La idea para el presente artículo nace de la infundada opinión, entre algunos sectores de la izquierda, de que las medidas en torno a la Renta Básica (en adelante, RB) y el Trabajo Garantizado (en adelante, TG) son medidas opuestas, contradictorias, o como poco, que hay que tomar partido por una u otra. Nosotros, desde un pleno convencimiento de la utilidad de ambas medidas, pensamos que nada más lejos de la realidad, y que más bien al contrario, son propuestas que pueden y deben coexistir, dentro de una política económica y social anticapitalista, y que persiga una mejor redistribución de la riqueza, así como mayores cotas de justicia social. Por tanto, ambas medidas no sólo no son contradictorias, sino que pueden y deben implementarse a la vez (quizá en diversos grados de interrelación y correlación), suponiendo soluciones complementarias y coordinadas, y persiguiendo un último fin incuestionable, que no es otro que el pleno empleo en la medida de lo posible (dentro de las capacidades del modelo productivo), así como la garantía de la satisfacción de las necesidades básicas para todo el conjunto de la ciudadanía.
Bien, repasaremos de forma rápida el fundamento y las características de ambas medidas, para poder entenderlo mejor, y sacar las conclusiones de forma más argumentada. Hoy día, ambas medidas son propuestas por fuerzas políticas del ámbito de la izquierda transformadora (que no radical, tampoco vayamos a exagerar) de nuestro arco político, como son Izquierda Unida-Unidad Popular (TG), y PODEMOS (RB). Hemos de aclarar, no obstante, que la RB propuesta por la formación morada no responde al concepto que desde otro sector de la izquierda defendemos para tal medida, porque nos parece que deben adoptarse otros enfoques más ambiciosos de la misma. Por tanto, aquí seguiremos, al hablar de la RB, los planteamientos que nos parecen debieran estar presentes en el programa electoral de PODEMOS, pero que por desgracia, han sido significativamente recortados. Y como decimos, por los planteamientos de ambos programas electorales, que aún siendo distintos responden a fuerzas políticas del arco de la izquierda, pareciera que fueran propuestas antagónicas, contrapuestas o contradictorias, excluyentes entre sí, no sólo porque cada una de ellas sólo defiende una de las medidas, sino porque incluso, alguna parte de la dirigencia y de la militancia de ambas, critica abiertamente la medida propuesta por la otra fuerza política.
Y como decimos, pensamos que no tiene ningún sentido, puesto que son propuestas que, en ningún momento, faceta o aspecto, se contradicen o excluyen entre sí, o persiguen objetivos opuestos. Si se quiere, lo podemos expresar de esta forma: ni a la RB le molesta el TG, ni viceversa. Es más, nunca hemos acabado de entender porqué IU-UP no ha abogado también por la RB, y porqué PODEMOS no se ha adherido también a las propuestas del TG. Básicamente, la propuesta de la RB (la que se defiende desde la Red Renta Básica) consiste en una prestación económica indefinida e inembargable, sufragada por el Estado, para todos/as los/as ciudadanos/as por el hecho de serlo, con el objetivo de erradicar e impedir la pobreza. Consistiría en una prestación mínima que cobraría todo el mundo (los menores de edad en un porcentaje inferior sobre la cuantía de los adultos), en torno a la horquilla entre los 600 y 700 euros mensuales, y que se cobraría independientemente de que la persona en cuestión tuviese cualesquiera otras fuentes de renta. Sería universal (todo el mundo la cobraría, pero sólo los más desfavorecidos ganarían con ella), individual (se concedería a las personas individualmente, no a las "unidades familiares", como las actuales prestaciones), e incondicional (no se tendrían en cuenta requisitos como los niveles de renta, los modelos de convivencia, si se trabaja o no, durante cuánto tiempo, si existen mayores o menores cargas familiares, etc.).
Su propuesta de financiación, que evidentemente los detractores de la medida esconden continuamente, y además manipulan cada vez que pueden, se origina y justifica básicamente desde una reforma fiscal profunda (para que paguen más los que más tienen y más ganan) y desde la eliminación del resto de prestaciones actuales que la RB absorbería (simplemente, porque todo se unificaría y convergería con ella). Incluso en un estadío posterior, la RB (así como el resto de servicios y prestaciones del Estado) puede financiarse mediante la eliminación de actuales gastos superfluos, innecesarios o injustos del Estado, tales como la financiación a la Iglesia Católica, a la Casa Real o a los Planes de Armamento del Ministerio de Defensa. Con todo ello queremos insistir en la idea de que HAY DINERO suficiente, incluso dinero de sobra, para sufragar una medida como ésta para todo el conjunto de la ciudadanía, y para que no nos dejemos engañar por las manipulaciones, tergiversaciones, ocultaciones y medias verdades de los detractores de la medida, que están fundamentalmente en el ámbito de la derecha política, social y mediática, pero incluso también en algunos sectores de la izquierda más descafeinada.
Pero es que la RB cubriría aún más objetivos, pues vendría a solventar algunos de los problemas y lagunas que hoy día dejan sin cubrir el conjunto de subsidios y prestaciones "condicionadas" que se conceden a las personas desempleadas. Por ejemplo, dejan fuera de cobertura a los parados y paradas de larga duración (el número de estas personas y familias sin ningún ingreso aumenta en nuestro país desde hace varios años), también dejan fuera de cobertura a los menores (con lo cual fomentamos la pobreza infantil, ya que sus padres tampoco pueden garantizarles una alimentación y cuidados dignos) y también a las mujeres sin empleo, que trabajan únicamente en el hogar, dedicándose fundamentalmente al cuidado de hijos, ancianos y personas dependientes. La RB cubriría y daría solución a todos estos segmentos de población, dado su carácter indefinido y universal. No entraremos aquí, por no ser objeto del presente artículo, en la discusión en torno a otros aspectos y efectos de la RB que sus detractores destacan, y que además han sido ya expuestos en profundidad en otros artículos, a los cuales remito a los lectores interesados.
