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8 noviembre 2017 3 08 /11 /noviembre /2017 00:00
Fuente Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

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Las venas franquistas del PP irradian toda su gobernanza, desde su negativa a condenar la dictadura, su política represiva (Ley Mordaza), su permisividad con las manifestaciones de la extrema derecha, su rechazo a recuperar los restos de miles de muertos enterrados en las cunetas, hasta el hundimiento en la miseria de millones de ciudadanos (jóvenes sin futuro) que se encuentran en unas deplorables condiciones de vida

Juan García Ballesteros (Colectivo Prometeo)

Y hoy día, quizá el verdadero motor, el auténtico corazón que permite que la impunidad de la dictadura franquista, con todas sus consecuencias, llegue hasta nuestros días, sea la famosa Ley de Amnistía a la que nos hemos referido en muchas ocasiones durante esta serie de artículos. Nosotros ya le dedicamos en su momento un artículo separado en nuestro Blog ("La necesidad de derogar la Ley de Amnistía"), al que remito a todos los lectores y lectoras interesadas. Pero ahora, nos vamos a basar en el magnífico artículo que ha escrito Alejandro Torrús para el medio Publico, titulado "40 años de la Ley de Amnistía, 40 años de vergüenza democrática". La susodicha Ley fue aprobada en el Congreso de los Diputados en octubre de 1977, pero no con el objetivo con el que ahora se utiliza (como una especie de "escudo franquista", en expresión de Torrús), sino para facililtar la salida de prisión de los presos políticos antifranquistas de la época. Bajo el mantra de la "reconciliación entre todos los españoles", la Transición nos dejó esta joya jurídica que ha llamado la atención de tribunales de todo el mundo. Como decimos, originalmente la Ley de Amnistía pretendía pacificar el ambiente, contribuir a vaciar las cárceles de presos políticos, y contribuir al abandono de la vía armada, que estaba costando por aquél entonces un alto precio al Estado y a la sociedad. Y curiosamente, la única fuerza política que se abstuvo a la aprobación de la Ley fue Alianza Popular, es decir, la antecedente del PP actual. Lo que son las cosas: quién les iba a decir a ellos que, con el correr del tiempo, esa misma Ley ante la que ellos se abstuvieron (y para la elaboración de la cual no asistieron ni siquiera a la Comisión Parlamentaria creada al efecto) iba a ser defendida tan ferozmente como lo hacen en la actualidad. Paradojas de democracias incompletas, tuteladas, de corto recorrido y de baja intensidad, como la nuestra. 

 

Alejandro Torrús lo explica en los siguientes términos: "La ley, por tanto, no buscaba en su origen convertirse en una ley de punto final de la dictadura. La ley buscaba terminar de vaciar las cárceles de aquéllas personas que habían luchado contra la dictadura. Punto. Sin embargo, los años pasaron y con la democracia asentada, víctimas de la dictadura y colectivos ciudadanos vieron la oportunidad de acceder a la Justicia de una democracia para pedir explicaciones a los responsables de la dictadura. Una democracia no se podía permitir la impunidad de quienes utilizaron el poder del Estado para torturar, asesinar e imponer el horror a aquéllos que no compartieron su forma de pensar. O, al menos, así pensaron las víctimas de la dictadura. Se equivocaron. Esta es la historia de una vergüenza democrática". Y hoy día, la Ley de Amnistía de 1977 es el perfecto recurso legal que tienen los herederos del franquismo que poseen el control de los poderes del Estado para rechazar cualquier petición de justicia que proceda de las víctimas, y que han elevado en muchas ocasiones ante las instancias internacionales, ante las reiteradas negativas, impedimentos y obstáculos que les pone el Gobierno (hasta ahora, siempre procedente del bipartidismo) español. Desde las primeras elecciones "democráticas" de 1977 hasta hoy, ningún Gobierno se ha propuesto en serio tumbar esa anomalía jurídica, pieza fundamental en la que se ampara la impunidad franquista. El propio poder judicial (recordemos que es un estamento que tampoco fue renovado, removido ni actualizado tras la dictadura), más la propia clase política (con la honrosa excepción de algunos partidos de izquierda), expresada en los diferentes Parlamentos, han impedido eliminar la legislación donde se ampara la impunidad. 

 

Diversas ocasiones e intentos han existido para tumbar esta infame Ley, pero todos ellos se han encontrado con la sistemática oposición de PP, PSOE, Ciudadanos, y los partidos nacionalistas de la derecha catalana y vasca. El Ministerio Fiscal, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de la Audiencia Nacional también han puesto palos en la rueda, cada vez que han podido, rechazando colaborar con la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Todo lo cual provoca que en pleno siglo XXI los muertos republicanos sigan en las cunetas, y sus familiares, como en 1939, sigan esperando una verdad, justicia y reparación que no llegan. Hasta cinco organismos internacionales de la ONU han pedido a España la derogación de la Ley de Amnistía: el Grupo de Trabajo para las Desapariciones Forzadas, el Comité Contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Desaparición Forzada, y el Relator Especial sobre Verdad, Justicia y Reparación. Ante todos ellos, la inacción y la pasividad del Gobierno. Desde la muerte del dictador, el Estado Español ha mirado sistemáticamente hacia otro lado para no ver la impunidad de la dictadura franquista. Siempre ha faltado, y continúa faltando, voluntad política. Pero incluso, la Ley de Amnistía podría ser sorteada, porque los crímenes del franquismo podrían ser considerados como crímenes de lesa humanidad, y por tanto, no pueden ser amnistiados por ninguna ley. Pero como señala Alejandro Torrús, la Ley de Amnistía, además, contradice fuertes compromisos internacionales en materia de derechos humanos a los que España está suscrita, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue suscrito por nuestro país en abril de 1977. Pues bien, este Pacto señala en su artículo 15 que aquéllas personas que cometieron actos delictivos conforme a "los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional" pueden ser juzgados y condenados aunque sus actos no fueran delito según el derecho nacional en el momento en el que se cometieron. 

 

Como vemos, lo que en el fondo no existe es voluntad de enterrar políticamente esta indecente Ley de Amnistía, porque los que nos gobiernan son los herederos de aquél régimen de infamia y terror que fue la dictadura franquista, o bien sacaron buena tajada de él, o bien temen que abriendo ese melón, la inercia continúe abriendo otros melones igualmente peligrosos, que terminen acabando con los privilegios de buena parte de nuestra clase política y económica. En el fondo, nos encontraremos con el sabroso melón de la Constitución de 1978, auténtica piedra de toque del régimen que llega hasta nuestros días, poniendo en jaque hasta a la mismísima Casa Real. Es falso por tanto que los políticos no puedan hacer nada frente a la Ley de Amnistía. Y también es falso que los jueces no puedan hacer nada, ya que según hemos comentado, pueden declarar la nulidad de dicho precepto legal en base a compromisos de derecho internacional. Bien, pero la Ley de Amnistía que hemos recordado de nuevo en esta entrega no es la única pieza del entramado de la Transición. La herencia franquista, esa que dejaba todo "atado y bien atado", disponía de más elementos de garantía de continuación. Los ha enumerado perfectamente Arturo Maira, miembro del Colectivo ANEMOI de militares demócratas y republicanos, en un reciente artículo, donde distingue los siguientes ocho elementos:

 

1.- La Monarquía Borbónica. Bajo la forma política de Monarquía Parlamentaria (el Rey reina pero no gobierna, aunque esta afirmación posee muchos matices), se reinstauraba la monarquía de los Borbones en nuestro país con Juan Carlos I, hoy día Rey Emérito, y padre del actual monarca Felipe VI. El Rey se define en la Constitución como Jefe del Estado y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, lo cual constituye un absoluto anacronismo democrático en nuestros días. 

 

2.- Una Iglesia Católica que formaba parte del Estado y guardaba nuestras conciencias. Frente a lo que podría haberse esperado, el poder y la influencia de la Iglesia Católica en nuestro país, desde el final del franquismo, no se ha deteriorado ni un ápice, gozando de privilegios fiscales, económicos, educativos, etc., e influyendo en la esfera política cada vez que se intenta dar salida a una ley progresista y socialmente justa y avanzada. 

 

3.- Unas Fuerzas Armadas muy mayoritariamente franquistas, conciencia última del Estado, con derecho a salvaguardarlo. De hecho, el texto constitucional del 78 les asigna a las FAS dichas funciones garantistas de la integridad de la "patria común e indivisible de todos los españoles".

 

4.- Un símbolo intocable: la bandera franquista-borbónica, que sale a los balcones en situaciones absolutamente atípicas, como cuando juega nuestra Selección Nacional de Fútbol, o bien en estos días, ante la crisis política planteada por el referéndum soberanista catalán. 

 

5.- Un anticomunismo feroz, como en los tiempos franquistas, dentro de una sociedad que parece no haber avanzado nada en pluralidad política y en superación de una serie de mitos y falacias que la derecha política, social y mediática lleva inculcándonos desde hace muchas décadas.

 

6.- Un no disimulado odio a la soberanía del pueblo, sustituyendo (incluso en la Constitución) la debida "soberanía popular" como pilar democrático básico, por la "soberanía nacional" del conjunto del pueblo español, sin entender ni reconocer que dicho pueblo español es a su vez un crisol de varios pueblos y culturas que ya existían en el solar patrio que llamamos España. 

 

7.- Una voluntad explícita e inquebrantable de impedir la recuperación de la verdad histórica, la justicia y la reparación del mal causado, ya que lo único que se ha hecho es manipular y distorsionar la historia, y seguir cultivando un montón de valores sociales que el franquismo ya difundió durante la dictadura. 

 

8.- Un concepto centralista y unitario del Estado Español, que ha demostrado que el llamado "Estado de las Autonomías" está absolutamente agotado, y que debemos tender hacia un modelo de Estado Federal (u otras variantes) con pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de todos los pueblos del Estado Español. Es hora de acabar con la visión uniforme de España, así como con el implícito nacionalismo españolista que lo impregna todo. 

 

La plena superación del franquismo, evidentemente, supondrá la superación de todos los puntos anteriores, alcanzando un nuevo modelo de sociedad donde comiencen a cultivarse otro conjunto de valores políticos, sociales y culturales bajo tintes más democráticos, justos y avanzados. Continuaremos en siguientes entregas.

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7 noviembre 2017 2 07 /11 /noviembre /2017 00:00
¿Son los "Jordi's" presos políticos?

La ley es lo que conviene al más fuerte

Trasímaco de Calcedonia (Filósofo griego)

La democracia es un sistema donde se le hace creer a la gente que decide algo en los asuntos de su incumbencia sin que, en realidad, decida nada

Paul Valéry

Al momento de escribir el presente artículo, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart llevan ya 15 días en prisión preventiva. El cinismo de las fuerzas políticas autodenominadas "constitucionalistas" en Cataluña es monumental. Se puede comprobar a cada paso, en cada momento, en cada declaración. Los mismos que llevan denunciando la existencia de presos políticos en Venezuela, para referirse a Leopoldo López y compañía, son los mismos que niegan aquí en nuestro país, en Cataluña, que Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Ómnium Cultural) lo sean. La comparación ya es odiosa en sí misma, pues mientras los Jordi's son líderes sociales de entidades independentistas, Leopoldo López y su tropa son unos golpistas que no han dudado en intentar revertir por la fuerza el orden constitucional bolivariano. Las actuaciones avaladas e instigadas por Leopoldo López y sus compinches han causado varias decenas de muertos, mientras que en Cataluña no ha muerto nadie a pesar de la supuesta "rebelión" por la que acusan a estos líderes de la sociedad civil. Y es verdad que han liderado una rebelión, pero una rebelión pacífica y democrática, pensada para superar el marco de prisión fáctica en la que se encuentran los diversos pueblos del Estado Español, en este caso Cataluña. Remito a los lectores y lectoras al completo análisis comparativo que ha realizado el escritor y periodista Pascual Serrano en este artículo para el medio Publico, que vamos a resumir a continuación, para que se vean claramente las diferencias entre unos y otros, y pueda comprobarse por tanto la doble vara de medir de la derecha política, social y mediática españolista, esa que ha finalizado enarbolando la bandera del peligroso artículo 155 de la Carta Magna del régimen del 78.

