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14 marzo 2016 1 14 /03 /marzo /2016 00:00

El gran problema estratégico radica en que muchos pensadores consideran que la izquierda debe centrarse en la construcción de un modelo de capitalismo posliberal. Esta idea obstruye los procesos de radicalización. Supone que ser de izquierda es ser posliberal, que ser de izquierda es bregar por un capitalismo organizado, humano, productivo. Esta idea socava a la izquierda desde hace varios años, porque ser de izquierda es luchar contra el capitalismo. Me parece que es el abecé. Ser socialista es bregar por un mundo comunista

Claudio Katz

Hemos desarrollado ya, hasta la entrega actual, no solamente los aspectos esenciales de lo que puede ser el Socialismo del siglo XXI, aspectos todos ellos que han sido tratados a fondo en artículos anteriores (nacionalización de sectores estratégicos, nuevo modelo productivo, reparto del trabajo, renta básica, trabajo garantizado, repudio de la deuda, etc.), sino también los ejes fundamentales de lo que entendemos debería ser el programa socialista, basándonos en diversas fuentes y autores. Pero lo que hemos repetido hasta la saciedad, de mil formas distintas, e intentándolo razonar desde todos los puntos de vista, es la urgente, absoluta y perentoria necesidad de abandonar el capitalismo. Y es que sin la vocación de intervenir la diabólica lógica capitalista, no habrá jamás auténticas políticas progresistas para la clase trabajadora y la inmensa mayoría social. No es por tanto posible salir de esta crisis desde dentro del capitalismo, mediante "reformas estructurales" de diversos aspectos del sistema, como proponen sus voceros, sino que las transformaciones que nuestra sociedad necesita se deben ligar a la lucha por el socialismo. 

 

No habrá realmente modificaciones sustanciales sobre los asuntos importantes (redistribución de la riqueza, justicia e igualdad social, erradicación del patriarcado, etc.) sin un auténtico régimen socialista de economía planificada, que ponga fin a la anarquía salvaje del capitalismo, y que libere de su dogal a las clases populares. El capitalismo no da más de sí, sólo puede provocar involuciones, fascismos, revueltas populares, crisis económicas, guerras  imperialistas, represión de los derechos y libertades fundamentales, empobrecimiento de las clases populares y trabajadoras, y destrucción del tejido social y productivo. La única alternativa es el socialismo. Frente a los que nos acusan de ser la izquierda obsoleta, anticuada, trasnochada o fracasada, hay que decir que los que en verdad han fracasado han sido todas las oleadas de economistas neoliberales que pretendieron perpetuar el capitalismo, tanto en su versión reguladora como en su versión financiarizada. Nuestra lucha debe ir por otros derroteros, si pretendemos alcanzar otro mundo posible, que funcione bajo otros parámetros económicos, pero también políticos y sociales. Nuestra lucha debe ser por conseguir una sociedad donde los medios de producción sean de propiedad social (ya hemos explicado este concepto en artículos anteriores, así como en nuestra serie de artículos "Objetivo: Democracia"), donde la economía funcione de manera planificada y controlada por el conjunto de la sociedad, teniendo como objetivo la satisfacción plena de todas las necesidades sociales básicas para todo el mundo, y no el aumento de los beneficios de la gran clase capitalista. 

 

No existen, por tanto, atajos, ni reformas suaves del sistema, para hacer al capitalismo más humano, más sensible o más ecológico. Y aunque el estallido de esta última crisis ha sido provocado directamente por diferentes burbujas inmobiliarias y financieras, que han estallado sucesivamente a escala mundial, lo cierto es que ya estábamos sufriendo una crisis de sobreproducción clásica, propia del capitalismo, como consecuencia de la existencia de demasiados medios de producción, no desde el punto de vista de las necesidades sociales, sino desde el punto de vista de la rentabilidad de los capitalistas. Y así, la crisis se presenta como la solución "natural" del capitalismo, consistente en la destrucción de buena parte de esas fuerzas productivas, para su eliminación y reorganización de las restantes, y la imposición de peores condiciones laborales, para restituir la tasa de ganancia de las empresas, para todo lo cual es decisivo la ampliación del ejército de reserva (los parados) y el recorte de los derechos sociales, laborales, económicos, políticos y medioambientales. La mal llamada "economía de libre mercado", el gran tótem capitalista, ha demostrado con creces que no es capaz de acabar con el desempleo, sino que más bien al contrario, lo genera y lo incrementa porque lo necesita para mantener bajos los salarios y la protección social. Hay que sustituir este demencial sistema por un sistema más justo, más racional, más sostenible y más humano. 

 

Esta "economía de libre mercado" debe ser sustituida por una planificación democrática de la economía como mecanismo fundamental para decidir las inversiones y la asignación de recursos, así como la redistribución justa y equitativa de la riqueza que se crea. Y esto es lo que de verdad permitiría la restauración de las condiciones dignas de trabajo, tales como la reducción de la jornada laboral, el reparto del trabajo, la garantía del mismo, la renta básica, el adelanto de la edad de jubilación, la dignificación de rentas, salarios y pensiones, la política fiscal progresiva, el incremento de los servicios públicos hasta el nivel de las demandas sociales reales, el desarrollo de un nuevo sector productivo público y ecológicamente sostenible, la creación de un parque de vivienda protegida para alquiler social a precios asequibles, y un largo etcétera de objetivos que ya hemos enumerado en multitud de ocasiones. Y de un modo colateral, esta planificación democrática de la economía también permitiría (al recuperar el consumo y el poder adquisitivo de la clase trabajadora) una recuperación de la pequeña y mediana empresa y del tejido de los trabajadores autónomos, propiciando sobre todo el florecimiento de las pequeñas y medianas empresas cooperativas que se complementarían con un amplio sector público en los sectores productivos estratégicos y fundamentales. Y además, todo ello contribuiría a que los derechos fundamentales de la población quedaran protegidos, pues al desterrar la lógica del beneficio empresarial, las grandes empresas de propiedad social enfocarían su labor hacia la satisfacción de las necesidades sociales. 

 

El círculo se cerraría. Todo ello a su vez contribuiría a una nueva redistribución de la riqueza bajo otro prisma, bajo la óptica de la igualdad y de la justicia social, en beneficio de la inmensa mayoría social, reduciendo drásticamente las desigualdades, y por ende todas las maléficas consecuencias que ellas provocan. Pero como decimos, la auténtica llave para conseguir todo ello es provocar un cambio en las relaciones de propiedad, porque en caso contrario, si seguimos mareando la perdiz, y tratando a los grandes empresarios como los dioses del sistema, todas las demás transformaciones serán ineficaces y baldías, además de absurdas y fallidas, porque no podrán llevarse hasta sus últimas consecuencias, pues los grandes capitalistas las rechazarían precisamente porque suponen una reducción drástica de sus beneficios, y entonces tratarán de impedirlas o revertirlas por todos los medios. De hecho (y sin llegar aún a esa fase), ya estamos asistiendo a campañas de hostigamiento político, social y mediático hacia las formaciones políticas de la izquierda que pretenden simplemente llevar a cabo una recuperación de los derechos sociales y laborales. Véanse las continuas campañas de desestabilización hacia Venezuela, Ecuador o Bolivia en el plano internacional, o las campañas de desprestigio en España hacia PODEMOS (que, como decimos, aún no ha planteado un auténtico programa socialista). Continuaremos en siguientes entregas.

