Overblog Seguir este blog
Administration Create my blog
17 octubre 2017 2 17 /10 /octubre /2017 23:00
Hacia la superación del franquismo (45)

Dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos en la nuca, que hay que mirar adelante y no encarnizarse en reabrir viejas heridas. Están perfectamente equivocados. Las heridas aún no están cerradas. Laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego. Su único tratamiento es la verdad. Y luego, la justicia. Sólo así es posible el olvido ciudadano (…) Y sospecho que no pocos de quienes preconizan la destitución del pasado en general, en realidad quieren la destitución de su pasado en particular

Juan Gelman

La recuperación de la Memoria Histórica en nuestro país aún necesita mucho camino por recorrer, porque ha de estar impulsada por la propia iniciativa ciudadana, y apoyada por los poderes públicos (que a su vez son votados por la iniciativa ciudadana), y para eso hemos de ir erradicando los vestigios de ese franquismo sociológico que aún padecemos en gran medida. Y esa recuperación de la Memoria Histórica no es sólo bajo una dimensión sentimental, sino que recoge una serie de medidas de salud e higiene democrática, tan simples como, por ejemplo, retirar toda la serie de nombres de calles, plazas, avenidas, monumentos, placas, distinciones o reconocimientos a personajes del Golpe de Estado, de la Guerra Civil o de la dictadura. Según nos relata Pablo Mesejo en este artículo para el medio Rebelion, en el año 2010 y sólo en su ciudad de A Coruña existían una Avenida del General Sanjurjo (un militar golpista), una Avenida de los Caídos (dedicada a los "caídos por la cruzada en defensa de la civilización cristiana y occidental amenazada por la barbarie comunista"), una Calle de Juan Canalejo (Jefe Provincial de Falange y organizador de las milicias armadas de la ciudad), una plaza dedicada al General Mola (golpista al mando del Ejército del Norte durante la Guerra Civil y corresponsable del bombardeo de Gernika), una Avenida Primo de Rivera (Miguel Primo de Rivera fue dictador entre 1923 y 1930, mientras que su hijo José Antonio fue el fundador de Falange Española), y una Calle División Azul (división de infantería enviada por Franco a combatir en el frente ruso junto a los nazis), entre otras. Todo ello sólo en A Coruña. Multipliquen mis lectores/as por todo el callejero del resto de ciudades y pueblos de España, y obtendrán un resultado absolutamente aberrante. Pero ante ese insoportable escenario, muchos/as se limitan a decir que "eso es la historia". Punto.

 

Sólo en la capital de España, Madrid, en 2010, existían más de 150 vías, monumentos y plazas con nombres que homenajeaban al franquismo. ¿Existe algún recuerdo a la resistencia antifranquista? No. ¿Existe algún museo sobre los caídos en defensa de la República? No. ¿Existen vías, calles, plazas o monumentos dedicados a los militares que también dieron su vida por defender la legalidad republicana? No. Por tanto, no parece que la cosa esté siquiera mínimamente nivelada. Los vencedores de aquélla cruenta guerra no sólo barrieron físicamente a los vencidos, sino que hicieron que quedara para la posteridad sólo el recuerdo de ellos. No sólo practicaron un exterminio ideológico, sino un exterminio emocional, borrando del recuerdo popular, del imaginario colectivo, los nombres de las personas que se mantuvieron fieles al legítimo gobierno republicano. Pero aún no se quedan ahí los dislates. Como nos recuerda en el referido artículo Pablo Mesejo, de los 50 últimos Ministros de Franco, ninguno fue degradado por la democracia. Más bien al contrario, ya que la mitad fueron a parar a los Consejos de Administración de las grandes empresas, y la otra mitad permaneció en la política. Más en concreto, de los 16 diputados que Alianza Popular obtuvo en las elecciones de 1977, 13 habían sido Ministros con Franco. Motivos, ya lo hemos señalado en varias entregas anteriores, de que aún conservemos, como sociedad, tics, pensamientos y actitudes franquistas en gran parte de la población. Y por su parte, el historiador Francisco Espinosa Maestre comentaba recientemente en una entrevista: "En otros países el fascismo fue derrotado, mientras que en España se perpetuó durante cuatro décadas, y aunque nunca abandonó del todo el recurso a la violencia que lo caracterizó desde el principio, se fue adaptando a los tiempos según le convenía. El gran reto fue permitir el sistema democrático sin que ello acarreara cambios en profundidad en los grandes poderes del Estado. Me refiero a los poderes económico, eclesiástico, militar y judicial. Todo se orientó, mediante una ley electoral ad hoc, a conseguir un sistema bipartidista que no pusiera en juego ninguna cuestión clave". 

 

Y otro gran puntal donde descansa la conciencia franquista es en las propias Fuerzas Armadas. Siguiendo a Floren Dimas (Oficial del Ejército del Aire, miembro del Colectivo ANEMOI) en este artículo, resulta que comparándolo por ejemplo con el Ejército alemán, el Ejército español tiene aún pendiente su transición democrática, como continuadores de una institución estatal de lo que fueron las Fuerzas Armadas, que parcialmente (muchos otros militares continuaron fieles a la República, incluso dieron su vida por ella) se sublevaron en 1936 contra la II República y provocaron una guerra infame, prefacio para una posterior dictadura que duraría 40 años, sumiendo al país en un profundo aislamiento, involución y subdesarrollo social, económico, político y cultural. Nuestras Fuerzas Armadas tienen, por tanto, una alta cuota de responsabilidad, ya que al contrario que en estos otros países (en Alemania y en muchos otros países dominados por regímenes totalitarios), tienen pendiente saldar una inmensa cuenta con sus víctimas y con la memoria democrática de la nación. Y hoy día, a más de 40 años de la desaparición física del dictador, las FAS aún necesitan una profunda renovación democrática en su seno (remito a mis lectores/as a los artículos del segundo bloque temático de la serie "Por la senda del Pacifismo", donde hemos expuesto a fondo las características que deberían regir a unas FAS democráticas y pacifistas). Basta revisar los textos de historia que se estudian en las Academias Militares españolas, para darse cuenta del tratamiento que dan al análisis de la Guerra Civil, haciendo una breve alusión a sus elementos tácticos, pero sin entrar para nada en las verdaderas motivaciones de la misma, ni en las ideologías ni valores enfrentados, es decir, convirtiendo sólo aquél conflicto en un campo de maniobras de dos Ejércitos, de dos bandos, de los que no se debate por qué luchaban, y muchos menos aún, se alude al perfil criminal de sus principales protagonistas, especialmente al del propio dictador Francisco Franco. 

 

Y hoy, cuatro décadas después de la muerte del dictador, y ocho décadas después del inicio de la contienda civil, las Fuerzas Armadas españolas siguen instaladas en su planteamiento de ser continuadoras institucionales de aquél régimen criminal, al no romper pública y solemnemente su vinculación histórica con las FAS de la época franquista, ni honrar pública y solemnemente a los miembros del Ejército Popular Republicano (EPR), del que formaron parte las milicias populares, ni de los guerrilleros antifranquistas en España o Francia, o los que combatieron en las filas de los Aliados, instando a su reconocimiento jurídico como excombatientes, tal como ya ha sucedido en situaciones similares en los países europeos con pasado fascista, en relación con los que combatieron al totalitarismo. Asímismo, las FAS españolas de hoy día deberían tener la valentía de pedir públicamente perdón por las implicaciones de sus compañeros de aquél tiempo en la operación de terror, desarrollada por el franquismo a través de los Consejos de Guerra contra republicanos. Habrá quien piense que los miembros de las FAS actuales ya no tienen nada que ver con los que históricamente protagonizaron el alzamiento militar, pero tampoco Obama había nacido cuando Estados Unidos descargó las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, y muchos pensamos que cuando visitó Japón durante su mandato, debería haber pedido perdón a los japoneses en nombre de su país. Hay que acabar por tanto, usando las palabras de Floren Dimas, con el "universo de impunidades que afecta moral y jurídicamente a toda la estructura física, emocional y filosófica de nuestras Fuerzas Armadas". Sólo así, añadimos nosotros, será posible la garantía de no repetición de aquél horror que supuso el Golpe de Estado, la Guerra Civil y la posterior dictadura que nos tuvo cuarenta años atravesando la larga noche franquista. 

 

Puede que algunos lectores/as piensen que el Ejército de hoy día ya está muy renovado, y completamente alejado del que protagonizara aquél episodio negro de nuestra historia. Se equivoca radicalmente. Como ejemplo, en este artículo de Marcos Paradinas para el medio El Plural se da cuenta de la promoción de un libro sobre la "cruzada" franquista que nuestro Ejército de Tierra realiza en su revista oficial, libro patrocinado por la Fundación Francisco Franco. Ocurría en diciembre de 2016. Se trataba de "La Reconquista de España", una obra de 34 tomos, cuyo anuncio fue retirado de la página de la revista del Ejército en cuanto fue denunciado el hecho en las redes sociales. La obra puede adquirirse también desde la tienda online de la Fundación Franco. Entiéndase bien: con ello no queremos decir que nuestro actual Ejército esté repleto de franquistas, sino que aún conserva una cierta dosis, al igual que el resto de la sociedad, de ese franquismo sociológico, y que debe ser erradicado si queremos disfrutar de unas Fuerzas Armadas realmente democráticas y a la altura del siglo XXI. Podemos poner más ejemplos que ilustran esta línea indeseable del Ejército, que entendemos se debe corregir: por ejemplo, este artículo del medio Publico de marzo de 2016 se hace eco de la denuncia que hizo la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica sobre una conferencia impartida por el historiador Stanley G. Paine, organizada por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN, organismo dependiente del Ministerio de Defensa), donde supuestamente se hacía un elogio del Golpe de Estado de Franco, presentando a éste como "un militar prudente y profesional". El conferenciante se refirió a la Ley de Memoria Histórica como "un invento que no existe" y que definió como "un movimiento político arqueológico y semisoviético". En fin, como podemos ver, los ejemplos son múltiples y se dan cada cierto tiempo y en diversas instancias, pero todos ellos están atravesados por el mismo hilo conductor: seguir justificando, a estas alturas, el franquismo en nuestro país. Continuaremos en siguientes entregas.

Repost 0
Published by Rafael Silva - en Política
Comenta este artículo
16 octubre 2017 1 16 /10 /octubre /2017 23:00
Viñeta: https://www.lavozdegalicia.es/

Viñeta: https://www.lavozdegalicia.es/

Estamos convencidos de que la autodeterminación de Cataluña es hoy en día la mejor aportación que las clases populares catalanas pueden hacer por el cambio en España, obligando a abrir el candado de la Constitución del 78, rompiendo la organización territorial del Estado y abriendo una rendija que puede ser aprovechada por la izquierda de los pueblos oprimidos

Fragmento del Manifiesto de la Crida Comunista Catalana

Ya sabemos que bajo el capitalismo globalizado, cuando se quiere forzar a determinado pueblo, país, Estado o comunidad a que acepte determinadas condiciones, el mejor chantaje es el económico. Sólo hay que fijarse en la gran cantidad de sanciones económicas que el salvaje Gobierno de Washington impone a determinados países que se enfrentan a sus deseos. Y eso es exactamente lo que lleva ocurriendo en Cataluña desde los días siguientes al referéndum del pasado 1 de octubre. Un acoso económico en toda regla, protagonizado fundamentalmente por las empresas catalanas, o que tenían allí su domicilio social, que se están marchando en bandada "ante el temor de una posible independencia". Bajo el mantra de que "el dinero tiene miedo", todas estas empresas están chantajeando al pueblo catalán, amenazando con retirar sus sedes (muchas lo han hecho ya), para seguir disfrutando en el resto de España de la necesaria "seguridad jurídica" para poder funcionar. Pero no sólo las empresas, ya que este acoso económico está siendo también protagonizado por otros muchos actores, tales como el Gobierno español, las agencias de calificación de riesgos, el FMI, los operadores turísticos, etc. Incluso la propia ciudadanía. Pero vayamos por partes. Ya pasan de la treintena el número de empresas instaladas en suelo catalán que han decidido trasladar su sede social a otros puntos de España (sobre todo Madrid, pero también la Comunidad Valenciana, o la Comunidad Balear, entre otras). De momento, sus centros de producción, oficinas o fábricas continuarán en Cataluña, por lo cual seguirán pagando allí los impuestos relativos a las actividades económicas, o el IBI (sobre bienes inmuebles). Pero el resto de impuestos, como el Impuesto de Sociedades, será ingresado en la Comunidad donde resida su nueva sede social. 