Por su parte, la medida del Trabajo Garantizado también es tremendamente interesante. Surge de la conclusión lógica de que el mercado de trabajo se centra únicamente en las actividades, profesiones y empleos rentables para el sistema, lo cual no significa que nuestra sociedad no necesite que se realicen infinidad de trabajos y actividades más, para su mantenimiento y cobertura de sectores que el ámbito privado no cubre. Y por otra parte, también parte de la premisa de recuperar al Estado como empleador de última instancia, recuperándolo como actor garantista del empleo público para el conjunto de la ciudadanía, enfoque muy denostado desde la ideología neoliberal, que considera que los empleos deben generarse casi únicamente en el sector privado, y que los empleos públicos deben ir minimizándose. En este sentido, su campaña de desprestigio hacia el conjunto de los funcionarios y empleados públicos en general es demoledora, así como la extensión y fomento del nuevo paradigma del "emprendedor" (dícese de la persona que se autoexplota mediante sus propios medios), así como de los apoyos a la empresa privada. El TG rompe con todos estos modelos absurdos, y vuelve a potenciar y a dar el papel correspondiente al Estado. En resumidas cuentas, el TG asume y desarrolla la premisa de que el sector público tiene la obligación de garantizar el empleo a todas aquéllas personas que quieran trabajar y estén formadas y capacitadas para ello, pero no encuentren trabajo ni en el sector privado ni en el sector público convencional.
Y así, múltiples ocupaciones, empleos, trabajos y necesidades encajan perfectamente con los Planes de TG que el Estado podría desarrollar, que además podrían ser cambiantes en el tiempo, y a los cuales cualquier persona con la formación adecuada se podría adherir. El Trabajo Garantizado, así enfocado, sustituye el principio de creación de puestos de trabajo sólo desde la óptica de la rentabilidad económica, dando preponderancia al principio de la rentabilidad social, esto es, de la utilidad que dichos trabajos tengan para la comunidad, o si se quiere, de la necesidad que la sociedad tenga de abordarlos y desarrollarlos. Tiene en cuenta sobre todo las necesidades sociales, así como que hay personas con la preparación adecuada que quieren trabajar y no pueden hacerlo en los sectores convencionales. Mezcla la necesidad de realizarse profesionalmente, con la necesidad social insatisfecha en múltiples sectores, donde el beneficio económico es menor o no existe, y que por ello han sido desechados por el ámbito privado. El sector de los cuidados, del mantenimiento de un medio ambiente adecuado, de las necesidades de formación, o del reciclaje, reutilización y reforma de las viviendas, de cara a su adaptación a fuentes de energía limpias y renovables, son algunos buenos ejemplos.
El TG implicaría, evidentemente, la garantía de un salario digno y de unas buenas condiciones de trabajo, lo cual también ahuyentaría las intenciones de explotación laboral por parte de la empresa privada. Supondría también un apoyo muy importante para el propio mantenimiento del sistema público de pensiones, al implicar un beneficio en términos de mayores cotizaciones sociales y recaudación por impuestos, lo cual redundaría en la sostenibilidad y proyección del sistema a largo plazo. El Estado sería siempre el encargado de financiar los diversos Planes de TG, si bien serían los propios municipios, junto a los movimientos sociales y las diversas organizaciones de la sociedad civil (ya que ellos son los que mejor conocen las necesidades), quienes tendrían la misión de identificar las necesidades de puestos de trabajo a cubrir, determinando qué perfiles serían necesarios, y a qué necesidades sociales responderían. Como puede observarse, tanto la medida del TG como la de la RB son absolutamente compatibles, ninguna está en contra de la otra, ambas pueden implementarse (quizá con diversos grados de progresión y urgencia social) en una sociedad justa y avanzada, dedicada no sólo a garantizar la realización personal y profesional de las personas, sino a que incluso cuando ello no sea posible, las necesidades básicas y fundamentales continúen cubiertas.
En los casos en los que el TG tuviera que ser reestructurado (por ejemplo, por cambios graduales en el modelo productivo, susceptible de reciclar profesiones, especialidades y nichos de empleo y de negocio), o bien en los períodos en los que existieran tiempos de migración entre un empleo en el sector privado o en los planes públicos de TG, o bien simplemente durante los períodos de formación, reciclaje o actualización de los trabajadores o trabajadoras, la RB continuaría actuando de colchón mínimo imprescindible, completamente asegurado y permanente, para que las personas afectadas por estas situaciones nunca pasaran a estar en situación de necesidad, sino que continuaran con sus necesidades básicas cubiertas, y además, evitando toda la casuística y el rosario de requisitos que hoy día se imponen a los candidatos o candidatas a ser beneficiarios de alguna prestación. Pero es que, como decimos, la RB se cobraría siempre, independientemente de que la persona en cuestión estuviese participando, durante cualquier período de tiempo, en un Plan de TG (o en el sector privado, por supuesto). En estos casos, el TG (o cualquier otro trabajo o actividad en el sector público o privado) se colocaría encima de la RB, sumando ambas fuentes de renta, pero estando la RB exenta de cotizar para el IRPF. Lejos por tanto de enfrentar ambas medidas, sumemos fuerzas desde el conjunto de la izquierda transformadora para que tanto una como la otra puedan ser muy pronto una realidad en nuestro panorama social.
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