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27 noviembre 2020 5 27 /11 /noviembre /2020 00:00

Hace pocos días se aprobaba en un primer trámite la nueva LOMLOE (más conocida como “Ley Celáa”), y tanto en el Congreso de los Diputados como en las calles aledañas al mismo los detractores de dicha Ley proclamaban al unísono: “¡Libertad!”. Cualquier observador externo, sin más datos, podría pensar que el nuevo texto legal es de carácter autoritario, que recorta las libertades a la comunidad educativa (padres y madres, alumnado y profesorado), y que por tanto es criticable bajo la óptica de una sociedad democrática. Nada más lejos de la realidad. Lo que ocurre, como vamos a exponer a continuación, es que la derecha política, social y mediática de este país viene apropiándose falsariamente de este término, impregnándolo de un significado y ensartándolo en un contexto que para nada le corresponde (salvando las distancias, los negacionistas de la pandemia de coronavirus también reclaman en las calles de las ciudades “¡Libertad!”, pero como estamos diciendo, son apropiaciones conceptuales del término absolutamente sesgadas, erróneas e interesadas). Cuando el pasado domingo miles de vehículos salieron en caravana por muchas ciudades de nuestro país, en protesta por la llamada Ley Celáa, y los periodistas se acercaban a preguntarles por qué estaban allí, las respuestas eran similares, a saber: “Porque reclamamos libertad para poder educar a nuestros hijos según nuestros principios”, “Porque queremos seguir teniendo libertad para llevar a nuestros hijos al centro que queramos”, “Porque esta ley restringe el derecho de los padres a impartir la educación que quieran a sus hijos”, y miles más de variantes.

 

En el fondo, todas las respuestas nos llevan a una misma, que es en sí una falacia, como vamos a exponer a continuación. De entrada, el concepto de “libertad” que los adeptos de la escuela concertada poseen es un concepto muy particular. La cuestión del consentimiento, de la “política de elección personal” descansa sobre una visión liberal occidental de los derechos humanos que eleva la voluntad y las elecciones individuales por encima de todos los otros derechos humanos y de toda noción de bien común. Y así, en su sacrosanta visión de la “libertad” individual no interviene el bien superior de la sociedad, pues en el fondo, bajo su prisma insolidario, egoísta e individualista, no creen en la misma. Nosotros pensamos, en cambio, que en nombre de una cierta concepción del ser humano y del bien común, la colectividad, a lo largo de la Historia, ha juzgado necesario con frecuencia poner límites a la libertad individual (venta de órganos, esclavitud, uso de drogas, etc.) para alcanzar un bien común superior. Esto es exactamente aplicable al caso que nos ocupa, porque frente al derecho humano fundamental y universal a la educación (tal como lo entendemos), no cabe la libertad individual de conceder privilegios a ciertos sectores, grupos o personas, para menoscabar los objetivos de la escuela pública, que son de todos. Se enarbola por tanto un supuesto derecho de los padres “a que sus hijos e hijas reciban la educación que sus progenitores deseen”, pero a costa del erario público, es decir, a costa del conjunto de la sociedad. He ahí donde reside la trampa.

 

Existe un hecho incontestable: no hay crecimiento de la escuela concertada sin recortes en la escuela pública, al igual que no existen ricos sin la existencia de pobres. Bajo los gobiernos conservadores y neoliberales, siempre apoyados en este asunto por la Conferencia Episcopal, la escuela concertada lleva en nuestro país un ritmo creciente durante las últimas décadas, que es directamente proporcional al decrecimiento de la escuela pública, medido éste en todas sus dimensiones (en personal docente, en recursos, en medios, en número de centros, etc.). Pero aún se escuchan más falacias en el argumentario de la derecha educativa: se dice que esta Ley (aún muy tibia y timorata) constituirá un “monopolio estatal” para la educación, cuando ni contempla la reducción de la escuela concertada (a lo más que se llega es a no financiar a los colegios que segreguen por sexos), ni la escuela pública es una “escuela estatal”. Es decir, que los mismos que desean un monopolio católico y privado para las escuelas, están en contra de un supuesto “monopolio estatal” que no existe ni existirá. Todo un desaguisado.

 

Por otra parte, que la escuela concertada tiene fines de negocio y empresariales, es decir, fines corruptos (en el sentido de que se alejan del objetivo primordial, que no es otro que satisfacer el derecho universal y fundamental a la educación) lo atestiguan sus poderosas cifras: su presupuesto es de más de 6.000 millones de euros al año, para un total aproximado de 2 millones de alumnos/as. Según datos del propio Ministerio de Educación, la educación concertada ha incrementado sus fondos en un 25% durante la última década (frente al 1,4% que lo ha hecho la escuela pública). A ello habría que sumar, en su caso, las correspondientes cuotas que deben aportar los padres de los niños y niñas que estudian en ellas. Y otro asunto escandaloso es la propia segregación social que la escuela concertada lleva a cabo: los hijos/as pertenecientes a familias con pocos recursos no pueden estudiar en la concertada, la concertada admite siempre a menos inmigrantes que la pública, y los alumnos de etnia gitana también parecen estar destinados a estudiar en la pública y no en la concertada. Los alumnos y alumnas de clase económica baja suponen un tercio de los/as estudiantes de la pública, frente a solo un 7% de la escuela concertada.

 

De forma general, solo el 13% de los alumnos extranjeros estudian en la escuela concertada. Además de todo ello, la escuela concertada acaba expulsando a los malos estudiantes, a los conflictivos, a los que tienen necesidades especiales y a los de baja clase social hacia la escuela pública (al igual que por ejemplo, hacen los hospitales privados con los enfermos que no les interesan, es decir, enviarlos a los hospitales públicos. En el fondo, la política neoliberal es la misma para todos los ámbitos). Finalmente, el poder de la Iglesia Católica en la educación concertada en nuestro país es verdaderamente escandaloso: “Escuelas Católicas”, la red que agrupa a todos los centros de la Iglesia, representa al 60% de la escuela concertada, de ahí que la jerarquía eclesiástica haya llamado también a la rebelión contra la Ley Celáa, más bien con un carácter “preventivo” (pues como decimos, la LOMLOE no ataca directamente a sus centros, ni a medio ni a largo plazo).

 

Esto se llama segregar: se podrá estar a favor o en contra (nosotros apostamos por una escuela pública inclusiva), pero ese es su nombre. El problema está, por tanto, en la gran permisividad política (que ha ido además creciendo en cada presupuesto) frente a todo este proceso segregador, más que consentido y buscado, tolerado y bien visto, apoyado desde las instancias públicas, y mientras esto sucede, la escuela pública va siendo atacada, menospreciada, ninguneada, infrafinanciada, despojada de medios humanos y materiales, es decir, residualizada. En resumidas cuentas, se viene congelando o recortando sistemáticamente la inversión en educación pública, mientras se incrementa el gasto para la educación concertada. Al final, este injusto y perverso modelo pretende perpetuar una escuela para ricos y otra para pobres, una escuela de los mejores estudiantes y otra de los peores, una escuela financiada y otra saqueada, una escuela dotada de recursos y apoyos, y otra discriminada, una escuela elitista y selectiva, y otra escuela residual. Y a todo esto, es a lo que llaman “libertad”.

 

En definitiva, cuando los adalides de la escuela concertada gritan “¡Libertad!” lo que están pidiendo es que el Estado les siga concediendo en espiral creciente la libertad para segregar al alumnado, la libertad para cobrar cuotas en sus centros, la libertad para adoctrinar a sus hijos e hijas en clase, la libertad para que la religión católica y sus múltiples sectas continúen con su poder dentro de la escuela, la libertad para separar por sexos, la libertad para elitizar la enseñanza de quien pueda pagarla, y la libertad para convertir en un gueto la enseñanza pública, conduciéndola a un sector residual. Éstas son las “libertades” que reclama la escuela concertada. Que el Estado se las conceda o no será otro cantar, pero al menos, ya tenemos claro a lo que se refieren cuando la proclaman fervientemente en las calles. Les va en ello sus privilegios.

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6 noviembre 2020 5 06 /11 /noviembre /2020 00:00
Viñeta: Iñaky y Frenchy

Viñeta: Iñaky y Frenchy

Comentábamos en la última entrega las características del currículo escolar según la Reforma propuesta, haciendo referencia en concreto a la laicidad del mismo, y a que debía ser un currículo enfocado hacia la vida, no solo como un conjunto de conocimientos instrumentales, sino contemplando también saberes de otras disciplinas (artes, humanidades...), así como conocimientos cotidianos y ancestrales. Otra característica que ha de cumplir es la pluriculturalidad, es decir, un currículo donde se plasme el especial respeto a la diversidad cultural, desde un enfoque intercultural e inclusivo, potenciando también el reconocimiento de los idiomas y de la cultura del alumnado proveniente de familias migrantes y de minorías en los centros escolares. También se debe contemplar el currículo desde las perspectivas de género, ecológica, y garante de la diversidad afectivo-sexual. Otra característica a la que debería responder el currículo escolar es la integralidad, es decir, que desde nuestro punto de vista, el diseño del currículo y su desarrollo no se debe formular en términos de listados de contenidos "mínimos" con un atiborrado compendio de competencias, sino de forma global, integrada y compleja en términos de resolución de problemas, situaciones sociales, ambientales y éticas relevantes. Hay que conceder igualmente suficiente relevancia al lenguaje musical, al movimiento corporal y a la expresión artística. Otro aspecto importante al que el currículo debe responder es al que se refiere a potenciar el conocimiento libre, abierto y compartido: en este sentido, debe ser un currículo que tenga en cuenta los nuevos usos sociales de las TIC, el importante papel de las redes sociales y de las comunidades de software libre (el centro educativo debería ser el primero en usarlas e implementarlas en el aula), para promover así la cultura de la colaboración y el conocimiento abierto, libre y gratuito. Entendemos así mismo que se debe cuestionar la hegemonía del clásico libro de texto, y favorecer la creación de bancos de recursos didácticos y digitales, con ayudas a la implementación de proyectos curriculares y materiales alternativos en soportes diversos.