 

Han declarado que los traslados no afectarán a los intereses de sus accionistas, clientes o empleados/as, pero evidentemente, la inestabilidad, tensión y miedo generados se extienden cada día. También han asegurado que los puestos de trabajo no se verán afectados, pero...¿es que acaso poseen alguna credibilidad estos agentes económicos? ¿Es que acaso no son ellos en sentido general los responsables a gran escala de la ola privatizadora y neoliberal que nos imponen? Algunas se han ido ante la incertidumbre generada tras el referéndum, otras se lo han pensado durante algunos días (pero al final han terminado saliendo de Cataluña), y un tercer grupo han declarado que sólo se irían del territorio catalán si se proclamara formalmente una DUI (Declaración Unilateral de Independencia, que al momento de escribir este artículo, parece ser que ha sido declarada y a continuación suspendida, por lo cual no sabemos cómo reaccionarán finalmente estas empresas). Como su única obsesión es trasladar "tranquilidad a los mercados", no les duelen prendas en instalarse en cualquier otra ciudad (incluso les daría igual irse fuera de España) con tal de aliviar el escenario de incertidumbre. Y bajo el mantra de continuar bajo el amparo del euro y la pertenencia a la Unión Europea, no les importa acabar con el PIB catalán, ni desligarse de su tierra de origen o nacimiento. La pionera fue la empresa Natur House, del campo de la nutrición y dietética, y a día de hoy, la lista, como decimos, es larga: del grupo financiero, tenemos a dos gigantes como son Banco Sabadell y CaixaBank, del grupo energético a Gas Natural Fenosa, y otras muchas pertenecientes a diversos grupos, tales como Aguas de Barcelona (Agbar), Oryzon (biotecnología), Dogi (textil), Eurona (tecnología), Mediolanum (banca de inversión), Proclinic (material odontológico), Torras Papel (material de oficina), Grupo Planeta (el mayor grupo editorial de España), Freixenet (sector del cava), Codorniu (sector del cava), Catalana Occidente (grupo asegurador), Grifols (sector farmacéutico), Abertis (sector de infraestructuras), Cellnex (telecomunicaciones), o Colonial (sector inmobiliario), entre otras muchas.

 

Todos estos episodios constituyen una prueba más de que el mundo económico es el que realmente nos gobierna, es el poder más fáctico de todos (bajo la agresiva globalización capitalista que sufrimos), y que por supuesto, "no entiende de chiquitas".  Estas grandes empresas, cotizantes del IBEX-35, la mayoría de ellas multinacionales, a pesar de que muchas de ellas declaraban en sus spots publicitarios su adhesión y pertenencia (incluso histórica, como en el caso de las empresas de cava catalán) a Cataluña, a la hora de la verdad han demostrado que su tierra les importa un pimiento en adobo. Han demostrado que sus únicos intereses son sus beneficios, y el hecho de estar presentes en una u otra comunidad, en adscribirse a un determinado pueblo, es para ellas algo absolutamente irrelevante. No les ha importado nada el hecho de ser empresas centenarias, muchas de ellas con un fuerte arraigo en Cataluña. Su única bandera es el dinero, su única razón de ser los beneficios económicos que puedan alcanzar, su única aspiración el generar cada vez más ganancias para sus dueños, directivos y accionistas. Por su parte, el Gobierno español les allana el camino, pues no tardaron ni 48 horas desde la primera deslocalización de un gran banco catalán en aprobar un Decreto-Ley para facilitar el traslado de la sede social de una empresa, eliminando el requisito de que dicho traslado tuviera que ser aprobado en Junta General de Accionistas, bastando sólo una aprobación del Consejo de Administración. Una prueba más de que nuestros gobernantes son los fieles perritos falderos de estos grandes agentes económicos, y que están completamente a su servicio. En estos momentos desconocemos cuáles de dichas empresas retornarán sus sedes a Cataluña si el escenario de fuerte tensión social decrece, y la inestabilidad se va reduciendo, pues algunas de ellas han declarado que dicho traslado era temporal. 

 

¿Finaliza aquí el acoso económico a Cataluña? Pues sólo habiendo celebrado un intento de referéndum de autodeterminación (decimos "intento" porque el Gobierno había requisado e interceptado cualquier material logístico u organizativo para el mismo), el acoso es aún mayor. Según datos del sector bancario, más de 400 millones de euros salieron de Cataluña durante los 5 días anteriores y posteriores que rodearon la fecha de celebración del referéndum. Por su parte, algunas empresas extranjeras han dejado de realizar algunas inversiones previstas, y el Fondo Monetario Internacional, siempre al quite, ya ha llamado la atención sobre la grave situación económica que se está generando, y el posible peligro de cara a las inversiones, el empleo y las deudas en Cataluña. Las principales Agencias de Calificación de Riesgos, como Standard & Poors, Fitch y Moodys han realizado advertencias y declaraciones en la misma línea, incluso rebajando la valoración del bono catalán. Asímismo, un indeterminado número de posibles clientes se han desplazado desde Cataluña, desde ciudades y pueblos cercanos, a sus ciudades y pueblos vecinos de la Comunidad Autónoma de Aragón, para crear cuentas bancarias en otras entidades, y realizar allí sus depósitos, ante la espantada general y el acoso económico experimentado en pocos días. Sobre todo, algunos pueblos cercanos de la vecina Huesca han registrado un aumento del número de sus cuentas bancarias, por un flujo de clientes durante los últimos días. Hasta tal punto está llegando este acoso económico, que algunos dirigentes de la CUP reconocían en público que una vez declarada la independencia, no habría más remedio que instalar durante algún tiempo una especie de "corralito" económico y financiero, para controlar la cantidad de divisas que puedan gestionar las entidades catalanas, y no tener problemas de liquidez. La situación, por tanto, es ciertamente preocupante. 

 

En el origen están las irresponsables declaraciones de los dirigentes de las grandes organizaciones empresariales (CEOE), que hace ya mucho tiempo que vienen caldeando el ambiente, creando este clima de miedo e incertidumbre, para que los políticos catalanes (representantes de una ciudadanía que los vota y que está de acuerdo en sus planteamientos, como se demostró en el referéndum) desistieran de sus planes soberanistas. En otros artículos ya hemos afirmado que la gran burguesía catalana siempre ha sido enemiga del proceso soberanista, y así lo han manifestado en numerosas ocasiones los dirigentes de sus organizaciones, como el Círculo de Economía, o Foment del Treball. Como siempre, la gran clase empresarial haciendo gala de su nula sensibilidad social, de su desprecio a la democracia, y de la imposición por la fuerza de sus criterios, tal como han realizado con el Gobierno español aplaudiendo la brutal reforma laboral que ha precarizado profundamente el mundo del trabajo en nuestro país. Ellos son los responsables de todo este chantaje y acoso económico, como medida de fuerza para que se aborten los procesos impulsados por la soberanía popular. Desde esta humilde tribuna volvemos a hacer un llamamiento a desoír las amenazas de estos grandes agentes económicos, a enfrentarse a sus designios y a sus imposiciones, y a continuar por la senda de la desobediencia civil y de la movilización popular. Sólo el pueblo catalán tendrá la fuerza suficiente como para imponerse a la voluntad manipuladora y antidemocrática de los poderes económicos y financieros, así como de la tiranía de las empresas, responsables de la crisis, de las injustas medidas que se han tomado para atajarla, y de la tremenda desigualdad, precariedad y exclusión social que han generado en Cataluña y en el resto de España. Hoy, más que nunca, los verdaderos responsables se muestran ante nuestros ojos. Seamos más fuertes que ellos. 

Repost 0
Published by Rafael Silva - en Política
Comenta este artículo
15 octubre 2017 7 15 /10 /octubre /2017 23:00
Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

El imperialismo no es una política de un grupo de políticos, sino que es un sistema económico que significa la dominación mundial del capital financiero. La incapacidad actual de este sistema de generar beneficios por medios relativamente pacíficos significa que esté quien esté al mando del imperialismo estadounidense soporta enormes presiones que le encaminan a la guerra

John Catalinotto

BLOQUE III. SOBRE LA OTAN Y EL ANTIIMPERIALISMO

 

Comenzamos en esta entrega, tal como habíamos avanzado, nuestra exposición sobre ese gran monstruo que es el imperialismo, así como su brazo armado, la OTAN, y sus enormes responsabilidades en el estado actual de los conflictos mundiales. La senda del Pacifismo, lo proclamamos desde ahora mismo, es intrínsecamente antiimperialista, es decir, contraria a todo tipo de imperialismo. Pero vayamos por partes. El gran pensador argentino Atilio Borón define el imperialismo en los siguientes términos: "Es un sistema mundial que, desafortunadamente, cubre todo el planeta. Y ese sistema tiene un centro, una potencia integradora única e irreemplazable: Estados Unidos. Tiene el mayor arsenal de armas de destrucción masiva; controla desde Wall Street la hipertrofiada circulación financiera internacional; decreta la extraterritorialidad de las leyes que sanciona su Congreso e impone sanciones a terceros países que incumplen las leyes estadounidenses; controla a su antojo los flujos de comunicaciones que se procesan a través de Internet y la telefonía a escala mundial; dispone de un fenomenal aparato de propaganda --sin rivales en el mundo-- con epicentro en Hollywood; casi la mitad del presupuesto militar mundial y según sus propios expertos, cuenta con algo más de un millar de bases militares instaladas en los cinco continentes". No obstante, que quede bien claro, nuestra causa es contra el imperialismo, y no contra el pueblo norteamericano. No podemos por tanto caer en un "antiamericanismo" simplón, porque sería tan injusto como equivocado. Nuestro amado líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, insistía siempre en que nuestro problema no es con el pueblo estadounidense, tan oprimido, explotado y embrutecido como los demás (si bien con métodos más sutiles y amparados por una fenomenal maquinaria propagandística) sino con la clase dominante de Estados Unidos y su "plan de dominación mundial", tantas veces denunciado por Noam Chomsky.

 

El imperialismo norteamericano, el que sufrimos en la actualidad, no está muy lejano en sus modos y en sus formas de los que la humanidad sufrió en épocas pasadas. Podemos remontarnos al Imperio Romano, o al gran Imperio Español, bajo cuyos dominios "nunca se ponía el sol", que sometió a aquél continente americano, imponiendo a sangre y fuego, bajo la cruz y la espada, la religión, la lengua y las costumbres a aquéllos pueblos indígenas que encontró allí. Por su parte, en Europa, también podemos destacar a Reino Unido o a Francia como grandes potencias imperiales, cuyos dominios llegan hasta mediados del siglo XX. Porque el imperialismo es actitud y ejecución. El imperialismo es la existencia de un país o una coalición de los mismos (USA cuenta para ello con sus serviles "aliados" occidentales) que se creen con el derecho y la impunidad de gobernar a su antojo el resto de los países y continentes del globo, y de imponer por todos los medios a su alcance su visión excluyente y planetaria de modelos políticos y económicos que definan el gran sistema-mundo en que vivimos. Y continúa Atilio Borón con su explicación: "El imperialismo es un sistema que lo podemos representar con tres círculos concéntricos. En su núcleo fundamental hay un país, Estados Unidos, que es quien ejerce la función dirigente y dominante. Luego hay un segundo anillo formado por los Estados vasallos del capitalismo desarrollado, con quienes Washington mantiene relaciones que en algunos temas puntuales pueden dar origen a tensiones y contradicciones, pero que ante una amenaza sistémica se agrupan rápidamente en torno a los dictados de la Casa Blanca y se convierten en dóciles peones de las más siniestras decisiones que pudieran emanar de Washington (...) El tercer círculo del sistema imperial está constituido por las naciones de la periferia o semi-periferia capitalista, es decir, ese vasto y tumultuoso "Tercer Mundo" formado por las naciones de Asia, África y América Latina y el Caribe, que es preciso (...) mantener bajo control". 

