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21 agosto 2017 1 21 /08 /agosto /2017 23:00
Motivos para el Referéndum del 1-O

Cuando se cierran todas las puertas a una relación bilateral y no se ofrece ninguna alternativa, el tiempo de la equidistancia y de los cálculos electoralistas se acaba. Es totalmente legítimo y necesario exigir más garantías, pero, no obstante, ante el bloqueo del PP estas no tienen que ser un impedimento para apoyar el referéndum y hacer un llamamiento a la participación. Con las mayorías posibles en el Congreso y con el contexto actual en Cataluña, hay que trabajar para que la convocatoria el 1-O pueda ser un referéndum. No obstante, es muy difícil que el 1-O acabe siendo el referéndum que Cataluña necesita, pero esto se debe, sobre todo, a la actitud autoritaria e intransigente del gobierno del PP. En esta situación, se puede decidir ser un simple espectador o comprometerse activamente para que el 1-O, un referéndum desobediente, salga lo mejor posible

Jesús Gellida

Consideramos que la única derrota que tiene en el horizonte Rajoy es con nosotros. Guste más o guste menos, si se pone una urna o se inicia el proceso de autodeterminación en Catalunya, el PP lo tendrá muy complicado y se abrirá una ventana de oportunidad en el resto del Estado español

Gabriel Rufián (Diputado de ERC)

Si no existe una vía democrática a la independencia, habrá una vía independentista a la democracia para todos los pueblos del Estado

David Fernández (ex Diputado de la CUP)

Hace pocos días se celebraba el segundo centenario del nacimiento del padre de la desobediencia civil, el estadounidense Henry David Thoreau. Él nos dejó muchas enseñanzas, y abrió a los pueblos y a las personas una vía de rebeldía, de contestación y de enfrentamiento pacífico contra los regímenes y sistemas que intentan imponernos, con la "calma" inexorable de la ley, injustos contextos de aplicación. Básicamente Thoreau demostró que toda revolución democrática se construye contra la ley, no conforme a ella. El próximo 1 de Octubre viviremos en Catalunya una jornada muy ilustrativa sobre las enseñanzas de Thoreau. Partamos de la base de que el Estado de las Autonomías resulta ya agotado, y no nos referimos ahora sólo al caso catalán, tan vapuleado desde el Estatut de 2006 "cepillado" por el TC con la complicidad del Gobierno del PSOE del ex Presidente Zapatero, sino por la continua casuística que afecta a leyes autonómicas que son inmediata y constantemente recurridas por el Gobierno Central ante el Alto Tribunal. Acaba de suceder hace pocos meses con la jornada de 35 horas semanales para el personal de las Administraciones Públicas decretada por la Junta de Andalucía, o con la reciente Ley que afectará a las corridas de toros (sin maltrato ni muerte para los animales) en Baleares. Que no nos vengan con monsergas: en nuestro país existe únicamente descentralización administrativa, pero no autogobierno de las Comunidades Autónomas. El Estado Autonómico jamás reconoció las distintas realidades nacionales en condiciones de igualdad con la española. Si pretendemos alcanzar ciertos logros legislativos que los parlamentos autonómicos hayan validado, la única vía posible es la desobediencia. No obstante, como muy bien señala Jaume Asens (teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona) en esta entrevista de Sergi Picazo para elcritic.cat, también traducida por Ángels Varò para el medio Viento Sur, cuando la desobediencia implica al ámbito institucional la cosa se vuelve más complicada, ya que afecta a terceras personas ajenas a la propia desobediencia de una manera más intensa (en este caso, por ejemplo, trabajadores públicos del consistorio o funcionarios de la Generalitat).

 

Algunos ingenuos plantearán que el camino es conseguir una mayoría alternativa en el Gobierno Central, para así poder refrendar dichos avances legislativos de carácter progresista, pero esta es una vía muerta. Y no porque renunciemos a ella, sino porque con la configuración actual mayoritaria de los dos grandes partidos, un bipartidismo hegemónico apoyado por el poder económico, los dueños de los imperios mediáticos y de la gran clase empresarial, esto es una tarea titánica que aún tardará bastante tiempo en ir cambiando. E incluso cuando se consiga superar el listón electoral, habremos de continuar enfrentándonos a una clase dirigente en la sombra que posee el poder y la hegemonía, y que es la que controla la mente alienada de millones de personas en nuestro país. Así que desde este punto de vista, todo intento de romper la baraja institucional, toda amenaza contra el status quo de los partidos y poderes hegemónicos, debe ser, de entrada, bienvenida. Y en el fondo, esto es lo que supone la convocatoria de referéndum para el próximo 1 de Octubre en Catalunya. Hasta ahora, hemos asistido a un absurdo choque de poderes, donde el Gobierno Central del PP ha desplegado toda su fuerza y abusado de sus recursos, pero un problema político no se soluciona interponiendo recursos al Tribunal Constitucional, ni con amenazas, ni con multas ni con inhabilitaciones a los políticos que las promueven. Un problema político se soluciona recurriendo a la política, es decir, negociando, cediendo y pactando. Un problema político se soluciona con voluntad política. Y llama mucho la atención (y hasta causa la risa más histriónica) que el Gobierno del PP (el más corrupto de los Gobiernos europeos con diferencia) denuncie que las instituciones catalanas ignoran, se saltan o se colocan por encima de la ley, cuando ellos son los primeros que hacen caso omiso de las normas que no les interesan, como por ejemplo hacen continuamente con la Ley de Memoria Histórica, motivo por el cual han sido sentenciados por diversos tribunales internacionales.

 

Por tanto, los primeros que se llenan la boca con "la ley" son los primeros que la incumplen sistemáticamente. ¡Basta ya de tanto cinismo e hipocresía! También argumenta típicamente Rajoy que "lo que sea España lo decidirán todos los españoles", o que "yo no puedo liquidar la soberanía nacional", y otras sandeces por el estilo, para ocultar en realidad su absoluta negativa a pactar el referéndum. Hugo Martínez Abarca lo ha explicado muy bien en este artículo para el medio Cuarto Poder:  "Que el Brexit afecte a toda Europa no hace que a nadie se le haya ocurrido pensar que la votación de los británicos era ilegítima porque no votaron todos los europeos. A nadie se le ocurrió que la independencia de Quebec o Escocia tuviera que ser votada por todos los canadienses o británicos. Los ámbitos de soberanía política son en el siglo XXI lo suficientemente flexibles como para asumir que ese "que voten todos los españoles" simplemente encubre la voluntad de que no vote nadie". El problema es que cuando la ley se convierte en un coto privado de caza, sostenida y amparada por una serie de poderes que la utilizan a su servicio (como ya dejaron escrito Marx y Engels), la ley se convierte en sí misma en una herramienta ilegítima, y de ahí la necesidad de su desobediencia, como planteaba Thoreau. Por tanto, en el caso catalán, hoy día la situación ha encallado de tal modo que el referéndum es condición indispensable para que el conjunto de la ciudadanía se manifieste, y en caso de ganar el "SI", Catalunya pudiera ser pionera en ser tratada de igual a igual con el Estado Español. Ello no obsta para que posteriormente pudiera ser negociada otro tipo de relación con el Estado Español, de carácter federal o confederal, o incluso de Estado Libre Asociado, tal como sugiere Jaime Pastor en esta entrevista para el medio eldiario.es

 

Pero de momento, la celebración del referéndum es boicoteada y bombardeada por tierra, mar y aire por parte de las fuerzas políticas de la derecha. Y ante este patético escenario, de unas leyes injustas y de unos gobernantes necios y autoritarios, indecentes y vergonzosos, la desobediencia es el único camino posible. Pero no nos engañemos: la desobediencia implica valentía y riesgo, y hay que seguir aplicándola en todos los escenarios que creamos insuperables, tales como nuestro escenario europeo. Y así, el único camino para superar realmente la austeridad impuesta y conseguir la soberanía económica necesaria, será la desobediencia frente a los tratados europeos, y la salida del euro y la propia Unión Europea, si fuera necesario. Pero volvamos a la cita participativa catalana, que es la que nos interesa en este momento. Hace pocos días, Martí Caussa editaba un breve documento a modo de preguntas frecuentes (FAQ's) en torno al referéndum catalán, cuya lectura es muy recomendable. Tomando sus palabras, el 1-O "se vota por una revolución política en una parte del actual Estado Español". El principal argumento en contra que pone el Gobierno del PP (y sus aliados PSOE, C's y la ambigüedad o tibieza de una parte de UP) es que dicha convocatoria es ilegal, porque así lo ha declarado el TC. Ellos parten de una interpretación fundamentalista de la Constitución, y de un concepto de "soberanía nacional" (tiene mucha gracia que el PP la mencione, cuando la llevan triturando en las instancias supranacionales europeas durante años) que otorga la capacidad de decisión "al conjunto del pueblo español", pero jamás han planteado un referéndum para el conjunto del pueblo español, ni han aceptado la legitimidad de una ley autonómica para poder celebrarlo, luego se trata claramente de una falta de voluntad política para aceptar tal hecho. De hecho, no existe unanimidad entre los juristas de prestigio de nuestro país en el hecho de si se podría haber "fabricado" el entorno legal para poder celebrar el referéndum. 

 

Más allá de su legalidad, se discute su legitimidad. Pues veamos: la celebración del referéndum ha sido reclamado en Catalunya por millones de personas durante los últimos años en múltiples y masivas manifestaciones, todas las encuestas coinciden en afirmar que más del 80% de la población catalana desea su celebración (que no la proclamación de la independencia, sino la celebración de la consulta), la inmensa mayoría de los Ayuntamientos catalanes lo apoyan, y en el Parlament existe una mayoría absoluta partidaria de celebrarlo. Dado este aplastante escenario mayoritario a favor de la consulta, hubiese sido tan fácil como que el Gobierno Central pactara con las instituciones catalanas las condiciones para la celebración del referéndum (acordando el porcentaje mínimo de participación para considerarlo válido, las preguntas de las papeletas, o el mínimo porcentaje para considerar vencedora a alguna posición, entre otros asuntos). Pero no. El Gobierno del Partido Popular y sus aliados se enrocaron en la negativa cerrada a pactar ningún tipo de consulta que implicara un cierto derecho a la autodeterminación, y así hemos llegado a esta absurda situación. Se aduce que la población catalana es víctima de una obsesiva y tóxica influencia de los medios de comunicación propios, pero...¿acaso no ocurre eso mismo con los medios de comunicación a nivel estatal? ¿O cuál es el motivo para que a día de hoy aún continúen las fuerzas políticas del bipartidismo como las más votadas ante una posible cita electoral? ¿Es que acaso no es manifiesta la manipulación que medios como Televisión Española (La 1, La 2, Canal 24h, etc.) vierten continuamente a sus espectadores, alejándose de posiciones críticas y plurales, veraces e independientes? ¿O es que acaso todos los grandes medios de comunicación privados del país (prensa, radio, canales de TV...) no son claros cómplices e instigadores del bipartidismo? La prueba evidente la tenemos en el acoso y hostigamiento que sufre la formación política UNIDOS PODEMOS desde todos estos medios. 

 

Se alude también falazmente a la "división" de la sociedad catalana que la "deriva" soberanista está provocando, pero...¿es que acaso todas las votaciones, todos los comicios, todas las citas electorales, todos los pronunciamientos políticos de una sociedad, no la dividen ya de facto? Si tuviésemos miedo a la división, la democracia no existiría. Porque la democracia implica la manifestación popular, y por tanto, que ésta se decanta hacia unas posiciones u otras, en libertad, y a partir de ahí, el juego político, la negociación y la fuerza de las mayorías (con el debido respeto a las minorías) tiende progresivamente hacia la instalación de nuevos escenarios políticos que nos gobiernan a todos. Cualquier proyecto de ley divide a la sociedad entre sus partidarios y sus detractores, pero no hay que tenerle miedo a eso, a lo que hay que temer es a no poder hacerlo. ¿Acaso no nos dividieron el referémdum sobre la OTAN o las leyes del aborto o del matrimonio homosexual, por citar sólo algunos ejemplos? También se vierten opiniones sobre la aviesa y oscura intencionalidad del referéndum, tales como que el proceso soberanista catalán es en realidad "un proyecto de sus élites sociales", o un proyecto "para tapar la corrupción de los partidos gobernantes", e incluso, desde algún tímido sector de la izquierda, que el referéndum "no ofrece las debidas garantías". Vayamos por partes. La burguesía catalana en su práctica totalidad es contraria al ejercicio del derecho de autodeterminación, al referéndum del 1-O y, por supuesto, a la independencia. El referéndum es un reclamo popular, transversal e interclasista, y la mejor prueba de ello es que quienes se declaran abiertamente contrarios son los grandes empresarios, que amenazan (y algunos lo han hecho ya) con abandonar Catalunya si continúa el proceso. Y con respecto a las garantías que algún sector de la izquierda reclama, Alberto Garzón lo explicó muy bien en este artículo, aludiendo a la limitación en el planteamiento de la propia pregunta, que no ofrece posibilidades a las personas que optan por otras alternativas (principalmente, la alternativa federalista). Pero todo ello es fruto de la incapacidad de un Gobierno que se ha negado a pactar, como afirmábamos más arriba, las condiciones para esta consulta popular. 