 

El diseño curricular, a nuestro juicio, no debe ser competitivo, ni debe estar enfocado hacia la rivalidad contra otros centros educativos y sus resultados académicos. No se realizarán pruebas externas que tengan como objetivo la homogeneización del aprendizaje (de cara a posteriores evaluaciones externas, nacionales o internacionales), ni la posible elaboración de ránkings, que conduzcan a la jerarquización de centros. No creemos en la selección del alumnado, ni en la elitización de la enseñanza, por lo cual todos estos enfoques competitivos deberán ser rechazados. Otro enfoque multidisciplinar debe ser el ecológico, aplicado a varios niveles. En primer lugar, al propio currículo (que debe estar anclado al territorio, con actividades ligadas al entorno próximo y contenidos ligados a la sostenibilidad, al mantenimiento de la vida y a la ética ecosocial. Para una información más extensa sobre estos temas, remito a mis lectores y lectoras a las entregas anteriores, donde hemos expuesto un profundo recorrido por los cambios a los contenidos de las principales asignaturas). En segundo lugar, la visión ecológica debe aplicarse también a los propios centros educativos (construir y adaptar los recintos educativos reduciendo la huella ecológica y evitando derroches energéticos, creando espacios verdes educativos dentro de los centros, incluyendo huertos escolares, bosques "comestibles" y zonas arboladas no cementadas). Y en tercer lugar, la visión ecológica debe también aplicarse al transporte y los menús escolares (organizar sistemas de transporte sostenibles a los centros educativos a pie y en bicicleta, y promover el consumo de alimentos ecológicos, locales y de temporada en los comedores escolares). Otro aspecto a destacar de la Reforma que proponemos, y que también hemos citado en anteriores entregas, es el referente al profesorado, que debe estar comprometido con su labor docente, pero también socialmente reconocido. Nosotros apostamos por el desarrollo de un Estatuto del Profesorado acordado con los sindicatos que establezca el marco de las condiciones de trabajo de los docentes, elimine la precarización laboral fijando las obligaciones del desempeño de tareas que desbordan la jornada lectiva, y que dé estabilidad suficiente para conformar equipos de trabajo estables en torno a proyectos educativos ligados al propio centro. También hay que reducir al mínimo imprescindible la interinidad como sistema de provisión de puestos docentes. 

 

Así mismo, es muy importante reconocer y apoyar la autonomía pedagógica y la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento de los centros. A todo ello lo podríamos calificar como Democracia Educativa, la cual ha sido brutalmente eliminada en la LOMCE. Tenemos, en primer lugar, la autonomía de los propios centros educativos. Nos referimos a su organización interna, pedagógica y de uso de los recursos para ajustarse a la demanda, características y necesidades de su alumnado y su entorno, a través de las competencias de los Consejos Escolares, haciendo que vuelva a ser el verdadero órgano de gobierno de los centros, en un marco de equidad que garantice la no discriminación de unos centros con respecto a otros. En segundo lugar, nos referimos también a la autonomía pedagógica del profesorado y del equipo directivo del centro, para desarrollar un proyecto educativo consensuado en el seno de la comunidad educativa (padres, alumnos y profesores), facilitándoles la regulación de los aspectos de gestión económica que respondan a sus necesidades y proyectos. Para conseguir todo ello es vital promover el asociacionismo y la participación democrática de estudiantes y AMPAS. Se deben articular mecanismos de participación entre el profesorado y las familias en el aula, con una comunicación bidireccional, en atención al interés superior del alumnado. La Dirección de los centros debe volver a ser representativa y colegiada, voluntaria y renovable, con una limitación en el desempeño del cargo, y siempre representantes de la comunidad educativa. No creemos en el Director o Directora elegido por la Administración, como representante de la misma ante el centro. La Dirección debe, por el contrario, ser elegida democráticamente por la comunidad educativa del propio centro, autónoma respecto a la Administración y sometida a rendición de cuentas ante la comunidad educativa. Ésta promoverá la participación, el debate pedagógico, el trabajo en equipo y la cooperación dentro y fuera del centro, frente a un modelo competitivo. Así mismo, se debe fomentar la integración de las organizaciones sociales de los barrios en la vida de los centros, y promover los movimientos asociativos de AMPAS y estudiantes. 

 

Todo ello, como no podía ser de otra manera, necesita de una financiación pública suficiente, blindada y garantizada constitucionalmente. Pensamos que la educación es un derecho humano fundamental que debe estar garantizado mediante una financiación presupuestaria de al menos el 7% del PIB. Esta cifra debe elevarse a la Carta Magna, quedando recogido como suelo de la inversión pública en educación. Dicha inversión pública educativa, la mejor que cualquier nación puede realizar, será dedicada de forma finalista a financiar los recursos que necesiten los diversos centros, la gratuidad de todos los servicios educativos, y a velar por una política constante de adecuación de los recursos materiales y humanos que el sistema público educativo demande en cada ejercicio. Es necesario en este sentido revertir todos los recortes que en materia educativa se han venido practicando durante los últimos años, dotando a los centros de plantillas suficientes de profesorado (incluyendo la Educación Infantil), para poder alcanzar los ratios educativos adecuados, así como para dotar a los centros de todo el material pedagógico necesario para implementar su proyecto educativo. No debe confundirse tampoco el derecho a la educación con el derecho a la escolarización, pues educar no es lo mismo que escolarizar. De hecho, el disponer de un puesto escolar no garantiza que todos eduquen por igual. La escolarización universal no garantiza la igualdad, ni el derecho a la educación interpretado en un sentido exigente. Necesitamos un sistema educativo potente y flexible con capacidad para incluir, atender las necesidades y asegurar los derechos de todo el alumnado, dotado de los suficientes recursos (humanos, materiales, didácticos...) que garanticen el derecho de todos y todas a recibir una educación óptima. Esto significa que el sistema educativo debe garantizar una oportunidad real de aprendizaje y desarrollo a cualquier alumno o alumna, procurando el éxito personal y escolar de todos, con la suficiente inversión de recursos y con refuerzos susceptibles de ser utilizados en el momento en que sean necesarios. Frente a la repetición de curso, que solo sirve para aumentar las tasas de abandono escolar, se propone la prevención y la compensación. 

 

Bien, finalizamos aquí esta ya extensa serie. Esperemos haber ilustrado lo suficientemente nuestra propuesta desde todos los puntos de vista, abordando los temas con la profundidad debida y los razonamientos adecuados. Siempre se nos quedarán asuntos en el tintero, pero creo que hemos expuesto de forma integral la totalidad de la propuesta educativa por la que apostamos. Hace 54 artículos atrás comenzamos preguntándonos para qué enseñar, expusimos las motivaciones últimas de una educación pública, e insistimos en la necesidad de formar a personas críticas con el sistema, que intenten comprenderlo para cambiarlo o mejorarlo, y para ello es necesario aprender a pensar, sembrar la semilla de la duda, de la pregunta, cuestionarse todo y por todo. Después, durante los siguientes artículos, insistimos en la necesidad de una escuela pública de carácter laico, intentando presentar todas las aristas de un profundo debate que en nuestro país es especialmente crudo, pues la presencia y poder de la Iglesia Católica en el ámbito educativo (en general en todos los ámbitos) de nuestra sociedad lleva pervirtiendo la educación desde hace décadas (incluso siglos). Después nos dedicamos a exponer todo lo relativo al cambio en los contenidos, en las propuestas educativas, en el currículo escolar, intentando presentar una visión crítica de estos contenidos en las principales asignaturas, denunciando sus visiones sumisas con el sistema capitalista y de pensamiento hegemónico, y presentando las alternativas que creemos necesarias para que lleguen a los alumnos otros contenidos, otros valores, otras reflexiones, otras propuestas, otros análisis, otras conclusiones. Sobre todo, hemos planteado la necesidad de llevar a cabo propuestas ecológicas, y analizar algunos aspectos de determinadas asignaturas desde esta visión crítica. También propusimos la creación de algunas asignaturas nuevas en el currículo, que entendemos imprescindibles para formar a los futuros adultos en determinados conocimientos, actitudes, comportamientos y valores. Por fin, en la recta final de los últimos artículos de la serie hemos recopilado todo y presentado en un gran paquete educativo, en una Reforma integral que contemple una visión reforzada de la educación pública, desde un derecho humano fundamental a la educación, con una inversión suficiente, con un profesorado autónomo y reconocido, con una vuelta a la democracia interna de la comunidad educativa, y con un refuerzo de los centros educativos en cuanto a medios y recursos. Todo ello inspirado en los valores, que hemos recalcado hasta la saciedad, de una educación pública, universal, gratuita, laica, inclusiva, democrática y participativa. Como siempre, agradezco a todos los autores y profesionales que me han inspirado para exponer los contenidos de esta serie, sin cuyas aportaciones no hubiera sido posible. Muchas gracias a todos ellos y ellas, y por supuesto a mis lectores y lectoras, a los que insto a promover los valores de esta propuesta de Reforma Educativa.