 

Bien, pues la pieza clave de todo este entramado imperialista, su brazo armado y ejecutor, su joya de la corona, es la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte, NATO, por sus siglas en inglés). Históricamente surge en 1949 como un bloque militar enfrentado durante la Guerra Fría al Pacto de Varsovia, para delimitar perfectamente el bloque oriental (soviético y aliados) y el bloque occidental (USA y aliados), pero dejó de tener sentido con la caía del Muro de Berlín (1989), pues ya no existían dos grandes bloques militares que conciliaran los intereses bélicos, estratégicos y geopolíticos del mundo. No obstante, lejos de desaparecer, la OTAN durante los últimos años ha incrementado su presupuesto, y ha crecido a costa de incorporar algunos ex países de la órbita soviética, como los países bálticos, a su lista de miembros, para así hostigar y cercar al gran gigante ruso, su gran enemigo histórico, y concentrar también su hegemonía en todo el continente euroasiático. ¿Y qué papel desempeña nuestro Viejo Continente en esta ofensiva imperial? Pues la triste realidad es que Europa ha sido siempre fiel seguidora y alumna aventajada del imperialismo norteamericano. En realidad, si nos remontamos a sus orígenes, nos daremos cuenta de que la construcción europea ha sido siempre un proyecto "Made in USA". Porque Estados Unidos siempre ha tenido como finalidad esencial someter a Europa occidental, "formidable reserva de personas y mercados" (en opinión de Bruno Guigue recogida en este artículo), a la hegemonía estadounidense. Los gobernantes europeos han tomado siempre a Estados Unidos como modelo, como si ambos continentes tuvieran historias comparables. Pero el modelo estadounidense no es exportable a Europa. Su conformación obedece a motivos históricos muy diferentes, y si existe la nación estadounidense, es porque desde su origen es una proyección de Europa hacia su propio occidente que se desplegó desde un núcleo inicial hacia una periferia que fue tierra conquistada. 

 

En palabras de Bruno Guigue: "Tierra sin más historia que la futura, América ofreció la virginidad de sus fértiles llanuras a la ardua labor de los pioneros. Es mucho más fácil para una comunidad humana forjar su unidad en una geografía sin historia que en una geografía llena, en un espacio virgen que en un lugar ya saturado de sentidos. Mediante la cínica destrucción de las sociedades indias, la nación estadounidense aprovechó la oportunidad". Por tanto, la posible comparación histórica entre Estados Unidos y Europa no tiene ningún sentido. El terreno de la construcción europea está lleno de historia, mientras que el de la nación estadounidense surgió del exterminio de las culturas anteriores. La memoria europea está llena, mientras que la de Estados Unidos busca desesperadamente llenarse, según Guigue. Ambos modelos, por tanto, no tienen nada en común. Y en palabras de Guadi Calvo tomadas de este artículo para el medio Rebelion: "La Europa "libre" aliada de los Estados Unidos hasta la humillación, siguió las órdenes económicas, políticas y militares de Washington siempre y sin demasiados sobresaltos. Incluso pudiendo manejar la crisis provocada por la caída del bloque soviético y todas sus consecuencias, como la absorción de muchos países que habían sido aliados de Moscú y miembros del Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua (Pacto de Varsovia), la versión socialista de la OTAN, firmado en la capital polaca en 1955". Europa permitió la desintegración de la antigua Yugoslavia, lo que costó un alto precio en cientos de miles de muertos, y permitió sin rechistar las masacres de los años '90 en Somalia, Timor Oriental, Irak o Afganistán, por citar algunas. Europa lleva décadas convirtiéndose en cómplice de cada una de las matanzas instigadas por Washington contra innumerables pueblos que no se han sometido a sus designios, o bien cuyos recursos naturales había que saquear para mayor gloria del imperio. 

 

La última gran barbarie europea con la complicidad estadounidense han sido las denominadas "Primaveras Árabes", desplegadas desde 2011, provocando igualmente un incontable número de víctimas y desplazados forzosos, que llega hasta nuestros días. Los casos más sangrantes han sido Libia y Siria, cuya guerra aún continúa. Y por su parte, en Ucrania, también nuestra Unión Europea fue fiel aliado de los planes estadounidenses para desligar al ex país soviético de la órbita de influencia de Moscú, y acercarlo a la órbita europea por la fuerza, armando a toda una serie de bandas neonazis e instigando la proclamación de un gobierno proeuropeo títere de los intereses norteamericanos. Hoy día los países europeos, incluido España, siguen aferrados a la persistencia de seguir a pies juntillas las políticas estadounidenses, políticas de agresión imperialista que sólo conducen a la destrucción y a la barbarie. Jamás tuvo la Unión Europea desde que existe como tal una política común de seguridad y de defensa independiente del gigante norteamericano, lo cual le hace cómplice de su barbarie, y explica muchos fenómenos que nos afectan, como la ola de terrorismo en muchas ciudades europeas. Por su parte, las crisis de refugiados que se están viviendo en suelo europeo también son causadas por las propias políticas belicistas de Estados Unidos y sus socios de la OTAN. Como concluye Guadi Calvo: "Europa está siendo víctima de sus propias aberraciones históricas y sus dirigentes de las trágicas consecuencias que su desguace puedan producir". El imperialismo del gran gigante del norte es el último responsable de todas estas matanzas, de todos estos conflictos, de todas estas consecuencias. Sus guerras por todo el planeta son las responsables de generar oleadas de devastación, de odio y de barbarie que luego repercuten, más pronto que tarde, en subsiguientes conflictos, derivados la mayoría de ellos de Estados fallidos posteriores a la devastación. Continuaremos en siguientes entregas.

Repost 0
Published by Rafael Silva - en Política
Comenta este artículo
12 octubre 2017 4 12 /10 /octubre /2017 23:00
Arquitectura de la Desigualdad (59)

El mundo, la política, las democracias y las finanzas están dominados por una hidra mundial compuesta por 28 grandes bancos internacionales cuyas políticas fijan el curso no sólo de las finanzas sino, también, de las democracias parlamentarias

François Morin

En la recta final de este segundo bloque temático de la serie, donde hemos expuesto la estructura básica de la desigualdad, y hemos repasado todos los pilares donde se asienta (algunos de ellos los desarrollaremos más a fondo en su propio bloque temático), vamos a ocuparnos (no podíamos dejarlo en el tintero) del caso emblemático de la banca privada. Lo aplicaremos fundamentalmente a nuestro país, pero podemos extrapolarlo a cualquier lugar del mundo, pues la esencia de la banca es la misma en todos sitios. Para comenzar con algunos datos, los tomamos de este artículo de Enric Llopis para el medio Rebelion, donde titula que la banca española ganó más de 6.600 millones de euros en el primer semestre de 2016 mientras avanza en los recortes de plantilla. Un centenar de banqueros españoles ganan una media de 2,3 millones de euros anuales, en un país donde la precariedad laboral está a la orden del día, y la figura del trabajador pobre es cada vez más frecuente. Pero los hay que cobran más. En 2015, los ingresos de la Presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, fueron de 7,4 millones de euros, a los que se agregó una aportación al plan de pensiones por valor de 2,3 millones de euros, de manera que la cifra total (9,7 millones) supuso un aumento del 10% respecto a lo percibido en 2014. Y hay más cifras interesantes: por ejemplo, entre sueldo y acciones, los miembros del Consejo de Administración del Santander se repartieron en 2015 un total de 29,7 millones de euros, un 11% más que el año anterior. Concretamente, y según un informe de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) hecho público en marzo de 2016, el Estado Español es el quinto país en el ratio de banqueros europeos con sueldos millonarios, tras Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. Una situación obscena que se extrapola, como dijimos más arriba, a la banca europea, y en general a la banca privada mundial. 

 

Pero contemplemos también la otra cara de la moneda. Algunos autores han estimado en 4.400 los despidos anunciados en el sector durante 2016. Las sucursales cerradas de los grandes bancos se cuentan por centenares, a lo que se agregan las reducciones de plantilla, que se cuentan por miles de empleados en cada entidad bancaria de cierto peso. Con la excusa de la informatización de los procesos, actividades y tareas que los clientes pueden solicitar a las entidades, dejan cada vez menos personal atendiendo físicamente a los clientes. El Banco de España informó que en el inicio de la crisis (2008), el número de trabajadores en la banca española ascendía a casi 280.000, año a partir del cual comienza una curva descendente que llega en 2015 a alcanzar la cifra de algo más de 200.000 empleados/as. Por tanto, más de 75.000 personas dejaron de trabajar para la banca durante dicho período. Y mientras la cifra de sucursales era en 2008 superior a las 46.000 por toda España, el número se fue reduciendo hasta las algo más de 30.000 en 2015. Ramón G. Cepas advierte de que sólo en 2013 se clausuraron casi 4.500 oficinas bancarias, sobre todo por el fuerte ajuste que impuso Bruselas a Bankia tras el multimillonario rescate. ¿No vemos aquí todavía más claramente la arquitectura de la desigualdad? Menos riqueza repartida (menos sucursales, menos empleados), más riqueza concentrada (sueldos y complementos de los altos directivos). Y de nuevo, lo uno no puede darse sin lo otro. Volvemos al mensaje principal, en el que venimos insistiendo desde el primer artículo de la serie. Para que exista más riqueza concentrada en pocas manos, ha de ser reducida la riqueza compartida por muchos. Es la perversa ecuación que nos instala la arquitectura de la desigualdad. 

 

Pero siendo bien pensados, podríamos imaginar que los bancos se gastaran este dinero en obras para el bien común...Más que bien pensados, seríamos unos ingenuos integrales, porque la banca representa a nivel mundial el más execrable negocio que existe. Lo normal es que la banca no sólo abuse de sus clientes mediante infinidad de malas prácticas, sino que además está involucrada en actividades absolutamente indecentes. Veamos un botón como muestra: en este artículo del sitio web de Antimilitaristas, se denuncian las malas prácticas del BBVA: según esta organización, esta entidad bancaria posee el triste privilegio de ser el banco español que lidera las inversiones en la industria armamentística, destinando más de 3.000 millones de euros a financiar a empresas que producen diferentes tipos de armas que luego son exportadas por nuestros indecentes gobiernos, y utilizadas en diferentes guerras y conflictos armados por todo el mundo, provocando la muerte y el desplazamiento forzoso de millones de personas por diversos países. Por otra parte, este banco continúa financiando macroproyectos de un gran impacto social y medioambiental por todo el planeta, entre los que podemos destacar el oleoducto Dakota Access (reactivado por Donald Trump recientemente), o el Gaseoducto del sur de Perú (en Camisea). Además, ha aumentado su participación en la financiación del embalse de Illisu (Kurdistán) a un 25%. Asímismo, y a pesar de haber anunciado públicamente su paralización, esta entidad financiera continúa ejecutando cada año centenares de desahucios que afectan a los sectores de población más dañados por la crisis económica. Según datos que aparecen en el artículo de referencia, desde marzo de 2016 hasta febrero de 2017 la movilización popular ha conseguido suspender 114 ejecuciones hipotecarias, y paralizar otras 13, de las muchas que ordenó el BBVA. 