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12 marzo 2016 6 12 /03 /marzo /2016 00:00

Escribo desde Málaga, mi ciudad, que está protagonizando estos días, desgraciadamente, una ola de insolidaridad intolerable frente al conflicto de los trabajadores de LIMASA, la empresa pública de limpieza de la ciudad. De hecho, de entre todas las personas que han sido entrevistadas públicamente para los diversos medios de comunicación sobre este asunto, tan sólo he escuchado a una que ha declarado abiertamente: "Defiendo a los trabajadores". El resto de declaraciones han ido en la lamentable línea de siempre: "Esto es una vergüenza", "Esto es una indecencia", "Esto es un chantaje de los trabajadores", "La ciudad está hecha un asco", "Esto es intolerable con la Semana Santa en puertas", "Los comerciantes estamos hartos de soportar la basura a la puerta de nuestros locales", "Los malagueños no nos merecemos esto", "El olor se mete en mi casa", "El hedor de las calles es insoportable", y un largo etcétera de manifestaciones en este mismo sentido. El pensamiento dominante puede anotarse, de nuevo, un tanto a su favor: ha conseguido que deje de existir no sólo la conciencia de clase trabajadora, sino también que, ante conflictos laborales, el resto de la ciudadanía se manifieste en contra de los derechos de los trabajadores. 

 

Podría objetarse a ello que el servicio que realizan los empleados de LIMASA es un servicio público fundamental, como es la recogida diaria de la basura de las calles, pero precisamente por ello nos deberíamos preguntar: ¿No tienen entonces derecho a la huelga estos trabajadores? ¿No deberíamos apoyar sin fisuras su lucha y su causa, en vez de argumentar que bastante tienen con lo que tienen? ¿No deberíamos alinearnos en su defensa, pensando que también es nuestra lucha? Lo hemos hecho con los mineros, con los trabajadores de Panrico, con los bomberos forestales (BRIF) contratados por TRAGSA, con los trabajadores de la fábrica de Coca-Cola de Fuenlabrada, con los falsos autónomos de las subcontratas de Telefónica-Movistar, lo estamos haciendo todos los días con miles de conflictos laborales que se dan en nuestro país...¿entonces qué es lo que ocurre? ¿Quizás que cuando las consecuencias de la huelga nos afectan directamente como ciudadanos ya dejamos de alinearnos con la defensa de dichos trabajadores? Claro, parece que no es lo mismo adherirse a la lucha de los trabajadores autónomos subcontratados de Movistar, que no nos afecta para nada, que adherirnos a la huelga de unos trabajadores que nos están dejando nuestros portales llenos de bolsas de basura...Pero precisamente en situaciones como ésta es donde se ve realmente de qué pasta está hecha la ciudadanía, y hasta qué punto estamos perdiendo el norte de la solidaridad laboral.

 

El conflicto de la huelga de los trabajadores malagueños de LIMASA viene de lejos. Hace unos dos años, el Ayuntamiento de la ciudad (gobernado desde hace casi dos décadas por Francisco de la Torre, del PP, ahora en coalición con CIUDADANOS) prometió a estos trabajadores varias cosas, incumplidas hasta ahora. Por ejemplo, que iban a recuperar una de las pagas que se les había expropiado dentro de dos años (es decir, en 2016), o que si accedían a rebajarse su sueldo (un sueldo normal y corriente, establecido por Convenio), el Ayuntamiento reforzaría las plantillas con personal procedente de subcontratas. Nada de ello se ha cumplido por parte del Ayuntamiento, y los trabajadores ya están hartos. La huelga estalló hace diez días, es apoyada por la práctica totalidad de los trabajadores, se están cumpliendo los servicios mínimos, y después de varias jornadas negociadoras, el conflicto, lejos de solucionarse, se ha enconado aún más, aunque según últimas noticias, parece haber un principio de preacuerdo. No obstante y al momento de escribir este artículo, la huelga no se ha desconvocado, lo que ha provocado ya la quema de varios contenedores, algunas personas detenidas por la policía, y varias protestas ciudadanas a la puerta del Ayuntamiento, donde incluso se han llegado a las manos. 

 

En vista de ello y desde hace dos días, el Ayuntamiento ha procedido, ante la alarma de falta de salubridad, a la contratación de una empresa externa para que se encargue de la recogida de la basura hasta nuevo aviso, lo que ha provocado las lógicas protestas de los trabajadores de LIMASA. De entrada, es una decisión ilegal e ilegítima, pues no se puede contratar a una empresa para realizar los servicios que lleva a cabo otra empresa en situación de huelga. Pero más allá de ello, lo que se genera es una situación de absoluta indefensión de los trabajadores, pues se diluye la propia utilidad de la huelga laboral como herramienta de presión, de defensa y de reivindicación de los mismos (lo cual es un derecho constitucional), y deja de realizar su función principal, que no es otra que ser un instrumento de fuerza de la clase trabajadora ante los abusos de la patronal. Para más inri, parece ser que la empresa contratada para tales funciones es propiedad de un familiar de una concejala del consistorio malagueño, lo cual cierra el círculo de la contratación odiosa e ilegítima. En el fondo, tenemos el mismo planteamiento de siempre, que se resume en los intentos de una Administración Pública de ningunear a los trabajadores, y de externalizar unos servicios públicos fundamentales,  para poder precarizar mejor las condiciones de trabajo. 

 

Y ante ello, el conjunto de la ciudadanía malagueña, que debiera haberse levantado en defensa de los trabajadores de LIMASA, está teniendo un comportamiento completamente despreciable, alineándose con los intereses de sus comerciantes, y proclamando escandalosas soflamas como que los trabajadores de LIMASA "son unos privilegiados", o directamente "unos vagos que no quieren trabajar". Se les está incluso comparando con el resto de trabajadores precarios de empresas privadas, por lo visto para que se solidaricen con ellos, y entiendan que no pueden "abusar de sus privilegios". Absolutamente intolerable. Se está dando la falsa imagen de que los trabajadores de LIMASA son unos desalmados, frente a un Ayuntamiento consciente, negociador y preocupado por sus intereses. Pero ante todo ello, pregunto a los lectores: ¿conocen algún conflicto laboral donde los trabajadores alegremente vayan a la huelga sin razón? O si quieren, preguntémoslo a la inversa: ¿conocen algún conflicto laboral donde la empresa lleve la razón y los trabajadores sean unos insensatos? Creo que no se ha dado todavía en la historia de la humanidad. En fin, la lucha sigue, y sigue siendo, como siempre, no sólo la lucha de LIMASA, sino la lucha de toda la clase trabajadora, y ante ella, ningún trabajador/a ni ciudadano/a en general deberíamos ser insensibles. ¡POR LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DE LIMASA! ¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!

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11 marzo 2016 5 11 /03 /marzo /2016 00:00

La misma lógica que explota clases y somete naciones es la que depreda los ecosistemas y extenúa el planeta Tierra

Leonardo Boff

Habíamos comentado en el artículo anterior de la serie el concepto de "Fiscalidad Sostenible", y vamos a hacer referencia a él a continuación, con un poco más de profundidad. A pesar de la existencia de numerosos instrumentos económicos y fiscales reconocidos por las diversas Instituciones y los expertos como herramientas eficaces de política ambiental, éstos no han sido aplicados ampliamente. Es urgente, pues, desarrollar un modelo de fiscalidad verde que desplace la presión fiscal sobre el trabajo hacia el consumo de recursos naturales y el deterioro del medio ambiente. Asímismo, es necesario penalizar la contaminación y primar los comportamientos ambientalmente adecuados. Se trata, en suma, de condenar socialmente las prácticas depredadoras de la naturaleza, para que deje de salir gratis la ejecución de dichas políticas y de dichos comportamientos. Básicamente, las medidas podrían ser las siguientes:

 

1.- Promover beneficios fiscales a la gestión y cerfificación forestal, agraria y pesquera. 