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30 octubre 2020 5 30 /10 /octubre /2020 00:00
Imagen: Portada del Manifiesto del Foro de Sevilla

Imagen: Portada del Manifiesto del Foro de Sevilla

Todo el desarrollo de las ideas-fuerza y de las propuestas concretas que deseamos implementar para la Reforma Educativa que propugnamos se encuentra en Internet, dentro del sitio web "Por otra política educativa", ya reseñado en el artículo anterior, pero más concretamente en la página "Documento de Bases para una nueva Ley de Educación. Acuerdo Social y Político Educativo", cuyo contenido se divide en un total de 9 puntos generales (Introducción, Principios, Universalidad, Inclusión, Currículo, Profesorado, Autonomía, Financiación, Evaluación y Medio Ambiente), a los que se accede desde un menú interactivo, más el acceso al documento completo (compendio de los 9 puntos generales anteriores), y un decálogo inicial, donde se recogen los cambios e inspiraciones fundamentales para la nueva Reforma Educativa que deseamos para nuestro país. Iremos exponiendo y desarrollando aquí únicamente lo más reseñable del mismo (dejo la lectura completa de las propuestas y reflexiones a mis lectores y lectoras en dicho sitio web), que junto con todo lo ya expuesto en los artículos precedentes de esta serie, conforman la propuesta completa y final de la nueva Ley educativa que pretendemos impulsar. Básicamente, la educación que queremos se fundamenta en el principio básico del derecho humano fundamental a la educación, desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida, así como en los principios de igualdad, laicidad, diversidad, inclusión, sostenibilidad, autonomía, convivencia, participación democrática, solidaridad, antiautoritarismo y coeducación. Todo ello con un aprendizaje cooperativo que sea participativo, colaborativo y nunca competitivo, implicando en su consecución a toda la comunidad. Nosotros aquí nos referimos a una Ley educativa de ámbito estatal, pero entendemos que el carácter plurinacional del Estado Español debe reconocer las peculiaridades concretas de cada Comunidad Autónoma, con sus aspectos comunes y diferentes, y con sus propias leyes educativas contempladas dentro del ámbito de sus competencias. En este sentido, creemos que es muy importante que los alumnos/as de cada lugar conozcan la realidad histórica, lingüística, cultural, folklórica y patrimonial de su lugar de origen, y que son las leyes educativas autonómicas las que deben contemplar dichos conocimientos. 

 

Por su parte, las finalidades de la educación que queremos, en plena sintonía con todo lo anterior, priorizan la formación intelectual para comprender el mundo en que vivimos y participar en su mejora; la formación para una ciudadanía responsable, crítica, solidaria y democrática en un mundo pluricultural; el desarrollo emocional y la búsqueda del bienestar personal y colectivo de la comunidad de la que el alumno/a forma parte; la eliminación del sistema patriarcal y el fomento del respeto de las múltiples identidades sexuales; la formación para el conocimiento, respeto e implicación en la defensa del medio natural del que dependemos; el desarrollo de la creatividad y de la estética y el respeto profundo a las necesidades, los ritmos y la intimidad de las personas que implica la individualidad de cada niño o niña y el ofrecimiento de una respuesta educativa ajustada y a la vez integral. Ésta es nuestra visión integral de la educación, la que pretende formar personas libres y ciudadanía crítica. Le asignamos una especial importancia a los primeros tramos educativos, como son Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Hay que favorecer la escolarización temprana (0 a 3 años, para fomentar todos los sentidos, la emocionalidad y la personalidad de los pequeños/as), universalizando una oferta gratuita de calidad, dando a la Educación Infantil y Primaria la importancia que merecen como pilares básicos de todo el proceso educativo y asegurando una educación comprensiva de atención personalizada en todos los niveles. Para ello hay que rebajar la ratio de alumnado por grupo hasta alcanzar los valores recomendados internacionalmente para poder satisfacer las características antes expresadas. Y para ello a su vez también es imprescindible ampliar la dotación de personal docente y de otros profesionales del ámbito educativo (personal no docente, psicólogos, etc.) para poder así reducir el número de escolares por grupo y por docente. La escuela pública debe proporcionar los servicios y recursos suficientes para que todo el alumnado reciba los apoyos necesarios, y poder así progresar educativamente de acuerdo a su ritmo personal de maduración y aprendizaje a lo largo de la enseñanza básica.

 

Entendemos que solo en circunstancias y condiciones muy excepcionales se recurrirá a la repetición de curso en la enseñanza obligatoria. Antes de recurrir a ella, se deben proporcionar medidas de apoyo y de refuerzo educativo a quienes muestren necesidades específicas en su proceso de aprendizaje. Es imprescindible también crear las pasarelas necesarias para lograr que los y las jóvenes puedan incorporarse a cualquier tipo de acciones formativas para alcanzar la certificación de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) y el posterior acceso a cualquier tipo de estudio de forma accesible. Como máxima y principio general de la educación inclusiva, hay que considerar que la diferencia es un valor, asignando los recursos necesarios a quien lo necesite. La inclusión es lo contrario de la segregación y de la discriminación, y también del elitismo. Bajo el modelo educativo que proponemos, todos los escolares, de todos los barrios, de todas las clases sociales, de todas las capacidades, de todos los orígenes, podrán compartir escuela, clase y grupo. Para ello, un primer principio es la gratuidad en el acceso a la educación. Creemos que el Estado debe ser capaz de recaudar lo necesario para dotar al sistema educativo de los recursos integrales que necesita y distribuirlos a centros, profesores, familias y estudiantes, sin necesidad de cobrar nada por ello. La gratuidad de la enseñanza básica incluirá la dotación a los centros públicos de libros, recursos pedagógicos, soportes tecnológicos y materiales didácticos que utilice el alumnado y el profesorado, así como la utilización del transporte escolar. La gratuidad también incluirá las ayudas, en su caso, de los servicios de comedor, desplazamientos y residencia, junto a un sistema de becas-salario para el alumnado que lo necesite, y evitar que los hijos o hijas deban dejar los estudios para contribuir a los ingresos de la familia. También extendemos la gratuidad a la educación postobligatoria no universitaria. Hay que dotar de becas suficientes para el acceso a los estudios universitarios de toda la población, reduciendo las tasas significativamente. En general, hay que tender hacia la gratuidad total de la educación pública, desde la primera infancia hasta la universidad. 

 

Entendemos que nunca hay que segregar al alumnado por criterios de capacidad, sexo, diversidad cultural o social, o cualquier otra causa. Hay que formar al profesorado para que esté capacitado para estas funciones inclusivas y adaptadas al ritmo y capacidad de cada alumno/a, así como reconocerle el ejercicio de superación que supone el llevarlas a cabo. El fracaso escolar debe ser combatido con fuerza, recursos y objetivos, de tal forma que se establezca un plan de medidas para favorecer el éxito escolar de todo el alumnado en la educación obligatoria, concretando actuaciones de apoyo a quienes presenten dificultades de aprendizaje, desde el momento en que éstas se detecten. Hay que garantizar un incremento en la dotación de recursos a las zonas y centros educativos con mayor escolarización de alumnado con dificultades y/o en desventaja social. Para ello, como hemos enunciado, el sistema educativo debe ser inclusivo y solidario. No caben las competiciones entre centros, la educación debe ser la misma en una escuela pública de Vallecas que en una del barrio de Salamanca, refiriéndonos por ejemplo a Madrid (extiéndase esto al conjunto del Estado Español). No cabe el elitismo, no cabe la selección de alumnado ni el favoritismo escolar. Solo cabe la educación universal, en el más pleno sentido de la palabra. Por su parte, el currículo escolar, es decir, los contenidos en la educación, lo que se enseña en una palabra, es un aspecto importantísimo al que le hemos dedicado mucho espacio en artículos anteriores de la serie, dada su importancia. Como norma general, hemos insistido en que debe ser un currículo sin idearios particulares. Ello implica para el mismo las siguientes características: currículum laico, para la vida, pluricultural, integral, adaptado al contexto, que potencie el conocimiento libre, abierto y compartido, no competitivo y ecológico. Desarrollaremos un poco más algunas de estas características a continuación. El sentido laico del currículo escolar ya fue discutido y desarrollado a fondo en las primeras entregas de esta serie, por tanto remito allí a mis lectores y lectoras que deseen una mayor fundamentación pedagógica sobre dicha condición. Pero hay que insistir en ello, pues es uno de los puntales educativos que, dada la fuerza y el respaldo sociológico de la Iglesia Católica en nuestro país, más difícil y complicado resulta conseguir. 

 

Veamos: el carácter laico debe respetarse no solo en el aula, sino en todo el conjunto del sistema educativo. Es decir, debemos alcanzar un sistema educativo que respete plenamente la libertad de conciencia, eduque sin dogmas y elimine toda forma de adoctrinamiento hacia los estudiantes. En consecuencia, la religión (nos referimos evidentemente a sus formas confesionales, no a un posible conocimiento sobre la historia de las religiones, que es tremendamente interesante como cualquier otro aspecto de las civilizaciones humanas), TODAS LAS RELIGIONES, incluyendo sus actos y simbología, deben abandonar el currículo y el propio ámbito escolar. Para ello, como ya hemos mencionado en anteriores entregas, debemos conseguir derogar los Acuerdos con el Vaticano, así como eliminar también los acuerdos con las diferentes confesiones que permiten la presencia del adoctrinamiento religioso en las aulas. Por su parte, la educación integral es otro de los puntales donde debe basarse el currículo: contra la tendencia a un currículo cada vez más científico, práctico e instrumental, orientado sobre todo a los futuros puestos de trabajo, nosotros apostamos por un currículo para la vida, esto es, un currículo que reúna e integre el conocimiento de las ciencias y de sus aplicaciones tecnológicas, pero también de las humanidades, de las ciencias sociales, de las artes, de los saberes populares y tradicionales y aquéllos que componen o se necesitan en la vida cotidiana, de forma que sirva al cuidado de las personas, de la naturaleza y de la vida comunitaria. Un currículo que también facilite la deliberación de problemas controvertidos, y ayude a comprender el medio natural en el que se habita, para poder construir con todo ello una (futura) ciudadanía formada, informada y crítica. Aspectos como la educación sexual, la educación vial, la educación ecológica, etc., constituyen grandes hitos a alcanzar si de verdad queremos formar a personas críticas y éticas, que sean capaces de pensar, comprender y analizar el mundo en el que viven, y no se conviertan en meras piezas sumisas y obedientes a las posibles tendencias dominantes. Sólo una verdadera educación crítica e integral será capaz de conformar una personalidad adulta libre y crítica, capaz de mejorar el mundo que le toca vivir. Continuaremos en siguientes entregas.