 

Además de todo lo anterior, hay que señalar también el papel del BBVA favoreciendo el fraude fiscal de las grandes fortunas, ejerciendo de intermediario para la creación de sociedades offshore en diversos paraísos fiscales (como dejaron acreditado los llamados "Papeles de Panamá"), a la vez que aplica condiciones abusivas en los préstamos hipotecarios y en otros productos bancarios (tal y como han demostrado las variadas sentencias judiciales que obligan a devolver el importe de las denominadas "cláusulas suelo"). Durante toda esta última década de crisis, el BBVA sigue anunciando beneficios (un 31,5% en 2016, esto es, 3.475 millones de euros), y su directiva embolsándose sueldos estratosféricos. Por ejemplo, su Presidente, Francisco González, ganó 13.424 euros cada día del año 2016, mucho más de lo que cobran muchos/as ciudadanos/as durante un año. Asímismo, el BBVA expresa un gran nivel de hipocresía cuando impulsa fundaciones, premios, cátedras, cursos, jornadas, etc., para proyectar una imagen diferente a la que en realidad responde. Por su parte, en esta entrevista de Enric Llopis a Toni Tortosa, Delegado Sindical de CGT-País Valenciano del BBVA para el medio Rebelion, éste afirma que dicha entidad ha impuesto el acoso diario y el miedo al despido. Se practica todo un goteo de despidos, mientras sus directivos perciben sueldos indecentes. Se difunde masivamente, según Tortosa, el argumento de que la empresa no está obteniendo los resultados que espera, para extender sobre sus empleados/as (más de 27.000 en toda España) el miedo generalizado de no continuar en su puesto de trabajo si no se cumplen los objetivos. Por ejemplo, se presiona a los/as trabajadores/as para que comercialicen productos de muy difícil venta en la situación actual de crisis y desconfianza. En el BBVA se ha impuesto la costumbre de publicar ratios (escalas internas) ordenados del primer al último empleado por tipo de producto, con la idea de infundir miedo a aquéllas personas situadas en los últimos lugares. 

 

El clásico Departamento de Personal ya no se llama siquiera de "Recursos Humanos" (como normalmente ocurre en la mayoría de las empresas, aunque esta denominacióin ya sea insultante), sino de "Talento y Cultura", para inculcar que se trataba de ayudar a la motivación y recuperación del talento. Bajo la falaz idea de identificar a las personas que no aportaban lo suficiente a la empresa para ayudarles a salir de esa situación, a mejorar, a que vendieran más y estuvieran más a gusto en el banco, lo que en realidad ocurre es que se utiliza en sentido contrario, es decir, como una advertencia de que si no vende, o no acepta los traslados que se le ofrecen, o no asiste a las reuniones fuera del horario laboral, se le puede incluir en una amenazante lista negra, que implica que su puesto de trabajo corre peligro. Todo un ambiente de terrorismo empresarial interno. El BBVA, por otra parte, también "compró simbólicamente" algunas entidades quebradas. Por ejemplo, en marzo de 2012 adquirió la UNNIM (cuyo origen eran Caixa Manlleu, Caixa Sabadell y Caixa Terrasa), por el precio de un euro, y a continuación se aplicó un ERE para 619 personas. O más recientemente, en abril de 2015, BBVA adquirió Catalunya Banc, donde también se aplicó un ERE. A finales de 2016 la entidad financiera anunció el cierre de 132 oficinas en febrero, sin contar con los sindicatos. Otra mala práctica de estos gigantes empresariales es externalizar cierto tipo de actividades a terceras empresas también controladas por ellos. Siempre con salarios más bajos, por supuesto. Así, el BBVA ha constituido OP Plus, una empresa a la que se han ido trasladando una serie de servicios administrativos que antes se realizaban en las oficinas, tales como formalización de pólizas, cotejo de documentos, etc. Dejo a los comentarios de mis lectores/as la rápida radiografía que hemos establecido, y continuaremos en siguientes entregas.

Repost 0
Published by Rafael Silva - en Política
Comenta este artículo
11 octubre 2017 3 11 /10 /octubre /2017 23:00

Vídeo: Rechazo a la OMC en Buenos Aires (Argentina)

Está claro que los actuales TLC constituyen herramientas para negar toda sociedad, instrumentos no  para crear empleo, estimular las inversiones o apoyar los servicios públicos (no digamos ya para combatir la pobreza o la desigualdad), sino para garantizar los beneficios de las grandes corporaciones. Lo hemos demostrado desde múltiples puntos de vista, incluso exponiendo la dinámica de la propia OMC, y estamos adentrándonos, en esta recta final de la serie de artículos, en la arquitectura de las posibles alternativas. Los TLC promueven sistemas de justicia privada a favor de las multinacionales, pisotean los derechos humanos, ignoran el cambio climático, se aprovechan de la naturaleza y de los animales, explotan los recursos naturales, socavan la democracia, y representan una suerte de constituciones supranacionales, por encima de los Estados. Instalan nuevas normativas que crean precedentes en el derecho internacional, sitúan el beneficio como la norma suprema, golpean en el corazón de la democracia, ignoran la voluntad de los pueblos, y diseñan execrables mecanismos para destrozar todas las bases de la convivencia en aras de la multiplicación de sus ganancias. Es la explicación para entender porqué se negocian en secreto de cara a la ciudadanía, pero con un protagonismo absoluto de los lobbies empresariales. El conjunto de la ciudadanía y sus representantes de la sociedad civil quedan completamente ignorados. Suponen un ejemplo de actuación manipuladora al margen de los mecanismos de participación democrática. Y por si todo ello fuera poco, la guinda del pastel: instalan mecanismos y cláusulas irreversibles. Como hemos afirmado en entregas anteriores, necesitamos un mandato comercial alternativo. 

 

Necesitamos un combate a los TLC desde la perspectiva anticapitalista, ya que detrás de la bandera del "libre comercio" se sitúa el programa de máximos de las clases dominantes que nos explotan y acaban con nuestros derechos humanos, y con todas las garantías hacia sistemas de igualdad, bienestar y justicia social. Las alternativas han de situarse fuera del campo neoliberal, ya que desde él existe una amplia animadversión hacia prácticamente toda normativa o toda intervención estatal, ya que son consideradas como "barreras" al libre comercio. Por eso las posibles alternativas han de situarse tomando el foco en otros valores, en otros objetivos. Y hay que tener en cuenta los objetivos geopolíticos que se encuentran detrás de los actuales TLC, que han sido comparados a una especie de "OTAN económica". Y ya sabemos quién toma el mando y las decisiones en la OTAN militar. Una alternativa seria a los TLC debe estar enfocada, pues, hacia otros objetivos geopolíticos y económicos distintos, dando preferencia a otras integraciones regionales. El control de los recursos naturales también se sitúa en el punto de mira de los TLC, y por ello están permitidas todas las actividades y prácticas extractivas extremadamente agresivas hacia el entorno natural, tales como el fracking. Las alternativas han de ser cuidadosas y respetuosas hacia el medio ambiente, por lo cual todas estas prácticas extractivas han de ser descartadas. Los TLC actuales persiguen instalar un modelo social donde todos los sectores de la vida estén regulados por la actividad privada con afán de lucro. Todo lo que se aleje o no permita tal objetivo es considerado una "barrera", una limitación, un obstáculo o un peligro para el libre comercio. Pero ya estamos viendo que en realidad son una excusa para poder implementar su salvaje modelo neoliberal. 

 

Pero a las grandes empresas transnacionales no les basta con la escandalosa y creciente desigualdad, la contaminación medioambiental, la rebaja en derechos laborales, la privatización de sectores fundamentales de los servicios públicos, el aumento de la corrupción o el deterioro evidente de la democracia. Aún no les basta. Quieren abundar en todo este aberrante camino, y han visto en los TLC las herramientas definitivas para instalar globalmente su inmenso poderío, y además certificar la imposibilidad de revertir esta terrible situación. Por ello son imperiosamente necesarias las alternativas. En este sentido, la coordinación de los diferentes pueblos del mundo, mediante los miles de colectivos del tejido social organizado, ha de ser significativa. Hay que identificar al enemigo global, que se encuentra en un orden socio-económico injusto y aberrante, que trae como consecuencia una insostenible desigualdad. Frente al fin último de los TLC que supone llegar a la absoluta desregulación (laboral, alimentaria, sanitaria, medioambiental, etc.), las alternativas han de regular y poner límites a los mercados, incidiendo en una mayor intervención pública para controlar los desmanes de estos grandes agentes económicos, y garantizar los derechos humanos, de la naturaleza y del resto de especies animales. Frente a la ubicación de los TLC actuales como estrategias de integración supranacional, gobernadas por los grandes organismos internacionales, las alternativas han de estar dirigidas a la integración de los pueblos mediante acuerdos de los propios colectivos que forman la sociedad civil (sindicatos, asociaciones de consumidores, defensores del medio ambiente, activistas, agrupaciones vecinales, asociaciones profesionales y sectoriales, etc.). Y frente a la imposición de los grandes agentes económicos, las alternativas han de estar guiadas por la práctica democrática profunda, garantizando que son los propios pueblos los que dan luz verde, después de los amplios y pertinentes debates, a la implantación de cualquier acuerdo comercial. 

 

Las alternativas a los TLC no tienen por qué implementar mecanismos proteccionistas, aunque sabemos que estarían justificados bajo ciertas circunstancias. Pero no es ese el objetivo. El objetivo, en primer lugar, como nos cuenta Santiago González Vallejo en este artículo para el medio Rebelion, es conseguir, poder alcanzar, un tratado vinculante para las multinacionales. La situación de partida es bien conocida. Estamos en un mundo globalizado (mejor diríamos bajo una desregulada globalización) donde abundan los tratados comerciales, de inversiones, bilaterales y multilaterales, que obligan a los Estados a abrir sus fronteras, a salvaguardar la competencia, a competir por la localización productiva de las empresas, etc. La competitividad desmedida nos lleva a aceptar las grandes aberraciones del capitalismo, tales como la deslocalización, las crisis económicas, la devaluación salarial, la financiarización de la economía, el enorme poderío de los grandes agentes económicos, etc. Y al mismo tiempo, también periódicamente (aunque cada vez con mayor frecuencia) conocemos que en tal o cual país ocurre un vertido contaminante, una persecución sindical, una corrupción galopante, un acoso a los activistas medioambientales (incluso llegando a asesinarlos), etc. ¿Nuestras sociedades, que se dicen "democráticas", pueden permitir todo esto? Es evidente que no. Todos esos gravísimos hechos tienen como protagonistas a las grandes empresas (algunas no tan grandes) transnacionales, porque su poder se acrecienta, y los TLC contribuyen gravemente a ello. Hemos de darnos cuenta, por tanto, que la democracia tiene que prevalecer sobre los intereses empresariales, y hemos de entender y asumir que todos los elementos de las cadenas de valor (desde la obtención de las materias primas, su elaboración, transformación, ensamblaje y montaje hasta el producto final, y su distribución y venta hasta los consumidores de un mercado final) tienen que ser reguladas para favorecer el trabajo decente, la libertad sindical, el respeto a las normas medioambientales, y el justo reparto y redistribución de la riqueza generada, para disminuir la pobreza y la desigualdad. 

 

Sin embargo, sabemos que todo ello es ignorado en el proceso comercial vigente hoy día. Existe un descuido interesado sobre cómo se obtienen los productos, qué impacto posee su masiva extracción, qué desequilibrios naturales genera, qué consecuencias desata para el medio ambiente, cómo se acuerda el precio final del producto, qué intermediarios actúan en dicha cadena, cómo se diseñan los costes de obtención del mismo, tanto directos como derivados o dependientes del contexto social (leyes laborales, protección social, respeto a los derechos de los trabajadores, nivel de formación de los mismos, protección de riesgos laborales, uso de la tecnología, etc.). Sólo tenemos un camino para revertir todo este desaguisado: conseguir un conjunto de normas respetadas por las empresas. Si se consigue la puesta en marcha y la entrada en vigor (objetivo harto complicado pues muchas empresas poseen beneficios más altos que el PIB de algunos Estados) de un tratado internacional vinculante que ligue el respeto a los derechos humanos y los intereses empresariales se habrá dado un paso de gigante. Podrá ser una semilla de esperanza para poder revertir en el futuro todas las indecentes prácticas que las grandes empresas llevan a cabo por todo el mundo. Lógicamente, deberá contar con todas las características de control, investigación y denuncia de las malas prácticas y reparación e indemnización efectivas a las posibles víctimas. Igualmente, el mecanismo que establezca que ha existido una violación de los derechos humanos tiene que poseer capacidad extraterritorial (o supranacional, si queremos) para poder juzgar esas conductas, independientemente del lugar donde hayan ocurrido los hechos denunciados, o de donde se encuentre la sede social de la empresa en cuestión. Hasta ahora, sin embargo, todos los intentos que se han organizado a nivel oficial (en el seno de la ONU) han sido en vano, ya que poseen un carácter voluntario, no vinculante, por lo cual las empresas no están realmente obligadas (ni preocupadas) a cumplirlos. Se mueven únicamente en la órbita suave de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Continuaremos en siguientes entregas.