 

2.- Implantar un Impuesto de Matriculación sobre la base de las emisiones de los vehículos, así como un Impuesto de Circulación configurado sobre la base de las emisiones contaminantes.

 

3.- Implantar un Impuesto sobre el Cambio de Uso del Suelo. 

 

4.- Implantar un Impuesto para el Servicio de Gestión de Residuos, definiendo las tasas sobre la base de criterios ambientalistas. 

 

5.- Implantar un Impuesto Sobre el Vertido y la Incineración.

 

6.- Readaptar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de forma modular, en función de la certificación energética de la vivienda. 

 

7.- Penalizar las viviendas vacías con un incremento del IBI, tanto a la banca privada como a los grandes propietarios. 

 

Y así, llegamos al gran concepto, también mencionado de pasada en el artículo anterior, de lo que podríamos denominar como "Democracia Ambiental". Se trata por tanto de articular un sistema, una sociedad donde la justicia ambiental cobre su auténtico protagonismo y significado, porque sólo de esta forma tendremos una sociedad realmente consciente de la gravedad de los problemas ambientales, y su imperiosa necesidad de impedirlos. Hay que llevar a cabo las reformas necesarias en nuestras Instituciones Públicas para dar un salto cualitativo en la gobernanza ambiental en nuestro país, entendido como un proyecto de renovación y maduración democrática de varias legislaturas. Es prioritario corregir el incumplimiento repetido de la normativa ambiental, con frecuencia procedentes de Directivas Europeas que son competencia de las Comunidades Autónomas, que perjudica la imagen del país, el bienestar humano, el progreso y la economía. Además de la corrupción y del mal uso de fondos públicos, se detectan otros problemas graves asociados a la transparencia, la participación pública y la justicia, que se deberían reconocer y debatir antes de implantar soluciones consensuadas. Bien, a tenor de todo ello, las principales medidas para implementar un sistema de democracia ambiental podrían ser, entre otras muchas, las siguientes:

 

1.- Definir organigramas y procesos en los gobiernos ejecutivos y parlamentos que faciliten la coordinación y la coherencia entre las políticas ambientales y demás políticas, y entre las Instituciones autonómicas y estatales. 

 

2.- Publicar un Memorándum Ambiental para acompañar los presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma y los Proyectos de Ley más significativos. 

 

3.- Disponer de información actualizada y fácilmente accesible, en registros públicos e informes anuales de recopilación, sobre el estado actual y las tendencias del medio ambiente, las causas de mejora o declive, y las medidas tomadas para estudiar, mantener y mejorar la calidad ambiental. 

 

4.- Establecer planes transparentes de cumplimiento de la normativa ambiental, con objetivos, presupuestos, medidas, responsabilidades y rendición de cuentas periódicamente a la ciudadanía. 

 

5.- Publicar las actas de todas las reuniones de órganos de debate y toma de decisiones con implicaciones para el medio ambiente. 

 

6.- Fomentar la participación pública activa en los debates y la toma de decisiones con relevancia ambiental. 

 

7.- Garantizar la presencia de organizaciones de defensa ambiental en los órganos de participación relacionados con el medio ambiente.

 

Finalizaremos esta serie de artículos en su próxima entrega. 

 

 

Fuente principal de referencia: Documento "Un Programa por la Tierra"

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10 marzo 2016 4 10 /03 /marzo /2016 00:00

Berta fue una mujer excepcional, lideresa nata que condujo a su pueblo Lenca más allá de las reivindicaciones básicas, para elevarlos a la conciencia de pueblo indígena, de pueblo digno, de pueblo con derechos y con voluntad para defenderlos

Guido Eguigure

Honduras era su país, Lenca era su pueblo, Berta Cáceres era su nombre. Ha ocurrido quizá en el país más peligroso del mundo, donde la desigualdad, la represión y la impunidad campan a sus anchas. El gran capital hostiga, explota, acecha, amenaza, soborna, chantajea, y utiliza todos sus resortes contra los osados (sean personas u organizaciones) que se atreven a cuestionar su poder y su fuerza. Y cuando todo ello no les vale, como en el caso de Berta Cáceres, recurren al asesinato directo, frío, vil y traicionero. Y así, la gran dirigente indígena y luchadora incansable de los movimientos ambientalistas de su región, ha sido asesinada de forma violenta, y con ello, el capital ha eliminado el obstáculo que ella representaba, un obstáculo para quienes continúan ejerciendo un sistema de dominio y explotación para el pueblo hondureño. El antes y el después lo podemos fijar en el derrocamiento del Gobierno de Manuel Zelaya, en 2009, desalojado del poder mediante un cobarde Golpe de Estado perpetrado, como siempre, por las fuerzas desestabilizadoras del capital. Berta había participado encabezando las protestas contra dicha usurpación ilegítima del poder. 

 

Berta siempre lo tuvo claro, porque de casta le viene al galgo. Ella pertenecía a la mayor etnia indígena de Honduras, y su madre, Berta Flores, según nos cuenta la Wikipedia, fue partera, enfermera y alcaldesa, y dio amparo a muchos refugiados procedentes de El Salvador. Según la tradición lenca, los espíritus femeninos están en los ríos, y las mujeres son sus principales guardianas. Quizá por ello el espíritu de Berta seguirá siempre vivo, iluminando las siguientes generaciones de activistas. Berta siempre denunció la expropiación de los territorios a su gente, así como las carencias en los sistemas de salud y agrícola, y rechazó la instalación de bases militares estadounidenses en el territorio hondureño. Por todo ello, Berta estaba situada en el ojo del huracán. En abril de 2015, Berta Cáceres fue galardonada con el mayor reconocimiento mundial que se otorga a los activistas medioambientales, el Premio Medioambiental Goldman. Berta era una hermosa flor de la Humanidad, una flor que ha sido cortada, pero parafraseando al maestro Pablo Neruda, aunque corten todas las flores, no detendrán la primavera. 

 

En Honduras existe, como en tantos otros lugares de América Latina, un Gobierno corrupto arrojado en manos de las fuerzas vivas del capital, formado por la oligarquía hondureña, apoyada por el soporte y la complicidad de las grandes empresas transnacionales y, por supuesto, por el criminal gobierno norteamericano. Pero Honduras y sus pueblos indígenas y nativos constituyen un rico arsenal de naturaleza viva, en constante enriquecimiento, pero también en constante destrucción por parte de estos agentes del capitalismo más salvaje y depredador. Y cuando, como en el caso de Berta, les salen auténticos líderes populares, valientes contestatarios que se enfrentan a su indecente poderío, ellos siguen recurriendo al crimen para eliminar a todos aquéllos y aquéllas que molestan a sus negocios, que alzan su voz rebelde, que se atreven a enfrentarse a su poder, que intentan frenar su demoledora y destructiva capacidad. Y así, los gobiernos hondureños continúan asesinando impunemente, con la ayuda de estos voceros del capitalismo, de estos grandes agentes de la malvada "globalización", de estos siervos de la destrucción y de la codicia. 