 

Ante la indefinición del escenario, y las variantes del mismo, Jesús Gellida se manifiesta en este artículo en los siguientes términos: "Si al final la represión del Estado --que utiliza sus cloacas para combatir adversarios políticos--, consigue que el referéndum no sea tal, el 1-O, igualmente, habrá sido un acto de soberanía, que servirá para continuar presionando políticamente al Estado y avanzar en la construcción de la República Catalana. En este sentido, las fuerzas del cambio no deberían obviar que, actualmente, el proceso soberanista es el principal desafío en el camino hacia una ruptura democrática del régimen del 78, una punta de lanza que puede facilitar la apertura de procesos constituyentes en todo el Estado. El 1-O, sea o no un referéndum, tendrá efectos políticos de gran relevancia, la cuestión es si será en clave constituyente o reaccionaria. La movilización sostenida y la participación serán decisivas, donde la unilateralidad y la fraternidad tienen que ir de la mano. Hay que conjugar la reivindicación por la autodeterminación desde Cataluña con tejer alianzas por el derecho a decidir dentro y fuera del Estado Español". Y sobre la reclamación de un referéndum pactado con el Estado que una parte de PODEMOS reclama, Gabriel Rufián (ERC) en esta entrevista sostiene: "Conviene recordar que lo que defendía Podemos y los comunes era un referéndum pactado. Es lo que siguen defendiendo. Me parece muy bien y es legítimo. Pero la pregunta es, ¿cómo se hace? ¿Cómo se pacta un referéndum con Rajoy? De hecho, otro de los mantras del mundo de Podemos y de los comunes es que cuando se gane a Rajoy todo cambiará. ¿Eso significa que está convencido Sánchez? ¿Está convencido Rivera? ¿El Tribunal Constitucional? ¿Significa que está convencida la Fiscalía?". No reconocer estas realidades de partida, en efecto, puede conducir a planteamientos absolutamente ingenuos e incoherentes. Podríamos por tanto verter muchas críticas a las imperfecciones del proceso llevado a cabo por las autoridades públicas catalanas, así como errores en el planteamiento y limitaciones en su ejecución. Pero ante el referéndum planteado, en la forma y modo planteados, y más allá de todas las limitaciones formales, inconvenientes garantistas y posibilidades de vinculación, sólo existen dos posturas: o el apoyo explícito o su ataque. Entendemos que el ataque en el fondo se corresponde sólo con tintes antidemocráticos, luego desde un punto de vista del respeto hacia los modelos de democracia decisoria, sólo cabe su explícito apoyo. 

 

Desde las trincheras del régimen se busca deslegitimar la cita del 1-O, restarle importancia, declarar de antemano su inutilidad práctica, para de esa forma desmotivar y desmovilizar al conjunto de la ciudadanía catalana, así como mover el espantajo del miedo, ante el choque de trenes que se avecina, pero todo ello no es sino munición a la defensiva, ante el miedo que genera que el 1-O se convierta en una cita masiva, con una importante participación, y donde gane ampliamente el "SI". Es el miedo que genera en las élites políticas y económicas de este país la amenaza de proclamación de independencia de una próxima República Catalana, escenario que todos los republicanos y republicanas de este país pretendemos conseguir a nivel estatal. Entonces, puede que llegue el verdadero choque de trenes, porque los poderes fácticos que aún nos gobiernan en la sombra desde la Transición se enfrentarán aún con más virulencia a la mayoría parlamentaria favorable a la República Catalana, y ésta deberá hacer funcionar al país bajo las amenazas y chantajes de las élites económicas y políticas, y la legalidad catalana deberá ser defendida con el apoyo de movilizaciones de masas continuadas, buscando también la complicidad y solidaridad del resto de los pueblos del Estado Español, así como el reconocimiento internacional que ahora no se posee. Ninguna revolución triunfa si no tiene detrás a un pueblo. Se deberá iniciar un proceso de desconexión negociado con el Estado Español monárquico, para romper definitivamente los lazos que tejen su poderío y continúan imponiendo leyes injustas desde su ilegítima atalaya. Ése será el verdadero choque de trenes, y habremos de estar preparados, tanto catalanes/as como ciudadanos/as de otras Comunidades. Para la izquierda política, social y mediática se abrirá una nueva ventana de oportunidad reforzada, ya que tendremos la ocasión de aprovechar la brecha abierta por este proceso para empoderarnos, y cuestionar abiertamente y con más fuerza que nunca el obsoleto, anacrónico y antidemocrático régimen de la Constitución de 1978. Porque si no podemos abrir la brecha a nivel estatal debido al dominio hegemónico del bipartidismo y sus acérrimos y antediluvianos defensores, quizá podamos seguir abriendo brechas más pequeñas, más limitadas, pero que contribuyan a deteriorar este régimen, y a abrir procesos constituyentes dirigidos por la inmensa mayoría social, en defensa de sus intereses. Creemos que esta es la auténtica leyenda del 1-O. Que los árboles concretos no nos impidan ver el bosque.

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20 agosto 2017 7 20 /08 /agosto /2017 23:00
Por la senda del Pacifismo (64)

El mundo sigue siendo injusto, terriblemente injusto; la distribución de la riqueza que el sistema capitalista crea es de una inequidad espantosa. El hambre sigue siendo la principal causa de muerte de la población mundial, hambre evitable, hambre que debería desaparecer si se repartiera algo más equitativamente el producto social que creamos los humanos. Esa injusticia estructural en las relaciones interhumanas es el principal exterminio que enfrentamos a diario; pero eso no es la gran noticia, de eso no se habla mucho. Hoy el “terrorismo internacional” se presenta como el peor de los apocalipsis concebibles, mientras que del hambre no se habla, o se hace desde una óptica de caridad. Pero no podemos olvidar que por hambre mueren casi 100 veces más personas diarias que por “actos terroristas”. ¿O habrá que considerar el hambre como terrorismo?

Marcelo Colussi

Y es precisamente en ese contexto de las nuevas amenazas donde hay que colocar el nuevo papel, misión y funciones a desarrollar por las Fuerzas Armadas (en general por todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, aunque aquí nos refiramos sólo a los Ejércitos), como ya comenzamos a debatir y exponer en nuestra entrega anterior. Un punto importante que allí ya citamos de pasada fue lo relativo al rescate de la soberanía popular, y en esa línea puede situarse la recuperación de recursos nacionales usufructuados por la burguesía y las grandes empresas, para volver a ponerlos al servicio del país y de la sociedad, esto es, de la inversión social. Los Ejércitos están llamados a defender el patrimonio histórico, cultural, natural y artístico del pueblo, así como a la defensa de todos los procedimientos democráticos populares contemplados en las leyes. Las Fuerzas Armadas no deberían rebelarse jamás contra todos estos procesos, sino más bien al contrario, garantizar su celebración pacífica y democrática. Asímismo, deben garantizar el cumplimiento de los derechos sociales, económicos y culturales, de los derechos humanos en general, frente a cualquier intento de violación por algún agente interno o externo. En este sentido, cualquier intento de injerencia exterior debe ser rechazada. Las Fuerzas Armadas, siguiendo en esta línea, también deben participar en la transferencia del poder al pueblo, en el desarrollo de mecanismos que garanticen el poder popular contra todo intento de chantaje, impedimento o injerencia. Los Ejércitos también deben intervenir en los procesos de recuperación y redistribución de la tierra para los campesinos, pues son procesos que el gran capital no cede voluntariamente, y de ahí las históricas arremetidas de sicarios y paramilitares al servicio de los terratenientes, con un alto grado de impunidad. 

 

A los lectores y lectoras puede que les choquen todas estas nuevas "extrañas misiones" que estamos encomendando a las Fuerzas Armadas, y puede que incluso piensen que las estamos desvirtuando de su función básica, primigenia y originaria, pero eso ocurre simplemente porque nuestras mentes aún no han asumido los dos conceptos básicos, que son la senda pacifista (que supone en sí misma una reconversión hacia modelos de Fuerzas Armadas pacifistas, aunque esto pueda parecer un oxímoron), y la comprensión, detección y asimilación de las nuevas amenazas (para las cuales debemos inculcar, motivar y movilizar a los Ejércitos en su defensa del pueblo ante ellas). Por tanto, puede parecer raro, pero les pido a mis lectores paciencia y reflexión. La senda del Pacifismo obliga a un nuevo modelo de Fuerzas Armadas, más preocupado por la identificación y defensa del pueblo ante las nuevas amenazas y desafíos, distinguiendo muy bien quiénes son los agresores, y por tanto, ante quiénes debemos defendernos. Tenemos un enemigo común de los pueblos, que es el imperialismo. No haremos un tratamiento profundo de este asunto ahora mismo, porque le dedicaremos más adelante todo un bloque temático para analizarlo con la debida profundidad. Nos estamos centrando en la reconversión y las nuevas funciones de nuestros Ejércitos ante el escenario de la senda pacifista, de la cual hemos de estar total y absolutamente convencidos. El modelo de Fuerzas Armadas, que ya hemos denominado en la entrega anterior como "la unidad cívico-militar", debe ser entendido pues como un reencuentro necesario entre una milicia que renuncia a su condición de instrumento armado al servicio de esa casta privilegiada, y un pueblo que pierde sus recelos ante su Ejército. Un modelo que ya triunfa en algunos países de América Latina, basado a su vez en la idea de los libertadores originarios y los grandes pensadores, tales como Simón Bolívar, José Martí, Jose Carlos Mariátegui, etc. 

 

Hay que erradicar completamente el carácter anterior que en determinadas etapas históricas hayan podido desarrollar los Ejércitos, como por ejemplo el de ser forjadores de Golpes de Estado. Hay que desarrollar una progresiva socialización en el seno de las Fuerzas Armadas, de la mano de militares que ya posean y sean capaces de transmitir esa enorme sensibilidad social que es necesaria en un cuerpo armado. Hay que acabar con la corrupción dentro de los Ejércitos, con las malas prácticas, con los criterios sexistas y discriminatorios, incidiendo a su vez en una reconversión sobre los clásicos conceptos de "obediencia" y "disciplina". Necesitamos, por contra, unas Fuerzas Armadas absolutamente democráticas. La democracia debe entrar en el seno del Ejército, así como debe hacerlo también en la empresa privada. La senda pacifista debe estar unida en todo momento a la senda democrática, ya que ambas vías se complementan y son indisociables. Necesitamos que las Fuerzas Armadas, todos y todas sus integrantes, comprendan que hoy día, la mayor amenaza mundial en todos los órdenes se llama capitalismo. El capitalismo como bárbaro sistema económico está en la base y en la lógica de todos los conflictos y confrontaciones, entre los diferentes pueblos, incluso dentro de las propias comunidades contra sí mismas. El capitalismo es esa gran hidra venenosa de múltiples cabezas que hay que aniquilar, y las Fuerzas Armadas, desde una visión pacifista (insistimos en ello), deben garantizar que el pueblo, la patria, la nación (entendida ésta como la inmensa mayoría social, sus clases populares y trabajadoras), son defendidas ante este enemigo común de la patria y de la humanidad. El tristemente fallecido Presidente venezolano Hugo Chávez definió la "unidad cívico-militar" como el proceso de "inyectar pueblo a la milicia", definición hermosa que resume el carácter que las Fuerzas Armadas deben poseer bajo una óptica pacifista, soberanista y socialista. 

 

El nuevo modelo de FAS requiere en principio, una liberación de todas ellas de los escenarios de conflicto. Es decir, nuestros Ejércitos deben desaparecer y ser retirados de todas las zonas en conflicto actual, sean zonas de guerra o de "reconstrucción", hasta no conseguir una democratización de los foros de la comunidad internacional. Porque tal y como indican desde el Foro Contra las Guerras: "Se ha subrayado que esas intervenciones, muchas veces justificadas por las potencias agresoras como acciones "humanitarias" realizadas en nombre del progreso y de la democracia, en realidad perpetúan la explotación social, económica y política, y generan daños medioambientales irreparables". El referente más cercano en nuestro país al modelo de Ejército que estamos proponiendo lo constituye el Colectivo ANEMOI, un grupo de militares demócratas y republicanos, cuyos artículos pueden consultarse en diferentes medios de comunicación. Nosotros iremos citando también sus fuentes cuando abordemos algunos aspectos sobre cómo entendemos el pensamiento y las funciones de unas Fuerzas Armadas democráticas aliadas con el pueblo. De entrada, el propio ANEMOI se autodefinió de esta forma: "Un grupo de profesionales de las Fuerzas Armadas (FAS), preocupados por la deriva de la situación política y social en España en el contexto de la crisis global actual, y estimulados por la creciente ola de protestas sociales, hemos decidido participar en el debate público. Queremos aportar nuestros conocimientos del medio militar para poner de relieve las amenazas y las limitaciones que el actual modelo de Fuerzas Armadas representan para los cambios necesarios". Ya han protagonizado muchos actos públicos de presentación, conferencias, apoyo a manifiestos, publicación de artículos, defensa de compañeros y compañeras atacadas por la deriva autoritaria, corrupta y machista de los mandos, etc. Instamos a nuestros/as lectores/as a seguir las intervenciones de este colectivo en los diferentes medios y actos a los que concurren. 