Repost 0
Published by Rafael Silva - en Política
Comenta este artículo
10 octubre 2017 2 10 /10 /octubre /2017 23:00
Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

Viñeta: http://www.ecorepublicano.es/

¿Puede vivir un país en paz sobre la sangre de miles de desaparecidos? ¿Puede una democracia llamarse de tal modo cuando tergiversa, tapa, oculta y hace escarnio de su propia historia? ¿No ha llegado el momento de que sepamos toda la verdad de la represión fascista, de que todo el mundo quede enterado de que el régimen franquista nació de la traición y el crimen organizado, de que el fascismo español ha sido uno de los regímenes más criminales de la historia de Europa, de que vivimos cuarenta años de ignominia que la democracia todavía no ha saldado?

Pedro Luis Angosto

En nuestra última entrega nos quedamos comentando algunas de las barbaridades que proclama la Fundación Nacional Francisco Franco, pero la pregunta es...¿Es ésta la única fundación ultraderechista en nuestro país? Sabemos que el PP actual fue gestado por media docena de ex Ministros o altos cargos franquistas, y que por ello (salvo quizá el reciente caso de Vox) no existen más partidos a su derecha, como ocurre en otros países europeos. El PP engloba desde la derecha más moderada hasta la más beligerante. Pero esa es la derecha política. También existen la derecha mediática (ABC, La Razón, El Mundo...), y por supuesto, la derecha social, de la cual forman parte estas fundaciones y organizaciones. Vamos a apoyarnos en este artículo de Danilo Albin para el medio Publico, donde analiza algunas de ellas. Por ejemplo, las entidades que reivindican a José Antonio Primo de Rivera (fundador de la Falange) o a Blas Piñar (fundador de Fuerza Nueva, un partido ultraderechista de la Transición) aún figuran a día de hoy en el Registro del Ministerio de Cultura, donde en su día fueron aceptadas sin inconvenientes. Y lo mismo ocurrió con la entidad que glorifica a los soldados españoles que pelearon junto a los nazis en la extinta Unión Soviética. Todas ellas funcionan de forma completamente legal, recaudan donaciones y gozan del visto bueno de la Administración Pública. Otra prueba más de que la superación del franquismo aún no ha sido llevada a cabo. Bien, pero dicho esto, hemos de reconocer que nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de los tres Gobiernos que autorizaron el registro de dichas fundaciones, a saber, los de Felipe González, José  María Aznar y Mariano Rajoy. Lo exponemos a continuación con más detalle.

 

En Madrid existe un museo que reivindica la memoria de los soldados que fueron a combatir junto a los nazis a la Unión Soviética. Sus vitrinas con banderas franquistas y muñecos con simbología nazi están a cargo de la Fundación División Azul, una organización registrada legalmente en 1991, bajo el Gobierno "socialista" de Felipe González. Esta fundación cuenta con alrededor de 300 socios a día de hoy. Entre sus objetivos figura "la promoción de todo tipo de actividades culturales (conferencias, exposiciones, concursos, viajes, archivos, etc.) que contribuyan a difundir la historia de la División Azul y de otras unidades de voluntarios afines". Aún así, aseguran no tener ninguna orientación política. Por su parte, los fans de José Antonio Primo de Rivera también disponen de su propia fundación, absolutamente legal. Existen desde finales de 1996, cuando comenzaba el Gobierno del PP de José María Aznar. Según sus estatutos, la Fundación José Antonio fue creada para promover "el estudio, desarrollo y extensión de la figura histórica, política y personal de José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia y su entorno histórico y socio-cultural, así como actualizar su pensamiento en relación con la situación socio-política, económica y cultural actual y futura". Ahí es nada. Su presidente llegó a cuestionar el número de muertes que se produjeron en el bombardeo fascista contra la localidad vasca de Gernika, al tiempo que criticó la "propaganda marxista y nacionalista" en torno a ese terrible ataque. En un número de su boletín digital de noticias aparece un artículo del historiador ultraderechista Pío Moa, quien define a Podemos como "un grupo proetarra, proseparatista, antiespañol, plagado de ignorantes e incultos, abortista (el aborto es la liquidación de vidas humanas indefensas), antifranquista, pro LGTBI, esa extraña y siniestra mafia cargada de odio que pretende regular y penalizar no ya la expresión de otras ideas, sino hasta de otros sentimientos que los suyos".

 

¿Hay algún lector o lectora que aún tenga dudas de que el franquismo pervive en la mente de muchos en pleno siglo XXI? Danilo Albin cuenta otras anécdotas y descubrimientos en su artículo de referencia, que recomiendo encarecidamente a mis lectores/as. Y si el Gobierno de Aznar no tuvo reparos en legalizar a la Fundación Primo de Rivera, el Ejecutivo de Mariano Rajoy tampoco vio ningún inconveniente cuando recibió la petición de inscripción de otra entidad franquista, como es la Fundación Blas Piñar. Concretamente, fue creada y registrada en julio de 2014 por los hijos del líder de la extinta Fuerza Nueva, fallecido en enero de ese mismo año. A la hora de fijar sus fines y objetivos, los herederos del dirigente ultraderechista escribieron: "La promoción, el estudio y la investigación del pensamiento y la obra religiosa, política y jurídica de Blas Piñar López y su contexto sociopolítico, inspirada en los ideales de Dios, Patria y Justicia, para la memoria colectiva del pueblo español". El actual presidente de esta fundación es el General del Ejército Blas Piñar Gutiérrez, uno de los siete hijos del fundador de Fuerza Nueva. Es de destacar que en 1980, Piñar Gutiérrez, que por aquél entonces era capitán, suscribió un texto de apoyo a los golpistas del 23F, y en 2008 fue sometido a arresto domiciliario debido a sus incendiarias declaraciones contra la cúpula del Ejército. Actualmente, la fundación está centrada en la digitalización de su extenso archivo, en el que abundan los discursos y escritos de alto contenido franquista. Volvemos a la pregunta anterior...A tenor de todo este panorama, de toda esta exhibición permisiva de franquismo en vena...¿podemos afirmar que realmente aquélla etapa negra de nuestra historia está superada? ¿Puede una sociedad que supera una etapa dictatorial albergar en su seno fundaciones dedicadas a la memoria de personajes de claro corte fascista? ¿Puede tolerarse bajo los mimbres de una sociedad supuestamente democrática la existencia de organizaciones que cultivan, rescatan y ensalzan la figura de políticos o pensadores fascistas? 

 

Esto forma parte del relato social actual. No es del siglo pasado. Continúa ocurriendo actualmente. Todas estas fundaciones obtienen o se han beneficiado de fondos públicos, ya que han sido creadas sin ánimo de lucro, y "por el interés general". Ese mismo interés que pisotea los valores constitucionales, con los que tanto se llenan la boca los mismos gobernantes que permitieron su registro en el Ministerio de Cultura. Estas organizaciones fascistas promueven estudios, conceden premios, cuentan con instalaciones y museos, realizan homenajes anuales de recuerdo, exaltación y reconocimiento a sus líderes, protegen sus legados, actualizan y conservan su material, etc. Y las que hemos mencionado más arriba no son las únicas. También existe desde 1997 la Fundación Serrano Súñer, dedicada a exaltar la imagen y la memoria del cuñado de Franco y uno de los principales artífices del régimen en sus primeros años. Fue ministro franquista hasta en tres ocasiones. En 2013, tal como recoge María F. Sánchez en este artículo para el medio Cuarto Poder, esta fundación organizó las "Jornadas Serrano Súñer" en colaboración con la Universidad CEU San Pablo para hablar "del hombre que puso los cimientos del Estado que salió de la Guerra Civil". También existe la Fundación María Eugenia Yagüe, hija del General Juan Yagüe, quien tuvo un papel relevante en el Golpe de Estado de 1936 y durante la Guerra Civil. Fue conocido como el "Carnicero de Badajoz" (por las innumerables matanzas registradas en esta provincia) y fue amigo personal de Primo de Rivera. Igualmente, existe la Fundación Pro-infancia Queipo de Llano, por muy oscuro que sea establecer un vínculo entre la infancia y uno de los personajes más siniestros del franquismo, el General Gonzalo Queipo de Llano, famoso (entre otras cosas)  por sus incendiarias arengas a las tropas del "bando nacional" contra los republicanos. Durante la Guerra Civil, Queipo de Llano fue el artífice de la toma de Sevilla, ejerciendo una dura represión que dejó más de 3.000 muertos. 

 

Su táctica fue la del terror, usando la radio de la época como arma de guerra psicológica. En otro artículo de esta serie ya hemos expuesto algún ejemplo de sus terribles discursos. El fundador del movimiento nacionalsindicalista, Ramiro Ledesma Ramos, también dispone de su propia fundación. Este personaje era un declarado admirador de Hitler, y fue uno de los pocos ideólogos del fascismo en España. Fue sacado de la cárcel y fusilado cuando estalló la Guerra Civil. La organización que lleva su nombre, al igual que el grupo ultraderechista Hogal Social Madrid Ramiro Ledesma Ramos, explica que su objetivo es "el estudio, desarrollo y extensión de la figura histórica y política, y su entorno histórico y socio-cultural". En fin, más de lo mismo. En la presente entrega hemos querido por tanto repasar siquiera brevemente el escenario de las distintas fundaciones ultraderechistas que existen legalmente en nuestro país, amparadas por gobiernos "democráticos", que dicen asumir los principios constitucionales, pero que permiten la existencia de este tipo de organizaciones que ensalzan la figura de destacados exponentes del pensamiento fascista de nuestra historia. El franquismo, por tanto, es aún nuestro enemigo interno, y la solución es recuperar la memoria histórica. Pero recuperarla por completo. La plena superación del franquismo no será posible sin esta básica pero fundamental premisa. Hoy día, la derecha intolerante, rancia, autoritaria, corrupta, represora, mediocre, dañina y violenta que nos gobierna nos tiene también secuestrada la memoria histórica. Una memoria colectiva que no obstante sigue latente, mientras no seamos capaces de cicatrizar en firme sus heridas. Por tanto, de cara a la superación del franquismo en todos sus planos y manifestaciones, hay que hacerse eco de la lucha a favor de los derechos de verdad, reparación, justicia, dignidad y garantías de no repetición para los familiares de las víctimas del franquismo, lo cual nos lleva a conocer, valorar y respetar nuestra memoria histórica, y a rechazar (declarándolas ilegales) todas estas fundaciones que exaltan el pensamiento fascista que nos trajo la salvaje dictadura durante casi 40 años. Continuaremos en siguientes entregas.

Repost 0
Published by Rafael Silva - en Política
Comenta este artículo
9 octubre 2017 1 09 /10 /octubre /2017 23:00
¡Queremos Acoger...YA!

El mar Mediterráneo se ha convertido en la mayor vergüenza de Europa; en los últimos 17 años, 35.000 personas han perdido la vida en sus aguas, y solo desde 2016 lo han hecho casi 7.000, entre las que se encuentran niñas y niños que se han quedado sin futuro. Y lo que es peor... nuestro Gobierno mira hacia otro lado, mientras estas muertes podrían haberse evitado si las personas hubiesen contado con vías legales y seguras para obtener protección

Fragmento del Manifiesto

Al momento de redactar el presente artículo, son más de cien las organizaciones, colectivos y asociaciones que firman el Manifiesto que vamos a incluir a continuación, para su masiva difusión, apoyo y conocimiento. Y todo causado por la nefasta política de fronteras y de inmigración de nuestro Gobierno, en general de todos los Gobiernos de la Unión Europea, que se están comportando de forma absolutamente vergonzosa en este asunto. Jamás se pudiera haber pensado en el pasado que Europa, tierra de migrantes y de acogida, fuese a perpetrar tan aberrantes ataques contra los derechos humanos de estas personas, desplazados/as forzosos/as de sus países de origen, por conflictos armados, o bien de tipo económico, que cruzan nuestras fronteras jugándose la vida para ser tratados de forma indecente en nuestro Viejo Continente. Aunque las fechas que se citan corresponden al pasado mes de septiembre, nos ha parecido (no hemos podido incluir antes su publicación) un Manifiesto muy interesante por la importancia de los asuntos y datos que expone y por las soluciones que reclama, que siguen vigentes desde hace varios años, y por lo que parece, seguirán vigentes durante algún tiempo más. 

