constante fuga de empresas instaladas en dicho territorio, que han cambiado sus sedes sociales (y otras sus demás sedes, también) o han amenazado con hacerlo si el pueblo catalán, por medio de sus dirigentes políticos, proclamaban la independencia de dicha nación. Podríamos poner muchos otros, pero pensamos que estos dos ejemplos nos dan cumplida cuenta de que lo que ocurre cuando la supuesta "libertad" de los grandes agentes económicos interfiere con la libertad de los pueblos, que desean gobernar sus vidas a través de medios democráticos. En ambos casos, si el Tratado de los Pueblos estuviera en vigor para dichas naciones, no hubieran podido ocurrir tales situaciones de acoso empresarial a dichos pueblos, si es que no querían exponerse a graves querellas ante el Tribunal Internacional de los Pueblos. 

El Tratado también prevé que las ETN, sus filiales de hecho o de derecho y sus proveedores, subcontratistas o licenciatarios no cometerán actos (ni serán cómplices, ni colaboradores, ni instigadores, ni inductores, ni encubridores) que constituyan crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio, tortura, desapariciones forzosas, trabajo forzoso u obligatorio, toma de rehenes, desplazamientos, ejecuciones sumarias o arbitrarias y violaciones del Derecho Internacional Humanitario. Interesantísima clásula, pues sólo hace falta mirar un poquito a la reciente historia para darse cuenta de la gran cantidad de empresas (y sus empresarios, evidentemente) que han colaborado más o menos activamente en la reversión de sistemas democráticos, en la implantación de sangrientas dictaduras, en los asesinatos de disidentes (hoy día incluso en los asesinatos de activistas políticos, sociales o medioambientales), en los detonantes que han provocado posteriores guerras civiles, en el expolio de determinados territorios, en el saqueo de determinados recursos naturales o fuentes de energía, que han estado detrás de los trabajos forzados de muchos represaliados, o que han tenido responsabilidades en los oscuros negocios donde operan las mafias que mueven a las personas, que las esclavizan, que las explotan o que las pervierten. Con la entrada en vigor del Tratado Internacional de los Pueblos todas estas situaciones quedarán controladas, y las ETN tendrán que responder por sus actos, decisiones o colaboraciones con todas estas aberraciones sociales. Acabará por tanto la impunidad colaboracionista de las grandes empresas en según qué causas, o bien en determinadas industrias, tales como el comercio de armas, drogas o personas, ya que son actividades estrechamente relacionadas con todas las barbaridades indicadas más arriba, y cualesquiera otras variantes. Continuaremos en siguientes entregas.