 

De hecho, antes que Berta, decenas de periodistas reivindicativos, de campesinos rebeldes, de activistas sindicales y de líderes de movimientos populares, así como defensores de los derechos humanos, activistas animalistas, defensores ecologistas, maestros, ambientalistas, y un largo etcétera de activistas sociales han sido el blanco de los asesinatos de esta mafia capitalista. Lo más triste de todo es que su impunidad es prácticamente total. Nada les impide llevar a cabo sus fechorías. Nada puede ensombrecer su poder. Los crímenes suelen quedar impunes, nada se investiga con la suficiente entidad, nada se esclarece, y así la corrupción, el saqueo y el asesinato son moneda de cambio ante la inacción y la pasividad de un Gobierno cómplice que se lava las manos ante tanta barbarie. Y ante ello, seguro que la prensa de los medios de comunicación dominantes no contarán esta noticia, seguro que no saldrán grandes voces a escandalizarse ante tanta corrupción, seguro que ningún dirigente político del mundo "occidental" y "civilizado" alzará su voz para denunciar tanto salvajismo, tanta injusticia y tanta impunidad. Seguro que ante el asesinato vil y despreciable de Berta no saldrán los grandes "defensores de los derechos humanos" para denunciar a la mafia capitalista hondureña y a sus cómplices de tan horrendo crimen. 

 

Como nos cuenta Carlos Iaquinandi desde SERPAL, Berta Cáceres fue una de las fundadoras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en 1993. Encabezó las movilizaciones contra los megaproyectos de grandes empresas mineras y energéticas, cuyas prácticas depredadoras intentaban aniquilar los ecosistemas naturales de los pueblos nativos de la región, así como expoliar los recursos naturales de los mismos. De hecho, había conseguido en varias ocasiones desmontar los planes de varias grandes empresas hidroeléctricas. Era frecuente verla, megáfono en mano, lanzando al pueblo sus mensajes, para concienciarles de sus derechos, y de las desastrosas consecuencias de lo que las grandes empresas venían practicando en sus territorios históricos. Y así, Berta luchó y defendió el agua, los ríos, la tierra, los bosques, en fin, la misma naturaleza que ella había vivido y habitado desde pequeña, y que había sido contexto natural de la convivencia de estos pueblos indígenas. En palabras de su propio hermano: "Ella defendía la riqueza indígena, los árboles, las aves, el agua, el derecho para que la gente tuviera un vaso, un plato de comida, calzado, etc. Su única arma era su voz". Y de madrugada, diversos testigos señalan que dos sicarios forzaron su vivienda, asesinando despiadamente a tiros a la dirigente indígena. Todo ello tiene la pinta de otro asesinato por encargo, el habitual procedimiento que se ejecuta contra los activistas sociales hondureños. Hasta siempre, Berta, tu muerte es la muerte de millones de activistas por todo el mundo, que luchan incansablemente contra las fuerzas del capital, y tu muerte también es la de todos nosotros, lo que creemos y luchamos por otro mundo, otro mundo que es posible y necesario. 

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8 marzo 2016 2 08 /03 /marzo /2016 00:00

El TTIP complementa a nivel económico lo que hace la OTAN a nivel militar y estratégico. Si la OTAN es el actor global que apoya militarmente a los gobiernos para garantizar el acceso a recursos, sobre todo petróleo y minerales, a través de intervenciones militares con que lograr el control sobre Estados a los que someten para, más tarde, expoliarlos y empobrecerlos (Somalia, Mali, etc.), el TTIP hace lo mismo con la economía, utilizando estándares compartidos e imponiéndolos con estrategias de guerra, tanto a países del exterior como del interior, en contra, incluso, de las poblaciones de la UE y los EE.UU.

Francisco Sánchez del Pino y Manuel Montejo López

Continuando en torno a la gravedad de la deriva a la que el TTIP llevará los servicios públicos, sólo hay que acudir a su propia declaración de intenciones, que afirma textualmente que "El objetivo debe ser el de obligar al más alto nivel de liberalización que cada parte ha logrado en los acuerdos comerciales negociados hasta la fecha", lo cual da idea clara de sus perversos objetivos. Y es también literal cuando afirman que "Las estimaciones muestran que el 80% de las ganancias potenciales globales de riqueza de un acuerdo comercial, provendrá de la reducción de costes impuestos por la burocracia y las regulaciones, así como de la liberalización del comercio de servicios y la contratación pública". Es absolutamente evidente lo que siempre hemos proclamado, y que ya no se cortan un pelo en declararlo abiertamente, que no es otra cosa que su salvaje pretensión de acabar con el monopolio de los servicios públicos, para integrarlos en el registro de productos, bienes y servicios mercantilizables. Pero como venimos contando, el TTIP (si ve la luz finalmente) será una nueva generación derivada de tratados comerciales anteriores, que vienen sentando peligrosas bases de empoderamiento empresarial e industrial en detrimento de la soberanía de los Estados firmantes, así como de la democracia popular. 

 

Un buen antecedente, que ya hemos citado en artículos anteriores, es el CETA. El CETA es un acuerdo transatlántico entre Canadá y la UE suscrito finalmente en septiembre de 2014, y que sin contar con la participación ciudadana, afecta a la protección de la propiedad intelectual, los productos farmacéuticos, los derechos de los inversores, las compras del sector público, las políticas de compra local de alimentos, la regulación financiera, el movimiento temporal de trabajadores domésticos y los servicios públicos, entre otras muchas materias. Y como afirma el documento de CC.OO. que analiza estos tratados comerciales: "Este acuerdo supone sacrificar el interés público en beneficio de las grandes corporaciones, especialmente en los sectores de la construcción, la minería, el petróleo, el gas, las telecomunicaciones y aquéllos otros sectores donde existe una regulación marco de los gobiernos respectivos. Lo más destacable de este acuerdo es que ha sentado las bases de lo que pueda ser el TTIP, introduciendo la cláusula de protección a la inversión y especificando, por ejemplo, lo que significa la expropiación de los recursos". A falta de la ratificación (sin posibles enmiendas) de todos los Estados miembros, si finalmente es aprobado en el Parlamento Europeo y en el Consejo, el CETA podría entrar en vigor en este mismo año. 

 

En la misma línea o parecida tenemos al TISA (Trade Investment Services Agreement), acuerdo que se está negociando, esta vez de forma multilateral. Estados Unidos es uno de los 23 países que está negociando y promoviendo este acuerdo de servicios. El TISA abarca una amplia gama de servicios y actividades de transporte, telecomunicaciones, construcción, comercio, ingeniería, suministro de energía, distribución de agua, marketing, publicidad, conservación de la naturaleza, entretenimiento, museos, educación, salud, servicios funerarios, etc. Se estima que los países suscriptores de este acuerdo tendrán que liberalizar los servicios en casi la totalidad de los sectores, de acuerdo con sus postulados. Desde el punto de vista jurídico y social, hay que concluir que tanto el TISA como el TTIP rompen las reglas básicas de la democracia, en tanto que no respetan la soberanía de los Estados. Por contra, la finalidad de estas negociaciones es garantizar los derechos de las grandes corporaciones a ambos lados del Atlántico, en ningún caso defender los intereses de los ciudadanos y ciudadanas europeas, que han sido precisamente quienes les han legitimado para ostentar dicha representación. Todo ello socava profundamente los cimientos democráticos, además de violar flagrantemente el Tratado Fundacional de la Unión. 

 

Y aún cuando los respectivos Gobiernos conservarían el derecho "formal" de crear nuevos servicios públicos o ampliar los existentes, todos estos acuerdos y tratados comerciales harían que todo ello fuese mucho más difícil y costoso. En nuestro país, y con el reciente y grave antecedente de los cambios normativos para las Administraciones Locales, hay que decir que el TISA limitaría y quizás incluso prohibiría la remunicipalización de dichos servicios, ya que impediría que los gobiernos crearan o restablecieran la gestión directa o en exclusiva de los servicios públicos, incluso que diseñaran formas de prestación de servicios similares "no competitivas". Así, y basándose en los precedentes del AGCS (quizá el precursor histórico de los acuerdos comerciales), el TISA prohibirá los monopolios públicos y los proveedores exclusivos de servicios en sectores ampliamente comprometidos, incluso a escala regional y local. Por ejemplo, su cláusula de "status quo" bloquearía los niveles actuales de liberalización de los servicios en cada país, prohibiendo que cualquier disposición relativa a los servicios públicos basada en el mercado, pudiera ser modificada para pasar a estar basada en el Estado. Como vemos, estos tratados comerciales suponen un claro "cruce del rubicón" para estos asuntos. 