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22 octubre 2020 4 22 /10 /octubre /2020 23:00
Por una Reforma Educativa para todos (52)

La referencia oficial en Internet sobre todo lo relativo a la propuesta para una Reforma Educativa para todos, es decir, para la elaboración de una nueva Ley Educativa, lejos de los actuales parámetros de la LOMCE, se sitúa en el sitio web "POR OTRA POLÍTICA EDUCATIVA", fundado en el año 2012, y patrocinado por el denominado "Foro de Sevilla", un conjunto de profesionales de la educación, provenientes de diferentes orígenes, pero centrados todos ellos y ellas en defender un enfoque distinto para la Educación Pública en nuestro país. Remito por tanto a mis lectores y lectoras a la detallada lectura y exploración de este sitio web, del cual nosotros rescataremos las propuestas y reflexiones más interesantes, en línea por supuesto con todo lo que venimos contando en esta serie de artículos. El Manifiesto original de referencia, que vamos a exponer, fue publicado en octubre de 2012, e intervinieron en la elaboración del mismo un grupo de profesores y profesoras, la mayoría de la Universidad, que ya entonces manifestaron sus preocupaciones, alarmados/as ante la peligrosa deriva de la política educativa, con el objetivo de sembrar la semilla para generar debate y un compromiso con la mejora del sistema educativo. Los puntos más generales de su aporte fueron los siguientes:

 

1.- OBJETO DE LA EDUCACIÓN. En contra del sesgo economicista de la actual LOMCE (entonces era solo un anteproyecto), el objetivo de la Educación Pública comprende el desarrollo humano y la cohesión social. Mujeres y hombres deben poder formarse como personas completas, en todas sus dimensiones, ciudadanos/as críticos y responsables, y trabajadores/as cualificados/as. La sociedad precisa de la escuela para asegurar niveles adecuados de bienestar, libertad, justicia y equidad. 

 

2.- ESCUELA PÚBLICA. La escuela es la columna vertebral de la ciudadanía. Nuestra peculiar historia nos ha legado un sistema dual, y los gobiernos de corte neoliberal llevan emitiendo claras señales de desdén hacia la escuela pública, pero un desmedido apoyo a la enseñanza privada y confesional. El deber de las Administraciones es articular un sistema público de educación igualitario y efectivo, con una amplia red de centros de titularidad y gestión públicas, con una gestión democrática y unas características que garanticen los objetivos a cubrir: calidad, gratuidad, universalidad, laicidad, inclusividad, multiculturalidad, democracia. 

 

3.- FRACASO ESCOLAR. El fracaso escolar no es anónimo: posee nombre, historia y cultura. Es decir, posee contexto. No se produce súbitamente. Es el resultado de un proceso que se puede identificar y prever. Tiene que ver con el tipo de contenido, descontextualizado y sin sentido, que se enseña y evalúa, y con un proceso de enseñanza y aprendizaje que no facilita ni promueve que el alumnado establezca conexiones y elabore sus propios significados y conocimientos. 

 

4.- SOLIDARIDAD. La respuesta al elevado fracaso escolar, y el subsiguiente abandono, no debe ser normalizarlo, asumirlo ni naturalizarlo, sino al contrario, concentrar medios diferenciales y adicionales sobre grupos e individuos en riesgo, es decir, perseguir los objetivos comunes con medios cuantitativamente superiores y cualitativamente más adecuados. Una ley educativa no puede aceptar ese fracaso como inevitable, y para ello debe incrementar los programas y recursos para la educación compensatoria y atención a la diversidad, sin abandonar a su suerte a los estudiantes más vulnerables. 

 

5.- REPETICIÓN DE CURSO. Lejos de abordar el problema de la repetición de curso, que España encabeza en Europa de forma exagerada, se ha mostrado indiscutiblemente ineficaz, resulta económicamente costosa e ineficiente y constituye una de las principales causas endógenas del fracaso escolar, la actual ley parece querer ampliarla, sistematizarla y convertirla en el determinante de la segregación temprana. 

 

6.- ITINERARIOS. La separación de la trayectoria escolar en itinerarios tempranos es otro error educativo a corregir. La actual ley (LOMCE, PP, 2013) adelanta la edad a la que se crean itinerarios formativos de hecho irreversibles. Se pretende segregar al alumnado desde 3º de la ESO, a los 14 años, reduciendo en dos el tronco común, y convertir la primera orientación hacia la Formación Profesional en una vía muerta, repitiendo así el error de la LOGSE, y se añaden mecanismos que amenazan con adelantar la segregación al segundo curso. La mayoría de países cuya comprensividad llega a los 16 años obtienen mejores resultados que los que segregan a edades más tempranas. La segregación del alumnado con peores resultados se traduce en una enseñanza de calidad inferior por efecto de una profecía autocumplida. 

 

7.- EVALUACIÓN. En la Educación obligatoria la evaluación debe tener un claro propósito formativo, de conocimiento y apoyo a los procesos de aprendizaje y desarrollo personal. Una evaluación excluyente, sancionadora y de control, basada en pruebas frecuentes y estandarizadas, propuesta y puntuada desde entidades externas al propio sistema educativo, es contraria al propio sentido del aprendizaje y a la diversidad humana, generando abandono y exclusión. La evaluación del sistema requiere una revisión a fondo para garantizar que la sociedad y la comunidad educativa dispongan de información relevante, a través de procesos transparentes y democráticos. 

 

8.- RECURSOS Y FINANCIACIÓN. La política de recortes indiscriminados al sistema educativo debe revertirse, y comenzar el sentido contrario. Desde hace una década se están recortando en recursos como comedores escolares, rutas, libros de texto, actividades extraescolares o la misma jornada escolar. Así mismo, se recorta profesorado, se amplían ratios y se cierran aulas. El equipamiento en muchas de ellas es deficiente. Es evidente que una buena Educación Pública debe estar suficientemente financiada, para que pueda responder a sus objetivos. Se debe por tanto asegurar la gratuidad del transporte escolar, comedor y material escolar, así como invertir lo suficientemente en el sistema educativo (al menos un 7% del PIB) y reforzar las plantillas de profesorado, para poder así disminuir los ratios escolares. 

 

9.- SEGREGACIÓN. La actual Ley avala la segregación educativa por sexos en centros concertados, que son fundamentalmente centros promovidos por organizaciones religiosas y ultraconservadoras. Se fomenta igualmente el elitismo educativo, mediante el fomento de determinados "Centros de excelencia", donde se deriva al alumnado más capacitado. Sin embargo, está demostrado que la solidaridad, el cooperativismo, la inclusividad, el igualitarismo y la educación conjunta proporcionan y favorecen una socialización positiva e irrenunciable en una sociedad, máxime cuando aún padecemos la marca de la desigualdad de género. 

 

10.- AUTONOMÍA Y DEMOCRACIA. Es necesario responder a las necesidades de la comunidad educativa con autonomía curricular, organizativa y de recursos. La autonomía no debe dirigirse a la rivalidad entre centros, sino al aprovechamiento diferencial de los recursos. Requiere un proceso de responsabilización social, que es justamente lo opuesto a la merma en la participación que ha supuesto la conversión de los Consejos Escolares en meros órganos consultivos. Es necesario por tanto recuperar la democracia interna de los centros, y dejar de tener Directores/as nombrados por la propia Administración, como representantes de la misma en los centros. 

 

11.- PARTICIPACIÓN Y LIBERTAD. La libertad del Profesorado es un asunto fundamental para implementar un sistema educativo rico, plural y diverso, en vez de un sistema rígido y dirigido desde las instancias educativas. Por su parte, la participación es un derecho de las personas y un principio constitucional. Debe por tanto reforzarse como forma de pertenencia a la propia comunidad, motivación, concienciación, formación y corresponsabilidad social. Resulta imprescindible potenciar la libertad de pensamiento y la libertad de expresión del alumnado, así como su autoorganización y participación en la vida del centro. La participación exige poder de decisión, que es justo lo opuesto al control autoritario que se pretende ejecutar. 

 

12.- RECONOCIMIENTO DEL PROFESORADO. El sistema educativo se funda en la confianza en los docentes, y en su capacidad profesional. Por ello merecen todo el apoyo y el reconocimiento social en el ejercicio de su función, para que puedan sentirse comprometidos con el sistema en toda su dimensión. Los docentes deben manifestar un compromiso claro con sus alumnos/as, su centro y la educación misma, así como una actitud cooperativa con las familias y el resto de la comunidad educativa. Es fundamental igualmente mejorar los aspectos relativos a la formación permanente y al desarrollo profesional de los docentes. 

 

Continuaremos en siguientes entregas.

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15 octubre 2020 4 15 /10 /octubre /2020 23:00
Por una Reforma Educativa para todos (51)

Existe un debate de fondo, como venimos explicando desde las primeras entregas de la serie, sobre los fundamentos más elementales del modelo educativo en sí mismo, es decir, en Educación las decisiones son siempre decisiones políticas y sociales, nunca propuestas técnicas para conseguir unas escuelas más "eficaces". Pero sin embargo, este es el principal mensaje que el modelo educativo neoliberal se está esforzando en divulgar desde hace décadas, para que nos olvidemos de la verdadera esencia del proceso educativo. En realidad, las decisiones sobre Educación tienen que ver con múltiples factores políticos, tales como a quién pensamos que va dirigida, qué modelo de sociedad queremos fabricar, o qué responsabilidad queremos que tenga el Estado en dicho modelo (si queremos un Estado más débil o más fuerte a la hora de garantizar los derechos humanos fundamentales), qué responsabilidad tiene la propia comunidad educativa, cómo entendemos al Cuerpo de Profesorado, cómo entendemos la evaluación, y un largo etcétera, que básicamente hemos venido presentando en las entregas anteriores de esta serie. Por su parte, el modelo neoliberal expresado en la LOMCE entiende que la Educación depende de dos factores principales, donde vuelca toda su carga ideológica, a saber:

 

1.- Los conservadores y neoliberales entienden que la Educación depende de las condiciones innatas y culturales, y del propio esfuerzo de los estudiantes. No estamos de acuerdo. Dicho enfoque representa un determinismo social y cultural (y también biológico) que encamina (casi dirige) a los estudiantes a diferentes resultados y posibilidades, según capacidades, ambiente cultural y expectativas familiares. Y también significa, como apunta Carmen Rodríguez, del Foro de Sevilla, en este breve documento que tomamos como referencia, que las familias que se preocupan y tienen más expectativas hacia el estudio de sus hijos/as, tienen derecho a mejores escuelas, mejores profesores/as y, en general, a una mejor educación. Entienden así la educación solo en función de la meritocracia y de la competitividad, claro está, situándose desde la atalaya de su superioridad en recursos frente a las familias más pobres, vulnerables o desfavorecidas. Justifican bajo estos supuestos los mecanismos selectivos y jerarquizadores que penalizan al alumnado más vulnerable, aquél con más dificultades para el aprendizaje, en lugar de proporcionales una atención adecuada. Por eso, en su modelo educativo están presentes los itinerarios, las evaluaciones externas, la segregación, la falta de atención a la diversidad, y los currículos estandarizados. 

