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5 septiembre 2016 1 05 /09 /septiembre /2016 23:00
Viñeta: Josetxo Ezcurra

Viñeta: Josetxo Ezcurra

Los resultados del proceso de negociación política del conflicto armado están dados, la guerra ha terminado. Las FARC-EP han dejado de existir. Las estructuras militares, la organización de bloques, comandos, secretariado y cuadernos de campaña son historia y tendrán su buen morir cuando todas las armas hablen como una sola voz de fuego disparándole al cielo como señal de cierre de su última conferencia político militar. A partir de ahí quedarán declarados hermanos de lucha política, ya no camaradas combatientes. La firma del acuerdo final proclamó el desarme total del ejercito insurgente y anunció su entrada a la vida política donde tendrá que reinventar su proyecto sin armas y movilizar su discurso de poder de otra manera, con otros modos de acción que impidan un salto al vacío

Manuel Humberto Restrepo Domínguez

Podemos proclamar que termina la guerra con las armas y comienza el debate de las ideas. Confesamos que hemos concluido la más hermosa de todas las batallas: la de sentar las bases para la paz y la convivencia

Iván Márquez (Jefe de la Delegación de Paz de las FARC-EP)

Salvando las distancias (que las hay y muchas, pues ambas organizaciones obedecen a orígenes, motivaciones, antecedentes y evoluciones distintas), se puede decir que las FARC-EP en Colombia y ETA en España (existen también otros ejemplos ya históricos, como IRA en Irlanda), son (eran) dos organizaciones terroristas que operaban en sus respectivos países durante más de medio siglo, dedicadas fundamentalmente al secuestro, la extorsión, el asesinato, y en el caso de las FARC-EP, también al tráfico ilícito de drogas. Pero lo que nos interesa para el enfoque del presente artículo, tal como proponemos en el título, es una especie de comparativa, trazar un guión que nos compare cómo se ha solucionado dicho conflicto en Colombia, y cómo se "soluciona" en España. Las comillas, evidentemente, quieren significar que en nuestro país, España, dicho conflicto no acaba de solucionarse del modo correcto, pues aunque ETA lleva varios años en absoluto silencio, desde que declaró el último alto el fuego unilateral, y el cese definitivo de su actividad armada, con lo cual quedó prácticamente disuelta, el pueblo vasco quiere la paz, una paz completa y definitiva, pero las autoridades del Estado Español (a través de sus respectivos Gobiernos e Instituciones) no hacen más que poner palos en las ruedas en dicho proceso de paz. 

 

Veamos en primer lugar el proceso colombiano, que acaba de culminar en días recientes. Desde hace más de cuatro años, y después de arduas e intensas negociaciones entre las delegaciones del Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y de la guerrilla de las FARC-EP, y con la colaboración y mediación de Cuba y de Noruega (como países anfitrión y garante, respectivamente), de Venezuela y de Chile (como países acompañantes), se ha alcanzado y firmado el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Han tenido como referentes la Constitución Nacional de Colombia (que reconoce la paz como un derecho humano fundamental), los principios del Derecho Internacional sobre Derechos Humanos, el Estatuto de Roma (sobre el Derecho Penal Internacional), y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras sentencias y convenios reconocidos universalmente. Se ha contemplado en el horizonte la satisfacción de los derechos fundamentales de carácter político, social, económico y cultural, así como los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación, y el derecho de la sociedad a la no repetición de la tragedia del conflicto armado. Las partes han negociado con voluntad de poner punto y final al conflicto, han enmarcado sus conversaciones con el concurso de terceros actores, que han proporcionado el respaldo y la legitimidad debidas, y han dado respuesta a los múltiples aspectos y facetas que un acuerdo de estas características supone. El texto íntegro del acuerdo final (un extenso documento de casi 300 páginas) se puede descargar en este enlace.

 

Durante más de 52 años, han sido millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos, sin olvidar el gran número de poblaciones y comunidades de toda índole que han sido afectadas a lo largo y ancho del territorio. Por todo ello, se ha negociado para construir un acuerdo integral que determine todos los aspectos implicados, y que pueda dar solución a todos ellos de forma satisfactoria. Así, el acuerdo final es en realidad una suma de acuerdos parciales, que cubren aspectos como la reforma rural integral, la participación política, cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, dejación de las armas, reincorporación de las FARC-EP a la vida civil (en lo económico, lo social y lo político), convirtiéndose en un actor válido y reconocido dentro de la democracia colombiana, ofreciendo las debidas garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres, o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, la solución al problema de las drogas ilícitas (incluyendo los cultivos de uso ilícito, así como su producción y comercialización), para todo lo cual se crean nuevos órganos, comités y sistemas, que tienen como fin la materialización y vigilancia de todos los puntos acordados. El Acuerdo crea también el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, diseñando mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad sobre lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, colectivos y territorios. 