 

Un primer objetivo que necesitan cubrir nuestras Fuerzas Armadas es su propia reestructuración interna, que ya sido denunciada por varios autores, entre los cuales destaca el ex Teniente Luis Gonzalo Segura. En la actualidad en nuestros Ejércitos existen alrededor de unos 19.000 oficiales frente a 41.000 soldados. Es decir, un oficial por cada dos soldados, aproximadamente. Nuestros Ejércitos sufren, por tanto, un problema de excedente de oficiales. Las condiciones de precariedad laboral o el miedo a la expulsión son el caldo de cultivo ideal para las malas prácticas, la corrupción, las malversaciones, el fraude, los abusos y los privilegios anacrónicos. Tal como explica el Teniente Segura: "Es obvio que un militar temporal que puede perder su trabajo con suma facilidad, máxime en un mundo tan cerrado como el castrense, no denunciará los delitos que pueda conocer por no asumir el riesgo que ello conlleva". Pero en su artículo de referencia, el Teniente Segura denuncia otra práctica bochornosa, que consiste en que son las propias Administraciones Públicas las que en muchas ocasiones contratan a empresas privadas (ligadas a puertas giratorias de sus altos cargos) para que se encarguen de la seguridad en edificios públicos, y lo hacen con los militares formados y expulsados por las Fuerzas Armadas. Es decir, pagamos a empresas de seguridad privadas (muchas de ellas vinculadas a altos cargos políticos del Gobierno de turno), altos mandos militares, políticos y otras personalidades para que militares a los que hemos formado (y expulsado) se encarguen de la seguridad de nuestros edificios (naturalmente, a un coste mayor que si estos soldados lo hicieran como trabajadores públicos). Hay que acabar con estas prácticas, y proceder a una reestructuración racional de la estructura militar, acorde con las necesidades reales, pero también hay que acabar con las prácticas políticas ligadas a las famosas "puertas giratorias", que sólo contribuyen al beneficio de las grandes empresas, y al retiro dorado de nuestros indecentes políticos. Continuaremos en siguientes entregas.

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17 agosto 2017 4 17 /08 /agosto /2017 23:00
Viñeta: JR Mora

Viñeta: JR Mora

Para acabar con la pobreza hay que garantizar los derechos de las grandes mayorías. La única posibilidad real de ello es reduciendo los privilegios de unos pocos. Hay que tocar ciertos intereses si quieres realmente garantizar los intereses de las grandes mayorías. En un sistema democrático existen conflictos de intereses alrededor de la definición de las políticas públicas. Garantizar los de unos, implica reducir los de otros. No se trata de quitárselos, pero sí de repartirlos mejor

Rosa Cañete (Economista e Investigadora de Oxfam)

No nos cansaremos de repetir los datos, aunque puedan resultar cansinos y redundantes, porque los consideramos completamente aberrantes, como aberrantes son las políticas que contribuyen a que se incrementen aún más las desigualdades: 

 

1.- Desde 2015, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el resto del planeta. 

 

2.- Actualmente, ocho personas (ocho hombres concretamente) poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas (la mitad de la humanidad).

 

3.- Durante los próximos 20 años, 500 personas en el mundo legarán 2,1 billones de dólares a sus herederos, una suma que supera el PIB de la India, un país con una población de 1.300 millones de personas. 

 

4.- Los ingresos del 10% más pobre de la población mundial han aumentado menos de 3 dólares al año entre 1988 y 2011, mientras que los del 1% más rico se han incrementado 182 veces más. 

 

5.- El director general de cualquier empresa incluida en el índice bursátil FTSE 100 gana en un año lo mismo que 10.000 trabajadores de las fábricas textiles de Bangladesh. El director general de la principal empresa tecnológica de la India gana 416 veces más que un trabajador medio de su misma empresa. 

 

6.- Un nuevo estudio del economista Thomas Piketty revela que en Estados Unidos los ingresos del 50% más pobre de la población se han congelado en los últimos 30 años, mientras que los del 1% más rico han aumentado un 300% en el mismo período. 

 

7.- En Vietnam, el hombre más rico del país gana en un día más que la persona más pobre en diez años. 

 

Podríamos continuar. Los datos son escalofriantes, indecentes, increíbles, insostenibles. Si el crecimiento económico entre 1990 y 2010 hubiese beneficiado a los más vulnerables, en la actualidad habría 700 millones de personas menos, en su mayoría mujeres, en situación de pobreza. Los estudios revelan que actualmente, los recursos existentes permitirían eliminar 3/4 partes de la pobreza extrema si se incrementase la recaudación fiscal y se recortase el gasto militar y otros gastos igualmente regresivos (en nuestro país, por ejemplo, las partidas para la Casa Real y para la Iglesia Católica, entre otras). Nuevos impuestos a la riqueza y al patrimonio podrían simplemente hacer una sociedad bastante más igualitaria, a costa de que los ya ricos lo fueron sólo un poquito menos. Mientras nuestros indecentes Gobiernos nos dicen que "no hay dinero" para ciertas transformaciones y medidas sociales tendentes al rescate de los más vulnerables, los datos indican que en 2015, las 10 mayores empresas del mundo obtuvieron una facturación superior a los ingresos públicos de 180 países juntos. La extrapolación a la economía y las empresas españolas es perfectamente practicable. Pero estos grandes agentes económicos, en vez de contribuir a la construcción de sociedades prósperas y justas, obedecen a un modelo de maximización de beneficios que conduce a una devaluación salarial sobre el trabajador medio, una presión sobre los pequeños productores, y a sofisticados esquemas corporativos para tributar menos de lo que les corresponde. Y todo ello, con los marcos legales a su favor, y la complicidad inestimable de los políticos a su servicio. 

 

En la década de los 80, los productores de cacao recibían el 18% del valor de una tableta de chocolate, frente al 6% que obtienen actualmente. Todo un andamiaje económico, político y social favorece a este capitalismo clientelar al servicio de las élites, y en detrimento de pequeños productores, y de las clases populares y trabajadoras. Los lobbies empresariales son cada vez más numerosos, y poseen más fuerza en los aparatos legislativos de sus respectivos países. Todo ello consagra una bola de nieve que va creciendo descontroladamente, y que reproduce y perpetúa las desigualdades. Los pequeños negocios se encuentran en una situación muy desigual frente al poderío de los grandes cárteles empresariales, y al monopolio del poder que ejercen estas grandes empresas, y los actores estrechamente ligados a los Gobiernos. El mexicano Carlos Slim, el tercer hombre más rico del mundo, controla aproximadamente el 70% del total de los servicios de telefonía móvil  y el 65% de las líneas fijas de su país. Los 1.810 milmillonarios de la lista Forbes de 2016, de los cuales el 89% son hombres, poseen en conjunto 6,5 billones de dólares, la misma riqueza que el 70% de la población más pobre de la humanidad. La riqueza que acumula esta élite ha crecido en promedio un 11% al año desde 2009, disparada desde los múltiples mecanismos de ingeniería de inversiones y de capital rentista y parasitario. Oxfam Intermón afirma que si los milmillonarios mantienen este nivel de rentabilidad, dentro de 25 años ya tendremos el primer "billonario" en el mundo, es decir, alguien con una fortuna de al menos 1 billón de dólares (aproximadamente, el equivalente al PIB actual de España). En un entorno como éste, los súper ricos tendrían que hacer verdaderos esfuerzos para no seguir acumulando más riqueza, pues los mecanismos económicos que la concentran se dispararían aún más. Continuaremos en siguientes entregas.

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16 agosto 2017 3 16 /08 /agosto /2017 23:00
Fuente Viñeta: http://www.noalttip.org/

Fuente Viñeta: http://www.noalttip.org/

Algunas poderosas corporaciones se han hecho con el poder en las "democracias" occidentales para sacrificar el bienestar de la población a la codicia corporativa y sus beneficios sin tener en cuenta a los pueblos, los países y la sociedad. El "capitalismo democrático" es total e irremediable. El TTIP concede a las corporaciones un inexplicable poder por encima de gobiernos y pueblos

Paul Craig Roberts

Llegados a este punto, después de 44 entregas anteriores de esta serie de artículos, entendemos que ya hemos explicado profusamente y con toda clase de argumentos la peligrosidad de la nueva hornada de Tratados de Libre Comercio (TLC), hemos enumerado claramente sus múltiples peligros, y hemos detallado sus innumerables riesgos, en los diversos campos de su aplicación a las políticas alimentarias, sociales, laborales, de protección intelectual, de servicios públicos, y un largo etc. Entendemos que los lectores y lectoras ya deben tener un fotografía más o menos completa de la dimensión de estas herramientas, y de cómo afectan a la práctica totalidad de las facetas de la vida humana, social y medioambiental. Bien, a partir de aquí podríamos comenzar una especie de segunda parte de esta serie de artículos, donde expongamos las alternativas. Dichas alternativas existen, y el camino general para ellas también se ha ido exponiendo sucintamente en entregas anteriores, pero es preciso exponerlas con más detalle. En este sentido, es necesario analizar cómo está constituido el comercio global, sus instituciones y sus reglas, es necesario también hablar sobre el proteccionismo (muchas veces mal entendido debido a la propaganda neoliberal y globalizadora imperante), y sobre todo, en nuestros últimos artículos, exponer las líneas generales para un tratado vinculante para las grandes empresas transnacionales, que consagre derechos para las personas pero reglas para las empresas, para finalizar exponiendo con detalle quizá la mejor y más completa alternativa a los TLC, como es el Tratado Internacional de los Pueblos. Con todo ello, no sólo nos habremos quedado en la exposición de las críticas, sino que también habremos ayudado a difundir la existencia de alternativas reales que se pueden implementar. 

 

Bien, la primera pregunta podría ser: ¿existen alternativas a los TLC? Enseguida nuestros críticos entenderán que en dicha pregunta estamos manifestándonos explícitamente contra el "libre comercio", pero ya hemos denunciado y desmontado sus mitos en entregas anteriores, a las que remito a los lectores y lectoras interesadas. No es cuestión de estar en contra del comercio, siempre que éste constituya una actividad lícita y respetuosa para los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza. Sí estamos claramente en contra de la visión que sobre el "libre comercio" pretende difundirse desde los actores interesados en la aprobación de los TLC al uso de nueva generación. Frente a estos tratados, y siguiendo a Verónica Gómez Calvo, de ATTAC España  (traductora del documento "El Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio: el ascenso al poder ilimitado de las multinacionales"), necesitamos un programa de políticas económicas que se base en la cooperación, no en la competición, y que ponga a las personas y al planeta por delante de los intereses de los grandes bancos y corporaciones. Por ejemplo, una alternativa es el ATM (Mandato Alternativo de Comercio e Inversiones), una coalición de más de 50 organizaciones europeas, que ofrece una alternativa a la agenda neoliberal, que incremente la economía y el bienestar social y medioambiental para todas las personas, es decir, globalmente. El ATM propone ser controlado democráticamente por el público y los parlamentarios, su visión se halla anclada en una comprensión holística del mundo y sus problemas, que tiene en cuenta el medio ambiente y la limitación de los recursos naturales, así como el respeto por las distintas etnias, clases y géneros, con la visión y objetivos de fomentar la justicia y la igualdad, dejando amplio margen a las comunidades para elegir libremente e integrarse en una economía global con justicia. 

 

Pero no sólo el ATM, sino que existen muchos otros movimientos y organizaciones que promueven y se interesan por una economía europea y global por el bien común, con valores y acorde con las limitaciones que la naturaleza nos impone, tales como la Economía Solidaria, la Economía del Bien Común, los defensores de los pro-comunes y los servicios públicos, etc. Necesitamos darnos cuenta, argumenta Verónica Gómez Calvo como una aportación a su traducción del referido documento, "de que el cambio que transforme las vidas de millones de personas sólo será posible si ponemos por delante la salvaguarda y el bienestar de las personas y el planeta, incorporamos la dimensión ética a la economía, y desarrollamos estructuras que posibiliten una democracia que además de representativa, sea también participativa (ciudadana) y directa, de manera que el último control de las decisiones políticas lo tenga el pueblo, empoderando a éste como sujeto político, con voz y voto real, de manera que el sistema económico se halle bajo control democrático y sea obligado a funcionar por todas y cada una de las personas que habitamos el mundo y por este planeta que no es sólo nuestra casa, sino la madre naturaleza que acoge y prolonga la existencia de la especie humana". Ese es por tanto el objetivo final, lo cual supone, evidentemente, girar 180 grados sobre la dirección de los tratados de libre comercio actuales, para recomenzar sobre una mirada ecológica, defensora de los derechos humanos, de la cooperación, de la solidaridad, de la igualdad, de la sostenibilidad, del respeto hacia los recursos naturales, y de la autonomía, independencia y soberanía de los pueblos. Por este camino es por donde hay que buscar las alternativas a estos aberrantes tratados. La única globalización que ha de respetarse y promocionarse es la de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza. Este es el horizonte, y la única salida al colapso civilizatorio al que estos tratados nos conducen. 