 

Como decíamos, en el sitio web de referencia, en su enlace "Convocantes", encontrarán los lectores y lectoras la numerosa lista de asociaciones que lo apoyan, tales como Abriendo Fronteras, Amnistía Internacional, Anticapitalistas, asociaciones vecinales de diversos puntos del país, diferentes sindicatos, CEAR, Coordinadora de Barrios, Corriente Roja, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, EQUO, Fundación del Secretariado Gitano, Izquierda Unida, diversos Observatorios de Derechos Humanos, Oxfam Intermón, diversas Plataformas Ciudadanas de Ayuda al Refugiado, Red Acoge, o SOS Racismo, entre otras muchas. Además de todas ellas, el Manifiesto, cuyo contenido vamos a reproducir íntegramente a continuación, puede ser firmado por cualquier persona, desde el propio sitio web:

 

Este mes finaliza el plazo del programa de reubicación europea. Tan solo 27.695 personas han sido acogidas en toda Europa en dos años, lo que supone solo un 23% de los compromisos adquiridos.

 La situación es insostenible. Estamos sufriendo, en pleno siglo XXI, la mayor crisis humanitaria de personas refugiadas y migrantes desde la Segunda Guerra Mundial. El número de personas que huyen de su país para salvar sus vidas por conflictos armados, vulneración de derechos, violencia y persecuciones, aumenta cada día. Ya son más de 65 millones en todo el mundo. En 2016, 1.259.265 trataron de encontrar refugio en Europa solicitando protección internacional, de las cuales solo 15.755 lo hicieron en España. Esta cifra representa el1,2% del total de solicitudes en territorio europeo, que es una de las más bajas de la UE y, pese a ello, no es acompañada por una respuesta adecuada por las autoridades españolas. El mar Mediterráneo se ha convertido en la mayor vergüenza de Europa; en los últimos 17 años, 35.000 personas han perdido la vida en sus aguas, y solo desde 2016 lo han hecho casi 7.000, entre las que se encuentran niñas y niños que se han quedado sin futuro. Y lo que es peor... nuestro Gobierno mira hacia otro lado, mientras estas muertes podrían haberse evitado si las personas hubiesen contado con vías legales y seguras para obtener protección.

Además, nuestras multinacionales, al igual que las de otras potencias mundiales, están también en el origen de las causas de estas migraciones forzosas: guerras provocadas por intereses económicos y energéticos, vulneración de derechos, esclavitud laboral...

Mientras tanto, ¿Qué hace Europa, ¿qué hace España? Lejos de dar una respuesta a favor de las personas, hemos blindado nuestras fronteras ante la llegada de miles y miles de personas buscando refugio, hemos endurecido las políticas de asilo para que cada vez sea más difícil acceder al derecho de protección internacional, y hemos apoyado acuerdos “ilegales” con terceros países no seguros, como Turquía o países africanos, para que sean éstos los que se encarguen de "gestionar" el futuro de millones de personas que huyen de la guerra o cuyas vidas corren peligro por algún tipo de persecución. Personas cuyos derechos humanos están siendo reiteradamente vulnerados, primero en sus países de origen y luego cuando llegan al nuestro, a pesar de todas las leyes internacionales y declaraciones universales que obligan a España a ofrecer protección internacional. Vivimos una crisis del Estado de Derecho.

Para colmo, el Gobierno español tampoco está siendo capaz de cumplir sus propios compromisos. Miles de personas siguen esperando en campos de refugiados dentro y fuera de Europa, en condiciones infrahumanas, para ser acogidas.

España se comprometió a reubicar y reasentar a un total de 17.337 personas. El 26 de septiembre termina el plazo del programa de reubicación europeo, aunque no así sus obligaciones internacionales. A fecha de 14 de septiembre, España ha acogido solo a 1.983 personas, poco más de un ridículo 11% de las 17.337 asignadas en su cuota . Un porcentaje vergonzoso,  que nos coloca en el séptimo lugar en materia de cumplimiento de compromisos de reubicación.

Además, las políticas de asilo españolas durante 2016 han limitado al máximo el derecho de asilo a miles de personas que no huyen del conflicto sirio, pero sí de otros, y que también sufren violaciones de sus derechos.

Ahora más que nunca, es necesario y urgente que toda la ciudadanía, colectivos, asociaciones, entidades y movimientos sociales salgamos a la calle para decir alto y claro lo que queremos.

  • Queremos una Europa Acogedora, NO una Europa Fortaleza.
  • Que se proteja el derecho a la vida y al refugio, NO que se vulneren los derechos de las personas que intentan llegar a nuestras fronteras huyendo de la muerte.
  • Que se acoja a estas personas cumpliendo con la legislación internacional y que no se incumplan los compromisos y obligaciones adquiridos. NO se puede expulsar a nadie a países no seguros.

Todas juntas exigimos que las personas que huyen de sus países sean tratadas según sus derechos y por tanto puedan solicitar la protección internacional a la que tienen derecho en países como España, sin trabas y de forma efectiva.

  • Que España, y el resto de los países europeos, garantice para ello el acceso a unas vías legales y seguras, como corredores humanitarios o la posibilidad de solicitar asilo en embajadas.
  • Que España y el resto de gobiernos de la UE adopten medidas urgentes de acogida, y las apliquen de inmediato, haciendo especial hincapié en las necesidades especiales de protección de las personas en situación de vulnerabilidad como niños y niñas, mujeres y personas LGTBI.
  • Que la Unión Europea priorice políticas dirigidas a salvar vidas, en lugar de las de control migratorio
  • Que España y la UE lleven a cabo políticas de acogida que garanticen la dignidad y la inclusión de las personas refugiadas y migrantes.
  • Y por supuesto, que los gobiernos refuercen la cooperación al desarrollo para trabajar en las causas que provocan los desplazamientos de las personas refugiadas, para evitar que sigan huyendo.

Por todas estas razones, el próximo sábado 30 de septiembre, saldremos de nuevo a la calle a mostrar nuestra indignación. Y a exigir al Gobierno de España, y a la UE en su conjunto, que no juegue con la vida de millones de personas y ofrezca unas políticas migratorias y de acogida que garanticen los derechos humanos.

Repost 0
Published by Rafael Silva - en Política
Comenta este artículo
8 octubre 2017 7 08 /10 /octubre /2017 23:00
Por la senda del Pacifismo (71)

La amenaza militar seguirá existiendo en tanto se mantenga una aberrante autonomía de las fuerzas armadas respecto al poder civil. ¿En qué país democrático las fuerzas armadas tienen misiones específicas inscritas en la constitución? ¿Es aceptable que altos mandos militares amenacen a la población con una intervención violenta en virtud de la defensa del ordenamiento constitucional? ¿Es aceptable que la Jefatura del Estado y de las Fuerzas Armadas recaigan en alguien no elegido democráticamente?

Manuel Ruiz Robles (Colectivo ANEMOI)

Una de las grandes reformas que debemos afrontar con prontitud son las Fuerzas Armadas. Es innegable que requieren un cambio profundo dado que son herederas directas del Franquismo y han constituido una amenaza para la sociedad española en los últimos 200 años y para la propia democracia con diferentes acciones bélicas, conspirativas y mediáticas. Es necesaria una gran transición

Luis Gonzalo Segura, ex Teniente del Ejército de Tierra (Colectivo ANEMOI)

Vamos a finalizar en la presente entrega el segundo gran bloque temático de esta serie de artículos, que hemos dedicado a las Fuerzas Armadas, y su papel en las sociedades pacifistas. Entendemos que ha quedado claro que la seguridad de los Estados ya no puede ser entendida sólo como su integridad territorial o la seguridad pública de su ciudadanía, sino también como el conjunto de elementos de defensa de los que se dispone para hacer frente a las nuevas amenazas globales. Las estructuras de organización y funcionamiento de las FAS en pleno siglo XXI tienen que adaptarse a nuestro nuevo mundo globalizado, y entender que las nuevas amenazas que nos acechan son de tipos muy distintos a las de siglos anteriores. Y en esa misma línea, las políticas de Defensa de los respectivos países han de cambiar también, reorientándose hacia la senda del Pacifismo, y hacia nuevos modelos de integración de las Fuerzas Armadas en la sociedad. Las fuerzas militares han de enfrentarse hoy día a retos éticos muy distintos a los de tiempos anteriores, y su unidad cívico-militar con la sociedad de la que forman parte y a la que se deben es fundamental para que las FAS sean un elemento verdaderamente útil de nuestro tiempo. Siguiendo el estupendo artículo del ex Teniente Luis Gonzalo Segura, miembro del Colectivo ANEMOI, colectivo cuyas opiniones estamos tomando muy en cuenta dentro de este segundo bloque temático, las principales reformas que las FAS del siglo XXI necesitan podrían agruparse en cambios estructurales, cambios culturales, cambios constitucionales, cambios geopolíticos, cambios en cuanto a la separación de poderes, cambios en cuanto a derechos y libertades, y otros relativos a la reorientación de la industria armamentística, compras de armamento y puertas giratorias. Las expondremos a continuación someramente. 

 

En cuanto a cambios estructurales, necesitamos en primer lugar unas FAS correctamente dimensionadas tanto en el número de sus efectivos como en la estructura de los mismos. Existe un excedente (histórico) de oficiales que debería solucionarse y una división en tres escalas (oficiales, suboficiales y tropa) que debería también adaptarse para permitir formas de ascenso más justas, rápidas y objetivas. Deberían desaparecer también los ascensos por antigüedad. El Teniente Segura nos da cifras de 19.000 oficiales para 41.000 soldados, es decir, casi un oficial por cada dos soldados. Una aberrante proporción. Por ejemplo, un ejército mixto de 50.000 militares, altamente profesionales y bien equipados, junto a un total de 500.000 reservistas sería económicamente más sostenible, así como más idóneo para cubrir todos los escenarios posibles. En palabras del Teniente Segura: "Este modelo tiene la ventaja de permitir la participación voluntaria y bien remunerada de la sociedad en las Fuerzas Armadas, lo que pondría fin al aislamiento de las mismas y al desconocimiento social de lo que sucede en el mundo militar". Unas FAS estructuradas de esa forma estarían más integradas en la sociedad, y conformarían una situación más saludable para la democracia. Los integrantes de las FAS deberían estar mucho más formados en lo relativo a derechos humanos, derecho internacional, geopolítica, geografía, historia, idiomas, etc. Debería ser factible también el paso de estos militares a las diferentes Administraciones Públicas, desde los 45-50 años en adelante, hasta la edad de su jubilación. De esta forma se evitarían tanto el envejecimiento del ejército como la existencia de una pirámide invertida en la estructura del mismo. 