 

Pascual Serrano destaca que el argumento de que los "rebeldes" soberanistas catalanes se habían situado fuera de la legalidad constitucional en España (que para nuestro país ven muy lógico), era el mismo argumento esgrimido en Venezuela por los defensores del chavismo (pero allí se veía en cambio muy mal). Para la derecha española los chavistas son los golpistas y los dictadores, por querer respetar el orden constitucional vigente, pero en cambio aquí en nuestro país los golpistas son los soberanistas catalanes, que se niegan a acatarlas. Pero tenemos una diferencia fundamental, que se refiere a que las manifestaciones catalanas siempre fueron pacíficas (la única violencia la practicaron los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado el 1-O), mientras que las venezolanas resultaron tremendamente violentas. En cuanto a ambos referéndums, celebrados con muy poca distancia en el tiempo, el Gobierno bolivariano del Presidente Maduro, pese a no estar conforme con él, lo toleró y no desplegó contra su celebración ninguna fuerza represora. El Gobierno del PP en nuestro país no sólo habilitó todas las vías legales a su alcance para prohibirlo, desacreditarlo y deslegitimarlo, sino que además lo reprimió por la fuerza. Pero curiosamente, el referéndum venezolano fue jaleado y apoyado por la derecha española, la misma que catalogaba el referéndum catalán como ilegal, ilegítimo, sin garantías, ni riguroso, ni fiable, etc. Y en cuanto a las detenciones, Pascual Serrano se expresa con meridiana claridad: "Tanto en Venezuela como en Cataluña, algunos líderes han terminado en la cárcel. En ambos casos no los ha encarcelado el Gobierno, sino los jueces. Por tanto, no es lícito que la casi unanimidad mediática que afirma que Maduro encarcela políticos opositores e ignora que se trataba de una decisión judicial, ahora insista en que los líderes catalanes de Ómnium y ANC han ido a prisión por una orden judicial y no por decisión gubernamental". Y concluye: "No es de recibo que en Venezuela Leopoldo López y Antonio Ledezma sean "presos políticos" y en España Jordi Cuixart y Jordi Sánchez sean "políticos presos".

 

Y para poner más elementos diferenciadores sobre la mesa, podemos recordar que mientras las movilizaciones lideradas por los "Jordi's" no causaron ningún tipo de daño más allá de unos vehículos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, sin por supuesto suponer muertos ni heridos, las agitadas en Venezuela contra el Gobierno bolivariano fueron violentas y provocaron la muerte de 43 personas y cientos de heridos, además de la destrucción de numerosas infraestructuras públicas y privadas. Mientras los golpistas venezolanos persiguen el derrocamiento de un Gobierno legítimo por la fuerza, el independentismo catalán ha actuado siempre mediante la palabra, el diálogo y la democracia. Jamás han instigado a la violencia para conseguir sus fines políticos. Pero cuando esos ideales políticos, apoyados por una gran parte del pueblo, son sistemáticamente aplastados por un búnker que se ampara en una legalidad pensada para protegerlos, no queda otro camino que la desobediencia civil, como tantas otras veces ha ocurrido en la historia. Porque en nuestro país, ante el búnker representado por el bipartidismo (PP y PSOE, ahora apoyados también por Ciudadanos, que han declarado recientemente que nacieron para esto), una Constitución intocable considerada como un texto sagrado, una Ley Electoral pensada para favorecerlos (mediante una traslación no proporcional de los votos en escaños), y todo ello apoyado por los demás estamentos de poder (judicatura, medios de comunicación, incluso la Iglesia Católica y la Casa Real, que también se ha decantado claramente en este conflicto), está claro que la única vía es la desobediencia civil. Incluso la Unión Europea se ha puesto claramente a favor de la "democracia" española, y al igual que a Grecia le dijeron que "no existía la democracia frente a los tratados europeos", a Cataluña le han dicho "gane quien gane en las próximas elecciones, la independencia no es posible" (palabras de Antonio Tajani, Presidente de la Eurocámara).

 

Los "Jordi's" sufren acusaciones que relatan y se basan únicamente en hechos políticos. Unas acusaciones que ignoran y desprecian la democracia, y tratan a los acusados como si fueran una banda de criminales desalmados. Unas acusaciones que no persiguen delitos, sino a determinadas ideas (que por lo visto no caben en la Unión Europea, ese remanso de democracia y modelo mundial a seguir) y a determinadas personas que las difunden. Ante todo ello, es fácil concluir que los "Jordi's" son, evidentemente, presos políticos. ¿Pero qué vamos a esperar de un Gobierno que aplica un determinado artículo de la Constitución, el 155, que no se había aplicado nunca, y que por tanto no tenía desarrollada su propia normativa ulterior, para adaptarlo ad hoc al caso catalán? El 155 ha sido "un Golpe de Estado impulsado por el propio Estado", en expresión de Josep María Antentas. Un 155 que ha desmantelado toda la estructura política catalana, y la ha puesto al servicio del Estado Español. Un 155, como muy bien señalaba Pablo Iglesias, que ha hecho gobernar Cataluña a la fuerza política que había obtenido sólo un 8% de los votos en las últimas elecciones autonómicas. Esa "Troika del 155" (en expresión de Julio Anguita) que se pregunta en su artículo: "El que haya un vacío legal no puede servir de excusa para extralimitarse y aplicar acciones que la Constitución no contiene expresamente. ¿Acaso las ilegalidades hechas en Cataluña pueden ser combatidas con otras?". Un 155 dictado a continuación de afirmar que el referéndum no había existido, pero que destituye a 52 cargos públicos de la Generalitat, desmantela oficinas del Govern en el exterior, se hace con el control de los Mossos d'Esquadra, clausura el Parlamento catalán, y convoca elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre, ante las cuales el CIS catalán ya ha pronosticado en base a la elaboración de una serie de encuestas que el soberanismo catalán continuaría su mayoría absoluta. ¿Qué va a hacer entonces el Presidente Rajoy? ¿Va a ilegalizar a los partidos soberanistas? ¿Va a volver a aplicar el 155 al día siguiente de las elecciones? 

 

Ramón Cotarelo lo ha explicado en los siguientes términos: "El 155 es deliberadamente impreciso para dejar manos libres al gobernante y que haga de mangas capirotes con las libertades y derechos de los ciudadanos, la democracia y el mismo Estado de Derecho. Habla de adoptar las "medidas necesarias" para los fines del gobierno, en el entendido de que por "medidas necesarias" entenderá lo que le dé la gana; por ejemplo, convocar elecciones cuando le plazca, pero permitir que se presenten solamente partidos de su bola y no otros. Por ejemplo: elecciones en Cataluña habiendo prohibido los partidos independentistas". El choque de legalidades y de legitimidades continuará, porque el soberanismo (los que desean decidir) y el independentismo (los que desean separarse de España) no va a desaparecer por muchos artículos 155 que se apliquen. Aún no se han enterado que no se puede poner puertas al campo, ni acabar por la fuerza represora con la fuerza de la democracia. Toda la estrategia desplegada (desde los recortes del Estatut de 2006 en adelante), incluida la usada para reprimir el referéndum del 1-O y todas las medidas posteriores, con el encarcelamiento preventivo de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, obedece al intento de perpetrar un furibundo ataque contra un pueblo que lucha por su emancipación de forma democrática y pacífica. Que los demás no la compartamos, o que apostemos por otros modelos (como el federalista), no quita que sea una lucha popular, democrática, pacífica y revolucionaria. Que las instituciones y los medios catalanes manipulen sus audiencias no les da derecho a intervenir dicha Comunidad, pues entonces habría que hacerlo también a nivel de todo el Estado, pues la manipulación a que nos someten TVE y los medios de comunicación dominantes es realmente de libro. Pues ya sabemos: en España existen, entre otras muchas cosas, impunidad para el franquismo (Ley de Amnistía), racismo institucional (CIE's, no acogida de refugiados, devoluciones en caliente...), privatización de los servicios públicos, manipulación mediática, recortes sociales, culturales, laborales, en derechos y libertades públicas, involución educativa, precariedad laboral, desigualdad creciente...y ahora, también, presos políticos.

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6 noviembre 2017 1 06 /11 /noviembre /2017 00:00
Por la senda del Pacifismo (75)

En la actualidad, la UE está más comprometida con organizaciones militares como la OTAN que con los principios de la Carta de Naciones Unidas

Jaume Assens

En la entrega anterior ya citamos un texto de referencia que vamos a seguir a continuación, elaborado por el Centre Delàs d'Estudis per la Pau, que bajo el título "Treinta Preguntas sobre la OTAN. Treinta años después del Referéndum" nos aclara bastantes conceptos al respecto. En el prólogo de José Luis Gordillo se señala lo siguiente: "La lista de libros que señalan la entrada urgente en la OTAN como uno de los objetivos del 23-F que después haría suyo el Gobierno de Calvo Sotelo para contentar a la potencia hegemónica occidental y a sus peones militares del ejército español, empieza a ser considerable". Lógicamente se refiere Gordillo a los Estados Unidos, la misma potencia que había apoyado la dictadura franquista. Para Gordillo, por tanto, y para muchos más analistas, el PSOE de 1982 ya tenía instrucciones claras en este sentido, aunque en su campaña electoral promoviera la salida de nuestro país de la Alianza Atlántica. Y hoy día, cuando ya no existe ningún bloque militar que amenace a los países occidentales, ya no tiene ningún sentido esta organización, que constituye la principal amenaza institucional a la paz y a la seguridad mundiales. Esta especie de club militar de los países ricos es el principal obstáculo para la paz, el brazo armado estadounidense por excelencia, y la organización que capitaliza y aglutina todos los esfuerzos e interrelaciones del mundo capitalista con el complejo militar-industrial. Y lo cierto es que desde entonces, desde aquél famoso referéndum de 1986, nuestra entrada en la OTAN nos ha perjudicado más que beneficiarnos. El incumplimiento de las condiciones de aquél referéndum, nuestras progresivas relaciones de "amistad y colaboración" con Estados Unidos, las implicaciones propias de la pertenencia a la organización militar (costes económicos, riesgos para la ciudadanía), entre otros factores, así lo atestiguan. 

 

Nuestro país fue el único que ingresó en la OTAN en el período de 44 años que transcurrieron entre 1955 y 1999. Como los lectores y lectoras conocerán, tras la caída del Muro de Berlín en 1989, el Pacto de Varsovia (el bloque militar antagónico a la OTAN durante la Guerra Fría) se disolvió en 1991. Pero la OTAN continuó e incluso se fortaleció con países de la Europa del Este. Y así, entre 1999 y 2004, varios países ex miembros del Pacto de Varsovia (Bulgaria, la República Checa, Hungría, Polonia y Rumanía) se incorporaron a la organización atlántica. La OTAN intervino por primera vez en la guerra de Yugoslavia, con intervenciones militares en 1995 y 1999. Los bombardeos sobre Kosovo de 1999 fueron iniciados unilateralmente por la OTAN sin autorización previa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por lo que puede considerarse que constituyeron crímenes de guerra, en palabras del gran intelectual Noam Chomsky. En septiembre de 2001, Estados Unidos invocó por primera vez el artículo 5 del tratado fundacional, pidiendo ayuda en su defensa. A partir de entonces los países miembros siguieron colaborando con Estados Unidos en las guerras de Afganistán e Irak. El artículo 4 del tratado, que prevé llamar a consulta a los países miembros, ha sido invocado cuatro veces, una por el conflicto de Crimea, y las otras tres por Turquía, debido a la guerra de Irak y a los ataques relacionados con la guerra de Siria. La OTAN cuenta actualmente con 28 países miembros, básicamente todos los europeos del este y del oeste, más Turquía, Canadá y Estados Unidos. La OTAN se organiza en dos estructuras, una civil y otra militar. Aunque el tratado fundacional de Washington no distinguía de hecho entre estas dos estructuras, fue la decisión de Francia de separarse militar y temporalmente de la Alianza, en 1996, la que introdujo esa distinción.