 

Pongamos en debate lo fundamental. Y así, en vez de dar por hecho que lo que es bueno para el comercio y los negocios lo es para todo el mundo (ya hemos desvelado los verdaderos objetivos de los actores económicos transnacionales que mueven los hilos de los tratados), se deben estudiar de forma pormenorizada todos los impactos sobre la sociedad y el medio ambiente. Pero este nuevo enfoque, radicalmente distinto, supone también dejar de mirar bajo el enfoque neoliberal, es decir, supone abandonar el prisma de los intereses empresariales, suponer poner límites y regular (en vez de hacer lo contrario), poniendo otros intereses en juego, otro orden de prioridades, otros valores y otros principios. Y entonces, si adoptamos esta otra visión, nos daremos cuenta de que el único acuerdo comercial aceptable sería uno que permitiese construir un futuro mejor mediante el apoyo a las economías y los empleos locales (seguros, estables y de calidad), un medio ambiente más limpio, y una buena y amplia protección social. Un acuerdo que se centre en el interés de las personas y el planeta, por encima de los intereses de los inversores y los grandes negocios. Un acuerdo basado en una total transparencia y rendición de cuentas, tanto en el proceso de negociación como en su fase de funcionamiento. Es imprescindible que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil puedan realizar un seguimiento y participar en lo que se negocia y acuerda. Y por otra parte, que las empresas y los inversores sean responsables de sus impactos sobre las personas y el medio ambiente, aceptando que los procesos productivos han de estar sometidos a escrupulosas normas de sostenibilidad y respeto al medio ambiente y a los recursos naturales. Básicamente, como estamos comprobando, justo lo contrario de lo que los TLC actuales negocian y propugnan. 

 

Pero no seamos ingenuos ni nos engañemos: diseñar, proyectar y aprobar estas herramientas o tratados alternativos requiere previamente una nueva orientación del poder, así como de los agentes y actores negociadores de los mismos. Ello conlleva que dejen de ser la Comisión Europea, los lobbies empresariales, el FMI, el BM, la OCDE, el G8, el G20, el Club Davos, la Trilateral o el famoso Club Bildelberg (por citar sólo unos cuantos de estos actores) los que estén al frente de estos tratados, sino que comiencen a tener relevancia las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, las asociaciones de consumidores, los parlamentarios, las asociaciones vecinales, los gremios profesionales, las asociaciones sectoriales, los Gobiernos y, sobre todo y en última instancia, los pueblos mediante su empoderamiento. También en este sentido, los organismos reguladores internacionales tienen que ser otros, destacando los organismos dependientes de la ONU (FAO, OIT, UNESCO, UNICEF...), así como las organizaciones no gubernamentales (ONG's) que destacan en sus trabajos, estudios e informes en sus respectivos campos de actuación. Al modificar los actores intervinientes, será posible ya comenzar a proponer cambios, alternativas y medidas que vayan enfocados hacia otros objetivos diametralmente opuestos a los de los actuales TLC. Y todo ello va a depender de la presión ciudadana, de que seamos capaces primero de estar convencidos, y de convencer a los demás, y de llevar a cabo todo tipo de actos masivos de protesta pacífica, así como de movilizaciones populares que sean capaces de revertir las normas de la política y de los actores que protagonizan y dictan las reglas del comercio internacional. Sólo así será posible que los enfoques y los objetivos vayan cambiando, se vayan reorientando, y vayan adoptando otras prioridades absolutamente distintas, a favor de la ciudadanía, y en detrimento de beneficios empresariales. Continuaremos en siguientes entregas.

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15 agosto 2017 2 15 /08 /agosto /2017 23:00
Hacia la superación del franquismo (36)

Incluso en el ámbito académico al régimen franquista se le define como autoritario, no como totalitario, queriendo, de esta manera, atenuar el grado de crudeza de la dictadura española. Fueron 40 años de franquismo que marcaron profundamente la idiosincrasia, la actitud y los comportamientos políticos que calaron en una generación, que se trasladó a las siguientes y que perviven en la actualidad. Es lo que se ha denominado franquismo sociológico, un hecho de tolerancia social por el que se aceptan los comportamientos fascistas como algo no especialmente malo, que, unido a una élite proveniente del régimen que protagonizó el cambio de régimen sin perder el poder económico, político y mediático, lideraron una transición gatopardista que sirviera para asegurar su posición privilegiada, es lo que nos ha conducido hasta la situación de nuestros días

Fran Delgado

En la entrega anterior, nos habíamos quedado exponiendo la deriva de los partidos de izquierda provenientes de la lucha antifranquista, excepto los republicanos (que no fueron legalizados), en especial la decepcionante y traidora evolución del PSOE. Porque en efecto, y desde 1977 en adelante, el PSOE ha ido ignorando y ninguneando a la República y todo lo que tenga que ver con ella, así como a la Memoria Histórica, salvo en el caso de la insuficiente Ley de 2007 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Bajo objetivos únicamente partidistas y electoralistas, el PSOE jamás se decantó claramente hacia un escenario republicano, y únicamente hacía alusiones a su "espíritu republicano" durante las campañas electorales. Pero cuando llegaba al poder, su pompa, devoción, boato y esplendor hacia la Monarquía resultaba más que evidente. Como partido monárquico, los socialdemócratas se convirtieron en expertos en proponer reformas, que cuando gobernaban eran incapaces de hacer, o quedaban simplemente postergadas o ignoradas. Igual ocurría con el asunto de los privilegios, el poderío y la enorme influencia de la Iglesia Católica. En el año 2014 la traición del PSOE a la República volvió a repetirse por segunda vez después de casi 40 años. Y así, el partido "socialista y obrero" apoyó en el Congreso la proclamación del nuevo Rey Felipe VI, hijo del monarca impuesto por el propio dictador, consumando una nueva restauración (o continuación) borbónica. El PSOE volvió a negar al pueblo español la consulta en referéndum para que éste pudiera elegir libremente el modelo de Jefatura de Estado que deseaba. Todo en aras del tan manido "consenso constitucional" de 1978, que las nuevas generaciones de españoles y españolas no pudieron votar porque ni siquiera habían nacido.

 

Las excusas han sido siempre las mismas: "la República no toca", "no es el momento", "no vamos a poner el país patas arriba", "el régimen actual ya respeta las libertades y la democracia", y un largo etcétera de absurdos pretextos para no abordar a fondo un cambio de modelo. Superar el franquismo supone superar también al PSOE, que al igual que el PP, la otra pata del bipartidismo, han consagrado el régimen de democracia vigilada, tutelada, recortada y de baja intensidad que venimos sufriendo desde entonces. Pero no queda ahí la cosa, porque en diciembre de 2016, en el Congreso de los Diputados, el PSOE votó en contra de derogar la Ley de Amnistía de 1977 para así poder juzgar los delitos de torturas, desapariciones forzadas, crímenes de genocidio y de lesa humanidad, cometidos durante la Guerra Civil y la posterior dictadura. Por tanto, está claro que esta fuerza política sigue a favor de mantener la impunidad franquista. Y como ya adelantábamos en la entrega anterior, la raíz de todos estos comportamientos, de la degradación, la desnaturalización y el declive del PSOE, hay que buscarlos en el año 1972, cuando se consuma la traición del PSOE a la República y a Rodolfo Llopis. Vamos a basarnos en este artículo del medio Eco Republicano para explicar tal proceso. Debido al franquismo imperante en la España de los años 70, el PSOE se veía obligado a celebrar sus congresos en el exilio. En agosto de 1970 la localidad francesa de Toulouse albergó el XI Congreso del partido. En este cónclave se mantuvo una pugna abierta entre los socialistas españoles en el exilio (encabezados por Rodolfo Llopis), y los socialistas del interior, entre los que se encontraba un joven Felipe González. En dicho Congreso se planteó la no reelección de Llopis como Secretario General, sin embargo Llopis salió reelegido ya que contaba con el apoyo mayoritario de las agrupaciones socialistas en el exilio y su correspondiente militancia. 

 

El histórico líder socialista en el exilio Rodolfo Llopis, un gran pedagogo republicano, había representado hasta entonces la legitimidad del PSOE, representando el cargo de Secretario General desde 1944, y como Presidente de la UGT desde 1956 hasta 1971. Durante la II República, fue Director General de Primera Enseñanza en el ministerio dirigido por Marcelino Domingo. Llopis fue ante todo un hombre íntegro, fiel a sus principios socialistas, colaborador y amigo fiel de Francisco Largo Caballero, y dedicó gran parte de su vida a la enseñanza. Ostentó cargos de Diputado a Cortes por la República desde 1931 hasta 1939, y fue elegido Presidente del Consejo de Ministros de la República Española en el exilio en 1947, como ya detallamos en la anterior entrega. Llopis fue un icono de la lucha antifranquista y de la defensa de la legalidad republicana, pero después de toda una vida de lucha y dedicación a sus ideales, fue objeto de una traición para desbancarle de la Secretaría General de su partido. A raíz de aquél Congreso de 1970, los socialistas ya estaban claramente divididos en dos sectores: el "histórico" que apoyaba desde las agrupaciones del exilio a Rodolfo Llopis, y el "renovador", que representaba a las agrupaciones del interior de España, que pretendían acaparar el poder. En agosto  de 1972, dirigentes del sector renovador, encabezado entre otros por Felipe González, Nicolás Redondo, Ramón Rubial, Pablo Castellanos, Alfonso Guerra, etc., convocó el XII Congreso en el exilio, en la localidad francesa de Toulouse, con la oposición de Rodolfo Llopis. Diversas fuentes indican que el número de delegados del PSOE del interior estaba "inflado", ya que no existían tantas agrupaciones socialistas en el interior, lo que limitaría el número de representantes con derecho a voto. Esta artimaña sirvió para que el Congreso nombrase una Ejecutiva colegiada, que sirviera para desbancar a Llopis de la Secretaría General. 

 

Con el fin de que no fuera tan evidente, Ramón Rubial incluso ofreció a Llopis la Presidencia del partido, algo que Llopis rechazó por principios. Los líderes del sector renovador ocuparon el despacho de Llopis y cambiaron la cerradura. Rodolfo Llopis no asistió a este Congreso y nunca reconocería la validez del mismo, y en octubre de 1972, Llopis se reunió con sus correligionarios y convocó el XII Congreso para diciembre de ese mismo año. A este congreso asistieron 83 grupos departamentales y agrupaciones del exterior con un total de 212 delegados, frente a 19 Federaciones del interior con 47 delegados. Estas cifras sí eran ya más lógicas. Pero después de esta duplicidad de congresos, el partido quedó total y absolutamente dividido en los dos sectores señalados. Durante el año siguiente, 1973, ambas corrientes tratarían de buscar ser reconocidas por la Internacional Socialista. El PSOE del interior, encabezado por Enrique Tierno Galván, apoyó al PSOE histórico de Rodolfo Llopis, pero el sector renovador contaría con el apoyo fundamental de Estados Unidos y los partidos socialdemócratas europeos, tal como relata el libro de Alfredo Grimaldos "La CIA en España". A partir de 1972, la Internacional Socialista crearía una comisión especial para estudiar el caso español, y decidir si se reconocía al sector renovador o  al sector histórico como válido representante de las siglas del PSOE. Finalmente, en enero de 1974 (el año del Congreso de Suresnes, donde el PSOE se alejaría definitivamente del marxismo), la Internacional Socialista validaría el congreso celebrado en agosto de 1972 como "legítimo y legal", en detrimento del congreso celebrado en diciembre por Rodolfo Llopis. La traición quedaba de esta forma consumada y legitimada. Y ya con todo a su favor, en octubre de 1974 los renovadores convocaron el XIII Congreso en el Exilio, en la ciudad de Suresnes, donde Felipe González alcanzó la Secretaría General. 