 

El TISA no prohibiría por tanto la gestión pública de los servicios, pero sí la creación de entidades públicas para su gestión, en sectores que están actualmente abiertos a la competencia del sector privado. Y por su parte, la cláusula "de trinquete" bloquearía automáticamente cualquier medida futura adoptada para liberalizar los servicios en un determinado país. No obstante, si un determinado Gobierno decidiera privatizar un servicio público, ese Gobierno ya sería incapaz de volver a un modelo público para dicho servicio en el futuro. El punto más determinante no es siquiera que la gestión pública directa (por parte del Estado) tenga que ser siempre la fórmula más apropiada, sino que se mantenga la capacidad, la autoridad y la soberanía de los Estados miembros para poder establecer, en el contexto de su autonomía, nuevos servicios públicos de su catálogo, o bien devolver los servicios privatizados al sector público, ya que entonces, estaríamos violando las libertades democráticas fundamentales, llegando a un estadío donde la fuerza y el poder de las empresas quedan por encima del marco de la soberanía popular y de la democracia, como en una especie de esfera superior infranqueable. Hemos de impedir como sea llegar a ese punto, prácticamente irretornable. Continuaremos en siguientes entregas.

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7 marzo 2016 1 07 /03 /marzo /2016 00:00

No se decreta el socialismo, hay que crearlo, hay que construirlo y primero hay que pensarlo, hay que diseñarlo, hay que crearlo, hay que inventarlo, hay que debatirlo, hay que dar la batalla de las ideas

Hugo Chávez

Continuando desde los bloques ya comenzados en el artículo anterior:

 

5.- Lucha por el Derecho a la Vivienda. Hacemos un destacado sobre este asunto, pero en general, la lucha no es sólo por el derecho a la vivienda, sino en general por la plena garantía de todos los derechos humanos, siendo la vivienda uno de los más atacados durante los últimos años, debido a la explosión de la burbuja inmobiliaria, y a la concepción de la vivienda como un bien mercantilizable. Exigimos la abolición de toda legislación del suelo y ordenación urbana promulgada desde la ley franquista de 1956. Supresión de la actual ley de arrendamientos urbanos. Municipalización del suelo para acabar con la especulación urbanística. Sin perder de vista la función social de la propiedad, extender la vivienda social y los alquileres a precios asequibles, no suponiendo nunca un porcentaje superior al 15% del total de la renta familiar. Revalorizar el precio de la vivienda sin superar el IPC. Fomentar el paradigma del alquiler sobre el de la compra en propiedad. Expropiación de las viviendas vacías de los bancos, así como de los grandes propietarios. Derogar la actual legislación hipotecaria, teniendo en cuenta que las hipotecas deben ser bienes sujetos a la protección del que se declara en bancarrota. Dación en pago retroactiva para todas las personas. Garantías de concesión de una alternativa habitacional. Creación de una empresa pública gestora de la edificación de vivienda, y de su alquiler. En nuestro artículo titulado "Orientaciones para una nueva Ley Hipotecaria" podrán encontrar los lectores más información sobre el tema. 

 

6.- Lucha Contra la Corrupción. Debemos comprender la auténtica semilla de la corrupción, y actuar en sus orígenes. Incorporar la prohibición de las puertas giratorias. Desmitificar la corrupción en el ámbito público. Limitar la retribución máxima de los cargos públicos, para que gire en torno al salario medio de un obrero cualificado, limitar las dietas y complementos, reducir el número de coches oficiales, eliminar las pensiones vitalicias para cargos públicos, e integrar los cargos públicos en el Régimen General de la Seguridad Social. Recomiendo a los lectores seguir la serie de artículos "Plan de Choque Contra la Corrupción" que hemos publicado en este mismo Blog, donde hacemos un repaso más pormenorizado a toda la etiología y el conjunto de medidas que se pueden implementar para acabar con esta lacra, teniendo siempre muy presente que es una lacra ligada, como no podía ser de otra forma, al propio capitalismo, y que no podremos acabar con ella en toda su extensión hasta no acabar con el propio capitalismo, el germen que la genera y la alimenta. 

 

7.- Lucha por una Fiscalidad justa y progresiva. De entrada, existen infinidad de mitos y falacias en torno a la política fiscal, que debemos desmontar. Perseguir el gran fraude fiscal y la economía sumergida, que supone casi el 25% del PIB, lo que permitirá generar ingresos adicionales de decenas de miles de millones de euros al erario público. Combatir la fuga de capitales a los paraísos fiscales y considerar como delito con penas de expropiación cualquier movimiento de capitales destinado a eludir la contribución fiscal. Introducir una profunda reforma fiscal auténticamente progresiva, donde pague más quien más tiene y quien más gana, tanto en los impuestos directos como indirectos, reduciendo los impuestos a las rentas más bajas (el IVA a los productos básicos), aumentando el Impuesto de Sociedades de Capital Variable, el IVA a los bienes y servicios de lujo, la fiscalidad de intereses, dividendos y plusvalías, fijar tasas e impuestos al sector financiero y a las transacciones financieras internacionales (ITF), y recuperar el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones. 

 

8.- Lucha por la Paz y contra el fascismo. Aplicar el principio de neutralidad activa. Implementar una reducción drástica de los gastos militares. Salida de la OTAN y de todas sus estructuras. Desmantelamiento de las bases militares norteamericanas y retirada de las tropas españolas de todos los puntos en conflicto. Oposición a las actuales guerras imperialistas en Europa, Oriente Medio y África, y a la financiación del fascismo europeo, así como del fascismo yihadista. Condena expresa y pública a todos los regímenes fascistas, antidemocráticos y a cualesquiera sistemas de apartheid, tales como Ucrania, las monarquías de Oriente Medio o Israel. Oponerse a la criminalización del comunismo y el antifascismo. Practicar una política exterior de solidaridad internacionalista con todos los pueblos del mundo amenazados por el imperialismo norteamericano y europeo. Asímismo, debemos contribuir a un proceso mundial de refundación y democratización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde no se plasme la hegemonía de unos cuantos países poderosos, sino que se constituya en un auténtico foro que represente a la comunidad internacional de forma realmente democrática. 

 

Continuaremos en siguientes entregas.

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4 marzo 2016 5 04 /03 /marzo /2016 00:00

Toda actividad económica, pública o privada, gestionará desde el interés de la comunidad, el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima y toda forma de vida, haciendo un uso y planificación de dichos recursos en beneficio de nuestra generación y de las futuras, eliminando el despilfarro, la sobreexplotación de los recursos y el desarrollismo en beneficio del consumo responsable, la reutilización, el reciclaje y las energías renovables sustitutivas

Carta de Derechos Sociales de Heuskal Herría (fragmento)

Bien, podemos decir que todo lo que hasta ahora hemos comentado en torno a las medidas a adoptar para nuestro Programa por la Tierra convergerían en un nuevo concepto al que podríamos denominar como "Democracia Ambiental". Interesante concepto emergente, que intenta aglutinar el conjunto de políticas de carácter transversal encaminadas a introducir la perspectiva ecosocial en el resto de nuestras propuestas y medidas. Implica reconocer a la propia naturaleza como sujeto político de derechos, y por supuesto, a todos los seres vivos que en ella existen. Ello implica también avanzar hacia una fiscalidad justa y sostenible, y situar la justicia ambiental y social en el corazón de las políticas comerciales, aplicando los principios de lo que se ha dado en llamar el "Ecosocialismo". Pero vayamos por partes. Hoy día, la explosión de los intercambios comerciales de larga distancia, acrecentados durante las últimas décadas, ha provocado graves impactos ambientales y sociales. No sólo los derivados del propio transporte y sus intolerables niveles de emisiones, sino de la revolución que supone para la soberanía de los propios territorios. 