 

El Comité Militar es la más alta autoridad militar de la OTAN, y está formado por los Jefes de los Estados Mayores de los países miembros, o sus representantes permanentes en la sede de la Alianza en Bruselas. Del Comité Militar dependen los mandos internacionales integrados en la OTAN, que son los que elaboran los planes operativos de defensa de sus respectivas regiones. Bien, una vez que hemos contado mínimamente la estructura de la OTAN, pasemos a exponer el modelo político y social que dicha organización defiende, que es lo que nos interesa más de cara a explicar porqué está en contra de la senda pacifista. Los autores del documento de referencia lo explican en los siguientes términos: "El propósito principal de la OTAN se expresa en el Preámbulo del Tratado destinado a preservar para sus Estados miembros el modo de vida que, según ellos, les es propio: "pertenecer a una civilización común, basada en los principios de democracia, libertad individual y el imperio de la Ley". Así, el Tratado no aparece reducido al simple aspecto defensivo en el marco internacional, sino que adopta una ideología política bien definida, y en consecuencia, apunta como enemigos potenciales a aquéllos países cuyo sistema político se apoya en principios diferentes. Resulta evidente que se trata de defender las conquistas llevadas a cabo por el capitalismo en el marco de las democracias liberales, en contra de la supuesta amenaza que suponía en 1949 el auge de las ideas comunistas surgidas de la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia". Así es en efecto, y hoy día tenemos pruebas evidentes de ello, en las declaraciones que nuestros dirigentes políticos realizan cada vez que sufrimos un atentado terrorista. Entonces proclaman a los cuatro vientos que los terroristas "desean aniquilar nuestro sistema de libertades", "odian nuestro modo de vida", y frases similares. Nada más lejos de la verdad, pues como ya hemos analizado en nuestro primer bloque temático, las causas del terrorismo internacional obedecen a motivos bien diferentes. 

 

De hecho, y como los autores del documento hacen muy bien notar, esos "altos valores" que se proclaman en el Preámbulo y que debería reunir cualquier futuro Estado signatario de la Alianza, fueron una falacia, pues ni en el momento de la firma del Tratado (1949) Portugal reunía esos requisitos ya que era una dictadura; ni tampoco los reunían Turquía o Grecia, cuando se adhirieron en 1951, pues en ambos Estados no se respetaban las libertades ni los derechos individuales de su ciudadanía. Turquía y Grecia sufrieron dictaduras posteriormente mediante sendos golpes militares que derrocaron sus precarias democracias: Grecia en 1967 con el "Golpe de los Coroneles", y Turquía en 1971 y 1980, a través de dos Golpes de Estado ejecutados también por militares. En ambos casos, la Alianza Atlántica no puso ninguna objeción a esas dictaduras, y por el contrario incrementó su presencia en las bases militares de ambos países. Por su parte, Estados Unidos, el verdadero motor y corazón impulsor de la OTAN, ha favorecido de mil maneras distintas la implantación de sangrientas dictaduras en muchos países del planeta, así que la falacia es, pues, fácilmente demostrable. A la OTAN no le interesa la democracia, sino el poderío militar de su estructura y la hegemonía mundial que pueda alcanzar. Los modos de vida de sus países tampoco son dignas conquistas para la Humanidad, pues todos ellos veneran y se someten sumisamente al sistema capitalista más despiadado. Sus "libertades individuales" se ven cercenadas en muchas ocasiones con la implantación de severos recortes en derechos fundamentales y libertades públicas. Decididamente, no somos un modelo a seguir. Sin embargo, las declaraciones de nuestros gobernantes continúan insistiendo en ello. La conclusión está clara: en realidad, lo que quieren es que nosotros, las poblaciones de los países miembro, sigamos pensando que esto es así. 

 

Los más incautos, pragmáticos y reduccionistas podrían conformarse con pensar que la pertenencia a la OTAN nos garantiza (a todos los países miembros) la defensa del resto de países de la Alianza, pero ni siquiera esto es así. Como explican los autores del documento de referencia, el artículo 5 del tratado ofrece un redactado bastante ambiguo sobre esta circunstancia, y en realidad no obliga (sino que deja libertad y discrecionalidad) al resto de la países de la OTAN a acudir en defensa del país que se considere amenazado. Por tanto, esa reacción solidaria que podría pensarse que existe ante el ataque sobre uno o varios de los Estados miembros no existe, o mejor dicho, no está expresamente definida. Existe ambigüedad en lo que el tratado define sobre "ataque armado", e igualmente, es competencia en cualquier caso de los Estados miembros el determinar la acción o respuesta que estimen necesaria ante una circunstancia como la descrita. Los autores concluyen que "la Alianza Atlántica, como acuerdo defensivo, tiene un valor de declaración de intenciones pero sin el establecimiento de una obligación jurídica de asistencia". También podríamos preguntarnos si la OTAN es una organización subsidiaria de Naciones Unidas, como así lo asegura el artículo 7 del tratado. Pero en la práctica, la no sumisión al orden internacional que descansa en Naciones Unidas demuestra el carácter no democrático de la OTAN. La ONU y todo su complejo entramado será expuesto con profundidad en su bloque temático correspondiente, por tanto de momento no entraremos en mayores razonamientos. Baste recordar que lo que el tratado precisa es que "toda medida tomada será inmediatamente puesta en conocimiento del Consejo de Seguridad de la ONU", según lo cual, antes de emprender una acción armada, la OTAN debería llevar a cabo la consulta. Sin embargo, esto no se realizó en las acciones militares en Bosnia en 1995 ni en la guerra contra Serbia en 1999. Continuaremos en siguientes entregas.

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3 noviembre 2017 5 03 /11 /noviembre /2017 00:00
Arquitectura de la Desigualdad (62)

Desde el estallido en 2008 de la llamada “Gran Recesión” se ha constatado con claridad el enorme poder de la banca y el sector financiero. Cuando se inició la crisis, sorprendía la rapidez con la que gobiernos de todo el mundo aprobaban planes de rescate con sumas faraónicas de dinero público para ayudar a los bancos. Es algo completamente insólito, los culpables de la crisis han sido ayudados generosamente por los Estados, mientras las víctimas (parados, pensionistas, trabajadores) eran desatendidas, expuestas a los efectos de los recortes, e incluso se las convertía en culpables acusadas cínicamente de “haber vivido por encima de sus posibilidades”

Raúl Navas

Ante todos los desmanes de la banca privada, ya expuestos en las últimas entregas, la solución se nos aparece clara y nítida: la Banca Pública. En un artículo para el medio Rebelion firmado por varios autores, todos ellos pertenecientes a ATTAC-Navarra Nafarroa, se afirma lo siguiente: "El sistema bancario privado es incapaz de garantizar la correcta circulación del dinero. La última crisis, cuyas secuelas tardaremos en superar, lo ha puesto en evidencia. Esto es así porque los bancos privados, como casi cualquier otra empresa, tienen como objetivo principal conseguir el máximo beneficio. Por supuesto, es un objetivo lícito, pero tiene sus consecuencias. Durante años, y en aras de satisfacer los requerimientos de sus inversores, estos bancos incurrieron en riesgos desmesurados, y contribuyeron al crecimiento de las burbujas inmobiliaria y financiera, cuyo estallido dio origen a la crisis". Debido a ello, cientos de miles de pequeñas y medianas empresas tuvieron que cerrar, al verse imposibilitadas para continuar sufragando el crédito necesario para poder subsistir. Empleos que se perdieron por causa de los desmanes de la gran banca privada, que además provocaron la caída de ingresos del Estado, y el aumento de sus gastos para poder sufragar ayudas públicas. No es algo que haya ocurrido sólo en nuestro país, es cierto, pero ello no es óbice para justificar las aberrantes prácticas bancarias. Se ha demostrado que la economía no puede estar sometida al riesgo de fiar la totalidad del flujo de capitales a una banca privada que es capaz de comportarse de forma tan irresponsable. Un sistema de banca pública, avalado por el Estado y controlado democráticamente, estaría fuera de los vaivenes del mercado, y de la voracidad de determinados accionistas. 

 

Un sistema de banca pública permitiría llevar a cabo políticas monetarias anticíclicas, que permitirían paliar los efectos negativos de los altibajos de la economía. En su libro "Banca pública en la era de la financiarización", el Profesor e investigador alemán Christoph Scherrer, de la Universidad de Kassel, expone algunos casos exitosos de banca pública, como por ejemplo en Alemania, donde los efectos de la crisis han podido ser suavizados mediante algunas de estas entidades, o bien en la India, donde el sector bancario público es mayoritario, y ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del país y el correcto reparto de los recursos. En la India, un 40% del capital prestado por la banca pública se destina a la actividad agrícola, base fundamental de la producción del país, lo cual provoca y apoya la creación de millones de puestos de trabajo en dicho sector. La banca pública, por tanto, no es una ilusión ni una utopía, sino una esplendorosa realidad. Su objetivo fundamental debe ser gestionar de manera prudente los ahorros de la ciudadanía, para proporcionar crédito a familias y empresas. Esto implica definir un modelo de gestión que incluya criterios y controles sociales, así como una financiación de la economía real (productiva) que resulte eficaz y rentable. Una banca pública debe estar pensada para el conjunto de la ciudadanía, y por tanto debe garantizar la inclusión financiera de todas las personas. Una banca pública debería permitir además destinar el ahorro disponible hacia actividades y proyectos de interés social, primando unos sectores sobre otros. Asímismo, también debería servir para financiar proyectos estratégicos y líneas de desarrollo socioeconómicas de interés público, fomentando determinado nicho de negocios o de actividades económicas, así como puestos de trabajo en sectores donde se necesita mano de obra, pero donde el sector empresarial privado no entra. 

 

Un sistema de banca pública podría estar muy relacionado con los proyectos sociales de Trabajo Garantizado (TG, propuesta que hemos desarrollado más a fondo en este artículo), que provocarían la salida del desempleo de cientos de miles de personas, que serían contratadas por las Administraciones Públicas para cubrir actividades y sectores rentables socialmente, pero que no le interesan a la iniciativa privada. Por tanto, apostamos por una banca pública como herramienta financiera fundamental para reorientar las políticas públicas hacia otros criterios y objetivos, más acordes con las necesidades de la inmensa mayoría social. Una banca pública podría ser una estupenda garantía de que las comunidades recuperen el control sobre sus recursos públicos y bienes comunes, de los cuales depende su prosperidad, sin que los gigantes de esta gran banca privada transnacional los perviertan. En efecto, la élite económica que está detrás de la gran banca privada se ha apropiado de un conjunto fundamental de bienes públicos, que deben ser recuperados como bienes comunes. Lo explica perfectamente George Monbiot en este artículo para el medio The Guardian, traducido por Javier Biosca para eldiario.es. En él se expone que los bienes públicos no pertenecen al Estado ni al mercado, y poseen tres elementos definitorios: en primer lugar, recursos como la tierra, el agua, los minerales, la investigación científica, el hardware o el software. En segundo lugar, una comunidad de personas que ha compartido un acceso igualitario a dichos recursos, y que se ha organizado para controlarlo. Y en tercer lugar, las reglas, sistemas y negociaciones que se desarrollan para mantenerlos, redistribuir su riqueza y gestionar sus beneficios. Está claro que si potenciamos estos bienes públicos, estaremos revirtiendo también la arquitectura de la desigualdad. 