 

Como ya hemos indicado, el "nuevo" PSOE de Felipe González renunciaría al marxismo, abandonando el socialismo (aunque sigan con mucho orgullo autodenominándose "socialistas" y publiciten falaces eslóganes como "Somos la izquierda") y convirtiendo al partido hacia una ideología socialdemócrata. Además de eso, el PSOE renunció a la restitución de la República, dando validez a la Monarquía y a la bandera rojigualda. Estas renuncias evidentemente sirvieron para legalizar al partido y contentar a los sectores postfranquistas que apoyaban al régimen monárquico, según el legado de Franco. Los servicios prestados por Estados Unidos, la CIA y los líderes de la socialdemocracia alemana serían más tarde recompensados con la entrada de nuestro país en la OTAN (la organización más belicista del mundo) y la presencia de bases militares en nuestro territorio, durante los posteriores Gobiernos de Felipe González (1982-1996). La culminación de todo ello la supuso nuestra integración en la Unión Europea, el club neoliberal por excelencia, del que formamos parte desde 1986, tanto de su estructura política como de su unión monetaria. La adopción del euro como moneda desde comienzos del siglo XXI nos integró completamente en su estructura económica y monetaria (la llamada EuroZona), que ha servido sobre todo para estar vigilados por la Comisión Europea en cuanto a los fanáticos criterios de convergencia, memorandos de entendimiento y mecanismos de estabilidad y control. Todo ello (entre otras muchas cosas) se lo debemos al PSOE, a este engendro traidor a las conquistas de la clase obrera, enemigo de las aspiraciones de las clases populares, y amigo de los grandes agentes económicos que nos gobiernan en la sombra desde la tan cacareada y magnificada Transición. Superar el franquismo supone también, desde todos estos puntos de vista, recuperar la soberanía perdida con nuestra integración en todos estos bloques belicistas y neoliberales. Continuaremos en siguientes entregas.

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14 agosto 2017 1 14 /08 /agosto /2017 23:00
Fuente Viñeta: La Crisálida Púrpura

Fuente Viñeta: La Crisálida Púrpura

Turismo sostenible es aquél que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas

Definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT)

El mayor desafío al que se enfrenta la política en lo que respecta al turismo es en hacer partícipe de sus beneficios a los habitantes de las ciudades, más allá de otorgarles unos trabajos temporales y precarios

Antonio Maestre

El debate ya estaba encima de la mesa desde hace algunos años, pero los recientes acontecimientos ocurridos en Cataluña, País Vasco y Baleares lo han vuelto a catapultar a primer plano de la actualidad. Y es que algunos grupos juveniles de la izquierda de estas comunidades han protagonizado algunos actos vandálicos contra determinados recursos turísticos (autobuses, bicicletas, locales, etc.) y han lanzado determinadas propuestas políticas, tales como la expropiación de determinados parques temáticos u hoteles. Enseguida, las fuerzas políticas adheridas al neoliberalismo más decadente (léase PP, C's y PSOE) no tardaron en criminalizar estos actos y a sus provocadores, pero como se ha insistido desde varias fuentes, el problema de fondo es mucho más profundo y obedece a causas de mayor calado, traspasando las fronteras banales que pretenden denunciar las fuerzas políticas de la derecha. Básicamente estamos hablando de un modelo turístico que no se sostiene, y que como una hidra venenosa, abarca con sus tentáculos infinidad de frentes: precarización del trabajo, aumento de los beneficios de las grandes empresas multinacionales que gestionan los enormes recursos turísticos, masificación turística de las grandes ciudades, destrucción del territorio, permisividad ante los modelos de turismo "de borrachera", surgimiento de plataformas digitales que se aprovechan de determinados limbos legales, etc. Y en el epicentro de todo ello, una única palabra: sostenibilidad. Porque el problema de fondo que desde la izquierda transformadora llevamos denunciando desde hace tiempo es precisamente ese, es decir, la existencia de un modelo turístico absolutamente insostenible desde los puntos de vista humano, social y medioambiental. 

 

No se trata por tanto de ningún ataque repentino de "Turismofobia", como muchos ya han calificado a los ataques de los grupos juveniles de izquierda, sino del hartazgo social que provocan todos los flecos de un modelo turístico completamente pernicioso. Hay que poner en debate imperiosamente cada uno de esos flecos: ofertas turísticas, masificación, empleos en el sector, alquileres ilegales, derecho a la ciudad por parte de sus habitantes, etc., es decir, el sector turístico español necesita toda una reconversión y adaptabilidad enfocada hacia su sostenibilidad, porque en caso contrario, de seguir ignorando estos problemas, el camino nos conduce hacia estallidos sociales de mayor envergadura. En el fondo, nos topamos con realidades sociales que hay que poner en debate, y que confluirían en el modelo de ciudad que queremos, en su diversificación productiva, en el respeto hacia los usos y costumbres socioculturales de las ciudades, y en su relación con el desarrollo turístico sostenible. Y ello pasa también por fortalecer los mecanismos de la democracia local, y de los modelos de gobernanza urbana en relación al turismo, para garantizar que no se vuelven a producir conflictos vecinales como los que se llevan produciendo durante los últimos meses y años. De entrada, el propio desarrollismo nos impone sus propios ritmos, ante los cuales hay que actuar: el número de visitantes aumenta, las comunicaciones y sistemas de transporte mejoran, y las ofertas de alojamiento, restauración y servicios turísticos crecen y se adaptan. Pero todo ello, como decimos, lejos de constituir únicamente "buenas noticias" para el sector y para todo el PIB nacional, debe llevarnos a debatir ampliamente sobre la sostenibilidad del propio modelo turístico, y todos los problemas que se esconden detrás, muchos de ellos invisibilizados hasta hace poco tiempo. 

 

Las clases dominantes nos imponen un discurso positivo, amparado en la fuerte proyección empresarial, política y mediática, donde el turismo es presentado como un pilar básico de nuestra economía, y como un motor privilegiado para el crecimiento de la misma, asociado al bienestar y a la creación de empleo. Pero detrás de estos grandilocuentes discursos, nos encontramos con incómodas e insostenibles realidades que es preciso afrontar con determinación. Y así, el propio turismo de masas, la privatización de espacios públicos, el comportamiento de determinados segmentos de turistas, la triste y precaria realidad laboral de la mayoría de sus sectores, o la creación de nichos de negocio ilegales creados al amparo de la masificación turística, descubren la otra realidad turística de nuestro país. Y al igual que todo el mundo entiende y ve razonable que debamos limitar el número de turistas que visitan las Cuevas de Altamira o la Alhambra de Granada, para proteger sus recursos ante la masificación, todos debiéramos entender que también hemos de poner límites a las licencias turísticas de los pisos céntricos de las grandes ciudades, porque en caso contrario, simplemente, estamos echando a las personas de sus viviendas, dejando que la iniciativa empresarial acabe con el derecho a disfrutar y a vivir en nuestras ciudades. Resumido en otras palabras: no poner límites a determinados aspectos turísticos es, simplemente, insostenible. Hemos de entender el turismo como un fenómeno integral, como un todo industrial y cultural, en el que hay que actuar para regular y mejorar, para conducirlo hacia parámetros, valores y niveles sostenibles. La cuestión central reside en la reorientación de la oferta turística y en las estrategias políticas y empresariales vinculadas a la planificación, promoción y desarrollo de las actividades turísticas. 

 

Y es que el concepto de "sostenibilidad" aplicado al turismo se adscribe a múltiples facetas, tales como los establecimientos hoteleros (en cantidad y calidad), el número y tipo de los puestos de trabajo (cantidad y calidad), el tipo de negocios que circulan en torno a su industria, la regulación del patrimonio cultural, natural e histórico, o el cuidado de recursos naturales como el aire, el agua, los bosques, etc. En este sentido, los principios de sostenibilidad del desarrollo turístico incluyen una triple dimensión que es necesario cuidar (medioambiental, económica y sociocultural) buscando un equilibrio adecuado entre las mismas. Y evidentemente, si damos prioridad únicamente al factor del crecimiento y de la presencia empresarial, confundiendo la riqueza entendida como sus beneficios empresariales que engordan nuestro PIB, llevamos muy mal camino. Un modelo de turismo sostenible ha de velar también por la viabilidad económica, por la prosperidad local, por la calidad del empleo, por la equidad social, por la satisfacción del visitante, por el bienestar de la comunidad, por la riqueza cultural, por la preservación del medio ambiente, por la protección del patrimonio ambiental, histórico y natural, y por el respeto a la biodiversidad local. Si no tenemos en cuenta todos estos factores, nuestro modelo de turismo no será sostenible durante mucho tiempo. Y aquí, hay que denunciar que la pasividad de la clase política, junto a la voracidad insaciable de la clase empresarial, nos han llevado a modelos absolutamente catastróficos. El modelo turístico también debe servir para revertir sus beneficios en mejoras para las comunidades anfitrionas, orientándolo al desarrollo social comunitario y a la generación de puestos de trabajo estables y de calidad, que vayan más allá de la típica estacionalidad. 

 

De igual modo, la oferta turística ha de estar integrada en un nuevo modelo productivo, hoy día inexistente, que posea un carácter más amplio y diversificado, y que supere los estereotipos de ciertas ciudades y comunidades. ¿Se cumple todo ello actualmente? Pues evidentemente, estamos muy lejos de alcanzar dicho modelo. Nuestro modelo turístico se basa únicamente en la explotación de determinados nichos de negocio, en la adscripción a fórmulas turísticas de oferta limitada y estacional, en la explotación laboral de las personas que trabajan en ellos, y en la permisividad y descontrol sobre la actividad de las empresas, todo lo cual nos aboca a un modelo turístico masificado, monolítico, explotador e insostenible. Y en la rebelión social ante dicho modelo es donde hay que enmarcar las actividades de protesta ciudadana de carácter vandálico que han sufrido algunas de nuestras ciudades. Pero seamos justos: más que ante ataques puntuales de "turismofobia" se trata de manifestaciones de protesta y reivindicación ante las terribles consecuencias de un modelo injusto y depredador que se nos impone desde la iniciativa empresarial privada, ante la connivencia (y en muchos casos complicidad) de una clase política incapaz de enfrentarse al problema con determinación y radicalidad. Las proclamas encendidas que estos grupos juveniles han dejado ("El turismo mata los barrios") son la lógica consecuencia de la inacción ante este modelo tóxico de turismo. Los vecindarios de determinados barrios padecen continuamente la apropiación del espacio público por parte de determinadas empresas, lo cual limita sus actividades de ocio y esparcimiento, de paseo y recreo ciudadano, y de funcionalidad del espacio público. Y qué decir sobre las agresivas actuaciones de ciertas plataformas presentes en Internet que controlan las viviendas turísticas, así como de la cada vez mayor precariedad laboral que sufren ciertos sectores en la hostelería. 

 

Todo ello conforma un peligroso cóctel que acabará por explotar aún más si no tomamos, como sociedad, cartas en el asunto. El turismo y la riqueza generada por el mismo no puede ser la permanente excusa para que determinados sectores empresariales hagan de su capa un sayo, y conviertan el mercado en un ente cada vez más salvaje y desregulado, en perjuicio de las clases trabajadoras y del vecindario de los barrios más céntricos de las grandes ciudades. Más allá por tanto de condenar y criminalizar estos actos, hay que entenderlos como actos simbólicos contra el turismo agresivo e insostenible, al estilo de los que protagonizó el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) con la ocupación de ciertas fincas o con la expropiación de determinado material escolar de unos hipermercados. La protesta simbólica ocurre cuando las protestas populares en determinados asuntos de gravedad no encuentran sus cauces ni sus respuestas adecuadas, y por tanto, representan un mecanismo de defensa de la ciudadanía ante el atropello de las prácticas neoliberales, y el silencio cómplice de los serviles políticos que nos gobiernan. Se culpabiliza a estos grupos juveniles por su "violencia", pero se esconden focos mayores de violencia política, económica y social que sufren los/as trabajadores/as y vecinos/as debido al injusto modelo turístico que padecemos. Hay que acabar también con la turistificación, un concepto que se refiere al impacto que sufren los habitantes de un barrio cuando sus instalaciones y servicios pasan a dedicarse de manera casi exclusiva al turista, en detrimento del residente. Todo ello conduce inexorablemente al desalojo progresivo de las clases populares y trabajadoras de sus barrios, pues los negocios y empresas turísticas se los apropian en beneficio del turismo masivo y descontrolado. Al final de este camino se pierde el propio derecho a la ciudad, reconocido en todos los foros internacionales de derechos humanos emergentes. 

 

Antonio Maestre lo ha explicado magníficamente en este reciente artículo para el medio La Marea: "La sobreexplotación a todos los niveles implica el riesgo de crear una burbuja que acabe matando de éxito al modelo. En Mallorca, el año pasado, se empezaron a cancelar reservas porque la masificación hacía insoportable la permanencia de algunos visitantes en la isla. Ya no son sólo los locales los que acaban expulsados por el turismo desaforado, son los propios turistas los que acaban hartos de un modelo masificado que busca el beneficio rápido a costa de expoliar los recursos humanos, urbanos y medioambientales de las ciudades y ofrecer un servicio de escasa calidad. La fobia al turismo es propia de aquéllos que miran para otro lado cuando acaba convirtiéndose en el enemigo de los que tienen que vivir y disfrutar de él, no de los que luchan y claman por un sector sostenible que aporte beneficios a todos los estratos sociales". A este ritmo, por tanto, es evidente que ni las condiciones laborales que sufren los trabajadores, ni el desgaste de los recursos naturales, ni la degradación del patrimonio histórico-artístico, ni el proceso de continua gentrificación que sufren los barrios, entre otros aspectos ligados al turismo masivo y descontrolado, pueden ser sostenibles en el tiempo. Corremos el riesgo de convertir nuestras ciudades en parques temáticos al servicio de los turistas, mientras se convierten en selvas donde no merece la pena vivir ni trabajar. Hemos de poner en cuestión las bases del modelo turístico español, si es que queremos que la riqueza generada sea socialmente rentable, además de serlo económicamente. Es un debate urgente que no podemos aplazar por más tiempo. El modelo turístico actual nos puede estallar en cualquier momento. 