 

El incremento desmesurado del transporte de mercancías, la deslocalización de la producción, la especulación, y en definitiva, un comercio al servicio de los mercados y de las grandes empresas transnacionales, y no de las personas ni de la naturaleza, han puesto en grave riesgo de descomposición los parámetros y ecosistemas naturales. Todo ello, por tanto, si queremos volver a recuperarlos, se debe cambiar para situar a la justicia ambiental y social en el centro de las políticas comerciales. En nuestros días, los Acuerdos de Libre Comercio, bajo todas sus manifestaciones, van sepultando la producción local, los productos y servicios de proximidad, así como el sustento de sus productores, en pro del descomunal desarrollo de las grandes empresas. Y si bien las grandes orientaciones comerciales se deciden en otros ámbitos, las Comunidades y los Estados tienen en sus manos la capacidad para fomentar la relocalización de la producción, en particular con los programas de compra pública de sus Administraciones, contribuyendo de este modo a los debates en torno a las políticas, como por ejemplo, el desarrollo de estos acuerdos comerciales con otras partes del mundo. 

 

Todo este planteamiento debe volver a enfocarse en pro de garantizar la sobernía, autonomía y capacidad de los pueblos y comunidades, todo lo cual, además, revertirá en la disminución del grave impacto ambiental que las prácticas actuales proyectan. Ahora mismo tenemos, en nuestro contexto europeo, el TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones UE-EE.UU.) como ejemplo más paradigmático de lo que decimos, que ahondará en caso de ser aprobado en la liberalización completa de los servicios públicos, impidiendo que las comunidades los gestionen de manera pública, y amenazará el desarrollo y la protección de legislaciones ambientales (por ejemplo para la prohibición del fracking o del uso de transgénicos), pues en caso contrario, las empresas transnacionales podrían denunciarlas ante instituciones privadas de arbitraje, lo que redundaría en una grave pérdida de democracia y de soberanía. Para los lectores interesados en una más amplia exposición, les recomiendo nuestra serie de artículos "Contra los Tratados de Libre Comercio".

 

Básicamente, lo que se esconde detrás de las negociaciones de estos acuerdos comerciales transnacionales son un conjunto de estrategias y medidas que garanticen el progresivo empoderamiento de las grandes empresas, en detrimento de la soberanía de los Estados y de la democracia. Y así, bajo la forma aparente, neutral e inocua de los acuerdos comerciales (acompañados normalmente por una falsa propaganda institucional), se implementan medidas que garantizan la progresiva privatización de los bienes y servicios públicos, la absoluta desregulación de los mercados, y la abolición de todo tipo de estándares y normativas en materias de seguridad laboral, sanitaria, medioambiental, etc. En el fondo, lo que ellos denominan bajo el terrible eufemismo de "barreras comerciales" se refiere a la posibilidad de dotar a las empresas de un marco regulatorio más amplio y potente al de los propios Estados, que garantice incluso que ante cualquier controversia futura, la protección de la "seguridad jurídica" de las empresas queda asegurada. Un escenario, por tanto, extremadamente peligroso, que consagra un nuevo poderío supranacional para las empresas. Si no queremos llegar a ese escenario, se hacen necesarias, entre otras muchas, las siguientes medidas:

 

1.- Establecer criterios de compra pública responsable para el conjunto de las diferentes Administraciones, de forma que prioricen productos locales y obtenidos bajo estándares de sostenibilidad: agricultura ecológica, productos certificados, comercio justo, etc.

 

2.- Apoyar económica e institucionalmente todas las iniciativas de comercio local y sostenible, así como de cultivos y productos de proximidad, en particular a través de los Programas y Planes de Desarrollo Rural. 

 

3.- Presionar a las autoridades estatales y a las Instituciones europeas, y sobre todo a los movimientos sociales, para que se opongan a la ratificación y firma de todo tipo de acuerdos o tratados de libre comercio, herramientas pensadas únicamente para el empoderamiento de las grandes empresas. 

 

Continuaremos en siguientes entregas.

 

 

Fuente principal de referencia: Documento "Un Programa por la Tierra"

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3 marzo 2016 4 03 /03 /marzo /2016 00:00

Nos hacemos eco en el presente artículo (la fuente original está en el medio El Salmón Contracorrientede las doce propuestas fundamentales que un grupo de organizaciones y movimientos sociales de diferentes ámbitos (del mundo de la educación, sanidad, del mundo rural, ecologistas, feministas, altermundistas, animalistas, proalternativas energéticas, por las libertades sociales, etc.) han presentado, en un breve documento-folleto, en el Congreso de los Diputados. Dicho conjunto de propuestas ecosociales se consideran por dichas organizaciones como absolutamente irrenunciables para el próximo Gobierno de nuestro país, y por tanto, se lanzan  para que sean recogidas por los diferentes partidos y coaliciones políticas, y sean abordadas dentro de los procesos de negociación, en sus pactos de investidura o de gobierno. 

 

Las Organizaciones concretas que promueven  dicho documento son la Asamblea Feminista de Madrid, ATTAC, Campaña #NoalTTIP, Ecologistas en Acción, Encuentro de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública (Marea Blanca, Marea Verde de Madrid), Plataforma "La Tortura No es Cultura", Plataforma "No Somos Delito", Plataforma Por Un Nuevo Modelo Energético, y Plataforma Rural. Pues bien, las 12 propuestas ecosociales en cuestión son las siguientes:

 

1.- Derogación de la LOMCE y de los Decretos relativos a la Universidad. Elaboración de nuevas Leyes educativas desde la participación social. 

 

2.- Ley contra la Violencia Machista, que incluya tanto la que ejerce la pareja y ex pareja como las agresiones sexuales y la trata con fines de explotación sexual. Una ley integral que garantice la asistencia y reparación de todas las mujeres que lo requieran independientemente de su situación administrativa, sin que la denuncia sea prerrequisito para el acceso a los recursos, y que vaya acompañada de políticas de equidad en todos los ámbitos. 

 

3.- Crear una Vicepresidencia de Sostenibilidad y un Ministerio de Medio Ambiente que coordinen las diferentes políticas sectoriales con implicaciones ambientales. Revisión de la normativa ambiental aprobada durante la última legislatura. 

 

4.- Sanidad 100% pública, gratuita, universal y de calidad, donde todas las personas tengan los mismos derechos y la salud se contemple de forma transversal a todas las políticas. Derogación del Real Decreto-Ley 16/2012 y de todas las normas que permiten las privatizaciones en sanidad. Apuesta por una política sanitaria participativa, recuperación de todos los puestos de trabajo eliminados y de la financiación "robada".

 

5.- Adoptar las decisiones políticas concretas necesarias y urgentes que reduzcan drásticamente la desigualdad, pobreza, exclusión social y privación material. Proporcionar vivienda social y garantizar el fin de los desahucios. 