 

2.- Los conservadores y neoliberales entienden que la Educación depende de expertos, de Comités de "sabios" que son los que deben decirnos lo que hay que hacer. Como si la Educación fuese cualquier otra disciplina científica, la entienden como un proceso técnico que ha de ser tratado tecnocráticamente, en vez de políticamente. Poseen esta visión tecnocrática de la Educación que actúa desde una perspectiva estructural, y desde una perspectiva contextual. Desde la primera perspectiva, influyendo en las políticas educativas de los países y en cómo se deben gobernar las instituciones educativas. Bajo esta errónea perspectiva, los Comités de sabios residen en los organismos internacionales como la OCDE, el BM, etc. Estos organismos evalúan los sistemas educativos, y emiten sus resultados y directrices (véase PISA por ejemplo). Y desde la perspectiva contextual, influyendo en el trabajo del profesorado, donde los "expertos" en Educación dirán a los docentes qué tienen que hacer, por ejemplo dictaminarán las competencias necesarias para ser un líder educativo o un experto en comunicación. 

 

Como puede comprobarse, es un modelo de gestión inspirado en los fundamentos de la empresa privada, donde la educación es una cuestión técnica, no política. En mi caso personal, he tenido ocasión de comprobarlo fácilmente, pues durante mis largos años de docente en Tecnologías de la Información, he impartido cursos tanto para la empresa privada como para instituciones públicas, observando perfectamente las diferencias de enfoque entre ambos modelos. Al aplicar los fundamentos de la empresa privada al modelo educativo, se buscan los resultados y la satisfacción del "cliente" (en este caso el alumnado y sus padres y madres), aunque sea a costa de un deterioro en las condiciones laborales (en este caso del profesorado) y en la calidad de los servicios (educativos) prestados. El modelo conservador y neoliberal no entiende por tanto la Educación como un derecho humano fundamental (por eso se niegan a su blindaje constitucional), sino como un proceso o servicio sujeto al coste-beneficio, es decir, sujeto a las normas de mercado. Todo ello implica, lógicamente, una mayor desigualdad en la distribución de las prestaciones con consecuencias de exclusión para la población más vulnerable, que se va relegando a unos centros educativos públicos cada vez más residuales y deficientes, pobres en recursos, frente a los centros privados y concertados, con buenos recursos y selección de su alumnado. Segregación y desigualdad educativa pura y dura, y por tanto, injusticia social. Bajo este modelo, el conocimiento pierde su valor y se vuelve instrumental al sistema, se enfoca exclusivamente al futuro mundo laboral de los estudiantes, y por tanto nos indican no solo qué conocimientos son valiosos para el mundo del trabajo, sino cómo deben ser estructurados los contenidos para enseñarlos y qué modelo de persona (ciudadano sumiso al sistema) crean para dar respuesta al modelo de sociedad que demandan las nuevas economías. 

 

Todas estas bases educativas son precisamente las que queremos cambiar. Frente a un modelo instrumental de la educación, nosotros apostamos por un enfoque como derecho humano fundamental. De ahí que tengamos que reforzar y ampliar la red de centros públicos, dejando de apostar con dinero público por los centros concertados. Y de ahí que entendamos que debe existir una financiación suficiente que garantice la calidad del sistema educativo. Es decir, que en primer lugar hay que acudir a un rescate de los centros educativos públicos, en detrimento de los concertados. En segundo lugar, apostamos por un modelo educativo que se proyecte en igualdad, que esté basado en la igualdad, y ello implica a su vez aplicar los enfoques inclusivos y multiculturales. Todos los estudiantes, vengan de donde vengan, tengan las familias que tengan, y disfruten de los recursos que tengan, tienen derecho a que el sistema educativo les preste su atención en igualdad de condiciones y oportunidades. El sistema educativo ha de ser justo e igualitario, sin dejar a nadie atrás. El sistema educativo debe volcarse sobre los estudiantes que más necesiten, que más apoyos y refuerzos necesiten, que más tiempo y dedicación necesiten, precisamente para poder alcanzar los niveles de los que más tienen. Y en tercer lugar, necesitamos formar a personas críticas con el sistema, para poder comprenderlo y mejorarlo, y ello implica introducir una educación integral lo más completa posible, con ciencias, humanidades, artes, pensamiento reflexivo, etc., para formar al alumnado en todas las vertientes de la personalidad y de la ciudadanía. Y así, no debemos mostrarles únicamente conocimientos utilitaristas para sus posteriores profesiones, sino también valores, actitudes críticas y análisis de su mundo social y cultural (problemas medioambientales, explotación de las mujeres, guerras, austericidio, desigualdades, maltrato animal, educación sexual...). 

 

Por último, como pieza igualmente fundamental, necesitamos implementar una comunidad educativa democrática, y un profesorado con plena autonomía para que pueda construir el conocimiento con su alumnado. Un profesorado reconocido y valorado socialmente, con unas condiciones laborales que supongan ratios adecuadas para cada clase, para poder garantizar esa inclusividad de la que hablábamos antes. Un horario que contemple no solo las horas de impartición docente, sino también las horas para formarse, establecer redes, preparar las clases y compartir experiencias. Y un profesorado que disfrute de unas condiciones de estabilidad, autonomía y consideración que les permita una pluralidad de visiones para educar a ciudadanos/as libres. Acompañada también de una formación del profesorado inicial y permanente que garanticen los conocimientos profesionales específicos y prácticos, en la que estén implicados los profesores y profesoras en ejercicio, los centros y las comunidades educativas. Y todo ello, enmarcado en vías que garanticen una participación real de la comunidad educativa (alumnado, padres y madres, y profesorado), planteando una verdadera y completa democratización y autonomía de los centros escolares de abajo a arriba. En resumidas cuentas, pretendemos que la Reforma Educativa descanse sobre los pilares de igualdad, laicidad, autonomía, participación democrática, titularidad y gestión públicas, y financiación adecuada. Creemos que solo bajo la conjunción de todos estos factores será posible establecer y alcanzar un modelo educativo realmente útil para la sociedad, y que responda a las demandas sociales, políticas y culturales necesarias. Un modelo educativo que proyecte ciudadanía crítica y participativa, y no simples peones obedientes al sistema imperante. Continuaremos en siguientes entregas.

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8 octubre 2020 4 08 /10 /octubre /2020 23:00
Fuente Viñeta: https://leyeduca.wordpress.com/

Fuente Viñeta: https://leyeduca.wordpress.com/

La página de la que hemos extraído la viñeta de entradilla, leyeduca.wordpress.com, es una de las mejores referencias que podemos encontrar en Internet sobre los diversos aspectos de la Reforma Educativa que proponemos, así que insto desde aquí a mis lectores y lectoras a que hagan una exhaustiva exploración de dicho sitio web, que tomaremos como referencia a continuación en sus aspectos esenciales. La Reforma Educativa que proponemos parte de una finalidad básica para la educación pública, cual es el desarrollo humano, moral e intelectual de las personas. Se trata de educar para saber, claro está, pero también para criticar, para ser libre, para reflexionar, para poder elegir y para poder mejorar la sociedad. Si la educación pública no contribuye a todos estos objetivos, necesariamente nos estamos alejando del enfoque al que debemos atender. Una educación mecanicista, enfocada únicamente a fabricar desde la escuela personas adocenadas por el sistema neoliberal imperante, no sirve a estos objetivos, y por tanto, es nuestro deber combatirla. Necesitamos para ello un Sistema Público de Educación integral, tanto de titularidad (propiedad de cada centro en cuestión) como de gestión (agentes encargados de su funcionamiento) públicas. Creemos en la escuela pública como única garantía del derecho humano fundamental y universal a la educación, en condiciones de igualdad y democracia, y desde este punto de vista, entendemos que la red concertada (centros privados apoyados con fondos públicos), la inmensa mayoría patrocinada por empresarios y tuteladas por organizaciones religiosas, debe ir desapareciendo progresivamente, siendo absorbida por la red de centros públicos. Entendemos, así mismo, que la educación pública ha de ser gratuita, igualitaria, coeducativa, laica, personalizada, integral, inclusiva y democrática, ya que una escuela que cumpla con estas características será la única que realmente garantice la igualdad de derechos y oportunidades para todos los estudiantes. 

 

Una escuela pública que responda efectivamente a este modelo que propugnamos es la única que promueve la participación democrática de todos los sectores de la comunidad educativa, respeta la libertad de conciencia y de creencias, atiende a la diversidad del alumnado y se compromete con el interés común y el servicio público, al margen de espurios intereses particulares ligados (la historia nos lo demuestra) al adoctrinamiento ideológico o al negocio económico de las escuelas privadas. Por todo ello, proponemos los siguientes ejes básicos para poder conseguir los objetivos indicados:

 

1.- Ampliación de la red pública de centros educativos, de titularidad y gestión públicas, hasta cubrir todas las necesidades de escolarización desde la Educación Infantil (0 a 3 años) hasta la Universidad. 