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13 agosto 2017 7 13 /08 /agosto /2017 23:00
Viñeta: Martirena

Viñeta: Martirena

Los ejércitos nunca han servido para ayudar a la gente, sino a los ricos para derrotar a los pobres; son algo completamente inútil y uno de los peores capítulos en que los Estados derrochan el dinero

Arcadi Oliveres

BLOQUE II. SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS.

 

Como ya advertimos en la entrega anterior, a partir de la presente nos dedicaremos a abordar, por supuesto en relación al tema de fondo que nos ocupa (el pacifismo), el papel de los Ejércitos y de las Fuerzas Armadas, tanto referidas a nuestro país como al contexto internacional. Debatiremos sobre la evolución desde las amenazas militares clásicas hasta las nuevas amenazas, y discutiremos el papel que las Fuerzas Armadas deberían desarrollar bajo la óptica pacifista. Actualmente, en la inmensa mayoría de los países, bajo un contexto como el actual, de bloques militares, de amenazas de guerra, de conflagraciones parciales en distintos continentes, de conflictos armados diversos, etc., las Fuerzas Armadas son parte imprescindible de lo que llamamos el complejo militar-industrial. Este complejo se desarrolla históricamente cuando la industria militar y de fabricación y exportación de armas necesita la propia guerra para incrementar su crecimiento (razón de ser del propio capitalismo), y los Ejércitos, evidentemente, son parte esencial del mismo. Bien, los tiempos cambian, surge un nuevo concepto de amenazas (derivado igualmente de la insaciabilidad capitalista) y necesitamos nuevos papeles y tareas para nuestras Fuerzas Armadas, cambios que deberían reflejarse en las propias Constituciones, y que alejen la visión anticuada y militarista de los Ejércitos. Desde los años 90 vienen surgiendo, auspiciados por la ONU, una serie de grupos armados cuya misión es únicamente "de paz", y que intervienen justo después de que los conflictos armados han finalizado, para ayudar a la población civil a restablecer su vida, a la nación sus infraestructuras y a la sociedad civil su organización. 

 

Pero estos famosos "cascos azules" de la ONU, en sus múltiples variantes, no ofrecen en realidad una nueva orientación de los Ejércitos, sino una serie de tareas auxiliares, enfocadas a la ayuda social y civil en la reconstrucción de zonas en conflicto. Igualmente, se han venido creando dentro de los actuales Ejércitos una serie de unidades especiales, cuyo cometido se aleja de las clásicas acciones bélicas, como en España ocurre con la UME (Unidad Militar de Emergencias), y que desarrollan tareas de auxilio y apoyo en toda clase de accidentes, catástrofes naturales o conflictos civiles. Pero como decimos, en el fondo, aún no se han desterrado de los Ejércitos su capacidad y su visión guerrera, y sus objetivos militares en la intervención de conflictos armados. Mis lectores y lectoras podrán argumentar que precisamente para eso están los Ejércitos, pero si somos coherentes con la senda pacifista, en un contexto de paz, nacional e internacional, está claro que el papel de los Ejércitos ha de ser revisado desde varios puntos de vista. ¿Cuál podría ser ese nuevo papel, y cómo podríamos llamarlo? Pues por ejemplo, podríamos aspirar a conseguir lo que en algunos países de América Latina han denominado como "la unidad cívico-militar", como una expresión que intenta describir la íntima relación que debiera alcanzarse entre el pueblo y sus Fuerzas Armadas. Para ello, como decimos, el papel de las propias Fuerzas Armadas ha de ser redefinido por completo, y aunque no pueden renunciar a su propia esencia (pues si no ya no podríamos hablar de Fuerzas Armadas), sí debemos reservar para ellas otras funciones y cometidos totalmente distintos. ¿Significa eso que los Ejércitos ya no servirán para la defensa militar de nuestros países cuando sea necesario? Nada más lejos de la realidad. 

 

Los Ejércitos seguirán preparados y listos para desarrollar sus funciones militares ante situaciones de defensa propia de la nación (invasiones de países extranjeros, declaraciones de guerra de terceros países, intervenciones militares de nuestro país en conflictos extranjeros cuando sea estrictamente necesario y bajo la tutela de una ONU más democrática, etc.). Pero es evidente que, aun manteniendo y reservando para los Ejércitos el papel clásico que estamos señalando, nuestro mundo de hoy recibe continuamente nuevas amenazas a las personas que hay que combatir, que no tienen nada que ver con las amenazas militares, donde nuestras Fuerzas Armadas podrían desarrollar papeles muy interesantes, a la vez que se reducen al mínimo imprescindible la colaboración de las mismas en conflictos armados exteriores, donde la senda del pacifismo obliga a actuar por todos los medios posibles sin recurrir a la guerra. Lo primero que tenemos que abandonar es la visión burguesa y capitalista de las Fuerzas Armadas, consideradas como parte del aparato del Estado, un Estado que posee el monopolio de la violencia y de las armas, y que está al servicio de las clases dominantes, y para el que los Ejércitos tienen un papel reservado en la defensa del territorio nacional, de la "patria" y de la soberanía. Pero detrás de estas grandilocuentes palabras, se esconden unos Ejércitos muy pegados ideológicamente al pensamiento dominante, que están diseñados y entrenados para concebir la "defensa nacional" como una defensa de las clases dominantes, de la burguesía, de los terratenientes, de los latifundistas y de los poderes gubernamentales. La senda pacifista, como senda internacionalista, pone en crisis y en debate los propios conceptos de "soberanía nacional", de "patria" y de "integridad territorial", palabras gruesas que se dan cita en casi todos los textos constitucionales clásicos. 

 

¿En qué podría consistir entonces esa "unidad cívico-militar" a la que aspiramos para nuestras Fuerzas Armadas? Pues básicamente en crear poco a poco una corriente militar contrahegemónica, capaz de romper con la clásica hegemonía burguesa sobre el papel de las Fuerzas Armadas nacionales. Los Ejércitos, en su nueva concepción, deben convertirse en un brazo armado que se sustraiga del control ejercido por la burguesía sobre el aparato militar para el ejercicio de su violencia de clase. Y ello porque históricamente, tenemos muchos casos perfectamente documentados en los cuales la reacción de los altos sectores de las Fuerzas Armadas a su utilización por los políticos (legítimos representantes del pueblo, al que las FF.AA. se deben) se ha vuelto contra el pueblo, contra el cual han perpetrado crueles masacres. Piénsese por ejemplo en el papel de una parte de nuestras FF.AA. (otra parte permaneció fiel a la Segunda República) ante el Golpe de Estado fascista del General Franco de 1936, donde el Ejército se rebeló contra el pueblo y el legítimo poder del gobierno republicano. Esas actitudes de rebelión deben estar absolutamente descartadas bajo unas Fuerzas Armadas democráticas, cuya misión principal debe estar al servicio del pueblo, para su defensa e integridad. Pero el pueblo no entendido en sentido genérico o filosófico, sino en sentido concreto, es decir, el conjunto de la población civil. Hay que crear por tanto una nueva doctrina militar para nuestros Ejércitos, que revolucione su clásico papel. Una doctrina militar despegada de los grandes bloques militares, despegada del imperialismo, despegada de su utilización por parte de los intereses de las clases dominantes, y despegada de toda intención bélica que no esté absolutamente legitimada y enmarcada en una intervención oficial y democráticamente reconocida. 

 

Ello implica también, bajo estos nuevos parámetros de la "unidad civico-militar", que nuestros Ejércitos han de convertirse en elemento plenamente soberano, esto es, la negación a la presencia de misiones y bases militares extranjeras sobre el suelo patrio, y la retirada de todas nuestras tropas de todas las alianzas militares estratéticas donde pudieran estar presentes, así como de todos los conflictos armados donde nuestros Ejércitos estén destinados. El movimiento se demuestra andando, y precisamente esta es la forma de andar bajo la senda pacifista. Y por otra parte, los Ejércitos deben procurar una estrecha vinculación cívico-militar en el trabajo social (desarrollo de tareas de protección de los derechos humanos, abastecimiento, protección civil, etc.), la formación de las Fuerzas Armadas con una orientación no represiva hacia el pueblo y no supeditada a los poderes económicos del gran capital, tanto nacional como extranjero. En las escuelas militares se debe reordenar y reorientar el programa, que además de la propia preparación militar física y teórica, nuestros futuros militares deben salir con actitudes, ideas y principios antiimperialistas, democráticos y socialistas. Si queremos la paz tenemos que prepararnos para la paz, y un paso principal para ello es reconvertir todo el clásico ideario militar basado en el belicismo y en las actitudes fascistas, de desprecio al pueblo y de apego a los intereses de la alta burguesía. Los Ejércitos deben pertenecer al pueblo en toda su dimensión. Deben obedecer al pueblo a través de los mecanismos representativos y democráticos que se habiliten en la sociedad civil, y deben luchar contra las nuevas amenazas que aquejan a nuestras sociedades, alejando fantasmas de objetivos militares, de guerras y de conflictos armados. Ello requiere, lógicamente, una retirada de ese complejo militar-industrial del que comenzábamos hablando, para dejar de ser parte del mismo, y renunciar a sus objetivos guerreros y capitalistas. Continuaremos en siguientes entregas.

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10 agosto 2017 4 10 /08 /agosto /2017 23:00
Viñeta: Clay Bennett

Viñeta: Clay Bennett

Una analogía gráfica sobre la desigualdad en Estados Unidos muestra que si hiciéramos la ficción de que la estatura física de la gente fuera proporcional a sus ingresos, resulta que habría millones de personas que no se levantarían ni 10 cm. del suelo, mientras que Bill Gates mediría unos 130 Km. de alto, es decir, 13 millones de centímetros

Daniel Raventós

Desmontemos algunos mitos que las clases dominantes nos pretenden inculcar en torno a la actual crisis y a la desigualdad, y que demuestran la falacia de sus argumentos. Primer mito: sufrimos una crisis económica, y eso dispara las desigualdades. Falso. La desigualdad en España no es el resultado de la crisis económica, aunque se haya acentuado durante la misma. De hecho, la supuesta "recuperación" económica de los dos últimos años no ha servido para reducirla, aunque se haya revertido levemente. La desigualdad en nuestro país continúa aumentando como resultado de una economía que promueve una distribución injusta de las rentas, y las oportunidades que se generan. Desde ese punto de vista, y ya lo hemos comentado en otras ocasiones, la crisis sólo ha constituido una excusa, un pretexto para ahondar en la transformación de las estructuras del Estado para desposeer a las clases populares y trabajadoras la mayor parte de los mecanismos de protección social. Segundo mito: ya hemos dejado atrás lo peor de la crisis. Falso. Al ser falso el primer mito, también lo es éste, en el sentido de que es falso que estemos viendo "la luz al final del túnel", y que se comiencen a revertir los recortes sociales y laborales que se han venido practicando. Esos recortes forman parte de una calculada estrategia neoliberal para minimizar el sector público, adelgazar el Estado, y transferir mayor cantidad de rentas, recursos y posibilidades a los más poderosos. De hecho, el aumento de las desigualdades amenaza con fracturar de manera irreversible los pilares básicos de la cohesión social. Tercer mito:de todas las crisis se sale con incrementos de la desigualdad. Falso. Eso ocurre cuando las crisis son gestionadas bajo criterios y objetivos neoliberales. 