 

Porque un verdadero bien público no se gestiona para la acumulación de capital o para la obtención de beneficio, sino para asegurar una prosperidad y un bienestar social constantes. Los bienes públicos son inalienables, lo que significa que no se deberían vender ni donar, ya que son rentables socialmente (y no bajo otro prisma). Cuando los bienes públicos se refieren a recursos naturales, como los bosques o los mares, debe existir un interés en su protección a largo plazo, ya que de ellos depende la sostenibilidad humana, social y medioambiental, en vez de las ganancias a corto plazo que se podrían obtener con su destrucción. Cuidar los bienes públicos contribuirá a proyectar una sociedad más justa e igualitaria. Lógicamente, el capitalismo voraz y despiadado ha atacado los bienes públicos durante siglos, con su obsesiva transferencia de valores del ámbito público al privado. En cuanto se huele una oportunidad de beneficio privado, el capitalismo intenta transferir desde la órbita de lo público, de lo común, hacia la órbita privada. Detrás de ese "emprendimiento", de esa "visión de negocio" a la que muchas veces se apela, a menudo se encuentra la exploración de ciertas formas nuevas de apoderarse del trabajo y de los bienes comunes de las comunidades. Lo hacen continuamente las grandes empresas transnacionales en su continua devastación de recursos naturales, no sólo destruyendo las capacidades físicas del planeta, sino también los hábitats naturales y medios de supervivencia de determinadas poblaciones. Proyectos de corte extractivista, tales como los mineros, los hidrológicos, los forestales, los gasísticos, etc., se llevan a cabo continuamente a costa de practicar esta destrucción de recursos y bienes comunes. La desigualdad, por tanto, sigue proyectándose en ellos. Porque la apropiación por los gigantes empresariales privados de todos estos medios y recursos comunes deja en la miseria a determinadas comunidades, simplemente para aumentar los beneficios de sus empresas. 

 

Por tanto, estos procesos de apropiación crean nuevos nichos de desigualdad, y producen modelos de economía rentista, ya que aquéllos que capturan o extraen recursos naturales esenciales, fuerzan a todo el mundo a pagar por ellos, para poder obtener acceso a los mismos. Se trata de crímenes económicos en toda regla, ya que destrozan y empobrecen a las comunidades, alejan a las personas de sus trabajos, de sus medios de producción y de vida, y destruyen el entorno natural, creando graves desequilibrios medioambientales. Son ecosistemas que se destruyen por dinero, para enriquecer a unos pocos, mientras se empobrece a muchos. En una palabra: desigualdad. Desigualdad que es conscientemente proyectada por los grandes magnates y directivos de estas empresas, y que es conscientemente permitida por los Estados y sus respectivos Gobiernos, que bajo el dogma neoliberal, se convierten en vasallos al servicio del gran capital. Hemos de revertir todos estos indecentes procesos. Hemos de volver a valorar los bienes públicos, a situarlos y a respetarlos en su propia esfera, a concederles la importancia que merecen, y a comprender que de ellos depende que los tremendos e insostenibles niveles de desigualdad se continúen disparando. Hay que introducir la filosofía del bien común, el respeto hacia los mismos, el concepto de comunidad, los límites para que dichos bienes no puedan ser enajenados. Hay que infundir la valoración social de los mismos, consiguiendo desterrarlos del mundo de la iniciativa privada, para blindarlos en su única esfera permitida, que no es otra que la pública. Bien, finalizamos aquí, como ya advertimos en el artículo anterior, este segundo bloque temático de la serie, y partir de la siguiente entrega comenzaremos a exponer el tercero, dedicado a otro potentísimo elemento sostenedor de la desigualdad, como es la deuda pública de los países. 

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2 noviembre 2017 4 02 /11 /noviembre /2017 00:00
Contra los Tratados de Libre Comercio (54)

¿Dónde están las dictaduras? En las llamadas economías de mercado. Ahí sí que, efectivamente, las poblaciones están sujetas, amarradas, encadenadas. Están presas de un mercado que obliga a consumir sin piedad, destruyendo al mismo ser humano y a la naturaleza, teniendo periódicamente las guerras como única válvula de escape cuando el sistema se estanca. La ideología dominante está tan bien montada que, incluso, esa explotación y esa manipulación de conciencias no se ven como tal. Las técnicas de control social son cada vez más sutiles, más sofisticadas. Si alguien conculca derechos realmente es la economía de mercado: obliga sin piedad –pero con sutileza– a consumir, dicta líneas de conducta para toda la Humanidad de las que nadie puede escaparse, viola absolutamente las voluntades populares, aun haciendo creer que promueve las libertades. Como alguien dijo socarronamente: “¿qué es la libertad en el capitalismo? No más que una estatua a la entrada del puerto de Nueva York”. ¿Quién puede escaparse del dictado del mercado o de los medios de comunicación masiva? Nadie, absolutamente nadie. ¡¡Ahí está la dictadura!!

Marcelo Colussi

Continuamos, en esta entrega nº 54 de la serie, con la exposición de los aspectos fundamentales del Tratado Internacional de los Pueblos, como la mejor alternativa propuesta a día de hoy para contrarrestar los efectos de los perversos TLC que nos invaden. En entregas anteriores ya hemos expuesto algunos aspectos introductorios del mismo. Para el TP, los Estados deben garantizar y proteger a las comunidades y personas afectadas por las prácticas y operaciones de las ETN que violan los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales y asegurar el acceso a la justicia y el derecho a la compensación de los afectados. Es decir, el TP ya declara oficialmente la responsabilidad de los Estados en proteger a la población frente a las perversas prácticas de las empresas transnacionales. Ningún otro tratado lo había reconocido tan abiertamente. Y ello porque los Estados son, en muchas ocasiones, responsables por no garantizar los derechos de las personas y pueblos favoreciendo con sus actuaciones a las empresas transnacionales. Ya hemos expuesto en más de una ocasión el tremendo poderío de las ETN, su enorme tamaño, y las facilidades que la globalización capitalista les ofrece para chantajear a los Estados. Pero aún así, si el Tratado de los Pueblos se hace realidad algún día, los Estados figurarán como responsables ante la protección de sus respectivos pueblos sobre los perjuicios que pudieran causar las ETN. Porque hasta ahora, la verdad es que las legislaciones y las decisiones y medidas adoptadas han mirado siempre más a los intereses de las empresas que a los del conjunto de la ciudadanía. Se puede y se debe denunciar a los Estados firmantes por las violaciones de derechos humanos cometidas por las grandes corporaciones al legislar a su favor, o ratificar TLC o de inversión que facilitan las actividades de las ETN en detrimento de pueblos, personas o de la naturaleza, o bien por complicidad por no impedirlas. 

 

En este orden de cosas, los Estados con sede matriz de las ETN podrán ser perseguidos por su responsabilidad criminal y de derechos humanos cuando forzaren o intentaren forzar la celebración de tratados comerciales y de inversiones que no tutelen los derechos de la ciudadanía y de los pueblos o no incorporen mecanismos de denuncia cuando la aplicación de dichos tratados genere tales vulneraciones. Los Estados matriz deben garantizar igualmente que las empresas no contribuyan a la violación de derechos humanos en otros países. De acuerdo con los principios del Tratado de Maastricht sobre la responsabilidad extraterritorial de los Estados en materia de derechos económicos, sociales y culturales, los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales, tanto dentro de su territorio como extraterritorialmente, y la violación de esta obligación puede dar lugar a que quede comprometida la responsabilidad internacional del Estado en cuestión. Sin el reconocimiento de estas obligaciones extraterritoriales, los derechos humanos no pueden asumir el papel que les corresponde como bases jurídicas para regular la globalización y garantizar la protección universal de los mismos. El TP, por tanto, intenta extender una globalización sobre los derechos humanos, contrarrestando la infame globalización capitalista que padecemos. Asímismo, los mecanismos de apoyo a la internacionalización de las empresas por parte de los Estados (las agencias y bancos de crédito a las exportaciones, la promoción comercial, la diplomacia comercial, los instrumentos financieros, los instrumentos de política de cooperación, el apoyo directo logístico y la expansión exterior) deben subordinarse al sistema internacional de protección de los derechos humanos. 

 

Los Estados, por medio de los órganos responsables de la cooperación internacional y los derechos humanos, deben establecer directrices que garanticen el respeto de los derechos humanos en el marco de los programas de internacionalización de las empresas. Igualmente, han de estar sometidos a control los procesos de deslocalización de sedes empresariales, vigilados y condicionados los motivos que conducen y permiten los mismos, y vigiladas las consecuencias que puedan provocar tanto para la situación de sus trabajadores/as en las sedes originales, como en las sedes deslocalizadas. Lo que recoge el Tratado sobre estos procesos es lo siguiente: "Las deslocalizaciones (las transferencias de tareas a sociedades afiliadas implantadas en el extranjero o de forma indirecta mediante compras de servicios y bienes intermedios a proveedores extranjeros con los que no tienen relaciones de dependencia) exigen la aprobación de normas internacionales del trabajo que prohíban los despidos que busquen aumentar los beneficios mediante la deslocalización; prohíban el cierre y la deslocalización de centros de trabajo con beneficios; doten de capacidad a los representantes de los trabajadores y trabajadoras para suspender planes de reestructuración mientras se obtiene la información necesaria para conocer la situación económico-financiera de la empresa; otorguen el derecho de veto a los trabajadores y trabajadoras, ante medidas destructoras de empleo y deslocalización; impongan gravámenes fiscales para productos reimportados de empresas deslocalizadas; exijan el reembolso de ayudas públicas recibidas por parte de empresas que se deslocalizan y extiendan la responsabilidad solidaria de las ETN con sus filiales, proveedores, subcontratistas y licenciatarios". Como se ve, el Tratado contempla todo un buen catálogo de medidas para disminuir las actuales libertades deslocalizadoras de las grandes empresas. 

 

Por otra parte, determinados bienes, servicios, parcelas o nichos de negocio deben estar expresamente excluidas de su posible privatización. En concreto, se deben excluir las privatizaciones directas o encubiertas de determinados bienes y servicios universales y de uso común, tales como la alimentación, la salud, la educación, la cultura, el agua, la naturaleza, etc. Los Estados han de garantizar dichos bienes como derechos humanos, y han de constituir o configurar agencias o entidades públicas que se encarguen de suministrarlos al conjunto de la ciudadanía. El Tratado también recoge que se deben prohibir las prácticas de los bancos y otras sociedades financieras dirigidas a la especulación e intervención del mercado de las commodities, es decir, de materias primas y de productos agrícolas. En su caso, los Estados estarán obligados a establecer evaluaciones participativas y controladas socialmente de impacto sobre los derechos humanos provocados por las privatizaciones, y exigir condiciones como la disponibilidad, la accesibilidad (física, económica y a la información) y calidad, que los Estados deben respetar y garantizar a la hora de permitir las privatizaciones. El Tratado de los Pueblos también contempla que los Estados deben prohibir el ingreso y establecimiento de inversiones contrarias a los derechos humanos (en aspectos como la industria de armas, la energía nuclear, etc.), y limitar aquéllas prácticas que, aún siendo legales, puedan conllevar una responsabilidad por sus efectos perjudiciales para el desarrollo de los pueblos y el buen vivir de las comunidades, abriendo cauces participativos para establecer nuevos parámetros sobre los conceptos del desarrollo, el comercio y las inversiones. 

 

Otra cláusula muy interesante que recoge el TP es que los Estados no deben gestionar crisis de naturaleza económica y/o financiera mediante la eliminación, suspensión o reducción de la progresiva efectividad en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Estamos comprobando cómo las crisis derivadas de los propios excesos del capitalismo son causadas por sus mayores agentes (bancos, ETN...), mientras se utilizan como excusa perfecta para disminuir los umbrales garantes de la satisfacción de los derechos humanos, y aprovechar el contexto para decretar agresivas contrarreformas que los socavan y los limitan. En su caso, se podrá limitar la progresividad (vs. regresividad) por medio de medidas puntuales, temporales, proporcionales y no discriminatorias, y sólo habiendo agotado todas las propuestas alternativas posibles. El contenido esencial de los derechos económicos, sociales y culturales debe respetarse en cualquier caso, y los argumentos generales de disciplina fiscal y políticas públicas no podrán alegarse como causa de la regresividad. Esta cláusula es fundamental para evitar que cada crisis se convierta en un agravamiento de las ya profundas desigualdades sociales, y su salida se vincule siempre a escenarios de justicia social. Por su parte, las políticas de ayuda humanitaria de los Estados o de Organismos o Instituciones Internacionales deben dirigirse a salvar vidas, aliviar el sufrimiento y mantener la dignidad humana. En este sentido, ningún interés económico de los Estados, de dichas instituciones, de las empresas o de cualquier otro agente podrá diseñar o condicionar las políticas de ayuda humanitaria. De esta forma, como podemos intuir, se previenen indecentes y aberrantes situaciones como los acuerdos firmados por la Unión Europea y Turquía sobre los refugiados. Continuaremos en siguientes entregas.