 

También se han definido acuerdos para el desmontaje del fenómeno del paramilitarismo, y todas sus redes de apoyo. Junto al indulto y a la más amplia amnistía política, se abre el camino para la progresiva conversión de las guerrillas de las FARC-EP en partido o movimiento político legal en el nuevo escenario social que se desprende de los recién alcanzados acuerdos de paz. Finalmente, y como mecanismo garantista integral, se crea una Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo. Asímismo, el texto íntegro del acuerdo definitivo se someterá a referéndum del conjunto de la población el próximo mes de octubre, poniendo el justo broche final a todo el proceso. El conflicto armado en Colombia necesitaba una solución política, y se le ha dado, regalándole además grandes dosis de generosidad y de voluntad políticas. Bien, veamos ahora el caso español. En nuestro país, con un período de actividad armada a sus espaldas próximo también al medio siglo, la organización terrorista ETA realizó hace ya varios años la Declaración Unilateral de Cese Definitivo de la violencia, poniendo fin a las muertes, los secuestros y las extorsiones llevadas a cabo por la banda. Pero sin embargo, la política del Estado Español, a través de su Gobierno (en este caso del PP, pero con el apoyo de la otra pieza del bipartidismo, el PSOE), continúa su ofensiva al entorno de la izquierda vasca (izquierda abertzale, o izquierda independentista) mediante la detención no sólo de etarras, sino también de todo tipo de organizaciones o establecimientos que consideran por parte del Estado como "colaboradores necesarios" (Herriko tabernas, Herrira, medios de comunicación, organizaciones juveniles, etc.), siguiendo la doctrina del ex juez Baltasar Garzón, artífice de la teoría de que "Todo es ETA". 

 

En este sentido, se constata que únicamente existe un guión válido para los dos partidos políticos mayoritarios. Porque, en efecto, para ellos la única lectura, la única película posible (película en la que coinciden también todas o casi todas las organizaciones de víctimas) es que no ha existido ningún "conflicto vasco". Para ellos, lo único que ha habido ha sido terrorismo puro y duro, por medio de una banda criminal y asesina que ha instaurado el terror social en nuestro país durante décadas mediante prácticas deleznables. Sin embargo, cada vez somos más los que creemos que intentar desligar todo atisbo de motivación política a los asesinatos de ETA es, cuando menos, un arriesgado ejercicio. Lo cierto es que a ese guión inamovible del bipartidismo español se le notan muchas fisuras democráticas y en torno al respeto a los Derechos Humanos, como por ejemplo, la negativa a cambiar ni un ápice la política penitenciaria del Gobierno, mediante medidas de acercamiento de los presos etarras a cárceles del País Vasco, para que puedan ser fácilmente visitados por sus familiares y amigos/as. Esta postura del Estado Español a través de sus respectivos Gobiernos no facilita en nada la consecución de un clima que permita contribuir, como ha ocurrido en Colombia, al asentamiento definitivo de la paz social. Y eso que diversas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo han dejado en evidencia y en ridículo internacional a los recientes Gobiernos españoles. En vez de los sentimientos de reconciliación, de convivencia y de paz, fomentan de esta forma los sentimientos de rechazo, de odio y de venganza, bajo una permanente defensa de la política de la "derrota" de ETA por parte de las Instituciones y del Estado de Derecho, que como decimos, esconde únicamente una política revanchista.