 

2.- Gratuidad total de la enseñanza pública, desde la Educación Infantil hasta la Universidad, dotándola ampliamente de recursos humanos y materiales que cubran todas las necesidades, incluyendo materiales didácticos, libros, servicio de comedor, transporte escolar, becas de residencia o becas-salario para el alumnado que lo necesite. 

 

3.- Extensión de la educación obligatoria hasta los 18 años, con diversos itinerarios y modalidades formativas, elegibles desde los 16 años. 

 

4.- Incremento de la inversión pública educativa hasta llegar al 7% del PIB en 6 años, creando un Fondo de Cohesión Educativa que corrija los desequilibrios y desigualdades territoriales. 

 

5.- Supresión paulatina de la financiación pública de los centros concertados. En su caso, integración voluntaria y negociada de estos centros en la red única de centros públicos, arbitrando medidas para la integración y homologación de su profesorado. 

 

6.- Plan de medidas para favorecer el éxito escolar de todo el alumnado en la educación obligatoria, concretando actuaciones de apoyo a quienes presenten dificultades de aprendizaje desde el momento en que se detectan. 

 

7.- Incremento de la dotación de recursos a zonas y centros con mayor escolarización de alumnado con dificultades y/o en desventaja social. 

 

8.- Ampliación de las plantillas de personal docente y de otros profesionales del ámbito educativo para reducir el número de alumnos/as por grupo y por profesor/a (ratios), y poder así responder de modo más efectivo a las distintas necesidades del alumnado, mejorando igualmente la calidad de la enseñanza. Estimamos que dichos ratios no debieran nunca superar los grupos de 18 alumnos/as. 

 

9.- Establecimiento de un currículo escolar laico, intercultural, inclusivo, igualitario y ecológico, que sea desarrollado por los centros escolares y la comunidad educativa en virtud de su autonomía pedagógica. En relación a los contenidos de los libros de texto y las asignaturas, ver en los artículos anteriores de esta serie nuestras críticas a los actuales contenidos, así como las propuestas concretas que realizamos. 

 

10.- De cara a implementar una educación laica, exigimos la derogación de los Acuerdos con el Vaticano y con otras confesiones religiosas para que cualquier religión, así como sus actos y simbología correspondiente, queden fuera del ámbito escolar. 

 

11.- Fomento de metodologías didácticas para aprender cooperando, en grupos interactivos, trabajando por proyectos, practicando la ayuda mutua, la solidaridad y el respeto intercultural, donde además los docentes puedan planificar y colaborar conjuntamente, aprendiendo unos de otros y compartiendo experiencias. Todo ello es esencial para inculcar los valores de la cooperación, dentro de los parámetros de una educación inclusiva. 

 

12.- Formación inicial teórico-práctica del profesorado de todos los niveles que garantice su óptima capacitación docente y disciplinar en la etapa y especialidad correspondiente. 

 

13.- Reconocimiento, respeto y apoyo a las condiciones de trabajo del profesorado. Respaldo a las comunidades profesionales de aprendizaje y a las redes profesionales, así como a la formación permanente del profesorado. El Cuerpo de Profesorado tiene que verse respetado y apoyado por el resto de la comunidad. 

 

14.- Potenciación de la autonomía pedagógica y de la participación democrática en la organización y gestión de los centros educativos. 

 

15.- Construcción de escuelas democráticas que corresponsabilicen al alumnado en la propia dinámica educativa de sus centros, e impliquen a toda la comunidad escolar en la construcción de una comunidad democrática de aprendizaje. 

 

16.- Apertura de los centros educativos a su entorno, para que sean focos de mejora social y cultural, poniendo los recursos del centro al servicio de su comunidad más cercana, y permitiendo que el tejido social próximo (asociaciones, organizaciones y grupos de la sociedad civil) puedan participar e involucrarse en la dinámica del propio centro. 

 

17.- Construcción de ciudades educadoras y entornos sociales y vitales que favorezcan el proceso educativo, y que ayuden y colaboren en la educación colectiva. 

 

18.- Elaboración de un Plan de Diagnóstico y Seguimiento riguroso de los problemas de la educación pública, así como de sus logros, de forma permanente, para poder acometer lo más rápido posible nuevas mejoras del sistema. 

 

19.- Impedir cualquier tipo de evaluación externa sobre el rendimiento del alumnado o del profesorado, que pueda servir para potenciar la competencia entre centros, o para elaborar cualquier tipo de clasificación o de ránking.

 

20.- Impedir cualquier tipo de segregación del alumnado, tanto atendiendo a los niveles de rendimiento o aprovechamiento escolar, como al resto de circunstancias que determinan la vida de los estudiantes (sexo, religión, capacidades económicas, nivel de vida de sus familias, etc.)

 

Continuaremos en siguientes entregas.

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1 octubre 2020 4 01 /10 /octubre /2020 23:00

Si piensan que la educación es cara, prueben con la ignorancia

Derek C. Bok (Ex Rector de la Universidad de Harvard)

Continuamos con las propuestas llevadas al Congreso de los Diputados por parte de la Marea Verde, de las que ya habíamos adelantado muchas de ellas en los últimos artículos:

 

D) PROFESORADO COMPROMETIDO Y RECONOCIDO. El Profesorado ha sido uno de los cuerpos de funcionarios públicos más atacados y recortados por la crisis de 2007, y desde entonces vienen arrastrando no solo una merma de su poder adquisitivo, sino también una reducción de las plantillas (según diversas fuentes, entre 23.000 y 32.000 docentes) por amortización de jubilaciones y despido de interinos, y un deterioro de sus condiciones laborales, manifestado en una mayor precariedad, un aumento de las jornadas lectivas, pérdida salarial, etc. El agotamiento de los docentes es manifiesto. Por otra parte, la falta de reconocimiento hacia el profesorado por parte de las Administraciones educativas es un problema estructural de la educación en nuestro país, que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. La desconfianza hacia el profesorado es una constante de los diferentes gobiernos de la democracia, que les conduce a no cuidar como es debido a una pieza clave en el proceso de enseñanza. No está valorada lo suficiente la intensidad del trabajo docente, la especialización que requiere, o la fuerza que exige educar a un alumnado en tiempos de desesperanza social, que no ven que la educación funcione como ascensor social. Por tanto, las propuestas en este sentido son las siguientes:

 

1.- Restituir las condiciones laborales del profesorado que, durante los últimos años, han empeorado constante y enormemente: aumento de las ratios, incremento de la jornada lectiva, retrasos en las sustituciones, precarización paulatina de las condiciones del empleo e inestabilidad docente, sobre todo para los/as interinos/as. Precisamente, hay que acabar con el abuso en la figura de la interinidad. 

 

2.- Elaboración del Estatuto del Profesorado como referente oficial de los derechos y obligaciones de este colectivo. En él deben explicitarse con claridad sus derechos y deberes, superando las múltiples indefiniciones que existen en el ejercicio de sus funciones. Hay que rehacer igualmente los mecanismos de representación y negociación. 

 

3.- Hay que favorecer la integración progresiva en un Cuerpo Único de Profesorado, estableciendo los criterios claros y comunes para una formación inicial sólida, tanto pedagógica como práctica. Así mismo, hay que mejorar los procesos selectivos. 

 

4.- Hay que mejorar y potenciar la formación permanente del profesorado, atendiendo a su desarrollo profesional y a la práctica docente innovadora e investigadora, todo lo cual debe ser reconocido, dignificado y potenciado al máximo. 

 

5.- Son necesarios más perfiles profesionales: orientación, apoyo a necesidades específicas del alumnado, educación e integración social, vertebración de la educación en el ocio...

 

6.- Hay que garantizar plenamente la autonomía del profesorado y de los centros educativos, así como la participación democrática de la comunidad educativa en éstos, integrándolos a su vez en el contexto social. Hay que regresar, en este sentido, a las Direcciones colegiadas y revocables, al contrario de lo que la LOMCE ha promovido. 

 

E) FINANCIACIÓN EDUCATIVA. El último bloque de medidas propuestas por la Marea Verde en el documento de referencia se refiere a la financiación educativa. Partamos de un dato clarificador: entre 2009 y 2014 se detrajeron más de 8.000 millones de euros destinados a educación en nuestro país: concretamente, de 53.375 millones de euros en 2009 a 46.000 en 2014. Esto nos da una idea clara de la enorme envergadura del recorte educativo experimentado. Actualmente, la inversión en educación es solo de un 8% del gasto público total, frente al 11% de media de la mayoría de los países de nuestro entorno. Si lo medimos en términos de PIB, hemos pasado del 5% de inversión educativa a solo el 4,1%, frente a un 6,2% de media europea. Y esta disminución en la financiación se producía al mismo tiempo que aumentaba el alumnado en un 6%. La práctica totalidad de los presupuestos se han visto afectados: becas y ayudas al estudio, contratación docente, mejora de aulas, atención a los programas de diversidad, ratio de alumnos, medios educativos, etc. Hemos de partir de una realidad incontestable: una educación pública universal, gratuita y de calidad necesita una financiación adecuada y sostenible. Debe blindarse constitucionalmente una financiación justa y adecuada para el sistema educativo, pero no solo por razones de igualdad de oportunidades, de equidad y de justicia social, que ya de por sí serían suficientes. También debe hacerse porque la educación es lo más rentable donde una sociedad puede invertir. Por tanto, las medidas propuestas en este ámbito son:

 

1.- Fijar y alcanzar la cifra del 7% del PIB reservada para inversión educativa, garantizada constitucionalmente como suelo de gasto público en esta materia. 

 

2.- Establecer un Fondo de Compensación Educativa que garantice la equidad. 

 

3.- Alcanzar la gratuidad universal de la enseñanza básica, entendida ésta en sentido amplio: gratuidad del material escolar, del transporte escolar, del comedor escolar...

 

Continuaremos en siguientes entregas.