 

Cuarto mito: cuando finalice la crisis volveremos a los niveles de renta y protección social anteriores a la misma. Falso. La crisis, como estamos comentando, no es una situación coyuntural, sino todo un estallido de los procesos de producción capitalistas, que se utilizan en detrimento de las clases trabajadoras. Por consiguiente, si no revertimos todas las políticas practicadas, no volveremos a la situación previa. No obstante, tampoco debemos tener como horizonte volver a la situación anterior a la crisis de 2007, pues lo que debemos hacer, más bien al contrario, es aprovechar también la crisis para plantear las transformaciones laborales, económicas, políticas y sociales que desmonten esta arquitectura de la desigualdad, y comiencen a trabajar por la equidad y la justicia social. Reducir la desigualdad requiere un rediseño de toda la arquitectura que estamos exponiendo, poniendo en marcha políticas distintas que consigan poner el empleo digno y las personas trabajadoras en el epicentro del dinamismo económico. Pero a su vez, todo ello debe hacerse reconvirtiendo los modelos económicos y productivos, para que atiendan tanto a la justicia social como a la justicia ambiental. El problema de la desigualdad, como efecto de la acumulación capitalista, no es solo un problema de redistribución, como venimos insistiendo, sino también de sostenibilidad. Hay que diseñar nuevos nichos de empleo que sean sostenibles, atendiendo a la rentabilidad social y a los modelos energéticos que los mantienen. Si no ponemos en el horizonte la sostenibilidad humana, social y medioambiental, de nada nos servirá el cambio de los modelos productivos, ni la propia reducción de las desigualdades. Debemos entonces caminar hacia una economía más humana, entendida ésta no sólo hacia su enfoque a las necesidades sociales, sino también hacia el respeto al mundo en que vivimos, es decir, nuestro planeta, el resto de los animales y los recursos naturales de los que nos servimos para vivir. 

 

El diseño y la arquitectura de nuestra economía, así como los principios sobre los que se toman las decisiones económicas, sus criterios y requisitos, nos han llevado a un punto extremo, insostenible e injusto. No podemos continuar por esta senda. Acabar con la pobreza y luchar contra la extrema desigualdad que padecemos requieren repensar el modelo económico desde varios puntos de vista. Necesitamos una economía alternativa que trabaje para la mayoría social, y unas políticas sociales que ayuden a todas aquéllas personas que se encuentran excluidas. Pero como decimos, esta otra economía debe responder a las necesidades tanto de las personas como del planeta, y ha de reconocer que la satisfacción de las necesidades no será alcanzable únicamente mediante las fuerzas del mercado. En este sentido, los principios neoliberales han de ser abandonados. Bajo una economía más humana, los Gobiernos deben ser los garantes de los derechos y necesidades de todos, y los responsables de velar para que los mercados trabajen para el interés general. Esto que pareciera sacado de un mítin revolucionario está reflejado en nuestra Constitución de 1978, pero es algo a lo que no se le hace el menor caso. Y curiosamente son las fuerzas políticas que más se llenan la boca con nuestra Constitución, aquéllas que la incumplen más flagrantemente. En efecto, la intervención estatal pública ya está contemplada en nuestra Carta Magna, pero la deriva neoliberal de gobiernos e instituciones provoca que esta práctica esté mal vista. Para ponerlo en práctica, se requiere de un gobierno eficaz, responsable y democrático, sensible y decente, que actúe en nombre de la mayoría social, y no a favor de los intereses de una pequeña pero poderosa élite. Una economía humana es aquélla en la que las personas son valoradas por igual, y no se las desprecia o discrimina en base a su condición o recursos (también esto está escrito en la Constitución). 

 

El gran capital, dominador bajo un contexto de economía fundamentalista de mercado, nunca permitirá estos giros hacia una economía más humana, justa y sostenible. Así que tiene que ser la iniciativa y la intervención públicas las que reorienten la economía en otro sentido. Este otro sentido tiene que reflejar salarios dignos, puestos de trabajo estables y decentes, con derechos, trabajando bajo modelos productivos justos y sostenibles, y contribuyendo a una redistribución de la riqueza generada bajo parámetros de justicia fiscal y ambiental. En esta economía para las personas, el desarrollo y el progreso (hemos debatido sobre estos conceptos ampliamente en esta breve serie de dos artículos) no se abordan exclusivamente desde la perspectiva del crecimiento económico (manifestado en el aumento del PIB), sino valorando y midiendo lo que realmente importa. El Producto Interior Bruto (PIB) es simplemente un indicador imperfecto y parcial del progreso, un baremo sesgado e interesado, y la formulación y las decisiones políticas no deberían tomarse exclusivamente (como se hace hoy día) en torno a este parámetro. Hoy día, nos machacan con el eslogan del crecimiento del PIB, para que comprobemos lo bien que va nuestra economía, mientras realmente lo que comprobamos y sentimos en nuestras propias carnes es que la desigualdad y la pobreza siguen avanzando. Por tanto, el PIB y demás indicadores económicos clásicos se deberían complementar con otros indicadores que midan mejor la calidad de vida de las personas, los niveles de justicia social y ambiental, la redistribución de la riqueza, el bienestar y las posibilidades de la gente para satisfacer adecuadamente sus necesidades fundamentales, lejos de las necesidades impuestas por el mercado, un mercado obediente únicamente al crecimiento de los beneficios empresariales. 

 

¿Qué necesitamos básicamente? Sin entrar en detalles de otros aspectos que iremos abordando en sus bloques temáticos correspondientes (deuda pública, paraísos fiscales, hegemonía empresarial, etc.), necesitamos equiparar los ingresos (directos y diferidos) del 10% más rico y del 40% más pobre, para lo cual, a grosso modo, habría que aumentar salarios mínimos, establecer topes salariales máximos, limitar la distancia entre salarios mínimos y máximos (tanto en el ámbito público como en el privado), establecer una renta básica universal (RBU) haciendo converger todos los sistemas de prestaciones públicas con ella (incluido el sistema público de pensiones), acabar con la precariedad laboral, promover Planes de Trabajo Garantizado (sistemas de contratación pública para aquéllos sectores laborales rentables socialmente aunque no lo sean económicamente), eliminar la brecha salarial de género, erradicar la división sexual del trabajo, erradicar la feminización de la pobreza, favorecer la conciliación de la vida personal y laboral, sacar a flote actividades que se encuentran bajo economía sumergida, devolver a los sindicatos la capacidad de negociación colectiva, asegurar un sistema fiscal justo y progresivo (lo cual redundará en mayores ingresos para el Estado), rediseñar el modelo impositivo (entre otros, estableciendo nuevos impuestos al patrimonio y a las transacciones financieras), impedir el elevado fraude fiscal, elevar la inversión en servicios públicos y políticas sociales (educación, sanidad, pensiones, servicios sociales, dependencia, etc.), y mientras todo ello va proyectándose y entrando en vigor (son transformaciones que van más allá incluso de una legislatura), la mejor medida es castigar a las empresas que no respeten escrupulosamente estas indicaciones. Porque en efecto (y ya lo están haciendo en su ámbito los Ayuntamientos del cambio), una poderosa herramienta que posee la Administración Pública a su favor es impedir o cancelar la contratación con empresas privadas (suministradoras de servicios) que no cumplan los requisitos establecidos. Tan fácil como premiar a las empresas más sensibles socialmente, y discriminar a las más salvajes e indecentes. Continuaremos en siguientes entregas.

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9 agosto 2017 3 09 /08 /agosto /2017 23:00
Contra los Tratados de Libre Comercio (44)

Para el TTIP, los ciudadanos no existen; sólo hay consumidores, y estos pertenecen a las empresas privadas que controlan los mercados

Ignacio Ramonet

Los tratados de "libre comercio" también ponen en peligro la naturaleza y el resto de seres vivos (además de los humanos) que la habitan. El desprecio hacia los recursos naturales y hacia el planeta mismo es uno de los valores inspiradores del neoliberalismo, y como tal, reside subliminalmente en dichos tratados. Para ellos, la naturaleza y todo lo que la conforma (ríos, montes, bosques, lagos, especies animales, etc.) no son más que recursos puestos a la explotación por parte de estos grandes agentes económicos, y además entendidos de forma infinita, lo cual es una absoluta falacia, y pone en serio riesgo de colapso toda nuestra civilización, y al planeta mismo. Estos tratados legitiman la explotación salvaje de todos los recursos naturales, el saqueo y destrucción de la propia naturaleza como objeto de despojo, la mercantilización de personas y recursos en su endiablado ciclo de expansión del capital, y el uso y abuso de los animales únicamente en su vertiente de servidores del hombre y para el hombre. Y del mismo modo en que piensan que el trabajo no genera valor, los poderosos lobbies que negocian estos tratados consideran que su riqueza no tiene ninguna deuda con la naturaleza. Según el dogma neoliberal, sólo el capital, no así el trabajo ni la naturaleza, crea valor, riqueza y empleo. Y en ese sentido, según la filosofía de estos tratados, tanto los trabajadores como la naturaleza existen para el beneficio y expansión de las empresas, siendo herramientas a su servicio. Sólo los inversores (es decir, los grandes accionistas) y los altos directivos son creadores de valor, según la filosofía de pensamiento neoliberal, inspiradora de estos tratados. De ahí que sean los principales interesados en el diseño de las políticas económicas y sociales. 

 

Hasta ahora, mediante Organismos internacionales (FMI, BM, OCDE, OMC, etc.), apoyados bajo los postulados del Consenso de Washington y la complicidad inherente de la mayoría de los gobernantes a nivel mundial, el neoliberalismo campaba a sus anchas, pero siempre latía la amenaza de que cualquier gobierno de carácter progresista, socialista o simplemente postneoliberal, echara abajo la hegemonía del pensamiento dominante, enfrentándose al poderío de las grandes empresas transnacionales. Precisamente para impedir esta situación se conciben los tratados de libre comercio. Mediante la ratificación de los mismos se pretende instalar al nivel lo más global posible una especie de autoridad ilegítima, que establezca un nuevo tipo de orden mundial donde las decisiones de los grandes actores económicos no puedan ser cuestionadas. Y en un segundo término, se intenta utilizar esa pseudolegitimidad con la intención de eliminar lo poco que queda aún en pie del Estado Social y del Bienestar, tal como los servicios públicos, y todo lo relativo al interés general y al bien común, incrementando de esa forma los beneficios de las grandes corporaciones, e imponiendo reglas que favorezcan el monopolio de la riqueza, a la vez que se proscribe cualquier forma de propiedad colectiva, y se blinda todo este andamiaje para que no pueda ser revertido por ningún Gobierno al que se le pudiera ocurrir atender a los intereses de la ciudadanía. El TLC es entonces un peligroso disfraz que oculta una terrible realidad, la realidad de una sociedad absolutamente salvaje y desregulada, donde el imperio de las multinacionales no pueda ser cuestionado. Si comprendemos el alcance de esta ofensiva, comprenderemos también su interés en la opacidad y el secretismo de las negociaciones. 

 

En palabras de Susan George: "No es sólo su tamaño ni su enorme riqueza y sus activos lo que convierte a las transnacionales en un peligro para la democracia. También lo son su concentración y su cohesión, su cooperación y su capacidad para influir, infiltrar y en algunos casos reemplazar gobiernos. Están actuando como una genuina autoridad internacional con el fin de defender sus intereses comerciales, su poder y sus beneficios en contra del bien común. Comparten un mismo lenguaje, una ideología común e idénticas ambiciones, que nos afectan a todos. Los ciudadanos que valoran la democracia no pueden permitirse ignorar este peligro". Y ante la fuerza de estas grandes corporaciones, los Estados ya se encuentran en clara desventaja. Por ejemplo, en nuestro país, una determinada Comunidad Autónoma no puede impedir la firma de un TLC, pero dicha ratificación sí que incidirá muy directamente en la capacidad legislativa de dicha parte del Estado. Y no sólo en la capacidad legislativa de ciertos aspectos poco conocidos, sino en la toma de decisiones de claro interés general. Sin ir más lejos, el gobierno egipcio fue denunciado por la empresa Veolia por subir el salario mínimo, uno de los pocos logros de las llamadas "Primaveras Árabes" que surgieron en el año 2011. Protecciones ambientales, sanitarias, laborales, de propiedad intelectual, y muchas otras, estarán bajo la vigilancia de los lobbies empresariales, para en su caso denunciar al Estado que las haya puesto en marcha, y que bajo los criterios de tal o cual empresa, provoque pérdida de beneficios presentes o futuros. Todo un demencial sistema donde los perversos actores económicos nos gobernarán en la sombra (ya lo hacen hoy día), pero además lo harán de facto. El control será absoluto, despiadado y cruel, indecente y vergonzoso, injusto y antidemocrático. 

 

Y desde ese punto de vista, los TLC nos conducirán a una especie de "Gran Hermano" comercial y empresarial, donde los pequeños agentes económicos y las políticas públicas estarán permanentemente vigiladas, y si no satisfacen los fanáticos criterios neoliberales de las grandes corporaciones, se limitarán a denunciar dichas decisiones ante sus propios tribunales (previstos en los tratados), por lo cual cualquier iniciativa dirigida al bien común y al interés general de la ciudadanía, pero que sea entendida como peligrosa para la expansión comercial de cierta compañía, será inmediatamente impedida. Los TLC ponen claramente de manifiesto el marco totalmente asimétrico entre las transnacionales y la ciudadanía. Mientras los beneficios son para las empresas, los impactos laborales, ambientales y sociales los sufre el conjunto de la población. Y mientras las corporaciones están blindadas jurídicamente, el conjunto de la ciudadanía no tiene dónde acudir para defender sus derechos e intereses. La tendencia de los TLC es a implantar un Estado del Bienestar absolutamente residual, despótico y controlado por los grandes agentes económicos. Y no debemos olvidar que ese nuevo molde para el "derecho internacional" que están creando todos los TLC que existen en el mundo (ya se cuentan por miles) está sobre todo basado en las leyes y en la jurisprudencia de los Estados Unidos, porque ningún tratado ni acuerdo comercial firmado con este país puede contradecir lo establecido en sus leyes o en el Congreso de EE.UU., ni USA acepta ninguna decisión de organismo internacional que le contravenga. Es decir, que todos los tratados firmados con este país (lo cual se extiende a sus países adláteres, como Canadá) institucionalizan de facto la aplicación internacional y extraterritorial de las leyes de los Estados Unidos. A nivel internacional, la liberalización comercial (manifestada en la OMC y los TLC) potencia esta proyección y esta concepción política a escala mundial. 