 

Hay que acabar igualmente con los privilegios anacrónicos e injustos para los miembros de las FAS, tales como residencias de verano, campos de golf, viviendas reservadas, etc. Habría que aumentar sus salarios (hoy día los soldados cobran cantidades míseras en relación a otros Cuerpos de Seguridad), pero no concederles ningún otro privilegio. En cuanto a los cambios culturales, el Teniente Segura lo explica de este modo: "Un militar debe ser una persona preparada para la guerra pero con un sentimiento y una cultura profundamente antibelicista, y dicho sentimiento sólo puede nacer del conocimiento y la formación. Una guerra debe ser una obligación que cumplir y un sacrificio al que someterse, pero jamás un premio". Pone en debate de esta forma el hecho de que los militares destinados en zonas de conflicto obtengan mejores salarios, mayor prestigio social, concesión de condecoraciones, u otros honores y distinciones. La educación militar, otro de los puntos que necesariamente deben reformarse, debe quedar en manos de personal experto, pero ajeno al mundo militar, salvo en casos o materias imprescindibles. En este sentido, la Guardia Civil debería desmilitarizarse, y cualquier tipo de auditoría o control realizado a las FAS también debería llevarse a cabo por personal civil ajeno al mundo militar. Y respecto a los cambios constitucionales (una reliquia franquista recogida en la Constitución de 1978 bajo el ruido amenazante de los sables), se debería eliminar el artículo 8º que deja en manos de los militares la integridad territorial, la independencia y la soberanía de España. Como venimos repitiendo desde entregas anteriores, los militares se deben al pueblo, del que forman parte, y no son garantes de nada. También deberían modificarse en la Constitución los escenarios de confrontación, como las supuestas misiones de paz, y los procedimientos para acudir a los mismos. En este sentido, ningún militar debería estar en una misión extranjera sin que ello hubiera sido aprobado en referéndum popular y vinculante. 

 

Nuestro país, siguiendo la senda pacifista, debe huir de cualquier escenario de confrontación bélica, sea éste disfrazado de lo que sea, pues básicamente todos obedecen a una especie de partida de ajedrez geopolítica, a diferentes niveles, y con diferentes intereses contrapuestos. La senda del pacifismo nos obliga a desviarnos de esta ruta suicida, y a permanecer neutrales política y militarmente hablando, pero muy activos en lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos y al derecho internacional, tanto público como privado. Por tanto, existen situaciones ante las que esa "neutralidad" es difícilmente sostenible (por ejemplo, en casos como el histórico conflicto palestino-israelí, o el del Sáhara Occidental, a los que dedicaremos en su momento series de artículos que ya tenemos en preparación). Como decíamos más arriba, la industria armamentística necesita también grandes cambios y modificaciones, pero ellas serán tratadas en el bloque temático correspondiente, dedicado al "Capitalismo y deuda militar: la guerra como negocio", donde expondremos con profundidad el estado actual de dicha industria, así como nuestras pertinentes propuestas pacifistas. En esencia, debe terminarse con el negocio de la exportación de armas, sea cual sea el país, pues existen formas más éticas de obtener beneficios económicos. Por su parte, los PEA (Planes Especiales de Armamento) deben salir de la opacidad en la que se encuentran, y ser totalmente integrados en los PGE (Presupuestos Generales del Estado), sin ser disfrazados ni ocultados a la opinión pública. En este sentido, tal como propone el Teniente Segura, el armamento debería ser adquirido por una Junta independiente de las Fuerzas Armadas, del Estado y del Gobierno, formada por personal especialista. Ello aseguraría que dichas compras no se dedicasen a cubrir escenarios que no se van a producir, o bien aprobar la adquisición de armas que no se necesitan, o simplemente, que no se pueden pagar, y aumentan nuestra deuda. 

 

El asunto de las llamadas "puertas giratorias" también debe estar en el foco de las debidas modificaciones de las estructuras militares, y su relación con el mundo civil, especialmente con la política. Por ley, ningún militar ni político que haya prestado sus servicios para el Ministerio de Defensa debería poder trabajar para la industria armamentística, y al contrario, es decir, trabajar o haber trabajado en ella debería imposibilitar el poder acceder luego al mundo castrense o de la Defensa. Habría incluso que controlar a los familiares que se muevan en estas órbitas. La senda del Pacifismo nos ha de llevar a implementar todos estos cambios (y otros que se nos puedan estar quedando en el tintero), mejorando no sólo la estructura y funcionalidad de nuestros Ejércitos, sino la erradicación de procesos de corrupción en su seno, de cualquier vestigio de mentalidad fascista, o de la desnaturalización de los procesos y decisiones relativas a la participación de nuestras FAS en conflictos armados. Democratización, unidad cívico-militar, revolución del concepto de disciplina y obediencia debida, detección y defensa del pueblo ante las nuevas amenazas de nuestro tiempo, separación de poderes, cambios en las misiones en conflicto, aumento en derechos y libertades, eliminación de su papel constitucional, y reorientaciones en la industria armamentística, son, pues, algunas de las principales modificaciones que la senda pacifista nos obliga a implementar para llegar a poseer unos Ejércitos en conjunción con ella. La senda del Pacifismo es absolutamente incompatible con unos Ejércitos de semilla antidemocrática, que no se deban al pueblo, o que no sepan interpretar las raíces actuales de los conflictos geopolíticos que existen en el mundo. Es deber de los Gobiernos responsables acometer todos estos cambios, y es nuestro deber como ciudadanos/as elegir y apoyar a estos Gobiernos en su tarea. Desde la próxima entrega comenzaremos con nuestro siguiente gran bloque temático. 

Repost 0
Published by Rafael Silva - en Política
Comenta este artículo
5 octubre 2017 4 05 /10 /octubre /2017 23:00
Arquitectura de la Desigualdad (58)

Primero los bancos y especuladores nos endeudaron por décadas para acceder a una vivienda. Después, cuando en 2008 su burbuja económica colapsó, provocaron desempleo masivo y degradación de las condiciones de vida. Desde entonces más de 600.000 ejecuciones hipotecarias, de dudosa legalidad, han expulsado por la fuerza 200.000 hogares, sin importar la presencia de niños, mayores o dependientes. Muertos civiles, con cadena perpetua por aspirar con su trabajo a tener techo, luz y agua

Fragmento de un Comunicado de la PAH

Como ya señalábamos en nuestra última entrega, las privatizaciones son el gran cáncer que nos corroe (junto con la corrupción), pues son las responsables de que el gran trasfondo de las políticas que se ejecutan, cambien absolutamente su naturaleza, fundamentos y objetivos. En nuestro país, el Estado comenzó a desprenderse hace más de 30 años (bajo el Gobierno "socialista" de Felipe González) de sus bancos y de sus empresas de energía, telecomunicaciones y transportes. Como decimos, los Gobiernos del PSOE de González iniciaron el proceso (comenzando el declive del Estado del Bienestar, que nunca estuvo plenamente desarrollado en nuestro país), que tuvo su auge con el Gobierno del PP de José María Aznar, y que ha culminado en las recientes legislaturas del PSOE de Zapatero y del PP de Rajoy. Empresas otrora públicas como Seat, Telefónica, Argentaria, Repsol, Gas Natural, o más recientemente AENA, fueron pasando por estadíos donde el capital controlado por el Estado era cada vez menor. En su momento, el PP acometió las privatizaciones definitivas, bajo la puerta abierta que el PSOE le había dejado. En un tiempo récord de pocos años, pusieron en manos privadas la totalidad de los sectores estratégicos de nuestra economía, haciendo depender dichos suministros, bienes o servicios públicos básicos a la ciudadanía de que ésta pudiera o no pagarlos. La mercantilización copaba cada vez un mayor número de servicios y bienes públicos, o bien suministros básicos, y los derechos humanos se iban resintiendo. En palabras de Ana Tudela, autora de la trilogía "Privatizaciones: como si no hubiera un mañana": "En cuestión de meses, los representantes del sector público salieron de los Consejos de Administración de Endesa o Telefónica, las empresas que daban luz y telefonía a los ciudadanos, dejando como único objetivo de los gestores desde ese momento uno: aumentar su beneficio". 

 

Al mismo tiempo, la gran banca privada (de la que hablaremos con más calma antes de finalizar este bloque temático) fue introduciendo su poder en las grandes empresas privatizadas, hasta convertirse en un núcleo duro participando en el accionariado de todo ese entramado económico que gobernaba al país. De este modo, las entidades financieras se convirtieron en pieza clave del poder empresarial en nuestro país. Por ejemplo, BBVA tomó posiciones en Telefónica, Repsol, Iberdrola, Acerinox, Gamesa, Gas Natural, Iberia o Sogecable. Por su parte, el Santander tejió su red de participaciones industriales centrándose en aquélla segunda mitad de los años '90 en Endesa, Vodafone, Cepsa, Unión Fenosa, Retevisión, u Ono. Hoy día, una regla de oro que podemos observar en nuestra economía (no sólo a nivel nacional, sino internacional) es que detrás de cualquier gran empresa que controle un sector estratégico, está la banca. Y una vez en la órbita de la privatización, las empresas (junto con los Gobiernos y la banca) fueron colocando en sus cargos directivos a personas "de su confianza", en realidad amigos o personas de enorme afinidad ideológica, a quienes se encargaba el crecimiento de dichas empresas a costa de lo que fuere. Y así, nombres como Francisco González, Juan Villalonga, César Alierta, Alfonso Cortina, Miguel Blesa, y otros muchos, fueron puestos al frente de dichos buques insignia de nuestra economía. Al mismo tiempo que todo esto se iba desarrollando, se fue instalando en el imaginario colectivo (como otra práctica de aceptación de las reglas del capitalismo) una especie de "capitalismo popular", consistente en hacer participar al conjunto de la ciudadanía del gran capital de algunas empresas. En palabras de Ana Tudela: "Al ciudadano de a pie se le ofrecía probar las mieles del mercado comprando un puñado de acciones que le convertían en propietario de lo que un día antes le pertenecía, aunque sólo como parte de ese difuso fondo común que es la propiedad pública. Ahora podía crecer en su bolsillo".

 

De este modo, la arquitectura de la desigualdad no solamente se iba proyectando, sino que además, se iba legitimando por una gran parte de la ciudadanía. Y así, las prácticas populares de entrada en el accionariado de las empresas (aunque fuera simbólicamente) se fueron extendiendo, proliferaron los anuncios publicitarios sobre estas prácticas, y aquélla práctica se fue extendiendo como la pólvora, constituyendo el germen del estallido de muchos fraudes colectivos que aún hoy nos salpican, como los de Fórum Filatélico o Afinsa. La órbita privatizadora concede también una estela de impunidad, germen también (unido a la falta absoluta de democratización en su seno, es decir, en sus estructuras y funcionamiento) de las terribles prácticas llevadas a cabo por estas empresas, sobre todo por la banca (estafas, participaciones preferentes, planes privados de pensiones, desahucios, y un largo etcétera). Y aún se daban otros efectos perversos, como el que destaca Rafael Pampillón: "Con el capitalismo popular se evita la posibilidad de una nacionalización futura de la empresa privatizada, puesto que sería una medida que perjudicaría a un gran número de ciudadanos". En efecto, es como si hubiésemos sembrado la semilla de la privatización en cada uno de esos pequeños accionistas, por lo cual, a partir de ese momento, se sienten parte de ese proyecto empresarial, que no les pertenece, pero que hacen igualmente suyo, como una defensa de sus propios intereses. En el fondo, estamos instalando en el imaginario colectivo la semilla de esos peligrosos valores del neoliberalismo (individualismo, egoísmo, competitividad, etc.), y denigrando la valoración de lo público. Una gran parte de la sociedad iba asumiendo los mantras neoliberales que argumentan que el Estado debe reducir su tamaño, no debe ser intevencionista ni "dirigista", etc., aunque como luego se ha demostrado con el estallido de la crisis hace una década, las empresas acuden al "Papá Estado" para que las rescate cuando lo necesitan. 