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24 septiembre 2020 4 24 /09 /septiembre /2020 23:00

Continuando con las propuestas educativas llevadas al Congreso de los Diputados por parte de la Marea Verde (a través de su representante Agustín Moreno, cuya comparecencia en la Subcomisión de Educación estamos tomando como referencia), vamos a continuar a partir del segundo apartado (ver artículo anterior, donde ya comenzamos a exponerlas):

 

B) EDUCACIÓN INCLUSIVA. Hemos venido resaltando, desde las primeras entregas, que uno de los objetivos fundamentales de la escuela pública es conseguir un modelo de escuela inclusiva, es decir, con plenas garantías de integración de todo el alumnado, y a todos los niveles. Las propuestas para este apartado son las siguientes:

 

1.- Conseguir una orientación tanto del centro educativo como del currículo escolar desde la mirada inclusiva: docencias compartidas, flexibilidad de grupos, profesorado y otros profesionales ajustados a las necesidades del alumnado, y sobre todo, descartar la segregación según capacidad del alumno/a, sexo, diversidad cultural y social, ni por ningún otro criterio, condición o circunstancia.

 

2.- El carácter plurinacional del Estado (cuando sea reconocido oficialmente) reconocerá las peculiaridades de cada Comunidad Autónoma, con sus propias leyes educativas contempladas dentro del marco legal estatal (esta situación alcanzará su culminación cuando consigamos evolucionar hacia un Estado Federal). Y esto es interesante, sobre todo, para que estas leyes educativas potencien el conocimiento por parte del alumnado de la historia, el folklore, el arte y la cultura de cada pueblo integrado en el Estado Español. 

 

3.- Implementar un plan de medidas para favorecer el éxito de todo el alumnado en la educación en su etapa obligatoria, concretando las actuaciones de apoyo, incrementando la dotación de los centros educativos y zonas con mayores dificultades y/o desventajas sociales. Alcanzar la plena equidad es una asignatura pendiente que va más allá que la simple igualdad de oportunidades, porque se trata de dar más a quien más lo necesita. En el fondo de este asunto, tenemos la meta de frenar el temido fracaso escolar, que trunca de forma temprana la vida de muchos estudiantes. 

 

C) CURRÍCULO ESCOLAR SIN IDEARIOS PARTICULARES. Desde las primeras entregas de esta serie de artículos hemos venido insistiendo en que los/as alumnos/as no son propiedad de sus padres (ideológicamente hablando), así que en el ámbito privado los padres y madres están en su derecho de inculcar en la mente de sus hijos e hijas los idearios que deseen, pero la escuela pública ha de permanecer al margen de ellos. En este sentido las propuestas son las siguientes:

 

1.- Alcanzar una educación completamente laica, sin la enseñanza de dogmas, que respete plenamente la libertad de conciencia y elimine de las aulas cualquier tipo de adoctrinamiento. Para ello, es absolutamente necesario derogar los Acuerdos políticos firmados con el Vaticano en 1979. Las religiones (todas ellas) deben salir de la escuela pública, así como toda la simbología y los protocolos asociados a ellas. 

 

2.- Construir desde la escuela pública una ciudadanía formada, informada y crítica, para lo cual es imprescindible reunir e integrar en el aula el conocimiento de las ciencias y sus aplicaciones, pero también de las humanidades, las ciencias sociales, las artes, los saberes ancestrales y populares, y los que componen la vida cotidiana, de forma que todos ellos sirvan al cuidado de las personas, de la naturaleza y de la vida comunitaria. 

 

3.- Diseñar e implementar un currículo escolar pluri e intercultural. Para ello la escuela pública ha de estar abierta a investigar, integrar y respetar el conjunto de culturas de nuestro mundo, sin limitaciones ni prejuicios, liberando al alumnado de las actitudes injustas para con las demás culturas. 

 

4.- Diseñar un currículo completo e integral, no formulado como un listado de contenidos mínimos o como un compendio de competencias, sino de forma global, integrada y compleja, en términos de resolución de problemas, situaciones sociales, ambientales y éticas relevantes. Hay que conceder importancia y tiempo escolar a la filosofía, al lenguaje musical, a la expresión corporal y a la expresión artística, integrantes todas ellas del desarrollo de la personalidad humana. 

 

5.- Diseñar un currículo adaptado al contexto histórico, cultural y social, político y económico, con un amplio margen de adaptación y desarrollo por parte de la comunidad educativa. 

 

6.- Diseñar un currículo que potencie el conocimiento abierto y compartido. Solo de esta forma conseguiremos generaciones futuras que renuncien a vivir encerradas en sí mismas. 

 

7.- Diseñar un currículo no competitivo. Las actitudes competitivas deberían ser desterradas de la escuela pública. Creemos que no se deben realizar pruebas externas que tengan como objetivo la homogeneización del aprendizaje ni la elaboración de ránkings. En este sentido, somos contrarios a las evaluaciones externas y centralizadas tras cada etapa educativa, así como también a los sistemas evaluadores diseñados por los Organismos internacionales, tales como PISA.

 

8.- Diseñar un currículo ecológico, con contenidos de tipo transversal ligados a la sostenibilidad, el mantenimiento de la vida y la ética ecosocial. La escuela pública debe desterrar en su alumnado la visión antropocéntrica que caracteriza nuestra civilización capitalista y globalizada, y extender una visión centrada en la importancia y la conservación de la vida. En este sentido, remito a mis lectores y lectoras a las entregas anteriores, donde hemos hecho un extenso recorrido aconsejando cómo deben evolucionar los contenidos de los libros de texto de las distintas asignaturas. 

 

Continuaremos con los siguientes bloques de propuestas en nuestra siguiente entrega.

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17 septiembre 2020 4 17 /09 /septiembre /2020 23:00

La Reforma Educativa que proponemos es la única que asegura el fin del segregacionismo educativo que se viene practicando desde las últimas décadas. ¿Cómo se consigue esto? Muy fácil: garantizando la Educación como un derecho humano fundamental, en toda su extensión. La educación 100% pública es la única que puede garantizar que este derecho fundamental sea una realidad palpable y factible, asegurando la cohesión social. Pero para ello, como venimos reclamando, hace falta una oferta suficiente de escolarización pública y gratuita, en el segmento de 0 a 18 años, que garantice que todo alumno/a disponga de su plaza. Pero para ello, a su vez, hace falta extender y universalizar la red pública de centros educativos, tanto de titularidad como de gestión públicas. Y para ello, a su vez, hay que proceder, como ya hemos insistido, a la supresión progresiva de la financiación de los centros concertados. Durante varios años, los centros concertados que así lo deseen podrán incorporarse a la red pública, y para los que no, un programa de migración para el alumnado y otro para el profesorado deberá garantizar que los docentes no se quedan sin trabajo, ni los estudiantes sin su derecho a la educación. Estoy tomando como referencia la comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la Subcomisión de Educación (febrero de 2017), de Agustín Moreno, Profesor de Secundaria, Representante de la Marea Verde, y uno de los mejores referentes en educación que tenemos en nuestro país. El texto completo de sus propuestas puede consultarse en este documento. El grueso de sus propuestas fueron divididas en cinco ámbitos, a saber: Universalidad del derecho a la educación, Educación inclusiva, Currículo sin idearios particulares, Profesorado comprometido y reconocido, y Financiación. Los desarrollamos a continuación, con nuestras aportaciones particulares:

 

A.- UNIVERSALIDAD DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN: En este primer punto las propuestas serían las siguientes:

 

1.- Universalizar la oferta de plazas públicas en Educación Infantil de 0 a 6 años, garantizando su carácter plenamente educativo y los requisitos mínimos en cuanto a ratios, titulaciones, espacios e instalaciones necesarias, etc. En efecto, la Educación Infantil ha sido hasta ahora la gran descuidada del sistema, pero entendemos que ha de prestársele la debida atención por su importancia durante las primeras etapas de la vida de la persona, incluyéndola por supuesto en la red pública. 

 

2.- Rebajar las ratios (del resto de tramos educativos) hasta alcanzar las recomendaciones internacionales y poder así responder adecuadamente a las distintas necesidades del alumnado. Como mencionábamos en el artículo anterior, este parámetro incide sobremanera en la calidad de la enseñanza, pero repercute en las plantillas de profesorado, que han de ser debidamente reforzadas para tal fin. 

 

3.- Ampliar la dotación de personal docente. Varias decenas de miles de plazas han de salir a concurso público, no solo para que las plantillas estén perfectamente cubiertas, sino para que puedan cubrirse de manera efectiva bajas de personal y jubilaciones. 

 

4.- Dotar de los servicios y recursos suficientes a los centros educativos, para que el conjunto del alumnado reciba las atenciones y apoyos necesarios, y progresar de este modo de acuerdo a su propio ritmo de maduración. 

 

5.- Evitar la clasificación y selección temprana del alumnado (justo lo contrario de lo que ahora hace la LOMCE), y garantizar una educación integral, esto es, no poner el foco únicamente en las asignaturas más operativas (Matemáticas, Lengua y Literatura, Idiomas, Tecnologías...), sino también en aquéllas que refuerzan y desarrollan la personalidad de los estudiantes (Filosofía, Música, Artes Plásticas...), así como sus habilidades personales y/o artísticas. 

 

6.- Acceder a una titulación única al término de la etapa obligatoria, sin perjuicio de una opcionalidad gradual que no implique agrupaciones de grupo/clase homogéneas. Pero como decíamos en el punto anterior, los itinerarios tempranos han de desaparecer, pues en las etapas iniciales los estudiantes deben aprender todo aquello que los forme en todas las dimensiones de la persona, y siempre desde un punto de vista crítico. Habrá tiempo, en etapas más maduras, para que los alumnos y alumnas elijan el itinerario que mejor se adapte a sus necesidades/capacidades/aptitudes. 

 

7.- Establecer medidas de protección y promoción social. Tanto unas como otras tienen la finalidad de insertar socialmente a los estudiantes, de fomentar la participación, de crear "comunidad" con ellos y ellas, de proporcionarles respaldo y seguridad. 