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1 noviembre 2017 3 01 /11 /noviembre /2017 00:00
Viñeta: Kalvellido

Viñeta: Kalvellido

Una monarquía impuesta, un gobierno corrupto y unos tribunales de origen franquista y al servicio del poder político, no pueden seguir pilotando las riendas de este Estado que se dice democrático y de derecho. Nos toca estar a la altura de las circunstancias históricas que estamos viviendo, y dar carpetazo al régimen surgido de una Transición tramposa. Es el momento de tomar la iniciativa, y convocar a la población, a las organizaciones sociales y políticas, para diseñar un plan de superación de este régimen

Pedro Casas

La necesidad de romper con la impunidad y el olvido impuestos por la Transición se vuelven cada día más imperiosas. El Régimen surgido de la Constitución de 1978 nunca supuso una clara discontinuidad con la cultura franquista que durante 40 años el régimen dictatorial impuso a la población española. Lo asevera Vicenç Navarro, uno de nuestros mejores y más prestigiosos científicos sociales, hombre de una trayectoria profesional impresionante, y de una brillante y extensa obra bibliográfica, que además ha sufrido en carne propia y la de su propia familia los terribles efectos del régimen franquista y del obligado exilio. En este artículo para el medio Publico, el Profesor Navarro, ante la pregunta "¿Qué es la cultura franquista?", responde de la siguiente forma: "Los elementos de esta cultura son múltiples, y abarcan desde la escasa cultura democrática, la tolerancia con la corrupción, el nacionalismo jacobino españolista, la constante llamada al orden y el fácil recurso a las medidas represivas, hasta la falta de diversidad ideológica en los medios, el autoritarismo, y sobre todo, el rechazo a los valores republicanos. En su lugar, el régimen franquista ensalzó a las instituciones monárquicas borbónicas, con la reproducción de una visión del ciudadano como sujeto súbdito más que como ciudadano soberano, y con unas instituciones democráticas sumamente limitadas, con escasísimas posibilidades de que la ciudadanía pudiera expresar el derecho de decisión (que debería basarse en el derecho de elección), relegando el concepto de democracia casi única y exclusivamente a la vía parlamentaria, sumamente sesgada en España por un sistema electoral muy poco proporcional y representativo". 

 

Todo ello apoyado por un sistema legal que aplasta rotundamente cualquier iniciativa soberana popular, y acompañado por una muy frágil división de poderes, cuyas interrelaciones permiten determinadas dependencias. Si a todo ello le unimos los efectos de la represión y del miedo que aún suscitan en las generaciones de cierta edad el recuerdo de algunos elementos del pasado, tenemos un cóctel explosivo que determina en gran medida las actitudes, reacciones, pensamientos y comportamientos ciudadanos. Por su parte, la tergiversación de nuestra historia reciente impuesta por la clase dominante a través del perverso sistema educativo tiene como consecuencia que el desconocimiento sobre lo ocurrido en cada uno de los eventos que tuvieron lugar durante el pasado siglo XX en nuestro país es enorme. Predominan el falseamiento de la información, la revisión suavizada del franquismo, y una declarada equidistancia entre el legítimo gobierno republicano elegido democráticamente, frente al Golpe de Estado fascista que acabó con el sistema de derechos y libertades que había traído la Segunda República. Y durante la Transición se impusieron la amnistía y el olvido, elementos absolutamente precisos para la pervivencia de esta indecente impunidad que aún padecemos. De esta forma, no sólo tenemos un Gobierno que permanentemente ningunea a los familiares de las víctimas y represaliados por el franquismo, sino que además, las nuevas generaciones, es decir, los jóvenes ya nacidos en democracia, tampoco han disfrutado del derecho a la verdad, el derecho a que la justicia investigue lo ocurrido en España durante aquéllos años, o a que una Comisión de Expertos, que cumpla con los estándares internacionales requeridos, explique qué ocurrió en nuestro país durante la Guerra Civil y la dictadura. Son hechos que demuestran la tremenda vergüenza de un país, el nuestro, que aún no ha pasado realmente página de su historia. 

 

El imaginario colectivo de una gran parte de nuestra ciudadanía está aún lleno de mitos, de falsas verdades, de miedos y de falacias. Y es que durante cuatro décadas, la dictadura franquista se encargó a conciencia de adulterar la realidad de lo ocurrido para demonizar a la II República, y glorificar el papel jugado por ellos mismos, es decir, los golpistas. Cuando la feroz represión y un aparato de Estado propagandístico juegan su perverso papel durante casi 40 años, es normal que la sociedad esté sumida en los efectos de una profunda catarsis. Pero veamos a continuación brevemente los detonantes del Golpe de Estado. Carlos Hernández, en su artículo "Mitos y realidades de una guerra anunciada" para eldiario.es, explica lo siguiente: "Los historiadores franquistas y sus herederos justifican la sublevación militar por la "insostenible" situación de caos, anticlericalismo y violencia que, según ellos, se sufrió durante el período republicano. Los hechos y los datos demuestran, sin embargo, que una buena parte de la derecha española juró acabar con la República el mismo día en que fue proclamada, y comenzó a conspirar contra ella desde aquél 14 de abril de 1931. Las razones de esta animadversión se resumen en dos: poder y dinero". Y es que el nuevo régimen, continúa Hernández, amenazaba los privilegios de los estamentos que habían dirigido hasta entonces nuestro país durante siglos: la oligarquía económica, los terratenientes, la aristocracia, el Ejército y la Iglesia Católica. La República planteó, entre otros muchos objetivos, una ambiciosa reforma agraria que acabara con la situación de miseria que sufrían más de dos millones de jornaleros sin tierra. Una situación muy parecida se sigue viviendo hoy día en el campo andaluz, situación que describe muy bien y a la que se ha enfrentado muchas veces el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), organización muy criticada por el Gobierno del PSOE de Andalucía, que además ha sido muy reprimida por la justicia. La República también planteaba una reforma militar para democratizar el Ejército y extirparle su ADN golpista, que también llega hasta nuestros días en algunos sectores de nuestras Fuerzas Armadas. 

 

También planteaba la Segunda República una reforma religiosa que terminara con los privilegios de la Iglesia Católica (que ni que decir tiene llegan también hasta nuestros días, después de 40 años de "democracia"), y le arrebatara el control sobre el sistema educativo. Son para destacar igualmente los tremendos avances que se consiguieron en el camino de la igualdad entre mujeres y hombres, ya que en tan sólo dos años la República equiparó a la mujer con el hombre en derechos y libertades, consiguiendo el derecho al voto para ellas antes que otras naciones europeas lo hicieran, tales como Francia o Grecia. Evidentemente, todas estas reformas y conquistas suponían serios varapalos a los intereses de las clases dominantes, que no estaban dispuestas a consentirlo. Si a todo ello unimos la profunda convulsión que se vivía en el contexto europeo durante los años 30 del siglo pasado, donde las revueltas obreras eran frecuentes en todo el continente, es lógico concluir que el escenario pudiera ser calificado, en palabras de Carlos Hernández, como la "tormenta ideológica perfecta". Pero Hernández clarifica lo siguiente: "La derecha que acabaría sublevándose contra la República contribuyó decisivamente a generar ese clima de tensión y violencia ejerciendo de pirómano para después presentarse como el bombero salvador". El Golpe de Estado fue liderado por un grupo de generales encabezados por José Sanjurjo, y contaba con el apoyo de los partidos de la derecha parlamentaria, sectores monárquicos, financieros y empresariales, movimientos fascistas como la Falange, más el respaldo directo de Hitler y Mussolini, como ya hemos contado en entregas anteriores de la serie. Los rebeldes planeaban hacerse con el control del país en poco más de 72 horas, pero la cosa se les complicó porque no contaban con que una parte del Ejército iba a mantener su lealtad al gobierno republicano, ni preveían que los obreros y agricultores iban a lanzarse a las calles de ciudades y pueblos para defender la democracia con las armas en la mano. 

 

El resto ya lo hemos contado, desde prácticamente todos los puntos de vista, en las entregas anteriores de esta serie. Remito a mis lectores y lectoras a las mismas, para hacer un seguimiento no sólo de algunos aspectos de la Guerra Civil, sino y sobre todo de la cruel, vengativa y sanguinaria dictadura que el país tuvo que sufrir posteriormente. Ya hemos contado los métodos de exterminio, la intensidad del genocidio, el barrido ideológico, la profunda represión social, la implantación del terror por parte del Estado franquista, y toda la purga que se llevó a cabo sobre personas inocentes que sólo habían cometido el "delito" de pensar diferente. La caída de Cataluña en enero de 1939 supuso el principio del fin para la República. Medio millón de hombres, mujeres y niños cruzaron la frontera hacia Francia huyendo del avance franquista durante los primeros días del mes de febrero. Y aunque se encontraba en una situación desesperada, el Presidente Negrín apostaba por resistir unos meses más, ya que confiaba en que el estallido de la ya inevitable Segunda Guerra Mundial hiciera salir de su falsa neutralidad a las democracias europeas, que habían dejado caer la República española. Pero su sueño terminó en los primeros días de marzo de 1939 cuando sus hasta entonces compañeros de trinchera se sublevaron contra él. El Coronel Casado, con el apoyo de todas las organizaciones republicanas (salvo el PCE y un sector del PSOE), llevó a cabo un Golpe de Estado que derribó el Gobierno de Negrín. Muy ilusos, creían que una rendición pactada les permitiría eludir las represalias de los vencedores. Se equivocaron, ya que las tropas franquistas ocuparon Madrid y el resto del territorio republicano sin apenas resistencia e impusieron un régimen de represión y terror que se prolongaría durante casi 40 años. El resto, como decimos, ya lo hemos venido contando. Continuaremos en siguientes entregas.

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31 octubre 2017 2 31 /10 /octubre /2017 00:00
Viñeta: ENEKO

Viñeta: ENEKO

El patrioterismo reducido a toros, la “fiesta nacional”, y fútbol es el combustible de ese “¡A por ellos! ¡Soy español! ¡Oé!”. Lo que cantan guardias civiles y sus familiares y vecinos cuando parten al frente catalán. Un frente donde al otro lado sólo hay civiles desarmados, sus únicas armas son papeletas impresas en casa y urnas escondidas para que no se las roben. La peor imagen de España al mundo, de vuelta al pasado, a 1975

Suso de Toro

Madre de todas las gominas y pulseritas en muñecas, de todas las coderas de cuero en jerseys de pijo, de todos los crucifijos al cuello, mientras nos roban, mean y recortan en nombre de la Patria: ¡Ruega por nosotros!