 

6.- Derogación de la Ley Mordaza (Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana) y de las reformas regresivas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pacto de Estado para defender nuestras libertades y amnistía a las personas sancionadas por defender los Derechos Humanos. A tal efecto, consultar el Manifiesto por las Libertades Civiles en España y en Europa, publicado también recientemente en este mismo Blog. 

 

7.- Aplicación en España de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), que recaude fondos para afrontar las consecuencias de las políticas austericidas, que disuada de las operaciones financieras especulativas y que sirva para avanzar en la erradicación de los paraísos fiscales. Creación de una banca pública sobre la base de las entidades nacionalizadas, empezando por Bankia, con la que desarrollar unas políticas económicas radicalmente opuestas a las actuales. 

 

8.- Puesta en marcha de una transición energética que elimine progresivamente los combustibles fósiles y la energía nuclear hacia un modelo basado en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables, y que considere la energía como un derecho social básico. 

 

9.- Promover un modelo de agricultura y alimentación sostenible mediante el fomento de la producción y consumo de alimentos locales y campesinos a través de la compra pública en servicios públicos, e impulso de la producción ecológica para alcanzar en 2020 el 30% de la superficie agraria útil y la prohibición de los cultivos transgénicos, al amparo de la nueva legislación europea. 

 

10.- Derogar todas las últimas reformas laborales (tanto del PP como del PSOE) que han permitido la pérdida de derechos laborales y una precarización de las personas trabajadoras. 

 

11.- Confección de una Ley Estatal cuyo objeto sea la defensa de los derechos de los animales de manera compartida con las entidades sociales que trabajan en este ámbito. Derogación de la Ley de Tauromaquia y eliminación de espectáculos de especial crueldad, como los de Tordesillas, Coria o Medinaceli. 

 

12.- Oposición a los Tratados de Libre Comercio e Inversión (TTIP, CETA, TISA) y establecimiento de normas internacionales de comercio vinculantes que respeten los Derechos Humanos y los límites del planeta, promoviendo la cooperación de los pueblos. 

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2 marzo 2016 3 02 /03 /marzo /2016 00:00

Desde el pasado 1 de Marzo, por fin, el político y activista vasco Arnaldo Otegui se encuentra en libertad, después de haber cumplido condena por el llamado "Caso Bateragune", donde se planteó la actividad ilícita de Otegui en un supuesto proceso de reconstrucción de Batasuna y de la izquierda abertzale. Pero desde la izquierda transformadora de este país, independentista o no, siempre hemos sabido que este proceso contra Otegui ha sido en realidad un proceso contra el pueblo vasco, un proceso para acallar las voces rebeldes, y las voces políticamente valiosas para intentar establecer cauces de diálogo y de salida pacífica al conflicto vasco. Tanto como los dirigentes de las clases y de los medios dominantes hablan de los "presos políticos" en países como Venezuela, tenemos que decir que aquí, en nuestro país, personas como Arnaldo Otegui sí que han sido auténticos presos políticos, al más puro estilo de una dictadura. Y aún hoy, habremos de continuar asistiendo a auténticos linchamientos mediáticos de figuras como Otegui, cuya única misión ha sido intentar establecer puentes y cauces para la salida del conflicto por vías pacíficas. 

 

Pero frente a ello, como ya contábamos en este artículo de nuestro Blog, los gobiernos del Estado Español (esto es, la alternancia bipartidista PP-PSOE) se han encargado de hacer tabla rasa con todos los activistas políticos de la izquierda abertzale, aplicando la famosa teoría del ex juez Baltasar Garzón de que "todo es ETA", para intentar establecer un manto de ilegitimidad sobre establecimientos, asociaciones, movimientos, medios de comunicación, fuerzas políticas y líderes de la izquierda vasca. Hace ya varios años que no tenemos asesinatos de la banda armada en nuestro país, pero curiosamente, y en un ejercicio de irresponsabilidad y de revanchismo inédito (y único en ningún país del mundo), los resortes del poder no han volcado sus fuerzas en intentar establecer los protocolos y mecanismos encaminados a reforzar el proceso de paz, sino más bien todo lo contrario, a torpedearlo y entorpecerlo todo lo que han podido, y aún continúan haciéndolo. Y así, el guión del Gobierno del PP (y también el de las Asociaciones de Víctimas) no se ha movido un ápice, sosteniendo que no ha existido tal "conflicto vasco". Los hechos han demostrado que mientras el sector de la izquierda abertzale daba pasos a favor de la pacificación, el Gobierno ponía palos en las ruedas, no sólo negándose a reconocer a los actores y negociadores como tales, sino continuando en su política de hostigamiento, detenciones y juicios hacia todo lo que representara la izquierda vasca. 

 

Dentro de este guión se enmarcó el encarcelamiento de una persona tan valiosa como Arnaldo Otegui, pieza esencial en la interlocución entre el Gobierno español y el mundo abertzale, que ha tenido que pagar un elevado precio, un precio muy caro por su labor, tratándosele como un vulgar delincuente. Los motivos últimos de tales estrategias por parte del Estado Español están bien claros: necesitan el victimismo de una sociedad como argumento para sus fines, necesitan una sociedad maltratada por un terrorismo etarra como excusa para justificar sus políticas, y como no lo han encontrado, se han encargado de continuar con sus políticas de hostigamiento, de revanchismo y de venganza. Curiosamente, y lo hemos podido comprobar en el reciente caso de los titiriteros en Madrid, se procesan hoy día muchos más delitos por supuesto "enaltecimiento del terrorismo" que cuando la banda armada practicaba sus asesinatos, secuestros y extorsiones. La consecuencia que podemos sacar de todo ello es que el Gobierno del PP no desea realmente la paz, ya que no demuestra ningún interés en ella. Cualquier otro gobierno hubiera reconocido y participado activamente en los múltiples foros nacionales e internacionales donde reconocidas personalidades del ámbito que nos ocupa han intentado analizar el conflicto, y ofrecer sus puntos de vista, y las posibles soluciones que se pueden plantear. Sin embargo, los dirigentes del PP nunca han salido de su ataque frontal a dichos foros, ridiculizándolos y negándose a participar, y ni siquiera a reconocer, la importancia de la organización de los mismos, y sus posibles avances de cara a la pacificación del conflicto. 

 

En realidad todo ello obedece a una política que necesita el PP para subsistir, que no es otra que la que le permite continuar abrazado a la bandera del enemigo interno, un enemigo que le permitía conservar y reforzar su imagen de defensa a ultranza de una cierta visión de España, una visión retrógrada, reaccionaria y excluyente que se está volviendo a poner en entredicho con la fuerza del proceso soberanista en Catalunya. En el fondo, la pugna es por hacer prevalecer su visión unitaria y nacionalista de España, en contra del reconocimiento de nuestra realidad plurinacional. Bajo estos disfraces y moviendo estos fantasmas, en realidad el PP oculta su profunda naturaleza antidemocrática, antisocial y autoritaria, acercándonos a la concepción uniformizada de una España constitucional construida sobre los escombros de la derruida dictadura. Saben perfectamente que después de la pacificación del conflicto, lo que va a plantearse, al igual que en Catalunya, es el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo vasco, esto es, su derecho a decidir democráticamente su futuro, y esto es lo que les preocupa, pues hace peligrar su chiringuito de poder, y pone en grave riesgo de descomposición las estructuras y los puntales donde se asienta el régimen surgido de la Constitución de 1978. Con la libertad de Otegui, y el cese definitivo de la violencia, al bipartidismo se le genera un grave problema, en la medida en que ya deja de existir toda excusa para no abordar el amplio y auténtico debate, el debate de fondo, que no es otro que el reconocimiento del derecho a decidir para el pueblo vasco. ¡Ongi Etorri, Arnaldo!