 

8.- Implementar la detección temprana de las necesidades de apoyo y refuerzo, para convertir en excepcional la repetición de curso. El sistema educativo ha de estar especialmente atento al alumnado con necesidades especiales, para que su progreso educativo se vea mermado lo menos posible, y sus capacidades sean fomentadas al igual que el resto de los estudiantes. 

 

9.- Diseñar e integrar una red pública de centros educativos de Formación Profesional (FP), con un diseño de la oferta integral adecuada y suficiente de ciclos formativos en los distintos grados y titulaciones, que promueva también un conjunto de perfiles profesionales ligados especialmente al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental. Estamos en contra de que sean las empresas y corporaciones las que dirijan aquí el cotarro, imponiendo sus visiones, sus contenidos, sus ciclos y especialidades, y lo peor de todo, practicando un peligroso mecenazgo educativo. 

 

10.- Extender la red pública de centros educativos para personas adultas, siempre dependientes de Educación (Ministerio y Consejerías), y provistas del personal necesario. 

 

Continuaremos en siguientes entregas con el resto de propuestas educativas efectuadas en dicha comparecencia.

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3 septiembre 2020 4 03 /09 /septiembre /2020 23:00

Bien, llegados a este punto, recalquemos una obviedad que ya hemos mencionado de pasada en anteriores entregas de la serie, pero que es preciso detallar y colocar en sus justos términos: se trata de revertir los recortes en educación que tanto las Administraciones del PP como del PSOE han venido practicando durante años. En efecto, revertir los recortes se dice muy pronto, y parece que no fuera un programa educativo en sí mismo, pero implica una política educativa de inversión que supone exactamente la dirección contraria a la que se ha venido practicando hasta ahora. La derecha política y mediática insiste en el burdo mensaje de que en la educación no son todo recursos, sino que también se trata de diseñar una buena política educativa. Nosotros estamos en la buena política educativa (no la de ellos, por supuesto), pero también en la dedicación de recursos. Está demostrado que los países que han dedicado una mayor inversión educativa en porcentaje del PIB (sobre todo los países nórdicos, con Finlandia a la cabeza) han conseguido los mejores resultados educativos. Luego por tanto, poner dinero encima de la mesa para educación es un punto fundamental. ¿Para qué? Pues para contratar profesores/as, para reducir el ratio de alumnos/as por aula, para que los materiales escolares sean completamente gratuitos, para que se puedan atender los alumnos/as con necesidades especiales, para dotar a los centros de mejores instalaciones y medios tecnológicos, para cubrir las bajas del profesorado vacante, para que los docentes no tengan que impartir asignaturas "afines" a sus áreas de conocimiento (que cada vez son menos afines), y un largo etcétera. Solo con que se consiguiera volver a los niveles de inversión educativa que teníamos antes de comenzar con los recortes, habríamos conseguido mucho. Sobre todo, como decimos, sacar plazas de profesorado. Harían falta unas cuantas DECENAS DE MILES DE PLAZAS, tal como suena, más o menos equivalente a la lista de interinos. Pero para hacer esto, lo que hay que tener claro es una apuesta valiente y decidida  por la escuela pública. Sin matices. Sin contemplaciones. Caiga quien caiga. Contra viento y marea. Y para ello, para poner en marcha esa apuesta decidida, la lucha contra los conciertos educativos es fundamental. 

 

La Reforma Educativa que desde aquí proponemos se basa en una defensa a ultranza del modelo de escuela público-estatal. Ésta es la bandera educativa que levantamos. Sigo a continuación a mi admirado Carlos Fernández Liria, Profesor de Filosofía de la UCM, gran experto en educación, y a quien hemos tomado como referente en otras muchas ocasiones, quien en este artículo para el medio Cuarto Poder explica: "Eso supone, en primer lugar, invertir la tendencia respecto a lo que desde hace décadas ha sido el cáncer de la enseñanza secundaria: la enseñanza concertada. No se trata, no, porque es inviable, de suprimir los conciertos de la noche a la mañana. Se trataría tan solo de hacer con la enseñanza concertada lo mismo que llevamos sufriendo en la enseñanza estatal desde hace décadas. Se trata de asfixiarla económica y legislativamente, poco a poco y sin piedad, como han hecho con nosotros, invirtiendo las tornas en beneficio del sistema estatal. En primer lugar, no sería tan difícil una legislación que obligara a la concertada a contratar profesores dentro de la bolsa de interinos que hayan aprobado sin plaza ya alguna oposición. No se puede permitir que unas sectas privadas de derechas o de izquierdas (me da igual) contraten a dedo profesores pagados con dinero público. Se trataría también de mandar un ejército de inspectores que acabaran con las tasas encubiertas con las que los colegios concertados logran filtrar a los alumnos, dejando todas las cuestiones sociales generadas por la emigración y la marginación para la enseñanza estatal". Muy bien, este es el plan. Y ahora...¿quién le pone el cascabel al gato? Hace falta mucha valentía, coraje y apoyo popular para abordar esta tarea de acabar progresivamente con los conciertos educativos. Pero hay que hacerlo. Estamos firmemente convencidos. Mientras esta labor no se aborde, y esa colaboración educativa "público-privada" deje de existir, seguiremos teniendo problemas. No insisto más en el asunto, porque ya fue explicado profundamente en las primeras entregas de la serie. Continúo siguiendo a Carlos Fernández Liria en el resto de medidas propuestas:

 

1.- Suprimir la escuela concertada en su totalidad (como hemos aclarado, esto es un proceso no de un día para otro, sino que puede abordarse a lo largo de toda una legislatura). Por supuesto, no pretendemos mandar al paro a miles de profesores y profesoras de la concertada, ni dejar sin escuela a cientos de miles de niños/as y jóvenes. Para evitarlo se deberán implementar planes de migración a la escuela pública, tanto del personal docente como del alumnado. 

 

2.- Ir también suprimiendo paulatinamente el porcentaje de escuela privada que existe en el país, hasta que alcance más o menos un 2% del total. Ello se consigue, junto con el punto anterior, dedicando más medios, centros y recursos a la escuela pública, de tal forma que la privada alcance un valor residual, es decir, exactamente la estrategia contraria a la que se viene practicando hasta ahora. 

 

3.- Promover que el Estado apoye con más recursos a todos los colegios e institutos que tengan descompensada la tasa de alumnos/as inmigrantes, sin recursos o marginales, etc. La escuela pública ha de ser de todos y para todos, esto es, responder a los valores de una educación pública, universal, gratuita, de calidad, laica, inclusiva e intercultural. La dirección hasta ahora ha sido justamente la contraria, promoviendo la segregación educativa, los centros de élite y la selección del alumnado (la LOMCE contempla incluso que los centros educativos publiquen ránkings como si de empresas privadas se tratara).

 

4.- Hacer descender el ratio hasta alcanzar una media de 18 alumnos/as por aula. Ello promoverá una educación más cercana y personalizada, en vez de una educación masiva y despersonalizada. El ratio escolar también incide en la propia calidad de la enseñanza. 

 

5.- Garantizar la presencia de dos profesores/as por aula cuando haya algún alumno/a discapacitado/a o con necesidades especiales. En la línea de la medida anterior, esto incide en una mayor atención personalizada al alumno/a, según sus necesidades. 

 

6.- Implementar la política de gratuidad total: tasas escolares, material escolar, libros de texto, guardería, comedor, etc. La derecha política, social y mediática se llevará las manos a la cabeza y pondrá el grito en el cielo (la gratuidad ya es un concepto en sí que les asusta, lo mismo que el reparto), porque como sabemos, para posibilitar esto hemos de recaudar más fondos públicos, que a su vez se consiguen llevando a cabo reformas fiscales más justas y progresivas. 

 

7.- Promover el blindaje del prestigio social para la figura del Profesor/a. De esta forma, la figura pública del docente ha de entenderse como una autoridad y ser respetada y reconocida como tal. 

 

8.- Como hemos expresado más arriba, cubrir mediante el sistema de concurso-oposición todas las plazas necesarias de personal docente, e igualmente las que vayan necesitándose tras la jubilación o la baja laboral de los docentes afectados. Una buena dotación de plantillas es fundamental para una educación de calidad. 

 

9.- Desarrollar y extender el concepto de educación universalizada, igualitaria y democrática, esto es, y expresado en pocas palabras, que los hijos e hijas de los más ricos, de los más pobres, de los inmigrantes, los hijos del Ministro/a, etc., puedan compartir aleatoriamente las mismas aulas. Ello será la prueba del 9 de que no existe segregación educativa. 

 

10.- Cubrir hasta tres años de baja por maternidad o paternidad, cobrando el 100% del sueldo y conservando el puesto de trabajo y todos los complementos. 

 

11.- Que se blinde por ley el presupuesto dedicado para la escuela pública, y que sea consolidado en la Constitución al igual que el resto de derechos sociales. En este sentido, la inversión pública educativa ha de alcanzar un determinado porcentaje sobre el Producto Interior Bruto (PIB), que deberá establecerse, y blindarse por ley. 

 

12.- Respetar la libertad de cátedra del Profesor/a, que básicamente consiste en la libertad para organizar e impartir los contenidos de su materia educativa, demostrándose que se confía en su figura y que no tiene que dar cuentas burocráticas ni pedagógicas de su gestión y resultados. 

 

13.- Que se renueven y actualicen los contenidos pedagógicos y curriculares tal como hemos venido señalando y proponiendo en las entregas anteriores (hemos presentado una visión crítica de los contenidos de los libros de texto, incluyendo propuestas de eliminación de ciertos contenidos, y adición de otros nuevos. Remito a los lectores y lectoras a las anteriores entregas donde hemos hecho un recorrido por todas las temáticas que tratan los libros de texto de los escolares desde una visión crítica).

 

14.- Y sobre todo: extender y difundir una clara conciencia de que la enseñanza es un asunto estatal, no gubernamental, es decir, pública pero no propiedad de cada gobierno de turno. 

 

Continuaremos en siguientes entregas.

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