 

Hoy día los grandes sectores económicos y estratégicos del país no sólo están en manos privadas, sino que además constituyen peligrosos monopolios u oligopolios. Ello incide en que los servicios que prestan estas grandes empresas (para las cuales somos "consumidores" o "clientes") han encarecido diabólicamente sus precios, además de disminuir (con la inestimable ayuda de las nuevas tecnologías) la calidad de su servicio a la población. Y a nivel interno, ha servido no sólo para engordar el fenómeno de las "puertas giratorias", sino también para reducir personal de forma abrumadora (a base de gigantescos ERE que ponen de patitas en la calle a miles de empleados),  y para disparar la desigualdad social. Las proclamadas "bondades" de la privatización han resultado ser un bulo de gigantesco tamaño, que está minando las bases democráticas de nuestra sociedad. Las privatizaciones cumplen además el efecto y la consecuencia esperada que venimos denunciando desde nuestros primeros artículos de esta serie, que consiste en que estos grandes poderes económicos despliegan tanta influencia que imponen sus políticas sobre Gobiernos y representantes públicos, y hacen muy difícil ir migrando y evolucionando, por ejemplo, hacia políticas energéticas basadas en las fuentes renovables, o hacia modelos de banca pública. El poder de estas enormes corporaciones privadas y su intrincada trama de intereses se interpone con los objetivos de unos modelos de sociedad más justos y sostenibles, de ahí que se vuelva una imperiosa necesidad el tener que recortar su tremendo poderío. Pero en vez de ello, la estrategia privatizadora continúa, existiendo planes en este sentido, por ejemplo, para Renfe o Correos, que ya han recorrido cierto camino. Necesitamos, como parte de las medidas para revertir la tremenda desigualdad, devolver de nuevo al control público los bienes y servicios controlados por estas grandes empresas, para situarlas en el contexto de la justicia social, y poder eliminar gran parte de sus injustas prácticas, que condenan a la exclusión a miles de personas. 

 

Para ir demoliendo los parámetros que nos han traído a esta arquitectura social de la desigualdad, necesitamos (en este ámbito de la privatización que estamos considerando en esta entrega) que el Estado actúe para contribuir a los intereses de la sociedad en su conjunto. Necesitamos devolver a las arcas públicas (mediante procesos de desprivatización, nacionalización e incluso expropiación) la gestión y el control de sus actividades, para instaurar sistemas y procesos públicos, universales y gratuitos en relación a bienes, suministros y servicios que satisfacen derechos humanos fundamentales. Hoy día el fenómeno ha llegado a tales niveles de perversión que es absolutamente imprescindible revertir la propiedad del gran capital a manos públicas. Es necesario abordar el problema desde múltiples puntos de vista, contribuyendo también a ir reduciendo esos valores presentes en gran parte de la población, que consideran el ámbito privado como "mejor gestor" que el público, y que demonizan la iniciativa pública, el poder político en sí mismo, y que abrazan la iniciativa privada y sus perversiones como la mejor opción. Hemos de convencer demostrando que la iniciativa y el control público (comunitario, democrático) son la única solución para evitar la infinidad de problemas que nos está trayendo desde hace décadas la ola privatizadora, desmontando sus falacias e instalando una nueva cultura de lo público asentada en los valores de la cooperación, la solidaridad, el bien común y el reparto de los beneficios como nuevos valores sociales. Sólo así la arquitectura de la desigualdad podrá ser poco a poco desmontada. A partir de la próxima entrega, y como recta final de este bloque temático, consideraremos más a fondo el paradigmático caso de la banca, como perverso modelo a desmontar por sus terribles prácticas de cara a la ciudadanía. 

Repost 0
Published by Rafael Silva - en Política
Comenta este artículo
4 octubre 2017 3 04 /10 /octubre /2017 23:00
Contra los Tratados de Libre Comercio (50)

Cuando me despierto por la noche y pienso en el sistema de arbitraje, nunca deja de sorprenderme que Estados soberanos hayan aceptado cualquier forma de arbitraje con inversores (…). Se les da el poder a tres personas privadas para que revisen, sin ningún tipo de restricción o procedimiento de apelación, todas las acciones del gobierno, todas las decisiones de la justicia y todas las leyes y reglamentos provenientes del parlamento

Juan Fernández-Armesto (árbitro español)

En el último artículo de esta serie nos quedamos hablando sobre el ALBA, como un claro ejemplo de alternativa a los TLC. Comentamos allí sus características, claramente enfrentadas y opuestas a los objetivos que persiguen los tratados actuales, como el CETA, el TPP, el TISA, etc. El ALBA sobre todo tiene claro que la intervención estatal es absolutamente necesaria, ya que sin una clara intervención pública dirigida a reducir las disparidades, desequilibrios y asimetrías entre los diferentes países firmantes del tratado, la libre competencia entre desiguales no puede conducir sino al empoderamiento de los más fuertes en perjuicio de los más débiles. Los tratados comerciales, lejos de estar enfocados a la obtención de más beneficios por parte de las transnacionales, deben estar enfocados hacia la integración regional, que revierta en beneficio para las poblaciones locales y regionales, y está claro que ello requiere una agenda económica definida por los propios Estados soberanos, representantes de sus pueblos, fuera de toda nefasta influencia de los organismos internacionales como la OMC (ya comentada a fondo en artículos anteriores). Y además, ALBA es mucho más que un tratado comercial. En su seno se han creado y difundido proyectos de integración regional que han servido para contribuir a la fraternidad y la cooperación entre sus diferentes países, tales como medios de comunicación (Telesur), entidades financieras (Banco del ALBA), monedas virtuales (el SUCRE), o empresas extractivas (Petrocaribe), entre otros. Gracias al ALBA, ha sido posible alcanzar hitos de integración regional latinoamericana nunca antes vistos, así como confraternizar a sociedades y pueblos hermanos bajo objetivos comunes. 

 

Por tanto, existen y se han probado fehacientemente otras alternativas más beneficiosas a los actuales estándares en tratados de libre comercio, y a ellos nos remitimos. Unas alternativas que parten del respeto a la soberanía popular, que se orientan al desarrollo de los pueblos, que respetan el medio ambiente, que no colocan como objetivo fundamental el incremento de los beneficios empresariales, que incrementan los servicios públicos, que expanden la democracia, y que sirven como verdaderas herramientas de integración regional. Se ha demostrado que la simple apertura de fronteras comerciales (en realidad, apertura hacia la libre circulación de capitales, productos, bienes y servicios) no basta, ni mucho menos, para traer prosperidad a los pueblos implicados. Más bien al contrario, la desregulación salvaje de los mercados han traído las recientes crisis y han socavado las democracias populares, incidiendo en un empeoramiento en la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía. Este, por tanto, no es el camino correcto. Pero están claras las alternativas. Si queremos construir acuerdos comerciales justos y equilibrados, respetuosos hacia la democracia y la justicia social y ambiental, es urgente replantearse las reglas de juego impuestas por los grandes agentes económicos. Y es preciso escapar de la perversa lógica comercial impuesta por los grandes organismos internacionales. Hay que variar las reglas y los objetivos. Debe entenderse que el comercio internacional, así como el conjunto de la economía, están al servicio del ser humano y de la naturaleza, y no al contrario. Por eso, la vida, la salud, el trabajo o la alimentación no deberían estar sujetas a los mercados. Existen unos mínimos vitales que tenemos que respetar, si pretendemos mínimamente garantizar sociedades justas y sostenibles. Los servicios públicos, el acceso al agua, la seguridad alimentaria, o la obtención de medicamentos vitales a precios asequibles, entre otros, son objetivos irrenunciables. 

 

Necesitamos también otros enfoques frente a algunos asuntos. Por ejemplo, hemos de considerar a la agricultura y la alimentación no sólo como fuente de nutrición, sino también como verdaderos pilares donde se asientan comunidades, culturas, civilizaciones y ambientes rurales y urbanos justos y saludables. Y para ello, la soberanía en todos estos aspectos es un objetivo irrenunciable. Quizá la soberanía alimentaria sea un ejemplo paradigmático de lo que decimos: esta soberanía alimentaria ha de ser entendida como el derecho de cada pueblo a decidir sobre sus propias políticas agropecuarias, y a proteger la producción de alimentos locales, regionales y nacionales en sus mercados, a fin de alcanzar metas de desarrollo sostenible, precios justos y razonables, y garantizar su autosuficiencia. Asímismo, los tratados comerciales han de situar como metas la erradicación de la pobreza y de la exclusión social, en vez del enriquecimiento de las empresas. En el horizonte de los TLC no debe situarse la expansión de las grandes transnacionales y su ingente poderío, sino el respeto a los derechos humanos, de los animales y de la propia naturaleza, y la integración beneficiosa de los pueblos. Cambiar estas reglas del juego, reorientar las políticas y los objetivos de los actuales TLC exige incrementar, como ya se está haciendo, la enorme presión social necesaria para invertir la situación, cambiar la correlación de fuerzas, empoderar a la ciudadanía y a los pueblos, y apoyar propuestas alternativas para demostrar que otro mundo es posible, que otras relaciones comerciales son posibles, que otras normas y objetivos son posibles. 

 

No podemos permitir que en secreto se estén negociando perversos tratados que amenazan la democracia y la soberanía de los Estados (mediante Consejos de Cooperación Reguladora, o Tribunales de Arbitraje), amenazan los servicios públicos (mediante su privatización salvaje), que amenazan la seguridad alimentaria (mediante la entrada de alimentos transgénicos, eliminación de información en el etiquetado, eliminación del principio de precaución, eliminación de las denominaciones de origen...), amenazan el clima y la energía limpia (mediante el incremento de las actividades extractivas, el desprecio hacia los efectos del cambio climático, la potenciación del fracking...), amenazan el medio ambiente y la agricultura (mediante la pérdida de biodiversidad, la reducción de la agricultura y ganadería ecológicas, el aumento de las emisiones de CO2 a la atmósfera...), amenazan los derechos sociales y laborales (mediante la armonización a la baja de las legislaciones, limitación de derechos fundamentales, pérdida de puestos de trabajo, pérdida de mercado para las pymes, devaluación salarial y dumping social...), amenazan la privacidad y el control de datos personales (mediante un mayor acceso a los mismos por parte de las multinacionales, impactos negativos sobre la libertad de expresión, o aumento de los derechos sobre la propiedad intelectual...), amenazan a la salud pública (mediante el reforzamiento de las patentes en contra de los genéricos, y por tanto, mercantilización de la salud, opacidad de los ensayos clínicos...), amenazan la transparencia y la participación ciudadana (mediante el silencio de los medios de comunicación y los partidos políticos, o la ausencia de participación en las negociaciones del resto de actores y representantes de la sociedad civil, como sindicatos, movimientos sociales...). Podríamos continuar. Remitimos a los lectores y lectoras a los artículos anteriores de la serie, donde nos hemos detenido profundamente a explicar cada uno de los peligros de estos TLC.

 

Necesitamos alternativas que vayan y se orienten por otros caminos. Lejos de instalar democracias de excepción, globalización neoliberal y estrecho margen de maniobra para los Gobiernos, hemos de avanzar hacia instrumentos de liberación comercial e integración justa y equitativa de los pueblos. Necesitamos reorientar los actuales procesos de mercantilización de la naturaleza, de desprecio hacia el mundo animal y hacia la sosteniblidad, y de ninguneo hacia la democracia. Ya es hora de poner freno a la irracional codicia desmedida de las grandes empresas, de reducir y controlar su poder, de impedir sus graves tropelías internacionales. Ya es hora de poner freno a la despiadada comercialización con la salud humana, de controlar las actividades y los objetivos de las grandes empresas farmacéuticas, y de impedir el libre albedrío de los gigantes de la alimentación mundial. Ya es hora de poner freno al control privado de las semillas, y a la ola privatizadora desenfrenada e irracional. Ya es hora de controlar y reducir las amenazas constantes a nuestra soberanía como pueblos, de hacer que se respete la democracia, y de reducir la presión y la opacidad con la que estos perversos acuerdos se negocian, así como los actores que intervienen. Ya es hora de poner freno a las terribles dinámicas capitalistas que nos llevan al desastre. Ya es hora de interceptar la indecente labor de estos grandes agentes del mundo económico, y de impedir que su desmedido afán de lucro y riqueza personal puedan destruir las grandes conquistas de las sociedades más justas y equilibradas. Ya es hora de tumbar el control corporativo, de hacer desaparecer los organismos internacionales que imponen sus normas, de ejercer una resistencia eficaz y sostenida, de proponer alternativas y de llevarlas a la práctica. Ya es hora de diseñar otro mundo comercial. Ya es hora de reaccionar. Ya es hora de organizar la ofensiva popular contra los TLC. Continuaremos en siguientes entregas.

Repost 0
Published by Rafael Silva - en Política
Comenta este artículo

Presentación

  • : Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva
  • Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva
  • : Blog de Rafael Silva. Presenta artículos de opinión basados en la actualidad política, cultural y social.
  • Contacto

Búsqueda

Categorías