Lucas León Simón

Quizá tenga España desde siempre una clara facilidad para caricaturizarse a sí misma, como nos muestran claramente algunos períodos de nuestra historia. Y dicha facilidad caricaturesca se aplica a todas las facetas: a la política, al arte, a la ciencia, etc. Ocurrió por ejemplo con el Flamenco y la imagen que se exportó del mismo y que se consumió internamente durante la terrible etapa del nacionalflamenquismo franquista: se desvirtuó el carácter originario del mismo, se llevaron al cine y al teatro estampas de un tipismo andaluz rancio y exagerado, y se cultivaron los géneros menores de este arte gitano-andaluz de gran hondura y belleza expresiva. Pues bien, el caso que nos ocupa vuelve a ser, en mi humilde criterio, un ejemplo más de caricatura de lo español, expresada en esa abundante exposición de banderas rojigualdas, que se exhiben desde los balcones y ventanas de casas y pisos por doquier, y que se pueden comprobar en cualquier ciudad de España. Esa explosión banderil ha ocurrido en cuanto el pueblo de Cataluña ha expresado su deseo de convocar un referéndum para decidir su emancipación (o no) del pueblo español. Parece que la cosa no va por barrios, sino que es una expresión transversal de nuestra sociedad, lo cual resulta aún, si cabe, más preocupante. Pensamos que el fenómeno corresponde a otra manifestación más de la enorme alienación social que nos invade, fruto de nuestra adhesión inquebrantable al pensamiento dominante, ese que nos venden enlatado en los diarios de mayor tirada nacional, y cuyos dueños son los grandes grupos empresariales, los mismos que mientras instan a poner banderas en los balcones, ahuyentan empresas para que se vayan de los pueblos que desean ejercer la democracia participativa, y quieren decidir libremente sobre los grandes asuntos que les conciernen.

 

Así que la estampa es bien sencilla, y suele concordar con los típicos aficionados al fúlbol que también colocan la bandera ante una victoria de España contra cualquier país extranjero, con los típicos exhibidores de banderitas en pulseras (sin llegar a las estridencias variopintas de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que cada año nos regala un modelito españolista distinto para el "Día de la Fiesta Nacional"), de los que argumentan que "todos los políticos son iguales", de los que se apuntan al carro de "esto lo arreglaba yo en tres días", los que afirman que "todos los nacionalismos son iguales", "ni machismo ni feminismo", "ni izquierda ni derecha", "ni pacifismo ni guerras", y otros cuantos vacíos e insulsos eslóganes comprados en el baratillo ideológico. Y sobre todo, de los que nunca han puesto las banderas colgadas en sus balcones cuando se han destapado los casos de corrupción, o se han tomado desde el indecente Gobierno del PP (y también del PSOE) las tremendas medidas de recortes sociales, laborales, y en derechos humanos en general, que han provocado el atropello de las vidas de cientos de miles de españoles. Unos españoles ante cuyo atropello no se ha colocado ninguna bandera en ningún balcón de éste, su país. Un gesto, el de colocar la bandera en el balcón, normalmente auspiciado por los mismos que vitorean al Rey cuando se desplaza a alguna ciudad de nuestra sempiterna España, o que son instigados por los mismos a los cuales luego se les descubren cuentas bancarias fuera del país al que corresponde esa bandera colgada en el balcón. Porque en efecto, esos mismos que cantan en las manifestaciones "por la unidad de España", entonando el ya clásico "Yo soy español, español, español", también suelen ser los mismos que vitorean "¡Que les jodan!" cuando aplican leyes que endurecen las prestaciones para los desempleados y desempleadas de nuestro país, o que entienden que hay que dar ayudas sociales "a los españoles primero".

 

Creo que el origen de tal alienación patriotera de pantufla y chirigota responde, básicamente, al enfoque equivocado que poseen en su imaginario colectivo (naturalmente, inculcado desde nuestros poderes públicos, comenzando por el propio sistema educativo) sobre el concepto de "patria". La bandera en el balcón en sí mismo no tiene por qué ser un gesto a reprochar, pero sí lo es cuando deja de ser coherente con el resto de pensamientos y actitudes de esas mismas personas que las cuelgan. La patria entendida como el "territorio", como el dominio terrestre donde llegan nuestras fronteras, es justo lo que está detrás de ese concepto. Un concepto que nos llega procedente del mismo concepto imperial que poseían los Reyes del pasado, enfrascados siempre en nuevas conquistas para su Imperio. Pero la patria no es esto. Más bien deberíamos adherirnos al concepto más auténtico y revolucionario de patria que expresara el libertador cubano José Martí: "Patria es Humanidad". Sí, porque la patria tiene que saber al pueblo, a los vecinos, a las personas, a la comunidad. La patria son los habitantes de la nación, las personas que la habitan, las que se levantan cada mañana para trabajar, para dar lo mejor de sí mismos a su patria, para engrandecer a la tierra que los vio nacer. Patria es Humanidad significa que nos debe importar la gente, la sociedad, la comunidad, los derechos humanos en general, la vida, la realización y la felicidad de las personas. Ese es el concepto de patria por el que abogamos. Patria es democracia, es participación, es respeto a todos los colectivos, especialmente a los más desfavorecidos. Patria es luchar para conseguir un modelo social de más igualdad, de más justicia social, de más redistribución de la riqueza, de más progreso y de más libertad. Seguro que si todos entendiéramos así la patria, colgaríamos la bandera española en nuestro balcón para reivindicar otras circunstancias, o para protestar ante otras medidas. 

 

Ahora resulta que los que están por su patria se llaman "constitucionalistas", y los que los apoyan, ponen banderas en los balcones. ¿Es que sólo ellos aman a su patria? A toda esa tropa de nacionalistas españolistas (porque lo de "constitucionalistas" es un eufemismo para suavizar y esconder su ideario) habría que decirles que somos muchos los que entendemos la patria, la nación y el pueblo de forma muy distinta a ellos. No es que no amemos a nuestra patria, es que entendemos la patria de otra forma. No es que reneguemos de nuestra bandera, es que nos abrazamos a ella por otras causas. Es que anteponemos la democracia, la fraternidad y la cooperación entre los pueblos, antes que la unión forzada (vestigio de la cruzada de los Reyes Católicos) de los distintos pueblos de España. No es que menospreciemos a nuestro país, es que entendemos que este solar patrio que llamamos España siempre fue un crisol de pueblos y diferentes culturas, que deben seguir siendo respetadas. No es que queramos que España se rompa, es que apostamos por una federación voluntaria y plurinacional entre los diferentes pueblos del Estado. No es que estemos contra las leyes, es que entendemos que las leyes deben estar al servicio de la democracia, y no la democracia al servicio de las leyes. Precisamente porque queremos que nuestra patria sea una buena patria para sus habitantes, estamos en contra de esos que se autodenominan "constitucionalistas", pero que se ponen de acuerdo en precarizar la vida de la gente, en arruinar la vida de las personas, mientras agrandan las cuentas de resultados de las empresas, ésas a las que una bandera española les importa un pimiento en adobo. Estamos de acuerdo con Raúl Solís cuando afirma en este artículo para el medio Paralelo36: "Los que ondean la bandera nacionalista española son los mismos que tributan en Panamá o en Suiza, que rescataron a los bancos por valor de 50.000 millones de euros para salvar España, y que mandan a la policía a dar palizas a abuelas indefensas por el bien de España". 

 

Colguemos pues banderas en los balcones por otros motivos, para protestar por otras circunstancias y por otras medidas. Exhibamos la enseña nacional, entre otras muchas situaciones, ante los reiterados intentos de acabar con las conquistas de la lucha obrera, ante las crueles y despiadadas medidas que nos hunden en la miseria y en la exclusión social, ante la desmesurada y demencial riqueza de unos pocos frente a la mísera pobreza de muchos, ante el indecente e inhumano trato que se les da a los refugiados, ante los recortes y la privatización en los servicios públicos, ante el desmantelamiento de nuestro Estado del Bienestar, ante la perversión de nuestro sistema educativo, ante la progresiva pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, ante el inmenso exilio juvenil por falta de expectativas, ante los escandalosos privilegios de la Iglesia Católica, ante la presencia de un Rey impuesto sin consulta ciudadana, que nos viene desde la negra noche del franquismo, ante el preocupante incremento de nuestro presupuesto de Defensa y nuestra participación en guerras irracionales (que luego causan los terribles atentados terroristas que padecemos), ante la precarización laboral, ante los nuevos trabajadores pobres, ante los incesantes desahucios que dejan en la calle a miles de familias sin hogar, ante la crudeza de los crímenes machistas, ante la galopante desigualdad social, ante el deterioro de nuestro medio ambiente (fiel reflejo de la ausencia de medidas para atajar los graves efectos del cambio climático), y ante cientos de causas más que día a día contribuyen a hacer de nuestra patria un sitio peor donde vivir. Por cada causa injusta a nuestra patria, a nuestra gente, a nuestra ciudadanía, una bandera en un balcón. Nos van a faltar balcones. ¡Y banderas!

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30 octubre 2017 1 30 /10 /octubre /2017 00:00
Por la senda del Pacifismo (74)

Instalada en el disparate, la UE, en su versión Mr. Hyde –la OTAN- no cesa de ampliar el cerco militar promovido por EEUU en torno a Rusia, como si cada base militar, despliegue de tropas o emplazamiento de misiles fuera juego de niños y Rusia el tonto de la clase. El impresentable embargo informativo oculta que Rusia terminará de modernizar su ejército en 2020 y, más importante aún, que Rusia y China caminan hacia una alianza estratégica que cambiará el curso del mundo. En julio pasado, el presidente de China, Xi Jinping, afirmó que “Rusia y China pueden crear una alianza ante la cual la OTAN sea débil”. De no existir el embargo informativo, esta afirmación hubiera sido noticia de primera plana. Una alianza ruso-china (a la que habría que sumar a Irán, las repúblicas centroasiáticas y unos cuantos países más), efectivamente haría de la OTAN un enano inútil y a Europa una subregión cuyo único destino, en caso de guerra, sería ser abatido campo de batalla, en el que los vivos envidiarán el destino de los muertos

Augusto Zamora R.

Hemos introducido la filosofía imperialista en las últimas entregas, y vamos a dedicarnos a continuación a exponer lo sustancial de lo que se considera el brazo armado del mismo, que no es otro que la OTAN, una organización creada por y para la guerra. Pero comencemos por la entrada de nuestro propio país en dicha organización. Recientemente se cumplieron 30 años de nuestra engañosa entrada, y digo engañosa de cara al pueblo. Nos lo recordaba Carlos del Castillo en marzo de 2016 en este artículo para el medio Publico, donde relataba esa "crónica del engaño", como él mismo la llamaba. Vamos a basarnos a continuación en su exposición. Teníamos el precedente de la antigua UCD, que metió a España en la OTAN con tan sólo un 18% de apoyo social. Un año después, el PSOE ganó las elecciones prometiendo a los ciudadanos una consulta, en la que terminó abogando por nuestra permanencia bajo tres condiciones. Tres décadas después, se han incumplido todas ellas, y hasta se ha instalado un imaginario colectivo que responde a la idea de que estar en la OTAN es lo sensato y lo seguro, y salirnos sería poco menos que demencial. NATO (por sus siglas en inglés) es una organización creada en 1949 en el contexto de la Guerra Fría, es decir, de la relajación entre los dos bloques (el bloque occidental con Estados Unidos al frente y sus aliados, y el bloque soviético formalizado en el Pacto de Varsovia, que ya dejó de existir) tras la Segunda Guerra Mundial. En aquéllas calendas, ante el temor a la maquinaria de guerra soviética y la expansión del comunismo, se formó la OTAN como una alianza militar intergubernamental por la que los países firmantes se comprometían a defenderse mutuamente ante una agresión armada contra cualquiera de ellos. 

