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12 agosto 2012 7 12 /08 /agosto /2012 23:00

Hace pocos días que saltaba la noticia, y que ha provocado después mucha polvareda política y social. El Alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, líder del bloque crítico andaluz de Izquierda Unida (CUT-BAI), acompañado de decenas de personas del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), invadieron una sede de un conocido supermercado  de una barriada de Écija (Sevilla), y se llevaron sin pagar varios carros de comida para distribuirlos mediante una ONG a las familias más necesitadas. También se hizo lo mismo en otro supermercado de Arcos de la Frontera (Cádiz), y se anuncian nuevas acciones de este tipo en los próximos días.

 

supermercado1.jpgHay que recordar que este sindicato también es el protagonista de algunas ocupaciones de fincas, cuyas tierras están siendo trabajadas en la actualidad por sus ocupantes. Tal y como han declarado, la tierra, los bancos y las grandes superficies son sus objetivos a cubrir, para que las familias con menos recursos puedan seguir atendiendo sus necesidades básicas. Los supermercados ya han denunciado estas acciones, y desde el Ministerio del Interior se ha ordenado detener a las personas implicadas. No hubo víctimas durante el acto, sólo un par de trabajadoras acabaron lesionadas. En el caso de Arcos de la Frontera, los sindicalistas del SAT alcanzaron un acuerdo con los responsables de la cadena de alimentación, que se comprometieron a donar los carros de productos básicos para los Servicios Sociales de los Ayuntamientos de Bornos, Puerto Serrano y Espera.

 

Como decimos, las reacciones no se hicieron esperar, y al día siguiente ya teníamos declaraciones de algunos líderes del tándem conservador PP-PSOE denunciando este tipo de prácticas. El Vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder regional de IU, Diego Valderas, así como el sindicato CC.OO. se desmarcaron de los hechos, aunque no los criticaron abiertamente. ¿Cómo podemos catalogar esta especie de "nuevo bandolerismo" del siglo XXI? Pues como totalmente necesario e imprescindible para la supervivencia de un montón de familias, cuyo número crece cada vez más, que se encuentran al límite de sus recursos, y que tienen que cubrir sus más básicas necesidades.

 

supermercado2.jpgYa no tiene sentido echarnos al monte, como en los tiempos de José María "El Tempranillo", pero estamos en una situación social muy parecida a aquélla, que cada vez se deteriora más, y nos dice el refrán que "a grandes males, grandes remedios". Así que sigue siendo igual de justo que entonces, repartir un poco más y mejor la riqueza, pues mientras se celebra por algunos medios que tenemos el tercer hombre más rico del mundo (Amancio Ortega), y primero más rico de Europa, a la vez, resulta que nuestras fuerzas políticas están intentando renegociar la prórroga del subsidio de 400 euros para las personas que no tengan trabajo, ni ninguna otra prestación. Mientras grandes empresas petroleras, telefónicas, de la banca, constructoras, alimentarias, etc., obtienen beneficios multimillonarios, y mientras este señor acumula una fortuna de 38.000 millones de euros, hay personas que no tienen para comer si hacen frente a sus pagos, o que han sido deshauciadas de sus viviendas, o que malviven con la pensión de sus mayores...¿es injusto, verdad? Es más que eso, es inhumano, inmoral e indecente.

 

Por tanto, es muy fácil criticar desde las poltronas de los dirigentes políticos lo que está ocurriendo, es muy fácil en su situación llamar "al orden y a la responsabilidad de todos", y desmarcarse de las violaciones de la Ley, pero llegado este nivel de estallido social, de degradación e involución de nuestros derechos, de atropello de nuestros servicios públicos, y de ataque frontal a los más necesitados, para hundirlos todavía más en su miseria, mientras se apoya abiertamente a los más poderosos, nos parecen de toda lógica "humana" este tipo de reacciones, que lo único que pretenden, como ellos bien dicen, es una "expropiación alimentaria", una apropiación de productos de primera necesidad para personas y familias que se encuentran en una situación dramática. Intentar criminalizar estos actos nos convertiría en cómplices del despótico sistema represor, explotador, indigno y ultraconservador que nos gobierna.

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