 

Para Pedro Ramiro y Juan Hernández Zubizarreta, de OMAL, tal como expresan en este artículo para el medio La Marea, los TLC responden a un ordenamiento feudal que quiebra y reinterpreta los principios clásicos del Estado de Derecho, y se articula por medio de la privatización del poder legislativo y judicial. Así, los espacios públicos de regulación se subordinan a los espacios privados que vulneran los derechos de las mayorías sociales y de los pueblos. Todo ello en favor de los intereses del gran capital, de las clases dominantes y de los gobiernos cómplices. Está ayudando todo el entramado de instituciones supranacionales (OMC, G8, G20, las agencias de calificación de riesgos, etc.) que refuerzan los elementos jurídicos para esta nueva "lex mercatoria" (en expresión de los autores), que han ido reforzando la hegemonía y el control de estos organismos sobre la regulación de los propios Estados. Por ejemplo, las poblaciones campesinas de Senegal, Bolivia o la India están más condicionadas por las directrices que marcan estas organizaciones que por las decisiones de sus propios gobiernos. Emerge de esta forma todo un Derecho Corporativo Global de enorme poder, capaz de hacer tabla rasa de las legislaciones de los Estados-nación, para imponer las decisiones de las grandes empresas. Se ignora a la sociedad civil, a sus legítimos representantes, a las mayorías sociales, a la satisfacción de las necesidades del conjunto de la población, para dar absoluta prioridad a los intereses insaciables de estos grandes agentes económicos. Los TLC son mamotretos de miles de páginas dedicadas a defender el comercio, las inversiones y los derechos de las transnacionales, frente a unos cuantos y ridículos apartados para regular, de manera voluntaria y sin exigibilidad jurídica, sus obligaciones. Esta asimetría jurídica se consolida pues como el pilar fundamental de la globalización neoliberal. En palabras de estos autores, los TLC suponen "una nueva armadura jurídica de dominación". Continuaremos en siguientes entregas.

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8 agosto 2017 2 08 /08 /agosto /2017 23:00
Viñeta: Carretera de la muerte Málaga-Almería (La Desbandá) Fuente: http://www.ecorepublicano.es/

Viñeta: Carretera de la muerte Málaga-Almería (La Desbandá) Fuente: http://www.ecorepublicano.es/

Ambos, el rey Borbón y su bandera bicolor, son símbolos anclados en un pasado cruel que es necesario superar. Cuatro largas décadas que dejaron un saldo aterrador: más de cien mil desaparecidos forzosos, cuyos restos emergen hoy reclamando justicia. De ahí su burdo intento de acallar el clamor de las víctimas:¡Nada de memoria histórica, que reabre las heridas! Frente a esta indecente pretensión sigamos ondeando nuestra honrosa bandera tricolor, símbolo de memoria, libertad y progreso

Manuel Ruiz Robles (Colectivo de Militares Republicanos ANEMOI)

La leyenda de esa Transición "modélica y ejemplar" que quieren vendernos se derrumba en cuanto observamos los intereses de los actores que la hicieron posible, las correlaciones de fuerzas y poderes enfrentados, las presiones internacionales que influyeron, y los resultados obtenidos por ese Régimen de la Constitución de 1978 que llega hasta nuestros días. Todo ello nos demuestra que la historia en general, y la historia reciente en particular, se investiga, se escribe, se cuenta y se interpreta de acuerdo a una ideología. Una ideología que incluso puede estar latente en muchas ocasiones, pero que es reveladora en cuanto a la lectura e interpretación de los hechos históricos acontecidos. Este es un factor fundamental para la pervivencia de todo el franquismo sociológico que venimos contando en esta serie de artículos. Sin ir más lejos, a los escolares actuales no se les cuenta el franquismo como realmente es, sino como interesa a las clases dominantes. Hemos de denunciar este relato con valentía y con rigor, pero también sin complejos, es decir, desde una posición ideológica distinta, desde la posición de los vencidos. Y entonces, entenderemos que la Transición, lejos de ser un período modélico, fue únicamente un período posibilista, y sobre todo, un período sangriento. Nos lo cuenta magníficamente Elisa Beni en este artículo recogido por Unidad Cívica por la República, que tomamos como referencia a continuación. Entre los años 1976 y 1983 murieron asesinados 188 ciudadanos/as españoles/as debido a lo que podríamos denominar como violencia institucional y represiva por parte del Estado, tanto en manifestaciones, como en Comisarías o prisiones. 

 

En palabras de Elisa Beni: "Víctimas olvidadas cuyos nombres resuenan ya sólo en la cabeza de algunos periodistas que cubrieron los hechos luctuosos y que recuerdan sus familiares y sus ciudades de origen como muestra de la violencia de un proceso en el que los asesinatos de la ultraderecha y la represión policial se alternaban con los atentados de ETA y de otros grupos de izquierda, sin contar con la terrible constancia del terrorismo de Estado". En efecto, un terrible goteo de revueltas, detenciones y asesinatos jalonaron aquél sangriento período, donde aún lo antiguo no había muerto, y lo nuevo no acababa de llegar. Por ejemplo, los terribles asesinatos de Vitoria de marzo de 1976. Rodolfo Martín Villa era el máximo responsable político entonces, junto al ya fallecido Manuel Fraga, fundador de AP. Un total de 44 personas murieron a manos de las fuerzas policiales que ellos mandaban. 108 fueron heridos de gravedad y hospitalizados a resultas de la represión por ellos comandada. Dos personas murieron en Comisaría, y 32 fueron heridos y torturados en prisiones, calabozos y centros de detención. Las huelgas obreras no cesaban para presionar al régimen a su apertura democrática, y se inició una dura represión contra las protestas de los trabajadores para calmar al sector más duro del franquismo, que aún tenía mucho poder. En Vigo falleció Elvira Parcelo a causa de los golpes de la policía en una manifestación de trabajadores de Ascon. José Luis Cano en Pamplona, en 1977, apaleado por la policía y rematado de un tiro en la nuca durante una manifestación. Gladis del Estal, muerta de un disparo mientras hacía una sentada antinuclear en Tudela. También el estudiante Jesús Fernández Trujillo, muerto por un tiro de arma reglamentaria en una manifestación en La Laguna, el mismo lugar en el que Bartolomé García Lorenzo, estudiante, fue ametrallado en su casa por inspectores de policía sin tener nada que ver en ningún caso. 

 

Caso sonado (que se acaba de recordar por la Junta de Andalucía y el resto de fuerzas políticas del arco parlamentario andaluz) fue el de José Manuel García Caparrós en Málaga, que participaba en la manifestación por la autonomía andaluza cuando fue abatido por disparos de la policía del régimen. Y los sucesos de Pamplona de 1977, en la manifestación por la amnistía, en la que Gregorio Marichalar murió de un balazo en el balcón de su casa. O el caso de Germán Rodríguez, abatido un año después, tras la entrada de la policía en la plaza de toros durante las fiestas de San Fermín. O del joven almeriense de 19 años, Francisco Javier Verdejo, muerto a tiros por la policía mientras realizaba una pintada que decía: "Pan, Trabajo y Libertad". Podríamos seguir. Así hasta un total de 44 muertos durante el período en que fue Ministro del Interior Rodolfo Martín Villa, ese que después llegaría a presidir varios Consejos de Administración de grandes empresas españolas, y que ha recibido de la "democracia" española varios honores y condecoraciones (la última de manos del Rey Felipe VI durante la jornada de celebración de aquéllas primeras elecciones "libres" de 1977). Todos ellos, las víctimas de aquél sangriento período, olvidados, borrados, para que el mito de la Transición "modélica" se mantenga en pie. Aquélla Transición no fue un período pacífico, de purga de los aparatos del poder de la dictadura, sino un período histórico de violencia extrema durante el cual el franquismo pervivía con toda su fuerza. Elisa Beni sentencia: "Sólo recordando esto, las nuevas generaciones podrán entender la magnitud de lo logrado y el caro peaje que pagaron muchos españoles para traernos hasta aquí. Si la escoba que reescribe la historia sólo les envía imágenes de selectos señores sentados ante mesas de negociación no sólo nunca entenderán nada, sino que nunca se honrará a todos los que pagaron con su sangre nuestra democracia". 

 

Y a todo esto, ¿quiénes fueron las fuerzas políticas de izquierda que consiguieron sentarse en el nuevo Parlamento "democrático"? Pues fundamentalmente el Partido Comunista de España (PCE) dirigido por Santiago Carrillo, y el PSOE de Felipe González de la época. Hay que hacer mención especial al sindicalismo de clase y combativo de la época (hoy desgraciadamente ausente salvo honrosas excepciones, tales como SAT, ELA, LAB, y otros), de CC.OO. y UGT, hoy día reconvertido en un sindicalismo negociador, pasivo, conciliador y amigo de las clases dominantes. Tanto Carrillo como González venían de la lucha clandestina contra el franquismo, pero ambos defraudaron con el tiempo. Santiago Carrillo fue abrazando una versión descafeinada conocida como "Eurocomunismo", una versión poco rupturista y que apostaba por actitudes más conciliadoras. El PCE se integró como fuerza política principal en la coalición Izquierda Unida a partir de 1986, llegando hasta nuestros días. Y en cuanto al PSOE y a la figura de Felipe González, habría que hablar largo y tendido. No es el momento ni el lugar de hacerlo, entre otras cosas porque ya hemos dedicado al PSOE numerosos artículos de nuestro Blog, a los que remito a los lectores y lectoras interesadas. Así que nos interesa resaltar aquí únicamente lo que concierne a ese falso "espíritu republicano", dimensión que se explica muy bien en este artículo del medio Eco Republicano, que tomamos como referencia a continuación. Tras la muerte del dictador, el PSOE se reconstruye de forma acelerada con un viraje hacia la socialdemocracia europea. En su 27º Congreso celebrado en Madrid en diciembre de 1976, el PSOE se define como un partido "de masas, democrático, federal, marxista, pluralista e internacionalista", se pronuncia a favor de la República y defiende el marxismo y la ruptura con el capitalismo. El citado Congreso ratifica a Felipe González como Secretario General y elige a Ramón Rubial como Presidente. Pero todo ello no eran más que fuegos de artificio.

 

Ese alma republicana, marxista y laica que propugnaba el PSOE de la época se quedó guardada en el armario. Ya hemos expuesto en entregas anteriores todo el cruce de intereses políticos nacionales e internacionales que se dieron cita durante la Transición, y cómo el PSOE de Felipe González estaba llamado a ser un actor fundamental en dicho período. No tardó por ello mucho en prestar servicios a la Monarquía y a los herederos de Franco. Pero como decíamos más arriba, no lo hizo solo, sino que tuvo el apoyo y la complicidad del PCE, liderado por Santiago Carrillo. Ambos partidos, referentes de la lucha antifranquista en la clandestinidad, vendieron su alma al diablo, renunciando a sus postulados republicanos y permitiendo la impunidad del franquismo y el retorno de los Borbones, en aquélla nueva restauración monárquica auspiciada por los grandes poderes económicos y algunas potencias internacionales. En el caso del PSOE, la raíz para este giro hay que buscarla en el histórico Congreso de Suresnes (Francia) de 1974, donde el felipismo dio un Golpe de Estado contra el socialista Rodolfo Llopis, el verdadero icono del socialismo en la lucha antifranquista y la defensa de la legalidad republicana, quien después de toda una vida de lucha, fue objeto de una traición para desbancarle de la Secretaría General del Partido. Lo contaremos con más calma y profundidad en la siguiente entrega. Aquéllas incoherencias del PSOE (declararse republicano y actuar monárquico, declararse socialista y actuar capitalista) ayudaron a perpetuar la monarquía heredada del franquismo durante 40 años, traicionando a la militancia y a los votantes, y violando sus principios republicanos más elementales. Todavía se siguen comportando así, a tenor de las políticas practicadas durante los Gobiernos de Felipe González (1982-1996) y de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), encaminados a destruir las conquistas obreras, a debilitar el sector público, a privilegiar a la Iglesia Católica, y a potenciar al gran capital. Continuaremos en siguientes entregas.

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Published by Rafael Silva - en Política
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