 

Un total de 12 países la ratificaron originariamente: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Gran Bretaña. Poco a poco esta "alianza" se fue ampliando, hasta llegar a conformar la actual agrupación de 28 países, que dada la "amenaza global del terrorismo", considera que el espacio de seguridad euro-atlántico incluye todo el planeta. Por ello, está preparada para intervenir militarmente en todo el mundo. España entró a formar parte de la OTAN a principios de 1982. El Gobierno de la UCD de Leopoldo Calvo Sotelo firmó la adhesión en diciembre de 1981. Tan sólo dos meses antes, un sondeo publicado por El País recogía que sólo un 18% de la población española se mostraba favorable a entrar en dicha organización, mientras que el 52% se declaraba abiertamente en contra y el 30% no sabía o no contestaba. Y como decíamos, una de las propuestas estrella del programa electoral con el que el PSOE de Felipe González se presentó a aquéllas Elecciones Generales de 1982 (y que arrasó con una victoria ejemplar, lástima que dinamitara posteriormente toda su confianza) era la celebración de un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN. Sin embargo, en menos de 5 años, el líder "socialista" pasó de abogar por el abandono de la Alianza, a defenderla fervientemente, llegando incluso a amenazar con abandonar el Gobierno (recuérdese su frase "El que quiera votar que no, que piense antes qué fuerza política gestionará ese voto"). Con la distancia que nos proporciona el tiempo comprendemos ahora mejor esa transformación de González, pues es coherente con el resto de traiciones al ideario socialista, así como los ataques a las conquistas de la clase trabajadora que se perpetraron durante sus tres mandatos. 

 

El Informe "Treinta Preguntas sobre la OTAN. Treinta años después del Referéndum", elaborado y publicado por el Centre Delàs d'Estudis per la Pau (que tomaremos como referencia para los subsiguientes artículos) resalta lo siguiente sobre el famoso cambio de rumbo del PSOE de González sobre la OTAN: "Si en 1981 el PSOE defendía que España debía colaborar con el equilibrio internacional no ingresando en la OTAN, en 1984 argumentaba que debía hacerlo permaneciendo en ella; y si en 1981 alegaba que la OTAN legitimaba las dictaduras portuguesa, griega y turca, en 1984 afirmaba que la OTAN reunía países democráticos". Y se quedaban tan panchos. No pasaba nada. El pacifismo del PSOE se había ido a hacer puñetas, al igual que su federalismo, su republicanismo y su marxismo. Así nos ha ido. En realidad, la explicación está clara: si quería gobernar, debía responder perfectamente a lo que se esperaba para la otra pata del bipartidismo reinante, y olvidar ciertos preceptos para abrazar otros. Y así lo hizo. Y lo continúa haciendo. Véase si no su comportamiento ante lo que ellos llaman el "desafío soberanista" catalán, cantando al unísono con el PP. En el documento de referencia se asegura que "El Gobierno del PSOE de Felipe González utilizó toda la fuerza del Estado y los medios públicos para doblegar la voluntad de la población que, en las encuestas, se manifestaba favorable a la salida de la OTAN". Más claro que el agua. De hecho, durante los años precedentes al referéndum (1986), los movimientos pacifistas, antimilitaristas y antiOTAN habían multiplicado su respaldo social, convocando multitudinarias manifestaciones por toda España. De hecho, la pregunta que se hizo al pueblo español en referéndum fue pensada durante mucho tiempo, para obtener el máximo número de síes posibles. 

 

En efecto, la pregunta en concreto fue: "¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la nación?". Como vemos, se evitó usar el acrónimo OTAN en la pregunta, y a continuación se indicaban las tres condiciones en que (para el Gobierno) era conveniente permanecer en la Alianza. El resultado del referéndum fue de un 52,2% de votos afirmativos (es decir, sí a la continuación de nuestro país en la OTAN), un 39,85% en contra, y un 6,54% en blanco. La participación fue del 59,42% del total de la población censada con derecho a voto. Pero queremos resaltar, como hace Carlos del Castillo en el artículo citado, que de las tres condiciones propuestas entonces en aquél Referéndum, el Gobierno (los sucesivos Gobiernos bipartidistas, para ser más exactos) no han cumplido ninguna de ellas. A saber:

 

PRIMERA CONDICIÓN.- La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada. En el año 1997, bajo el Gobierno de José María Aznar, España se incorporó a la estructura militar integrada de la OTAN. Y en 2016 nuestro país no sólo es ya un miembro militar al completo de la Alianza, sino que es un socio estratégico clave al ser sede de la principal base del AFRICOM (cuerpo estadounidense para la intervención en África, establecido en Morón de la Frontera, Sevilla), uno de los enclaves del Escudo Antimisiles (llevado a cabo durante la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, y situado en la base naval de Rota, Cádiz) y haber efectuado el primer turno de la nueva punta de lanza de la Alianza: una fuerza de 5.000 efectivos terrestres capaces de intervenir en cualquier teatro de operaciones del mundo en un máximo de 48 horas. 

 

SEGUNDA CONDICIÓN.- Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español. No obstante dicha premisa, el propio Felipe González firmó un Convenio de Cooperación con el Reino Unido (país que cuenta con armas nucleares) sólo dos años después del referéndum, que dicta que "ambos Gobiernos otorgarán las autorizaciones reguladas en el presente Anexo sin solicitar información sobre el tipo de armas a bordo de los buques". Además, los barcos "estarán exentos de inspecciones, incluidas las de aduanas y sanidad", tal y como se recoge en el documento citado más arriba. 

 

TERCERA CONDICIÓN.- Se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España. Ésta es quizá la más que gracia nos provoca, pues la escalada ha sido más bien la contraria. Porque el hecho es que tanto el contingente de militares estadounidenses en España, como la presencia de la OTAN, no sólo no ha disminuido, sino que ha aumentado considerablemente. De hecho, debido a la repetida ampliación de los acuerdos con EE.UU. en la última década, los Marines desplegados en Morón se han cuadriplicado. 

 

Como afirma Carlos del Castillo, la historia de la violación sistemática de las tres cláusulas estipuladas en el referéndum de 1986, describen perfectamente la naturaleza perversa y traicionera de las políticas propias del régimen surgido de la Constitución de 1978. En el referido Informe del Centre Dèlas se asegura que "Aquélla derrota cerró de manera definitiva la transición española de la dictadura franquista a la democracia, y los movimientos sociales vieron frustradas sus esperanzas de transformación y ruptura con el viejo régimen. Se puede considerar la integración en la OTAN como el entierro definitivo de las esperanzas de las fuerzas sociales que habían luchado para construir un modelo de democracia más participativo que permitiera intervenir directamente sobre cuestiones de trascendencia. La prueba es que nunca más en España se celebró un nuevo referéndum". Continuaremos en siguientes entregas.

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26 octubre 2017 4 26 /10 /octubre /2017 23:00
Arquitectura de la Desigualdad (61)

La situación de debilidad estructural de las entidades financieras junto al inmenso poder que detenta la banca en los diferentes ámbitos de la sociedad produce una mezcla explosiva que es motivo de inquietud a la vista de la experiencia pasada en los últimos años. Los ciudadanos deben estar muy vigilantes ante las actuaciones de un sector que no ha mostrado ningún tipo de rectificación y sigue dispuesto a todo para mantener sus privilegios. Este cúmulo de prácticas bancarias abusivas representa una gran distorsión del sistema. Para muchos observadores los bancos son los verdaderos antisistema de nuestra sociedad

Andreu Missé

El sistema de rescate público a la banca ha sido (continúa siendo) absolutamente bochornoso. Mientras se desmantelaban empresas públicas, se crearon nuevos organismos públicos para enmascarar todas las ayudas y gestiones ocultas para favorecer a la banca (FROB, SAREB). Y mientras las víctimas de la crisis eran severamente castigadas (reforma laboral, desempleo, precarización, recortes en servicios públicos, privatizaciones a mansalva), la banca recibía ayudas públicas descomunales y escandalosas. El Estado ha constituido el mejor aliado para recomponer los balances de los bancos, cuyo montante en ayudas públicas llegó a alcanzar el 4,2% del PIB en 2015, provocando un aumento de la deuda pública (hablaremos a fondo sobre la deuda en nuestro siguiente bloque temático) del 4,8% del PIB. La guinda del pastel la pone el hecho de que algunos bancos que han recibido miles de millones de euros en ayudas públicas, poco después han sido regalados por un euro a otras entidades. Así que mientras trabajadores, parados y pensionistas, entre otros muchos colectivos, sufrían enormes recortes sociales de todo tipo, los banqueros se autoasignaban millonarias indemnizaciones, recortaban surcursales y personal, se fusionaban con otras entidades, y recibían ayudas públicas del Estado y del BCE. ¿Tendrá algo que ver todo esto con la desigualdad? Es absolutamente evidente. Quizá ningún aspecto como el de la banca para darse cuenta de la proyección de esta terrible arquitectura de la desigualdad social. No sólo no se ha castigado a los culpables de la crisis, sino que se ha continuado tolerando su comportamiento abusivo y delictivo, se le ha apoyado con ayudas públicas, y además, todo el peso de la crisis se ha hecho descansar sobre las espaldas de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

 

¿Qué más tiene que ocurrir para que nos demos cuenta de que vivimos bajo una arquitectura social proyectada hacia la desigualdad? Como nos recuerda Raúl Navas en este artículo para la Revista Viento Sur, es un escándalo y una perversión social que los bancos opten por desahuciar familias como primera opción, mientras conceden prórrogas, refinanciaciones, daciones en pago, e incluso perdonan deudas a grandes constructoras. En octubre de 2015 el Parlamento Europeo aprobó una resolución instando al gobierno español a actuar para evitar los abusos que comete la banca en España, indicando que se habían producido 400.000 desahucios desde 2008, y que 700.000 españoles habían sido víctimas de fraude financiero. Retomo las palabras de Raúl Navas: "La lista y ejemplos de las actividades delictivas de los grandes bancos son interminables. Grandes bancos europeos han sido multados por manipular tipos de interés y mercados de divisas. La Comisión Europea multó en 2013 a Deutsche Bank, Société Générale, Royal Bank of Scotland, JP Morgan y Citigroup, por haber manipulado el Euríbor, Libor y Tibor en su propio beneficio. Este tipo de prácticas no sólo enriquecían a los más ricos, sino que también perjudicaban a millones de familias con hipotecas. En definitiva, de esta forma se producía una gigantesca transferencia de riqueza desde humildes ciudadanos a banqueros". ¿Qué aconsejaría el sentido común, la lógica económica y la justicia social? Pues que el Estado hubiese nacionalizado y democratizado todos los bancos rescatados con dinero público. Lo lógico es manifestar desde los poderes públicos una posición coherente que no permita que dichas situaciones continúen ocurriendo. Con un mínimo de voluntad política, y una buena dosis de valentía, podríamos tener ya configurado un potente sistema de banca pública, con vocación de servicio público, controlado democráticamente (por sus trabajadores y por la propia sociedad), con una revisión de sus prácticas hacia modos y formas éticas de hacer negocio financiero, renunciando a las prácticas estafadoras, corruptas y especulativas. 

 

¿Qué se ha hecho en vez de todo ello? Cuando a Susana Díaz, Presidenta de la Junta de Andalucía y Secretaria General del PSOE andaluz, le preguntaron recientemente en el Parlamento andaluz sobre la posibilidad de crear un polo de banca pública, respondió que ella "no tenía esa visión soviética de la banca". Y se quedó tan pancha. Lo peor de todo es que continúa llamándose "socialista", y aún hay gente que se lo cree. Ahora resulta que los que apostamos por las empresas públicas somos prosoviéticos, peligrosos bolcheviques que estamos fuera de la realidad, raros especímenes a los que hay que controlar. ¿Qué se ha hecho entonces, nos preguntábamos hace un instante? Pues que el Gobierno neoliberal del PP ha nacionalizado algún que otro banco únicamente cuando no ha habido más remedio (es decir, cuando la gestión era un completo desastre, y no hacerlo hubiera creado alarma social), pero a renglón seguido, ha manifestado su firme propósito de volver a privatizar dichas entidades (por ejemplo, Bankia) en cuanto se pueda. La gestión pública les provoca urticaria. Los desmanes de la banca privada no. No en vano, la patronal bancaria es el colectivo empresarial que más se beneficia de las actuales políticas económicas. El informe anual del BPI (Banco Internacional de Pagos) señala a la banca española como la más rentable de toda Europa. En entregas anteriores ya hemos dado cuenta del incremento de beneficios de algunas entidades, y de los sueldos astronómicos de sus directivos. Y es que la banca española siempre ha tenido un poder que se puede calificar de excesivo. Raúl Navas nos recuerda el club de los 7 grandes bancos durante el franquismo: Banesto, Central, Bilbao, Vizcaya, Santander, Popular y Urquijo-Hispano Americano. Y recordemos también que todo el proceso de "bancarización" de las antiguas Cajas de Ahorros desarrollado durante la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero tuvo como objetivo fundamental concentrar aún más el poder sobre la gran banca privada. 