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1 marzo 2016 2 01 /03 /marzo /2016 00:00

Urge establecer, de una vez, la democracia en el exterior y hacer cumplir derechos civiles básicos recogidos en la Constitución y en el Estatuto de la Ciudadanía en el Exterior

Marea Granate

Nuestros sueños no caben en vuestras urnas

Lema del Movimiento 15-M

En efecto, y así parecen haberlo entendido los gerifaltes del bipartidismo, a tenor de la práctica excluyente y vergonzante que llevan realizando desde hace varios años con el denominado "voto rogado". La Marea Granate, colectivo que representa a los emigrados de nuestro país, típicamente jóvenes profesionales a los cuales se les ha impedido llevar a cabo un proyecto de vida y de trabajo digno en España, denuncia que recibe constantemente decenas de testimonios de emigrados a los que las papeletas para votar en las pasadas Elecciones Generales del 20D les están llegando estos días, más de dos meses después de su celebración,  tal como denuncia, entre otros medios, este artículo de eldiario.es. La conclusión está clara: no sólo tenemos Administraciones Públicas adelgazadas, crueles, ineficientes, excluyentes y discriminatorias, sino también absolutamente inútiles. A ello se une la pasividad e indiferencia de las mismas, que ni siquiera se molestan en averiguar qué está pasando con este asunto, y por qué. 

 

Pero vayamos por partes. Marea Granate, cuyo color se toma del de los pasaportes, se forma al calor de los demás movimientos sociales aparecidos recientemente en el Estado Español, siendo la extensión de todos ellos fuera de nuestro país. Es por ello un movimiento transnacional, cuyo objetivo es luchar contra las causas de la crisis y quienes la han provocado, responsables últimos de que miles de jóvenes hayan tenido que abandonar su entorno, familia, hogar y amigos, porque el sistema no les dejaba ningún resquicio para poder realizarse como personas. A todos estos condicionantes se les suma el tener que buscarse la vida en un país diferente, con otro idioma y cultura diferentes, y donde además, muchos casos de contratación son precarios, incluso fraudulentos. Y por si todo ello fuera poco, se le suma también el escándalo de que la Administración de tu propio país, te impida formalmente votar en las elecciones, para intentar (justo lo que los políticos temen) cambiar a los representantes, cambiar las políticas y cambiar el sistema que los condena y los explota. Los datos de Marea Granate apuntan a una cifra aproximada de 62.000 personas que rogaron su voto y no han podido votar, bien por desidia de la Administración, o por falta de medios, o por ambas cosas. De hecho, y en previsión de ello, muchos emigrados se pusieron en contacto, antes de la celebración de las Elecciones, con posibles abstencionistas, para que votaran por ellos, intentando perder el menor número de sufragios posible. 

 

Pero aún con todo ello, las pasadas Elecciones Generales del 20D batieron todos los récords de anomalías, problemas e impedimentos, alcanzando una mínima participación histórica, así como un máximo de irregularidades funcionales. Concretamente, sólo un 4,7% del censo exterior logró ejercer su derecho al voto. Es cierto que el pasado año 2015 también batió records de salidas al extranjero desde que comenzó la crisis, pero todo ello no es óbice para que, a sabiendas de ello, la propia Administración hubiese hecho un esfuerzo especial para garantizar el voto a todo ese conjunto de la ciudadanía, tratándose, como se trata, de un derecho fundamental. Los datos que se manejan indican que cerca de una decena de provincias españolas superan ya el 10% de su censo electoral en el exterior, censo que infraestima las cifras reales de la emigración, como se viene comprobando en los diversos debates parlamentarios sobre el tema. Pero se da la tremenda paradoja de que a medida que son cada vez más los emigrantes que han de votar desde fuera de nuestro país, cada vez menos pueden hacerlo. La causa hay que buscarla en la reforma de la ley electoral de 2011, que implantó el mecanismo del "voto rogado" para los emigrantes, bajo una calculada maniobra con fines políticos. El resultado es que, según Marea Granate, tenemos 1,8 millón de "votos robados", o si se quiere, de "abstencionistas forzosos".

 

Pero aunque esa sea la causa última y formal, en la práctica lo que tenemos es una serie caótica de irregularidades, arbitrariedades e impedimentos, que en la práctica dificultan, entorpecen e imposibilitan, en muchos casos, el ejercicio del derecho al voto para los residentes en el exterior. Y así, bajo el claro objetivo de silenciar el voto exterior (lógicamente un voto contestatario con un sistema injusto para dicho colectivo), se despliega todo un conjunto de medidas, directrices y normas administrativas consagradas a tal efecto, tales como el cierre del censo casi 5 meses antes de la cita electoral (y sin previo aviso), ausencia de mecanismos para realizar las inscripciones consulares a distancia (ya que miles de emigrantes tienen sus consulados a cientos de kilómetros de sus lugares de residencia), los impedimentos de registro consular como residente temporal (ya que muchos jóvenes sólo emigran por períodos concretos en virtud de una beca o un contrato laboral determinado), censos electorales no actualizados, o incoherencias entre la Junta Electoral Central (JEC) y las Delegaciones del Censo sobre solicitudes y recepción de papeletas.

 

Pero a todo ello se suman también los diversos impedimentos en las rectificaciones del censo a distancia, problemas en la sede del INE y números de fax de las Delegaciones Provinciales del Censo, falta de medios humanos y materiales en los propios Consulados (incluso imposibilidad de contactar con algunos de ellos durante el período de ruego del voto, al verse absolutamente desbordados), falta de protocolos de vigilancia e información en las urnas de los Consulados, negación continua de la JEC a la ampliación de plazos, sobres con papeletas incompletas (en muchas faltaban las del Senado, curiosamente donde el PP arrasa con mayoría absoluta), opacidad total con los procedimientos de contabilización y comunicación de resultados, problemas con el reembolso de los importes de los envíos del voto (el cobro de reembolsos se tramita mediante una empresa privada contratada por el Ministerio del Interior), y por supuesto, y en general, ausencia de respuesta institucional a las numerosas reclamaciones y escritos de quejas presentados por los interesados. 

 

No debemos hacer caso, por tanto, cuando nos hablan de resultados al "100% del escrutinio", pues ello se comunica alegremente sin haber contabilizado el voto exterior, que como decimos, es cada vez más determinante. En realidad, los auténticos resultados finales, contabilizando el voto exterior, se publican en el BOE dos meses más tarde. Curiosamente, toda la discriminación y problemática que estamos describiendo para el proceso y la garantía del derecho al voto para el mundo civil, no es tal para el mundo militar. De hecho, los militares españoles en el extranjero han duplicado en los últimos años su participación en procesos electorales, alcanzando tasas del 84%. Ello se debe, sin lugar a dudas, a la dedidida acción del Ministerio de Defensa, que por lo visto, sí está muy interesado en que todo el personal militar en el exterior ejerza su derecho al voto. El problema es, por tanto, lo suficientemente grave como para que el próximo Gobierno que se constituya en nuestro país aborde el tema de una Reforma Electoral que no sólo modifique el algoritmo de reparto de escaños en función del porcentaje de voto (reivindicación fundamental para acabar de una vez con el bipartidismo), sino que también contemple garantías que eviten todas estas irregularidades, que se sitúe al margen de cálculos y estrategias políticas partidistas, y cuyo objetivo sea restablecer absoluta y completamente el derecho de voto a la tremenda sangría de emigración y de exilio joven que sufre nuestro país, y que se lleve a cabo de forma transparente, y por supuesto, consultando a todos los grupos y movimientos que representan a este sector de la sociedad civil. No más voto robado.

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