 

Y en ese clima, paradójicamente, se han multiplicado los casos de presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo, llegando incluso a los más patéticos ejemplos, como el ocurrido a unos titiriteros granadinos, al representar una obra de marionetas de carácter satírico. Desde el entorno abertzale, con un importante respaldo de expertos de ámbito internacional, se han organizado diversas jornadas bajo un intento de reclamar el inicio de un proceso de negociación con todos los actores, para alcanzar, como acaba de ocurrir en Colombia, un acuerdo de paz estable, duradero y definitivo. Pero lejos de comportarse como las autoridades colombianas, las autoridades españolas han despreciado absolutamente dichos intentos, ridiculizando a los intervinientes en los ciclos, charlas y jornadas, y negándose a asistir como representantes del Estado y del Gobierno Español. Han criticado y desprestigiado dichos intentos, incluso a los diferentes expertos internacionales que participaban en ellos. El Gobierno se asienta en su trinchera de poder, y en su trono de la desconfianza, del rencor y de la venganza, difundiendo únicamente el mantra del NO a la negociación. Líderes políticos y sociales de la izquierda vasca fueron encarcelados durante años, como Arnaldo Otegi, simplemente por intentar pacificar el conflicto, e incluso cuando han cumplido sus condenas, siguen quedando inhabilitados para el desempeño de cualquier cargo público o representación política electa, lo cual debilita bastante los anhelos del pueblo vasco de elegir a sus propios líderes e interlocutores. No se ha querido entrar en la vía del diálogo político para la resolución del conflicto, moviéndolo todo únicamente en el ámbito judicial, con el apoyo de unas Instituciones y tribunales procedentes de la época franquista. 

 

La consecuencia que podemos extraer de todo ello es que, a diferencia del Gobierno colombiano, el Gobierno español no quiere la paz. No tiene interés en la paz, no la desea, incluso nos atrevemos a decir que lo que añora es el escenario anterior, donde la existencia de la lucha armada y de las acciones violentas le permitía continuar abrazado a la bandera del enemigo interno, un enemigo que le permitía conservar y reforzar su imagen de defensa a ultranza de una cierta visión de España, una visión excluyente que se está volviendo a poner en entredicho con la fuerza del proceso soberanista en Cataluña. Bajo estos disfraces y moviendo estos fantasmas, en realidad las autoridades españolas ocultan su profunda naturaleza antidemocrática, antisocial y autoritaria, donde no cabe otro modelo de Estado que no responda a esa imagen uniformizada de una España constitucional construida sobre los escombros de la derruida dictadura. Todo ello es claramente indicativo no sólo de la ínfima talla política de nuestros gobernantes, sino también de la poca altura democrática de un país como el nuestro. Un país donde encallan los conflictos políticos porque pretenden ser resueltos por la vía judicial, un pais que no reconoce su histórica plurinacionalidad, y que ejerce una democracia bajo mínimos, simplemente, no está preparado para solucionar este tipo de conflictos. Porque para solucionar conflictos como el terrorismo se necesitan líderes inteligentes y generosos, se necesitan democracias avanzadas, y se necesitan pueblos concienciados para la paz. España, lisa y llanamente, no da la talla en ninguno de dichos requisitos.

 

Pero en fin, ¿qué vamos a esperar de un país gobernado por los herederos y descendientes de aquéllos que gobernaron en la dictadura franquista durante más de cuarenta años? ¿Cómo vamos a extrañarnos en un país donde el Partido Popular, la fuerza politica más votada en las últimas citas electorales, jamás ha condenado claramente el franquismo, donde no se cumple la Ley de Memoria Histórica, donde las instituciones no dan apoyo a las familias que quieren retirar los cadáveres de sus seres queridos de las cunetas, o donde el Gobierno ha sido condenado por todo ello repetidas veces por tribunales internacionales? ¿Qué podemos esperar de un país que impide también a la justicia extranjera (en este caso, a la argentina) investigar los crímenes franquistas? España se niega a procesar y a extraditar a los torturadores franquistas aún vivos, y el partido en el gobierno (en funciones) se rebela incluso ante la posibilidad de cambiar el nombre al callejero, porque dice que "hay que ser fieles a la Historia". En fin, ¿de qué nos extrañamos en un país donde jamás, desde el fin de la dictadura, se han implementado mecanismos de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición? Hoy, Colombia, junto al resto de países e instituciones que han colaborado en el proceso de paz, ha dado una lección al mundo de pacifismo, de integridad, de madurez democrática, de voluntad y de civilización. España, por el contrario, sigue sumida en el autoritarismo despótico de los herederos del franquismo, y en la falta de voluntad política para que, de una vez por todas, se reconozca su plurinacionalidad, y se respeten todas las opciones políticas, incluso las que proceden del ya periclitado conflicto armado. 

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Published by Rafael Silva - en Política
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