 

Los gobiernos bipartidistas del PP-SOE, lejos de intentar al menos limitar o frenar el desorbitado poder de la banca, han continuado incentivando un proceso de reestructuración y concentración bancaria sin precedentes. A la vez que todo ello ocurre, el proceso de reestructuración bancaria ha supuesto desde 2012 la pérdida de más de 47.000 empleos, y el cierre de casi 10.000 sucursales. Esta es la otra cara de la desigualdad. Y mientras, para que veamos la tremenda incongruencia e injusticia social que ello significa, hemos conocido recientemente que el 48% de los municipios del Estado Español no disponen de ningún banco. Incluso se llega casi al 80% en los municipios de la provincia de Segovia, y al 75% en los de Zamora. ¿Alguien le encuentra algún sentido lógico a todo esto? Volvemos a insistir, por tanto, en que la solución al problema de la banca se encuentra en la creación de un sistema de banca pública. Los ahorros y depósitos del conjunto de la sociedad no pueden ni deben estar únicamente en manos privadas, y en unas manos tan poderosas, y con tan malas credenciales. Hay que aprovechar las miles de oficinas, empleados, sucursales y medios técnicos de la banca ya total o parcialmente nacionalizada (incluso aprovechando la infraestructura de otras empresas públicas, como propone Raúl Navas para el caso de Correos y su antigua Caja Postal de Ahorros), para crear una banca pública mediante una gran red de distribución presencial. Una banca con criterios éticos, con vocación de servicio público, de obra social y cultural (de la que fueron despojadas las antiguas Cajas de Ahorros cuando fueron bancarizadas), de cercanía al ciudadano, de rentabilidad social, alejada de prácticas estafadoras y especulativas, con una plantilla bien dotada, que creara empleo público y que supusiera una clara alternativa al poder desmesurado de la banca privada. 

 

Una banca pública creada de este modo supondría un buen elemento para progresar hacia la cohesión social entre todos los territorios y sus poblaciones, especialmente en las zonas rurales. Una banca pública que funcionara bajo otros objetivos, con otros criterios, mediante procesos de auditoría social, con participación ciudadana, y que estuviera gobernada democráticamente por sus trabajadores y por el conjunto de la sociedad. No queremos decir por tanto una Banca Estatal, sino una Banca Común. Más que de una banca pública, hablaríamos de una banca comunitaria. Una banca que recupere la financiación social para proyectos de interés general, y que vaya repartiendo y debilitando el enorme poderío e influencia de la banca privada. Finalizamos de nuevo con las sabias palabras de Raúl Navas (Secretario General de la Sección Sindical de CGT de Correos en Madrid, y militante de Anticapitalistas): "Es una reivindicación que puede interesar a todo el mundo (salvo a los banqueros), y debería ser un asunto de primer orden en el debate público y en la agenda política. Una banca pública de este potencial, bajo control democrático y social de las inversiones y beneficios, podría ayudar para que los poderes públicos no fuesen prisioneros del gran capital y para poder impulsar políticas económicas y sociales alternativas a los dictados del poder financiero". Continuaremos en la próxima entrega, donde finalizaremos ya con este segundo gran bloque temático (donde hemos expuesto toda la estructura general de la desigualdad, y nos hemos referido a todos sus agentes y políticas asociadas), para comenzar en la siguiente con el tercero, dedicado a la deuda pública de los países como elemento generador de desigualdad. 

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25 octubre 2017 3 25 /10 /octubre /2017 23:00
Contra los Tratados de Libre Comercio (53)

El Capitalismo es una civilización que ha subordinado todos los aspectos de la vida a una maquinaria de acumulación de ganancias. Desde el comercio, la producción, la ciencia y la tecnología, la educación, la política, el ocio, la naturaleza misma, todo, absolutamente todo ha sido pervertido para ser sometido a la dictadura del lucro

Álvaro García Linera

El Tratado de los Pueblos, que estamos describiendo y exponiendo en esta recta final de la serie como alternativa clara a los TLC, prevé un desarrollo normativo posterior de sus principales cláusulas, así como de diversos organismos internacionales (tales como la Corte Mundial sobre Corporaciones Transnacionales y Derechos Humanos), así como una regulación clara, estricta y precisa sobre los crímenes económicos, corporativos y ecológicos. Prevé también la construcción de nuevas relaciones entre los pueblos y la naturaleza, que conduzcan a la implementación de nuevas políticas e ideas económicas alternativas, siempre con la vista puesta en colocar a los pueblos y a la naturaleza, es decir, al planeta, en primer lugar, y no a las corporaciones. Porque hasta ahora, como sabemos (y hemos ido ilustrando en las anteriores entregas), la comunidad internacional, debido al inmenso poderío de las ETN como principales agentes de la globalización capitalista, ha eludido su obligación de crear normas jurídicas específicas de cumplimiento obligatorio para las ETN en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a pesar de la gravedad y recurrencia de las acciones transgresoras de dichos derechos que las empresas transnacionales llevan a cabo con total impunidad. La historia viene de lejos, porque desde la década de los años '70, la Comisión de Sociedades Transnacionales del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas estableció como tareas prioritarias, entre otras, investigar las actividades de las ETN y elaborar un código de conducta internacional para las mismas. Dicho código se discutió durante diez años pero nunca llegó a ver la luz, principalmente por la oposición de las grandes potencias y del poder económico internacional. 

 

En 1998, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos adoptó una Resolución para crear un Grupo de Trabajo que estudiara la actividad y los métodos de trabajo de las ETN en relación con el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo. En uno de los párrafos de dicha resolución se señalaba que uno de los obstáculos que se oponen al ejercicio de esos derechos consiste en la concentración del poder económico y político en manos de las grandes empresas transnacionales. Como era de esperar, las ETN reaccionaron a dicho documento, afirmando que socavaba los derechos humanos, así como los derechos y legítimos intereses de las empresas privadas. También apuntaban que las obligaciones en materia de Derechos Humanos corresponden a los Estados, y no a los actores privados, pero todos sabemos que en realidad es un argumento falaz, pues hemos ido viendo a lo largo de las sucesivas entregas de esta serie, cómo las ETN son las que socavan la democracia, y se oponen a cualquier legislación de los Estados que vele por los derechos humanos, de los animales y de la naturaleza. La ONU designó en 2005 un Relator Especial (una especie de delegado del Secretario General) para estos asuntos, que elevó una serie de informes aprobados en 2011 por Naciones Unidas, pero en ellos figuraba claramente que "no se deriva ninguna nueva obligación jurídica", así como que todas estas recomendaciones no son vinculantes. En una palabra, que las ETN podían seguir haciendo lo que les diese la gana. Como estamos afirmando, necesitamos un marco legalmente vinculante para que puedan regularse y sancionarse las acciones ilegales de las corporaciones transnacionales. 

 

Durante los últimos 40 años, las ETN y los Organismos y Estados que las apoyan han construido una especie de arquitectura de la impunidad, precisamente a través de la jurisprudencia de los propios tratados comerciales y demás legislación interna de los Estados, inspirada (en la inmensa mayoría de los casos) por los dogmas neoliberales. Hoy día las ETN poseen un enorme poder jurídico, económico y político, que vuelve extremadamente complicado el poder elevar una legislación que controle y sancione realmente sus peligrosas actividades. En este sentido, el Tratado de los Pueblos es una alternativa de carácter radical, cuyos objetivos son, por un lado, proponer mecanismos de control para frenar las violaciones de los derechos humanos cometidas por las ETN, y por otro, ofrecer un marco para el intercambio y la creación de alianzas entre comunidades y movimientos sociales para reclamar el espacio público, ahora ocupado por los poderes corporativos. La esencia del Tratado de los Pueblos va unida también a la reivindicación de reglas vinculantes para las ETN y la aprobación de normas (por parte de los Gobiernos) que excluyan al sector privado de las áreas claves para la dignidad humana y la supervivencia de las personas y el planeta, áreas que, como se ha venido exponiendo, no pueden estar sujetas a los principios de mercantilización. En esta propuesta de Tratado alternativo, los pueblos se configuran como sujetos constituyentes de la ley internacional, pudiendo proponer y proclamar nuevos derechos. Un Tratado basado en la responsabilidad y en la ética de las generaciones presentes y futuras, y en la obligación de proteger la Tierra, el propio planeta, el medio ambiente y sus recursos naturales. 

 

El Tratado de los Pueblos también parte de la base de que todos los derechos humanos y las libertades públicas fundamentales ligadas a ellos son indivisibles e interdependientes, de modo que debe prestarse igual atención y urgente consideración tanto a la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles y políticos, como a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Aquí radica una trampa que suelen utilizar muchos Estados de forma recurrente, pues se llenan la boca hablando de derechos humanos, pero sólo se refieren al primer grupo, olvidándose del resto. Esto no es un planteamiento admisible. Todos los derechos humanos han de tener, pues, el mismo grado de consideración. El Tratado también parte de la base, como no podía ser de otra manera, de que los pueblos poseen el derecho a su autodeterminación, y a establecer libremente su destino político, económico, social y cultural, así como acceder libremente al derecho al desarrollo autónomo, armónico, sostenible, autocentrado e inclusivo de sus regiones, al Buen Vivir, a los servicios públicos y a los bienes comunes. Asímismo, el Tratado Internacional de los Pueblos también asume la igualdad soberana entre los diversos Estados, entre los diferentes pueblos y entre hombres y mujeres, junto al reparto equitativo de la riqueza y el respeto a la naturaleza. Todos ellos son principios inspiradores del mismo. Este Tratado de los Pueblos también deja claro, como no podía ser de otra manera, que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (incluido el Derecho Internacional del Trabajo y el Derecho Internacional Ambiental) es jerárquicamente superior a cualesquiera normas sobre comercio e inversiones, sean nacionales o internacionales, por su carácter imperativo y han de ser entendidos como obligaciones de toda la comunidad internacional y para toda la misma. 

 

Esto deja sentado definitivamente, como es evidente, que ninguna norma relativa al comercio de cualquier tipo o forma podrá vulnerar, directa o indirectamente, cualquier precepto o mandato relativo al cumplimiento garantista de todos los derechos humanos. Y en todo caso, los principios jurídicos vinculados a las normas de libre comercio e inversión deben subordinarse a las normas nacionales del Estado receptor, así como a las normas internacionales de derechos humanos. En ningún caso puede permitirse que las posibles disputas entre los Estados y los inversionistas se sometan a la decisión de órganos arbitrales, ya que implican un menoscabo de la protección ya concedida a la soberanía de los Estados, a los derechos de las personas y a los pueblos, por medio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En ningún caso puede invertirse este orden apelando a la supuesta seguridad jurídica de las posibles inversiones. Todo ello deviene en que las normas sobre comercio e inversiones que se muestren incompatibles con el pleno respeto de todos los derechos humanos integralmente considerados, deben ser suprimidas. Como estamos viendo, este Tratado Internacional de los Pueblos se muestra como una poderosa herramienta que, de ratificarse por numerosos Estados de forma progresiva, proporcionará una cobertura garantista al conjunto de los derechos humanos, de las personas, de los pueblos y de la naturaleza, impidiendo que puedan darse situaciones de clara vulnerabilidad de los mismos, amparada en la impunidad que los TLC actuales proporcionan a las empresas transnacionales. Un instrumento legal, internacional y vinculante como este Tratado de los Pueblos, puede suponer un impedimento para que las ETN puedan seguir campando a sus anchas y utilizando la excusa del "libre comercio" para seguir llevando a cabo sus tropelías, abusos y atropellos. Continuaremos en siguientes entregas.

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